Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 255967 veces)

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2320 en: 19 de Abril de 2018, 17:13:20 pm »
Todo ello sin entrar en cuestiones  de incompatibilidad que hacen que este caso este viciado.

https://www.google.es/amp/s/elpais.com/elpais/2018/04/17/opinion/1523955485_680138.amp.html

Porque lo dice usted....

Lo opino yo, lo dice Garzón en su artículo de opinión y quien haya seguido este caso concluirá que Espejel no.puede ser parte de ese tribunal y que desde el inicio se ha instrumentalizado quitándole la competencia a la AP de Navarra.

Si, Garzón, juez inhabilitado.......

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2321 en: 20 de Abril de 2018, 08:14:35 am »


Simplemente una persona a la que le chirrian determinadas cosas.

Nunca sabremos si en plazo hubiese sido admitida....y habremos de esperar a la sentencia.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-sala-rechaza-extemporanea-recusacion-contra-espejel-juicio-contra-acusados-alsasua-20180302164928.html

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2322 en: 22 de Abril de 2018, 17:08:29 pm »


Las injusticias que denuncian jueces y fiscales


Las asociaciones de los profesionales de la justicia convocan, desde el 26 de abril, paros semanales como antesala de una jornada de huelga el 22 de mayo
Reclaman profundizar en la independencia judicial, medidas para modernizar la profesión y mejoras para el personal
Lara CarrascoPublicada 22/04/2018 a las 06:00Actualizada 21/04/2018 a las 00:02

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2323 en: 26 de Abril de 2018, 00:54:41 am »
Un vídeo desmiente la versión de uno de los guardias civiles implicados en la pelea de Altsasu

El tribunal ha admitido este miércoles la grabación realizada por uno de los acusados con su teléfono móvil. El sargento, al comprobar que le estaban filmando, lanzó el aparato al suelo de un manotazo.


25/04/2018 20:02 Actualizado: 25/04/2018 20:28 DANILO ALBIN
 
Gritos, algún que otro insulto, un móvil que vuela al suelo a raíz de un puñetazo y un hombre de camisa blanca impoluta dando vueltas de un lado a otro. Así podría resumirse el vídeo grabado con su teléfono por uno de los jóvenes acusados de terrorismo por la pelea de bar en Altsasu. Las imágenes corresponden precisamente a la madrugada del 15 de octubre de 2016, cuando se produjo la reyerta con los dos guardias civiles sin uniforme. A pesar de su valor, esta prueba audiovisual había sido inicialmente rechazada por el tribunal.

Las cosas han cambiado este miércoles, cuando la Sala ha admitido el vídeo aportado por la defensa. El joven que lo grabó, Iñaki Abad, enfrenta una petición de 50 años de cárcel. Se trata, por tanto, de una prueba clave para él y para los otros siete acusados. En total, la Fiscalía pide para todos ellos penas que suman 375 años de prisión. Tres de los acusados –Jokin Unamuno, Adur Martínez de Alda y Oihan Arnanz- llevan más de 500 días encarcelados de forma preventiva.

“Conviene recordar como muestra de las irregularidades acaecidas que la inclusión de esta prueba, donde se observan a algunas de las personas encausadas y denunciantes, ha requerido de la insistencia de las defensas, ya que fue denegada inicialmente por el tribunal”, remarcaron desde el Grupo de Madres y Padres de Altsasu.

En el vídeo aportado por Abad se ve claramente al sargento de la Guardia Civil que se encontraba aquella noche en el bar Koxka de Altsasu junto a un teniente del cuartel de esa localidad navarra y sus respectivas parejas. En distintas declaraciones, tanto el sargento como algunos testigos presentados por la acusación aseguraban que su prenda de color blanco había quedado repleta de manchas, provocadas por las patadas que habría recibido durante la pelea.

Sin embargo, en la grabación que se ha visualizado este miércoles en la Audiencia Nacional no se observan tales huellas sobre su camisa ni se aprecia que hubiese recibido golpe alguno. En su lugar, se ve al sargento caminando de un lado a otro junto a varios policías forales y tratando de identificar a varios jóvenes con los que mantiene contacto visual, mientras Abad lo grababa con su móvil. Fue entonces cuando le pegó un manotazo al teléfono, que cayó al suelo. “Tranquilidad, eh”, se oye gritar segundos después.

En otro instante del vídeo, el agente de la Benemérita se dirige a un bar que está enfrente del Koxka para ver quiénes estaban allí. Siempre lo hace custodiado por los miembros uniformados de la Policía Foral de Navarra.

“Desmonta las acusaciones”

A criterio del Grupo de Madres y Padres de Altsasu, estas imágenes “refuerzan la versión de las defensas y desmontan afirmaciones claves de la fiscalía y de las acusaciones”. Entre otros aspectos, subrayan que en esa grabación no se observan “manifestaciones de hostigamiento a las fuerzas de seguridad, ni gritos de Alde Hemendik (‘Que se vayan’), ni nada parecido a tumultos agresivos”.

“Resulta altamente significativo que el sargento se cruza o se mueve entre la gente, entre ellos varios encausados, manteniendo contacto visual, sin reconocer a ninguno de ellos”, apuntaron. Asimismo, destacaron que estas imágenes “muestran unos acontecimientos más compatibles con un contexto festivo con personas ebrias”.

Durante la sesión de este miércoles también se ha visionado el vídeo de la retransmisión de un partido de pelota que tuvo lugar la misma noche de la pelea. En esas imágenes de ETB (Televisión Pública Vasca) “se puede ver cómo la vestimenta negra-oscura de un encausado es claramente diferente a la descripción realizada por los denunciantes en sus declaraciones, lo que vuelve a poner en entredicho el relato de las acusaciones”, subrayaron los familiares.

¿Golpe o torcedura?

Asimismo, dos peritos médicos han presentado sus valoraciones en torno a las lesiones que presentaba el teniente en su tobillo. En tal sentido, indicaron que este tipo de roturas no son habitualmente causadas por un golpe directo, sino que suelen deberse a “mecanismo indirecto”, como puede ser una torcedura seguida de una caída.

El juicio continuará este jueves con el visionado de algunos videos presentados por la acusación. Según ha podido saber Público, el viernes –en contra de lo inicialmente previsto- no habrá sesión, por lo que la vista continuará la semana próxima, tras el puente del 1 de Mayo.


http://www.publico.es/sociedad/juicio-altsasu-video-desmiente-version-guardias-civiles-implicados-pelea-altsasu.html

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2324 en: 26 de Abril de 2018, 11:03:05 am »
Un vídeo desmiente la versión de uno de los guardias civiles implicados en la pelea de Altsasu

El tribunal ha admitido este miércoles la grabación realizada por uno de los acusados con su teléfono móvil. El sargento, al comprobar que le estaban filmando, lanzó el aparato al suelo de un manotazo.


25/04/2018 20:02 Actualizado: 25/04/2018 20:28 DANILO ALBIN
 



El vídeo:

http://www.eitb.eus/es/noticias/politica/videos/detalle/5551888/video-inaki-abad-pelea-alsasua-noche-15-octubre-2016/

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2325 en: 26 de Abril de 2018, 16:11:47 pm »
El fiscal: "Las agresiones de Alsasua fueron xenofobia, racismo y fascismo en estado puro"


26 ABR. 2018 12:29

Manual de expulsión de las Fuerzas de Seguridad en Alsasua: "Hay que conseguir que no entren en bares"

Dos acusados de Alsasua acudieron a una marcha por los presos de ETA un mes antes de la agresión



El representante del Ministerio Fiscal en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso Alsasua pudo decirlo más alto, pero no más claro. Las agresiones que sufrieron dos agentes de la Guardia Civil y sus respectivas parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en Alsasua (Navarra) "son delitos de terrorismo", sentenció el fiscal José Perals en su informe final, en la novena sesión de este juicio.

El fiscal, que mantuvo sus peticiones principales de penas aunque modificó las alternativas, dejó claro al tribunal que preside Concepción Espejel que los ocho acusados no lo son "porque estén integrados en una organización terrorista; el Ministerio Fiscal no les acusa de eso, eso son indicios", precisó Perals. "Se les acusa de haber actuado conforme a esa ideología [de ETA] con una finalidad muy concreta, una finalidad política de causar temor a quien no piensa como ellos".

Los argumentos de Perals no terminaron ahí. El fiscal calificó los hechos enjuiciados como un acto de "xenofobia". "Es el racismo, es el fascismo en estado puro lo que hemos visto durante estas dos semanas en este juicio", reprochó. En este sentido, recriminó como "en el siglo XXI, hay gente que pide que otros se vayan de su pueblo".

"Esto es lo que defienden los supremacistas abertzales impregnados de un nacionalismo trasnochado, que sólo piden la expulsión de unas personas porque realizan un trabajo que no les gusta", añadió con rotundidad.

La Fiscalía resaltó al tribunal que no se está "enjuiciando a estas personas por pertenecer a ETA, ni porque se haya creado una nueva organización terrorista", sino porque "desde el frente de masas, el entramado sigue existiendo".

Dicho esto, el fiscal Perals puso sobre la mesa la recién anunciada disolución de ETA y alertó de que "hay determinadas personas del frente de masas que siguen realizando una actividad", lo que da origen a que "sí pueden surgir grupúsculos". "El hecho de que se disuelva ETA, no quiere decir que los hechos de Alsasua sean legales", precisó, "que queden blanqueados". "Esos entramados siguen ahí".

"Ellas fueron agredidas por ser sus parejas"

El Ministerio Público elevó a definitivas su petición inicial de penas, manteniendo 50 años de prisión para seis de los acusados -Jokin Unamuno, Joan Ander Cob, Julen Goicoechea, Adur Ramírez de Alda, Aratz Urrizola e Iñaki Abad-; 62,6 años para Ohian Arnanz y 12,6 para la acusada Ainara Urquijo. No obstante, modificó sus peticiones alternativas, introduciendo una situación agravante de género, además de modificar los delitos atribuidos a algunos de los acusados.

Según el fiscal, "hay un plus en esa agresión, porque ellas fueron agredidas por ser las mujeres de... las compañeras, las parejas de alguien a quienes ellos querían expulsar", señaló para justificar el agravante de género que introdujo en sus peticiones de condena. "Fueron agredidas únicamente por ser mujeres, parejas de esos guardias civiles", precisó.

Sin embargo, pese a esta modificación, la Fiscalía rebajó las penas alternativas que solicitó en un principio para los acusados. Su petición inicial fue de entre 18 y 30 años de cárcel. Ahora, el rango de penas alternativas van de seis años y medio a 17 años y medio de prisión.

En concreto, para Ohian Arnanz pide 17,6 años por desórdenes públicos terroristas, atentado en concurso con lesiones, delitos de lesiones, distinguiendo las lesiones agravadas por género contra las mujeres. En el caso de Ainara Urquijo, pide una condena de seis años, seis meses y un día, por desórdenes públicos terroristas y amenazas.

Para el acusado Iñaki Abad pide 13 años por desórdenes públicos, atentado en concurso con lesiones y un delito de lesiones con agravante de género. Para el resto de acusados solicita 17 años de prisión.

La Fiscalía enmarca la agresión a los agentes en un bar de la localidad navarra y los relaciona con el movimiento Ospa (Fuera), que persigue la expulsión de las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, resaltando que hubo peritos de la Guardia Civil que relacionaron los hechos con la estrategia de ETA.

Perals modificó también su escrito de acusación introduciendo unos párrafos en los que afirma que "la agresión multitudinaria y salvaje en la que participaron activamente todos los acusados estaba ligada por la finalidad de expulsión de la Guardia Civil de la localidad de Alsasua y de la Comunidad Foral de Navarra".

A juicio de Perals, esta agresión "fue premeditada y organizada, impulsando la misma los acusados Jokin Unamuno y Adur Ramírez, de tal manera que lograron que se reunieran en el interior del bar Koxka y en el exterior unas 50 personas que hicieron suya la calle alterando gravemente la paz publica de la localidad".

Para justificar el delito de lesiones agravadas de género, incluye en el escrito: "La agresión a las dos mujeres se produjo única y exclusivamente por ser las parejas de los dos guardias civiles con la finalidad de demostrar una clara superioridad sobre las mismas por parte de los acusados".

http://www.elmundo.es/espana/2018/04/26/5ae194f3e5fdea011c8b4692.html

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2326 en: 29 de Abril de 2018, 08:14:57 am »
Jueces para la Democracia pide la dimisión de Catalá por instar a la revisión del voto particular en el caso de La Manada

    El ministro pidió que interviniera con posibles "medidas disciplinarias" el Consejo General del Poder Judicial, y la asociación defiende que "carece de competencias a tal efecto"
    La organización defiende que ese tipo de declaraciones son "inadmisibles" ya que "alientan la deslegitimación del poder judicial"

infoLibre Publicada 28/04/2018 a las 17:10 Actualizada 28/04/2018 a las 17:11
 
La asociación Jueces y Juezas para la Democracia ha pedido la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por asegurar en la Cadena Ser que las consideraciones del magistrado Ricardo González en su voto particular en la sentencia del caso de La Manada "justifican que el Consejo del Poder Judicial pueda hacer alguna acción de evaluación de estos hechos". Ante la repregunta, el ministro defendió que "si esas consideraciones del voto particular se consideran que están fuera de lo razonable hay vías disciplinarias". La organización afirma que el CGPJ "carece de competencias a tal efecto" y denuncia que ese tipo de declaraciones son "inadmisibles" ya que "alientan la deslegitimación del poder judicial, más cuando provienen precisamente de responsables de los otros poderes".

En un comunicado, Jueces y Juezas para la Democracia ha cargado contra "declaraciones de responsables políticos carentes del más mínimo respeto institucional a nuestra legislación y a nuestros Tribunales". La asociación asegura que la crítica a las decisiones judiciales es "deseable", pero considera que la crítica a esta sentencia ha sido objeto de "críticas que descalifican hasta el insulto" que no se justifican, a su juicio, ya que el tribunal ha tenido que enfrentarse a una calificación jurídica "problemática", la distinción entre abuso y agresión sexual, y ha optado por la primera "de manera fundada y razonada". "Se ha dictado tras un previo e intenso debate deliberativo de los miembros del Tribunal, como lo demuestra su voto particular, y cumpliendo sobradamente con el principio constitucional de motivación", insisten.

"El Estado de Derecho se sustenta en la primacía de la Ley que emana del pueblo, y su posterior aplicación por los Tribunales independientes y sometidos únicamente el imperio de la Ley", recuerda Jueces para la Democracia, que pide también respeto para los tribunales superiores que aborden el asunto tras los correspondientes recursos. La organización abre la puerta a la reforma del Código Penal, pero defiende que "debe de hacerse en sede parlamentaria bajo un sosegado debate público y transparente". 

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2327 en: 29 de Abril de 2018, 08:20:06 am »
Las asociaciones de jueces, alarmadas por los "insultos" y la "crítica furibunda" al tribunal de ‘la manada’

Jueces para la Democracia condena las descalificaciones personales hacia el tribunal: "Nada aportan las críticas que descalifican hasta el insulto"

La Asociación de Fiscales lamenta la "facilidad" con la que "se desprecia la labor de jueces y fiscales" y "se tiene la tentación de legislar a golpe de noticia"

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria cree que "se ha producido una reacción desproporcionada" que "recuerda a la ley de linchamientos del Oeste"

Las organizaciones recuerdan que hay dos oportunidades de revisión de la resolución y piden que no se "deslegitime" el poder judicial
eldiario.es
28/04/2018 - 17:35h

Las asociaciones de jueces y fiscales han defendido a los miembros del tribunal responsable de la sentencia contra 'la manada' frente a las "descalificaciones personales"  después de tres días encadenados de protestas frente al fallo y críticas de todo el arco parlamentario.

Jueces para la Democracia ha emitido un comunicado para pedir que se realice una crítica "válida y constructiva" y argumenta que "nada aportan" las críticas "que descalifican hasta el insulto". "El respeto a la Ley y a la aplicación que de la misma llevan a cabo los Tribunales en cada caso concreto es fundamento de un Estado de Derecho y de una sociedad civilizada que resuelve sus conflictos conforme a las reglas que se ha dado. Lo anterior es perfectamente compatible, en el marco de una sociedad democrática, con la crítica válida y constructiva a las resoluciones judiciales, pero nada aportan las críticas que descalifican hasta el insulto", expresan en el comunicado hecho público este sábado.

La asociación recuerda que cabe recurso y defiende el proceso por el que se ha llegado a la sentencia, dictada tras un "previo e intenso" debate deliberativo: "La sentencia que ha sido objeto de furibunda y exacerbada crítica se ha dictado tras un proceso regido por los principios constitucionales de publicidad, defensa y contradicción (...) El Tribunal ha tenido que enfrentarse a una calificación jurídica problemática, la distinción entre la intimidación y el abuso con prevalimiento de una situación de superioridad, y ha optado por una de ellas de manera fundada y razonada".

Piden también la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por "sumarse al descrédito", alentar a la "deslegitimación del poder judicial" y afirmar  en una entrevista en la Cadena Ser que hay "vías desciplinarias" si se considera que el voto particular está "fuera de lo razonable". "Nos resultan inadmisibles las declaraciones del Sr. Rafael Catalá (...) que se suman al descrédito y piden la revisión de un voto particular por el Consejo General del Poder Judicial, carente de competencias al efecto".
Las asociaciones ven "desproporcionada" la respuesta

Este viernes, los representantes de las cuatro asociaciones de jueces y magistrados de España expresaron que veían "desproporcionada" la respuesta contra la sentencia. Las organizaciones recuerdan que hay dos oportunidades de revisión de la resolución de la Audiencia de Navarra por la vía de los recursos, primero ante el Tribunal Superior de Justicia navarro y, en su caso, después ante el Tribunal Supremo.

A los representantes de los jueces les parecen desmedidas algunas reacciones que se produjeron ayer de forma inmediata nada más conocerse el fallo como las manifestaciones y concentraciones de protesta, la recogida de firmas para pedir la inhabilitación de los magistrados y las declaraciones de políticos.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, ha declarado que "se ha producido una reacción desproporcionada que demuestra una falta de educación general y cultura democrática que recuerda a la ley de linchamientos del Oeste". "Los que han salido a protestar a lo mejor no se han leído la sentencia y son manifestaciones fuera de tono que no benefician a España ya que parece más propio de la cultura de otros países". Raimundo Prado ha coincidido en que "las resoluciones judiciales pueden ser criticadas pero con fundamentos, de manera racional y no violenta", así como que la sentencia se puede recurrir. La portavoz de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, ha indicado que hay que respetar a las víctimas pero también a las resoluciones judiciales. Es una sentencia "trabajada y fundamentada" contra la que caben recursos, ha concluido.

La Asociación de Mujeres Juezas de España ha criticado los "prejuicios y estereotipos de género" en la interpretación del Código Penal en el caso de 'la manada', pero también han afirmado que "se trata de una sentencia rigurosa y garantista en cuanto al respeto de los derechos de los acusados", y opinan que "el sentir mayoritario de la Sala se muestra respetuosa y empática con la víctima".

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, también ha criticado las "descalificaciones emanadas de personas que ostentan responsabilidades públicas" con motivo de la sentencia por el caso de 'La Manada' que, a su entender, "compromete gravemente la confianza que nuestro sistema de justicia merece de los ciudadanos": "El tribunal ha valorado minuciosamente, en relación con los hechos imputados, todos los elementos de prueba aportados por las partes de acuerdo con lo establecido en la ley y de conformidad con la jurisprudencia que resulta de aplicación, siendo éstos los únicos criterios a los que están sometidos los jueces".

La Asociación de Fiscales carga contra Catalá

Desde la conservadora Asociación de Fiscales aseguran que hacen suyo el comunicado emitido con ocasión de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra por las tres Asociaciones Judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.

Cargan también contra el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y lamenta que se tenga "la tentación de legislar a golpe de noticia", tras el anuncio del Gobierno de revisar el Código Penal tras la sentencia de 'la manada'. "La asociación lamenta la facilidad con que, en tantas ocasiones, se desprecia la labor de los jueces y fiscales, se realizan juicios paralelos; se tiene la tentación de legislar a golpe de noticia; se realizan manifestaciones carentes de rigor; se produce la intromisión en la labor jurisdiccional de representantes políticos e institucionales; y, especialmente en este caso, las manifestaciones realizadas por el Ministro de Justicia, que tiene como responsabilidad fomentar la confianza en las instituciones", reza el comunicado.

En este sentido, la Asociación de Fiscales ha apuntado que las resoluciones judiciales se dictan por jueces profesionales e independientes tras la valoración "en conciencia" de la prueba practicada ante ellos en juicio y la aplicación técnica de las leyes emanadas del Parlamento a los hechos considerados probados.

La organización afirma que esta aplicación de la ley lleva, en ocasiones, a resultados que no son los esperados por el ciudadano y recuerda que la ley prevé un sistema de recursos para hacer valer las discrepancias con las resoluciones. De la misma manera, la asociación ha señalado que las resoluciones de los tribunales que en su día decidan los recursos que se interpongan, estimen o no dichos recursos, deberán ser respetadas dentro del "correcto funcionamiento" de un Estado democrático.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2328 en: 29 de Abril de 2018, 11:18:25 am »


El juez que pedía absolver a La Manada ha tenido 2 expedientes disciplinarios del CGPJ, uno muy grave


OKDIARIO28/04/2018 22:02
El magistrado Ricardo Javier González González, que firmó el voto particular en el que pedía la absolución de los cinco miembros de la Manada que violaron a una joven en los Sanfermines, ha sido objeto de dos expedientes disciplinarios instruidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces.

En concreto, durante su etapa como titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Bilbao, se le impuso una sanción con suspensión de empleo y sueldo, por excesiva dilación en la tramitación de las causas. Desde esta plaza, en marzo de 2001 obtuvo el traslado a la Sección Segunda, Sala de lo Civil y Penal, de la Audiencia Provincial de Navarra.

También en este caso, la Sala de que la que es miembro ha requerido un especial seguimiento del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) por acumulación de causas y dilaciones injustificadas. Como integrante de esta Sala, ha sido ahora el encargado de juzgar a los cinco miembros de La Manada, junto a los magistrados José Francisco Cobo Sáenz y Raquel Fernandino Nasti.

La sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Cobo Sáenz condena a nueve años de cárcel a los cinco sevillanos, por considerar que según el Código Penal los hechos se encuadran en un delito de “abusos sexuales”, y no de violación.

Sin embargo, este veredicto no ha resultado satisfactorio para el magistrado Ricardo Javier González, quien ha emitido un voto particular en el que pide la absolución de los cinco procesados.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2329 en: 30 de Abril de 2018, 07:15:55 am »

Abren expediente al letrado gijonés que cuestionó que una mujer violada llevara minifalda


El abogado tiene una propuesta de sanción grave por sus apreciaciones tras el juicio
29.04.2018 | 09:25 | Gijón, A. RUBIERA | Sociedad
     
El abogado gijonés que cuestionó a una víctima de una violación por el hecho de que acudiera al juicio en minifalda y por haber oído sus risas antes de entrar en la sala de vistas, se enfrenta a una sanción que podría llegar a los tres meses de inhabilitación por una infracción grave del código deontológico profesional. Es la propuesta que ha partido, en un proceso aún sin concluir, del Colegio de Abogados de Gijón.

La Junta de Gobierno colegial, tras las quejas presentadas por la asociación "Abogadas para la Igualdad" y un letrado particular, acordó abrir un expediente disciplinario contra Fernando Valentín Ángel de la Fuente. El letrado ejercía de abogado defensor de un hombre que finalmente fue condenado a 11 años de cárcel por violar a una mujer de 51 años que asaltó en el barrio gijonés de Nuevo Roces -colándose en su coche cuando paró en un semáforo en su trayecto, de madrugada, hacia su trabajo, y amenazándola con una navaja para ir a un descampado-.

A la salida de la vista oral el letrado, en una conversación "en un ámbito privado" en el que estaban periodistas, según él mismo alegó ante el Colegio, "manifestó sorpresa por la vestimenta de la denunciante". Sus apreciaciones las explicó aludiendo a que "como abogado me sorprendió que detrás de un biombo hubiese una señora, que dice tener que ir a un psicólogo por sufrir problemas mentales constantemente cada vez que recuerda la situación, que hubiese venido al juicio en minifalda y se oyesen sus risas antes de entrar en la sala". El letrado también hizo alusiones a que en ningún momento había llorado en la sala o se había mostrado compungida, pero aseguró que su comentario "no pretendía humillar ni dañar".

Para la portavoz de Abogadas para la Igualdad, Elena Ocejo, esas manifestaciones se basan "en estereotipos de género" que al final consiguen "que una víctima no sólo tenga que hacer frente al agravio denunciado, sino que ve como al acudir a la justicia es atacada y humillada, desacreditada y ultrajada por la representación letrada" de la otra parte.

Tras una primera fase de estudio del caso por parte del Colegio de Abogados de Gijón, se consideró seguir adelante con una propuesta de sanción por infracción grave al entender que el letrado pudo haber vulnerado el deber de guardar secreto que se recoge en el Código Deontológico. Los portavoces colegiales ponen un acento importante en el hecho de que el juicio fue celebrado a puerta cerrada por decisión del magistrado para proteger el derecho a la intimidad de la víctima y pese a ello el abogado comentó aspectos de lo sucedido en la sala. También entienden que podría haber una "lesión injusta contra la parte contraria" porque sus comentarios sobre la vestimenta o el estado emocional "no están amparados por el ejercicio de defensa". Para Elena Ocejo lo bueno es que se frenen este tipo de actitudes, aunque la pega es que "no se reconoce la carga de género que nosotras denunciamos".

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2330 en: 30 de Abril de 2018, 10:30:17 am »
¿"Pasar a la acción" contra los jueces, señora ministra?
30 abril, 2018 01:42

Este fin de semana se ha creado una situación insólita en un régimen democrático de separación de poderes. El Gobierno se ha subido a la cresta de la ola de la indignación popular, como si intentara encabezar las manifestaciones contra la sentencia sobre La Manada, y las asociaciones de jueces y fiscales han cerrado filas defendiendo su independencia y pidiendo la dimisión del ministro de Justicia Rafael Catalá.

Formalmente el Gobierno mantiene el estribillo habitual de que respeta y no comenta las decisiones judiciales, pero casi hubiera sido mejor que hubiera verbalizado sus críticas. Porque patrocinar una reforma exprés del Código Penal y airearlo en el prime time de la televisión, como ha hecho Catalá, supone sugerir que los jueces están tan alejados de la conciencia ciudadana, que sólo reformando las leyes que deben aplicar se logrará cerrar esa brecha.

Esto supone echar gasolina al fuego de la protesta y poner al estamento judicial a los pies de los caballos. Por muy extendida y transversal que sea la crítica a la resolución de este caso concreto, el Gobierno no puede perder los papeles de la serenidad y mucho menos hablar de “pasar a la acción”, como confusamente propuso ayer Fátima Báñez.
La ministra no sabe expresarse

Cualquiera diría que la ministra de Trabajo no es capaz de expresarse en castellano porque añadió que "la acción significa que la sentencia no es firme y las partes ya han anunciado que van a recurrir y eso es una buena noticia porque tenemos una oportunidad de que las conductas tan viles se castiguen de manera ejemplar”. A menos que Fátima Báñez esté proponiendo concentrarse primero ante el TSJ de Navarra y luego ante el Supremo, para presionar a los magistrados que entiendan sobre los recursos, de esa reflexión se deduce lo contrario de su premisa: no hay que “pasar a la acción” sino esperar, con confianza en la Justicia, las resoluciones de los tribunales superiores.

Máxime cuando, como venimos diciendo desde que analizamos la sentencia, en los hechos probados por el tribunal se describe minuciosamente una situación de intimidación y este es, junto a la más dudosa violencia, uno de los dos elementos que configuran el delito de agresión sexual o violación. Es decir, que hay razones fundadas para pensar que jueces más expertos y sabios que los de la Audiencia de Pamplona modificarán la calificación y elevarán las penas, a partir del mismo relato fáctico.

Sólo, si apuradas todas las instancias, la sentencia saliera intacta del Tribunal Supremo, tendría sentido el argumento de que el problema en la interpretación de los delitos sexuales es la falta de sensibilidad de los jueces y no cabe otra solución sino obligarles a aplicar una ley mucho más clara y severa.

La crítica de las resoluciones judiciales es parte integral de un régimen democrático. Y es inevitable que junto a las emitidas con respeto y rigor, se produzcan otras de carácter zafio y hasta soez. En su artículo de este domingo, muy compartido y comentado en círculos jurídicos, María Peral subrayaba el sinsentido de que Pablo Iglesias descalificara con su habitual brocha gorda una sentencia de 370 folios a los quince minutos de conocida. Pero eso es parte del pluralismo y en el pecado de la demagogia tendrá el líder de Podemos la penitencia de su menguante apoyo social.
La línea roja cruzada por el Gobierno

El único que no debe nunca criticar una sentencia judicial, ni explícita ni implícitamente, es el Gobierno porque encarna otro de los poderes constitucionales y la independencia entre ellos es la base del Estado de Derecho. Es muy posible que sea conveniente reformar la tipificación del delito de agresión sexual en el Código Penal y tiene todo el sentido que haya juristas que lo señalen ahora. Pero el Gobierno nunca debía haber vinculado esa reforma a una resolución judicial concreta y menos cuando hierve la protesta en la calle.

Esa es la línea roja que, en opinión de todas las asociaciones de la carrera judicial, ha cruzado irresponsablemente el Ejecutivo. Y resulta muy significativo que el diagnóstico sea el mismo desde la óptica conservadora como desde la progresista, desde la propia asociación de juezas o desde las asociaciones de fiscales, cuando, en definitiva, la representante del ministerio público pedía la condena por violación. Esta unanimidad, que suponemos quedará reflejada en una comunicación pública del CGPJ, no significa gremialismo sino defensa de los fundamentos mismos de la Justicia.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2331 en: 30 de Abril de 2018, 10:37:30 am »
Catalá, sobre el voto particular de 'La Manada': "Todos saben que el juez González tiene algún problema singular"


 :pen:


https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20180430/catala-cgpj-deberia-ejercido-potestad-disciplinaria-gonzalez/303719839_0.html

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2332 en: 01 de Mayo de 2018, 07:37:56 am »
Gobierno y PP dejan solo a Catalá tras "atacar" duramente a un juez de La Manada

"Si hay alguien que no puede hacer eso, poner en la diana a un juez, es el ministro de Justicia", señalan fuentes del partido, muy molesto con lo sucedido

01.05.2018 - 05:15

"Si hay alguien que no puede hacer eso, poner en la diana a un juez, es el ministro de Justicia", señalan a Vozpópuli fuentes del PP para criticar el "ataque" de Rafael Catalá contra el magistrado Ricardo González, que ha emitido un voto particular pidiendo la absolución de los integrantes de La Manada.

Las declaraciones del ministro -González "tiene algún problema singular" y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería haber actuado preventivamente"- han caído como una bomba en el partido gobernante y en una parte del Ejecutivo.

Es conocido que en 2001 el Poder Judicial suspendió a ese juez de la Audiencia Navarra seis meses por retrasos injustificados, y actualmente tiene otro expediente abierto por actuaciones anómalas que puede derivar en su suspensión definitiva; pero lo que no puede hacer el titular de Justicia es "echar más leña al fuego" de la protesta ciudadana desvelando información personal reservada, señalan estas fuentes.

Unas palabras que reflejan malestar sordo en las filas populares. Tan es así que, tras pedir en tromba todas las asociaciones de jueces y fiscales su dimisión, nadie del PP ni del Gobierno ha salido a respaldarle. Mucho menos después de que José María Macías, vocal del CGPJ), diera un toque de atención a Catalá asegurando que no le "consta" lo que dice.

    Maillo cree que el ministro "tiene más información" que él y su compañero de gabinete Zoido avisa: "Vamos a dejar la reforma del Código Penal en manos de los expertos"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha dicho no saber "a qué se refería" el titular de Justicia y se ha limitado a emplaxar a los informadores a preguntarle a él porque "tiene muchísima más información que yo".

Sí ha dicho Maíllo que la sentencia es una "oportunidad" para cambiar el Código Penal de común acuerdo con el resto de partidos tras una sentencia "injusta" que ha creado una "profunda alarma social".

Más matizado, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que también es magistrado, ha dicho "vamos a dejar en manos de los expertos" del Comité de Codificación la propuesta de cambios legales oportunos en los tipos penales de "abuso" y "agresión sexual".

    En el PP no todos están de acuerdo en una reforma exprés del delito de violación, al calor de la protesta ciudadana

Y es que en el PP no todo el mundo está de acuerdo en "dejarse llevar" por la ola de indignación ciudadana. Aunque comparten la crítica de fondo al fallo de la audiencia navarra, el sector judicial del partido, mayoritario entre magistrados y fiscales, ve con preocupación lo que está ocurriendo.

De forma irónica, un representante de ese sector señala a este periódico señalaba este lunes "si hasta el PSOE está a favor de lo que dice Catalá, mal vamos".

Se refería a unas declaraciones del secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, señalando en La Sexta que "No podemos estar más que de acuerdo, porque si el ministro habla así es porque se le supone mucho conocimiento de causa"; "y si no ha ido más allá de la información que tiene, quizás sea por la prudencia necesaria", remachó Ábalos.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2333 en: 02 de Mayo de 2018, 17:40:07 pm »

Una interpretación penal del cuento de Blancanieves por el magistrado Antonio del Moral se hace viral en la red


Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Supremo e intérprete, desde el punto de vista legal, del cuento de Blancanieves y los 7 enanitos. Carlos Berbell.
INICIODIVULGACIÓNMUNDO JUDICIAL
por Carlos Berbell | 29 abril, 2018
 
No es la primera vez que Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuenta esta historia en público. De hecho, hace más de diez años que viene contando, de vez en cuando, una interpretación penal del cuento de Blancanieves y los 7 enanitos en algunos de los actos públicos en los que participa.

Sin embargo, esta vez se ha hecho viral. Ha tardado sólo 19 días. En Confilegal lo hemos recibido por 5 sitios distintos.

Pero para cerciorarnos de que la historia era verdad (y no una “fake new”) nos pusimos en contacto con el magistrado.

“Sí, lo conté el pasado 10 de abril por la tarde, en el Teatro Liceo de Salamanca”, confirmó Del Moral.

“Fue cuando participé, junto con Pablo Llarena [compañero suyo de Sala], Enrique López [magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y exmagistrado del Tribunal Constitucional] y José Luis Concepción [presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León] en en una jornada sobre delitos económicos y responsabilidad penal de las empresas”, explica el magistrado.

El público lo formaban más de 200 personas.

“La cosa derivó un poco densa”, cuenta el magistrado.

“Y para aliviarla conté, otra vez, la interpretación jurídica del cuento. Que no es una idea mía sino de un alumno anónimo de la UNED. Un profesor amigo me lo comentó y de ahí salió la cosa. Aunque no es precisamente como la conté, sí la recoge en su esencia”.

La historia, tal como está corriendo por la red, es esta:

“Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo, participó en la tarde noche del martes en el teatro Liceo de Salamanca en una jornada sobre delitos económicos y responsabilidad penal de las empresas, organizada por Tormes Motor, cuya intervención concluyó con una singular interpretación del cuento de Blancanieves para ejemplificar cómo el exceso legislativo puede hacer que la vida diaria y acciones cotidianas terminen en la Justicia.

“Y es que, analizando el popular cuento infantil, el cazador al que la madrastra encargó matar a Blancanieves para que no fuera la más bella del reina, por tanto una inducción a asesinato, finalmente no tuvo valor para hacerlo, la dejó huir y mató a un ciervo para llevar a la madrastra su corazón.

“Delitos contra la flora y la fauna, según el Cógido Penal español actual.

“Blancanieves huyó hasta encontrar una cabaña del bosque, delito contra la ordenación del territorio, pues estaba construida en suelo no urbanizado.

“Además, la mera alusión a sus dueños en el título del cuento, enanitos, es peyorativa e indica un menosprecio, “personas de verticalidad limitada”, apostilló el juez para corregir la denominación.

“La protagonista del cuento entró en la casa, por tanto incurriendo en un delito de allanamiento de morada.

“Sus inquillinos regresaban a casa cantando, a buen seguro, una canción por la que no pagaban el correspondiente canon a la Sociedad General de Autores de España (SGAE).

“Al escuchar la historia de Blancanieves se apiadaron de ella y le permitieran quedarse, eso sí, a cambio de realizar las tareas del hogar, como planchar, lavar, coser, hacer la comida, sin remuneración alguna ni contrato ni alta en la Seguridad Social, por tanto, un delito contra los derechos de los trabajadores.

“La madrastra descubre que Blancanieves seguía viva y hace que caiga en un sueño profundo tras comer una manzana, delito contra la salud pública por envenenamiento.

“Letargo del que la protagonista del cuento despierta porque recibe el beso de un príncipe, que, con la ley en la mano, es un delito de agresión sexual al propasarse con una mujer privada de sentido.

“Por tanto, de acuerdo al Código Penal, todos los protagonistas del cuento de Blancanieves tendrían cuentas pendientes con la Justicia y a buen seguro hubieran terminado en la cárcel”.

Todo un ejercicio de originalidad

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2334 en: 04 de Mayo de 2018, 10:51:07 am »
A esa le falta un verano, no tiene nada que ver una cosa con otra.

 Cierto...no es un pelea de bar sino un delito de atentado.


Hoy quedara visto para sentencia.

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« Respuesta #2335 en: 04 de Mayo de 2018, 15:39:38 pm »
Pues como dicen los toreros . . . que Dios reparta suerte . . .

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2336 en: 08 de Mayo de 2018, 09:40:45 am »

Amnistía Internacional, tras ejercer de observador en el juicio de Alsasua: "No es terrorismo"


 "Es un hecho grave y las personas agredidas merecen justicia", asegura el director de la organización, Esteban Beltrán que insiste, no obstante, en desvincular lo sucedido con cualquier actividad terrorista

 A Amnistía también le preocupa que "tres de los acusados lleven más de un año y medio en prisión", ya que considera que "la detención a la espera de juicio debe ser una medida excepcional"



Juicio sobre la agresión de Alsasua en la Audiencia Nacional
Por Iñigo Aduriz
07 may 201820:40

Amnistía Internacional ha solicitado que se retiren los cargos de terrorismo contra los ocho jóvenes acusados de  agredir y amenazar a dos guardias civiles y sus parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka de Alsasua. Y se ha reafirmado en su petición tras asistir como observador al juicio que se celebró en la Audiencia Nacional hasta el pasado viernes. "Es un hecho grave y las personas agredidas merecen justicia. Pero no es terrorismo", explica Esteban Beltrán, director de la organización que envió a la vista a dos representantes precisamente por cuestionar las garantías del proceso.


Durante el juicio ha quedado acreditado, en su opinión, que no se cumple ninguna de las tres condiciones que establece la Organización de Naciones Unidas (ONU) para considerar determinadas acciones como actos terroristas: "la intencionalidad de causar muerte  o graves daños físicos, intimidar o atemorizar a la población, u obligar a un gobierno o una organización internacional a hacer algo". Por ello, asegura Beltrán en declaraciones a eldiario.es, "l os cargos nunca debían haber sido considerado terrorismo". Pero precisamente esa consideración es la que ha hecho que las peticiones de penas para los jóvenes oscilen entre los 12 y los 62 años de cárcel, y que tres de los acusados –Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz– lleven en prisión provisional desde hace más de 500 días.


A juicio de Amnistía Internacional, han existido varios elementos de "preocupación" que son los que han motivado su presencia en el juicio en calidad de observadores. "Uno de esos elementos es que en España se está aplicando una legislación que amplía de forma desproporcionada el concepto de terrorismo", explica Beltrán. El caso de los acusados de Alsasua es, así, "ejemplificador de la ambigua legislación antiterrorista, que habla por ejemplo de alterar la paz pública y nadie sabe lo que es exactamente". Es esa normativa plasmada en el Código Penal y modificada por el PP la que "puede hacer que un acto grave, que tiene que ver con una disputa en un bar, se convierta en un atentado prácticamente en colaboración con banda armada".

La prisión provisional
A Amnistía Internacional también le preocupa que "tres de los acusados lleven más de un año y medio en prisión", ya que considera que "la detención a la espera de juicio debe ser una medida excepcional" y debe estar dirigida a "evitar el riesgo fuga" y un "peligro en la población". En este caso lamentan, además, "que no haya habido una revisión periódica" de esa prisión provisional en la que se encuentran Unamuno, Ramírez de Alda y Arnanz.


Al reivindicar la "garantía de un juicio justo", Amnistía Internacional estaba asimismo preocupada por el hecho de que el tribunal presidido por Concepción Espejel no hubiera aceptado "pruebas y testigos" presentados por parte de la defensa de los acusados. Entre otras, el vídeo grabado por uno de los encausados, Iñaki Abad, que finalmente sí fue admitido por la sala, y que desmonta la versión de uno de los guardias civiles agredidos, a quien se le puede ver con una camisa blanca impoluta, si bien él dijo durante el juicio que, como consecuencia de la agresión, la prensa presentaba numerosas marcas de patadas.

Así, a pesar de que al final sí se admitieron algunas de esas pruebas, Beltrán explica que la organización que dirige quiere esperar a la sentencia para realizar una valoración más precisa acerca de las garantías con las que se celebró el juicio, y sobre la proporcionalidad que se aplicará en el caso de que el fallo sea condenatorio.

Ante la disolución de ETA, anunciada la semana pasada, Beltrán ha explicado que desde Amnistía Internacional están promulgando la puesta en marcha de una "agenda común de derechos humanos" entre Euskadi, Navarra y la administración central. Dentro de ese plan considera imprescindible una modificación legislativa que impida en el futuro una atribución de delitos terroristas como la que se les ha realizado a los acusados de Alsasua. El suyo, asegura, "es un ejemplo de que hay que cambiar la legislación antiterrorista por ambigua, por imprecisa y por injusta".

La supuesta relación con el terrorismo
A lo largo del juicio, la Fiscalía argumentó la vinculación de los hechos con el terrorismo en un informe de inteligencia elaborado por la Guardia Civil en el que se relaciona a los acusados con el movimiento Alde Hemendik que busca la salida de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra, al considerar que esa era una estrategia de ETA. En concreto, la acusación se basó en un único documento incautado en un gaztetxe(casa de la juventud) de Olazti en 2000 que constituía un "manual práctico" de esa estrategia. La que según el Ministerio Público habrían seguido los jóvenes encausados al agredir supuestamente a dos guardias civiles y sus parejas a altas horas de la madrugada.


Los acusados han negado reiteradamente su participación en el ataque, han rechazado formar parte de ningún movimiento político y han asegurado no tener ninguna animadversión hacia la Guardia Civil, una versión ratificada por los testigos presenciales que declararon durante el juicio. Pero las víctimas sí identificaron a los encausados como los autores de la agresión, aseguraron haber recibido una paliza y describieron un clima de "miedo" y de "odio" hacia los guardias civiles en la localidad navarra que habría sido el germen del ataque.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2337 en: 09 de Mayo de 2018, 08:18:22 am »


El CGPJ acaba de abrir una investigación
Tirón de orejas al funcionario que transcribió la sentencia de ‘La Manada’

La Audiencia de Navarra le ha amonestado por el error que permitió acceder a datos personales de la víctima

La comisión permanente del CGPJ ha abierto una investigación para averiguar quién filtró los datos personales de la víctima de los abusos de ‘La Manada’ en los sanfermines de 2016. El objetivo es determinar si se produjo una vulneración de la normativa de datos personales.


La Manada en los Sanfermines. La Manada en los Sanfermines.

09/05/2018 01:00

Se trata de una polémica más en una sentencia que ha levantado ampollas en los medios de comunicación y en el entorno judicial, hasta el punto de que todas las asociaciones judiciales han pedido la dimisión del ministro Catalá por un comentario sobre el juez del voto particular.

En este caso, el CGPJ alude al desvelamiento de la identidad de la denunciante, que hasta hace unos días era desconocida en el panorama mediático. Algunos medios de comunicación filtraron su DNI y las páginas web Forocoches y Burbuja.info han hecho público su nombre, apellidos, universidad en la que estudia y vídeos personales.

La Policía inició el lunes una investigación y el CGPJ ha seguido sus pasos, pero en este caso las pesquisas serán internas. En concreto, para saber quién fue el autor de la filtración, “del acceso producido vía código seguro de verificación contenido en la resolución”, reza el comunicado de prensa.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, miembros de la presidencia de la Audiencia de Navarra se han mostrado indignados con el letrado de la Administración de Justicia que transcribió la sentencia. O que al menos debió supervisarla y cotejar la corrección de los datos.

Y debió haberse dado cuenta, afirman fuentes cercanas a ECD, de que el documento que se iba a enviar a los medios de comunicación contenía el código de verificación CSV, que es el que ha permitido en buena parte identificar a la víctima de ‘La Manada’.

Las mismas fuentes añaden que la investigación abierta deberá determinar el grado de responsabilidad del funcionario o exculparle en caso de que el error lo hubiera cometido otro miembro del personal de la Sección Segunda de la Audiencia.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2338 en: 09 de Mayo de 2018, 09:05:06 am »
Ahora la víctima presentará una reclamación patrimonial a la administración y sacará pasta por los daños que le ha causado la filtración.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2339 en: 09 de Mayo de 2018, 13:46:58 pm »

INFORMACIÓN DE 'OK DIARIO'

El juez discrepante en la sentencia a 'La Manada' fue expedientado siete veces y acabó sancionado


INFORMACIÓN DE 'OK DIARIO'

El juez discrepante en la sentencia a 'La Manada' fue expedientado siete veces y acabó sancionado en seis

laSexta.com | Madrid | Actualizado el 08/05/2018 a las 14:04 horas

 
Según ha informado 'OK Diario', Ricardo González, el juez que ejerció el voto particular en la sentencia a 'La Manada', ha sido expedientado hasta en siete ocasiones. En seis de ellas ha sido sancionado por faltas graves o muy graves. Con dichos datos, González sería actualmente uno de los magistrados más penalizados del sistema judicial en España.

Nuevas informaciones envuelven más aún en la polémica a Ricardo González, el juez que ejerció el voto discrepante en la sentencia a 'La Manada' por un delito de abuso continuado a una joven madrileña en San Fermín.

Según ha publicado el medio 'OK Diario', el magistrado es, en la actualidad, uno de los jueces más penalizados del sistema judicial español. En concreto, el medio dirigido por Eduardo Inda ha revelado que a González se le ha abierto expediente en al menos siete ocasiones.

Además, de los que se han cerrado con seis sanciones disciplinarias para el juez por faltas graves o muy graves. El magistrado fue expedientado por primera vez en 1996 por incumplimiento injustificado y reiterado del horario de audiencia pública, y fue sancionado con 200.000 pesetas (más de 1.200 euros).

Ese mismo año, González fue expedientado de nuevo por la misma falta, y recibió una multa de 55.000 pesetas (330 euros). Sin embargo, no fue hasta el año 2000 cuando González sufrió la suspensión del ejercicio de su magistratura durante seis meses por una falta muy grave.

La razón: el juez tardó más de dos años en crear una resolución judicial para una causa de divorcio. Por ello fue penalizado, según dicta la ley, por desatención y retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación y resolución de los procesos y causas y por la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales.
en seis

laSexta.com | Madrid | Actualizado el 08/05/2018 a las 14:04 horas

 
Según ha informado 'OK Diario', Ricardo González, el juez que ejerció el voto particular en la sentencia a 'La Manada', ha sido expedientado hasta en siete ocasiones. En seis de ellas ha sido sancionado por faltas graves o muy graves. Con dichos datos, González sería actualmente uno de los magistrados más penalizados del sistema judicial en España.

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Nuevas informaciones envuelven más aún en la polémica a Ricardo González, el juez que ejerció el voto discrepante en la sentencia a 'La Manada' por un delito de abuso continuado a una joven madrileña en San Fermín.

Según ha publicado el medio 'OK Diario', el magistrado es, en la actualidad, uno de los jueces más penalizados del sistema judicial español. En concreto, el medio dirigido por Eduardo Inda ha revelado que a González se le ha abierto expediente en al menos siete ocasiones.


Además, de los que se han cerrado con seis sanciones disciplinarias para el juez por faltas graves o muy graves. El magistrado fue expedientado por primera vez en 1996 por incumplimiento injustificado y reiterado del horario de audiencia pública, y fue sancionado con 200.000 pesetas (más de 1.200 euros).

Ese mismo año, González fue expedientado de nuevo por la misma falta, y recibió una multa de 55.000 pesetas (330 euros). Sin embargo, no fue hasta el año 2000 cuando González sufrió la suspensión del ejercicio de su magistratura durante seis meses por una falta muy grave.


La razón: el juez tardó más de dos años en crear una resolución judicial para una causa de divorcio. Por ello fue penalizado, según dicta la ley, por desatención y retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación y resolución de los procesos y causas y por la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales.