Autor Tema: Derechos y riesgos laborales  (Leído 283580 veces)

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2040 en: 05 de Marzo de 2020, 07:19:07 am »
Dice cosas como "caducidad de chalecos", "falta de formación", "medidas tercermundistas" y algo llamativo "cuando pasan los hechos es cuando..."

Y yo me pregunto...antes de los hechos denunció todo lo que dice hoy?


https://vimeo.com/395565028?ref=em-share

« Última modificación: 05 de Marzo de 2020, 09:27:44 am por 47ronin »

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2041 en: 14 de Marzo de 2020, 09:11:11 am »
Que ha hecho Almeida respecto a ello?


Interior permite a los policías quedarse en casa si acreditan que deben cuidar de niños o adultos dependientes


El director de la Policía dicta una resolución en la que precisa que se pueden acoger a la medida "el tiempo mínimo indispensable" y "cuando resulte imprescindible"


Policía y Guardia Civil dictan órdenes para flexibilizar horarios y reducir el servicio al imprescindible
Por Pedro Águeda
13 mar 2020 13:25

El director general de la Policía, Francisco Pardo, dictó ayer jueves una instrucción por la que autoriza a los agentes que no vayan a trabajar "cuando resulte imprescindible" y quede "acreditado" que tienen menores a su cargo o personas mayores dependientes de las que no puede encargarse un tercero. En esos casos se les autorizará a permanecer en su domicilio "el tiempo mínimo indispensable".


El objeto de la resolución es la "adopción de criterios que conjuguen el derecho a la salud, la conciliación de la vida personal y familiar con la prestación de un servicio público esencial para la ciudadanía". Pardo advierte de que estas medidas son "de carácter temporal" y que atienden y lo harán en el futuro a las indicaciones del Ministerio de Sanidad.


También precisa que no van en perjuicio "de la sujeción de todo el personal policial a las necesidades del servicio cuando sean requeridos para la prestación del mismo". En el caso de las familias cuyos progenitores son ambos policías, las medidas acordadas no podrán ser adoptadas por los dos simultáneamente. Por medio de la misma resolución se asegura a los funcionarios policiales afectados por el Coronavirus que percibirán el "cien por cien de sus retribuciones".

Asimismo, las comisiones de servicio, esto es, los destinos provisionales para un cometido determinado, "se reducirán a aquellas que sean estrictamente necesarias". De igual modo se suspenderán los nombramientos provisionales "salvo los de urgente e inaplazable necesidad".


Además, la Policía fomentará el teletrabajo, la atención telefónica y telepática, la ampliación de cupos para el disfruto de permisos y la conciliación laboral, según recoge la instrucción citada.


Fuentes de la Guardia Civil citadas por Europa Press señalan que también han adoptado estas medidas a través de un escrito interno difundido ayer en el que se pide "una mayor flexibilidad con carácter general en el ámbito de la conciliación y de la gestión". Para ello, el instituto armado propone aumentar la jornada diaria de 8 horas a 10 o 12 horas, aunque la medida la tiene que implementar cada comandancia, dependiendo de la diferente afectación del coronavirus en cada comunidad autónoma.

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2042 en: 16 de Marzo de 2020, 19:01:52 pm »
Encuadre



Detienen a un hombre por toserle en la cara a un Policía Local deliberadamente


El individuo, de 30 años y con domicilio en la localidad gaditana, se acercó a los agentes mientras controlaban la vía pública e informaban a una pareja sobre el decreto de alarma, cuando sin mediar palabra le tosió en la cara a uno de los agentes


Un hombre con marcarilla pasa junto a unos agentes de la Policía en Madrid.
Coronavirus: última hora
LAURA GARÓFANO | CÁDIZ
16/03/2020 14:34
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Un hombre de unos 30 años de edad y con domicilio en Chiclana de la Frontera (Cádiz) ha sido detenido por un presunto delito contra agentes de la autoridad y otro de resistencia grave al toserle varias veces en la cara, de manera deliberada, a un agente de la Policía Local que formaba parte de una patrulla que controlaba la circulación de personas en cumplimiento del decreto de alarma.

Los hechos sucedieron ayer domingo a mediodía en el paseo marítimo de la Playa de La Barrosa, según informa a El Mundo fuentes del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Una patrulla de agentes se encontraba en la primera pista de la playa realizando la labor de control de circulación de personas en la vía pública, en cumplimiento del RDL 463/20, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma.

Los agentes se encontraban informando a una pareja cuando se les acercó un sujeto que comenzó a toserle en la cara deliberadamente a uno de los agentes. El policía retrocedió, separándose de él, y el individuo prosiguió su marcha, pero se giró de forma repentina y arremetiendo contra los agentes, produciéndoles lesiones a ambos. Durante toda la intervención profirió insultos contra ambos, llegando a sacar del bolsillo un tensor de hierro para golpearlos por lo que tuvo que ser reducido ya que opuso fuerte resistencia.


La Policía Local de la localidad gaditana, que la semana pasada experimentó un fuerte incremento de visitantes con segundas residencias en la zona costera, ha interpuesto un total de 29 denuncias en los últimos días debido al incumplimiento del l Real Decreto de Estado de Alarma dictado por el Gobierno para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2043 en: 17 de Marzo de 2020, 17:09:43 pm »

La Policía detiene en Sevilla a una joven por escupir a un agente que le reprendía estar en la calle



OKDIARIO17/03/2020 14:24
La inconsciencia de algunos está aumentando el riesgo de contagio de muchos. Y no sólo eso, sino que los hay que incluso se encaran a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando les instan a permanecer en sus casas. Agentes de la Policía Nacional, de hecho, han detenido en Dos Hermanas (Sevilla) a una joven de 18 años, por escupir presuntamente a uno de ellos cuando intentaba identificarla a ella y al joven que la acompañaba.

El agente, instó a la pareja a volver a sus casas al incurrir en un incumplimiento del real decreto de implantación del estado de alarma, que restringe la presencia en la vía pública a motivos laborales o de adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, entre otras causas justificadas.


Fuentes de la Policía Nacional han informado a Europa Press de que los hechos acontecieron este pasado lunes en torno a las 19,10 horas en la avenida de Montequinto, en Dos Hermanas, donde una patrulla policial descubrió a una pareja de jóvenes, hombre y mujer, que paseaban a un perro por la vía pública, toda vez que si bien las medidas restrictivas del estado de alarma permiten sacar a las mascotas a la calle, circunscriben tal extremo a una acción individual y por el menor tiempo posible.

Desde el coche patrulla, según la Policía Nacional, los agentes avisaron a estos jóvenes de que estaban incurriendo en un incumplimiento del decreto de estado de alarma, si bien frente a ello los mismos habrían sido «reticentes» a resolver la situación ateniéndose a las restricciones dictadas.


Dado el caso, los agentes optaron por apearse del coche patrulla para identificar a estas personas, momento en el que la joven de la pareja, que cuenta 18 años de edad cumplidos el pasado mes de enero, habría escupido presuntamente a uno de los policías. Tal extremo motivó la detención de la joven, a la que se le instruyen diligencias por desobediencia, resistencia grave y atentado a agente de la autoridad.

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2045 en: 19 de Marzo de 2020, 07:07:50 am »

Policía y Guardia Civil suman en su filas un centenar de positivos por coronavirus

Ambos cuerpos han puesto en marcha un registro para contabilizar las bajas y poner medidas contra la propagación del contagio entre sus filas

Alejandro Requeijo

Publicado 19.03.2020 - 05:15

Un total de 60 agentes de la Policía Nacional y 34 de la Guardia Civil han dado positivo por el virus Covid-19 en lo que va de crisis sanitaria, según informan a Vozpópuli fuentes oficiales de ambos cuerpos, en los que se ha puesto en marcha un sistema para llevar un conteo diario de los nuevos casos.

Tanto en la Policía Nacional como en el Instituto Armado se establecieron unas pautas de actuación tras la declaración del estado de alarma que incluían la obligación para las distintas plantillas de rellenar un formulario en el que se diese cuenta de los casos nuevos de contagio. Esa información se hace de forma diaria y acaba en las Direcciones Generales.

Estas medidas de control sirven también a modo preventivo para evitar que la enfermedad se propague. El formulario de la Policía pide indicar la plantilla, los casos pendientes de resultado, los casos negativos, los casos positivos, el personal de baja, y el personal recuperado.

En las indicaciones que se les impartió para casos de contagio de algún compañero, los agentes que hubieran estado en contacto con él “habrán de acudir a alguno de los teléfonos de emergencias para la valoración por un facultativo sanitario”. Por su parte, el funcionario que presente síntomas deberá ser aislado y dar parte a las autoridades.
Servicios esenciales

La orden del Ministerio del Interior en la que se detallaba las pautas de actuación para las fuerzas de seguridad durante el Estado de alarma ya fijaba una serie de servicios esenciales que siempre deben contar con personal suficientes. Avanzaba además la posibilidad de mover a agentes de otras unidad a fin de garantizar esos servicios esenciales.

Al menos la Policía Nacional ha establecido como servicios esenciales los servicios de 24 y atención al ciudadano, los servicios de custodia de detenidos, puestos fronterizos, el GEO y los Tedax. “En caso de registrarse un importante número de afectados en determinadas plantillas o unidades, que origine un desequilibrio en la distribución de los recursos humanos deberá ser atendido a nivel de cada Jefatura Superior. Los servicios esenciales deberán cubrirse con el personal necesario”, dice el plan de actuación elaborado por la Policía.

Este miércoles, la Guardia Civil ha lamentado la muerte de uno de sus agentes, de 39 años de edad y destinado en el servicio de retribuciones en Valdemoro. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha lamentado “profundamente” el suceso. “Dedicó su vida a servir al ciudadano. Descanse en paz", ha señalado.




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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2046 en: 19 de Marzo de 2020, 09:30:58 am »

La Policía detiene en Sevilla a una joven por escupir a un agente que le reprendía estar en la calle



OKDIARIO17/03/2020 14:24




El detenido por escupir a un agente de Policía presenta síntomas de coronavirus
16/03/2020

El joven detenido ayer en Segovia, en el marco del real decreto del estado de alarma, permanece en cuarentena domiciliaria por tener síntomas de coronavirus, según confirmó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Esta persona escupió a un policía local, gritando que tenía coronavirus, cuando los agentes se acercaron a él y sus amigos por estar bebiendo en la calle, en la zona del recinto ferial de la ciudad. El atestado sobre los hechos será enviado al Juzgado.

La Policía Local, tras hacer una consulta al Jugado de Guardia, le puso en libertad ante la imposibilidad de tomarle declaración por tener síntomas compatibles con el Covid-19 y cuando debía de estar en cuarentena en su propio domicilio. Los agentes de la Policia Local le detuvieron por contravenir el real decreto de que regula el estado de alarma al escupirles diciendo que tenía coronavirus y por estar bebiendo en la calle, sin seguir las restricciones de movilidad.


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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2047 en: 19 de Marzo de 2020, 14:11:00 pm »
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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2048 en: 20 de Marzo de 2020, 10:15:20 am »

Ocho guardias civiles de Casetas, en cuarentena tras ser escupidos por una detenida positivo en coronavirus



El abogado que la asistió en el calabozo critica que no le hayan hecho el test / La mujer, que se encuentra ya en libertad, fue arrestada por agredir a su pareja en Cuarte de Huerva
 
Guardias civiles provistos con mascarillas ante la pandemia de coronavirus. - ESTEBAN MARTINENA GUERRERO
Guardias civiles provistos con mascarillas ante la pandemia de coronavirus. - ESTEBAN MARTINENA GUERRERO

3   
L. M. G.
20/03/2020

Ocho guardias civiles pertenecientes al puesto de Casetas de la Guardia Civil permanecen en sus casas de cuarentena, después de que la mujer a la que detuvieron el pasado martes haya dado positivo en la prueba del coronavirus. Esta mujer, P. A. U., les escupió en dos ocasiones durante la intervención por un delito de violencia doméstica. El abogado defensor que le asistió, perteneciente al Turno de Oficio, Luis Ángel Marcén, se ha confinado en su casa, después de que le hayan negado a practicarle el test.
La intervención que ha desembocado en este problema de seguridad sanitaria tuvo lugar por la tarde en un domicilio de la calle Pirineos, en la localidad zaragozana de Cuarte de Huerva. Un hombre llamó a la sala del 062 diciendo que estaba siendo agredido por su novia.

Inmediatamente se trasladaron hasta la vivienda varias dotaciones del instituto armado que se encontraron en el interior del piso a un hombre magullado y a la pareja sentimental de este descontrolada.

Los agentes tuvieron que reducirla, siendo escupidos en varias ocasiones al grito: «Tengo coronavirus». No fue la única vez, ya que su traslado en el vehículo policial volvió a hacerlo. Una actitud que en un momento pasó desapercibida hasta que ayer se activaron todas las alarmas. Recibieron una llamada del hospital en la que les advertían que P. A. U., la mujer que tenían en el calabozo, había dado positivo en coronavirus.

Protocolos de prevención

Los agentes lo pusieron inmediatamente en comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza que inmediatamente activó los protocolos de prevención, poniendo en cuarentena a todos los agentes expuestos a este peligro.

Estos mismos guardias civiles se lo comunicaron al abogado que tocó defender a la mujer provisto de guantes y una mascarilla que le dieron los agentes.

Reconoció que «se asustó» porque estuvo muy cerca de ella en los calabozos, así que no dudó en llamar al consultorio para que le hicieran el test. Al no tener ningún síntoma le dijeron que no se lo podían hacer y acudió al Clínico de Zaragoza. Recibió la misma respuesta y la recomendación de que se aisle en su vivienda.

«Me quedaré en casa por responsabilidad, pero si me he infectado he puesto en peligro al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, al de Guardia y hasta un preso de Zuera al que tuve que atender en una prueba médica en la clínica forense», señaló, mientras criticó que Sanidad no atienda casos como el suyo. La detenida se encuentra ya en la calle por decisión judicial.

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2049 en: 21 de Marzo de 2020, 07:33:32 am »

Guardias civiles piden que las bajas por coronavirus se consideren acto de servicio
La asociación Aprogc ha enviado la propuesta a la directora general para que el Gobierno conceda ayudas, indemnizaciones y pensiones a los agentes que se vean afectados

Fecha
20/03/20access_time 10:28

La Guardia Civil ya cuenta con un agente fallecido a causa del coronavirus: Pedro Alameda, destinado en Madrid, de 37 años y sin patologías previas.

Ante esa muerte, y con miles de agentes participando en el dispositivo especial de seguridad por esta crisis sanitaria, la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) ha dirigido una petición a la directora general del cuerpo.

La propuesta enviada a María Gámez consiste, principalmente, que las infecciones de los guardias civiles y sus secuales sean consideradas como producidas en acto de servicio.

Eso tendría implicaciones a la hora de conceder ayudas, indemnizaciones y pensiones a los guardias civiles que pudieran caer enfermos, estuvieran de baja por esta enfermedad e incluso los que, como Pedro Alameda, puedan morir a causa del coronavirus.

“La situación en la que el Covid-19 ha puesto a la sociedad ha determinado que los guardias civiles vuelvan a dar la talla, y la darán hasta el final, hasta donde se les necesite”, señalan desde Aprogc, que lamentan que “en muchos casos, sin recibir los medios de protección más adecuados, lo cual no va a impedir que cumplan la importante misión que se les ha encomendado para que esta tragedia social que vivimos se termine cuanto antes”.

Por ello, esta asociación considera que en el marco de las medidas excepcionales que se están adoptando estos días desde el Gobierno de España, se tendría que considerar como acto de servicio las bajas por coronavirus en la Guardia Civil.

A su juicio, sería una manera “de reconocer, y devolver, el esfuerzo que los guardias civiles están haciendo por los demás”.


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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2051 en: 25 de Marzo de 2020, 07:34:01 am »
Pero explique el por qué, no se lo calle...



Los policías y guardias civiles infectados no serán considerados víctimas en «acto de servicio»
Coronavirus, última hora en directo
Policía y Guardia Civil
Policía y Guardia Civil

    R. Tejero y P. Barro
    24/03/2020 21:20

La Guardia Civil y la Policía Nacional trabajan incansablemente en las calles de España mientras millones de compatriotas permanecen en sus hogares cumpliendo la cuarentena. Los agentes, expuestos en mayor medida al contagio por coronavirus, no se considerarán víctimas en acto de servicio si sufren las secuelas de la enfermedad, o incluso, si fallecen por ella.

Cinco guardias civiles han fallecido ya a causa del virus que atemoriza al mundo. Los cuatro primeros agentes, dos de ellos de 57 años, otro de 38 y otro de 37, no se encontraban si quiera en los denominados grupos de riesgo. El quinto, José Antonio de 47 años y destinado en Aranjuez, fue anunciado por el Ministerio de Interior en la tarde de este martes:

    Nuestro más hondo pesar por el fallecimiento de José Antonio, miembro de la @guardiacivil destinado en Aranjuez.

    Falleció víctima del #COVID19

    Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y allegados.

    También a todos sus compañeros

    Fernando Grande-Marlaska

    — Ministerio Interior (@interiorgob) March 24, 2020

El agente fallecido este martes estaba destinado en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez, donde se forman los futuros cuadros de mando del cuerpo policial. Tarea a la que estaba dedicada José Antonio.

Estos datos han alarmado al resto de guardias civiles, que se quejan de tener una probabilidad mayor de contagio de coronavirus por su labor en las calles y, por lo tanto, ser víctimas de ello.

Un total de 157 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están infectados por el Covid-19, según los últimos datos ofrecidos por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sin embargo, y a pesar de que ellos no pueden cumplir una cuarentena como el resto de españoles, no cuentan con ningún tipo de ventaja por su mayor exposición. Así lo ha denunciado la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) en un comunicado en el que anuncia que ha pedido a Interior que esto cambie.

    Pase lo que pase, que sea en ACTO DE SERVICIO.
    Pásalo!!! Por ti, por los tuyos!!!👨‍👩‍👦‍👦#HablandoCLARO #GuardiaCivil #Covid19 #coronavirus #QuedateEnCasa #quedateEnTuCasa pic.twitter.com/G4hnXMDxrO

    — Asociación PRO Guardia Civil (@APROGC) March 20, 2020

La petición fue emitida a principios de semana y, tal como aseguran desde la asociación, aún no han recibido respuesta alguna. «Nosotros tenemos que estar en la calle y lo justo sería que se tuviese en cuenta», afirman desde APROGC.

Por el momento, los agentes fallecidos y los infectados no pueden contar con las ‘ventajas’ de ser considerados víctimas en acto de servicio. Algo que podría tener consecuencias futuras, por ejemplo, en sus pensiones de jubilación.

Sí para las bajas

La petición realizada por la asociación de guardias civiles no hace referencia a las bajas laborales a consecuencia del virus.

En situaciones de incapacidad temporal, aislamiento o cuarentena relacionadas con el Covid-19, los agentes sí tendrán consideración de bajas médicas en acto de servicio a efectos de incentivos al rendimiento.





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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2052 en: 25 de Marzo de 2020, 07:41:04 am »
Será por que el virus es nuevo y no está aqui?


https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-22169-consolidado.pdf

Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el  cuadro  de  enfermedades  profesionales  en  el  sistema  de  la Seguridad  Social  y  se  establecen  criterios  para  su  notificación  y registro

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2053 en: 28 de Marzo de 2020, 07:43:00 am »

EN SEGOVIA
Un hombre ingresa en prisión por saltarse el confinamiento dos veces y escupir a policías
El juez considera que existe un "riesgo de reiteración delictiva y de agravar con su comportamiento la situación límite en la que nos encontramos desde el punto de vista de la salud pública"

Autor
Pablo Gabilondo
Contacta al autor
@p_gabilondo
26/03/2020 15:23 - Actualizado: 27/03/2020 01:09

El Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para un hombre que se saltó el confinamiento dos veces y escupió a la policía. "No han valido los apercibimientos judiciales que se le hicieron cuando se decretó su libertad provisional con ocasión de esa primera detención. Ha seguido actuando de manera arbitraria e incívica, en una situación tan delicada como la que se encuentra nuestro país, las personas que en él residen y el sistema sanitario que nos atiende, sin tener consideración alguna por los que velan por nuestra seguridad y por el cumplimiento de las normas, como son los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", argumenta el magistrado en su resolución.

El juez atiende así la petición del fiscal, que considera que su comportamiento trasciende los límites de la infracción administrativa y puede ser constitutivo de un delito de desobediencia grave a la autoridad. Según se recoge el auto de prisión, el sujeto mostró un comportamiento violento y amenazante hacia los policías, a quienes vejó y cuya salud puso en riesgo, llegando incluso a escupir a uno de ellos en la cara en tres ocasiones. A la vista de estos hechos, el juez considera que existe un "riesgo evidente de reiteración delictiva y de agravar con su comportamiento la situación límite en la que nos encontramos desde el punto de vista de la salud pública, de ahí que el único remedio posible sea la privación de libertad del referido".

El Juzgado de Instrucción 4 de Salamanca también ha resuelto una cuestión similar este jueves al toparse con una mujer que fue sorprendida dos veces por la Guardia Civil en la calle y agredió al agente que la detuvo. En este caso, el juez ha resuelto el asunto con un juicio rápido y la ha condenado a pagar una multa de 720 euros por resistencia a la autoridad y otra de 120 por un delito leve de lesiones, a lo que se suma una indemnización de 210 al agente al que propinó una patada en los genitales. Los hechos se remontan al martes, cuando, en menos de una hora, la mujer fue advertida dos veces de que no podía beber en la calle. Ante la negativa de regresar a su vivienda fue detenida, tras lo que este miércoles se celebró un juicio rápido en el que se le aplicó el atenuante de intoxicación etílica.
Multas de entre 100 y 600.000 euros

El incumplimiento de las órdenes dadas por el Gobierno tras la declaración del estado de alarma está sancionado con multas que van desde los 100 hasta los 600.000 euros en función de su gravedad, pero también se contempla la posibilidad de cárcel al incurrir en un delito. Así, entre las conductas más leves se recoge retirar vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por la policía para delimitar perímetros de seguridad, lo que conlleva una multa de entre 100 y 600 euros. La desobediencia o la resistencia a la autoridad en el ejercicio de sus funciones, cuando no sea constitutiva de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o la alegación de datos falsos o inexactos, se considera sanción grave y conlleva multas de 601 a 30.000 euros.

Si el comportamiento que observen los agentes pone en riesgo la salud pública, las infracciones suben a entre 3.001 y 60.000 euros, llegando hasta los 600.000 si se considera "un riesgo o un daño muy grave". La misma sanción se impone por incumplir, de forma reiterada, "las instrucciones recibidas de la autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta daños graves para la salud". Además, en aplicación de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, se recogen multas de hasta 600.000 euros por incumplir las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia.

En lo que se refiere a las penas de prisión, estas se aplican cuando el comportamiento sea considerado delictivo. En ese caso, se castiga con la pena de tres meses a un año o multa de seis a 18 meses a los que "resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". A la vista de los hechos ocurridos en Segovia, el magistrado considera que el hombre ha podido incurrir en este delito de desobediencia grave a la autoridad y ha ordenado su ingreso en prisión provisional ante el "riesgo evidente de reiteración delictiva".


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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2054 en: 30 de Marzo de 2020, 09:13:24 am »

El Supremo obliga a la Policía a pagar a una agente un suplemento por ocupar un puesto superior al suyo
La Dirección General se negaba a abonarle complementos de la especialidad científica, ya que formalmente tenía otro destino

30/03/20access_time 1:02

Una agente de la Policía Nacional le gana en los tribunales un pulso a la Dirección General de Policía a cuenta del sueldo. El punto de discusión era si debía cobrar según la categoría y el destino que formalmente tenía, o de acuerdo con el puesto que en la práctica ocupaba, en el que tenía que cobrar más.

Confidencial Digital ha podido consultar una sentencia con la que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo desestima el recurso presentado por la Abogacía del Estado, que pretendía tumbar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ya daba la razón a la agente en detrimento de la Dirección General de Policía.

Trabajaba como “Especialista Policía Científica”

La denunciante era funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía con la categoría de policía. Estaba adscrita a un puesto de trabajo de “Personal Operativo Escala Básica”.

Sin embargo, aseguraba que desde el 13 de enero de 2013 venía desempeñando las funciones del puesto de “Especialista Policía Científica”, concretamente en la Sección de Documentoscopia de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Científica.

Así que reclamó ante la Dirección General para cobrar como “Especialista Policía Científica”, es decir, un salario mayor el que tenía como “Personal Operativo Escala Básica”.

La División de Personal de la Dirección General de Policía rechazó su reclamación. En una resolución de 31 de agosto de 2015, le denegó percibir los complementos retributivos correspondientes al puesto de “Especialista Policía Científica”, al entender que las retribuciones que le correspondían eran las del puesto al que estaba adscrita.
El TSJ dio la razón a la agente

La agente presentó un recurso contencioso-administrativo contra esa resolución de la División de Personal, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le dio la razón.

Los jueces del TSJ de Madrid anularon la resolución de la División de Personal de la Dirección General de Policía y le reconocieron el derecho a percibir las diferencias retributivas por los complementos de destino, específico (general y singular) y de productividad del puesto de “Personal Técnico”, respecto de las de auxiliar analista "Especialista Policía Científica", a partir del 14 de enero de 2013, más los intereses desde la reclamación administrativa. Asimismo, le reconoció el derecho a percibir esas diferencias en lo sucesivo mientras se mantengan las mismas circunstancias de desempeño.

En la sentencia se indicaba que se había podido verificar que la agente reclamante venía desempeñando el puesto de “Especialista Policía Científica” en la Comisaría General de Policía Científica a partir del 14 de enero de 2013, “pues el trabajo especializado que realiza se corresponde con las labores de los Especialistas en Policía científica, y ello va a determinar la estimación del recurso, pues basta el desempeño del puesto, con independencia de que exista un nombramiento formal --eso sí, con asunción de la totalidad de las funciones, tareas y responsabilidades-- para que nazca el derecho a devengar las retribuciones complementarias reclamadas en aplicación del principio constitucional de igualdad”.

También concluía que “ha de tenerse presente también que cuando se acredita que en determinado puesto desarrollan los mismos cometidos y funciones, con el mismo grado de responsabilidad que en otro, con independencia de que haya o no adscripción formal, los principios de igualdad, mérito y capacidad exigen reconocer el derecho a percibir las mismas retribuciones complementarias”.

La Abogacía del Estado, en representación de la administración, presentó un recurso de casación contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que recientemente lo desestimó.
El Supremo confirma la sentencia

Los jueces de la Sala Contencioso del Supremo señalan que ya varias sentencias anteriores del mismo tribunal que van en una misma dirección, que es la que siguen también en este caso para dar la razón a la policía nacional reclamante frente a la Dirección General.

La sentencia que desestima el recurso de la Abogacía del Estado cita varias de esas sentencias que van ya formando una jurisprudencia consolidada.

Por ejemplo, el Tribunal Supremo señaló que “la realización de tareas concretas, se supone que de otro puesto mejor retribuido, no es el presupuesto a partir del que se ha formado la jurisprudencia de la que se viene hablando”.

La clave en este tipo de pulsos entre un funcionario (una agente de la Policía Nacional, en este caso), y la administración (la División de Personal de la Dirección General de Policía), es “el ejercicio material de otro puesto en su totalidad o en sus contenidos esenciales o sustantivos -es la identidad sustancial la relevante-”.
Ejercicio continuado y no puntual

En la sentencia anterior rescatada para sustentar ahora las pretensiones de la policía nacional para cobrar el complemento de Policía Científica, el Supremo había ya argumentado que “mientras que ningún reproche parece suscitar que un ejercicio puntual de funciones de otro puesto no comporte el derecho a percibir las retribuciones complementarias de este último, tal como dicen esos artículos, solución diferente ha de darse cuando del ejercicio continuado de las funciones esenciales de ese ulterior puesto se trata”.

Sería este caso, es decir, que una policía nacional trabaja realmente en otro destino distinto de aquel al que formalmente está adscrito.

“Mientras que el primero no suscita dudas de que cae bajo las previsiones de los preceptos presupuestarios, el segundo caso, contemplado desde el prisma de la igualdad, conduce al reconocimiento del derecho del funcionario en cuestión a las retribuciones complementarias del puesto que ejerce verdaderamente con el consentimiento de la Administración”, señaló el Supremo.

En otra sentencia de 2019, también había establecido el Alto Tribunal que “los funcionarios que desempeñen la totalidad o las tareas esenciales de un puesto de trabajo distinto de aquél para el que fueron nombrados perciban las diferencias retributivas entre los complementos de destino y específico del puesto efectivamente desempeñado y los del suyo”.

De ahí que los jueces de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo terminen desestimando el recurso de la Abogacía del Estado frente a la sentencia del TSJ de Madrid, por lo que confirma la decisión de obligar a la Dirección General de Policía a pagar a la agente “las diferencias entre las cantidades abonadas y las que le correspondían como ‘Especialista Policía Científica’ desde 14 enero de 2013 y mientras lo continúe desempeñando, con los intereses legales devengados desde la fecha de la petición en vía administrativa”.


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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2055 en: 04 de Abril de 2020, 07:23:11 am »

La Guardia Civil impide a los agentes considerar accidente laboral el contagio del coronavirus
Una instrucción remitida por correo electrónico la semana pasada prohíbe catalogar como "siniestralidad laboral" a los agentes infectados del cuerpo.
4 abril, 2020 02:33

Brais Cedeira @BraisCedeira

Una instrucción interna remitida por correo electrónico la semana pasada prohíbe a los agentes de la Guardia Civil catalogar como un "accidente" laboral la baja de un compañero del cuerpo cuando cae infectado por coronavirus.

La directriz fue enviada a una de las comandancias del cuerpo. En la orden, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el coronel jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales indica que en su departamento se están recibiendo multitud de "consultas procedentes de los diversos órganos de prevención relativas a la forma de proceder" en caso de que un agente dé positivo en Covid-19.

En esas consultas, muchos agentes preguntaban si cuando un compañero cae enfermo por el virus que ha provocado la pandemia, su baja debía recogerse en los servicios informáticos del cuerpo como un incidente en acto de servicio, es decir, como una baja por accidente laboral.

Tras recibir estas informaciones, los servicios de prevención se pusieron a indagar, y advirtieron que muchos de los miembros de la Benemérita ya habían empezado a anotar las bajas de sus colegas en los informes sobre siniestralidad laboral.

Al percatarse de esto, en esa directriz se remarca con claridad que "no se deberá grabar un hecho relativo a siniestralidad de la Guardia Civil", cuando un agente quede infectado por el Covid-19.

La justificación

Los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado llevan semanas en primera línea de batalla, previniendo y vigilando las calles para preservar a rajatabla el confinamiento de la población y evitar que los ciudadanos eludan las medidas de seguridad establecidas por el estado de alarma. Junto con el personal sanitario, son ellos quienes más se exponen, y quienes siguen realizando sus labores igual que siempre, en contacto directo con la población.



El correo electrónico en cuestión. EL ESPAÑOL

Pese a ello, la circular interna a la que ha accedido este periódico argumenta que esas circunstancias no son suficientes para catalogar un contagio por coronavirus como un accidente laboral. "Las especiales características del virus y su forma de propagación y contagio hacen muy difícil determinar, cuándo y cómo se ha producido el contagio en aquellas personas a las que se les ha diagnosticado un positivo confirmado, no pudiéndose determinar si el mismo ha sido relacionado con la prestación del servicio".

"En la actual situación de emergencia sanitaria", prosigue la ordenanza interna, "toda la población en general, incluidos guardias civiles, está expuesta a un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, denominado Covid-19".

La contestación por correo electrónico incluye otro mandato: "Eliminar todos aquellos que se hayan podido grabar hasta la fecha" en los servicios informáticos de la Guardia Civil, el llamado SIGO (abreviatura de Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana).
Miles de contagiados

Ni siquiera los cuerpos policiales se libran de la crisis sanitaria. A causa del Covid-19 ya han fallecido seis guardias civiles (cuatro de ellos en activo), dos policías nacionales, un mosso d'Esquadra, un militar del Ejército del Aire, y un policía municipal de Madrid.

Según fuentes de Interior, ya hay 502 policías nacionales contagiados, 543 agentes de la Benemérita, 87 efectivos de la Ertzaintza, 109 mossos d'Esquadra, 24 agentes de la Policía Foral de Navarra y 438 policías locales. En las Fuerzas Armadas hay son 230 militares los afectados. Es decir, oficialmente más de 2.000 contagios.

Estas cifras, sin embargo, contrastan con las que las agrupaciones sindicales manejan al consultar con sus delegados en toda España. Mientras la Confederación Española de la Policía (CEP) estima que hay unos 4.000 agentes infectados, las estimaciones de la Unión Federal de la Policía (UFP) aseguran que puede haber más de 9.000 en todos los cuerpos.

Antonio Suárez-Valdés, cuyo despacho viene confeccionando una denuncia contra el ministro Marlaska y la directora general de la Guardia Civil por los presuntos delitos contra la seguridad de sus trabajadores y homicidio imprudente, explica cómo agentes de toda España le hacen llegar las dificultades que están teniendo a la hora de desempeñar su trabajo.

"Primero se obligó a los agentes a patrullar sin dotarles de mascarillas, ni guantes, luego se prohibió a los agentes el uso de mascarillas, amenazando a aquellos que llevaban al trabajo las suyas propias, ante la falta de dotación de las mismas por Interior", señala.

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2056 en: 29 de Abril de 2020, 06:27:01 am »

El Gobierno se resiste a reconocer las bajas de los sanitarios como enfermedad profesional

Los sanitarios denuncian que las bajas laborales tras contagiarse por covid-19 se están tramitando como enfermedad común y accidentes de trabajo para evitar posibles indemnizaciones en caso de tener secuelas posteriores

Marina Alías


Publicado 29.04.2020 - 05:15

La cifra de profesionales sanitarios contagiados por covid-19 asciende a 38.369. El dato supone el 18,20% del total de casos. Han fallecido cerca de 40 personas. El sector lleva semanas denunciando la gestión política de la crisis sanitaria y la falta de protección frente a una enfermedad desconocida que, si no se cobra sus vidas, podría dejarles secuelas físicas y psicológicas a medio y largo plazo.

Diversas asociaciones, colegios oficiales y sindicatos denuncian que el Gobierno debería reconocer las bajas laborales de los sanitarios como "enfermedad profesional" contraída en el puesto de trabajo por la exposición a agentes biológicos y no como "enfermedad común" asimilada a "accidente laboral" a efectos de prestaciones de la Seguridad Social.

Según explican a Vozpópuli fuentes del sector, el Ejecutivo estaría tratando de contener un posible aluvión de solicitudes de indemnizaciones en caso de lesiones y de incapacidades de carácter permanente.

"El reconocimiento de enfermedad profesional no abarca sólo ventajas económicas, sino también responsabilidad empresarial y vigilancia de la salud en el tiempo, ya que el coronavirus es un microorganismo nuevo de evolución incierta. También contempla el derecho a la indemnización si hay lesiones físicas o psicológicas", expone Silvia Durán, médico de familia y coordinadora de delegados de Amyts.

La principal diferencia con el accidente de trabajo radica en el periodo de latencia. "Mientras que este se produce en un momento puntual y el subsidio termina en el momento en el que te dan el alta, la enfermedad profesional conlleva una observación", sostiene.
Demostrar la causalidad

Además, Durán asegura que en el caso de los accidentes de trabajo es el trabajador el que tiene que demostrar la relación de causalidad con el ejercicio profesional, mientras que en las enfermedades profesionales listadas existe una presunción iuris et de iure de que se deben al trabajo que se realiza y el nexo causal no necesita ser probado.

A través del Real Decreto-Ley 6/2020 y, posteriormente, mediante el Criterio 4/2020 del INSS, el Gobierno determina que toda situación de incapacidad temporal (IT) consecuencia del padecimiento de la covid-19 sea asimilada por el mencionado instituto como accidente de trabajo a efectos económicos. Esta instrucción se está aplicando a todos los trabajadores con independencia del sector en que desarrollen su actividad.
Después, en la Disposición Final Primera del Real Decreto Ley 13/2020 de 7 de Abril, detalla que aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocados por el virus covid-19 sean considerados excepcionalmente como situación asimilada a accidente de trabajo exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social.
"Salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo", especifica. Y añade que la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja y la correspondiente alta.
"No es solo una cuestión económica, es una también dignidad"

"Ya no es solo una cuestión económica, es una cuestión de dignidad", señala Gabriel del Pozo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos(CESM). "No es una enfermedad común, es una enfermedad profesional. Después de enfrentarse a ella en las condiciones en las que lo han hecho, ahora muchos de los sanitarios se ven obligados a iniciar un procedimiento de reclamación de contingencias en el INSS e, incluso, de acudir a los tribunales", critica.

Desde CESM reclaman un cambio de criterio en la clasificación del personal sanitario que se ha contagiado de covid-19 mientras estaba trabajando porque, según Del Pozo, esta consideración es importante a la hora de proteger a los sanitarios en un futuro en el caso de tener secuelas o, incluso, fallecer.

"Cabe recordar que, con anterioridad a la actual normativa, los profesionales sanitarios ya tenían reconocida como enfermedad profesional la enfermedad causada por coronavirus adquirida en el ejercicio de su profesión desde 2006", defiende del Pozo. Su planteamiento se apoya en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social.
Neumonías bilaterales, insuficiencias respiratorias severas...

Los foros y grupos de WhatsApp de los sindicatos médicos españoles echan humo. "Hemos sido muchos los profesionales sanitarios afectados por la covid-19 e ingresados con neumonías bilaterales e insuficiencias respiratorias severas que el día de mañana podrían acarrearnos secuelas pulmonares graves", denuncia un miembro del Sindicato Médico de Euskadi.

"Deben contemplar este hecho con la misma consideración que la silicosis en los mineros o las enfermedades por el trabajo con amianto, por ejemplo. Solo así nos garantizaremos que, si nos ocurre algo en el futuro, tendremos -nosotros o nuestras familias- la compensación legal que nos corresponde", añade.

Amyts reclama al Gobierno que reconozca el virus SARS-CoV-2 como enfermedad profesional. Ha puesto en marcha un proceso de reclamación de contingencias, por el que cada profesional cuya baja no sea reconocida como tal podrá iniciar los trámites necesarios para reclamar el cambio a la Administración.

El expediente de reclamación lo resuelve el INSS y, en caso de no estar de acuerdo con las resoluciones, los sanitarios se verán obligados a acudir a los tribunales.
400.000 bajas en España desde el 4 de marzo

Fuentes de la Seguridad Social explican que antes del Real Decreto 6/2020 las personas contagiadas por covid-19 que no eran profesionales sanitarios tenía una prestación equivalente al 60% de su base reguladora y durante los primeros cuatro días el coste recaía sobre el trabajador. Salvo que su convenio contemplara otra cosa, en ese tiempo no cobraba. Desde el día 4 al 15 lo pagaba la empresa.

"Con ese decreto, la prestación para estas personas subió al 75% de la base reguladora y paga siempre la Seguridad Social desde el primer día. En el caso de los profesionales sanitarios sus prestaciones siempre han sido consideradas accidentes de trabajo", afirman.

Las mismas fuentes aseguran que están recibiendo muchas bajas por covid-19. "Los servicios sanitarios han concedido más de 400.000 bajas desde el 4 de marzo, según los últimos datos, por lo que, sin negar que pueda haber algún médico que esté dando la baja incorrectamente, no parece que sea un caso general", consideran.

A juicio de los profesionales sanitarios la situación es "intolerable" que a un sanitario, en ejercicio de su labor y por su riesgo específico de contagio en la actividad asistencial, le sea emitido una baja por "enfermedad común" o por "accidente laboral" ante cualquier situación relacionada con el SARS-CoV-2.


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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2057 en: 11 de Mayo de 2020, 07:04:12 am »
Los escupitajos siguen siendo los mismos...sólo cambia el "tengo el SIDA" a "tengo el COVID"


después trató de agredirles
Detenido en Zaragoza tras escupir a un guardia civil y decir que tenía covid-19

Debido a la resistencia ejercida por el sospechoso para evitar su detención, dos de los agentes resultaron heridos en las muñecas y los brazos al tratar de reducirle

AutorEFE

11/05/2020 00:15 - Actualizado: 11/05/2020 02:09

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) a un hombre que escupió a los agentes cuando le requirieron para que explicara los motivos por los que se había saltado el confinamiento, y que como única respuesta les dijo que tenía coronavirus.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, el sospechoso fue visto a primeras horas de la madrugada del viernes pasado mientras vociferaba y esparcía por la calle residuos depositados en un contenedor de basura.

Al ser informado de que iba a ser denunciado el sospechoso comenzó a escupir a los agentes diciendo que tenía coronavirus

Estas fuentes han explicado que el sospechoso mostró inicialmente una actitud desafiante y agresiva ante los agentes, al tiempo que les amenazaba con "llamar a más gente para matarles" si no abandonaban el lugar.

Al ser informado de que iba a ser denunciado por incumplir las medidas establecidas en el decreto de declaración del estado de alarma, el sospechoso comenzó a escupir a los agentes diciendo que tenía coronavirus y posteriormente cogió un tablón de madera a su alcance para tratar de agredirles.El presunto agresor, reconocido por los agentes como una persona con antecedentes policiales y sancionado unos minutos antes por la policía local de la población, fue detenido cuando trataba de recoger del suelo el tablón que les había lanzado.

Tres detenidos y 1.987 multas este sábado en Madrid por incumplir el estado de alarma
EFE
Los distritos donde más sanciones se impusieron fueron Puente de Vallecas, Centro y Usera. Además, se interceptaron un total de 12 vehículos

Debido a la resistencia ejercida por el sospechoso para evitar su detención, dos de los agentes resultaron heridos en las muñecas y los brazos al tratar de reducirle.

El representante legal de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y de uno de los agentes intervienentes en el servicio, el letrado Jorge Piedrafita, se ha personado en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción nº de Ejea de los Caballeros para ejercer la acusación particular.

Tras destacar que la agresión podría suponer el contagio de la enfermedad del coronavirus a los agentes, Piedrafita ha informado, en declaraciones a 'Efe', de su intención de "actuar con contundencia para que estas conductas lesivas hacia los agentes, mientras garantizan el cumplimiento del estado de alarma y la salud de los ciudadanos, no salgan nunca gratis".



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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2058 en: 15 de Mayo de 2020, 07:43:12 am »
Compren, compren...pero leanse la norma y luego me cuentan donde pone que uno de los requisitos sea la de ser considerados "profesión de riesgo".


Coronavirus.-El PP pide al Gobierno que reconozca la labor de la Policía Local declarándola profesión de riesgo

El vicesecretario de Comunicación del PP de Málaga y diputado nacional, Mario Cortés, ha pedido al Gobierno que reconozca la labor "indispensable" que desarrolla la Policía Local y que está siendo especialmente relevante durante la gestión de esta crisis sanitaria, por lo que ha instado al Ejecutivo a considerarla profesión de riesgo, como al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Redacción
12/05/2020 14:02

MÁLAGA, 12 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del PP de Málaga y diputado nacional, Mario Cortés, ha pedido al Gobierno que reconozca la labor "indispensable" que desarrolla la Policía Local y que está siendo especialmente relevante durante la gestión de esta crisis sanitaria, por lo que ha instado al Ejecutivo a considerarla profesión de riesgo, como al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Así lo ha expuesto Cortés tras reunirse junto a la también diputada nacional Carolina España con representantes de la Unión de Policía Local y Bomberos (UPLB-A) encabezados por su secretaria general, Ángela Maldonado, destacando que, "pese a que este colectivo queda bajo las órdenes del mando único del Ministerio de Interior tras declararse el estado de alarma, al igual que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no recibe el mismo tratamiento por parte del Gobierno ni es reconocido al mismo nivel".

De este modo, ha reprochado al Ejecutivo y, en concreto, al Ministerio de Sanidad, que "haya desatendido la distribución de equipos de protección, desentendiéndose de la responsabilidad de dotarles de Equipos de Protección Individual (EPI) y de la realización de test".

"Han dejado esta tarea en manos de los municipios, pese a ser conocedores de la problemática para su adquisición en plena pandemia, a lo que se suman los vaivenes en los protocolos aplicados para su compra", ha explicado en un comunicado.

Cortés ha criticado que "con esta inacción y falta de compromiso por parte del Ejecutivo, que se ha limitado a pasar la potestad de unas administraciones a otras, ha generado una tremenda desigualdad entre cuerpos, generando policías de primera y de segunda".

También ha lamentado que el Gobierno, pese a integrarles bajo el mando único y ser consciente del trabajo de este colectivo durante la crisis sanitaria para el control de espacios públicos, garantizar la seguridad vial, así como para la atención de menores, víctimas de violencia de género y atestados, "sea catalogado como personal de baja probabilidad a la exposición del virus en el marco de la prevención de riesgos laborales", hecho que ha tachado de "un limbo insólito".

"Esta falta de protección no sólo repercute en el cuerpo de policías locales, sino sobre el conjunto de la ciudadanía", ha manifestado, subrayando que "las consecuencias de un contagio colectivo entre sanitarios, policías y servicios públicos que se encuentran en primera línea es una imprudencia que sufrirían los ciudadanos".

Por ello, el diputado nacional ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a atender esta reclamación de la Policía Local". "Como eslabón fundamental para garantizar la seguridad y el orden de cualquier ciudad, debe ser considerada profesión de riesgo en el marco de sus derechos laborales, tal y como ocurre con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad", ha insistido.

En este punto, ha recordado que el colectivo lleva años reclamando su inclusión en el Real Decreto Legislativo 1087/2015 para que los policías locales estén protegidos por las mismas medidas que recoge dicho decreto para el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por tanto, ahora que este colectivo está bajo el mando único del Gobierno, "es el momento para contemplar esta modificación del real decreto para que, en caso de accidente laboral o atentado, los agentes de la Policía Local puedan ser considerados una profesión de riesgo".





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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2059 en: 15 de Mayo de 2020, 16:14:05 pm »


Juan Cadenas gana el juicio contra el Ayuntamiento de Puerto Serrano



La sentencia condena al Consistorio a pagarle una indemnización de 360.000 euros al considerar que como policía local la Administración no veló por su integridad física

María Almagro
Actualizado:15/05/2020 15:00h

Nueva victoria judicial para Juan Cadenas, el policía local de Puerto Serrano que sufrió el brutal ataque por parte de los Cachimbas por lo que perdió un ojo, casi la vida y tuvo que dejar de ser agente para siempre. El Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Jerez ha dado la razón a Cadenas en la denuncia que presentó sobre una posible responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Puerto Serrano sobre estos hechos al considerar que se ha infringido el principio de indemnidad, esto es, el juez cree que la Administración no veló por la integridad física de su trabajador, tal y como establece la ley. Tras la celebración de la vista y analizadas las pruebas aportadas, se condena al Consistorio polichero a indemnizar al recurrente con 360.000 euros. Contra dicha sentencia cabe recurso de apelación.


En este asunto, Juan Cadenas a través de su abogado Ramón Dávila, solicitó la estimación de su recurso argumentando que el día 17 de enero de 2015, prestando sus servicios como policía local de Puerto Serrano, y con ocasión de un servicio de seguridad ciudadana, ocurrieron tales hechos y que la administración tuvo responsabilidad sobre ellos al no garantizar que realizara dicha labor con todas las medidas de seguridad y prevención de riesgos de las que era responsable.

En el fallo, al que ha tenido acceso este periódico, el juez de lo contencioso no entra en detalles sobre cuáles fueron esas infracciones pero sí da por acreditada y estimadas dichas carencias refiriéndose a la sentencia penal que condenó a los Venegas que ya dictó la Audiencia Provincial e hizo firme el Supremo cuando no admitió ninguna de las apelaciones que entonces se presentaron.

Según se reproduce en la sentencia de lo Contencioso, Juan Cadenas, «al tiempo de sufrir la abominable agresión de la que fue objeto, estaba ligado al Ayuntamiento demandado con una relación de prestación de servicios de naturaleza funcionarial, con la característica de estatutaria que le es propia, y por ello la reparación de los daños y perjuicios que surjan en el marco de esa relación de servicios debe producirse por aplicación del ordenamiento que regula esa relación funcionarial», afirma el juez en su fallo. En sus fundamentos de Derecho se hace eco de diversas sentencias emitidas a este respecto y a la norma que establece sobre este aspecto la propia Constitución.

Tras la condena a los hermanos Cachimba, José, Pedro y Jorge Venegas, por la que fueron sentenciados a penas de entre 8 y 13 años de prisión, este asunto ahora ya sentenciado en el juzgado de lo Contencioso, era un nuevo fleco de la batalla judicial que mantiene Juan Cadenas por todo lo que le ocurrió aquella madrugada de hace cinco años.

Para los demandantes, las condiciones de las dependencias policiales eran «deficitarias y ridículas», un antiguo bar de una estación de autobuses reconvertido en jefatura. Por ejemplo, sostienen que la puerta de donde sacaron el punzón de cristal que le clavaron en el ojo y el paladar al agente «incumplía absolutamente» las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Por tanto, para ellos, existe una clara relación causa-efecto entre las lesiones que sufrió Juan y la infracción de la normativa por parte del Ayuntamiento de Puerto Serrano, como responsable directo de la jefatura. El principal fundamento de esta denuncia es que no existía evaluación de riesgos y por tanto no se aplicaba ninguna prevención Otra de las principales claves que ha sostenido la defensa de Cadenas, es que tras el brutal ataque el Ayuntamiento cambió la puerta, «curiosamente» antes de la inspección de trabajo que se hizo para evaluar este caso.