Autor Tema: Derechos y riesgos laborales  (Leído 283660 veces)

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2120 en: 23 de Octubre de 2020, 06:20:42 am »

Un juez obliga a la Guardia Civil a respetar las 11 horas diarias de descanso de un agente

El abogado del guardia civil, destinado en Burgos, se basa en una directiva europea para que su defendido tenga un descanso de al menos 11 horas entre cada servicio

Gonzalo Araluce


Publicado 23/10/2020 04:45
Actualizado23/10/2020 4:51

Sentencia destacada en materia de derechos laborales de los guardias civiles. Un juez da la razón a un miembro del cuerpo que, tras un largo proceso judicial, peleaba por que se respetasen sus 11 horas de descanso entre cada servicio. Destinado en la comandancia de Burgos, el agente denunciaba que al menos en siete ocasiones y en un breve periodo de tiempo se le habían asignado servicios con un intervalo inferior a esas horas.

El episodio tuvo lugar en marzo de 2019. El agente, cuyo nombre corresponde con las iniciales L.A.L.C., alegaba que durante ese mes se le habían asignado siete jornadas de trabajo con un descanso inferior a 11 horas. El guardia civil consideraba que esas órdenes vulneraban sus derechos y, por tanto, elevó un escrito fechado en el 22 de abril de 2019 en el que denunciaba la situación.

A partir de entonces comenzó el arduo proceso judicial que no empezó con buen pie para el agente. El 26 de febrero de 2020, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de León desestimó el recurso de L.A.L.C. El agente, no obstante, agotó todas las vías judiciales y recurrió la decisión: pedía que se anularan todas las resoluciones recurridas y que se le compensara con las horas de descanso que le correspondían.

Una directiva europea

El asunto llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La defensa del Guardia Civil apelaba a la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que recoge la "ordenación del tiempo de trabajo". En base a esa premisa, L.A.L.C. y su equipo jurídico pedían que se le compensara por esa batería de turnos que encadenó con menos de 11 horas de descanso.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó su sentencia el pasado 15 de octubre de 2020 -hace una semana-: el juez admitió el recurso del guardia civil y le dio la razón: "[Reconocemos] al actor el derecho a disfrutar de los descansos compensatorios que sean procedentes", añade el escrito de la sala. Una sentencia que pone fin a los turnos con menos de 11 horas de descanso para el agente destinado en Burgos.
Fijarlo como norma habitual

"Hay sentencias en otras provincias que están indicando lo mismo", aseveran desde IGC, la asociación que ha prestado asesoramiento jurídico al guardia civil. "Esperamos que la dirección general tome medidas y que haga cumplir esta norma a nivel nacional. Y que, por tanto, no sea necesario que cada agente tenga que recurrir a los tribunales siempre que discrepe sobre estas órdenes".

El portavoz de la asociación añade, en conversación con Vozpópuli, que tener descansos inferiores a esas 11 horas debería ser opcional para cada guardia civil: "Puede haber algunos casos a los que les interese, porque así pueden terminar antes su jornada y regresar a casa. Pero a otros muchos les supone un gran desajuste, porque en ocho horas tienen que trasladarse a su vivienda, cenar, acostarse, despertarse y regresar al trabajo con pocas horas de sueño".

IGC considera que esta sentencia respalda su petición de que se establezca, como norma habitual, un descanso de 11 horas entre turnos para los guardias civiles.




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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2121 en: 23 de Octubre de 2020, 06:23:00 am »
Cuando se habla de 11 horas de descanso de qué estamos hablando?

Sólo de turno ordinario o también se incluyen los extraordinarios voluntarios?


Esa es la gran cuestión....que hay funcionarios que doblan, triplican, cuadruplican empalmando ordinario con extraordinario en un cúmulo de horas sin descanso alguno.

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2122 en: 24 de Octubre de 2020, 03:52:27 am »
Podemos admite que el despido del abogado Calvente por acoso sexual a una trabajadora fue improcedente

https://www.20minutos.es/noticia/4427881/0/podemos-admite-que-el-despido-del-abogado-calvente-por-acoso-sexual-a-una-trabajadora-fue-improcedente/

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2123 en: 27 de Octubre de 2020, 08:29:57 am »
José Antonio Domingo ,el compañero que lucho hasta regresar al trabajo

Ailpold   
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Ailpold
26 de octubre de 2020



Hoy contamos  la historia de José Antonio Domingo (45 años) , el se incorporó a la policia en el año 2004 y 8 años después ,en el mes de Octubre del 2012 tuvo un pequeño aviso estando de servicio .Un día tras estar por la mañana trabajando con normalidad ,cuando regresaba a la unidad para tomarse un pequeño descanso, noto que no se encontraba bien y empezó a notar un dolor de cabeza muy fuerte y un fuerte mareo,fue trasladado al hospital más cercano y tras varias pruebas se determino que era un pequeño vertigo y que no era preocupante y siguió con su vida normal.

Un mes después fue  trabajando cuando le volvió a dar otro mareo ,pero esta vez no era igual ,tuvo pérdida de consciencia y un dolor terrible de cabeza ,fue de nuevo trasladado al hospital ,pero en este caso le dijeron que no se preocupara que había sido otro mareo más grave pero que se podía marchar a casa ,el no se encontraba nada bien, pero siguió las indicaciones médicas.

Al día siguiente cuando se levanto de la cama ya noto que esto no era un simple mareo ,todo le daba vueltas no podia caminar en linea recta y le costaba entender a las personas ,fue de nuevo a su Mutua y le dieron de baja por ello ,mandándole una resonancia de forma Urgente al ver un derrame grave en uno de sus ojos.Unos días después le dieron la noticia que había sufrido un Ictus,pero esto no fue lo peor sino que 15 días después le repitió estando en su casa por la mañana ,de nuevo un fuerte dolor de cabeza le hizo perder la consciencia en el salón ,vino el SUMA de forma Urgente ,viendo como su mujer veía que no podía hablar bien y que decía cosas incoherentes ,otra vez se volvía a repetir y en la misma zona ,zona del cerebelo en el polígono de Willis .

Eso ocurrió en 2012, cuando ya no pudo volver a su puesto. “Cogí la baja, y en aquel entonces no sabía lo que debía de hacer ,no tenia capacidad de entender nada ,era como un automata ,había sufrido varios ictus isquémicos.

Antes había tenido un aviso y no le hice caso ,por el mal endémico que tenemos creyéndonos que esto no me puede pasar a mí. Entre en una depresión muy fuerte ,nada me parecía sencillo ,todo era un mundo ,no era capaz de atender a mi hija ,no podía enterarme de nada ,y me caía frecuentemente ,por las mañanas no podía levantarme de la cama ”, recuerda. Durante el periplo de especialistas en su enfermedad, recibe una comunicación de la Seguridad Social. “Me habían dado una incapacidad llevando solo 8 meses de baja ,ya habían resuelto sin verlo siquiera. Era incapaz de hacer nada , no era capaz simplemente de pensar que le estaba sucediendo.

Unos días después me llamaron de personal del Ayuntamiento indicándome que me había jubilado ,no entendía nada le indique a mi mujer que se acercara al departamento de personal conmigo ,ese día me notificaron el cese ,pero eso no era lo más grave ,pues todavía no era capaz de interpretar lo que estaba sucediendo, pues en persona me indicaron que era el procedimiento habitual y que no pasaba nada, que me cuidara. No dudé de lo que me decían”, cuenta.
Ailpold

JUBILACION FORZOSA

Fue seis meses después, tras una rehabilitación y un tratamiento para las crisis de angustia que estaba sufriendo ,cuando empezó a recuperarse del todo y descubrió que le habían jubilado. “Recibí de nuevo una carta certificada tras realizar un nuevo escrito a la seguridad social en la que me confirmaban que era pensionista.

Pero esto no era lo peor sino que a la vez unos días después recibí una llamada de la Unidad de mi Oficial ,indicándome que tenía que entregar la ropa y todas mis pertenencias ,lo recuerdo como el día más triste de mi vida porque es algo que no te esperases como si te arrancaran algo muy dentro de ti.

“No había recibido ningún decreto de alcaldía, ninguna notificación del ayuntamiento conforme a que me cesaban, no había podido defenderme. Nada”, recuerda.


El INS ya había resuelto tras un informe de la Mutua por parte del neurólogo ,en el que indicaba que padecía una incapacidad permanente total y el responsable de personal le comunicó que no podía seguir trabajando.
José Antonio era consciente de que no podía desempeñar su labor como agente de calle en aquel entonces  “voy medicado con anticoagulantes por mi enfermedad y además no estaba físicamente como estoy ahora tras la recuperación ” pero sí podia realizar cualquier otro puesto adaptado, porque hay muchísimos en Madrid.

Finalmente lo consiguió, pero no ha sido un camino fácil. “Tras muchos años de litigios judiciales y con las idas y venidas a la seguridad social ,conseguí revertir esta situación y pedí el reingreso en el año 2018 tras la ultima resolución ”.

EN TIERRA DE NADIE

“Me saque la oposición  con un gran esfuerzo, trabajaba 12 horas en la empresa privada,estaba muy cerca de los 28 años ,en 8 meses había aprobado en 4 municipios ,Pozuelo de Alarcón ,Torrejón de Ardoz ,Mejorada del Campo y Madrid .Pasé nueve meses en la academia para tener un puesto de trabajo seguro y por una enfermedad me echan a la calle sin darme ni si quiera ni un triste papel”, lamenta.

Jose Antonio es padre de una niña, tenia un trabajo seguro y una vida acorde al sueldo que ganaba pero de repente se vio con la mitad de los ingresos y fue una época muy dura la que tuvo que pasar. Tras ello, reclamó al consistorio, al Ayuntamiento de Madrid un puesto adaptado a sus lesiones pero se lo denegaron. Se vio “en tierra de nadie” durante muchísimo tiempo .

Primero conoció al compañero Rentero de Madrid ,”una de las mejores personas que he conocido” ,me oriento y me ayudo muchísimo ,es casi como un hermano para mí, el fue el que me abrió los ojos en este periplo judicial ,y posteriormente, conocí, buscando información a Vicenç Flores de la Asociación de Policías con Discapacidad (AILPOLD) .

Su presidente, Vicenç Flores, le orientó para poder reclamar sus derechos. “Sin ellos no hubiera podido hacer nada porque vamos totalmente  perdidos”, agradece José Antonio. Tras estudiar la normativa, se agarró a la normativa vigente, y reclamó su derecho a un puesto acorde a su situación.

A pesar de que tuvo que llegar hasta el tribunal Supremo el periplo judicial y recurrir varias veces la incapacidad emitida por el INSS sin valorarle ,consiguió  revocar dicha situación.

Una vez solicitada la reincorporación por el Ayuntamiento que tuvo que recurrir dado que no la llevaban a efecto ,unos meses después se le realizo una valoración funcional en el Instituto Fabiola de Mora y Aragón que determino que podía regresar a un puesto de trabajo operativo con limitaciones funcionales.

Aun tiene procesos judiciales abiertos contra el consistorio y varias reclamaciones internas en procesos internos , decir ,que 2 años después de la incorporación todavía no se ha echo justicia con el ,aún habiendo ya un dictamen de la ONU por vulnerar los derechos de los policías con discapacidad en España.
Luchar para trabajar

No puedo estar más contento con volver a mi puesto de trabajo . “Quiero que los compañeros no dejen de luchar ,no hay que conformarse ,hay que adaptarse a tu situación pero trabajar es un derecho que no hay que dejarlo perder”, subraya. “Estoy muy feliz en mi situación actual . No tenían que haberme jubilado nunca ,porque podía haber realizado un montón de funciones perfectamente, acomodándolas a mi estado de salud. Siempre te queda un punto de frustración y dolor pero también de satisfacción por haberlo conseguido”, confiesa.

José Antonio anima al resto de compañeros que se han visto discriminados por una discapacidad sobrevenida a no parar hasta volver a su puesto de trabajo. “Se puede conseguir, hay que pelearlo muchísimo, pero no hay que tener miedo a las administraciones . Y es que esta lucha va más allá de recuperar tu puesto de trabajo, es de vulnerarte como persona” . “Pienso en un montón de compañeros que no conocen esta asociación y están por ahi perdidos como lo estuve yo , no podemos llegar a informar a todos y muchas administraciones lo hacen mal porque no saben hacerlo de otra forma , por ello no hay que abandonar nunca a un compañero con una incapacidad , todos merecemos un puesto de trabajo adaptado”, señala.

Ahora como no podía de ser de otra forma dedica su tiempo libre a ejercer como delegado de la zona de Madrid y luchar junto a los compañeros de la Asociación (AILPOLD) a que no sea vulnerado ningún compañero que sufra una incapacidad sobrevenida o se encuentre solo y perdido.

Aún así, se muestra positivo porque, al fin y al cabo, ha vencido. Un periplo de seis años de lucha para acceder a un derecho fundamental; trabajar.

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2124 en: 27 de Octubre de 2020, 08:35:11 am »
No siempre las causas judiciales acaban bien y en este foro tenemos un caso de hace tiempo en el que por dos sentencias se falló en contra del jubilado forzoso y asi sigue desde que se produjeron...en mi opinión fue un error del letrado que llevó el asunto al no ir contra la decisión de la SS de jubilación forzosa y si contra el municipio, cuando el munícipe lo que hace es simplemente aplicar lo que desde la SS se le significa, es decir, jubilación forzosa ya que es el competente...y ese error le costó que no pudiera recuperar su plaza.

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2125 en: 28 de Octubre de 2020, 11:04:42 am »
Una más sobre jubilaciones forzosas, esta vez en Palma....incluso condena en costas a la administración.

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2126 en: 29 de Octubre de 2020, 06:23:17 am »

La Policía lanza un plan 'anti-suicidios' para evitar más bajas entre sus filas

La propuesta contempla un plan de actuación en tres fases de prevención y recoge alegaciones que han presentado sindicatos como el SUP

Gonzalo Araluce

Publicado28/10/2020 18:48

La Dirección General de Policía ha presentado este miércoles un proyecto para minimizar el impacto del suicidio entre sus filas. El borrador consta de 12 páginas y actualiza una batería de protocolos que, a juicio de los sindicatos, ya estaban "desfasados". Entre otras medidas se contempla el desarrollo de programas de promoción de la salud mental entre aquellos agentes que afronten actividades de un "fuerte impacto psicológico". También recoge algunas alegaciones presentadas, como la del Sindicato Unificado de Policía (SUP), para regular un procedimiento de retirada cautelar del arma entre aquellos agentes que afronten estos procesos.

"Esta Dirección General se compromete a llevar a cabo las actuaciones necesarias para, implementando los recursos especializados y organizacionales precisos, potenciar y promocionar la salud mental adoptando un enfoque integral", detalla el borrador presentado este miércoles. "El objeto del presente plan es definir los objetivos a perseguir y las medidas a implantar para llevar a cabo la promoción integral de la salud mental, incluyendo la prevención de la conducta suicida".
La prevención primaria

El documento clasifica la batería de medidas en función de la fase de aplicación. En la prevención primaria -"cuya finalidad es evitar que aparezca el problema o patología"- se contempla la sensibilización de los policías sobre la relevancia de la salud mental mediante diversas campañas. También se prevé "procurar la consecución de un adecuado ambiente de trabajo": evaluaciones periódicas y propiciar la conciliación con la vida personal.

También se pretende "aumentar la información y los conocimientos con la prevención de las conductas suicidas". Para ello se creará una página web con contenidos específicos y se desarrollarán ciclos formativos. El borrador contempla la potenciación de medios de aviso accesibles para la detección de personas en "situación de vulnerabilidad" y la implantación de "mecanismos de detección de alteraciones de índole psíquica".

Otro objetivo destacado pasa por "mejorar las capacidades de afrontamiento de los funcionarios que desarrollan determinadas actividades de fuerte impacto psicológico".
Prevención secundaria y terciaria

En otro escalón, la Dirección de la Policía establece nuevas pautas para la prevención secundaria; esto es, "en la detección del daño psicológico en sus fases iniciales o estadios precoces o prepatológicos". Como objetivo se establece "la detección del riesgo de conducta suicida", "actuar ante las diferentes situaciones desde un Equipo de Intervención Psicosocial" y "proporcionar recursos de apoyo psicológico tras la participación en incidentes críticos o como consecuencia a una exposición habitual a riesgos".

Y en el ámbito de la prevención terciaria -para aquellos agentes que "hayan protagonizado una tentativa de suicidio o mostrado indicios de voluntad autolítica"- se establecen otros objetivos, que van desde "prestar la asistencia necesaria y garantizar la continuidad de la atención entre los diferentes circuitos" hasta "conformar un cuerpo de conocimientos generales sobre la conducta suicida que permita definir medidas preventivas eficaces". Entre las medidas se estudia la "retirada cautelar de armas de fuego, oficiales y particulares".

Toda esta batería de medidas requiere el desarrollo de varias estructuras internas y la dotación de recursos. La Policía potenciará los órganos a nivel central y a nivel periférico para cubrir las necesidades de todos los agentes que integran el cuerpo.
Buena acogida

El proyecto ha encontrado buena acogida en términos generales en el seno del cuerpo, tal y como refleja el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en una circular: "El documento ya está cerrado con las alegaciones que hemos presentado y que han sido tenidas en cuenta por la Administración. En este sentido, sólo quedasu publicación, una vez se produzca, en el corto plazo, su aprobación en la Comisión correspondiente".

Desde el sindicato consideran que "se llega al final de un camino muy duro, con muchas tragedias por la muerte de compañeros y compañeras as que exigen ya una herramienta que levante toda la estructura necesaria para prevenir, evitar y reducir todo lo posible el suicidio en nuestro Cuerpo".

 


   
 

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2127 en: 31 de Octubre de 2020, 16:50:20 pm »


La Inspección de Trabajo detecta que un gel distribuido en la Ertzaintza es un cosmético y no está autorizado como desinfectante


Tras una denuncia del sindicato Esan, pide también que se proporcionen mascarillas suficientes "de manera inmediata"
Especial interactivo — La crisis del coronavirus: mapas y gráficos interactivos de su expansión en Euskadi
Control de la Ertzaintza, durante el actual estado de alarma
Control de la Ertzaintza, durante el actual estado de alarma ERTZAINTZA
Iker Rioja Andueza

29 de octubre de 2020 17:45h
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@ikerrioja
La Inspección de Trabajo ha dictaminado que un gel hidroalcoholico de la marca Viribiol, que ha sido distribuido entre agentes de la Ertzaintza, "no se encuentra autorizado" por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios contra el virus Sars-Cov-2. Por ello, exige a la Policía vasca que proporcione "de manera inmediata" un gel o un desinfectante "con actividad virucida" y que esté "autorizado y registrado" por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. Este pronunciamiento llega a raíz de una denuncia del sindicato policial Esan, el segundo en implantación en el cuerpo. La central alertó en septiembre de que el Viribiol, elaborado por una empresa de Mungia (Bizkaia) llamada Quimunsa, era simplemente de uso "cosmético" pero que no era eficaz para prevenir contagios de coronavirus.


La pandemia vuelve a dejar otro récord de positivos en Euskadi: 1.226 casos de coronavirus en 24 horas

SABER MÁS
Esan también denunció que la jefatura de la Ertzaintza estaba discriminando a unas unidades frente a otras en el reparto de mascarillas. Según Esan, había casos en que no se garantizaba una protección quirúrgica cada cuatro horas cuando los agentes trabajan en turnos de ocho o de doce y que el reparto de FFP2 y FFP3 -más seguras- tampoco se ajustaba a las necesidades. La Inspección de Trabajo también plantea a la Policía vasca que "de manera inmediata" tiene que "garantizar" que la plantilla "tenga a su disposición cuantas mascarillas fueran necesarias para cubrir su jornada de trabajo".


En vista de esta resolución de la Inspección de Trabajo, el sindicato plantea formalmente la "dimisión" del responsable de prevención y salud laboral, Alfonso Apellaniz. "Peor no se puede hacer. Es de vergüenza. Ocho meses de pandemia y siguen poniendo a diario en peligro a los ertzainas", explican desde Esan.

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2128 en: 10 de Noviembre de 2020, 07:18:31 am »

404 Suicidios desde 2001: el drama oculto de Policía, Guardia Civil y Ejército

Las intervenciones de riesgo, el acceso a las armas o los insuficientes controles psicológicos, entre las razones de la mayor tasa de casos en los cuerpos policiales.

 En dos décadas la Guardia Civil ha padecido 235 casos y la Policía Nacional 160. Desde 2016 el Ejército ha registrado 9.

Mikel Segovia
08/11/2020Actualizado el 09/11/20 - 21: 28   

Es la realidad más dramática y oscura del Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional. No aflora muy a menudo en los balances de ministerios y responsables institucionales, pero está ahí, casi oculta. Cada año es la causa de muerte de no pocos miembros de estos cuerpos. Detrás de un suicidio se encuentra en la mayoría de los casos un cúmulo de razones, y las singulares características de su trabajo y de las condiciones en las que éste se lleva a cabo es una de ella. Padecer problemas personales y en el trabajo que en ocasiones derivan en algún tipo de patología psicológica es una circunstancia relativamente común, no lo es tanto tener en esas circunstancias un fácil acceso a las armas.

Es esta combinación mortal la que está en la mayor parte de los suicidios ocurridos en estos cuerpos militares y policiales en las últimas dos décadas. Y lo que es peor, la fotografía de esa realidad en la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas amenaza con ser crónica si no se reconduce. Desde 2001 el número de suicidios arrojan un dato dramático: 404 hombres o mujeres pertenecientes a estos cuerpos se han quitado la vida. De ellos 235 pertenecían a la Benemérita, 160 a la Policía Nacional y nueve a las Fuerzas Armadas.

En este tiempo los casos han oscilado entre la veintena o incluso han llegado a superar la treintena en un año, como sucedió en 2002. Ese año el número de agentes que se quitó la vida en la Guardia Civil y la Policía Nacional alcanzó los 33. En los nueve primeros meses de 2020 los casos confirmados en la Guardia Civil son ya seis por dos en la Policía y uno en el Ejército. A ellos se han sumado otra media docena de suicidios en los últimos meses.

Un estudio elaborado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) demuestra que el problema del suicidio en sus filas -integradas por 68.000 agentes- es más grave que en el conjunto de la sociedad. En el periodo 2008 a 2015 la tasa por cada 100.000 habitantes en nuestro país osciló entre los 6,8 y los 8,4 casos. En esos años la incidencia en el seno de la Policía Nacional se elevó a entre 8,7 y 16,4 casos.

En términos generales los casos de suicidio entre hombres de una franja comprendida entre los 20 y 64 años concentra el mayor número de casos en el conjunto de la sociedad española. Durante un tiempo se achacó a esta circunstancia que las tasas fueran más elevadas en cuerpos policiales integrados de modo mayoritario por varones. La presencia de hombres entre los cerca de 60.000 agentes que componen la Policía Nacional alcanza el 86%.

    En 2016 en España hubo 12,5 suicidios por cada 100.000 habitantes, en la Policía 17,8

Sin embargo, un estudio del SUP ha demostrado que no es así, que el carácter mayoritariamente masculino del Cuerpo no explica el elevado número de suicidios que padece. Un análisis de la incidencia del suicidio entre los hombres dentro de sus filas comparado con el resto de casos entre hombres en la sociedad en su conjunto no deja lugar a dudas de que la incidencia es notablemente mayor en la Policía. Durante 2016 los 12,5 casos por 100.000 habitantes que se produjeron entre la ciudadanía masculina fueron muy inferiores a los 17,8 casos que se dieron en la Policía. Desde el año 2012 la tasa ha sido superior en el Cuerpo en comparación con el resto de la sociedad.
‘Tema tabú’

El portavoz del SUP, Carlos Morales, asegura que el suicidio sigue siendo “un tema muy tabú” dentro de la Policía, pese al elevado número de casos que se dan anualmente desde hace años. “Hasta hace muy poco siempre se abordaba esta cuestión asegurando que detrás sólo había ‘temas personales’. En la Policía no hay controles psicológicos a los agentes, sólo cuando ingresan, pero nada más. Te puedes pasar 30 años trabajando sin haber pasado un solo control de este tipo. Es algo sorprendente si tenemos en cuenta que hablamos de personas con acceso a armas”.

Ha vuelto a suceder. El silencio de nuevo lo ha ocultado. No figura en los planes de reconstrucción, en los programas económicos de gobiernos y ayuntamientos ni en las conversaciones […]

Hoy por hoy las muertes por acto de servicio son muchas menos que las que se producen por suicidio. En el periodo 2013-2017 sólo en la Policía Nacional constan 13 fallecimientos en acto de servicio y 7 “in itinere”, cuando el agente se desplazaba o regresaba de su trabajo. En cambio, el suicidio en ese mismo periodo fue la causa de fallecimiento de 53 agentes.

El responsable de Riesgos Laborales del SUP, Carlos Prieto, apunta que detrás de estos casos suelen existir una multitud de razones que pueden ir desde el elevado estrés que se sufre en muchos puestos, hasta razones de desarraigo -muy presentes por la movilidad de los agentes-, la ausencia de vigilancia de la salud psicosocial o los problemas del ámbito personal. Por ello, el sindicato policial ha trabajado de modo especial por la aprobación de un protocolo de prevención de suicidios y que esta semana ha visto la luz.

El protocolo comenzó a trabajarse en 2017. Ese año en la policía se produjeron 13 suicidios. Tras un largo proceso de alegaciones y de ajustes en sucesivos borradores, el plan fue aprobado el pasado jueves. Ha comenzado a divulgarse entre los agentes para detectar situaciones de riesgo y poder abordarlas de modo adecuado. “Ahora sólo resta que la Administración lo dote de medios materiales y económicos”, señala Prieto.

Hasta que eso suceda, los profesionales policiales, como el resto de la población española, continuará teniendo a su disposición otros canales de ayuda para casos de riesgo de suicidio o de casos en los que pueda requerirse apoyo psicológico. El Teléfono de la Esperanza (717 003 717) es uno de los recursos con más larga trayectoria en este tipo de ayuda. Además, existe el Teléfono contra el Suicidio (911 385 385) o entidades como la red AIPIS-FAEDS dirigida a dar apoyo a familiares o amigos que han perdido un ser querido por suicidio o ‘Papageno’, la Asociación de Profesionales de Prevención y Postvención del Suicidio.

    Catástrofes, acciones con empleo del arma o resultar herido elevan el riesgo psicológico»

El nuevo protocolo, el primero específico sobre el riesgo de suicidios con el que contará la Policía, contempla la creación de medidas como un teléfono de ayuda 24 horas para los agentes, la retirada de armas en los casos que se considere necesario, la creación de un equipo de intervención psicosocial o programas formativos para erradicar temores como que una baja psicosocial perjudica la carrera profesional o preparación para detectar situaciones de riesgo. En la función policial se subrayan situaciones de especial riesgo o incidencia como pueden ser el impacto psicológico tras la intervención en catástrofes o emergencias, después de una operación en la que se hubiera tenido que emplear el arma o acciones en las que algún agente hubiera resultado herido.
Falta de psiquiatras y psicólogos

Tampoco en el seno de las Fuerzas Armadas -120.000 integrantes- el suicidio es un problema nuevo. En los últimos diez años el Ejército español no ha dejado de incrementar el número de psiquiatras y psicólogos, pasando de 200 a 2016.

En la Guardia Civil -77.000 integrantes- también cuentan con estos profesionales pero desde los sindicatos aseguran que son insuficientes, “no llegan a todo, no dan abasto para hacer un seguimiento de tanta gente”, asegura José Cobo, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC): “En Canaria, por ejemplo, sólo hay uno para asistir a casi dos mil agentes en siete islas, así no se puede. En los últimos cinco meses sólo en Canarias ya ha habido dos casos”, lamenta José Cobo, portavoz de AEGC.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reclamado este martes la aprobación urgente del Plan de promoción de la salud mental y prevención de la conducta suicida en la Policía […]

El drama de los suicidios entre policías, guardias civiles y militares es una constante de año en año. En 2019 el número de casos fue de 21, de 18 en 2017, de 29 suicidios en 2017 y 26 durante el año 2016. Sobre las causas que hay detrás de los casos el Gobierno evita detallarlos en una respuesta remitida a EH Bildu aduciendo que se trata de una “materia reservada” protegida por la Ley de Secretos Oficiales.

    Desde 2001 en la Guardia Civil se han producido 235 suicidios, 160 en la Policía. En el Ejército, 9 desde 2016″

En el caso del Ejército cada año su equipo de psiquiatras y psicólogo reciben entre 5.000 y 6.000 consultas de media. Sólo en la última década han superado las 58.000. Es a ellos a quienes corresponde la labor de detectar posibles riesgos entre los militares que estén atravesando una situación difícil y valorar el riesgo de suicidio. En estos diez años se han otorgado 756 bajas médicas por motivos psicológicos o psiquiátricos.
Impacto en la vida personal

Las condiciones del trabajo, en particular en algunas unidades y funciones con un mayor impacto socio psicológico figuran en muchos casos como un factor más de riesgo. No es el único. Cuestiones como las fracturas familiares, o la dificultad en muchos casos de una adecuada conciliación se traducen en un elevado índice de separaciones y divorcios: “Seremos una de las profesiones con más divorcios. La vida familiar de muchos guardias civiles es muchas veces complicada. No tenemos turnos fijos y en muchas funciones los horarios son muy complicados para llevar una vida familiar normal. Esta situación a muchas personas les generas mucha ansiedad y problemas”, asegura Cobo.

En la Guardia Civil existe desde 2002 un protocolo para prevenir suicidios. Sin embargo, desde los sindicatos aseguran que no se dota con suficientes recursos para que sea efectivo. La AEGC considera que existe una falta de profesionales de la psicología para atender a todo el personal. En la mayoría de los casos se trata de psicólogos que pertenecen al Cuerpo. “Lo llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Sería bueno que los profesionales de la psicología o la psiquiatría fueran independientes, ajenos al Cuerpo. Eso ayudaría”.

Era día de pruebas, tocaba ir a la playa de Laga. Los morteros estaban cargados en el Land Rover a la espera del convoy policial que llegaría en breve para […]

En los años 80 y 90 los casos de suicidio en las filas de la Guardia Civil también eran numerosos. En especial, en Euskadi y Navarra. La presión terrorista y la asfixia social en la que los agentes debían vivir generó un clima de tensión que en muchos casos derivó en patologías de carácter psiquiátrico. Hoy ese contexto ha desaparecido pero no así las situaciones de alto riesgo. “Es urgente poder actualizar el protocolo que tenemos y dotarlo de medios suficientes. El protocolo debe ser mucho más efectivo”: “Yo llevó muchos años en la Guardia Civil y he visto cómo compañeros de 20, 30 o 35 años, muy jóvenes, se quitaban la vida. Eso no puede ocurrir, hay que hacer algo”.

Cobo recuerda que el acceso a las armas puede ser un problema en determinadas situaciones. En la Guardia Civil, “salvo que estén de baja por causa psicológica no te retiran el arma”. Afirma que incluso en esas situaciones no siempre se logra frenar la pretensión de alguien que ha decidido quitarse la vida: “Yo he visto casos en los que se forzaba la taquilla de un compañero para robarle el arma”.


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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2129 en: 28 de Noviembre de 2020, 06:57:06 am »

El Ayuntamiento de Barcelona tendrá que cumplir con el dictamen del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en el caso de un guardia urbano
25 Nov 2020 20:47h MADRID

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Barcelona ha determinado que el Ayuntamiento de Barcelona deberá cumplir con el dictamen del Comité de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y tendrá que someter a una evaluación funcional alternativa a Vicenç Flores, un agente de la Guardia Urbana de Barcelona que fue jubilado forzosamente del cuerpo tras sufrir una incapacidad por un accidente de trabajo en 2009.

El 2 de abril de 2019, tras un largo periplo judicial ante los tribunales españoles, el Comité de la ONU entendió que el Estado había discriminado al señor Flores al negarle el paso a segunda actividad y recomendó a las autoridades públicas que evaluarán sus capacidades para permanecer en el cuerpo de policía y lo compensaran por los gastos judiciales ocasionados.

En su sentencia, fechada el pasado 16 de noviembre, el Juzgado ordena al Ayuntamiento de Barcelona implementar el contenido del dictamen. El juez, además, determinó que la negativa del Ayuntamiento de Barcelona a cumplir la decisión del Comité vulneró el derecho de Vicenç Flores a la igualdad y no discriminación y a la tutela judicial efectiva.

Tras conocer el contenido del fallo, el señor Flores comentó que a lo largo de estos 11 años había vivido "una travesía por el desierto llena de obstáculos que bien me podrían haber llevado a ninguna parte".

"Por suerte en ese camino me han ayudado muchas personas (Leonor Lidón, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); Àngel Gómez-Quintero, de la asociación Ailmed, además de familiares y amigos). Y evidentemente Rafael y Héctor de Gentium. Pero las cosas difíciles requieren de un largo camino y, aunque tuvimos muchos fracasos, aprendimos de cada uno de ellos y jamás perdimos el entusiasmo y el coraje de continuar por lo que considerábamos una causa justa. Como diría Antonio Machado, 'Caminante no hay camino, se hace camino al andar'. Pues eso he intentado realizar estos últimos años, ayudando a compañeras y compañeros de toda España con la misma problemática desde la Asociación para la Integración Laboral de Policías Locales con Discapacidad (AIL-POLD)', resaltó.

Flores confía ahora en que que el Ayuntamiento de Barcelona "se plantee de una vez por todas subsanar lo que ya se acreditó con el dictamen de la ONU y ahora con esta sentencia; y no recurra y repare el daño causado".

De todos modos, a su juicio, "aún no ha finalizado este proceso ni mucho menos para el colectivo de personas con discapacidad donde todavía existen muchas metas por conseguir". "Lo que tengo claro es que seguiremos luchando para que se hagan realidad”, indicó.

Rafael Cid, presidente y director de estrategia jurídica de la ONG Gentium, que le representó en el procedimiento, consideró además que esta sentencia es "importante desde dos perspectivas: en primer lugar, es un avance en el reconocimiento de una interpretación del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad en el ámbito laboral acorde con los estándares internacionales marcados por el CDPD y, en segundo lugar, es una buena noticia para los derechos humanos en general, en la medida en que implica otro reconocimiento explícito de la consideración de los dictámenes de los Comités ONU para la protección de los Derechos Humanos como presupuesto habilitante para solicitar su cumplimiento ante las autoridades nacionales”.

El fallo del Juzgado de la Ciudad Condal sigue el precedente sentado por el Tribunal Supremo en 2018, cuando declaró que el Estado debía pagar 600.000 a Ángela González Carreño por el asesinato de su hija a manos de su expareja, tras haber recibido aquella un dictamen favorable del Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Cedaw). Este fallo del Supremo, aplaudido entre las organizaciones de derechos humanos, abrió la puerta para que las víctimas reclamaran a las autoridades el cumplimiento de dictámenes de Comités de la ONU emitidos en su favor.

La reciente sentencia del Juzgado número 4 de Barcelona confirma esta posibilidad, supone un avance en el reconocimiento y la efectividad de los derechos humanos en España y contribuye al alineamiento de los derechos de las personas con discapacidad con los estándares internacionales. El Ayuntamiento de Barcelona cuenta con un plazo de 15 días hábiles para recurrir la sentencia.

(SERVIMEDIA)
25 Nov 2020
s/mjg/
Discapacidad
 
El Ayuntamiento de Barcelona tendrá que cumplir con el dictamen del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en el caso de un guardia urbano
 
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Barcelona ha determinado que el Ayuntamiento de Barcelona deberá cumplir con el dictamen del Comité de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y tendrá que someter a una evaluación funcional alternativa a Vicenç Flores, un agente de la Guardia Urbana de Barcelona que fue jubilado forzosamente del cuerpo tras sufrir una incapacidad por un accidente de trabajo en 2009.
 
El 2 de abril de 2019, tras un largo periplo judicial ante los tribunales españoles, el Comité de la ONU entendió que el Estado había discriminado al señor Flores al negarle el paso a segunda actividad y recomendó a las autoridades públicas que evaluarán sus capacidades para permanecer en el cuerpo de policía y lo compensaran por los gastos judiciales ocasionados.
 
En su sentencia, fechada el pasado 16 de noviembre, el Juzgado ordena al Ayuntamiento de Barcelona implementar el contenido del dictamen. El juez, además, determinó que la negativa del Ayuntamiento de Barcelona a cumplir la decisión del Comité vulneró el derecho de Vicenç Flores a la igualdad y no discriminación y a la tutela judicial efectiva.
 
Tras conocer el contenido del fallo, el señor Flores comentó que a lo largo de estos 11 años había vivido "una travesía por el desierto llena de obstáculos que bien me podrían haber llevado a ninguna parte".
 
"Por suerte en ese camino me han ayudado muchas personas (Leonor Lidón, desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); Àngel Gómez-Quintero, de la asociación Ailmed, además de familiares y amigos). Y evidentemente Rafael y Héctor de Gentium. Pero las cosas difíciles requieren de un largo camino y, aunque tuvimos muchos fracasos, aprendimos de cada uno de ellos y jamás perdimos el entusiasmo y el coraje de continuar por lo que considerábamos una causa justa. Como diría Antonio Machado, 'Caminante no hay camino, se hace camino al andar'. Pues eso he intentado realizar estos últimos años, ayudando a compañeras y compañeros de toda España con la misma problemática desde la Asociación para la Integración Laboral de Policías Locales con Discapacidad (AIL-POLD)', resaltó.
 
Flores confía ahora en que que el Ayuntamiento de Barcelona "se plantee de una vez por todas subsanar lo que ya se acreditó con el dictamen de la ONU y ahora con esta sentencia; y no recurra y repare el daño causado".
 
De todos modos, a su juicio, "aún no ha finalizado este proceso ni mucho menos para el colectivo de personas con discapacidad donde todavía existen muchas metas por conseguir". "Lo que tengo claro es que seguiremos luchando para que se hagan realidad”, indicó.
 
Rafael Cid, presidente y director de estrategia jurídica de la ONG Gentium, que le representó en el procedimiento, consideró además que esta sentencia es "importante desde dos perspectivas: en primer lugar, es un avance en el reconocimiento de una interpretación del derecho a la igualdad de las personas con discapacidad en el ámbito laboral acorde con los estándares internacionales marcados por el CDPD y, en segundo lugar, es una buena noticia para los derechos humanos en general, en la medida en que implica otro reconocimiento explícito de la consideración de los dictámenes de los Comités ONU para la protección de los Derechos Humanos como presupuesto habilitante para solicitar su cumplimiento ante las autoridades nacionales”.
 
El fallo del Juzgado de la Ciudad Condal sigue el precedente sentado por el Tribunal Supremo en 2018, cuando declaró que el Estado debía pagar 600.000 a Ángela González Carreño por el asesinato de su hija a manos de su expareja, tras haber recibido aquella un dictamen favorable del Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Cedaw). Este fallo del Supremo, aplaudido entre las organizaciones de derechos humanos, abrió la puerta para que las víctimas reclamaran a las autoridades el cumplimiento de dictámenes de Comités de la ONU emitidos en su favor.
 
La reciente sentencia del Juzgado número 4 de Barcelona confirma esta posibilidad, supone un avance en el reconocimiento y la efectividad de los derechos humanos en España y contribuye al alineamiento de los derechos de las personas con discapacidad con los estándares internacionales. El Ayuntamiento de Barcelona cuenta con un plazo de 15 días hábiles para recurrir la sentencia.
 


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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2130 en: 14 de Diciembre de 2020, 07:13:01 am »
Interior jubila al policía que perdió la visión tras los disturbios del «procés»

Un radical lanzó una piedra que le reventó el casco y le mantuvo diez días en la UCI


Iván Álvarez, UIP herido tras a sentencia del procésFoto: La RazónCecida
Laura L. Álvarez

Creada.11-12-2020 | 22:03 H

Última actualización.11-12-2020 | 22:03 H

Solo tiene 42 años, era un policía de «raza», que llevaba la UIP grabada a fuego y el uniforme azul siempre por bandera. Pero lo ha tenido que dejar. No solo los «antidisturbios», sino el Cuerpo Nacional de Policía. Una piedra, maceta o lo que fuera aquello que le cayó una noche de servicio en Barcelona, le reventó el casco, le dejó varios días en la UCI y unas lesiones que no le terminaron nunca de curar. A Iván Álvarez, un agente de la UIP de Vigo, le quedó afectada la visión de un ojo, entre otros daños, hasta el punto de que le impiden hacer una vida normal y, por supuesto, prestar servicio. Tras pasar periódicamente por el tribunal médico de la Policía Nacional en el complejo de Canillas, donde han recibido todos los informes médicos de los neurólogos que le tratan en Galicia, han decidido otorgarle la jubilación definitiva por su incapacidad. Así, Iván, que ha estado trabajando en los eventos más importantes de este país los últimos 13 años en los que estuvo de «antidisturbio», se despide de la «familia» que para él ha sido la Policía, justo cuando iba a pedir cambio de unidad.

Porque, según explicó en una entrevista exclusiva a este periódico en octubre, cuando se cumplía un año del suceso, después de regresar de Barcelona pensaba pedir el cambio en su comisaría para pasar a patrullar las calles y no tener la esclavitud de horarios y estar tantos días fuera de casa (algo intrínseco a la UIP) ahora que ya había formado una familia y tenía dos hijos. «Entré con 29 años y mi vida era diferente. Ahora estoy casado, tengo dos niños pequeños y quería unos horarios fijos para poder conciliar a nivel familiar porque en la UIP viajamos mucho», explica.

Pero no pudo ser. En octubre del año pasado, después de haber estado cubriendo las fiestas del Pilar de Zaragoza, mandaron a su unidad (la 8ª UIP de Galicia) a Barcelona: la sentencia del «procés» había provocado una respuesta en las calles y la cosa se estaba poniendo fea. Necesitaban refuerzos. Iván y sus compañeros (Raya 30) tuvieron que hacer frente a uno de los puntos más calientes de la noche: la plaza de Urquinaona. Aún recuerda las sensaciones al llegar allí: «Recuerdo el olor a quemado. Íbamos ya con el chaleco antitrauma puesto y el 100% del material antidisturbio». A pesar de ser alguien acostumbrado a este tipo de situaciones, dice que nunca vio tanta agresividad: «La gente iba embozada y lanzaban de todo: piedras, adoquines, artificios pirotécnicos...Recuerdo una lluvia de piedras incesante de gente situada a 15 o 20 metros, protegidos tras barricadas formadas por contenedores y maceteros». Después de que les mandaran desplazarse hacia la zona derecha, su mente reacciona con fundido a negro. No recuerda el momento en que le cayó algo que le reventó el casco antitrauma (fabricado con un material muy resistente llamado kevlar). Su siguiente imagen ya es despertar en la cama de un hospital.

Estaba en el Hospital de San Pau y ya habían pasado cinco días desde el accidente. Había estado en coma todo ese tiempo. No se podía mover ni hablar. Tenía una fractura de cráneo lineal no desplazada que le provocó un fracaso respiratorio por el que tuvieron que conectarle a ventilación mecánica durante una semana. Estuvo en la UCI hasta el 31 de octubre y después fue trasladado por un avión de las Fuerzas Armadas al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Allí, tras otros cuatro días en UCI y otros cuatro en planta, fue recuperando el habla. Una semana después, recibió el alta aunque su periplo por los hospitales no acabó ahí ya que tuvo que ir a rehabilitación y a numerosas consultas con su neurocirujano y neurólogo. Iván evolucionó mucho pero llegó un momento en el que se estancó. Según explicó a LA RAZÓN, sigue teniendo secuelas, «como pérdida de sensibilidad en manos y en una pierna aunque la más importante es la que afecta a la visión». Según le explicó el neurólogo, se trata de una lesión de la corteza cerebral, en la zona occipital que le provoca trastornos visuales. «No veo bien y, según los médicos, no existe tratamiento médico ni quirúrgico para ese tipo de lesión. Es, según ellos, una lesión de evolución incierta». Al parecer, el ojo está perfecto pero la parte del cerebro que regula la visión esta afectada, lo que le provoca, por ejemplo, dificultad al ver objetos en movimiento. «Me cuesta diferenciar a una persona a cinco metros y me ha cambiado la vida: no puedo coger a mis hijos en brazos, no puedo jugar al fútbol, leer bien, montar en moto... Yo tenía una vida muy activa, en la UIP tienes que hacer mucho deporte, y ahora imagínate la diferencia». En los disturbios de aquellos días se contabilizaron en Barcelona 600 heridos pero ninguno de la gravedad del agente, a quien le costó la visión y la jubilación a los 42 años, con la pérdida económica que supone para cualquier policía y más con niños pequeños.



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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2131 en: 14 de Diciembre de 2020, 07:14:57 am »
Interior jubila es un titular que busca lo que busca...la realidad es que jubila un informe médico de la Mutua, que pasa a la SS y que tras un tribunal aplica la legislación vigente, jubilación forzosa para el ejercicio de esta profesión.

Pero no siempre jubila, conozco el caso de un funcionario que por DOS veces ha pasado por un Tribunal médico a tenor de su patología y en las dos ha continuado ejerciendo su labor hasta que se jubiló acogiéndose a la jubilaión anticipada tras la entrada en vigor de la norma.

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2132 en: 08 de Enero de 2021, 06:42:04 am »
Los guardias civiles denuncian ser los únicos funcionarios sin permiso por hospitalización de un familiar


FECHA
08/01/21

CJ
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia que los guardias civiles son "los únicos servidores públicos de España" que no tienen reconocido el permiso por hospitalización de familiares. Critican que no se haya elaborado un nuevo proyecto de Real Decreto de vacaciones, permisos y licencias en la Benemérita.

Esta ausencia de dicho Real Decreto ha impedido que en los Presupuestos Generales del Estado se incluyese la modificación del Real Decreto vigente "para incluir una serie de aspectos de especial relevancia en los derechos laborales de los guardias civiles, que sí han sido incluidos en la normativa de aplicación general a los funcionarios públicos de la Administración".

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2133 en: 18 de Enero de 2021, 06:51:31 am »

"Soy policía y voy a suicidarme": las 31 bajas en Fuerzas de Seguridad de las que no se habla

La lacra de los suicidios aumentó en 2020 respecto al año anterior. El caso del policía Koldo, que anunció su decisión final en una comisaría, acabó bien. No siempre sucede
18 enero, 2021 02:26

David López Frías @lopezfrias

Koldo. A, ex-agente de la Policía, entró aquel viernes por la tarde en una comisaría de la Ertzaintza de Bilbao. Koldo era de aquellos policías duros, de los que vivieron las peores época del terrorismo en el País Vasco. De los que sobrevivió a los años el plomo. Una de esas personas que parece irrompible, de tanto agacharse a ver si hay bombas bajo el coche. Koldo, ya jubilado, se dirigió esa tarde al mostrador y anunció:

- Buenas tardes. Vengo a presentar una denuncia.
- De acuerdo, ¿contra quién?
- Contra mí mismo
- ¿Contra usted mismo? ¿Pero qué ha hecho?
- Todavía nada, pero voy a hacerlo.
- ¿Y qué es lo que piensa hacer usted?
- Voy a quitarme la vida y necesito que alguien lo evite.

Sucedió el año pasado y es uno de los pocos casos con final feliz. De esas raras excepciones en las que un agente se da cuenta de que ha tocado fondo y opta por pedir ayuda. Koldo, de 62 años, está acabando su tratamiento y su evolución es muy positiva. Contra todo pronóstico, también salvó este match ball. Peor suerte corrieron los 31 compañeros de los cuerpos de seguridad del estado que se quitaron la vida en 2020.

El suicidio policial. El mal endémico que no cesa y que se ceba con los custodios de la seguridad en nuestra sociedad. Policías nacionales, municipales, autonómicos, guardia civiles y fuerzas de seguridad. Si fuesen una región de España tendrían una de las tasas más altas de suicidio del país. La tasa española es de 11 suicidios po cada 100.000 habitantes. La Policía Nacional, por ejemplo, con 65.000 efectivos y 11 casos en 2020, la tasa es de 16,92 por cada 100.000.

Una realidad incómoda que no se aborda con transparencia. Por los tabús dentro del cuerpo, por el estigma, por la poca voluntad política y por las muchas trabas administrativas para aprobar un protocolo de ayuda. Realidad incómoda, pero muy presente. Las cifras no dejan lugar a dudas: en 2020 creció el número de suicidios en este sector. 31 frente a los 29 que se dieron en 2019. Una línea ascendente. En 2017, EL ESPAÑOL publicó un reportaje que abordaba esta problemática. Se titulaba: “¿Por qué se suicidan los policías?”. Ahora, tres años más tarde, los policías se siguen suicidando. La vida (y la muerte) sigue igual.
Una hostia de realidad

En una escena de la película “En tierra hostil”, un veterano estadounidense de la guerra de Irak regresa a casa. El militar había sobrevivido a los más sangrientos atentados en Bagdad. Pero vuelve a América y la rutina resulta mucho peor que el frente de batalla. Se va al supermercado y sufre casi una crisis existencial en el pasillo de los cereales. Está desbordado porque no sabe cuál escoger.

Es de algún modo, lo que le sucedió a Koldo, el agente que se puso una denuncia para que evitasen su suicidio. Después de haber sufrido en sus propias carnes los episodios más sangrientos de nuestro país, de vivir durante años en una carga de adrenalina diaria, llega la jubilación. La calma. El mundo real. Un escenario que no todos los agentes saben afrontar. La rutina, la maldita rutina que puede matar.
Policía Nacional lidera el ranking de suicidios, Guardia Civil es segunda. Mossos es el cuerpo que más sube en porcentaje de casos

Policía Nacional lidera el ranking de suicidios, Guardia Civil es segunda. Mossos es el cuerpo que más sube en porcentaje de casos

“A Koldo le pasó lo mismo que a mí: es del norte, pero al retirarse decidió mudarse al sur. Buscaba una estabilidad, unos alicientes o una alegría que no encontró, No le fue bien y se volvió a casa. Y cuando desconectó del trabajo, después de consagrar su vida a proteger a los demás, la rutina se le hizo insoportable”, cuenta Alberto Martín, presidente de la AAPSP (Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial).
Registros desde 2016

Alberto es la persona que recogió el guante y creó esta asociación ad hoc para intentar acabar con esta lacra. Porque por su cabeza también hubo un momento en el que pasó la idea del suicidio. Él, ex-policía jubilado de la Ertzaintza, de los que también sobrevivió a los años del plomo, fue uno de los agentes que encontró el cuerpo agonizante de Miguel Ángel Blanco. Tuvo una carrera repleta de momentos críticos. Pero, paradójicamente, la mayor de la crisis le llegó tras su retirada. Él, como Koldo, se mudó a Sevilla para intentar poner en orden su cabeza. A él le funcionó y montó esta asociación pionera. Porque asociaciones para la prevención del suicidio hay varias, pero específica para cuerpos de seguridad en nuestro país, esta es la primera.

Fue precisamente la AAPSP la que empezó a llevar un registro propio de casos de suicidios en los cuerpos de seguridad del estado. Arrancaron en 2016. “Los años anteriores solamente existían datos externos”, aclara Alberto. Y lo cierto es que se notó. Hasta entonces, la cifra oficial de suicidios policiales raramente rebasaba los 10 casos anuales. 6 en 2010, los mismos en 2011, 9 en 2012, un repunte a 11 casos en 2013, vuelta a 9 suicidios en 2014 y un esperanzador descenso a 6 muertes en 2015.

Puro espejismo. Cuando la asociación empezó a documentar todos los casos, la cifra se disparó: 28 en 2016, 46 en 2017 (el peor año desde que hay registros), 27 agentes en 2018, 29 en 2019 y los 31 suicidios del año pasado. No es que los policías hubieran optado por quitarse la vida en masa de repente: es que las estadísticas sacaron muchos casos de debajo de la alfombra.
Los datos de 2020

2020 ha sido ‘el año malo’ por definición para todos. Y en este ámbito no iba a ser disinto: 31 muertos, dos más que los 29 registrado el año pasado. La proporción de suicidios ha sido la siguiente: 11 en la Policía Nacional, 10 en la Guardia Civil. 6 en las policías locales de diferentes municipios de España, 3 en los Mossos d’Esquadra, 1 en la Ertzaintza.

Las cifras son relativamente similares a las del año anterior. La Policía Nacional sigue siendo el cuerpo con más víctimas, aunque el número ha descendido respecto a 2019, de 13 a 11. Sube un caso la Guardia Civil (de 10 a 11), ascienden en 2 los de las policías locales (de 4 muertes a 6). La Ertzaintza se mantiene en un caso y Mossos d'Esquadra pasa de un solo suicidio en 2019 a 3 casos en 2020.

Por Comunidades Autónomas, Cataluña ha sido la que más víctimas mortales ha tenido que lamentar, con un total de 7. En esta comunidad autónoma se han suicidado agentes de Mossos, de policías locales (Terrassa, L’Hospitalet y Barcelona) y de Guardia Civil. Le sigue Andalucía con 5 casos y Madrid con 4. Después van Baleares, Murcia, Canarias y la Comunidad Valenciana, con 2 casos cada una. Y cierran el País Vasco, Castilla León y La Rioja, con 1 caso cada una. Salen 27. No ha trascendido la ubicación de las 4 víctimas restantes.
Imagen de varios policías nacionales.

Imagen de varios policías nacionales.

El perfil de agente que comete suicidio sigue siendo el mismo: mayoritariamente varón. De hecho, el año pasado solamente se registró un caso en el que la víctima fuese una mujer. Era una capitana de la Guardia Civil que se arrojó desde un hotel situado en la Gran Vía de Madrid. Para llegar al anterior suicidio femenino en las fuerzas de seguridad del estado hay que remontarse a finales de 2018.

Y respecto a la edad, no existe un patrón, pero cada vez son más los exagentes, los policías retirados que se suicidan o piden ayuda. Ellos no están, a priori, dentro de las estadísticas. Son “los juguetes rotos en el cajón del olvido”; que los llama Alberto, aunque se está trabajando por su reconocimiento.

Sobre los motivos de la subida de casos, apuntan desde la entidad andaluza que “ha ido un año muy duro para todos. Atípico, en el que han pasado muchas cosas para las que nadie estaba preparado”. La pandemia ha hecho estragos psicológicos, y en un sector en el que el suicidio está a la orden del día, no iba a ser una excepción.
La anécdota de las fechas

Aun y así, queda como dato curioso la fecha de los suicidios. Ilustra, por un lado, el compromiso de las fuerzas de seguridad en los meses más críticos. Por el otro, ese bajón traicionero que sobreviene sin avisar cuando parece que las cosas se han calmado. Lo dicen los datos: el estado de alarma empezó el 14 de marzo y expiró el 21 de junio. Fueron los meses con menos suicidios: en marzo solamente se registró el de un policía local de Valencia, y se quitó la vida el día 13, justo la víspera del inicio del confinamiento.

En abril se dieron dos suicidios, ninguno en mayo y solamente uno en junio. Tras levantar el estado de alarma, cuando las cosas parecía que empezaban a calmarse, llegó el agotamiento mental para pasar factura: el 2 de julio se notificaba el suicidio de un Guardia Civil en Algeciras. Se dieron dos casos ese mes, otros dos en agosto, cinco en septiembre y cinco más en octubre.

Hasta ahí un recuento y a partir de ahí otro, porque el 25 de ese mes, el gobierno volvió a decretar el nuevo estado de alarma. Curiosamente, los casos volvieron a descender: un suicidio el 28 de octubre, tres en noviembre y uno en diciembre. Lo primero, la obligación con los demás. Y después, los planes propios, aunque sea quitarse la vida. De eso va la vocación de servir.
El sexto factor

La pandemia ha sido el llamado sexto factor. Siendo el suicidio una cuestión multifactorial, psicólogos y expertos consultados por EL ESPAÑOL apuntan los cinco principales motivos por los que se matan los policías. El primero, la propia naturaleza del trabajo: “El agente está expuesto cada día a asesinatos, robos, peleas, agresiones. Es muy difícil desconectar de eso. Te llevas el problema contigo” explicaban a este periódico desde la Asociación Sindical de Policía (ASP).
Gráfico con el número de suicidios por cuerpo de seguridad

Gráfico con el número de suicidios por cuerpo de seguridad AAPSP

Lo que también se llevan consigo los agentes es la pistola. Es el segundo de las factores apuntados por los expertos consultados, la posesión de un arma de fuego. Pegarse un tiro con su arma reglamentaria es el principal método de suicidio entre los agentes. El tercer factor es la dificultad a la hora de conciliar la vida laboral. El cuarto la movilidad geográfica permanente y el quinto el estigma. Los policías no lloran, son duros, lo aguantan todo y otros muchos mitos que todavía perviven dentro incluso del mismo cuerpo.

“Los policías tenemos que ser superhéroes. No podemos estar mal ni mostrar debilidad. Muchos agentes entran en depresión pero no pueden contárselo a nadie. Si se entera según qué compañero te dice que estás loco. Si se entera tu superior te acusa de ser un flojo. Si se lo cuentas a los médicos te dicen que lo que no quieres es trabajar”, resumen desde la ASP. Y a esos 5 se les ha sumado el coronavirus, un contexto en el que tanto policía como ejército han realizado labores inéditas para ellos hasta la fecha. Desde desinfectar residencias de ancianos a levantar albergues. Y han visto mucha muerte.
Centro antisuicidios

¿Qué hace falta para cortar esta lacra? El problema no es exclusivo de España. Es un mal que comparten las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Pero en nuestro país no se cuenta con más protocolos que los genéricos del resto de funcionarios del estado. Con pequeñas variaciones, pero el mismo.

Sin embargo, el último año se han dado pasos decisivos en este aspecto. “Se ha aprobado una proposición no de ley en la Diputación de Sevilla, en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados. En todos los casos salió adelante por unanimidad, salvo en el Congreso, en el que se aprobó sin el apoyo del PSOE ni Podemos”, cuenta Alberto.

Una proposición que tiene que traer por fin el dichoso protocolo específico. Un documento que no se quede solamente en la teoría y realmente sirva de ayuda, Un plan psicosocial de prevención “en el que no rechazamos a nadie, no ponemos cortapisas. Sabemos que la Policía Nacional está trabajando en un protocolo propio. Nosotros incluimos en el nuestro a la Guardia Civil, a las policías municipales e incluso a Bomberos”. Dentro de dicho plan, buscan construir un centro de readaptación de personas “a la vida normal. De esas personas que no tienen a quién acudir en los primeros 20 minutos críticos”, cuenta Martín. Se espera que dicho centro se construya en Sevilla, en lo que sería un equipamiento pionera en Europa.


Poco a poco se dan pasos, y a esa esperanza se aferran los policías que padecen esa ansiedad totalmente en silencio. Porque “los polis no lloran”, ni se quejan. Ni siquiera hablan. Y cuando llegan a un punto de no retorno, se matan sin avisar. Koldo fue uno de esos que se saltó la norma y habló. Por eso Koldo ahora está bien y puede contarlo. Ahora, lo que quieren los policías, es que no haya que llegar al punto de denunciarse uno mismo para que le ofrezcan ayuda para seguir viviendo.



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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2134 en: 01 de Febrero de 2021, 20:39:06 pm »
En 3, 2, 1....y yo.que?



El Gobierno declara el Covid-19 como enfermedad profesional en sanitarios


El Consejo de Ministros dará luz verde a esta norma, que ha sido la principal reivindicación de colectivos sanitarios
LUN 01 FEBRERO 2021. 11.20HJESÚS ARROYO
El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros el decreto que establecerá la categoría de enfermedad de profesional en aquellos profesionales sanitarios que se contagien de coronavirus Covid-19. Una medida que permitirá que estos profesionales sanitarios puedan acceder a las mismas prestaciones que a las que acceden otros colectivos profesionales a los que se les reconoce la enfermedad profesional.

Según ha adelantado la Cadena Ser, y ha podido confirmar Redacción Médica, esta medida permitirá dar cobertura laboral durante toda la vida de trabajador. Es decir, si mañana o dentro de diez años un sanitario contrae una enfermedad derivada del coronavirus Covid-19, estará protegido por la Seguridad Social. Esta norma se contemplará desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

La diferencia con la categoría de contingencia profesional, la formula actualmente vigente, radica en que el accidente de trabajo únicamente tendrá cobertura durante los cinco años posteriores al contagio.
Este decreto que ahora aprueba el Gobierno es la principal reivindicación que ha abanderado el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos durante la pandemia del coronavirus Covid-19. Es más, el propio Congreso de los Diputados aprobaba de forma unánime la declaración de enfermedad profesional.

Esta medida beneficiaría a los más de 118.000 sanitarios que se han contagiado de coronavirus Covid-19 desde que comenzó la pandemia en España.
« Última modificación: 02 de Febrero de 2021, 06:17:36 am por 47ronin »

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« Respuesta #2137 en: 09 de Febrero de 2021, 06:21:54 am »
Creen ustedes que desde la administración autonómica se puede abordar este asunto o más bien es competencia de la estatal?

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2138 en: 10 de Febrero de 2021, 12:49:12 pm »
https://twitter.com/Loretoarego/status/1358794507479875586?s=09



Desde la Comunidasñd de Madrid se elude entrar en la pregunta y se menciona que habrá un Reglamento de Segunda Actividad.



El mismo Reglamento que mencionaba la anterior ley del 92 y que jamás llegó a desarrollarse?

https://streaming.asambleamadrid.es:1943/vod/_definst_/amadrid/archive/default/mp4:I01920PX-644a6ce6-mp4_360p_stereo.mp4/playlist.m3u8?start=705&wowzaplaystart=705000&wowzaplayduration=0&autoplay=true
« Última modificación: 10 de Febrero de 2021, 13:06:37 pm por 47ronin »

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Re:Derechos y riesgos laborales
« Respuesta #2139 en: 13 de Febrero de 2021, 11:24:31 am »

"Soy policía y voy a suicidarme": las 31 bajas en Fuerzas de Seguridad de las que no se habla

La lacra de los suicidios aumentó en 2020 respecto al año anterior. El caso del policía Koldo, que anunció su decisión final en una comisaría, acabó bien. No siempre sucede
18 enero, 2021 02:26

David López Frías @lopezfrias

Koldo. A, ex-agente de la Policía, entró aquel viernes por la tarde en una comisaría de la Ertzaintza de Bilbao. Koldo era de aquellos policías duros, de los que vivieron las peores época del terrorismo en el País Vasco. De los que sobrevivió a los años el plomo. Una de esas personas que parece irrompible, de tanto agacharse a ver si hay bombas bajo el coche. Koldo, ya jubilado, se dirigió esa tarde al mostrador y anunció:

- Buenas tardes. Vengo a presentar una denuncia.
- De acuerdo, ¿contra quién?
- Contra mí mismo
- ¿Contra usted mismo? ¿Pero qué ha hecho?
- Todavía nada, pero voy a hacerlo.
- ¿Y qué es lo que piensa hacer usted?
- Voy a quitarme la vida y necesito que alguien lo evite.

Sucedió el año pasado y es uno de los pocos casos con final feliz. De esas raras excepciones en las que un agente se da cuenta de que ha tocado fondo y opta por pedir ayuda. Koldo, de 62 años, está acabando su tratamiento y su evolución es muy positiva. Contra todo pronóstico, también salvó este match ball. Peor suerte corrieron los 31 compañeros de los cuerpos de seguridad del estado que se quitaron la vida en 2020.

El suicidio policial. El mal endémico que no cesa y que se ceba con los custodios de la seguridad en nuestra sociedad. Policías nacionales, municipales, autonómicos, guardia civiles y fuerzas de seguridad. Si fuesen una región de España tendrían una de las tasas más altas de suicidio del país. La tasa española es de 11 suicidios po cada 100.000 habitantes. La Policía Nacional, por ejemplo, con 65.000 efectivos y 11 casos en 2020, la tasa es de 16,92 por cada 100.000.

Una realidad incómoda que no se aborda con transparencia. Por los tabús dentro del cuerpo, por el estigma, por la poca voluntad política y por las muchas trabas administrativas para aprobar un protocolo de ayuda. Realidad incómoda, pero muy presente. Las cifras no dejan lugar a dudas: en 2020 creció el número de suicidios en este sector. 31 frente a los 29 que se dieron en 2019. Una línea ascendente. En 2017, EL ESPAÑOL publicó un reportaje que abordaba esta problemática. Se titulaba: “¿Por qué se suicidan los policías?”. Ahora, tres años más tarde, los policías se siguen suicidando. La vida (y la muerte) sigue igual.
Una hostia de realidad

En una escena de la película “En tierra hostil”, un veterano estadounidense de la guerra de Irak regresa a casa. El militar había sobrevivido a los más sangrientos atentados en Bagdad. Pero vuelve a América y la rutina resulta mucho peor que el frente de batalla. Se va al supermercado y sufre casi una crisis existencial en el pasillo de los cereales. Está desbordado porque no sabe cuál escoger.

Es de algún modo, lo que le sucedió a Koldo, el agente que se puso una denuncia para que evitasen su suicidio. Después de haber sufrido en sus propias carnes los episodios más sangrientos de nuestro país, de vivir durante años en una carga de adrenalina diaria, llega la jubilación. La calma. El mundo real. Un escenario que no todos los agentes saben afrontar. La rutina, la maldita rutina que puede matar.
Policía Nacional lidera el ranking de suicidios, Guardia Civil es segunda. Mossos es el cuerpo que más sube en porcentaje de casos

Policía Nacional lidera el ranking de suicidios, Guardia Civil es segunda. Mossos es el cuerpo que más sube en porcentaje de casos

“A Koldo le pasó lo mismo que a mí: es del norte, pero al retirarse decidió mudarse al sur. Buscaba una estabilidad, unos alicientes o una alegría que no encontró, No le fue bien y se volvió a casa. Y cuando desconectó del trabajo, después de consagrar su vida a proteger a los demás, la rutina se le hizo insoportable”, cuenta Alberto Martín, presidente de la AAPSP (Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial).
Registros desde 2016

Alberto es la persona que recogió el guante y creó esta asociación ad hoc para intentar acabar con esta lacra. Porque por su cabeza también hubo un momento en el que pasó la idea del suicidio. Él, ex-policía jubilado de la Ertzaintza, de los que también sobrevivió a los años del plomo, fue uno de los agentes que encontró el cuerpo agonizante de Miguel Ángel Blanco. Tuvo una carrera repleta de momentos críticos. Pero, paradójicamente, la mayor de la crisis le llegó tras su retirada. Él, como Koldo, se mudó a Sevilla para intentar poner en orden su cabeza. A él le funcionó y montó esta asociación pionera. Porque asociaciones para la prevención del suicidio hay varias, pero específica para cuerpos de seguridad en nuestro país, esta es la primera.

Fue precisamente la AAPSP la que empezó a llevar un registro propio de casos de suicidios en los cuerpos de seguridad del estado. Arrancaron en 2016. “Los años anteriores solamente existían datos externos”, aclara Alberto. Y lo cierto es que se notó. Hasta entonces, la cifra oficial de suicidios policiales raramente rebasaba los 10 casos anuales. 6 en 2010, los mismos en 2011, 9 en 2012, un repunte a 11 casos en 2013, vuelta a 9 suicidios en 2014 y un esperanzador descenso a 6 muertes en 2015.

Puro espejismo. Cuando la asociación empezó a documentar todos los casos, la cifra se disparó: 28 en 2016, 46 en 2017 (el peor año desde que hay registros), 27 agentes en 2018, 29 en 2019 y los 31 suicidios del año pasado. No es que los policías hubieran optado por quitarse la vida en masa de repente: es que las estadísticas sacaron muchos casos de debajo de la alfombra.
Los datos de 2020

2020 ha sido ‘el año malo’ por definición para todos. Y en este ámbito no iba a ser disinto: 31 muertos, dos más que los 29 registrado el año pasado. La proporción de suicidios ha sido la siguiente: 11 en la Policía Nacional, 10 en la Guardia Civil. 6 en las policías locales de diferentes municipios de España, 3 en los Mossos d’Esquadra, 1 en la Ertzaintza.

Las cifras son relativamente similares a las del año anterior. La Policía Nacional sigue siendo el cuerpo con más víctimas, aunque el número ha descendido respecto a 2019, de 13 a 11. Sube un caso la Guardia Civil (de 10 a 11), ascienden en 2 los de las policías locales (de 4 muertes a 6). La Ertzaintza se mantiene en un caso y Mossos d'Esquadra pasa de un solo suicidio en 2019 a 3 casos en 2020.

Por Comunidades Autónomas, Cataluña ha sido la que más víctimas mortales ha tenido que lamentar, con un total de 7. En esta comunidad autónoma se han suicidado agentes de Mossos, de policías locales (Terrassa, L’Hospitalet y Barcelona) y de Guardia Civil. Le sigue Andalucía con 5 casos y Madrid con 4. Después van Baleares, Murcia, Canarias y la Comunidad Valenciana, con 2 casos cada una. Y cierran el País Vasco, Castilla León y La Rioja, con 1 caso cada una. Salen 27. No ha trascendido la ubicación de las 4 víctimas restantes.
Imagen de varios policías nacionales.

Imagen de varios policías nacionales.

El perfil de agente que comete suicidio sigue siendo el mismo: mayoritariamente varón. De hecho, el año pasado solamente se registró un caso en el que la víctima fuese una mujer. Era una capitana de la Guardia Civil que se arrojó desde un hotel situado en la Gran Vía de Madrid. Para llegar al anterior suicidio femenino en las fuerzas de seguridad del estado hay que remontarse a finales de 2018.

Y respecto a la edad, no existe un patrón, pero cada vez son más los exagentes, los policías retirados que se suicidan o piden ayuda. Ellos no están, a priori, dentro de las estadísticas. Son “los juguetes rotos en el cajón del olvido”; que los llama Alberto, aunque se está trabajando por su reconocimiento.

Sobre los motivos de la subida de casos, apuntan desde la entidad andaluza que “ha ido un año muy duro para todos. Atípico, en el que han pasado muchas cosas para las que nadie estaba preparado”. La pandemia ha hecho estragos psicológicos, y en un sector en el que el suicidio está a la orden del día, no iba a ser una excepción.
La anécdota de las fechas

Aun y así, queda como dato curioso la fecha de los suicidios. Ilustra, por un lado, el compromiso de las fuerzas de seguridad en los meses más críticos. Por el otro, ese bajón traicionero que sobreviene sin avisar cuando parece que las cosas se han calmado. Lo dicen los datos: el estado de alarma empezó el 14 de marzo y expiró el 21 de junio. Fueron los meses con menos suicidios: en marzo solamente se registró el de un policía local de Valencia, y se quitó la vida el día 13, justo la víspera del inicio del confinamiento.

En abril se dieron dos suicidios, ninguno en mayo y solamente uno en junio. Tras levantar el estado de alarma, cuando las cosas parecía que empezaban a calmarse, llegó el agotamiento mental para pasar factura: el 2 de julio se notificaba el suicidio de un Guardia Civil en Algeciras. Se dieron dos casos ese mes, otros dos en agosto, cinco en septiembre y cinco más en octubre.

Hasta ahí un recuento y a partir de ahí otro, porque el 25 de ese mes, el gobierno volvió a decretar el nuevo estado de alarma. Curiosamente, los casos volvieron a descender: un suicidio el 28 de octubre, tres en noviembre y uno en diciembre. Lo primero, la obligación con los demás. Y después, los planes propios, aunque sea quitarse la vida. De eso va la vocación de servir.
El sexto factor

La pandemia ha sido el llamado sexto factor. Siendo el suicidio una cuestión multifactorial, psicólogos y expertos consultados por EL ESPAÑOL apuntan los cinco principales motivos por los que se matan los policías. El primero, la propia naturaleza del trabajo: “El agente está expuesto cada día a asesinatos, robos, peleas, agresiones. Es muy difícil desconectar de eso. Te llevas el problema contigo” explicaban a este periódico desde la Asociación Sindical de Policía (ASP).
Gráfico con el número de suicidios por cuerpo de seguridad

Gráfico con el número de suicidios por cuerpo de seguridad AAPSP

Lo que también se llevan consigo los agentes es la pistola. Es el segundo de las factores apuntados por los expertos consultados, la posesión de un arma de fuego. Pegarse un tiro con su arma reglamentaria es el principal método de suicidio entre los agentes. El tercer factor es la dificultad a la hora de conciliar la vida laboral. El cuarto la movilidad geográfica permanente y el quinto el estigma. Los policías no lloran, son duros, lo aguantan todo y otros muchos mitos que todavía perviven dentro incluso del mismo cuerpo.

“Los policías tenemos que ser superhéroes. No podemos estar mal ni mostrar debilidad. Muchos agentes entran en depresión pero no pueden contárselo a nadie. Si se entera según qué compañero te dice que estás loco. Si se entera tu superior te acusa de ser un flojo. Si se lo cuentas a los médicos te dicen que lo que no quieres es trabajar”, resumen desde la ASP. Y a esos 5 se les ha sumado el coronavirus, un contexto en el que tanto policía como ejército han realizado labores inéditas para ellos hasta la fecha. Desde desinfectar residencias de ancianos a levantar albergues. Y han visto mucha muerte.
Centro antisuicidios

¿Qué hace falta para cortar esta lacra? El problema no es exclusivo de España. Es un mal que comparten las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Pero en nuestro país no se cuenta con más protocolos que los genéricos del resto de funcionarios del estado. Con pequeñas variaciones, pero el mismo.

Sin embargo, el último año se han dado pasos decisivos en este aspecto. “Se ha aprobado una proposición no de ley en la Diputación de Sevilla, en el Parlamento de Andalucía y en el Congreso de los Diputados. En todos los casos salió adelante por unanimidad, salvo en el Congreso, en el que se aprobó sin el apoyo del PSOE ni Podemos”, cuenta Alberto.

Una proposición que tiene que traer por fin el dichoso protocolo específico. Un documento que no se quede solamente en la teoría y realmente sirva de ayuda, Un plan psicosocial de prevención “en el que no rechazamos a nadie, no ponemos cortapisas. Sabemos que la Policía Nacional está trabajando en un protocolo propio. Nosotros incluimos en el nuestro a la Guardia Civil, a las policías municipales e incluso a Bomberos”. Dentro de dicho plan, buscan construir un centro de readaptación de personas “a la vida normal. De esas personas que no tienen a quién acudir en los primeros 20 minutos críticos”, cuenta Martín. Se espera que dicho centro se construya en Sevilla, en lo que sería un equipamiento pionera en Europa.


Poco a poco se dan pasos, y a esa esperanza se aferran los policías que padecen esa ansiedad totalmente en silencio. Porque “los polis no lloran”, ni se quejan. Ni siquiera hablan. Y cuando llegan a un punto de no retorno, se matan sin avisar. Koldo fue uno de esos que se saltó la norma y habló. Por eso Koldo ahora está bien y puede contarlo. Ahora, lo que quieren los policías, es que no haya que llegar al punto de denunciarse uno mismo para que le ofrezcan ayuda para seguir viviendo.


https://twitter.com/Macarena_Olona/status/1360533477381312517?s=19