Autor Tema: Derechos y riesgos laborales  (Leído 205549 veces)

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1900 en: 12 de Abril de 2019, 07:30:00 am »


EN CHICLANA, CÁDIZ
Muere en un accidente laboral y sus jefes le quitan el uniforme: han sido detenidos


La Guardia Civil de Cádiz ha investigado a cuatro empresarios de Chiclana (Cádiz) como presuntos autores de los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos
Foto: Imagen de archivo de dos coches de la Guardia Civil. (EFE)
EUROPA PRESS
Guardia Civil
Cádiz
Inspección de Trabajo
Homicidios
Sucesos
12/04/2019 06:42 - Actualizado: 12/04/2019 06:52

La Guardia Civil de Cádiz ha investigado a cuatro empresarios de Chiclana (Cádiz) como presuntos autores de los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores por la muerte en julio de 2018 de un operario de 42 años. Tras sufrir el accidente laboral, el trabajador fue despojado de la ropa de la empresa y "le pusieron ropa de calle antes de llevarlo a ser atendido".

Como consecuencia de la investigación desarrollada por la Guardia Civil tras el fallecimiento, su viuda e hijos han visto incrementadas las pensiones que les correspondían y que tras el fallecimiento por supuestas contingencias comunes les habían dejado prácticamente en la indigencia, ha explicado la Guardia Civil.


La investigación se inició a finales de enero de 2019, cuando en el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Chiclana se recibió requerimiento del el Juzgado Mixto nº 4 de los de Chiclana para comenzar una investigación en colaboración con Inspección de Trabajo por la muerte que se había producido el 17 de julio de 2018.

Los hechos habían tenido lugar en las instalaciones de una empresa dedicada al montaje e instalación de elementos de decoración en distintas ferias y eventos del territorio nacional, hechos cuyo desenlace se cobró la vida de una persona.

Los agentes investigaron los hechos denunciados a finales de octubre ante la Inspección de Trabajo por parte de los familiares del fallecido, A.S.S., de 42 años de edad, e incluyeron la toma de testificales, visitas e inspecciones en la empresa implicada, así como una detallada Inspección Técnico Ocular, aunque la Guardia Civil ha detallado que la investigación se vio dificultada por el tiempo que había pasado desde que sucediera el accidente.

Las primeras actuaciones derivaron en nuevas propuestas de sanción ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento y ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, "habida cuenta del desprecio que los respons

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1901 en: 14 de Abril de 2019, 09:00:45 am »


El urbano expulsado denuncia que hay agentes que esconden enfermedades

Redacción
12/04/2019 15:23

Barcelona, 12 abril.- El ex agente de la Guardia Urbana expulsado del cuerpo tras ser declarado con una incapacidad permanente total laboral a raíz de un accidente, Vicente Flores, ha asegurado que hay policías que esconden enfermedades para no ser despedidos porque no se les da la alternativa de seguir trabajando en un puesto adaptado.

Flores, que preside la Asociación para la Integración Laboral de Policías Locales con Discapacidad, ha explicado que conoce agentes que esconden "enfermedades contagiosas", "esquizofrenia", "que llevan una sonda escondida" o "que tienen problemas en las manos que les impiden disparar" porque saben que corren el riesgo de ser expulsados de los cuerpos en los que prestan servicio, como le sucedió a él hace 10 años.

El agente Flores, que sufrió un accidente que derivó en una discapacidad física, fue expulsado en 2010 del cuerpo en aplicación del reglamento de segunda actividad de la Guardia Urbana de Barcelona, que impide el paso a una segunda actividad cuando la persona tiene una declaración de incapacidad permanente total, como es su caso.

El reglamento de segunda actividad regula el paso a otras tareas por razones de edad o de discapacidad en los casos en que el agente ya no puede desarrollar los trabajos habituales del cuerpo.

Con el apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Vicenç Flores, que mantiene un pleito con el Ayuntamiento de Barcelona para ser readmitido en la Guardia Urbana, ha llevado su caso hasta la ONU.

Hoy, Flores y el presidente del Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), Antonio Guillén, han entregado al Ayuntamiento de Barcelona el reciente dictamen del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El dictamen, que no es vinculante, considera que el expolicía fue discriminado en la continuidad de su empleo público por su situación de discapacidad cuando fue expulsado y no pudo acceder a una segunda actividad porque el reglamento que la regula en la Guardia Urbana de Barcelona es contrario a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de obligado cumplimiento desde que fue ratificada por España en 2008.

Según han explicado, el dictamen sobre el caso de Vicenç Flores considera que el reglamento municipal es contrario, entre otros, al artículo 5, sobre derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad.

También al artículo 27 sobre derecho al trabajo, al denegar cualquier posibilidad de diálogo para buscar los ajustes razonables necesarios para poder desarrollar una segunda actividad, complementaria de la que realizaba, en el cuerpo policial en el que trabajaba hasta el momento del accidente.

Además de compensaciones para Flores, el dictamen de la ONU, pide a España que adapte y aplique la normativa sobre segunda actividad de policías y bomberos al mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En declaraciones a los medios, el presidente del COCARMI ha destacado la necesidad de encontrar "una fórmula" para dar a las personas que tienen una discapacidad la posibilidad de trabajar y recibir la prestación económica, porque "tener una prestación no es un privilegio, te la dan porque has tenido una pérdida".EFE.


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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1902 en: 14 de Abril de 2019, 09:02:51 am »
Artículo tendencioso nuevamente por que no dice lo que realmente sucede y es que quien te manda al paro es la Seguridad Social tras pasar por tribunal médico...pero no todas las enfermedades o accidentes terminan en una jubilación prematura, hay policías que mantienen su puesto aún teniendo una discapacidad y aún habiendo pasado por un tribunal médico...esa es otra realidad que este artñiculo omite.

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1903 en: 19 de Abril de 2019, 07:36:13 am »

La Guardia Civil aprueba varias medidas de apoyo a las mujeres

No les restará el Complemento Específico Singular durante la baja por embarazo y mantendrá intacto el sueldo en reducciones de jornada por violencia de género

Fecha
19/04/19access_time 1:02


La Guardia Civil conmemoró en 2018 el treinta aniversario del ingreso de la primera mujer en este cuerpo más que centenario. La efeméride vino acompañada de actos, exposiciones y otras formas de celebración de este hito del avance de la integración de la mujer en todas las esferas profesionales.

Precisamente en los últimos años, también por presiones de las agentes, se han aprobado distintas medidas para mejorar la situación de las mujeres guardias civiles: en algunos casos, porque estaban en clara desventaja o discriminación, como la compra de chalecos antibalas adaptados a su anatomía, ya que antes sólo había chalecos unisex de hombre.

Confidencial Digital ha podido comprobar que más recientemente aún la Dirección General de la Guardia Civil ha tomado dos decisiones que van en la línea de reconocer derechos a las mujeres en determinadas situaciones especiales pero muy distintas: el embarazo, por un lado, y el reconocimiento como víctima de violencia de género, por otro.

Cobrarán el CES durante el embarazo

Desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) explican a ECD que, a una propuesta suya, la Dirección General de la Guardia Civil ha aceptado durante la baja por embarazo o por maternidad, las agentes sigan percibiendo el Complemento Específico Singular (CES).

El Complemento Específico Singular retribuye “las condiciones particulares o singulares de algunos puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, responsabilidad, peligrosidad o penosidad”.

En esta circunstancia, hasta ahora las mujeres guardias civiles a las que se les asignaba un nuevo destino mientras estaban embarazadas o de baja por maternidad dejaban de cobrar el CES hasta que efectuaban su incorporación a su nuevo destino, algo que no podían hacer en su situación, lógicamente; de forma que no empezaban a cobrarlo hasta que efectivamente se incorporaban a trabajar en el destino.

Algunas agentes litigaron en los tribunales de justicia para que se les reconociera ese derecho a cobrar el Complemento Específico Singular durante las bajas por embarazo o maternidad.

Pero ahora, por esta propuesta enviada a través del Comité de Igualdad de la Guardia Civil, la Dirección General ha decidido incluir una modificación en el proceso de elaboración del proyecto de real decreto que regulará la gestión y control de procesos de incapacidad temporal de condiciones psicofísicas de los guardias civiles.

De esta forma, se establecerá que las guardias civiles no dejarán de cobrar el CES pese a que por estar de permiso por gestación o por maternidad no se incorporen a su destino.

Además, explican desde APROGC, hasta que se apruebe dicha reforma legal el Mando de Personal de la Guardia Civil ha dado orden de que se tenga en cuenta esta circunstancia para las agentes que se encuentren en esta circunstancia.
En caso de violencia de género

Otro cambio reciente adoptado por la Guardia Civil beneficiará a las agentes víctima de violencia de género. En este caso ya está en vigor, ya que venía recogido en la Instrucción 1/2019 de la Dirección General de la Guardia Civil; instrucción que trasladó y adaptó a las especificidades del Instituto Armado las reformas del Decreto-Ley de marzo con el que el Gobierno de Pedro Sánchez amplió los permisos de maternidad (a 16 semanas) y paternidad (a ocho semanas).

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ponen en valor, además de las novedades sobre permisos por nacimiento, por adopción, por lactancia..., el cambio en el permiso por violencia de género sobre mujeres guardias civiles.

La Orden General 1/2016, por la que se regulan las vacaciones, permisos y licencias del personal de la Guardia Civil, permite la reducción de jornada a las víctimas de violencia sobre la mujer; pero, eso sí, establece que “las guardias civiles víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción de la jornada con disminución proporcional de la retribución”.

De nuevo la Dirección General de la Guardia Civil trata de que el salario de las mujeres guardias civiles no se vea afectado, como con el embarazo y la maternidad. Y con la citada Instrucción 1/2019, que entró en vigor el pasado 1 de abril, introduce una novedad:

“Cuando la reducción de jornada prevista en el permiso por razón de violencia de género regulado por el artículo 33 de la Orden General número1/2016, por la que se regulan las vacaciones, permisos y licencias del personal de la Guardia Civil sea de un tercio o menos, las guardias civiles víctimas de violencia sobre la mujer mantendrán sus retribuciones íntegras”.

“Progenitor diferente de la madre biológica”

Ya en el plano simbólico y no práctico, cabe señalar que con esta Instrucción 1/2019 la Dirección General de la Guardia Civil renombra algunos permisos. Por ejemplo, el “permiso por violencia de género” pasa a denominarse “permiso por razón de violencia de género sobre la mujer guardia civil”.

El permiso por parto se cambia por “permiso por nacimiento para la madre biológica”, mientras que el permiso por paternidad deja de llamarse así para ser el “permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija”.



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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1904 en: 20 de Abril de 2019, 12:42:40 pm »

Ola de suicidios en la policía francesa

 BEATRIZ JUEZ
    @JuezBeatriz
    París

Sábado, 20 abril 2019 - 10:14


En lo que van de año, 28 policías y gendarmes se han quitado la vida en Francia. Profesionales se concentran en señal de duelo delante de sus comisarías
Policías frente a una comisaría de Montpellier para rendir tributo a sus compañeros. AFP

Policías franceses se concentraron el viernes en duelo delante de sus comisarías en distintos puntos del país para expresar su malestar por la ola de suicidios en sus filas, rendir homenaje a sus compañeros fallecidos y pedir al ministerio de Interior francés que acelere la puesta en marcha de un plan antisuicidios para evitar que haya que lamentar más muertes en este cuerpo.

"El plan de lucha contra los suicidios en la policía debe convertirse en una causa nacional y ser decretado prioridad ministerial", reclamaron los sindicatos policiales franceses.

En lo que van de año, 28 policías y gendarmes se han quitado la vida en Francia. Algunos se han suicidado en sus puestos de trabajo o en sus domicilios y muchos de ellos lo han hecho con su arma reglamentaria. En 2018, 35 policías y 33 gendarmes se suicidaron en Francia, según las cifras del ministerio de Interior galo.

"Desde principios de año hemos tenido 28 suicidios, un agente cada cuatro días. Ya es hora de parar esto, que cambie y que nuestra administración por fin sea consciente del alcance del problema", dijo a France Info David Olivier Reverdy, secretario nacional adjunto del sindicato de la policía Alliance, después de que el jueves se suicidaran dos policías en París y Montpellier.

"Los agentes son requeridos todos los fines de semana a causa de las manifestaciones. Son jóvenes, están desarraigados después de salir de la academia de policía, están mal pagados y además no tienen vida privada, trabajan todos los fines de semana", se lamentó en Europe 1 Ivan Assioma, delegado de Alliance en la región parisina.

Endeudamiento, política de cifras, largas jornadas laborales, falta de reconocimiento, horas suplementarias no pagadas, aislamiento, sanciones desproporcionadas, precariedad social y miedo a la violación de la confidencialidad en las discusiones con los médicos y psicólogos del cuerpo son algunas de "las razones tabú que contribuyen a este drama humano", según la Federación Autónoma de Sindicatos del ministerio de Interior (UNSA-FASMI). El fácil acceso a las armas también podría ser otra causa.
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El ministerio de Interior francés lanzó en 2018 un plan para la prevención de suicidios dentro de la policía. El objetivo de este plan es identificar mejor a los agentes con tendencias suicidas, que tengan un mejor seguimiento psicológico a largo plazo y poner a su alcance un teléfono contra el suicidio disponible las 24 horas siete días a la semana.

Es difícil saber si la sobrecarga de trabajo que han tenido los policías franceses en los últimos meses con las manifestaciones de los "chalecos amarillos" y la violencia de algunas de estas protestas puede haber contribuido a esta ola de suicidios en las fuerzas de seguridad gala. En muchas de estas manifestaciones, los policías se convierten en blanco de la violencia de los manifestantes más radicales.

El sábado 60.000 policías y gendarmes serán movilizados en toda Francia para garantizar la seguridad durante las protestas de los "chalecos amarillos". Ya van 23 sábados consecutivos de manifestaciones amarillas. Y el cansancio de los policías se acumula y puede pasar factura.



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« Respuesta #1906 en: 20 de Abril de 2019, 13:47:01 pm »
Pues son cifras que llaman a la reflexión.

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« Respuesta #1907 en: 21 de Abril de 2019, 08:49:37 am »
Cuanto opinador iletrado hay en las redes...en que fuente de información habrá bebido este indocumentado para asegurar que en España se suicidaron 3900 policías en un año.

https://twitter.com/ATENEASXXI/status/1119548780045586433


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« Respuesta #1908 en: 21 de Abril de 2019, 17:39:21 pm »
Se le ha ido el dedo, por no decir que se la ido otra cosa . . .

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1909 en: 23 de Abril de 2019, 09:35:50 am »

Un suicidio cada cuatro días: por qué los policías franceses se están matando

Además de un ritmo de trabajo insostenible y bajos salarios, se han convertido en objetivo de terroristas islamistas, la extrema izquierda violenta y, ahora, de los chalecos amarillos

Autor
Luis Rivas. París
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23/04/2019 05:00 - Actualizado: 23/04/2019 09:28

En Francia cuando un policía dispara, la víctima es casi siempre el propio agente, que ha apuntado el arma contra sí mismo. Más de 28 miembros de las fuerzas de seguridad se han quitado la vida desde principios de año, lo que provoca un suicidio cada cuatro días. 2019 lleva camino de convertirse en el periodo negro del sufrimiento entre las fuerzas del orden.

¡“Suicidaos”! ¡Suicidaos!” gritaban el sábado grupos de chalecos amarillos durante la 23º protesta semanal desde que el movimiento nació en noviembre pasado. La radicalización de algunos grupos amarillos, ya perdidos en una deriva ultra, añadía así la ignominia a su degeneración ascendente. “El paroxismo del odio; un insulto a los muertos, a sus familias y a toda la institución", resumía la dirección del sindicato policial Alliance.

Los insultos contra las fuerzas del orden estaban destinados a provocarles, menos de 24 horas después de que en todas las comisarías de Francia el personal se manifestase detrás de una pancarta común que decía “Policía, en duelo”. Solo en la pasada semana, tres policías se quitaron la vida: un joven de 25 años; una capitana de 45, madre de dos niñas pequeñas; y un comandante de 44, también padre de hijos menores. “Es un duelo permanente”, según David Olivier Reverdy, secretario general adjunto de Alliance.

En 2018, 35 policías y 33 gendarmes se suicidaron. Una comisión del Senado trabajó durante seis meses sobre el problema y puso en evidencia la falta de medios y el malestar que conduce a muchos miembros de las fuerzas del orden ala angustia y a la depresión. Los sindicatos añaden también el bajo salario, la falta de formación adecuada, los horarios salvajes -sin fines de semana de descanso durante meses-, la presión de cumplir con cifras establecidas, la desconsideración y el aislamiento social o la mala gestión del departamento de recursos humanos, además de las condiciones materiales de trabajo.
Víctimas de asesinatos, agresiones y suicidios: así es ser policía en Francia
Luis Rivas. París
Una comisión del Senado se ha sumergido durante seis meses en el trabajo cotidiano de policías y gendarmes para descubrir que las fuerzas del orden viven una auténtica crisis

La situación viene de lejos. Basta echar un vistazo a las redes sociales para descubrir las fotos que publican los funcionarios de la policía sobre el estado de muchas comisarías: retretes destrozados y sin agua, instalación eléctrica a la vista de todos, ausencia de aire acondicionado o calefacción, ratas compartiendo el espacio con rateros…

Hasta el estallido social iniciado en noviembre del 2018, un policía francés pasaba la mayoría de su tiempo de trabajo en una mesa, haciendo labores burocráticas que servirán para las estadísticas de sus jefes, pero que no tendrán impacto alguno en la seguridad ciudadana. La penuria afecta también a la propia seguridad del policía y del ciudadano. Para hacer prácticas de tiro, los policías franceses solo cuentan con 60 balas al año. Lejos del entrenamiento que las series de TV y las películas de cine enseñan, como si esa práctica fuera diaria.
Ultraizquierda, yihadistas y chalecos

Los atentados terroristas, el odio al policía fomentado por la ultraizquierda, la multiplicación de la violencia en los guetos, la impunidad de los delincuentes menores y la ausencia de una respuesta penal a la medida exasperan a un colectivo que, a la falta de medios, debe añadir algo mucho peor: haberse convertido en el objetivo de terroristas islamistas radicales, de la extrema izquierda violenta y, ahora, de algunos chalecos amarillos. Los primeros han acabado con la vida de policías y gendarmes; los segundos han quemado y herido gravemente a otros; los últimos, les inducen al suicidio.

Los sindicatos del ramo reconocen que el actual ministro del Interior, Christophe Castaner, es el primero en la historia en reconocer que el suicidio de policías puede ser consecuencia de factores de trabajo, y no “multisectoriales”, como siempre sus predecesores han defendido. La jerarquía policial nunca ha considerado como un grave problema la situación psicológica de los agentes. Hasta tal punto que era un tabú solo referirse a ello. Además, declararse afectado por depresión o “quemado” tiene inevitables consecuencias sobre la carrera. Máxime cuando son los propios jefes los que empujan al “surmenage”, como denuncia Daniel Chouette, secretario general del sindicato “Unité SGD-FO”.

Antidisturbios durante la última jornada de protestas de los chalecos amarillos, en París. (Reuters)
Antidisturbios durante la última jornada de protestas de los chalecos amarillos, en París. (Reuters)

El Gobierno de Emmanuel Macron parece querer cambiar las cosas. Así, Castaner ha convocado para el 29 de abril la reunión de una “célula de alerta y prevención del suicidio”, que, entre otras medidas, formará un equipo de psicólogos que responderán al teléfono durante las 24 horas. Desde hace casi cuatro años la policía francesa está en alerta permanente. Sus miembros recibieron un homenaje popular espontáneo tras los atentados islamistas de enero de 2015. Todos recordamos los aplausos que los manifestantes dedicaron a gendarmes y policías en los días posteriores a los asesinatos de los hermanos Kuachi en la sede de “Charlie Hebdo”, o en la tienda judía asaltada por Amedy Culibaly. Tres policías fueron asesinados en esos días por el trío yihadista.

Un hecho que provocó gran conmoción entre las fuerzas del orden fue el asesinato de una pareja de policías en su domicilio, ante su hijo de tres años, por el islamista Larossi Abballa, el 13 de junio de 2016. El asesino seguía así las órdenes del autodenominado Estado Islámico, que propugnaba acabar con la vida de policías. Desde entonces, policías y gendarmes temen por sus familias. Sobre todo, después de descubrir que una mujer, fichada “S”, como posible islamista radical, detenida tras el asesinato de la pareja, tenía en su poder un pendrive con los datos personales de 2.626 miembros de las fuerzas de seguridad. A partir de ese momento, muchos policías prefieren llevarse el arma a casa, algo que años atrás estaba terminantemente prohibido.

El último atentado contra una gendarmería fue el llevado a cabo en Carcasonne, en marzo de 2018, por el islamista radical Raduan Lakdim, que disparó a un grupo de gendarmes desde un vehículo robado. Hirió a uno de ellos. El terrorista asesinó al dueño del coche y mató a otras personas en el supermercado en el que se refugió. Un comandante de la Gendarmería fue degollado por Lakdin después de intercambiarse por una rehén.

El heroico policía que trató de cambiarse por un rehén ante el terrorista de Carcasona
Luis Rivas. París
El teniente coronel de la Gendarmería Arnaud Beltrame negoció durante horas con el atacante hasta el asalto final. Ahora agoniza en un hospital, donde lucha por su vida

Desconsideración de ciertos políticos

Las manifestaciones de policías -y también de las parejas de los agentes- no se centran solo en la falta de medios, sino también en la desconsideración hacia su labor. Las manifestaciones contra la reforma de la Ley de Trabajo iniciada por el socialista François Hollande dieron lugar a una explosión de violencia brutal de miembros de los “Black Blocs” y otras organizaciones de ultraizquierda contra las fuerzas de seguridad. Policías rociados con productos inflamables, apaleados y en algunos casos perseguidos, temieron por su vida, ante la pasividad del Gobierno, que pretendía que la violencia callejera desprestigiara la protesta sindical.

Hollande pasará también a la historia de la comunicación demagógica gracias a su visita a un delincuente que presuntamente fue violado con la porra de un policía. El jefe del Estado necesitaba esa foto con “la víctima de la banlieue”. No acudió, sin embargo, al hospital donde un policía se recuperaba -en las mismas fechas- de las quemaduras que le causó el cóctel Molotov de un manifestante.

Guillaume Labeau es un miembro de la “brigada anticrimen” de una ciudad “sensible” cercana a París, que volcó su enfado escribiendo el libro 'Colère d’un flic' ('La Rabia de un poli'), en noviembre de 2017. En su relato, Labeau describe cómo compañeros suyos casi mueren carbonizados dentro de su vehículo, tras ser atacados por una banda de jóvenes delincuentes de la zona. Denuncia también las emboscadas continuas y las agresiones que sufren los policías en los guetos que se han convertido en zonas de venta de drogas y refugio de delincuentes. Y subraya la violencia y los hechos delictivos protagonizados por de los menores de 18 años, que saben que los jueces les dejarán libres en pocas horas, para seguir trapicheando y amenazando a vecinos y comerciantes de su propio barrio.

Un coche de policía en llamas durante una protesta contra la violencia policial, en París. (Reuters)
Un coche de policía en llamas durante una protesta contra la violencia policial, en París. (Reuters)

A la hostilidad en la calle, policías y gendarmes debían añadir un ritmo laboral que la comisión del Senado juzgó en su día “penoso y desestructurante”. Los policías libraban un fin de semana de cada seis. Eso era antes de las manifestaciones de los chalecos amarillos. Ahora pueden pasar meses antes de que un policía pueda ver a su pareja e hijos durante un sábado y domingo seguidos. La Administración les debe más de veinte millones de horas extras. El Gobierno les otorgó a principio de año una paga extra de 300 euros por persona.

Un comunicado conjunto de los sindicatos policiales denunciaba la pasada semana “las jornadas de trabajo dramáticas que se suceden a un ritmo insostenible y jamás conocido”. Y a la ausencia de descanso se añaden los ataques de organizaciones y partidos de extrema izquierda que les tachan de “policía política” y de utilizar métodos violentos. Como si para enfrentarse a los bien equipados y preparados “black blocs” y a los ahora llamados “ultra-amarillos” la policía tuviera que defenderse solo con cañones agua y gases lacrimógenos.
Expuestos en las redes

Desde hace semanas, grupos de chalecos amarillos se dedican a difundir fotos, nombres y dirección de policías, a través de las redes sociales. El “Cop-watching” era una práctica utilizada por los traficantes de droga para apartar a los policías infiltrados en los barrios. Los islamistas les imitaron. Ahora, ciertos chalecos amarillos se han especializado.

Los grupos de ultras que bajo la reivindicación del “anticapitalismo”, unos, y del “antimacronismo”, otros, destrozan cada sábado tiendas y mobiliario urbano a defecto de “hacerse un poli”, tienen programado una apoteosis de violencia el próximo primero de mayo. Policías y gendarmes volverán a proteger a manifestantes pacíficos, como es su deber, y a intentar evitar el caos en París y otras ciudades. Como consuelo a su cansancio y malestar, esos miembros de las fuerzas policiales saben que cuentan con la opinión positiva de tres de cada cuatro franceses.





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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1910 en: 24 de Abril de 2019, 09:24:38 am »

macron quiere aumentar el tiempo de trabajo

La jornada de 8 horas cumple un siglo en el país que menos tiempo trabaja de la OCDE
En Francia la media está en 630 horas trabajadas por habitante y año, frente a las 697 de España, las 722 de Alemania. Macron estima que los franceses deben trabajar más


Foto: Simpatizantes y miembros de los Chalecos Amarillos participan en una manifestación en Niza. (EFE)

Autor
El Confidencial
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Angelmartgar

23/04/2019 15:30 - Actualizado: 23/04/2019 15:46

El 23 de abril de 1919 los parlamentarios franceses adoptaron la jornada laboral de 8 horas en un clima de tensión proletaria. Un siglo más tarde, en plena revuelta de los "chalecos amarillos", el presidente francés, Emmanuel Macron, se dispone a anunciar un aumento del tiempo de trabajo. El "totem" de las 8 horas laborales ha sufrido diversas evoluciones en Francia, hasta el punto de que en cien años el tiempo anual pasado en el trabajo se ha reducido un cuarto.

La adopción de la quinta semana de vacaciones o la imposición paulatina a principios del ese siglo de las 35 horas semanales han llevado a que, al año, los franceses trabajen de media algo más de 1.500 horas, frente a las 1.900 de mediados del siglo pasado. A eso se suma que los franceses entran tarde en el mercado laboral, que la edad de jubilación es de las más tempranas, que tienen más días festivos y que los contratos a jornada reducida implican menos horas que en otros países desarrollados.

Resultado: Francia es el país en el que los trabajadores acumulan menos horas por año dentro de los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según este organismo, en Francia la media está en 630 horas trabajadas por habitante y año, frente a las 697 de España, las 722 de Alemania, las 826 de Estados Unidos, las 905 de México y las 1.064 de Corea del Sur, récord de la organización.

Es en ese contexto en el que Macron estima que los franceses deben trabajar más. El presidente, que tuvo que retrasar el anuncio de sus medidas el pasado lunes a causa del incendio de Notre Dame, las desvelará el próximo jueves en una conferencia de prensa. Ante sí, tiene tres posibilidades: eliminar un día festivo, retrasar la edad de jubilación o acabar con las 35 horas semanales.

Esta última opción es la menos probable, porque Macron se ha mostrado en contra, mientras que prolongar la vida laboral sería también muy impopular. Todo apunta a que Macron se pronunciará por quitar un día festivo, la medida que generaría menos ingresos para financiar las medidas sociales que el presidente ha anunciado para calmar la protesta de los "chalecos amarillos".

Del Donbás a Francia: veteranos del frente ucraniano entre los chalecos amarillos
Irene Casado. París
Al menos media docena de franceses que combatieron en las filas de los rebeldes prorrusos en Ucrania como voluntarios militan ahora en las filas del movimiento de protesta galo

En Francia hay en la actualidad once días festivos, frente a los ocho del Reino Unido, los 9 de Alemania, los 14 de España y los 15 de Japón. Cualquiera de esas medidas puede provocar un descontento social que se sume al de los "chalecos amarillos". Macron puede así verse ante el mismo escenario que sus predecesores de un siglo antes, cuando ante la presión obrera optaron por la jornada de las 8 horas. Francia acababa de salir de la Primera Guerra Mundial y el movimiento obrero, muy fuerte antes de la contienda, recuperó el brío que había dejado apartado durante el conflicto.

La reivindicación de las 8 horas de trabajo al día era el siguiente paso tras haber logrado en 1848 la jornada de 12 horas, en 1900 la de once y en 1906 la obligatoriedad de un descanso semanal. El sindicato CGT, que había sido fundado en 1895, se apresuraba a convocar una huelga general el 1 de mayo de 1919 con esa reclamación. Al frente del Gobierno, Georges Clemenceau decide atajar esta medida para evitar el ascenso del movimiento obrero, cada vez más próximo a las tesis bolcheviques. En su discurso, defendió la regla de los tres tercios: 8 horas de trabajo, 8 de ocio y 8 de descanso.

Francia no quería, además, quedar por detrás de otros países, como Alemania, Polonia, Austria o Checoslovaquia, que en pleno proceso de nacimiento de la Organización Mundial del Trabajo, habían ya adoptado esa medida para hacer frente a las tesis que emanaban de Moscú. Hasta ese momento, la ley establecía la semana laboral de 72 horas para las empresas que solo emplearan hombres y de 60 en aquellas en las que trabajaran mujeres y niños.

Como el domingo era el único día no laborable, se instauró así la semana de 48 horas, que estuvo vigente en Francia hasta que en 1936 se incluyó un segundo día no laborable y, por tanto, las 40 horas semanales.

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1911 en: 10 de Mayo de 2019, 08:06:00 am »

Fuente: RTPA, 7 de mayo. 2019 14:05
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Una sentencia pionera obliga a pagar los cursos de formación voluntarios como trabajo a un policía local
El Sipla considera que cualquier trabajador municipal podrá reivindicar el mismo derecho en adelante

Una sentencia pionera a favor de un policía local de Oviedo / Uviéu obliga al Ayuntamiento a pagar como horas de trabajo los cursos de formación voluntarios. La normativa de personal del consistorio solo lo contempla para los efectivos de bomberos.

Alonso es el secretario general del Sipla en Oviedo, pero denunció al Ayuntamiento no como sindicato, sino como agente de la policía local. Pedía que la formación voluntaria, fuera de horario laboral, se le abonara como jornada de trabajo, al igual que sus compañeros de Bomberos de Oviedo.

La sentencia del juzgado contencioso número 4 de Oviedo le da la razón y no admite recurso alguno. Se basa en el principio de igualdad y el derecho a la formación.

El Sipla considera que a partir de ahora, y con esta sentencia, cualquier trabajador municipal podrá reivindicar el mismo derecho. Desde el Ayuntamiento, el equipo de gobierno local no ha querido hacer declaraciones.




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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1912 en: 14 de Mayo de 2019, 08:29:52 am »


“Un carajal fuera de la realidad. Nos devuelve a los años 70”: clamor contra la obligación de fichar

https://www.elespanol.com/economia/empresas/20190514/carajal-realidad-devuelve-anos-clamor-obligacion-fichar/398211180_0.html


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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1913 en: 15 de Mayo de 2019, 08:08:32 am »
 
Por vulnerar un derecho fundamental
La sentencia europea a favor del registro de jornada amenaza con elevar las multas

El fallo del TJUE va más lejos de la norma española y reconoce que no llevar el registro atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores, lo que agravaría la sanción

Autor
Javier G. Jorrín
Contacta al autor
@jgjorrin


15/05/2019 05:00 - Actualizado: 15/05/2019 07:02

La normativa para adoptar el registro obligatorio de jornada ha provocado un terremoto en la gestión de las empresas, que se quejan de la medida. Sin embargo, la Justicia europea advirtió el martes de que ningún país de la Unión Europea, tampoco España, puede vulnerar el derecho de los trabajadores a tener una jornada controlada.

El esperado fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que el registro de jornada no es una opción sino una obligación, ya que se trata de un derecho fundamental de los trabajadores. Eso significa que ningún Estado miembro tiene la potestad de vaciar de contenido un derecho recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al contrario, el derecho laboral es tuitivo: protege a la parte más débil de la relación entre empresa y trabajador.

Esto significa que, a partir de ahora, si una empresa no respeta el registro de jornada, no solo estará incumpliendo un decreto-ley sino que estará vulnerando un derecho fundamental de los trabajadores reconocido por la Justicia europea. Esto significa que las sanciones en caso de denuncia podrían ir más lejos de la “infracción grave” que es como se recoge actualmente en la normativa.

“La sentencia del TJUE agravará las sanciones por incumplimiento del registro de jornada, ya que está vulnerando un derecho fundamental recogido en la Carta europea”, señala Enrique Lillo, abogado laboralista de CCOO, “se debería reconocer en la normativa española como una infracción muy grave”.

Si una empresa no respeta el registro de jornada, no solo estará incumpliendo un decreto-ley, también estará vulnerando un derecho fundamental

El registro de jornada no solo es un derecho fundamental que garantiza el número de horas de trabajo a la semana, sino que también sirve para controlar el derecho al descanso de los trabajadores. En otras palabras, el registro permite supervisar que los trabajadores cuentan con el periodo mínimo de descanso entre una jornada y otra, lo que está en la base de las medidas contra los riesgos laborales. Solo si se controla el tiempo entre la hora de salida y la siguiente entrada se puede comprobar que los trabajadores cuentan con “un periodo mínimo de descanso de 11 horas consecutivas en el curso de cada periodo de 24 horas”.

[El 'boom' de las oposiciones: el Estado y las CCAA han sacado 333.000 plazas desde 2017]

Esta interpretación del TJUE supera claramente el espíritu de la norma aprobada por el Real Decreto-ley 8/2019, ya que este solo contempla el registro como una vía para garantizar que se pagan las horas extra. El fallo se apoya en el “derecho fundamental de todo trabajador a la limitación de la duración máxima del tiempo de trabajo y a periodos de descanso diario y semanal”.

Trabajo dará un periodo de gracia con el registro de jornada para retrasar las multas
Javier G. Jorrín
La Inspección comenzará a funcionar desde el primer día, pero no sancionará a las empresas que acrediten que están trabajando en instalar su registro

La vulneración de un derecho fundamental puede traducirse en infracciones más duras contra las empresas que no lleven un registro de jornada. El Gobierno calificó esta infracción como grave en su decreto-ley, esto es, las multas oscilarán entre 626 euros y 6.250 euros. Y la situación será más grave en el caso de empresas que reincidan en la vulneración de un derecho fundamental.

[El TJUE ve ilegal el cálculo de la pensión del tiempo parcial si discrimina a las mujeres]

La contundencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea allana el camino a los tribunales españoles a la hora de tramitar denuncias por horas extra impagadas o por no respetar el periodo de descanso. Los expertos laboralistas coinciden en que, a partir de ahora, la carga de la prueba pasa a recaer sobre la empresa. Esto significa que será el empleador quien tenga que demostrar que la jornada del trabajador se ha limitado a su contrato y que ha respetado los plazos de descanso.

Si una empresa ha incumplido, además de la sanción por no llevar el registro de jornada puede enfrentarse a una reclamación del trabajador por vulnerar su derecho fundamental. “A partir de ahora, se puede pedir una infracción muy grave por daños y perjuicios de vulneración de un derecho fundamental, lo que cambia el escenario”, explica Lillo.




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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1914 en: 15 de Mayo de 2019, 10:10:08 am »

CONTROL HORARIO 2019

600.000 funcionarios y empleados públicos tienen ya el registro de jornada en Gobierno y empresas


M.VALVERDE/M.SERRALLER. MADRID
14 may. 2019 - 14:25

Control horario 2019: Cuatrecasas explica diez claves para aplicar el registro de jornada VÍDEO: TAMARA VÁZQUEZ
Guía práctica para la aplicación del control horario de los trabajadores

20 claves para aplicar el registro de jornada

El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que es obligatorio registrar la jornada laboral

Los altos directivos no tendrán registro diario de la jornada laboral


El registro horario de la jornada laboral, que tantos problemas está creando en la pequeña y mediana empresa, lleva cerca de cuarenta años implantado en la Administración General del Estado (AGE), que depende del Gobierno central, y en las empresas públicas.


Aproximadamente, cerca de 600.000 trabajadores tienen el control del horario laboral: 512.577, entre lo que es personal administrativo, las Fuerzas Armadas, de Seguridad del Estado, y entes públicos.
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Pero también los 76.000 trabajadores del grupo público empresarial SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que tiene quince empresas. Por ejemplo, Correos, las empresas nucleares Enusa, Ensa, la agrolimentaria Mercasa o la constructora naval Navantia. Al margen de la SEPI también, entre otras compañías, está Paradores Nacionales, con 96 establecimientos y 4.000 trabajadores.

El origen del registro de la jornada laboral en la Administración General del Estado y en las empresas públicas es de una Instrucción del 21 de diciembre de 1983, del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, en el primer Ejecutivo de Felipe González.

La misma que instauró los seis días de libre disposición adicionales para los funcionarios, que podían disfrutar en un año. Es decir, los días que se conocieron como moscosos, porque fueron instaurados por el entonces titular del Ministerio de la Presidencia, Javier Moscoso.

La Instrucción, que encabezaba la regulación con un "ilustrísimos señores", dirigido a los subsecretarios de todos los Ministerios, decía en su punto cuarto: "A la entrada en vigor de estas normas, todos los centros y oficinas de la Administración Civil del Estado, sus organismos autónomos y entidades de Seguridad Social deberán dotarse de los medios adecuados de control de los horarios del personal, basados en mecanismo de reloj registrador de ficha". La norma seguía: "Todos los funcionarios y empleados públicos tendrán obligación de fichar al entrar y salir del centro de trabajo, tanto al comienzo y final de la jornada, como en toda ausencia y retorno durante la misma".


Casi 40 años
Curiosamente, en casi cuarenta años no ha cambiado la jornada laboral de los empleados públicos del Gobierno: "Treinta y siete horas y treinta minutos, con dos horas más de lunes a viernes, para la dedicación exclusiva".

Es decir, para aquellos funcionarios y empleados públicos que no hacían otra actividad en el sector privado de las legalmente permitidas.

Todavía hoy los sindicatos persisten en sus intentos de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales en el Gobierno, en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Bien es verdad que siempre chocan con el coste de la medida. Por ejemplo, el último Gobierno del Partido Popular evaluó la reducción de jornada en el Gobierno central en un coste aproximado de entre 800 y 1.200 millones de euros anuales.

Para evitar la caza del cazador, los sindicatos CCOO y CGT recalcan a este periódico que sus trabajadores tienen un registro horario desde hace 40 años.

En todo caso, el registro horario de la jornada laboral lleva cuarenta años funcionando en la Administración General del Estado. Los distintos departamentos hacen una evaluación mensual del cumplimiento de la jornada de cada funcionario y si es el caso se sanciona con descuentos salariales o recuperación de jornada.


También hay que recordar que, en referencia al absentismo laboral, la ministra de Política Territorial en funciones, Meritxell Batet, suprimió los recortes de salario que instauró el Gobierno del PP por las bajas laborales y la falta al trabajo.

También es verdad que cada centro tiene su forma del registro horario. No todos los funcionarios están dedicados a tareas administrativas ni a las ventanillas de atención al público. También hay inspectores de trabajo y fiscales que entran y salen de las oficinas. O Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado. También hay, entre otros muchos, médicos e ingenieros de obra civil, y jueces, fiscales y abogados del Estado, que trabajan mucho fuera del despacho.

Por haber, hay 25.000 científicos dependientes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuyo titular es Pedro Duque. Por ejemplo, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) la jornada laboral, y el propio registro depende de si es un funcionario administrativo, investigador, predoctoral o postdoctoral.

En los 96 establecimientos que tiene Paradores y sus oficinas centrales ya disponen de sistemas de registro. Fuentes de la empresa señalan que "58 Paradores lo realizan todavía de manera manual, el resto de establecimientos utiliza tarjeta o huella dactilar para el control de jornada".


"La hotelera pública está trabajando para que en todos los Paradores el registro sea electrónico antes de final de año. Dado que tanto el control mediante tarjeta como a través de huella dactilar están produciendo algunas incidencias".

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1915 en: 16 de Mayo de 2019, 17:52:10 pm »

Afecta a los profesionales de la DGT
Guardias civiles heridos en accidentes se ven "estafados" en el cobro de su seguro


Los agentes perjudicados han cobrado 12.000 euros. Reclaman que el contrato firmado por el Ministerio estipulaba la indemnización en 75.000 euros.

FERNANDO H. VALLS
Jueves, 16 Mayo 2019, 04:30
Actualizado: 16/05/2019, 08:26
Guardia Civil de Tráfico
Guardias civiles heridos por accidente denuncian estafa en el cobro de su seguro / GC
Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico están alarmados. Muchos de ellos se juegan la vida a diario a bordo de sus vehículos oficiales, y están viendo cómo algunos compañeros heridos o con discapacidades tras haber sufrido accidentes no están cobrando la totalidad del seguro de vida y accidentes contratado por el Ministerio del Interior para cubrir los siniestros de estos agentes. La situación es preocupante para ellos porque se trata de altas sumas de dinero. Los afectados están empezando a tomar acciones legales por una supuesta estafa.


Este es un caso real. Guardia Civil de la Dirección General de Tráfico (DGT) que sufre un accidente en acto de servicio y tiene que pasar al retiro por pérdida de aptitudes psicofísicas. Un tribunal médico decreta su invalidez permanente absoluta y, por tanto, reclama al seguro la corriente indemnización. La cuantía estipulada en la póliza son 75.000 euros. Sin embargo, en su cuenta bancaria solo reciben 12.000 euros. No es el único, hay más casos.

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¿Qué es lo que ha ocurrido? Los afectados han empezado a aportar documentación a sus abogados y la situación es la siguiente: el tomador del seguro es la Dirección General de Tráfico, que contrató el seguro de accidentes con la compañía Caser. De mediador ejerció S.P.E. Brokers. La prima estipulada en el seguro contratado por la DGT es de 75.000 euros, tal y como ha podido comprobar La Información. Sin embargo, los agentes están cobrando 12.000 euros, que es lo que les corresponde por una invalidez parcial.

Hay casos especialmente preocupantes. Varios agentes cobraron los 12.000 euros de invalidez parcial tras sufrir un accidente, pero con el paso del tiempo sus lesiones se han ido agravando. Finalmente, un tribunal médico les ha concedido la invalidez permanente absoluta por las secuelas del siniestro. Ahora reclaman que esa indemnización ascienda a 75.000 euros porque así consta en el seguro que tenía suscrito la DGT pero no lo reciben.

La solución que han tomado es iniciar acciones legales. Y es ahí cuando se han topado con otro problema. Caser demandó en 2019 a S.P.E. Brokers por un supuesto delito de falsedad documental, según explican fuentes conocedoras del proceso, y el caso se encuentra todavía en fase de instrucción. Los abogados de los agentes de la DGT han recomendado a los guardias civiles esperar hasta conocer cómo finaliza este procedimiento en marcha para, a continuación, pedir responsabilidades a quien corresponda.


Albella exige a Abanca una operación 'legal' por la entidad
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La CNMV ultima un acuerdo con la UCO de la Guardia Civil para la detección de delitos financieros
Desde S.P.E. Brokers aseguran que el procedimiento contra ellos es por un presunto delito de falsedad, pero no concretan el tipo. Quieren dejar claro, además, que quien debe pagar estas cantidades a los accidentados es la compañía de seguros, tal y como se estipula en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Aseguran que han presentado sus alegaciones en el proceso judicial iniciado por Caser y que se encuentran pendientes de que la Fiscalía califique los hechos.

En este embrollo judicial se ven atrapados unos guardias civiles que siguen sin cobrar la correspondiente indemnización. Lo que tampoco entienden es la pasividad de la DGT en estos casos como afectada. En efecto, la Guardia Civil adjudicó un contrato a una compañía y ahora los asegurados no están cobrando lo que se estipuló. Los funcionarios, además, critican que la Dirección General ni siquiera se ha personado en el proceso judicial en marcha entre Caser y S.P.E. Brokers.

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1916 en: 20 de Mayo de 2019, 06:59:59 am »

El 44% de los suicidios en la Guardia Civil son por trastornos de la personalidad o psicológicos

Entre 2011 y 2018 se llevó por delante la vida de 85 agentes, según los datos oficiales que manejan en la Unidad de Psicología de la Dirección General del Cuerpo. Este año ya van cinco

Carlos Frías


Publicado 20.05.2019 - 05:15
ActualizadoHace 1 horas

“Mientras haya un solo suicidio en la Guardia Civil, habrá un problema”. Esta afirmación sale de los jefes de la Unidad de Psicología del Instituto Armado, que pelean por combatir un fenómeno que entre 2011 y 2018 se llevó por delante la vida de 85 agentes, según los datos oficiales que manejan en la Unidad de Psicología de la Dirección General del Cuerpo. Este año ya van cinco.

En la Unidad trabajan 44 psicólogos que hacen estudios y seguimientos a los guardias que presentan comportamientos o estados de ánimo que puedan terminar en un suicidio. “También hacemos seguimientos a los agentes cuando se incorporan al servicio después de haber cogido una baja psicológica”.

Los años más duros en la Benemérita fueron en los 90, y desde entonces la tendencia ha sido a la baja. “Los guardias se suicidan por los mismo motivos que el resto de la sociedad, es algo que siempre va a ocurrir”, explican los jefes de esta Unidad. La institución explica y defiende con datos que el fenómeno no se da en la Benemérita por motivos laborales, sino que las razones son las mismas que puede llevar a cualquier persona a quitarse la vida.
Poca incidencia de los motivos laborales

"Los motivos laborales tienen una escasa incidencia en el suicidio en la Guardia Civil". La conclusión, rotunda cuando la pronuncian estos mandos, parte de unos estudios internos a los que denominan “autopsia psicológica”, un informe clínico que se realiza al mes y medio de que un agente decida suicidarse y que consiste en entrevistar a su círculo familiar, laboral y amistoso para concluir los motivos. “El 99% de las personas deciden colaborar con nosotros”, dicen desde la Unidad, por lo que la precisión para determinar las causas es muy alta.

De todos los casos estudiados por la Guardia Civil entre 2011 y 2017, estas entrevistas ponen luz en los “factores influyentes” que desencadenan un hecho tan trágico como un suicidio. El más importante, según la Dirección General, son los problemas de pareja con un 28,6%, seguido de los “rasgos anómalos de personalidad” con un 23,5% y los trastornos psicopatológicos, con el 19,9%.

    La media de suicidios se producen cuando un agente lleva 20 años desempeñando su trabajo, por lo que las entrevistas de acceso lo tienen complicado para vislumbrar que en un futuro se puedan quitar la vida

La media de suicidios se producen cuando un agente lleva 20 años desempeñando su trabajo, por lo que las entrevistas de acceso lo tienen complicado para vislumbrar que en un futuro se puedan quitar la vida. Desde Psicología explican que esos dos factores aparecen “con el desarrollo de cada persona” a lo largo del tiempo.

Los motivos laborales se engloban en siete casos que van desde la estructura de la organización del trabajo hasta la relación con los mandos, pasando por los problemas disciplinarios, entre otros. El porcentaje de influencia de estos factores suman el 5,7%, siendo los más altos los de las relaciones con los compañeros y con los jefes, que suponen el 1,4% cada uno.
Métodos de prevención

Si uno busca la tasa de suicidios en la Guardia Civil se suele repetir un dato: 2,5 veces superior a la de la población civil, un número defendido por la asociaciones profesionales. “Si queremos hacer un estudio serio hay que tomar los mismo parámetros”.

Por eso desde Psicología se coge la franja de edad que va desde los 20 hasta los 65 años ("los guardias jubilados no tienen obligaciones ni deberes", por lo que no les pueden hacer un seguimiento) y excluye a las mujeres “que sólo suponen un 7% de los miembros del Cuerpo” y porque se suicidan menos. Desde la Benemérita explican que la tasa media de suicidios en el Cuerpo desde 2011 hasta 2017 ha sido del 13,65 por cada 100.000 habitantes, frente al 12,47 de la población civil, lo que las sitúa en niveles similares.

Desde 2005 la Benemérita cuenta con un protocolo antisuicidios que se pone en acción cuando un agente presenta un parte de baja psicológica, cuando advierte de viva voz de que siente alguna tendencia suicida o lo hace un compañero o mando cuando perciben comportamientos anómalos. Este tipo de bajas no condicionan "en absoluto" la posibilidad de ascender en un futuro. "Cuando se hacen las entrevistas de ascenso a nosotros nos aparece que ha estado de baja, pero no el motivo".

    Cuando el protocolo se pone en marcha, al agente se le retira el arma reglamentaria, que representa el medio empleado en el 80% de los suicidios

Inmediatamente se le retira el arma reglamentaria, que representa el medio empleado en el 80% de los suicidios. “Lo que no podemos evitar es que, por ejemplo, un agente reviente una taquilla y le quite la pistola a un compañero”. Si en un domicilio conviven dos guardias, a la pareja de quien está de baja se le dice que deje el arma en el cuartel, aunque las asociaciones se quejan de que no hay armeros suficientes.

Desde años antes cuentan con un teléfono de atención psicológica (900 200 062) gratuito, anónimo, permanente y especializado. En él los agentes pueden encontrar una voz al otro lado del cable en esos momentos en los que se encuentren peor. Incluso sus compañeros o familiares pueden llamar. "Al ser confidencial el guardia tiene que dar el paso para que se le pueda localizar y poner en marcha el protocolo". Las llamadas recibidas en los últimos cinco años ha sido de 1.236, y en el 2018 fue de 359.


   

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #1917 en: 22 de Mayo de 2019, 17:09:48 pm »
Según parece este caso va a resolverse positivamente por carencia de recurso contra la sentencia  por parte del Ayuntamiento


https://m.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Arrecife-despidio-discapacidad-policia-servicio_0_761523884.html

https://twitter.com/Ail_pold/status/1130538875997306880?s=19