Del poder judicial...

[tixe]

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/12/espana/1294840760.html

Abroncan a la ya ex presidenta del TC por reprender en su despedida a los políticos

Casas tacha el retraso de la renovación de 'incumplimiento grave'
El PP responde que 'no está legitimada' para criticar al Parlamento
Rosa Díez dice que podía haber propuesto cambios 'estando dentro'
ERC critica que no propiciara los nombramientos de la institución

ELMUNDO.es | Europa Press | Madrid
Actualizado miércoles 12/01/2011 17:28 horasDisminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto Comentarios 24
La reprimenda con la que se ha despedido la presidenta del Tribunal Constitucional no ha sentado nada bien a varios grupos políticos. El 'popular' Federico Trillo ha respondido que no está legitimada para criticar al Parlamento por el retraso de tres años en la renovación del Alto Tribunal.

Y es que María Emilia Casas ha hecho una dura intervención durante el acto de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados nombrados por el Senado. En su último discurso como miembro de la institución, ha tachado el retraso en la renovación de "incumplimiento grave" de la Constitución. En su opinión, "la legitimidad del tribunal se ve empañada" si su demorada renovación "queda embarrada por todo tipo de cábalas y supuestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento", informa María Peral.

Estas críticas han sido criticadas por algunos grupos. El Partido Popular, por boca de Trillo, ha afirmado que Casas no está "legitimada" para abroncar a los grupos parlamentarios por la tardanza en la renovación del Constitucional, puesto que, según ha recalcado, ella tardó tres años en hacer posible que hubiera una sentencia sobre el Estatuto catalán.

PP: 'Su salida pone fin a la etapa más negra'
Es más, Trillo ha recordado que la hasta ahora presidenta del Constitucional dio el visto bueno a la última reforma de la Ley Orgánica del alto tribunal que le permitió seguir en ese puesto, pese a que su mandato había concluido en diciembre de 2007.

El coordinador de Libertades Públicas y de Justicia del PP ha asegurado que la salida de Casas pone fin a la "etapa más negra" de esta institución. Además, se ha mostrado contrario a que pueda formar parte del Consejo de Estado después del "daño" que ha hecho al Alto Tribunal.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, le ha recriminado que no propiciara la renovación de la institución mientras ocupó su Presidencia. No obstante, ha culpado a PSOE y PP de convertir la elección de los nuevos magistrados en un "auténtico cambalache partidista para subvertir el mecanismo de participación de los Parlamentos en la designación de los miembros del Alto Tribunal".

Rosa Díez critica que 'se aprovechara' de los retrasos
La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha echado en cara a Casas se haya despedido "riñendo" a las fuerzas políticas y, sin embargo, se haya "aprovechado" de los retrasos mientras formaba parte del Constitucional.

"Cuando estaba dentro del Alto Tribunal y se aprovechaba de ese retraso, no sólo no reñía a nadie, sino que se callaba cuando la reñían a ella", ha apuntado la portavoz nacional de UPyD en alusión a la conocida reprimenda que la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, le echó durante un desfile de las Fuerzas Armadas en el año 2007 [Vea el vídeo]

Conde-Pumpido: Ha sido 'institucional y valiente'
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha manifestado que, como Gobierno, no se ha sentido aludido por las críticas. "Los destinatarios han sido los grupos parlamentarios -ha dicho-, pero es un reproche que tenemos que asumir".

Al discurso de la ex presidenta Casas también se ha referido el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha valorado que la intervención fuera realizada "desde la lealtad institucional".

Finalmente, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, apuntó al término del acto que el discurso de Casas había sido "institucional y valiente" y destacó que pusiera de relieve las necesidades de este órgano

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TÍTULO IX

Del Tribunal Constitucional

Artículo 159.

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.


Se elimina el art 159.1 o mejor se cambia y que sean elegidos por votaciones entre todos los jueces y magistrados, entonces la cosa avanzará, mientras tanto la famosa independencia del poder judicial continuará siendo una quimera, y lo mismo para el CGPJ

[47ronin]

Avalancha de recursos en el TSJ madrileño contra el recorte salarial

Conforme previno CCOO, la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) madrileño está colapsada. Ante la publicación de esta noticia en El País digital (10 Enero 2011), CCOO insta nuevamente al conjunto de empleadas y empleados públicos a evitar la interposición de acciones judiciales individuales y a la Administración de Justicia para que dé respuesta a las que con carácter colectivo han sido interpuestas.

CCOO considera que ambas medidas solucionan el colapso que denuncia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y garantizan la defensa de los intereses del Sector Público, tanto individuales como colectivos, así como la promoción de la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 8/2010 que ordenó el recorte salarial.
Para CCOO la lluvia de demandas tipo sólo consiguen ralentizar la labor judicial. Frente a quienes proponen acciones individuales que deberán mantener activas mediante posteriores recursos y demandas de dudosa viabilidad y coste incierto (como reconoce el magistrado responsable de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid, Sr Martínez Tristán), reiteramos nuestra disposición a facilitar información del seguimiento de las acciones emprendidas por CCOO. Éstas, además de garantizar los derechos del conjunto de empleadas y empleados públicos, han comenzado a dar los resultados esperados.

CCOO ha interpuesto en todo el Estado, desde junio de 2010, miles de recursos y demandas de carácter general y sectorial, logrando resoluciones judiciales positivas que confirman los planteamientos del sindicato cuestionando la constitucionalidad de la rebaja salarial practicada en el Sector Público. A lo largo de los próximos meses se irán concretando nuevos pronunciamientos judiciales hasta la definitiva resolución judicial por el Tribunal Constitucional. CCOO también ha realizado un llamamiento a Magistrados y Tribunales para que resuelvan cuanto antes estas acciones colectivas que, de ratificar la cuestión de inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 8/2010 en línea con las resoluciones ya obtenidas, deben significar la paralización de todo proceso de carácter individual hasta la apreciación definitiva de la cuestión por parte del Tribunal Constitucional.

http://www.ccooaytomadrid.es/index.php/secretarias/servicio-juridico/371-avalancha-de-recursos-en-el-tsj-madrileno-contra-el-recorte-salarial.html

[47ronin]

La noticia a la que se alude....

Los recursos de funcionarios bloquean el Tribunal Superior de Justicia

Miles de empleados públicos han presentado demandas por la bajada de sueldo
FRANCISCO JAVIER BARROSO - Madrid - 10/01/2011

Cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el pasado 12 de mayo que iba a bajar el 5% de los sueldos a los funcionarios, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se dieron cuenta de que la medida les iba a traer problemas. Y muchos. No se estaban preocupando solamente por su nómina, que también se vería mermada, sino porque tendrían que ver todas las demandas y los recursos que plantearan los trabajadores públicos de toda España. Eso supone que en la actualidad las salas de lo contencioso-administrativo del este tribunal están colapsadas de casos y que los jueces no dan abasto a estudiarlos, según afirman fuentes judiciales.

La razón de que el Tribunal Superior madrileño esté sobrepasado de asuntos es que centraliza las demandas de todo el territorio nacional, incluidas las de las Embajadas en países extranjeros.

Es decir, si un funcionario cree que la bajada de su sueldo es ilegal tiene que recurrir primero al organismo que ha dictado la reducción de su salario. Como en principio su solicitud será desestimada en primera instancia, deberá acudir a la justicia, en este caso al tribunal contencioso-administrativo. Y ahí es donde entran en juego los jueces madrileños. Como la capital es la sede de todos los organismos centrales, en especial los Ministerios y las empresas públicas, todo aquel funcionario que quiera presentar un recurso debe interponer la demanda en Madrid.

Por ejemplo: un policía nacional que trabaje en Fuengirola (Málaga) deberá recurrir ante el Ministerio del Interior, cuya sede central está en la capital. Consecuencia: su caso lo estudia el TSJM. Aparte de la Administración central, también estudian las demandas de los funcionarios del Gobierno regional y de los 179 Ayuntamientos de la región. Los restantes dependerían de los Tribunales Superiores de la comunidad autónoma correspondiente.

"Solo con los recursos de los guardias civiles, los policías nacionales y los militares tenemos un número muy elevado de demandas, lo que nos supone un tremendo esfuerzo para sacar adelante todo el trabajo", reconoce el responsable de las secciones de lo contencioso-administrativo y número dos del TSJM, Gerardo Martínez Tristán. Este magistrado tiene a su cargo a 52 jueces, casi el doble de los 33 que hay en la sala 3ª del Tribunal Supremo o los 40 que trabajan en la Audiencia Nacional.Zapatero anunció que la bajada del sueldo de los funcionarios en 2010 y la congelación en 2011 supondría un ahorro de unos 4.000 millones de euros para las arcas públicas. Y su aplicación oscilaría en función de las categorías laborales. Según se cobrara más, los descensos en las nóminas serían más pronunciados.

En el caso del presidente, los ministros y los secretarios de Estado llegarían hasta el 15%. La medida no se empezó a aplicar hasta el verano, lo que hizo que gran parte del año fuera relativamente tranquila para los jueces de lo contencioso-administrativo. Tras el parón estival y las llegadas de las primeras nóminas con las rebajas salariales llegaron los problemas para el TSJM. En lugar de las 1.900 o 2.000 demandas que reciben las 10 secciones de este tribunal por mes, se dispararon hasta superar ampliamente las 3.000, según explicaron fuentes judiciales a este periódico. En algunos casos rondó las 4.000.

Además, algunos sindicatos hicieron demandas tipo y animaron a sus afiliados a que recurrieran una medida que consideraron ilegal y que vulneraba ampliamente los derechos laborales adquiridos.

Gerardo Martínez Tristán y su equipo han propuesto una solución para acabar con el colapso de papeles que entran en su sección. A través de un modelo de sentencia pretenden acabar con duplicidades y sentencias contradictorias. Para ello, unificarán toda la doctrina tras estudiar los casos más significativos, aplicar las normas vigentes y analizar la jurisprudencia actualizada. Una vez firmado ese fallo tipo, se hará extensible a todos los funcionarios de un mismo organismo o los que planteen principios jurídicos similares. Los primeros resultados se podrían ver en febrero, según fuentes judiciales, cuando se espera que haya terminado la avalancha de demandas de los últimos meses. "Si se plantea una sentencia muy bien fundamentada, con una explicación muy clara, el recurrente muchas veces desiste de acudir al Tribunal Supremo. Además, resulta bastante caro ese recurso y suele llevar mucho tiempo", asegura Martínez Tristán.


800 casos por magistrado

Las salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) están a la cabeza del número de casos que resuelven, si se las compara con otras comunidades autónomas. De media, cada magistrado firma unos 325 casos. Sin embargo, en el tribunal madrileño la carga de trabajo aumenta considerablemente, según reconoce el responsable de esta sección, Gerardo Martínez Tristán. Solo en 2008 los jueces que están a su cargo despacharon una media de 800 asuntos, lo que supone un 250% más que sus homólogos. Hasta el pasado mes de septiembre de 2010, antes de la avalancha de demandas, llevaban 525 casos.

En la sección de lo Contencioso-administrativo trabajan 52 magistrados. Los casos suelen tardar menos de un año en ser resueltos, salvo excepciones, como cuando hay peritajes complicados.

[47ronin]

Y todo ese esfuerzo y gasto de papel y tiempo a donde nos llevará?

A la misma situación que la que provocó la congelación salarial de 1994...a nada de nada... tras once años de pleitos...pues revocar un decreto de esas características y tener que devolver los millones de euros que supondría será la ruina de cualquier Estado.

...pero mientras recurrimos distraemos la atención, lavamos nuestra imagen y parece que hacemos algo en contra del recorte.

[47ronin]

Los ciudadanos dan un notable a las Fuerzas de Seguridad frente al aprobado de los jueces

Los españoles dan un notable a la Policía y la Guardia Civil por su "esfuerzo y capacidad técnica" cuando interviene en los asuntos judiciales frente a los jueces y magistrados, a quienes califican con un aprobado justo al dudar sobre su total independencia a la hora de dictar sentencia, según un estudio elaborado por el Observatorio de la Actividad de la Justicia y la Fundación Wolters Kluwer.

El informe, que analiza datos correspondientes a 2009, revela la valoración ciudadana de los diversos profesionales que intervienen en el funcionamiento de la Justicia. Según la encuesta, las Fuerzas de Seguridad del Estado recibieron un 7,1 durante el año anterior, seguidas por los fiscales y los funcionarios de esta Administración, que lograron un 5,6, los abogados defensores y las acusaciones particulares, con un 5.5, y, en último lugar, los jueces y magistrados, que recibieron una nota de 5.2.

"Sin duda, algo está pasando con el prestigio social de la magistratura en España en los últimos años", advierte el estudio, que pone de relieve el aumento del número de ciudadanos que cree que los jueces "no están bien preparados". Es más, el 65 por ciento de la población piensa que "algunos jueces" favorecen o perjudican con su forma de actuar a los miembros de los principales partidos políticos.

UN SUSPENSO PARA LAS INSTITUCIONES

La lista de las instituciones mejor valoradas la encabeza la Administración (4,9), seguida por las Cortes (4,7), los gobiernos autonómicos (4,6) y los ayuntamientos (4,4). Los últimos lugares son para los tribunales de Justicia (4,2) y el Ejecutivo central con una puntuación de 4.1.

En cuanto al funcionamiento de los diferentes órdenes jurisdiccionales, los españoles estiman el papel de los juzgados de violencia de género, el enjuiciamiento de los casos con menores como víctimas y el orden contencioso-administrativo. Así, el ámbito mejor valorado es el funcionamiento de la Justicia con la familia, seguido por el orden civil y lo laboral, mientras que califican con peor nota (3,3) el procedimiento de los delitos cometidos por menores, que son precisamente los que más han bajado respecto a 2008.

Seis de cada diez ciudadanos perciben a la Justicia como "anticuada" y se muestran de acuerdo, según la encuesta, con la afirmación: "La Justicia es demasiado lenta. Siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella".

"GRAN FIASCO" CON JURADO POPULAR

No obstante, el 52 por ciento de los encuestados preferiría ser juzgado por un juez que por un jurado popular. Desde 1983 el prestigio del jurado era "claramente superior" hasta que en 1997 hubo un "gran fiasco en un juicio con jurado" y se produjo un acercamiento entre ambas instituciones. Aquel 1997 un jurado popular provocó la polémica al absolver del asesinato de dos ertzainas al etarra Mikel Otegi por entender que no era dueño de sus actos, pero el Tribunal Constitucional ordenó cinco años después repetir el juicio.

Por último, los preguntados valoran con un 4,9 el esfuerzo que realizan las comunidades autónomas con competencias en Justicia para mejorar esta Administración y, tras ellas, sitúan el trabajo del Parlamento con un 4,7; y del CGPJ y el Ejecutivo central, a los que puntúan con un 4.5.

El Observatorio de la Actividad de la Justicia, dirigido por el magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López, ha entrevistado a cerca de 1.200 personas mayores de 18 años de todo el territorio nacional.

[sinpalotes]

Y de dónde se sacan estas encuestas??
Del mismo sitio que salen las encuestas de percepción de la seguridad en la población??
Los test de las revistas Qué Me Dices y los 40 Principales??

[Ethan]

Me llega este video por mail que es POLEMICO... pero no por la policia... si no por los comentarios del protagonista a la camara.

Y si el  me deja... creo que este es un buen lugar, un buen tema para colgarlo. A ver si se dan por aludidos algun que otro visitante.


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2PYWYC3vk6I[/youtube]

[47ronin]

Tras la agresión al abogado de Javier Delgado

El presidente de la Audiencia reclama a la Policía que evite agresiones 'inadmisibles'
Agentes de Policía realizarán 'acompañamientos' de los protagonistas del caso

La Audiencia pide al subdelegado del Gobierno un 'perímetro de seguridad'
Chema Rodríguez | Sevilla
Actualizado jueves 27/01/2011

La agresión que sufrió el miércoles José Manuel Carrión, el abogado de Francisco Javier Delgado, ya tiene consecuencias. La Policía Nacional va a reforzar la seguridad de los abogados que participan, directa o indirectamente, en el juicio por el crimen de Marta del Castillo.

Según ha anunciado el presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Damián Álvarez, los efectivos desplegados por el Cuerpo Nacional de Policía en el Palacio de Justicia van a realizar "acompañamientos" de los protagonistas del juicio contra 'El Cuco', letrados incluidos, para evitar hechos que calificó como "inadmisibles en una sociedad moderna del siglo XXI".

La medida es el resultado de una petición del propio presidente de la Audiencia a los mandos policiales después de mantener esta mañana una reunión con el decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo, en el que se ha analizado el ataque sufrido por Carrión, que tuvo que refugiarse en un coche de la Policía Local para evitar a una decena de exaltados que le persiguió desde la salida del edificio judicial, insultándole y agrediéndole.

Además, y de cara al futuro, Álvarez va a solicitar una reunión con el subdelegado del Gobierno, Faustino Valdés, para acordar el establecimiento de un perímetro de seguridad en los acceso al Palacio de Justicia, donde se celebran manifestaciones y concentraciones que dificultan el trabajo de los órganos judiciales y, en casos como el de ayer, degeneran en actos violentos.

Precisamente, el fiscal del caso, Luis Martín, expresó ayer su "repulsa" por la agresión sufrida por el letrado de Delgafo. En este sentido, apuntó que se podrá estar de acuerdo o no con "determinadas estrategias procesales, pero llegar a una agresión física me parece deleznable".

[47ronin]

El Poder Judicial avala recortar derechos ciudadanos para acabar con los atascos de los juzgados

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado, con dos votos discrepantes, un anteproyecto legal que, en la práctica, supone un recorte de garantías ciudadanas, puesto que restringe y endurece la posibilidad de los ciudadanos de que sus casos lleguen hasta el Tribunal Supremo. Obliga a los ciudadanos a pagar tasas para interponer demandas, suprime recursos e impone que los ciudadanos que pierdan un pleito contra la Administración (por ejemplo, un recurso contra una multa) paguen las costas del proceso (las minutas de los abogados).

El objetivo de esta normativa, que el Poder Judicial avaló en su sesión plenaria de este jueves, es agilizar la justicia y acabar con los atascos, según explicaron conjuntamente los vocales del Consejo Gabriela Bravo (portavoz), José Manuel Gómez Benítez y Fernando de Rosa (vicepresidente del órgano de gobierno de la judicatura).

Este anteproyecto normativo, remitido por el Consejo de Ministro al Poder Judicial para que informe sobre él, está siendo impulsando por los citados vocales ante los principales grupos políticos, que se están mostrando "receptivos", según explicó el vocal progresista Gómez Benítez. El 80% de las normas que contienen parten de ideas del propio Consejo y también son frutos de reuniones entre vocales y miembros de la carrera judicial.

La normativa, si finalmente fuese aprobada por el Parlamento, tiene gran enjundia. En lo que respecta a los asuntos civiles y contencioso-administrativos, lo que ha avalado el Consejo es endurecer uno de los tres requisitos que ahora establece la ley para que un ciudadano pueda acudir a la Sala de lo Civil del Supremo. Ahora, cabe llegar hasta el alto tribunal si, tras perder el juicio en la Audiencia Provincial, el afectado demuestra que en su pleito se dirime una cuantía mínima de 150.000 euros. Este requisito se ha endurecido: la cuantía tendrá que superar los 800.000 euros. Los otros dos requisitos, que se mantienen, son que se trate de un tema de vulneración de derechos fundamentales o que el asunto en cuestión tenga interés casacional porque haya fallos discrepantes en asuntos similares.

Los dos votos contrarios a avalar estos cambios legales son de los vocales conservadores Claro José Fernández Carnicero y Concepción Espejel, que consideran un recorte de garantías elevar de una tacada de 150.000 a 800.000 euros la cuantía para poder acudir al Supremo.

Otro punto importante de la reforma, que afectaría a miles de ciudadanos, es que se suprime la posibilidad de recurrir contra la decisión de un juzgado de primera instancia si se trata de un juicio verbal y la cuantía es inferior a 6.000 euros. Lo que falle el juez de primera instancia sería irrecurrible y la sentencia devendría firme. Fuentes del Consejo del Poder Judicial señalan: "Lo que está en juego son las garantías ciudadanas. Aquí se pretende agilizar la justicia, pero no incrementando los medios y recursos de que dispone, sino recortando derechos que hasta ahora tenían los litigantes".

14.000 casos pendientes

La Sala de lo Contencioso del Supremo es la más atascada ahora mismo del Tribunal Supremo. Tiene 14.000 asuntos pendientes, la mayoría con retrasos de hasta cuatro años. Un total de 12.000 de esos asuntos son por cuestiones fiscales planteadas por ciudadanos contra la Agencia Tributaria. Si finalmente se aprueba esta ley, la gran mayoría de esos recursos no tendrán cabida en el Supremo, salvo que la cuantía llegue a los 800.000 euros.

La llamada Ley de Agilización de la Justicia que avala el Consejo establece también el pago de una tasa, que iría en función del volumen y cuantía del asunto, para todos los ciudadanos que interponga una demanda civil. Ahora no existe tal tasa. Es decir, si un vecino, por ejemplo, tiene un conflicto con otro y lo demanda tendrá que pagar una tasa para que el juez empiece a ver su asunto.

El anteproyecto también afecta a los procesos monitorios (aquéllos en los que no es necesario tener abogado). Estos procesos están encaminados básicamente a la reclamación de impagos en los que el acreedor dispone de un documento irrefutable de la deuda. Ahora estaban limitados a cuantías iguales o inferiores a 3.000 euros. La propuesta legal es que se aplique también el proceso monitorio, que es más ágil y barato que los otros, si la deuda excede de esa cantidad y el acreedor la tiene acreditada fehacientemente.

Otro asunto que regula el anteproyecto es el de las notificaciones judiciales. Para evitar que un proceso se dilate porque no se localice al demandado, se da por buena la notificación que se realice en el domicilio que hayan facilitado las partes al juzgado. Obliga a que, si se cambia de domicilio, se comunique al juzgado el nuevo.

La ley que regula los desahucios expres no está resultando lo eficaz que se esperaba, reconocen fuentes del Consejo del Poder Judicial. El objetivo del anteprotecto es enmarcar las demandas de desahucio dentro del proceso monitorio, que es más ágil, con la intención de que el juez, desde el primer momento, fije la fecha concreta del lanzamiento del inquilino moroso si llega el juicio y éste no ha pagado la deuda.

También suprime esta normativa los denominados anuncios de preparación del recurso. Tras una sentencia contraria de un juzgado de primera instancia, al afectado, a través de su abogado, se le da un plazo de cinco días para que indique si va a recurrir ante la audiencia provincial y esboce someramente la motivación. Hecho esto, se le da otro plazo que suele ser de 20 días, en la jurisdicción civil, para que formalice el recurso íntegramente. El proyecto normativo suprime ese paso y aglutina ambos pasos en uno. Lo mismo hay que hacer ahora si la sentencia que no satisface al ciudadano procede de una audiencia provincial y se pretende recurrir al Tribunal Supremo.

En los pleitos contenciosos, los que interponen los ciudadanos contra la Administración, difícilmente los jueces fijan costas si el pleito se pierde finalmente, salvo que el juez entienda que el demandante había actuado de mala fe o con temeridad. La norma que se pretende poner en marcha establece que si los ciudadanos pierden un pleito contra la administración, paguen las costas haya o no habido mala fe.

Las costas son los gastos de abogados de ambas partes. Por tanto, si un ciudadano recurre un multa, por ejemplo, y su demanda es desestimada, tendría que pagar las costas de los abogados de la Administración.

La normativa pretende también, en los procesos contenciosos, que si las dos parte lo aceptan, el juez pueda dictar sentencia sin necesidad de celebrar un juicio. Respecto a las subastas, se elimina la posibilidad de que el acreedor se adjudique los inmuebles del deudor por cualquier precio o valor. La reforma cierra esta posibilidad y dispone claramente que en ningún caso podrá el acreedor ejecutante adjudicarse los inmuebles por una cantidad inferior al 50% del valor por el que fueron tasados. Lo mismo ocurre con los bienes muebles, cuyo límite se establece en el 30% del valor de tasación.

El vocal José Manuel Gómez Benítez entiende que todas estas normas ayudaran a agilizar la justicia. Y, por otro lado, al limitar la posibilidad de apelar ante el Tribunal Supremo, refuerzan el papel del alto tribunal como garante de la igualdad y su papel como tribunal de unificación de doctrina mediante la actualización de la cuantía mínima para recurrir en casación en los órdenes contencioso-administrativo y civil, inalterada desde los años 1998 y 2000 respectivamente, que pasa de 150.000 a 800.000 euros. Gómez Benítez señala que el Consejo ha visto "una buena predisposición" de los diputados para poder adoptar este acuerdo. De momento, los contactos se han mantenido con el PSOE, el PP, PNV y CiU por parte de los vocales Margarita Robles, Manuel Almenar, José Manuel Gómez Benítez y Fernando de Rosa.

[sinpalotes]

El Poder Judicial avala recortar derechos ciudadanos para acabar con los atascos de los juzgados

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado, con dos votos discrepantes, un anteproyecto legal que, en la práctica, supone un recorte de garantías ciudadanas, puesto que restringe y endurece la posibilidad de los ciudadanos de que sus casos lleguen hasta el Tribunal Supremo. Obliga a los ciudadanos a pagar tasas para interponer demandas, suprime recursos e impone que los ciudadanos que pierdan un pleito contra la Administración (por ejemplo, un recurso contra una multa) paguen las costas del proceso (las minutas de los abogados).

El objetivo de esta normativa, que el Poder Judicial avaló en su sesión plenaria de este jueves, es agilizar la justicia y acabar con los atascos, según explicaron conjuntamente los vocales del Consejo Gabriela Bravo (portavoz), José Manuel Gómez Benítez y Fernando de Rosa (vicepresidente del órgano de gobierno de la judicatura).

Algo lógico, por otra parte. Ya no saben qué inventar para que no se colapsen los juzgados...
Ya que empiezan a haber bastantes juicios por la tarde, qué tal poner juicios en fin de semana??

[sinpalotes]

Me llega este video por mail que es POLEMICO... pero no por la policia... si no por los comentarios del protagonista a la camara.

Y si el  me deja... creo que este es un buen lugar, un buen tema para colgarlo. A ver si se dan por aludidos algun que otro visitante.


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2PYWYC3vk6I[/youtube]

La frase del día:
Un moro diciendo ¡Viva España! Que podemos robar cuando queremos y nadie nos mete en la carcel.

Me guardo para mí mismo lo que le haría yo a ese individuo.

[47ronin]

Funcionarios desafían al TSJ y al juez decano al reponer carteles retirados por la Guardia Civil

Los pasquines contra el redactor de Levante-EMV que destapó el fraude laboral reaparecen en la Ciudad de la Justicia a los seis días de ordenarse su eliminación -

El titular del Decanato de Juzgados tilda la actitud de «impresentable» por «atentar contra la libertad de expresión»
       
 

Cartel colgado en la sede de la Fiscalía de Valencia, fotografiado anteayer y retirado ayer a las 8.30 horas. levante-emv

PACO CERDÀ

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, y el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, ordenaron ayer la «retirada inmediata» de los carteles aparecidos en el interior de la Ciudad de la Justicia contra el periodista de Levante-EMV que destapó el fraude de los funcionarios que fichan y se marchan. Los pasquines, que califican de «espía» al redactor y reproducen una fotografía suya extraída de su perfil en la red social Facebook, empezaron a circular el pasado jueves. Tras recibir órdenes de la Conselleria de Justicia, la Guardia Civil ha venido retirándolos en los últimos días. Pero incluso ayer, cuando la presidenta del TSJ y el juez decano ordenaron al director de gestión del edificio que no quedase ningún pasquín en las instalaciones judiciales, los carteles reaparecieron en los pasillos de la Ciudad de la Justicia. «La tensión existente entre el funcionariado está dificultando la retirada de las copias. Algunos empleados públicos vuelven a hacer más y las vuelven a colocar», indicaron fuentes de la Conselleria de Justicia.

Según pudo saber ayer este periódico, los carteles contra el periodista circulan, al menos, desde el pasado jueves, cuando el capitán de la Guardia Civil responsable de seguridad de la Ciudad de la Justicia lo comunicó a la conselleria. La orden de retirada inmediata, reforzada ayer por el TSJ y el juez decano, ha topado con la resistencia rebelde de algunos funcionarios, molestos con la serie de informaciones reveladas acerca de sus prácticas irregulares. En concreto, que varios funcionarios acudían a primera hora a la Ciudad de la Justicia, fichaban y luego se marchaban, en algunos casos, a llevar a sus hijos al colegio y, en otros, a aparcar el coche.

«Adoptar medidas oportunas»

Frente al mutismo general de la plana mayor de la judicatura valenciana, el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, sí que se manifestó ayer de forma rotunda. «El hecho me parece impresentable y lamentable. Yo desconocía hasta hoy [por ayer] que estuvieran colgados estos carteles, pero me parecen impresentables porque el periodista se limitó a hacer su trabajo, se denunciaron unas irregularidades y se tendrán que adoptar las medidas oportunas para subsanar estas irregularidades. Pero éste, evidentemente, no es el camino», remachó.

Pedro Viguer lamentó los hechos no sólo por lo que pudiesen tener de injuriosos o intimidatorios contra el redactor afectado, sino porque suponen, a su juicio, «un atentado contra la libertad de expresión y de información». El responsable del Decanato de los Juzgados de Valencia recalcó que hoy practicarán un seguimiento exhaustivo para comprobar si vuelven a reaparecer los carteles.

Sin papel de oficio… pero sí para fotocopias

Los funcionarios de la Ciudad de la Justicia denunciaron la semana pasada que la conselleria les había comunicado que iba a racionarles el material de oficina y temían, según recogió este diario, por la escasez de medios para trabajar que conllevaban los problemas de intendencia. Los funcionarios consultados alertaban, especialmente, sobre la carestía del papel de oficio. Por ello, sorprende ahora la facilidad con la que se han usado fotocopias y folios para distribuirlos entre los empleados públicos y colgarlos en la sede judicial con la foto del periodista y el siguiente texto: «Éste es el chico que se dedica a espiar a los funcionarios. Así sabremos todos qué aspecto tiene. Se le ve mucho por la Ciudad de la Justicia. Es Ramón Ferrando.»

[47ronin]

Funcionarios que fichan y se van...y jueces que son impuntuales y llegan....cuando llegan....y mientras tanto en los pasillos, en las puertas de acceso a las distintas salas testigos y profesionales a la espera de..."sus señorías".

Normal que la Justicia esté como está.

[sinpalotes]

Ví ese reportaje y lo que se denunciaba era un absentismo laboral generalizado en un buen número de funcionarios.
Eso de fichar primero para luego aparcar el coche y después entrar es un poco raro. Sobretodo cuando sacaron a uno que iba en bici, fichaba en el trabajo y luego se iba con la bici. No creo que a aparcarla.

Ahora que le pidan responsabilidades al que ha estado permitiendo eso durante tanto tiempo.

[47ronin]

Ví ese reportaje y lo que se denunciaba era un absentismo laboral generalizado en un buen número de funcionarios.

http://www.nortecastilla.es/20110126/mas-actualidad/espana/funcionarios-fichan-desaparecen-trabajo-201101261735.html

[47ronin]

Corporativismo en estado puro... pues en vez de denunciar a los caraduras lo que hacen es poner el "cartel" del periodista que lo denunció.

[47ronin]

Hoy 8 de febrero no tengo por menos que felicitarme por haber culminado otra de mis particulares batallas, tres años he tardado, y en paralelo dar las "gracias" a esos esforzados funcionarios de justicia de este país por el cúmulo de errores habidos en ese tiempo.

Para los que no lo sepan decirles que un monitorio es un procedimiento especial ideado para las deudas de las comunidades de vecinos, procedimiento que se dijo especial por su celeridad y que se vendió a prensa como tal, y ya veis, tres años he tardado en una ejecución plagada de errores y en las que el sufrido contribuyente ha de resoplar una y otra vez ante tamaña ineptitud, eso si, todavía dándome con un canto en los dientes por haber podido cobrar casi toda la deuda, y digo casi porque al final es@ esforzad@ funcionari@ se equivocó en la cantidad final que debía embargar al deudor y "restó" nueve euros que parece ser no le vino bien contener en el embargo.

Una muestra más de que nuestra justicia...lenta, injusta........ e inepta.

Si ese cúmulo de errores lo cometo yo en mi trabajo sin duda me dan para el pelo, pero como me decían: de nada sirve quejarse porque luego no cae la cabeza de nadie.

En fin... 2000 euros que se reintegran a las arcas comunitarias y el deudor paga...vaya si paga..porque con hueso duro dió.

[escalaejecutiva]

Enhorabuena hombre, al final, la satisfacción de hoy es lo que te quedará del asunto.

[47ronin]

Enhorabuena hombre, al final, la satisfacción de hoy es lo que te quedará del asunto.

Los vecinos contentos porque el deudor, un carota, ha pagado, sin embargo yo que he seguido el cúmulo de errores de nuestra administración de justicia, y que además la conozco por mi profesión, puedo llegar a entender ciertas cosas, pero el administrado corriente nunca lo entendería.

En fin...me faltan 9 euros para llegar a la satisfacción plena. 

[escalaejecutiva]

Enhorabuena hombre, al final, la satisfacción de hoy es lo que te quedará del asunto.

Los vecinos contentos porque el deudor, un carota, ha pagado, sin embargo yo que he seguido el cúmulo de errores de nuestra administración de justicia, y que además la conozco por mi profesión, puedo llegar a entender ciertas cosas, pero el administrado corriente nunca lo entendería.

En fin...me faltan 9 euros para llegar a la satisfacción plena. 

Yo te los doy hombre, no rompas el encanto de la victoria por 9€