Autor Tema: Derechos y riesgos laborales  (Leído 210459 veces)

Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1880 en: 17 de Diciembre de 2018, 07:49:37 am »

Un policía municipal de Durango es el primer agente que se contagia de sarna en Bizkaia

«Tengo dudas sobre dos actuaciones en las que hubo un cacheo y un forcejeo», relata el afectado
Ainhoa De las Heras
AINHOA DE LAS HERAS
Sábado, 15 diciembre 2018, 22:53

Un policía local de Durango se ha convertido en el primer agente que se contagia de sarna en Bizkaia. A principios de diciembre saltó la alarma al conocerse varios brotes de esta enfermedad en residencias de ancianos y en centros de menores tutelados de la Diputación. Además, la Unidad de Inteligencia de la Policía Municipal de Bilbao emitió una alerta para advertir a los agentes de que adoptaran precauciones al detectarse que dos detenidos presentaban sarna. También Osakidetza intentó tranquilizar a los sanitarios de emergencias, dada la «preocupación existente», y remitió un escrito con una serie de recomendaciones, como lavarse las manos o utilizar guantes desechables.

«Son gajes del oficio. Esta vez me ha tocado a mí, pero le puede pasar a cualquiera», afirma el agente afectado en declaraciones a este periódico. El policía descubrió que sufría escabiosis a principios de noviembre, cuando le salió «una especie de sarpullido en un brazo». El médico de cabecera lo atribuyó a una alergia y le recetó un tratamiento. «Como no se me pasaba y seguía con los picores, me fui a Urgencias de Cruces, donde me dieron el diagnóstico».

«Lo peor es por la familia»

Nadie en su entorno padece esta enfermedad, por lo que está convencido de que el contagio sólo ha podido producirse en el trabajo. «Tengo dudas de dos actuaciones, en las que hubo un cacheo y un forcejeo», asegura. «En una de ellas llevaba guantes y en la otra no; pero son anticortes, para que no penetre el filo un arma blanca, no te libran de ninguna otra cosa», advierte. En cuanto supo que había contraído esta enfermedad contagiosa que se caracteriza por ronchones en las manos y picazón, «llamé a mi jefe para contárselo y que adoptaran las medidas oportunas».

De momento, se está diseñando un protocolo de actuación para evitar que se repita otra contaminación. Se trata de una dolencia leve, pero muy contagiosa. El médico le recetó una pomada, que tenía que volver a aplicarse al de siete días. «Aún tengo algunos picores». «Hay que lavar toda la ropa a 60 grados y lo que no se pueda, meterlo en una bolsa durante tres días para que el bicho muera», explica. «Lo peor es por la familia, porque también ellos pueden contraerlo», lamenta.
TemasPolicía Municipal


Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1881 en: 17 de Diciembre de 2018, 08:18:21 am »

Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1882 en: 23 de Enero de 2019, 18:29:04 pm »
Una caída en la salida para 'tomar café' es accidente laboral, según el Tribunal Supremo



Xavier Gil Pecharromán
21/01/2019 - 20:33
La lesión que sufre un empleado que se cae al salir del trabajo durante la pausa del café es accidente de trabajo, según reconoce el Tribunal Supremo en una sentencia, de 13 de diciembre de 2018.


La ponente, la magistrada Virolés Piñol, concluye que el trabajador se accidentó cuando salió de la empresa dirigiéndose a tomar un café dentro del tiempo legalmente previsto como de trabajo de 15 minutos por tratarse de jornada superior a seis horas, habitualmente empleado para ir a tomar café, como actividad habitual, social y normal en el mundo laboral, pero matiza que "el trabajo es la condición sin la cual no se hubiera producido el evento".

En este caso, considera la ponente, que "el nexo de causalidad nunca se ha roto, porque la pausa era necesaria, y la utilización de los 15 minutos de la misma por la trabajadora se produjeron con criterios de total normalidad".


La sentencia del propio Tribunal Supremo de 27 de enero de 2014, con cita de la de 9 de mayo de 2006, establece que "la definición de accidente de trabajo contenida en el artículo 115.1 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), está "concebida en términos amplios y como presupuesto de carácter general, en el número 1 del precepto, debe ser entendida de conformidad con el resto del artículo y con otras normas que han venido a desbordar aquella concepción del accidente de trabajo".

Recuerda, asimismo, que la doctrina de esta Sala que ha interpretado y aplicado el artículo 115 de la LGSS, en sus distintos apartados, "es muy abundante y, aunque en todas las ocasiones ha resaltado la necesidad de que entre el trabajo y la lesión que sufra el trabajador sea apreciable un nexo de causalidad, afirmando en este sentido que no siempre el trabajo es la causa única y directa del accidente; pueden concurrir otras causas distintas, pero el nexo causal entre el trabajo y el accidente no debe estar ausente en ningún caso, como advierte la sentencia de 7 de marzo de 1987".

En el presente caso, asegura Virolés Piñol, es indudablemente aplicable la teoría de la ocasionalidad relevante, caracterizada tanto como por una circunstancia negativa y otra positiva. La primera es que los elementos generadores del accidente no son específicos o inherentes al trabajo y la positiva es que o bien el trabajo o bien las actividades normales de la vida del trabajo hayan sido condición sin la que no se hubiese producido el evento.

La calificación de accidente de trabajo en este supuesto no distorsiona la doctrina establecida por la sentencia del TS de 6 de marzo de 2007, insistiendo en el referido aspecto positivo de necesaria vinculación con el trabajo o actividades normales de la vida laboral en "misión", concluye la magistrada.

Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1883 en: 24 de Enero de 2019, 16:13:17 pm »
INFORME REALIZADO POR EL EQUIPO WANT DE LA UJI
Los policías son los funcionarios con un menor nivel de bienestar



Un estudio evalúa el clima laboral de las áreas del Ayuntamiento
 
D. DONAIRE CASTELLÓN
18/01/2019

El equipo de investigadores WANT de la Universitat Jaume I (UJI) presentó ayer las principales conclusiones de su informe Evaluación de factores psicosociales, en el que encuestaron a los trabajadores de los distintos departamentos del Ayuntamiento de Castellón para medir el clima laboral que se respira en la Administración local. De entre los 34 departamentos analizados y las 516 personas sondeadas, el estudio revela que la unidad con un estado de bienestar inferior es la Policía Local, seguido del colectivo feminista y el Patronato de Deportes. «Son grupos en los que hay una mayor prioridad de intervención viendo sus indicadores de bienestar y malestar», explicó Isabella Meneghel, una de las investigadoras del equipo.


Para tratar de revertir esa situación, los analistas plantean como propuesta de mejora talleres de recursos personales, entrenamiento en regulación emocional o sesiones de coaching que contribuyan a «optimizar el trabajo» y mejorar su nivel de bienestar.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Lorenzo, aseguró que la evaluación de los riesgos psicosociales es una herramienta muy útil. «Es una práctica en la que creemos firmemente y considerábamos importante extenderlo a toda la Administración local para valorar el grado de bienestar de la organización», explicó, quien confía en «darle continuidad» a la investigación conocer la «evolución» del clima laboral.

Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1884 en: 25 de Enero de 2019, 07:57:58 am »
Quien será el primero en abrir este melón en la PMM?





Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1885 en: 06 de Febrero de 2019, 14:28:01 pm »
Cuando las barbas de tu vecino....

CSIF denuncia que los días 'moscosos' de los funcionarios del Estado se reducirán en función del tiempo trabajado


El Ministerio de Política Territorial y Función Pública asegura que este criterio se viene aplicando desde 2008
Raquel Pascual Cortés RAQUEL PASCUAL CORTÉS
CSIF denuncia que los días 'moscosos' de los funcionarios del Estado se reducirán en función del tiempo trabajado
EFE
Compatir en FacebookCompatir en TwitterCompatir en LinkedinIr a comentarios
Madrid  6 FEB 2019 - 13:56   CET
Los días libres para asuntos propios de los empleados públicos de la Administración General del Estado -denominados 'mocosos'- serán a partir de ahora proporcionales al trabajo efectivo realizado durante el año por el trabajador. Así, por ejemplo, los 6 días mocosos que los empleados públicos tienen habitualmente, se reducirán proporcionalmente si el trabajador está de baja o se acoge a una excedencia.



El sindicato de funcionarios CSIF, ha denunciado hoy que la Comisión Superior de Personal de la Administración General del Estado, en la que no están presentes los sindicatos, ha distribuido a los diferentes departamentos un acuerdo sobre criterios de interpretación, por el que se introduce un nuevo requisito de proporcionalidad. "De esta manera, que los días de asuntos propios serán proporcionales al tiempo efectivamente trabajado durante el año natural", ha explicado CSIF.

Sin embargo, desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública han "negado categóricamente" que exista ningún cambio de criterio y aseguran que esta vinculación de los moscosos al tiempo efectivamente trabajado ya se está aplicando desde 2008. Es más, añaden que la Secretaría de Estado de Función Pública "ni ha propuesto ni va a proponer ningún cambio ni modificación de esta normativa".

Aclaran que el acuerdo de la Comisión Superior de Personal al que se refiere el sindicato CSIF, "responde únicamente a la consulta de un organismo público que afecta exclusivamente a los empleados públicos de nuevo ingreso y relativa solo a si deben o no computar los períodos de práctica o cursos selectivos".

Por su parte en el sindicato mantienen esta denuncia y han criticado esta decisión por la forma en la que se ha adoptado por parte del Gobierno y, sobre todo, porque no tiene en cuenta situaciones como la reincorporación de mujeres maltratadas o de trabajadores que vuelvan al trabajo después de una excedencia por cuidado de hijos o familiares.


La medida persigue reducir estos días libres para asuntos propios a los empleados públicos que tengan numerosas bajas médicas o bajas de larga duración.







Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1886 en: 07 de Febrero de 2019, 07:32:52 am »


Laura, policía jubilada forzosamente a los 45 años.

Reportajes Reportajes
La batalla de los policías nacionales jubilados jóvenes que quieren volver al servicio
Laura tuvo que retirarse tras sufrir un accidente de tráfico. Le gustaría volver a ejercer su profesión, pero no puede: no le dan un puesto acorde a sus necesidades.
7 febrero, 2019 03:13

David Palomo @Davidlpalomo

Laura tuvo un accidente de tráfico, Francisco sufrió un infarto y Pepe (nombre ficticio), depresión. Los tres eran policías, los tres trabajaban en la calle y los tres tuvieron que jubilarse forzosamente. No querían. Habrían aceptado, de buena gana, seguir en otros puestos, terminar su carrera desempeñando labores de oficina –aunque, en efecto, ya no estuvieran para ir detrás de los ‘malos’–. Pero no les quedó otra. Las circunstancias los condujeron a una retirada temprana. Ninguno había cumplido 50. Eran jóvenes, pero ya no servían. Eso es lo que les dijeron. El Tribunal Médico los mandó a su casa cercenando cualquier posible camino de regreso. A ellos y a otros muchos de sus compañeros. Todos, callados durante algún tiempo; pero, ahora, unidos para reclamar una jubilación apropiada, denunciar un copago que consideran excesivo y unas condiciones que no entienden.

Su profesión les conmina hacia el ocultismo. Muchos se animan a hablar, pero pocos a ceder su imagen. Tienen miedo a las posibles consecuencias. Laura Giménez (Barcelona, 1971), sin embargo, no titubea pese al temor general. Es vicepresidenta de la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional (AJPNE) y no tiene reparos en contar su historia, paradigmática dentro del oficio. Tuvo que entregar su placa con 45 años; 20 antes de lo que le correspondía. “Mi vida cambió de un plumazo. De repente, me vi fuera. Todos mis amigos, mi pareja, se dedican a esto. Y yo me siento impotente. Me dicen que no valgo y que no puedo seguir trabajando”, explica en conversación con EL ESPAÑOL.

Su historia, en origen, no dista mucho de la de cualquier otro compañero. Ella quería ser Policía, lo llevaba en la sangre. Su decisión fue plenamente vocacional. Cuando tenía 13 años, se presentó en una comisaría y preguntó: “¿Cómo puedo entrar en el cuerpo? Me dijeron: ‘Primero tienes que crecer”. Desde entonces, supo que el camino era muy largo, que le iba a costar. Era mujer y tenía que pasar por la siempre exigente criba de las oposiciones. Reconocía su objetivo, pero tardó mucho tiempo en vislumbrarlo. Antes, acumuló infinidad de trabajos. A los 16 años, en una empresa de montaje de lavadoras; y, después, en muchas otras cosas: seguridad privada, limpieza…

Los policías jubilados se quejan delante del Congreso.

Hasta 2002, cuando entró a formar parte del cuerpo como Policía de la escala básica. Hizo las prácticas en Barcelona, después estuvo ejerciendo en Madrid y, finalmente, acabó en Ávila, donde reside actualmente. Su vida, profesionalmente hablando, regateaba cualquier quiebro fatal. Sin embargo, todo se torció en octubre de 2010. “Estaba patrullando con un compañero y una señora paró en doble fila y abrió la puerta. Yo iba con la moto. No me dio tiempo a frenar y salí disparada. Me dejó todo el lado derecho destrozado”, explica.


Pese al accidente, intentó seguir en su puesto. “Me pusieron tratamiento porque era joven”, recuerda. Pero aguantó tan solo un año así. Tuvo que operarse. Durante tres años, visitó el quirófano. Y, al mismo tiempo, comenzó una lucha que capituló con su jubilación. Primero, no obstante, la pasaron a segunda actividad –es decir, a “estar en casa sin hacer nada esperando”– y le bajaron el sueldo de alrededor de 1.600 euros a poco más de 1.200.

Entonces, a Laura no le quedó otra que ir a juicio. “Me dicen que no me van a reincorporar y yo digo: ‘Si no valgo para trabajar, que me jubilen. Y me dan la razón”. Con 45 años, entregó la placa. Se retiró y asumió que, el resto de su vida, no podría ganar más de 1.600 euros. “Yo no lo hubiera hecho. Si me hubieran dado un puesto, pero… De repente se acaba todo. Te cuesta mucho asimilar que has luchado para ser Policía y que, después de tanto, te quedas fuera. A nivel psicológico te afecta mucho”, explica ahora, obligada a tener como única ocupación posible la vicepresidencia de la asociación.


Los policías jubilados exigen una reducción del copago farmacéutico, del 30%.

Desde allí, intenta luchar por los derechos de sus compañeros y para ayudarlos en la medida de lo posible. Pide, junto al resto de miembros de la asociación, que les bajen el copago farmacéutico –de hasta el 30%– al 8% que tienen muchos de los jubilados. “Con el agravante de que a nosotros nos han obligado a dejarlo mucho antes y tienen que hacer frente a sus enfermedades con ese incremento”. Reclama, también, que haya puestos para los compañeros que quieran ejercer su profesión y ya no puedan estar en la calle. Y, por último, que su jubilación no sea tan raquítica –a algunos de los más jóvenes tan solo les queda el 55% de su pensión–.
Pepe, jubilado con 31 años

Pepe, que prefiere no hacer público su nombre por miedo, es uno de los más perjudicados por este tipo de jubilaciones ‘forzosas’. Él entró en el cuerpo en 2007, con 21 años, por vocación. “Estaba destinado a detenidos. Las celdas tenían un límite. Pero, como yo era nuevo, empecé a ver negligencias. Las denuncié a nivel interno por el hacinamiento de inmigrantes. No sentó bien y empecé a tener problemas de ansiedad...”, cuenta a EL ESPAÑOL. Se dio de baja y le empezaron a presionar para que se reincorporara. Entonces, le cambiaron de unidad. Y, de nuevo, volvió a tener problemas. Pero lo peor llegó cuando se fue de vacaciones…

“Al llegar, me encuentro con que me denuncian por delito de hurto de un chaleco antibalas de un compañero”. En ese instante comienza su calvario. A la denuncia falsa, se le añaden el acoso laboral y sus problemas de ansiedad. En un juicio rápido, lo exculpan porque ven cosas raras. Pero, el Tribunal Médico de la Policía le diagnóstica trastorno bipolar. Lo jubilan a sus 31 años y le quedan poco más de 1.200 euros brutos de salario. Para toda la vida. Sin poder volver a ejercer su profesión. “Y si quieres hacer otra cosa, te exigen una compatibilidad que tiene que aprobar la administración y que lleva meses. En ningún trabajo esperan tanto para contratarte”, cuenta Pepe, también Policía de la escala básica.


Concentración de policías jubilados exigiendo mejores condiciones.

Él, si le dejaran, volvería al cuerpo. Pero renuncia a la lucha por la complejidad del asunto. Sólo unos pocos consiguen que les den el reingreso. Es el caso de Rafael Prieto, que recurrió la decisión del Ministerio del Interior de jubilarse con 31 años tras perder una pierna en un accidente de tráfico. El agente, al recuperar la movilidad, solicitó volver a prestar servicio y se lo concedieron. “Es de los pocos que lo han conseguido”, apostilla Pepe y ratifica el secretario de la Asociación de Policías Jubilados, Francisco González.

Precisamente, Francisco es uno de los muchos que sufren el excesivo copago de medicamentos. Tuvo que jubilarse a los 49 años y después de 32 de servicio. Sufrió un infarto y no le dieron otro puesto. “Pasé el Tribunal médico y, a los 14 meses, me jubilaron. Me fui con 15 años menos cotizados y, claro, eso repercute en el sueldo”, explica a EL ESPAÑOL.

Las medicinas, como sus compañeros, las tiene que pagar al 30%. Mucho más que el resto. Por eso pide que se cambie el criterio, que “les dejen seguir trabajando” o que no les perjudiquen. “Toda la vida prestando servicio y luego...”. Se quedan sin nada. "Qué se lo digan si no a las viudas", apostilla. Muchas de ellas cobran tan solo 500 euros. Otras no pasan de 800 (incluso cuando su marido se ha jubilado por un acto terrorista). Y así tienen que hacer cargo a los medicamentos  y vivir. Nada fácil.

Ellas, como Francisco, Pepe y Laura están condenados a ver el resto de su vida desde el sofá. Les dejan sin placa, sin trabajo y con la obligación de asumir una existencia sin ocupación. Son tres de los muchos afectados por un sistema que consideran injusto. Y que esperan cambiar a través de su lucha en la asociación.





Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1887 en: 08 de Febrero de 2019, 15:32:06 pm »
La justicia califica de accidente laboral el asesinato del jefe de su esposa


El marido sospechaba que ambos mantenían una relación sentimental
PATRICIA DEL ÁGUILA BARBERO
Madrid  7 FEB 2019 - 17:11 CET
La justicia ha calificado como accidente laboral el asesinato de un trabajador autónomo a manos del marido de su empleada, que actuó al sospechar que existía una relación sentimental entre ambos.


La sentencia (accede a ella aquí
http://diariolaley.laley.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDAzMjO1NLdUK0stKs7Mz7Mty0xPzStJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlMBoEJdm0UAAAA=WKE , dictada el pasado mes de septiembre por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía, asevera que el hecho de que concurra una culpabilidad civil o criminal en los hechos no impiden su consideración como accidente laboral. Lo determinante, según la ley, es que el suceso esté vinculado con el trabajo. Y, en este caso, tal y como establecen los magistrados, que la esposa del autor del crimen fuera empleada del difunto “indica que la acción criminal guarda relación con el trabajo”.

El suceso tuvo lugar en mayo de 2015. El autor de los hechos, quien decía tener la certeza de que su mujer y su jefe mantenían una relación sentimental, se dirigió en su furgoneta a primera hora de la mañana al lugar donde el fallecido se encontraba trabajando, un semillero en Campohermoso, un pequeño pueblo de Níjar, en la provincia de Almería. El agresor entró en las instalaciones, donde también se encontraba el hijo del difunto, y le disparó tras una conversación causando su muerte.

MÁS INFORMACIÓN
 La justicia califica de accidente laboral el asesinato del jefe de su esposa
El joven empresario de bitcoin que se llevó a la tumba la contraseña de 120 millones
 La justicia califica de accidente laboral el asesinato del jefe de su esposa
El multimillonario de 90 años que duerme (a veces) en su camioneta
 La justicia califica de accidente laboral el asesinato del jefe de su esposa
El Banco de Inglaterra decidirá el destino del oro venezolano
Más información
Poco tiempo antes, también se había dirigido al lugar donde se hallaba su esposa cuidando de su madre con alzhéimer, y la asesinó sin posibilidad de reacción alguna, propinándole un disparo, primero en el hombro y luego en la cabeza a bocajarro. Pese a que el matrimonio tenía problemas, la mujer no había presentado ninguna denuncia previa contra su marido, ni existían antecedentes de maltrato.

El culpable del asesinato declaró en la vista oral, tras arrepentirse de los crímenes, que su intención era suicidarse, después de que el difunto y su mujer, que había decidido separarse de él (aunque seguían viviendo en la misma casa), le hubieran reconocido, según su versión, que mantenían una relación. También, afirmó que el fallecido le había dicho "cornudo y cobarde" en la conversación previa a su muerte, lo que le habría llevado a dispararle.


La sentencia recoge que, en los días previos al suceso, el autor del asesinato había presionado en varias ocasiones al jefe de su mujer para que la despidiera. Peticiones a las que se había negado el fallecido alegando que era la trabajadora a quien le correspondía dejar su empleo, si es que eso era lo que quería. Circunstancia que refuerza la conexión “directa e inmediata con el trabajo” que aprecia el TSJ en su resolución.

Después de que el caso se resolviera en la vía penal, la viuda del asesinado reclamó a la Mutua que se reconociera lo sucedido como accidente laboral. Esta, sin embargo, se negó, limitando su prestación a la derivada de contingencias comunes (algo menos de 400 euros mensuales), lo que provocó que la viuda se dirigiera a los juzgados de lo Social. Después de que en primera instancia se declarara el carácter profesional de la contingencia, lo que incrementaba la pensión a 880 euros, el TSJ ha desestimado el recurso interpuesto por la Mutua. Una decisión que habría sido distinta si la agresión se debiera a razones personales entre su autor y la víctima.

Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1888 en: 09 de Febrero de 2019, 07:12:17 am »

Los funcionarios se apresuran a pedir ‘moscosos’ tras el lío por los recortes de días libres

El anuncio de una reducción de las jornadas por asuntos propios ha disparado la solicitud en los ministerios y empresas públicas
Funcionarios de las oficinas de Empleo.

09/02/19access_time 1:04

Polémica a cuenta de los ‘moscosos’ de los funcionarios. El sindicato CSIF denunció esta semana un recorte por sorpresa de los días de libre disposición para los empleados públicos, algo que el Gobierno negó poco después. Pero la alarma ya era imparable y cogió por sorpresa a muchos trabajadores de la Administración.

Todo comenzó a primera hora del pasado miércoles. CSIF denunciaba, en un comunicado colgado en su web, que “El Ministerio de Función Pública recorta por sorpresa los moscosos de los empleados públicos”.
La alarma se extendió por los ministerios

Una alerta que dejó “perplejos” a muchos trabajadores de la Administración y extendió el nerviosismo por los ministerios, según explican a Confidencial Digital fuentes de varios departamentos.

El sindicato aseguraba que el Gobierno había decidido limitar los días de asuntos propios de los empleados públicos (seis al año por regla general), introduciendo un nuevo criterio que los condicionaba al tiempo trabajado durante el año.
Reacción inmediata de Función Pública

La respuesta del Ministerio de Función Pública no se hizo esperar. Un portavoz negó “categóricamente” que hubiese un recorte de los días moscosos -en general- y puntualizaba que la regulación vigente es la misma que se aplica desde febrero de 2008.

En un comunicado, el propio departamento de Meritxell Batet aseguraba que ni ha propuesto ni va a proponer, ningún cambio ni modificación en dicha regulación y que lo que ha hecho ha sido responder a una consulta que afectaba “exclusivamente” a los empleados públicos de nuevo ingreso y relativa sólo a si deben o no computar los periodos de práctica o cursos selectivos como periodo efectivamente trabajado.
Habrá un recorte en supuestos concretos

A pesar de que la denuncia de CSIF generó una “gran alarma”, el sindicato se refería a los días de libre disposición de supuestos concretos, y no menos importantes, como el de las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas con una excedencia por cuidados familiares o los funcionarios de nuevo ingreso.

Para estos casos, el Ministerio de Función Pública aplicó el pasado mes de diciembre un factor de proporcionalidad, de tal manera que los días de asuntos propios fuesen proporcionales al tiempo trabajado durante el año natural.

El propio secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, se vio obligado a explicar que lo que había hecho ahora el Ministerio era aclarar que, para funcionarios de nuevo ingreso, el periodo trabajado que se tendrá en cuenta para calcular los moscosos será el que media entre la toma de posesión de su plaza y el final del año.

Por lo tanto, desde el Ministerio de Función Pública niegan las acusaciones del sindicato y aseguran que solo hay una novedad respecto a los ‘moscosos’: se concreta que el periodo de prácticas no computará para el reconocimiento de estos días libres.
La aclaración del Gobierno no frenó la alarma

A lo largo del pasado miércoles, CSIF y el Gobierno cruzaron comunicados al respecto y los sindicatos CCOO y UGT también se posicionaron, con varias críticas a ambas partes.

Una situación que generó, según expresan a ECD fuentes de la Administración, una enorme confusión en la mayoría de los ministerios y empresas públicas y ha disparado la solicitud de días moscosos en las últimas jornadas laborales.

Desde CSIF aseguran que, de no modificarse el texto del acuerdo, tomarán acciones legales en su contra. Tanto por la cuestión general de la asignación de los días de manera proporcional como por el caso de las excedencias por violencia de género.

En UGT y CCOO, aunque difieren con el sindicato de funcionarios en la mayoría de sus quejas, coinciden en criticar al Gobierno por la concreción del criterio de los funcionarios en prácticas sin que se les haya consultado al respecto, por lo que pedirán explicaciones a Función Pública.


Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1889 en: 13 de Febrero de 2019, 06:17:26 am »
¿'Superpuente' a la vista? El Parlamento Europeo propone declarar el 9 de mayo como festivo en toda la UE

 El Parlamento Europeo propone declarar el 9 de mayo como festivo en toda la UE 20MINUTOS.ES 12.02.2019 - 17:41h En una comunidad como Madrid, este año, usando siete días de vacaciones, podría ofrecer 16 días de libranza.

El informe sobre la Ciudadanía Europea ha sido aprobado por 459 votos a favor, 170 en contra y 49 abstenciones. La propuesta es solo parlamentaria y todavía debería pasar el filtro de la Comisión Europea. A FONDO: ¿Por qué el Parlamento quiere que el 9 de mayo sea festivo en la Unión Europea? Parlamento Europeo Votación durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Patrick Seeger / EFE

El Parlamento Europeo ha aprobado el informe sobre la Ciudadanía Europea de la eurodiputada de UPYD, Maite Pagazaurtundúa, que incluye la propuesta de declarar el 9 de mayo, Día de Europa, como festivo en toda la Unión Europea. El texto, que no es vinculante, fue aprobado por 459 votos a favor, 170 en contra y 49 abstenciones. 🇪🇺Hoy el pleno ha respaldado por amplia mayoría el informe de Ciudadanía europea, del que he sido ponente. Defender Europa sin complejos, su ciudadanía europea, es apostar por prosperidad y crear un Estatuto q ponga a las personas en el centro del sistema https://t.co/EcHJ3NoIMv — Maite Pagazaurtundúa (@maitepagaza) 12 de febrero de 2019 El informe defendido por Pagazaurtundúa plantea una hoja de ruta para la creación del Estatuto de ciudadanía de la UE. Ese estatuto supondría compilar en un solo texto los derechos específicos de los ciudadanos y las libertades fundamentales que se consagran en las distintas normas de la Unión y en la jurisprudencia.

Con ello pretenden el "fin a la discriminación de los ciudadanos comunitarios por su nacionalidad" y una "ampliación de los derechos más allá de la libre circulación, para impulsar un compromiso político". En una nota de prensa, aclaran que en un "contexto de desafíos", el Parlamento defiende "exprimir al máximo el potencial de la ciudadanía europea". Un plan de estudio, enfocado en la Unión Además de convertir el Día de Europea en festivo en todos los estados miembros, el documento propone también desarrollar en planes de estudio de los sistemas educativos de los países miembros de la Unión Europea contenidos que promuevan la dimensión europea, y que permita a los alumnos conocer el espacio común. Lo que pretenden es introducir los asuntos europeos en el currículo escolar.

En este sentido, también se apuesta por potenciar y dedicar más fondos a programas como Erasmus +, el Programa de Igualdad y Ciudadanía y el Programa Europa para los Ciudadanos o programas voluntarios europeos, como el Servicio Voluntario Europeo y el Cuerpo Europeo de Solidaridad. A juicio de los que los presentan esos programas potencian las posibilidades de movilidad así como el desarrollo educativo y personal de los jóvenes europeos. 

Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1890 en: 16 de Febrero de 2019, 14:19:45 pm »
No me cansaré de repetirlo...la administración.es generalmente CABRONA.



El Supremo condena a Salvamento Marítimo a indemnizar con 114.000 euros a un funcionario que sufrió un accidente laboral


 El trabajador salió despedido por el aire como consecuencia del enganche de un cable de salvamento –que estaba utilizando para rescatar a un barco hundido– a la hélice del barco que se activó de forma automática

 La Inspección de Trabajo sanciona al ente público y puntualiza que las causas directas del accidente fueron la falta de evaluación de riesgos por parte de la empresa

 El Supremo resuelve el conflicto 12 años después del accidente –fijando la indemnización del funcionario– tras cuatro años de conflicto con Salvamento Marítimo por la cuantía de esta compensación



Embarcación de Salvamento Marítimo
Por Mónica Martín
15 feb 201921:38

Carlos (nombre ficticio) fue contramaestre en Salvamento Marítimo –organismo dependiente del Ministerio de Fomento– durante 24 años hasta que un accidente de trabajo, que tuvo lugar mientras realizaba tareas de salvamento, le incapacitó de manera permanente. Tras una investigación de la Inspección de Trabajo y tres sentencias, en las que el ente público se resistía a pagar la indemnización que estableció la justicia en primera instancia, ahora el Tribunal Supremo condena al organismo a indemnizar a Carlos con 114.651 euros por daños y perjuicios.


El accidente tuvo lugar en el año 2007. El funcionario trabajaba en un buque de salvamento que realizaba un rescate a un barco pesquero hundido a más de 140 metros de profundidad, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es. El objetivo era "remolcar el barco hasta aguas menos profundas", indica Ignasi Jornet, abogado del trabajador.


La maniobra que los empleados tenían que ejecutar consistía en atar con un cable el codaste del barco hundido y levantarlo hacia la superficie. Mientras se realizaba esta operación la hélice del barco se activó "debido a un sistema automático que hace que el buque se mantenga en la misma posición" a pesar del viento y las olas.

"Este sistema plantea un riesgo añadido", precisa la Autoridad Laboral en su informe de infracción tras investigar los hechos. El cable de salvamento se enganchó con la hélice, "se tensó de forma violenta" y provocó que Carlos saliera despedido por el aire a más de cuatro metros de altura, precisa la resolución.

Como consecuencia del impacto, el empleado sufrió fracturas en la tibia y peroné, una lesión en el menisco y trastorno de estrés postraumático, "lesiones calificadas clínicamente como graves", según el documento de la Inspección de Trabajo a la que ha tenido acceso este medio. El informe sobre el accidente emitido por la empresa, por su parte, alega que la operación que estaban realizando los funcionarios "no suponía ningún riesgo".

La Autoridad Laboral sanciona al ente público y puntualiza que las causas directas del accidente fueron la falta de evaluación de riesgos por parte de Salvamento Marítimo y la situación del trabajador junto a equipos de trabajo que implican un riesgo grave de proyección, "por la sobretensión motivada por el sistema automático del barco", precisa el inspector de Trabajo.

Infracción grave
Tras la investigación del accidente por la Autoridad Laboral, queda constatado que la empresa vulneró la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), la cual establece en sus disposiciones normativas las medidas de seguridad que deben adoptarse en caso de riesgo de caída de objetos, proyecciones o rotura de elementos.


"Existe una falta de evaluación de riesgos del trabajo desempeñado y una falta de planificación de la acción preventiva y de la determinación de procedimientos de trabajo seguros", señala la Inspección. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 31/1995 –que planifica la actividad preventiva de riesgos laborales– "la prevención debe estar integrada en el sistema general de gestión de la empresa" y Salvamento Marítimo lo infringe, según la autoridad. eldiario.es se ha puesto en contacto con Salvamento Marítimo y, por el momento, no ha recibido respuesta del ente público.

El Ministerio de Trabajo –a través de la guía de prevención de riesgos– y los sindicatos recomiendan, en este sentido, la vigilancia y exigencia del cumplimiento de la Ley de PRL. "Los delegados de prevención realizan un papel clave en esta materia", precisa Sara de las Heras, responsable de Salud Laboral de USO. Añade que estos representantes de los empleados son los encargados de "recibir información y documentación de la empresa sobre este área para paliar los posibles riesgos laborales".

Conflicto por la indemnización
Carlos adquiere la Incapacidad Permanente Total –aquella que te inhabilita para desempeñar el puesto de trabajo habitual– dos años después del accidente tras 405 días de estabilización lesional y dos intervenciones quirúrgicas. El trabajador había estado dado de alta en el Régimen Especial del Mar más de 31 años y un total de 36 años en distintos regímenes de la Seguridad Social, tal y como explica su representante legal.

La empresa tenía contratada una póliza de seguro en caso de accidentes que indemnizó al empleado con 78.131 euros, cantidad que le corresponde de acuerdo con lo establecido en el convenio de salvamento marítimo, sin embargo un juzgado de primera instancia eleva la cuantía a 107.360 euros en concepto de indemnización civil por los daños derivados del accidente.

Salvamento Marítimo recurrió la sentencia insistiendo en pagar únicamente la compensación en base al convenio y el TSJ de Catalunya rectifica la resolución de instancia fijando la cantidad total a percibir por Carlos en 36.520 euros.

El conflicto laboral finaliza en el Tribunal Supremo, que sostiene que la compensación derivada del convenio colectivo "no contempla los daños causados" al trabajador y se acoge al nuevo sistema de valoración de daños y perjuicios regulado por la Ley 35/2015 que reconoce el lucro cesante –la diferencia de ingresos entre lo que el trabajador habría cobrado tras seguir en activo y lo que cobró por pensión de incapacidad permanente hasta el momento de su jubilación a los 55 años– en casos de lesiones con secuelas.


Esta ley establece en su artículo 132 que "las prestaciones por incapacidad permanente –incluso si se trata de la absoluta– no excluyen el reconocimiento de una cantidad indemnizatoria que compense el lucro cesante" y subraya que la compensación de Carlos se calculará en base a esta norma. Por ello, el Alto Tribunal concluye que Salvamento Marítimo tendrá que indemnizar a Carlos con 114.651 euros por el daño y las secuelas que le incapacitan para desempeñar su actividad habitual.

Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1891 en: 18 de Febrero de 2019, 07:32:54 am »

Lucía Llanos, con el uniforme de Guardia Civil.


Lucía, guardia civil jubilada con 32, se siente abandonada: los retirados se mueven

Colgó el uniforme obligatoriamente a los 32 años por una enfermedad. Se queja del excesivo copago farmacéutico, que alcanza el 30%. Pide que lo bajen al 8%, como lo tienen muchos jubilados.
18 febrero, 2019 02:19


David Palomo @Davidlpalomo

Lucía Llanos, a los 32 años, se tuvo que jubilar por una enfermedad; y Jesús, a la misma edad, hizo lo propio tras sufrir un accidente en un acto de servicio. Los dos soñaron, en diferentes etapas de su vida, con ser guardias civiles; los dos pasaron, a la primera, las oposiciones; y los dos, con orgullo, ingresaron en el Cuerpo. Pero, por desgracia, lo tuvieron que dejar antes de lo esperado (y deseado). Un día, irremediablemente, abrieron el armario, colgaron su particular traje de ‘luces’ y dijeron adiós. Aunque no para siempre. Ellos, junto a otros compañeros, han iniciado una ‘lucha’ para que se les reconozca y no queden en el olvido –a pesar de no estar en activo–. “Somos útiles, pero nos sentimos abandonados”, lamentan en conversación con EL ESPAÑOL. Por eso, crearon la Asociación de Retirados (RAGCE). Y por eso, coincidiendo con la no aprobación de los presupuestos, acudieron al Congreso para entregar a los diferentes partidos un decálogo con cambios que consideran necesarios.

Entre sus quejas, el excesivo copago farmacéutico que abonan los guardias civiles jubilados (quieren que se reduzca del 30% al 8%), el apoyo a las viudas/os  (“algunos viven con 600 euros de pensión”), el aumento de su participación institucional y la devolución de las ayudas de carácter social suprimidas (natalidad, adopción...). “Tenemos la obligación de luchar por lo que consideramos justo. Hemos hecho mucho por este país, podemos seguir ayudando y, sin embargo, nos sentimos apartados”, explican. Eso sí, la lucha no ha hecho sino empezar…

La plataforma de jubilados es de reciente creación. “Nos animamos y, un día, quedamos 13 guardias civiles en Madrid y sentamos las bases del proyecto”, recuerdan. Oficialmente, la asociación se constituyó en agosto de 2018. Desde entonces, buscan mejorar su situación y recuperar los derechos perdidos con una mujer al frente: Lucía Llanos (Ferrol, Galicia, 1972). Ella, pionera en casi todo, se multiplica estos días: habla con políticos, con periodistas... “Es mucho trabajo, pero confío en que salga bien”, comenta, esperanzada en conversación con este periódico.

Pionera del fútbol femenino y en la Guardia Civil

En realidad, esta es su última conquista. Antes, tuvo que protagonizar muchas otras. ¿La primera? Ser futbolista. “En eso fui pionera”. Jugó en la máxima categoría femenina y abrió camino. Eso le gustaba. Mucho, de hecho. Pero lo que más deseaba era entrar en el Cuerpo. “Yo venía de una familia de guardia civiles, tenía el cuartel al lado de mi casa y era mi sueño”. Sin embargo, su tarea no resultaba sencilla. “Cuando yo tenía 16 años, entró la primera promoción de mujeres. Y, a los 18, cogí un tren a Madrid y me fui para allá”. Pasó todas las pruebas y entró en la academia en Baeza.

Allí, fue, al mismo tiempo que Emiliana Pascual, la primera mujer corneta. “Entonces, era muy raro estar ahí. Ibas por la calle y te preguntaban: ‘¿De verdad que eres Guardia Civil?’. No creían que pudiéramos formar parte del Cuerpo”, recuerda. Pero así era. Ella lo consiguió. Fue primero a la academia, donde nunca sufrió discriminación, y después pasó por diferentes puestos. “En la calle, eso sí, las cosas eran diferentes. Quedan muchos techos de cristal por romper”, lamenta.

De una u otra forma, terminó su formación en Baeza y empezó a ejercer de lo que siempre había soñado: pasó por Tarragona, por Cullera y terminó su carrera en el servicio fiscal de Barajas. Pero, una vez allí, comenzaron sus problemas. “Tuve artritis reumatoide y, aunque yo quería quedarme por todos los medios siendo Guardia Civil –así se refleja en mi sentencia–, me vi obligada a jubilarme prematuramente”. Su carrera se estancó. “Pasé varios años mal y con ayuda psicológica porque me encontraba perdida”. Todos sus sueños y sus anhelos se truncaron.

Entre los perjuicios, tenía 32 años cuando se jubiló y estaba obligada a medicarse de por vida por esa maldita artritis reumatoide (enfermedad degenerativa). “Con un 30% de copago farmacéutico por ser Guardia Civil. Ahora mismo, gasto 130 euros al mes, pero hay compañeros que tienen que abonar entre 300 y 400 euros. Lo que queremos es que nos lo reduzcan al 8%, como lo tienen muchos jubilados”, reclama Lucía.

"No nos invitan el día de nuestra patrona"

Pero, más allá de lo monetario, ella reclama que, a pesar de no estar en activo, se cuente con ellos. “Somos útiles, pero se nos ha apartado. Nos sentimos abandonados”. ¿El ejemplo? “No nos invitan al Pilar, nuestra patrona; no estamos representados en el Consejo de la Guardia Civil; y no se tienen en cuenta nuestros puntos de vista. Eso por no hablar de cuando vas a un cuartel y te dejan fuera”, se queja. Todo eso le duele. Pero está dispuesta a cambiarlo. A sus 46 años y después de mucho tiempo encadenando diferentes trabajos y estudios (se sacó Educación Social en la Complutense), su labor al frente de la Asociación no ha hecho mas que empezar. Y sus compañeros se lo agradecen.

Jesús, por ejemplo, tiene dos hijos. “Nunca he recibido ninguna ayuda, pero, obviamente, me vendría bien, como consta en el Plan Social que nos quitaron”. Actualmente, lo que persiguen desde la asociación es recuperar esas bonificaciones que se daban por natalidad, adopción, familia numerosa, idiomas, enseñanza en universidades o ayudas para cercanías. Eso, ahora mismo, sólo lo perciben el primer año tras pasar por el retiro. Después, nada.

“Lo das todo para ayudar a la gente y, después, te jubilan y se olvidan de ti”, lamenta Jesús. Él, que entró en la Guardia Civil tardíamente (lo hizo a los 26 años después de trabajar en el campo), se retiró por un accidente en acto de servicio. “Tuvimos una llamada porque un chaval quería matar a su novia. Llegamos allí, yo fui a auxiliar a un compañero y, cuando estaba poniéndole los grilletes al agresor, se giró y me golpeó con una piedra en la cabeza”. Fue el final de su carrera.

Jesús (Castilla-La Mancha, 1965) estuvo varios días en coma. Después, se lo tuvieron que contar todo. Pasó varios controles médicos, pero le obligaron a retirarse. Tenía, también, 32 años, dijo adiós al Cuerpo. Colgó el uniforme y tuvo que asumir que nunca jamás volvería a trabajar. “Me dedico a lo mejor que se puede hacer en la vida: cuidar de mi familia y de mi mujer”, reconoce, contento por haber sobrevivido a aquel palo. Pero, como la mayoría de sus compañeros, siente que lo han abandonado. “Después de sufrir aquel accidente, por ejemplo, me propusieron para darme una medalla por mi historial. El expediente estaba totalmente limpio y procedía darme un galardón. Lo firmo, digo que sí y al tiempo me dicen que no me lo dan. ¡Me quedé con una cara!”, se sigue sorprendiendo.

Esa es su queja y la de la mayoría de los jubilados jóvenes. No se sienten útiles, pero saben que pueden serlo. “Tenemos mucho que aportar”. Por eso, desde la Asociación seguirán luchando para que se les reconozca, pero también para que los que siguen en activo, cuando les toque, se retiren en mejores condiciones. Y lo hará, la Guardia Civil, con una mujer al frente. Quién se lo iba a decir a ella cuando nació, cuando soñó con llegar al cuerpo sin ningún referente femenino. Seguramente, nadie. Ahora, se lo cree. Por eso lucha. O, mejor dicho, por eso seguirá luchando.



Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1892 en: 25 de Febrero de 2019, 08:13:17 am »

La cara oculta de ser policía
Son personas que sufren o padecen cuando observan cualquier desgracia, presencian un trágico accidente o cuando acuden a un lugar donde cientos de personas corren en la dirección contraria a ellos.
Javier L. Gil Martín   23 de febrero de 2019


 

Estamos acostumbrados a ver a los cuerpos y fuerzas de seguridad como instituciones dotadas de personal, cuyo comportamiento debe adecuarse al cumplimiento del ordenamiento jurídico, tener buenas relaciones con la comunidad, realizar un correcto tratamiento a detenidos, tener una dedicación profesional en defensa de la ciudadanía, y por supuesto ejercer su trabajo bajo la responsabilidad que el uniforme que lleva puesto otorga.

Se podría decir que todas estas cuestiones vienen inherentes en el puesto que  desempeñan, de la misma forma que un arquitecto, un médico o un juez entre otros muchos profesionales, también se encuentran bajo el peso de la responsabilidad profesional por el cargo que desempeñan, y parece por ello procedente preguntarnos:  ¿Qué se oculta debajo del Uniforme?

 
Personas

 

Personas que sufren o padecen cuando observan cualquier desgracia, presencian un trágico accidente o cuando acuden a un lugar donde cientos de personas corren en la dirección contraria a ellos.

Personas que en muchas ocasiones tienen miedos, dudas o fragilidades a la hora de afrontar situaciones en las que nadie querría encontrarse. Aunque en casa les espere su pareja, sus hijos y en definitiva, su familia, deben actuar con la decisión necesaria en aras de proteger a la ciudadanía y garantizar que los derechos de las personas son respetados, afrontando el riesgo que sea necesario para ello.

 
Esta cara oculta y a veces ignorada sobre los profesionales de la Policía como personas, es una realidad que no siempre es visibilizada por la sociedad

 

Ya que a veces se ignora el elemento personal y se observa a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad como solo uniformes que trabajan, vacíos de cualquier componente personal y lo que ello supone, como si no tuvieran miedos, dudas, pasiones, filias y fobias, que los buenos profesionales impide que influyan en su trabajo cumpliendo y haciendo cumplir la ley.

No es de extrañar situaciones de estrés postraumático que muchos policías tienen tras vivir situaciones complejas, tanto físicas como emocionales en sus cometidos profesionales. De hecho, según diversos estudios existentes es una de las profesiones con mayor índice de suicidios en España, y es que el uniforme es una herramienta de trabajo pero no sustituye nunca a la persona.

 
¿Qué sucede el día después de actuaciones policiales que han sido complejas emocionalmente hablando?

 

Deben colocarse ese uniforme que muchos han optado por considerarlo una coraza e iniciar un nuevo día de trabajo con las mismas exigencias de siempre, dispuestos a afrontar riesgos y tratando de olvidar el día anterior, por muy complicada que fuera la situación vivida.

Una sensación común a la inmensa mayoría de policías es sentirse solos y abandonados por las instituciones ante una actuación compleja. En vez de proteger el interés general y respaldar la actuación del agente, muchos mandos y políticos se preocupan más por velar por lo políticamente correcto, dejando sin defensa al agente al no respaldarlo en su actuación.

Si las cosas salen bien, esos mismos serán los primeros en la fila de las recompensas.

Por esto y otros muchos factores debería ponerse en valor la condición de las personas que se encuentran debajo de los distintos uniformes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, no ignorando que los miedos, dudas, fragilidades de las personas también les afectan a ellos, aunque el deber y profesionalidad les obligue a ocultarlos ante la sociedad.

 

 


Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1893 en: 06 de Marzo de 2019, 06:51:37 am »

Los funcionarios tendrán un día de fiesta más en 2019
Pasan de seis a siete las jornadas libres para asuntos propios porque este año el 12 de octubre cae en sábado

06/03/19access_time 1:02
Compartir

El calendario de 2019 ha llevo al Gobierno de Pedro Sánchez a tener un nuevo gesto con los funcionarios, con los que acaba de firmar un nuevo convenio colectivo; en este caso, para que no pierdan un día de fiesta.

El 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, cae este año en sábado. Se trata de un festivo “nacional de carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por las Comunidades Autónomas”.

Al caer en sábado, y por lo tanto ante la posibilidad de que los funcionarios perdieran así un día festivo, la Secretaría de Estado de Función Pública aprobó el 21 de febrero -seis días después de que Pedro Sánchez anunciara la decisión de convocar elecciones- una resolución para establecer “el régimen de disfrute de un día de permiso adicional”.

En la resolución consultada por Confidencial Digital, la Secretaría de Estado resuelve que “el personal al que le es de aplicación la Resolución de 28 de diciembre de 2012 tendrá derecho al disfrute durante el año 2019 de otro día de permiso adicional dado que el día 12 de octubre de 2019 es festivo nacional de carácter retribuido, no recuperable y no sustituible por las Comunidades Autónomas, y coincide en sábado”.

Eso afecta a los funcionarios de los ministerios, los policías nacionales y cualquier otro personal funcionario de la Administración General del Estado.

La resolución de 2012 citada habilita, en su punto 9.8, “a incorporar a los calendarios laborales, cada año natural, como máximo un día de permiso cuando alguna o algunas de las festividades laborales de ámbito nacional de carácter retribuido, no recuperables y no sustituibles por las Comunidades Autónomas coincidan en sábado durante dicho año, lo que habrá de determinarse por Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública con anterioridad al día 28 de febrero de cada año”.

En base a esa posibilidad, el Gobierno amplía ahora de seis a siete los días de permiso o de asuntos particulares para 2019.

El día adicional de permiso para compensar que el 12 de octubre sea sábado lo podrán disfrutar los funcionarios o bien individualmente, o bien acumulándolo a los días de vacaciones de 2019 o otros días de asuntos particulares.

Además, la resolución del pasado 21 de febrero firmada por el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, indica que “este permiso deberá ser tenido en cuenta por los subsecretarios así como por los órganos competentes en materia de personal de los demás organismos y entidades públicas y por los delegados del Gobierno en sus respectivas comunidades autónomas, cuando aprueben los calendarios laborales correspondientes a sus respectivos ámbitos”.


Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1894 en: 13 de Marzo de 2019, 15:13:52 pm »


El decreto del permiso de paternidad en el aire: podría no tramitarse por inconstitucional

La Mesa del Congreso decidirá este jueves si admite tramitar el decreto ley después de que Cs haya planteado dudas sobre su constitucionalidad.
13 marzo, 2019 12:52

 PERMISO DE PATERNIDAD  CIUDADANOS  PSOE
Redacción | Agencias
La Mesa del Congreso decidirá este jueves si admite tramitar el decreto ley que amplía de cinco a ocho semanas los permisos de paternidad, después de que Ciudadanos haya planteado dudas sobre la constitucionalidad de esta norma.

Para ello, la Mesa tendrá en cuenta un informe que se ha encargado a los servicios jurídicos de la Cámara con el fin de determinar si un decreto ley aprobado por el Gobierno puede modificar una Ley Orgánica, algo que en opinión de Ciudadanos no puede hacerse, como ya sentenció el Tribunal Constitucional.

Según ha explicado el representante de Ciudadanos en la Mesa del Congreso, Nacho Prendes, el decreto ley del Gobierno alega que modifica la Ley Orgánica de Igualdad de 2007 y la legislación prohíbe que las leyes de rango orgánico puedan ser modificadas por una norma extraordinaria como el decreto ley.

En concreto, el artículo uno del decreto ley recoge la modificación de dos artículos de esta norma en lo referente a la elaboración de planes de igualdad por parte de las empresas.

El Gobierno cambia el artículo 45 para extender hasta las empresas de cincuenta trabajadores o más la obligatoriedad de negociar y aplicar estos planes. Hasta ahora, sólo era imperativo para las compañías de más de 250 empleados, mientras que en el caso del resto era una iniciativa opcional.

Además, hay modificaciones en el artículo 46 para la creación de un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, dependiente de la Dirección General de Trabajo, en el que deben quedar registradas todas las compañías con este programa. Y se recoge el desarrollo de un reglamento que servirá para determinar las materias, las auditorías salariales y los sistemas de evaluación y seguimiento de los planes de empresas, así como lo relativo a la constitución, características y condiciones, inscripción y acceso al nuevo registro.

La no admisión del decreto crearía una situación inédita en el parlamentarismo español, según el vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, de Cs, quien está convencido de que en ese caso la norma no se daría por convalidada y no podría entrar en vigor el próximo 1 de abril, como aprobó el Ejecutivo.

Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1895 en: 28 de Marzo de 2019, 07:26:58 am »


Augusto y Carlos, Policía y Guardia Civil, se han suicidado.

El suicidio de dos policías y un guardia civil en dos días: antes morir que la baja por depresión

“Muchas veces, hay compañeros que tienen problemas y no lo dicen para que no los marquen”, cuentan a EL ESPAÑOL.
28 marzo, 2019 02:44

David Palomo @Davidlpalomo

Los números, con tan solo tres meses casi capitulados en el calendario de 2019, son dramáticos: ocho suicidios entre Policías y Guardias Civiles. Tres de ellos, en las últimas 48 horas.  Juan, en Basauri (País Vasco); Carlos, en Orense (Galicia); y Augusto, en Sagunto (Valencia). ¿Por qué? ¿Qué ocurre? No hay, obviamente, una causa única. Ni siquiera un patrón. Pero, desde dentro, apuntan, entre las muchas circunstancias, a las consecuencias que conlleva para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado darse de baja por depresión. “Muchas veces, hay compañeros que tienen problemas y no lo dicen para que no los marquen”, cuentan fuentes consultadas por EL ESPAÑOL. El miedo a una prejubilación anticipada o a perder posibilidades de ascenso pesan entre los agentes.

Esa versión la ratifica Daniel Jesús, psicólogo especializado: “Por un lado, coger una baja te puede llevar a no ascender. Por otro, si es por un intento de suicidio, te retiran el arma y cobras menos”. Eso lleva a muchos, según comentan desde dentro del Cuerpo, a aguantar. Hasta que ya es demasiado tarde. Sin protocolo de suicidio –se lleva trabajando en uno desde enero– “no sabemos qué hacer ni cómo actuar ante la problemática. Al final, a los que nos llaman, lo que hacemos es remitirles a Ángeles de Azul y Verde (los salvavidas entre la Guardia Civil y la Policía)”.

Por eso, piden, desde diferentes sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que el protocolo sea una realidad lo antes posible. “Es necesario. Cada tres días hay prejubilaciones por problemas psicológicos”, prosiguen. El problema es real. En España, 10 personas se quitan la vida cada 24 horas (un total de 3.600 al año). Y, entre todos estos, los Cuerpos encabezan las profesiones más afectadas por los suicidios, según La Barandilla, grupo que trata de erradicar y ayudar a las personas que lo necesiten.

SIN CAUSAS APARENTES

La problemática, esta semana, ha cobrado mayor dimensión por lo ocurrido en las últimas 48 horas. El caso de Carlos, jefe de servicio cinológico de la Guardia Civil en Galicia –el que busca a los desaparecidos con perros–, ha sido, quizás, el más mediático. De él, precisamente, ha sido del que más detalles han trascendido. Se pegó un tiro en la cabeza –el método más habitual– delante de Rocío, su mujer. Acudió a la residencia donde ella trabajaba, subió a la segunda planta y esperó a que su esposa terminara de atender a un paciente. Después, gritó su nombre y se quitó la vida. Se desconocen los motivos que lo llevaron a hacerlo, pero sí que deja dos hijos y una trayectoria que comenzó en la benemérita en 1990 y terminó en este 2019.
La segunda vida de El Ganso: la ropa de "estilo pijillo" sale del agujero
David PalomoLa marca española, tras cerrar 23 tiendas, anunciará la refinanciación de su deuda de 25 millones de euros.…

Por el camino, muchas búsquedas, la mayoría concluidas sin encontrar a los desaparecidos. “Estas cosas te marcan mucho”, declaraba, en una entrevista a La Voz de Galicia. Esa pudo ser la causa. “Por una parte, existe la certeza de que tienen acceso a un método letal. Por otro, los motivos, en muchos casos, además de personales –como esgrime una y otra vez la administración–, también son laborales. Tienen un trabajo estresante y están en contacto con lo peor de la sociedad: la muerte, los sucesos… Esto, sumado a un sistema de trabajo de turnos y las condiciones económicas”, cuenta el psicólogo Daniel Jesús.
Carlos Lozano, junto a su pareja Rocío.

Carlos Lozano, junto a su pareja Rocío. E.E.

Esa, por tanto, pudo ser la causa, aunque desde su círculo más cercano no se lo esperaban. “Se encontraba bien, nunca dijo o comentó nada”, concluyen. Como ocurrió en el caso de Juan, Policía Nacional, que se encontraba en activo. En este caso, nadie tenía constancia de que sufriera un problema. Pero así debía ser. Lo encontraron en el cuartel. Fue una sorpresa para todos. Repentinamente, se quitó la vida sin que desde dentro se pudiera hacer nada.

Muy diferente es el caso de Augusto, que se instaló en Sagunto como inspector jefe de la Policía después pasar por homicidios en Valencia. Estaba de baja por problemas psicológicos cuando se quitó la vida. Se desconocen tanto la ejecución como los motivos. Pero, según los expertos, pudieron ser varios (más allá de los ya mencionados)…

“La dificultad para ascender en la Guardia Civil, por ejemplo. Da igual lo que hagan, siguen igual. O las condiciones laborales y las dificultades para compaginar su profesión con la vida familiar. O la perspectiva de que tienen que ser duros y la depresión es de débiles”, cuenta Daniel Jesús. “Hay veces que tienes problemas en casa y, cuando sales por ahí, te toca ver cosas desagradables. Eso no te permite desconectar y es complicado”, reconocen desde dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por todos esos problemas, la tasa de suicidios es tan alta en la Policía y la Guardia Civil. En concreto, 28 en 2016; 44, en 2017; y 29, en 2018. Un problema que piden erradicar desde dentro mediante un protocolo de actuación. Las cifras ofrecen poco lugar a la duda.




Desconectado Der Kaiser

  • Experto II
  • *
  • Mensajes: 2822
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1896 en: 28 de Marzo de 2019, 22:16:46 pm »
 :Lazo_Negro :Lazo_Negro :Lazo_Negro

Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1897 en: 31 de Marzo de 2019, 09:09:00 am »
Condenada a indemnizar con más de 4.000 euros por agredir a un efectivo policial, con riesgo de contagiarse el de hepatitis y VIH

La detenida deberá indemnizar nuestro compañero tras agredirle y contaminándolo con sangre en el interior de uno de sus ojos.

El Juzgado Penal número 1 de Sabadell ha condenado Nadia GG como criminalmente responsable de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, con concurso ideal de tres faltas de lesiones, a 6 meses de prisión ya indemnizar económicamente a los tres agentes afectados .

Los servicios jurídicos del Sindicato Autónomo de Policía (SAP-FEPOL) se personaron como acusación particular, en defensa de los intereses de uno de los tres agentes afectados y afiliado a nuestra organización, al haber sufrido lesiones de diversa consideración y haber tenido que someterse a un tratamiento preventivo antirretroviral por exposición a riesgo biológico por contacto con sangre.

La detenida agredió a los tres efectivos policiales, después de que éstos tuvieran que hacer presencia en el interior de un bar por una pelea. La detenida abalanzándose sobre los efectivos policiales, propinó empujones, arañas y golpes a los efectivos policiales, llegando a contaminarlo con sangre en uno de ellos en el interior del ojo.

Defendiendo los intereses de nuestro compañero desde el inicio del procedimiento penal, el Juzgado Penal 1 de Sabadell ha atendido los argumentos esgrimidos por nuestros servicios jurídicos y además de declarar culpable a la detenida, la ha condenado a pagar una indemnización de 4.102, 75 euros (la más alta, de las tres que tiene que pagar a cada uno de los efectivos policiales).

Y es que en el transcurso del juicio, los servicios jurídicos del SAP-FEPOL han acreditado los problemas y perjuicios que el contagio con sangre han provocado a nuestro compañero, así como también los problemas de aceptación en el ámbito familiar y el malestar psicológico que provocaba el hecho de desconocer (hasta la espera de los resultados) si estaba o no infectado, sin olvidar la afectación que este hecho producirle en la esfera laboral.

Por lo tanto, los servicios jurídicos de nuestra organización, en la defensa de los intereses de nuestros afiliados y de nuestras afiliadas y por extensión de todo el colectivo, vuelven a alcanzar una sentencia ejemplar, en el reconocimiento del derecho a ser indemnizados por daños morales por el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas.).

http://sap-mossos.cat/2019/03/27/18241/

Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1898 en: 10 de Abril de 2019, 15:37:49 pm »

LUNES, 8 DE ABRIL DE 2019

Una guardia urbana embarazada denuncia al Ayuntamiento por "discriminación"


La policíaa, apoyada por CSIF, reclama obtener la baja por motivos profesionales, la misma que tiene su pareja, bombera municipal y que también espera un hijo

   

JORDI SUBIRANA

Una agente de la Guàrdia Urbana ha presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Barcelona ante Inspección de Trabajo por un presunto caso de "discriminación" laboral. A la policía, que se encuentra embarazada, se le ha denegado la baja por contingencias profesionales a la que tiene derecho, bajo su punto de vista y el de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a diferencia de su pareja, bombera de profesión en el mismo consistorio, que desde el momento en que vio que no podía desempeñar su trabajo recibió la baja tras acogerse a “la situación de embarazo por riesgo” con el sueldo íntegro.


La guardia urbana que ha denunciado al Ayuntamiento se encuentra ahora de baja por enfermedad, “pero la legislación le otorga el derecho a acogerse a cobrar la prestación por riesgo durante el embarazo. Se trata de una prestación por contingencias profesionales y no por enfermedad común”, indica la agente en el texto enviado el 2 de abril a Inspección de Trabajo y al que ha tenido acceso Metrópoli Abierta. El consistorio no se ha pronunciado sobre el caso, pese a la petición de este medio.

La baja por enfermedad común comporta, para la persona que la coge, una pérdida económica y puede suponer en este caso no cobrar unos 3.800 euros, según CSIF. A esta denuncia se suma otra presentada por el sindicato, en la que subraya que en este caso "la Administración actúa de forma discriminatoria entre iguales" (entre la bombera y la policía) y reclama la urgente intervención de Inspección de Trabajo.


SUSTANCIAS NOCIVAS
En conversación con este medio, la policía, que prefiere permanecer en el anonimato, explica que tras comunicar, el pasado 18 de febrero, a sus superiores que estaba embarazada fue retirada de las labores de patrullaje -por los riesgos que comportaba- y le fue asignado un nuevo puesto de trabajo en la comisaría en la que estaba asignada.

El citado equipamiento policial se encuentra en reformas y la agente asegura que, a lo largo de la jornada, estaba expuesta a “sustancias nocivas presentes en el ambiente” fruto de las obras y a riesgos por inhalación de drogas en la comisaría y de radiación en la zona de los equipos de comunicación. “El resto de agentes también trabajan expuestos a las sustancias nocivas y tampoco se hace nada”, añade el secretario de Organización de CSIF, Eugenio Zambrano.

El 25 de febrero, la agente decidió cogerse la baja por incapacidad temporal y solicitó a Mutua Universal -la empresa que ganó la licitación en el Ayuntamiento y gestiona los accidentes laborales y las bajas en el consistorio barcelonés- el pago de la prestación económica de riesgo durante el embarazo, es decir la baja por contingencias profesionales, aunque ésta le fue denegada “por ser posible el cambio de puesto de trabajo por otro compatible con el estado de embarazo”.

Tras la intervención de los servicios de prevención del Ayuntamiento, se la destinó temporalmente -hasta que terminara la remodelación- a otra comisaría, aunque la agente se ha negado a ir porque, en el cuerpo de la Guardia Urbana, solo se puede cambiar de centro de trabajo si es a petición del interesado “o de manera forzosa tras un expediente sancionador”, afirman la policía y Zambrano.

INTERPRETACIÓN ARBITRARIA
En la denuncia se expone que la Administración local “ha hecho una interpretación arbitraria de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales en casos de mujeres en estado de gestación, proponiendo y ejecutando un cambio de centro de trabajo por no poder garantizar la salud [de la agente], a lo que está obligada legalmente”.

En el texto se recuerda que la policía está de baja por enfermedad cuando la ley le otorga el derecho a acogerse a cobrar la prestación por riesgo durante el embarazo, un término que no hay que confundir con un embarazo de riesgo. La reclamante solicita con urgencia la intervención de Inspección de Trabajo por una “clara vulneración de los derechos de los trabajadores”. Según el representante de CSIF, “los procedimientos organizativos no pueden ir en contra de lo que dice la ley” y reclama declarar nula la decisión tomada en el caso de la policía.

Zambrano, que en los próximos días pondrá el caso en manos del resto de grupos de la oposición, opina que la situación que ha vivido la policía va contra los principios de igualdad que transmite políticamente el gobierno de Ada Colau. Una de las concejalías que los comuns pusieron en marcha cuando llegaron a la alcaldía fue de Feminismos y LGTBI y desde CSIF se asegura que el propio consistorio está incumpliendo su propio plan de Justicia de Género para revertir las desigualdades.

REVISIÓN DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
“Instamos al Ayuntamiento a que revise el caso de oficio y se facilite a esta persona la posibilidad de coger la baja por contingencias laborales, como su compañera bombera. La baja no tiene porque ser por incapacidad temporal. Si es así, la agente pierde una parte de la paga y se aumenta la brecha salarial entre hombres y mujeres”, afirma el sindicalista de CSIF, que también reclama al consistorio que revise los casos de mujeres que hayan podido pasar por esta situación los últimos cinco años. Si no se producen problemas, las agentes pueden trabajar hasta la semana 37 de embarazo.

Conectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ***
  • Mensajes: 174833
Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1899 en: 10 de Abril de 2019, 15:43:39 pm »
Y que diría Asepeyo ante una reclamación así?

Pues exactamente lo.mismo.que la Mutua Universal.


La prestación por riesgo durante el embarazo protege el periodo de suspensión del contrato en los supuestos en los que la trabajadora embarazada ocupa un puesto de trabajo con riesgo para su salud o la del feto, y no se ha podido adaptar para hacerlo compatible con su estado, ni reubicarla a otro sin riesgo.


https://www.asepeyo.es/duda/la-prestacion-riesgo-embarazo/