Sueldos, turnos y destinos

[47ronin]

Con 6 trienios y sin conocer el destino. . . pero lo que más me llama la atención son las deducciones, 71,35€ de Clases Pasivas, con esa aportación. . . qué les queda de jubilación?. . . y al ISFAS pagan 21,75€. . . sí estuvieran en el Régimen General de la Seguridad Social. . . en qué les quedaría su sueldo?. . .

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Y con esa cotización no se puede aspirar a una jubilación a la máxima..o cotizan más, o nunca alcanzaran esos máximos.

[47ronin]

...

[Heracles_Pontor]

Pues poco más o menos que un guardia civil, cotizan poco a MUFACE y a Clases Pasivas. . .

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[47ronin]

Pues poco más o menos que un guardia civil, cotizan poco a MUFACE y a Clases Pasivas. . .

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Así es..por eso el discurso se cae...a igual funcion igual jubilación, no...a igual cuota, igual jubilación.

Que paguen 280 euros y tendrán una jubilación.acorde a lo que cotizan.

[47ronin]

ENCUESTA ASESGC

El 70% de los suboficiales asegura que el “suboficial de servicio” les resta autonomía y aumenta su jornada de trabajo

• El 56% realiza más horas de actividad desde que presta este tipo de servicio.

• Para el 48% de los encuestados con este servicio sólo se trata de tener una patrulla más en línea de servicio.

• El 81% de los suboficiales que lo prestan no está de acuerdo con realizarlos en las condiciones actuales.
[Img #5380]

 

 

La Guardia Civil va a aprobar próximamente una orden general sobre la organización y funcionamiento de las compañías y los puestos en la que se regula de forma superficial el servicio de coordinador de incidencias que se podrá llevar a efecto por los suboficiales y cabos, sean jefes de unidad o no. Una posterior instrucción del Mando de Operaciones regulará los detalles concretos de la prestación del servicio.

 

No están claras las funciones de los actuales comandantes de puesto, segundos comandantes de puesto y jefes de área de PPL,s en este nuevo sistema de organización del servicio, pero todo parece indicar que serían encargados de áreas concretas de responsabilidad o como coordinadores/impulsores del servicio, de incidencias, jefes de turno, o figuras similares, junto al resto de cabos y suboficiales de la unidad o agrupación de unidades donde se establezca.

 

Para los jefes de unidad, la asunción de estas funciones fuera del ámbito territorial de la unidad tipo puesto, se haría compaginándola con las propias de la unidad, como la atención ciudadana, imprevistos, material, representación, pauta, etc.

 

Con la finalidad de conocer la opinión de las personas asociadas sobre esta nueva forma de organización del servicio para comprender mejor sus inquietudes en esta materia, ASESGC ha realizado una encuesta entre sus afiliados destinados en seguridad ciudadana a la que han contestado 637 suboficiales.

 

Entre los encuestados, 256 suboficiales prestan actualmente este tipo de servicio. En cuanto al perfil profesional de los encuestados, el 63% de ellos son comandantes de puesto y el 30% segundos comandantes de puesto. El 48% son sargentos y el 35% sargentos primeros, el 62% lleva más de 7 años de servicio en el Cuerpo.

 

La conciliación de la vida laboral y familiar como elemento nuclear de la normativa

 

Una de las exigencias de la norma para establecer en una determinada unidad  este tipo de servicios es mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, veamos lo que dice textualmente el artículo 14; “En aquellas unidades o Núcleos Operativos en los que el potencial operativo lo haga eficaz para el servicio y conjuntamente se facilite la conciliación de la vida familiar y profesional, se podrán adoptar medidas de coordinación funcional y territorial entre los diferentes efectivos de la Compañía del empleo de cabo o superior."

 

En el mismo sentido se manifiesta la exposición de motivos; “La presente norma permite establecer elementos organizativos y de coordinación para garantizar la continuidad de la acción de mando, a la vez que faciliten la mejora de la conciliación de la vida profesional y personal de sus miembros.”

 

Los resultados de la encuesta de ASESGC desmienten rotundamente esta finalidad y confirman las sospechas de que la Guardia Civil utiliza una fundamentación espuria, pues precisamente quienes realizan ese servicio afirman de forma absolutamente mayoritaria que no ha mejorado su conciliación laboral y familiar desde que realizan este servicio.

 

Directamente relacionado con lo anterior se encuentra la figura del segundo comandante de puesto, de reciente creación. Para el 74% de los encuestados no resulta congruente establecer este servicio de coordinación entre los jefes de unidad y otros mandos cuando existe un segundo comandante de puesto, precisamente creado para conciliar la vida familiar y laboral de los jefes de unidad y garantizar la continuidad en el ejercicio del mando.

 

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Aumento de la jornada de trabajo

 

Con respecto a la jornada de trabajo, ASESGC ha denunciado que las nuevas responsabilidades que se establecen para los suboficiales de seguridad ciudadana que sean comandantes de puesto, sin desvincularles al mismo tiempo de las funciones propias del jefe de una unidad, supone de facto una mayor carga de trabajo con el consiguiente aumento de las horas totales dedicadas a atender ambas facetas.

 

Esta apreciación se ha visto corroborada con los datos que ha dado la propia Guardia Civil cuando ha indicado que la media de horas de actividad de los jefes de unidad es de 37 horas a la semana, cuando deben de realizar 33 horas de actividad a las que hay que añadir las de atención de incidencias fuera de las horas de trabajo a través de medios telemáticos. Por tanto, muchas de las horas que se dedican a la atención de incidencias o novedades por medios telematicos quedan sin computarse.

 

El resultado de la encuesta nos da la razón pues el 73% de los encuestados ha tenido que aumentar las horas de presencia para poder llegar a atender las responsabilidades como jefe de unidad y las que debe prestar como coordinador. Este hecho está directamente relacionado con la peor conciliación de la vida laboral y familiar que hemos visto en el epígrafe anterior.

 

Valorando conjuntamente ambos parámetros, podemos afirmar que lo que realmente pretende la Guardia Civil es contar con mano de obra cualificada a coste cero en línea de servicio haciendo las funciones de un oficial adjunto y pone como excusa la mejor conciliación laboral y familiar, como si realmente existiera una preocupación en la Dirección General por el bienestar de los jefes de unidad, lo cual resulta vergonzoso.

 

Con la implantación generalizada del servicio de coordinación, los comandantes de puesto se verán obligados a realizar las 40 horas de servicio de forma presencial, dejando sin computar las horas que deberán dedicar a la atención de incidencias telemáticas fuera de las horas de trabajo a través de medios como whatsap, Imbox o correo electrónico, además de las llamdas telefónicas. Medios que cada día suponen una dedicación mayor debido a su utilización generalizada.

 

Esta circunstancia ya se refleja en la encuesta,  el 56% realiza más horas de actividad desde que presta este tipo de servicio y el 22% realiza entre 8 y 16 horas mensuales de actividad más.

 

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Pérdida de autonomía de los comandantes de puesto

 

El director del grupo de trabajo para la modificación de la orden general sobre compañías y puestos se ha cansado de repetir que el mando de operaciones, el Teniente General Blázquez, es un firme defensor de la autonomía del comandante de puesto y que con esta norma esta característica esencial del mando de las pequeñas unidades de seguridad ciudadana no se resiente lo más mínimo.

 

Resulta evidente que, si se nombran y planifican desde la compañía o el núcleo operativo las patrullas o incluso los descansos de los comandantes de puesto durante un determinado número de días, la autonomía se resiente considerablemente.

 

Además, la pérdida de autonomía de los jefes de unidad se refleja en la orientación de las patrullas hacia las necesidades de seguridad ciudadana de la demarcación correspondiente ya que quien realiza la planificación de los servicios carece del necesario conocimiento delincuencial sobre el terreno.

 

Las funciones de los jefes de unidad no se respetan y de esta forma se resiente considerablemente el carácter y la autoridad de jefe de unidad y la acción de mando, debilitando notablemente su posición como líder de la unidad para sus subordinados. Es necesario recordar que estas funciones consisten en definir y asignar objetivos y cometidos, determinar y facilitar los medios para alcanzarlos, establecer los planes y la programación de servicios correspondientes, así como en dirigir, coordinar y controlar la ejecución de éstos.

 

Los encuestados son concluyentes: para el 70%, desde que prestan este tipo de servicio su autonomía como jefe de unidad se ha perdido.

 

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Las funciones del coordinador de servicios

 

Resulta preocupante conocer que el 53% de los suboficiales cuando realizan este servicio de coordinación deben hacerse cargo de las diligencias policiales que surjan en el turno en el que se encuentra de servicio.

 

Es necesario poner en relación este dato con el número de patrullas que se coordinan durante el servicio, en el 16% de los casos la patrulla del coordinador es la única que existe y en el 22% de los casos sólo hay una o dos patrullas más. Con este número de patrullas las funciones de coordinación quedan en entredicho, por eso, para el 48% de los encuestados con este servicio sólo se trata de tener una patrulla más en línea de servicio, debido a la escasez de éstas que existen en el medio rural.

 

Estos datos nos indican que los oficiales de la Guardia Civil, más allá de la necesidad de contar con un coordinador de las patrullas existentes sobre el terreno que mejore el servicio prestado y la conciliación de la vida laboral y familiar, lo que pretende es tener a un instructor de diligencias y más patrullas a costa de los comandantes de puesto, desnaturalizando su carácter como jefe de unidad y menguando la acción de mando.

 

La encuesta es concluyente; el 81% de los suboficiales que prestan este servicio no esta de acuerdo con realizarlos en las condiciones actuales.

 

Por último, los encuestados han valorado las circunstancias que han tenido en cuenta a la hora de fundamentar su opinión sobre es servicio de coordinador. La pérdida de autonomía se configura como la circunstancia más determinante para valorar una opinión tan negativa sobre este servicio, esa circunstancia que el Teniente General Mando de Operaciones dice defender.

 

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[47ronin]

Guardias civiles destinados en el CNI logran una subida de 176 euros al mes


Los agentes recurrieron al TSJ de Madrid, ante la negativa de la Dirección General a aplicarles las mejoras de la equiparación salarial que cobra el resto de la plantilla


Los guardias civiles en situación de reserva destinados en Centro Nacional de Inteligencia ya han recibido las subidas de sueldo que les correspondían por el acuerdo firmado por el Ministerio del Interior por la “equiparación salarial” de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Así lo recoge una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 27 de octubre, con la que resolvió el recurso de dos agentes de la Guardia Civil destinados en el CNI.

Doctrina del Supremo
Estos dos guardias civiles presentaron entre noviembre y diciembre de 2022 sendas instancias para pedir que se les abonaran las cantidades correspondientes al Componente Singular del Complemento Específico (una parte del sueldo en la Guardia Civil) derivadas de las Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio de Interior, sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, más los intereses legales correspondientes.

Pidieron que les pagaran ese dinero “en aplicación de las sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4º, de fecha 20/06/2022 en los recursos de casación números 2926/21 y 1168/2021”.

En junio de 2022, el Supremo unificó doctrina, en relación con el cobro por los guardias civiles en la reserva con destino en órganos ajenos al Ministerio del Interior de las cantidades establecidas en el acuerdo por la equiparación salarial.

La Dirección General no estaba aplicando esa subida salarial al personal en reserva en órganos ajenos, alegando que esos agentes desempeñaban puestos de trabajo no incluidos en el catálogo del cuerpo.


El Supremo entendió que esos guardias civiles ocupaban un puesto convocado por la Dirección General, y que a todos los agentes en situación de reserva con destino asignado de conformidad con el reglamento de provisión de destinos del personal de la Guardia Civil deben cobrar de igual forma esa subida salarial pactada por el Ministerio del Interior y la mayoría de sindicatos y asociaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La directora general lo denegó
Pese a esa sentencia de junio de 2022, el 24 de enero de 2023 la entonces directora general de la Guardia Civil María Gámez resolvió denegar las solicitudes de los dos guardias civiles de este caso, que pidieron precisamente que se les pagara esa subida del Componente Singular del Complemento Específico.

 
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La directora general argumentó que las sentencias del Supremo citadas no eran de aplicación a los dos solicitantes, porque esos fallos judiciales “sólo reconoce[n] efectos a situación jurídica individualizada sin que quepa su extensión”.

Además, justificó que el acuerdo de equiparación salarial no se aplica a los guardias civiles que como los demandantes se encuentran destinados “en órganos ajenos a la estructura orgánica de la Guardia Civil” estableciendo con ello que estos puestos de trabajo no están incluidos en el catálogo de puestos de la Dirección General de la Guardia Civil “sin que le sean aplicables las resoluciones de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) sobre equiparación salarial vinculadas al catálogo de Guardia Civil”.

Por último, Gámez señaló quien debía hacerse cargo de las retribuciones era el “organismo ajeno” donde prestaban servicios esos dos guardias civiles.

En comisión de servicio en Melilla
Según la sentencia del TSJ de Madrid del 27 de octubre, los recurrentes eran guardias civiles “en situación administrativa de reserva conforme a lo establecido en el artículo 44 del Real Decreto 728/2017, de 21 de julio”.


Medallas de la Policía para el delegado del CNI en Ceuta, el CEO de El Corte Inglés, Paco Lobatón...
Ese artículo establece que los miembros de la Guardia Civil pasan a la reserva al cumplir ciertas edades, según la escala y el empleo: los de la Escala de Cabos y Guardias (guardia, cabo, cabo 1º, cabo mayor), a los 58 años.

Estos dos guardias civiles estaban en la reserva, pero estaban destinados “en comisión de servicio en la Subsecretaría de Defensa de Melilla”, quizás queriendo decir “Subdelegación de Defensa en Melilla”, o Subsecretaría de Defensa, en Melilla.

Esa era su dependencia oficial, pero realmente desempeñaban su trabajo, como guardias civiles en la reserva con destino, para el Centro Nacional de Inteligencia. Así lo revela la sentencia consultada por ECD.

Allanamiento del abogado del Estado
Resulta que ante la denegación recibida por parte de la directora general de la Guardia Civil, estos dos agentes recurrieron a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Al llegar el recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y trasladarlo éste a la Abogacía del Estado, el abogado del Estado presentó el 10 de agosto su allanamiento: es decir, que no se opuso al recurso.

El abogado del Estado recordó, precisamente, que se había dictado la sentencia de junio de 2022 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la que se declara que también los guardias civiles en situación de reserva que no prestaban servicios en la Guardia Civil sino “en catálogos ajenos” en virtud de convocatorias de libre designación realizadas por la propia Dirección General de la Guardia Civil debían percibir el Complemento Específico Singular contemplado en el acuerdo de equiparación salarial.

“A la vista de estos antecedentes, por medio del presente escrito esta Abogacía del Estado [...] manifiesta el allanamiento a la demanda”, señaló en su escrito.

Lo acompañó con un escrito previo de la Abogada del Estado-Jefe, de 8 de agosto, en el que autorizaba el allanamiento en este caso.

La Guardia Civil también ‘se rinde’
Este escrito superior de autorización revela que, sorprendentemente, “consultados los antecedentes y visto el parecer favorable de la Dirección General de la Guardia Civil, expresado en sendos oficios de fecha 28 de julio de 2023 emitidos por el General Jefe de Personal, en el que señala que a partir de diversas sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo (entre otras, citamos la Sentencia 789/2022, de fecha 20 de junio de 2022, rec. Cas. 1168/2021), y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la cuestión litigiosa respecto al CES que deben percibir los guardias civiles en situación de reserva que prestan servicio en puestos de trabajo de organismos ajenos, como es el caso del recurrente, se encuentra resuelta en sentido estimatorio”.

Es decir, que en junio de 2023 el jefe de Personal de la Guardia Civil consideró que había que subir el CES conforme la equiparación salarial a los guardias civiles en situación de reserva que prestan servicio en puestos de trabajo de organismos ajenos, cuando cinco meses antes la directora general de la Guardia Civil había dictado resoluciones en contra.

Más allá de esa contradicción, la Abogacía del Estado autorizó y manifestó su allanamiento al recurso formulado por los dos guardias civiles de este caso.

176 euros más al mes en el CNI
Pero ese escrito de la Abogacía del Estado desveló otro dato importante. En los oficios del general jefe de Personal de la Guardia Civil se recogió que la Subdirección General de Personal del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) había informado que “a todo el personal del cuerpo [de la Guardia Civil] en situación de reserva destinados en la Subdirección [sic] de Defensa y con dependencia funcional de dicho Centro Nacional de inteligencia, se les incrementaron las retribuciones percibidas en el concepto de ‘OTROS’, en la cantidad mensual de 176,58 euros, en doce pagas, con efectos de 1 de enero de 2021 (actualizada conforme a las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado en los ejercicios 2022 (3,5%) y 2023 (2,5%))”.

El CNI comienza utilizar a la élite antiterrorista de la Guardia Civil para reforzar la seguridad de las embajadas en el extranjero
Explicó la Subdirección General de Personal del CNI que dichos incrementos tenían como objeto compensar económicamente a dicho personal precisamente por no aplicárseles la equiparación salarial, por lo que en las liquidaciones resultantes habría que tener por percibidas dichas cantidades, conforme a lo indicado por el propio órgano pagador.

Es decir, que a raíz del recurso que formularon dos agentes para reclamar que les aplicaran las subidas salariales de la equiparación con los policías autonómicos, el CNI ha declarado que a los guardias civiles en la reserva que trabajan para el centro les subieron el sueldo en 176 euros al mes, con efectos del 1 de enero de 2021.

Queda entonces la duda de si esa subida se aplicó posteriormente al recurso de los dos guardias civiles protagonistas.

Gran Canaria, Cádiz, Melilla, Sevilla...
Esta sentencia del TSJ de Madrid no es la única que da la razón a los guardias civiles en la reserva y con destino en organismos ajenos al Ministerio del Interior que reclamaron que se les aplicaran todas las subidas de sueldo contempladas en el acuerdo por la equiparación salarial.

También en octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal estimó otros recursos de agentes de la Guardia Civil en esa misma situación.

Uno de los recurrentes era guardia civil en la reserva y destinado “en la Subsecretaría de Defensa de Las Palmas, donde fue nombrado para ocupar la vacante de libre designación en comisión de servicio […] y estando encuadrado administrativamente en la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria”.

De nuevo, este guardia civil desempeñaba “puestos de trabajo no incluidos en el catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Guardia Civil”, en este caso, “en concreto en el Ministerio de Defensa (CNI)”.

El abogado del Estado manifestó su allanamiento, igual que ante el recurso de otro guardia civil en la reserva, en comisión de servicio en la “Subsecretaría de Defensa de Sevilla”. También en este caso trabajaba para el CNI, y por eso se recogió la información dada por la Subdirección General de Personal del Centro Nacional de Inteligencia.

Ha habido más pronunciamientos iguales para otros guardias civiles que trabajan para el servicio de inteligencia, como uno que estaba en “comisión de servicio en la vacante de la Subsecretaria de Defensa, en la plaza de Conil de la Frontera”, en la provincia de Cádiz.

En este caso, la resolución de la Dirección General de la Guardia Civil que le denegó subirle el sueldo conforme al acuerdo para la equiparación salarial había dado otros argumentos.

Acordó desestimar su solicitud “entendiendo que la prestación de servicios en el organismo ajeno, es remunerada por su correspondiente pagaduría / habilitación, conforme a sus propios fondos presupuestarios y criterios de asignación, en uso de su autonomía presupuestaria, la aplicación al Reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil, es con carácter subsidiario, a falta de normas específicas para formalizar la dependencia funcional con el CNI, de quien no forma parte de su personal estatutario, conforme se establece en la Disposición final tercera -Personal no incluido en la relación de puestos de trabajo del CNI, del Real Decreto 240/2013, de 5 de abril”.

Se ha beneficiado de un sentencia igual al menos otro guardia civil destinado en Melilla, y que presta servicio en el CNI.

Reclamaciones y cambios desde 2019
La aplicación de la subida de sueldos contemplada en el acuerdo de equiparación salarial a los guardias civiles en situación de reserva y destinados en organismos ajenos a la propia Guardia Civil y al Ministerio del Interior acumula distintos avatares.

Por ejemplo, en enero de 2019 la Comisión de Retirados y Reserva de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) envió una carta al director general de la Guardia Civil para denunciar el agravio entre los guardias civiles en la reserva destinados en organismos ajenos.

Unos habían cobrado el primer tramo de la equiparación salarial (aprobada en 2018), y otros no. “El agravio es más ostensible, si cabe, entre guardias civiles destinados en el mismo Ministerio de Defensa, puesto que unos sí lo cobran y otros no, siendo estos últimos quienes realizan su trabajo en el CNI, estafetas de cuarteles generales del Ejército de Tierra, residencias logísticas, labores de mantenimiento y catalogación en instalaciones militares, centros de Historia y Cultura Militar, etcétera”, denunció esta asociación.

Pero los guardias civiles en reserva “que realizan su trabajo en las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa o ISFAS, sí lo cobran, lo que hace que la situación resulte incomprensible tanto para esos guardias civiles discriminados como para esta comisión que se encarga de velar por sus intereses”.


El CNI busca militares para convertirlos en agentes de campo
Ese mismo mes, el diario El Mundo contó que decenas de agentes en esta misma situación estaban recurriendo a los tribunales para cobrar la equiparación salarial como sus compañeros de cuerpo. Entre los afectados por no haber percibido la subida de sueldo estaban “los agentes de la Guardia Civil que protegen las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que son un grupo de entre 100 y 200 agentes en situación de reserva con destino”.

Explicaba la noticia que eran guardias civiles con más de 30 años de servicio, que trabajaban no como agentes de inteligencia, sino protegiendo instalaciones del CNI.

A finales de ese año 2019, la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) celebró que los agentes en la reserva con destino en el CNI estaban recibiendo en sus nóminas hasta 6.000 euros en concepto de atrasos de la equiparación salarial.

Pero el conflicto no terminó, porque en febrero de 2021 El Mundo contó que los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas estaban desestimando recursos de decenas de guardias civiles en la reservado destinados en el CNI.

Y aún en 2023, como se ha visto, la Dirección General de la Guardia Civil denegaba esa subida, que finalmente el CNI confirmó que se había pagado a todos los guardias civiles en la reserva destinados en el servicio.

[47ronin]

La Guardia Civil impone riesgos a la salud de los guardias civiles con el nuevo turno de trabajo


La Asociación Unificada de Guardias Civiles avisa de la falta de guardias civiles de Tráfico encargados de la investigación de siniestros viales debido a la imposición de un turno que agravará el absentismo
ACTUALIDAD 12.01.2024


Estaremos atentos hasta que llegue a manos de los compañeros de la Agrupación de Tráfico y esperamos que los plazos anunciados se cumplan.
Para todas las bases de atestados de la provincia (Coruña, Santiago, Ferrol y Corcubión) se ha impuesto un turno que ha desatado el malestar entre sus integrantes. Desde el consenso previo inicial para adoptar una cadencia fija consistente en dos servicios en horario de 7 a 19 horas seguido de otro de 19 a 7 horas, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha decidido unilateralmente sumar otro turno más en horario 19 a 07, sin brindar la oportunidad de un diálogo adicional con los agentes afectados. Esta acción ha generado descontento y malestar, ya que contradice la voluntad inicialmente expresada.

La decisión de imponer turnos que desafían el ritmo circadiano, comprometiendo el sueño y la calidad de vida de los agentes, se presenta como una medida que carga sobre los guardias civiles la falta de recursos humanos en carretera. Esta estrategia es inaceptable y contraproducente, poniendo en peligro la integridad física y mental de los profesionales que velan por nuestra seguridad en las carreteras y que, presumiblemente, conseguirá el efecto contrario al pretendido ya que los guardias civiles somatizarán el estrés laboral y se elevará el absentismo.

La cadencia consiste en dos jornadas de 07:00 de la mañana a 19:00 horas de la tarde y dos jornadas de 19:00 de la tarde a 07:00 de la mañana. Esta distribución no solo dificulta la conciliación de un descanso adecuado para los guardias civiles, sino que también altera significativamente el ritmo circadiano, el reloj biológico interno que regula los patrones de sueño y vigilia.

El hecho de llegar a casa a las 07:00 de la mañana y tener que atender las tareas cotidianas del hogar para luego comenzar un nuevo turno a las 19:00 impide dormir las horas necesarias para recuperar la energía y el rendimiento. No en vano ese turno estaba inicialmente propuesto por Estado Mayor de la Guardia Civil para su implantación en servicios estáticos de vigilancia, en la que se alternan usualmente cada dos horas el descanso con la actividad, posibilidad de la que no gozan los componentes de atestados. Esta interrupción en el ciclo natural del sueño no solo afecta la calidad del descanso, sino que también tiene consecuencias médicas graves, como el aumento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y depresión además de aumentar significativamente la siniestralidad propia, según la Organización Mundial de la Salud. Resulta conveniente recordar la especial “sensibilidad” de la Dirección General de Tráfico en sus comunicados sobre la conducción y la fatiga, haciendo bueno el clásico aforismo “en casa de herrero, cuchillo de palo”.

Desde AUGC exigimos una revisión de esta medida y la apertura de un diálogo con los afectados que busque el consenso. La salud y bienestar de los guardias civiles debe ser la prioridad, y cualquier modificación en los turnos de trabajo debe tener en cuenta además de la realidad operativa, las necesidades y la salud de los guardias civiles. La Guardia Civil, como institución fundamental para la seguridad ciudadana, tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones laborales que permitan un desempeño óptimo y seguro de sus funciones. En este sentido, hacemos un llamado a la reflexión y a la rectificación, las decisiones institucionales deben ser consecuentes y respetar el consenso, promover el bienestar de los agentes y contribuir a la eficacia de la labor policial en nuestras carreteras.

[47ronin]

Los salarios de más de tres millones de empleados públicos subirán otro 0,5% por la mejora del PIB


La subida del sueldo de los funcionarios es del 3,5% en 2023. El incremento se aplicará de forma retroactiva desde enero del pasado año

[47ronin]

El Gobierno eliminará la cita previa obligatoria y busca alternativas para subir el sueldo a los funcionarios este año si no hay Presupuestos


El incremento mínimo pactado para 2024 es del 2% y la mejora está ligada a las cuentas públicas, cuya aprobación cuestiona ahora el propio Gobierno




Daniel Viaña
Daniel ViañaMadrid
Madrid
Actualizado Miércoles, 31 enero 2024 - 13:57

Salarios Así queda el sueldo de los funcionarios tras la subida en 2024
El Gobierno sigue confiando en que los Presupuestos Generales del Estado de 2024 salgan adelante pero, al mismo tiempo, reconoce que después de que Junts votase ayer en contra de la Ley de la Amnistía el camino para la aprobación de las cuentas públicas es mucho más complicado. Y por ello, trabaja ya en un escenario alternativo sin cuentas, y eso incluye la búsqueda de herramientas para aprobar la subida salarial de los funcionarios de 2024 que está vinculada a las cuentas públicas.

Fuentes del Ministerio de Función Pública confirman que, si los Presupuestos se dilatan o incluso se prorrogan, se buscaría la forma de aplicar ese incremento del 2% pactado para este año. La cifra podría llegar hasta el 2,5% en función de la evolución de la inflación.

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Lo que no está en cuestión es la subida de medio punto adicional con cargo a 2023 que se confirmó ayer, cuando el dato adelantado de Contabilidad Nacional confirmó que el crecimiento superó incluso las previsiones del Ejecutivo.


El Consejo de Ministros aprobará "muy próximamente" el incremento, que podría estar ya en la nómina de febrero de los funcionarios y que estará acompañada de una suerte de paga extra que recoja los atrasos, ya que la subida se aplicará con fecha 1 de enero del pasado año. Este incremento del 0,5%, además, se suma a otro 0,5% que se aplicó ya en octubre y deja la revalorización salarial de 2023 en el 3,5%.

En 2022 las sueldos públicos subieron también un 2,5%, por lo que la revalorización en los últimos dos años llegará al 7% y, tras la aplicación del mencionado 2% de este año, del ato será del 9%.

FIN DE LA CITA PREVIA OBLIGATORIA
Función Pública, y en concreto el ministro José Luis Escrivá, también ha anunciado que eliminará la cita previa obligatoria en las administraciones públicas que se instauró con la pandemia. "Esto requiere de un cambio normativo que veremos cómo lo traemos al Parlamento lo antes posible", ha explicado Escrivá durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.

"Es evidente que para muchos ciudadanos no hay un sustituto a la presencialidad, por eso es tan importante este cambio", ha añadido el ministro, aunque también ha señalado que ya el año pasado hubo más de un millón de consultas sin cita previa en la Administración


Escrivá también ha expuesto que la plantilla de funcionarios de la Administración General del Estado (AGE) está muy envejecida. Tanto, que "más de la mitad se jubilará en 10 años", y que "en 2020, el 47% de los empleados públicos de las administraciones centrales tenía 55 años o más".

El ministro ha incidido además en que las plantillas públicas todavía no se han recuperado de los recortes que se aplicaron durante la crisis financiera. Y, por todo ello, Escrivá ha anunciado un plan que pondrá fin a la tasa de reposición, y aplicará un plan de atracción de talento junior y también sénior.

[47ronin]

Los funcionarios tendrán que esperar hasta abril para cobrar la subida de 180 euros


El alza está condicionada a que el PIB supere el 2,1% al cierre de 2023 y el Gobierno alega que esperará a conocer el dato definitivo del INE a finales de marzo
Los funcionarios no cobrarán hasta la nómina de abril el incremento salarial del 0,5% previsto para compensar parte del amento de los precios. El Gobierno tiene previsto aprobar la subida a finales de marzo en el Consejo de Ministros, pero el personal tendrá que esperar todavía un mes para recibir el dinero.

Los funcionarios han comenzado el año sin variaciones en su nómina, aunque tienen pendiente la subida adicional del 0,5%, vinculada a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB). La economía española se aceleró en el último trimestre del año de tal modo que el PIB creció incluso más de lo que el propio Gobierno estimaba.

El repunte, según el dato adelantado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), fue del 2,5% por el 2,4% oficial. Si el PIB superaba el 2,1% previsto para el cierre de 2023, se les deberá aplicar a los empleados públicos ese incremento salarial de medio punto, equivalente a unos 180 euros anuales de media.

Así, la subida total de 2023 será del 3,5%, que, si se suma al incremento también del 3,5% de 2022, da como resultado que los funcionarios han registrado una mejora salarial del 7% en dos años. De hecho, el dato será ligeramente superior, porque hay que tener en cuenta que son mejoras acumulativas.

Esperar a finales de marzo
Sin embargo, el dato definitivo del PIB no se conocerá hasta el próximo 26 de marzo. La confirmación oficial no llegará hasta entonces, cuando el INE publique la estadística de Contabilidad Nacional correspondiente al cuarto trimestre del 2023.

Una vez que el INE confirme que se ha superado el 2,1% del PIB -salvo que se produzca una revisión sin precedentes en ese momento-, el Consejo de Ministros debe aprobar la aplicación del incremento de sueldo a los empleados públicos para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este será el último paso, antes de que vean reflejada la subida salarial en sus nóminas.

Los salarios de funcionarios subirán otro 0,5% adicional por el alza del PIB del 2,5% en 2023
No cobrarán hasta abril

El Gobierno ha evitado, por ahora, concretar cuándo abonará el alza, pero ha quedado descartado que se incluya ya en la nómina de febrero

Por si fuera poco, fuentes internas de la Administración explican a Confidencial Digital que, por cuestiones operativas, será complicado hacer efectiva la subida incluso en la nómina de marzo, por lo que los empleados públicos deberán esperar a abril.
 
Desde Función Pública insisten en que, en cualquier caso, los funcionarios cobrarán el incremento con efecto retroactivo a 1 de enero, por lo que la subida salarial irá acompañada de una ‘paguilla’ compensatoria por los meses atrasados. Recibirán unos 180 euros de media.

Explican que los plazos de programación del sistema para aplicar el incremento retributivo y calcular los atrasos complican y ralentizan el proceso.

La subida, una vez se haga efectiva, beneficiará a los tres millones de funcionarios en España.

No se ha ejecutado el incremento
Fuentes de la Administración confirman a ECD que el trámite ordinario en la elaboración de nóminas en la función pública ha concluido sin que los habilitantes en los diferentes ministerios, consejerías autonómicas y ayuntamientos hayan ejecutado la subida para febrero.

Para ello, el Gobierno tendría que haber llevado a cabo la aprobación del incremento del 0,5% en la reunión del Consejo de Ministros del pasado martes, como muy tarde, para que entrase en vigor en la próxima paga. El motivo es que las nóminas se cierran en la primera quincena del mes anterior.

Por lo tanto, los técnicos consultados por ECD anticipan que la subida salarial se tendrá que aplicar ya, aunque con efectos retroactivos desde el 1 de enero, con una compensación en la nómina de abril.

No hay dudas sobre la aplicación

Pese a la espera para confirmar el dato del PIB de 2023, no existen dudas sobre la aplicación del 0,5% de incremento salarial. El Acuerdo entre Función Pública y los sindicatos, firmado en 2022, recoge un crecimiento del PIB del 2,1% para este año.

En su última actualización del cuadro macroeconómico, en octubre, el Gobierno pronosticaba para 2023 “una previsión prudente de crecimiento económico del 2,4%”. Ese porcentaje da por descontado que los funcionarios conseguirán su mejora salarial pendiente.

Sólo falta “esperar al dato definitivo”, como apuntan desde el Ministerio de Función Pública, que dirige José Luis Escrivá.

Los empleados públicos tuvieron en 2023 una subida salarial fija del 2,5% y una adicional del 0,5% correspondiente a la inflación, cuando se confirmó que la suma del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de 2022 y dato del IPC adelantado de septiembre de 2023 superaba el 6% firmado en el Acuerdo.

La mejora retributiva comenzó a aplicarse en noviembre, con efecto retroactivo desde enero, y tuve un coste total de 791 millones de euros.

Esperar a los Presupuestos

Aunque era sólo una posibilidad, los sindicatos confiaban en que el Gobierno decretara la subida salarial de 2024 en el último Consejo de Ministros del año pasado, de manera que los empleados públicos pudieran empezar enero con el incremento retributivo del 2% pactado.

Pero tendrán que esperar a la aprobación de los Presupuestos, que ahora además se retrasa más allá de abril por el frenazo de Junts a la ley de amnistía. Hacienda no aplicó el alza a partir de principios de año para intentar forzar el apoyo de los socios a las cuentas públicas.

El Acuerdo firmado entre Función Pública, CCOO y UGT en 2022 contemplaba una subida salarial fija del 8% entre 2022 y 2024, que podía alcanzar el 9,5% en el mismo periodo, en función de las variables contempladas en las cláusulas de revisión.

[Celestino]

Qué malo es Sánchez.

El SMI se dispara en la 'era Sánchez': crece un 54% con la subida que se aprueba hoy, por encima del resto de grandes países de la UE

[gorriga]

Qué malo es Sánchez.

El SMI se dispara en la 'era Sánchez': crece un 54% con la subida que se aprueba hoy, por encima del resto de grandes países de la UE

Si Sánchez es buenísimo en su papel, no se lo voy a discutir.

Lo que me da que pensar es que los sueldos que no están indexados al SMI, sino a la productividad, la responsabilidad, la experiencia y todas esas cosas que aportan valor a la empresa no han subido tanto. Y los precios sí que lo han hecho. Algo no es sostenible en todo esto... Y la palabra "sostenibilidad" es una de las banderas que dice que enarbola este gobierno. Veremos con qué energía la siguen agitando mientras la legislatura avanza.

[47ronin]

En Cantabria existen diferencias de hasta 800 euros en los salarios que pagan los ayuntamientos a sus agentes de Policía Local


Los ayuntamientos piden unificar criterios para evitar la fuga de policías locales a otros municipios
Benito Santamaría, presidente APL

Marta Bustamante

Radio Santander
19/02/2024 - 16:46 CET

La falta de agentes de Policía Local es generalizada en la mayoría de los municipios de Cantabria, según vienen denunciado desde los sindicatos. Pero especialmente complicado lo tienen los pequeños ayuntamientos para sacar adelante procesos selectivos de oposición al contar con un número más reducido de funcionarios. Pero su principal preocupación es últimamente lograr mantener a esos nuevos agentes una vez que finaliza ese proceso largo selectivo.

Y es que los agentes que culminan con éxito el proceso selectivo, tardan meses en poder realmente incorporarse a sus puestos de trabajo. Deben esperar a la convocatoria del curso básico que convoca el Gobierno regional como máximo dos veces al año y completar posteriormente los casi tres meses de curso para lograr finalmente ser funcionarios de carrera.

Procesos de formación, por tanto, largos y agentes muy necesarios en esos municipios, "como para dejarles ir". Es lo que explica en la Cadena SER, el alcalde de Reinosa, José Luis López, tras conocerse que parte de su plantilla había solicitado una comisión de servicio para desempeñar su trabajo en otro municipio, concretamente en el de Camargo.

Hasta once plazas en comisión de servicio como agente de Policía local ha lanzado Camargo para tratar de suplir la falta de estos profesionales. El alcalde de Reinosa explica que no tiene intención de permitir la marcha de ningún agente, y que recuerda que en todo caso esos agentes se irían por un periodo de un año, prorrogable a dos.

Pero esta no es la única vía que tienen los policías locales para cambiar de municipio donde prestar sus servicios. La Ley permite reservar un porcentaje de los puestos de trabajo vacantes que se ofertan, que no podrá ser inferior al veinte por ciento, para proceder a su provisión por movilidad.

Los alcaldes de los ayuntamientos pequeños no ocultan su preocupación, ya que a las dificultades para lograr aumentar sus plantillas con más agentes, se suma la de poder perder aquellos que actualmente tienen.

De hecho, desde la Federación de municipios y provincias, han adelantado a la Cadena SER que hay prevista una reunión para el próximo 6 de marzo en la que se acerquen posturas entre los alcaldes, de cara a mostrar al Gobierno regional su preocupación por esta cuestión.

Varios municipios ya le han trasmitido al Ejecutivo estas problemáticas y de hecho el Gobierno regional se ha comprometido a desarrollar un normativa que permita la convocatoria única de oposiciones para los cuerpos de Policía local de Cantabria, para atender la demanda de los pequeños ayuntamientos.

Ya hay un grupo de trabajo activo, en el marco de la Comisión de Coordinación de Policía Local, que está trabajando en las normas marco de los Cuerpos de Policía Local de Cantabria, para poder tener listo un nuevo reglamento este año.

Desde la Federación de municipios, su presidente Javier Camino pide que esas normas marcos estén aprobadas antes de verano y es que es en ese periodo del año, cuando mucho municipios que multiplican su población y una perdida de agentes por movilidad agravaría el problema.

Y es que parece que se ha abierto una competición entre alcaldes para tratar de engordar unas plantillas de Policía local que en muchos casos son escasas para atender las necesidades de seguridad en el municipio a costa de los agentes de otros ayuntamientos.

Desde el punto de vista de los profesionales, está claro que la remuneración económica es un aspecto a tener en cuenta de cara a cambiar de municipio. Y es que las diferencias son notables. Las diferencias en las nóminas de los agentes puede ser de hasta 800 euros en función del destino. Entre los municipios en los que un policía local cobra un salario más bajo se encuentra Santillana del Mar, donde ronda los 1600 euros, mientras que en el otro extremo está Castro Urdiales, allí un agente gana unos 2400 euros.

A estas diferencias se suman las horas extras, en los municipios en los que hay menos agentes de los necesarios, las nominas se engordan de manera notable, dado que la plantilla realiza muchas más horas de las 35 semanales y por tanto, su nómina es mucho más elevada.

Benito Santamaria presidente de la asociación de Policías locales, APL, explica que lo que hace decantarse a un profesional por uno u otro ayuntamiento son las condiciones laborales no solo el aspecto económico, sino enlas condiciones de medios materiales y personales. De hecho reconoce que la Ley de Coordinación de Policía Local no se están cumpliendo.

Una Ley que regula el derecho a prestar el servicio de policía en condiciones adecuadas de seguridad e higiene en el trabajo, distinguiendo entre municipios de más y menos de 5.000 habitantes y una plantilla mínima dependiendo de la población.

En especial, se hace referencia a la no realización de servicios de carácter unipersonal, salvo justificación motivada, y se hace mención expresa a las medidas de protección de embarazadas y a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Santamaria asegura que no siempre se aplica lo que marca la Ley y no duda en que un año más, se llegará al verano con falta de agentes y problemas para realizar los servicios en las zonas más turísticas de la región.

[47ronin]

El Gobierno subirá los salarios de los funcionarios un 2% sin esperar a los Presupuestos


Los trabajadores públicos percibirán retroactivamente desde enero la mejora salarial tras tener que esperar por el retraso en la aprobación de las cuentas públicas


Diego Larrouy

12 de marzo de 2024 13:05h
Actualizado el 12/03/2024 15:00h


SEGUIR AL AUTOR/A
El Gobierno subirá los salarios de los trabajadores públicos de todas las administraciones un 2% sin esperar a los Presupuestos Generales del Estado. El ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, ha anunciado este martes tras el Consejo de Ministros que se va a registrar una enmienda en la tramitación del real decreto de medidas frente a la crisis provocada por la guerra en Ucrania para evitar la espera hasta que se puedan aprobar las cuentas del Estado. Se aplicaría desde el 1 de enero de este año. Está previsto que la norma entre en vigor en abril, según informó El Mundo.


“Va a incorporarse una enmienda al Real Decreto-Ley que hemos llamado de medidas urgentes para luchar contra la crisis originada por la guerra de Ucrania (...) Es el elemento adecuado”, ha afirmado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La enmienda ha sido registrada por PSOE y Sumar.

La subida ya estaba pactada con los sindicatos desde el pasado año, cuando se acordó una mejora plurianual. Habitualmente, la medida se suele aprobar estas subidas a través de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, su retraso había llevado a los sindicatos a reclamar que se realizase por otra vía para evitar que los trabajadores públicos siguieran con sus remuneraciones congeladas.


El dato de cierre del PIB de 2023 ya provocó que los funcionarios tuvieran una mejora del 0,5% a cobrar desde el mes de enero del año pasado. Esta subida extraordinaria se añadió a la aprobada en otoño del curso pasado de otro 0,5% por la evolución de la inflación. De este modo, en 2023 la subida terminó siendo del 3,5%.

Para este año, de momento la subida será del 2%, de acuerdo con lo pactado con CCOO y UGT en el Acuerdo Marco que selló la anterior ministra del ramo, María Jesús Montero. Sin embargo, la evolución de la economía puede marcar que los trabajadores de las administraciones públicas puedan acabar recibiendo otro 0,5% extraordinario. En torno a 3 millones de trabajadores se beneficiarán de estas subidas salariales.

Con esta enmienda, se daría cumplimiento al acuerdo firmado con UGT y CCOO sobre salarios del sector público, donde se pactó una subida de hasta el 9,5% entre 2022 y 2024. En dicho acuerdo, se recogía un incremento salarial fijo del 8% y uno variable del 1,5% ligado a la evolución de la inflación y del Producto Interior Bruto (PIB).

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CCOO y UGT han celebrado este martes a primera hora que se avance en el cumplimiento el acuerdo suscrito con el Gobierno. Una vez se ha cumplido con este hito de aquel documento, los sindicatos han reclamado al Ministerio avanzar en el resto de puntos pendientes de concretarse. Ambas organizaciones consideran que debe recogerse la “derogación completa del Decretazo del 2012”, comprometido en el Acuerdo Marco, y recuperar en el estatuto del empleado público “la jubilación parcial para el personal funcionario, así como el carácter de mínimos de permisos, licencias y vacaciones”.

De aquel acuerdo se desmarcó Csif, el otro gran sindicato en la Función Pública. Esta organización consideró “exigua” la subida que se acordó con los otros sindicatos y reclamó este lunes en una reunión con el Gobierno la necesidad de sentarse a negociar para alcanzar otro acuerdo más beneficioso. “Valoramos que el ministerio haya respondido a las críticas de nuestra organización y esperamos que en breve inicie la negociación del resto de las reformas estructurales que necesitan nuestras administraciones públicas”, apunta en un comunicado.

[47ronin]

Cuál es el sueldo de la Guardia Urbana en Barcelona
Los agentes de la Guardia Urbana, policía municipal en Barcelona, perciben una interesante retribución. Al sueldo base se suman diversos complementos e incentivos.

LA INFORMACIÓN   NOTICIA
08.03.2024 - 11:09h

Ser agente de la Guardia Urbana, policía municipal en Barcelona, es el empleo soñado por muchos jóvenes, por lo que es imprescindible estar al tanto de sus requisitos. Las condiciones salariales del puesto resultan muy interesantes, aunque no es una profesión exenta de riesgos. Esto hace que la preparación necesaria sea muy exigente.

Policía municipal en Barcelona: requisitos

Para entrar en la Guardia Urbana es obligatorio que tengas la nacionalidad española y ser mayor de 18 años en el momento de la convocatoria. Además, es preciso que dispongas del título de bachiller o de otro equivalente, como el de técnico o cualquiera de nivel superior. Otro requisito adicional exige que no tengas antecedentes penales y, por último, debes tener en vigor los permisos de conducir B y A2.

Sueldo de la Guardia Urbana en Barcelona

El sueldo de un policía municipal en Barcelona depende de multitud de factores. Por tanto, conocer únicamente el sueldo base puede hacer que tengas una idea equivocada del monto total. Y es que se parte de un salario base que consta de 804,19 euros, los cuales se reparten en 14 pagas a lo largo del año. No obstante, esta cuantía se incrementa si se consiguen ascensos. Por ejemplo, un inspector alcanza los 1071,06 euros y un intendente llega a los 1238,68.

Incentivos añadidos al salario de un policía en Barcelona

Los incentivos salariales son los que realmente hacen que crezca la nómina de un agente de la Guardia Urbana. Si se realizan turnos de noche, se suma un complemento de 396,92 euros al sueldo inicial. Asimismo, los trienios suponen otro importante incentivo que varía en función de la antigüedad en el cuerpo. Así, cada tres años se añaden en la escala básica 29,43 euros al mes. Según la escala del agente, el salario de un policía por sus complementos también es más elevado.

Estos son los incentivos más habituales, pero hay más que dependen del puesto que se ocupe y la comisaría de destino. Por ejemplo, el complemento de destino, la retribución por peligrosidad o por responsabilidad o dificultad técnica. Otros beneficios se asocian a la productividad de cada agente o a gratificaciones concedidas por sus superiores.

En total, y sumando todos los complementos disponibles, un agente de la Guardia Urbana de Barcelona puede alcanzar la siguiente retribución máxima:

Escala básica: 1652,17 euros.
Cabo: 1828,51 euros.
Sargento: 2059,97 euros.
Subinspector: 2958,32 euros.
Inspector: 3168,27 euros.
Intendente: 3423,8 euros.

Estas son las retribuciones totales que puede lograr un policía municipal en Barcelona y sus incentivos adicionales. Teniendo en cuenta el nivel de estudios requerido y las pruebas que deben superarse para conseguir el puesto, se trata de un trabajo bien retribuido. Igualmente, ofrece unas buenas condiciones laborales. Como funcionarios pueden disfrutar de hasta 40 días de vacaciones remuneradas. Además, pueden coger diferentes excedencias en función de su situación familiar y personal. Si te interesa, no dudes en opositar.


Vaya reseña, de nota.

[47ronin]

La Justicia da la razón a Jupol y obliga a devolver el exceso horario del turno 6x5 a cuatro policías de Melilla


La resolución del TSJA obliga a la Dirección General de la Policía a devolverles más de 18.000 euros
por Redacción El Faro
 18/03/2024






El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón a los planteamientos del sindicato Jupol, mayoritario en el Consejo de la Policía, que viene denunciando la injusticia que supone para los agentes de la Policía Nacional el tuno de trabajo 6x5. El sindicato entiende que esa distribución de la jornada laboral de los agentes del Cuerpo Nacional de la Policía les genera "un sistemático exceso de horas en su trabajo". Por este motivo desde Jupol se ha venido reiterando la necesidad de dejar atrás esta forma organizativa para implementar el turno 6x6.

Este planteamiento, que ahora ha sido apoyado también por la justicia, en concreto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha fallado en una sentencia a favor de Jupol y obliga a la Dirección General de la Policía a devolver a cuatro agentes de la Policía Nacional, destinados en Melilla, el exceso horario generado durante su trabajo en el turno 6x5.





En concreto, se ha condenado a la administración a indemnizar al primero de los agentes con 4.720 euros por 442,62 horas de exceso; 6.161 euros al segundo policía por un total de 582,02 horas de exceso; al tercer funcionario con 5.120 euros por 486,4 horas y al cuarto policía con 2.640 euros por 249,57 horas de exceso.





Para Jupol, esta sentencia supone “un espaldarazo a los planteamientos de la organización sindical y a uno de los grandes compromisos del mismo, la implantación en todas las plantillas del turno de trabajo 6x6".

El turno 6x6, que consiste en trabajar seis días seguidos, dos días de mañana, dos de tarde, dos de noche, y librar cinco días más el saliente, ha supuesto una serie de beneficios que confirman más del 80% de los trabajadores que han contestado el cuestionario señalando su efecto positivo sobre su salud emocional y, especialmente, para la conciliación.

Además, se ha comprobado, a través de un estudio realizado por Jupol junto a AfforHealth, que el turno 6x6 favorece hábitos alimenticios más saludables por los horarios y mejora el ambiente laboral y las relaciones interpersonales con los compañeros.

Desde la organización sindical aseguran que “como se ha podido comprobar en este tiempo, el turno 6x6 es funcional, mejora la organización del trabajo, es viable, garantiza la conciliación de la vida familiar y laboral y además aumenta la productividad y motivación laboral, evita y reduce el absentismo, permite la estanquidad de los turnos de trabajo. Razones que redundan en una mejor calidad de vida de los policías, unos niveles óptimos de salud mental y mejora la salud y el bienestar de los agentes”.

Por último, Jupol ha denunciado “la falta de consideración hacia los policías que se viene mostrando por parte de la Administración y exigimos que se regule una jornada digna a las circunstancias personales y profesionales y que se trabaje de una forma ergonómica y evitando riesgos innecesarios que se puedan generar con otros turnos que no son tan adecuados”.

 

Comments 1
Listón o madero comentó:  hace 49 mins
Trabajar menos exigiendo cobrar más!!! Lema del CNP. De q sirve el habito nutricional saludable de su dieta cuando se hinchan a ciclarse a base de esteroides y placebos? O la conciliación cuando libran más q trabajan? Por saludable y con lo pequeña que es Melilla, podrian hasta patrullar a pie pa ejercitarse mantener el tipo y sobre todo trabajar dar el callo y ganarse el sueldo. El compañerismo, la consideración y el respeto hacia los demas es parte del uniforme que visten. A ver si la sentencia llega al campo y a la construcción, o al personal q limpia y recoge las porquerias del acomodao policía.

[47ronin]

Y la Administración fue al Supremo....quien en fecha 13 ha confirmado la sentencia.



SENTENCIA FAVORABLE A UN AGENTE QUE PEDÍA
EJERCER EN VALDESALOR MIENTRAS QUE EL AYUNTAMIENTO LE DESTINÓ AL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS

El TSJEx da la razón a la Policía Local de Cáceres por los puestos de segunda actividad



El tribunal defiende que estos cargos "deben estar incorporados a la relación de puestos de trabajo" para evitar situaciones de desigualdad
Gema Guerra Benito
Cáceres | 27·12·22 | 07:00 | Actualizado a las 10:00


Un agente de Policía Local en la plaza Mayor de Cáceres.
El TSJEx da la razón a la Policía Local de Cáceres por los puestos de segunda actividadFRANCIS VILLEGAS


El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) da la razón a la Policía Local de Cáceres en un conflicto con el ayuntamiento por los puestos de segunda actividad. Así lo hace constar en una sentencia que ha dictado el 19 de diciembre de este año en respuesta a un recurso que interpuso un agente contra una resolución de alcaldía que no atendía su petición de ser trasladado a Valdesalor y le trasladaba al depósito de vehículos y servicio de comunicaciones en Cáceres.


Este dictamen desestima por tanto una sentencia anterior del Juzgado número 1 de Cáceres del 29 de septiembre favorable al ayuntamiento en la que se determinaban las funciones a realizar durante la situación especial de un agente por insuficiencia de aptitud psicofísica.


Según expone la resolución del tribunal al que ha tenido acceso este rotativo, «una gran parte del conflicto gira en torno a la forma de provisión de los puestos de trabajo susceptibles de ser ocupados por los agentes. La segunda actividad corresponde a «una serie de nuevos puestos que se encuentran reservados y adaptados a una situación especial».

En ese sentido, el tribunal considera que la sentencia que recurre el demandante «vulnera radicalmente el reglamento de puestos de segunda actividad» al considerar que en este caso «podría consolidar una doctrina perniciosa que abona el nepotismo y el favoritismo en los nombramientos» puesto que al agente «se le han nombrado para dos puestos de trabajo (depósito de vehículos y comunicaciones) en horarios de mañana y tarde que nadie quiere» y también «vulnera la ley de incompatibilidades que prohibe que un funcionario pueda ocupar dos puestos de trabajo».


Del mismo modo, el texto hace mención a que en Valdesalor existen dos plazas, una de ellas vacantes, por lo que no halla impedimento que pueda adscribirse a esa plaza.

El texto hace mención también al «goteo» de solicitudes de pase a segunda actividad desde el año 2019 a la actualidad, 24 agentes en la actualidad, a las que pide dar solución. «No es posible dejar sin resolver a la espera de la convocatoria pública de un concurso, so pena que pretenda llevar a cabo un concurso cada vez que un agente obtenga una situación especial». Por último, expone que «los puestos que se reservan a segunda actividad han de estar incorporados como tales en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que tiene que aprobar el ente local.


Así, el tribunal reconoce el traslado del agente a Valdesalor y condena al ayuntamiento a abonar las costas en primera instancia. Contra esta resolución puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en los próximos 30 días.





El Supremo avala el traslado a Valdesalor de un policía al que enviaron al depósito en Cáceres


«Decían que no me podían dar ese destino por merma de efectivos y hay cinco más de segunda actividad en sus casas y cobrando», afirma el agente

Manuel M. Núñez
Manuel M. Núñez

Cáceres

Lunes, 25 de marzo 2024, 07:32

Final de trayecto judicial en el contencioso que afecta a la asignación de puestos en segunda actividad en la Policía Local de Cáceres. El Tribunal Supremo dictó el pasado 13 de marzo una resolución en la que avala el traslado a Valdesalor de un agente que había pedido dicho destino pero que fue colocado en el depósito de vehículos y en comunicaciones. Aunque el juzgado refrendó la resolución de Alcaldía sobre esa decisión en primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) la tumbó. Ahora, el Supremo da la razón al afectado.

[47ronin]

Denuncian al Ayuntamiento en los juzgados por supuestas irregularidades en el cambio de destino de una treintena de policías locales


 El sindicato Csif considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y contra los derechos de los trabajadores

 Pide al juez que reclame al Consistorio todos los expedientes de cambio de servicio desde el año 2022 y siguientes y que sean citadas las personas que firman los expedientes

 Un tribunal avala un piso turístico en una comunidad de vecinos de Los Remedios

 Un juez perdona una deuda de casi 300.000 euros a un matrimonio sevillano

Motoristas de la Policía Local, en una imagen de archivo.

Motoristas de la Policía Local, en una imagen de archivo. / JOSÉ ANGEL GARCÍA
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JORGE MUÑOZ
16 Apr 2024 06:00
El sindicato CSIF ha presentado una denuncia en los juzgados de Sevilla contra el Ayuntamiento de Sevilla por presuntas irregularidades en el cambio de destino de una treintena de policías locales, hechos que a juicio de la organización sindical podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y contra los derechos de los trabajadores, por imponer a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos dque tengan reconocidos.


En la denuncia, que firma el presidente provincial del sindicato en Sevilla, Rosendo Martínez, se solicita al juez de Instrucción que reclame al Consistorio todos los expedientes de cambio de servicio que se hayan producido desde el año 2022 -cuando gobernaba el PSOE- y los siguientes, y que se cite a declarar a las personas que firman los expedientes.

La denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que han tenido conocimiento de una serie de cambios de destino que el jefe de la Policía Local de Sevilla está realizando "de forma arbitraria y sin publicidad, contraviniendo los procedimientos legalmente establecidos y con el visto bueno de las instancias de Recursos Humanos del Ayuntamiento". Se trata de traslados permanentes o temporales y en la denuncia se señalan a las áreas municipales de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Recursos Humanos de la Dirección General de Recursos Humanos, así como a la propia Jefatura de la Policía Local y a cualquier otra persona que de la instrucción práctica pudiera resultar responsable.

El sindicato relata que, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público hay diferentes procedimientos para la movilidad de los funcionarios de carrera -concurso de méritos, comisión de servicio voluntaria, movilidad por motivos de salud o de rehabilitación, permuta y movilidad por víctima de violencia de género o violencia terrorista-, pero en la treintena de casos que recoge " todos los cambios de adscripción -tanto temporales como permanentes- se realizan por el procedimiento basado en la necesidad urgente de cubrir un puesto de trabajo”.

Y en este sentido, asegura que "se desconoce quién valora si es urgente su cobertura o no y, ante la falta de publicidad, se asignan automáticamente a distintas personas, excediendo el tiempo de permanencia en dichas comisiones que se configuran con carácter permanente y siempre se desingan personas adscritas a un signo determinado sindical curiosamente”.

Csif subraya que han sido “múltiples” los requerimientos para solicitar información de estos cambios de destino. Tienen en común que se han realizado “sin publicidad, sin llamamiento a los terceros interesados, obviando el principio de igualdad, mérito y capacidad de todos los funcionarios públicos que puedan estar interesados”. Respecto a la respuesta de los órganos implicados referidos, CSIF señala que dicha respuesta es “nula”.

El sindicato recuerda que esta redistribución debe ser “un medio de optimización de recursos” y que, como tal, precisa de “un procedimiento al efecto y una resolución concreta y debidamente motivada que dé cuenta de las razones de optimización que justifican el cambio de destino" y que permita conocer si el nuevo destino es más beneficioso en cualquier caso porque, recuerda, " no es lo mismo trabajar en la zona de las Tres Mil Viviendas o en otro lugar de la ciudad".

Requerimientos al Ayuntamiento
Entre la documentación adjuntada en la denuncia figuran diferentes escritos oficiales, remitidos por la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla, en los que se pide información al Consistorio sobre los procedimientos de cambios de destinos en la Policía Local.

Como ejemplo, en el fechado el 7 de diciembre de 2023, CSIF indica expresamente la “forma arbitraria y sin publicidad” de estos cambios de destino. El escrito insiste en la “total opacidad” y en la necesidad de dar publicidad, al tiempo que advierte de que “este sindicato no dudará en acudir a los tribunales de Justicia, por la vía administrativa o por la vía penal, para defender los intereses de sus afiliados y que actualmente, con la forma de proceder del jefe de la policía, se están viendo mermados”.

Para la organización sindical, lo que está haciendo la jefatura de la Policía Local es una "falta de respeto a la representación sindical de los trabajadores, manteniéndolos al margen de las decisiones que está tomando y que claramente perjudica a muchos otros policías que podrían estar interesados en cambiar de destino", por lo que considera que lo que se está haciendo es "ilegal".

Los escritos se repiten el 31 de enero de 2024 y el 29 de febrero de 2024. En todas estas comunicaciones se refiere una continua vulneración de derechos y se advierte del posible inicio de las medidas judiciales oportunas.