Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 193960 veces)

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2420 en: 19 de Marzo de 2019, 06:43:54 am »

Guerra de jueces en Cataluña por las cargas del 1-O
Magistrados del TSJC acusan a la Audiencia de Barcelona de reabrir el caso por “motivaciones políticas”

19/03/19access_time 1:02

El pasado 5 de marzo, la Audiencia de Barcelona decidió reabrir la investigación de las cargas policiales del 1-O; en concreto, las que se produjeron en el colegio Estel de la cuidad condal.

Lo ha hecho al estimar un recurso del ayuntamiento interpuesto nada más dictarse el sobreseimiento del caso.

La ponente del auto, la magistrada Carmen Guil, aseguró que “es de común conocimiento que en algunos centros agentes de la autoridad procedieron a requisar urnas y papeletas sin incidente alguno y en otros centros en cambio se empleó una desmesurada violencia”.

Asimismo, señaló que la “violencia desproporcionada” de las cargas policiales no estaría “amparada por el cumplimiento de una orden aun cuando esta sea judicial”.

Los médicos forenses declararon heridas a 20 personas, 18 de ellas votantes y las otras dos, agentes de la Policía tras la jornada electoral.
Malestar en parte de la judicatura

Pues bien. Según ha sabido Confidencial Digital, esta decisión no ha sentado bien a todos los jueces catalanes. Es más, ha provocado revuelo entre los miembros de la carrera destinados en Cataluña.

Las fuentes consultadas por ECD explican que miembros del Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC) están disgustados con el auto.

En su opinión, se ha adoptado por “motivaciones más políticas que jurídicas”, ya que el auto de sobreseimiento estaba “bien fundamentado”.

En él, se aludía a los dos policías heridos para fundamentar la “violencia” que se estaba ejerciendo por parte de los propios votantes el día del referéndum.

Además, se refiere a la prohibición expresa de la consulta que hizo el Tribunal Constitucional, pese a la cual, la Generalitat continuó llamando a las urnas a los ciudadanos catalanes.

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« Respuesta #2421 en: 23 de Marzo de 2019, 08:03:31 am »


La Fiscalía General del Estado abre expediente al fiscal superior de Galicia y al fiscal jefe de Ourense

Han apartado al fiscal jefe de una causa en la que se investiga presunta prevaricación y malversación que podrían haber cometido, entre otros, el exalcalde Manuel Cabezas

También investiga al fiscal superior de Galicia por una "infracción grave de deberes" por no atender las quejas por abuso de autoridad contra el fiscal jefe
eldiario.es
22/03/2019 - 19:22h

La Fiscalía General del Estado ha abierto un expediente disciplinario al fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, por una falta disciplinaria grave en un caso por presuntos delitos de prevaricación y malversación que podría haber cometido, entre otros, el exalcalde popular Manuel Cabezas. También investiga al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, por una "infracción grave de deberes inherentes" a su cargo por no atender las quejas por abuso de autoridad contra Delgado, según ha informado Europa Press este viernes.

La decisión llega a raíz de una denuncia presentada por la abogada Elena Díaz Valverde -la letrada de la exconcejala socialista de Ourense Áurea Soto- por una falta disciplinaria grave por "retraso injustificado" en las diligencias abiertas en los juzgados ante una denuncia de Soto contra el exalcalde. La exconcejala se querelló en 2014 contra Cabezas y contra dos de sus ediles de Urbanismo (aunque uno de ellos fue liberado de su responsabilidad penitenciaria por haber prescrito sus posibles delitos). El Juzgado de Instrucción 3 de Ourense investiga un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos que podrían haber cometido varios integrantes de los gobiernos municipales de la ciudad entre 1998 y 2003, en los que era alcalde Cabezas. Durante esos años el Ejecutivo local dejó de exigir a varios proyectos urbanísticos (15, en concreto) el 10% del aprovechamiento, como exigía la ley, lo que tuvo como consecuencia una pérdida de unos 1,7 millones de euros para las arcas municipales.

En marzo de este año, la abogada denunció ante la Fiscalía Superior de Galicia la supuesta "inactividad" del fiscal sobre esa denuncia de 2014. Según asegura ella a Europa Press, el organismo gallego remitió el expediente al propio Florentino Delgado para que "se investigase a sí mismo". Ahora, la Fiscalía aparta a Delgado del caso abierto en los juzgados y nombra a un fiscal sustituto para este procedimiento en concreto, aunque no lo aparta de su cargo.

Según informa Europa Press, se valorará una falta disciplinaria muy grave de "abuso de la condición de Fiscal para obtener un trato favorable e injustificado de profesional" en el expediente en el que se analizaba su actuación. También analiza una falta muy grave "de inobservancia del deber de abstención" por "tener interés personal" en ese expediente, así como una "falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de deberes"; otra grave de "desconsideración respecto de abogado" y una muy grave por "inobservancia de deber de abstención" por "enemistad manifiesta con la parte acusadora popular".

En el caso de Fernando Suanzes, la apertura del expediente gira en torno a "una falta muy grave de desatención muy grave, o alternativamente una falta disciplinaria grave de infracción de deberes inherentes a la condición de fiscal", por "muy grave descuido" al dejar de atender las quejas por "abuso de autoridad cometidas" o "por no ejercer las facultades de dirección e inspectoras del cargo de Jefatura".

 

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« Respuesta #2422 en: 04 de Abril de 2019, 07:37:46 am »

Manuel Moix, denunciado por organización criminal en el 'caso de los espías'

    El escrito de denuncia sostiene que Moix instó a que se cometiesen irregularidades en el juicio para proteger a los altos cargos del PP que habían ordenado el espionaje
    También se le acusa de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y delito continuado de falsedad documental

infoLibre
contacta@infolibre.es @_infoLibre
Publicada el 03/04/2019 a las 09:16 Actualizada el 03/04/2019 a las 11:21

El guardia civil José Luis Caro Vinagre, absuelto en el proceso judicial del llamado caso de los espías, episodio que se desarrolló durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid, ha denunciado al ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix —actualmente fiscal de Sala en el Tribunal Supremo— por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y delito continuado de falsedad documental en la instrucción de aquel juicio. Junto a Moix también han sido denunciados el comisario de la Policía Nacional, Jaime Barrado, y el exjefe de la UDEF, José Luis Olivera.

Tal y como informa este miércoles la Cadena Ser, la denuncia contra Moix, que ha sido presentados en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el aforamiento del que goza, detalla "múltiples irregularidades" durante el proceso judicial. Unas anomalías presuntamente ordenadas por Moix y Olivera, y cometidas por Barrado "atendiendo a los intereses políticos del Partido Popular".

Los abogados del denunciante aseguran que, por orden de Moix y en connivencia con los otros dos policías, se acusó de manera infundada a personas que no tenían nada que ver con el espionaje en la Comunidad de Madrid, para así proteger a los altos cargos del PP que realmente ordenaron ese espionaje.

En la denuncia, Caro Vinagre solicita que acudan a testificar Moix, Barrado y Olivera. También pide que el ex fiscal jefe Anticorrupción pague 250.000 euros de fianza con destino a "reparar los daños morales, psicológicos y afectivos causados", y que lo hagan con la misma cantidad los agentes Barrado y Olivera.
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« Respuesta #2423 en: 12 de Abril de 2019, 15:27:18 pm »


La Fiscalía General del Estado echa el freno a las acusaciones por delitos de odio


 En una circular dirigida a todas las fiscalías se exige probar que la intencionalidad del acusado por un delito de odio es discriminar a un colectivo concreto  Casos como el del cómico Dani Mateo, acusado por sonarse los mocos con una bandera, quedarían fuera de los nuevos límites marcados por la Fiscalía para imputar delitos de odio


El humorista Dani Mateo.
Por Gonzalo Cortizo
11 abr 201921:59

La Fiscalía General del Estado ha dado la primera instrucción por escrito para limitar las acusaciones por delitos de odio, cuyo registro ha aumentado en todos los indicadores por el uso de las tecnologías de la información y las redes sociales. El departamento que dirige María José Segarra ha elaborado una circular de 86 páginas en la que se analizan las pautas que deberán tomar en consideración a partir de ahora en la gestión de ese tipo de delitos.


Las memorias elaboradas por la Fiscalía llevan advirtiendo del incremento de este tipo de imputaciones desde hace dos años. Ahora, el departamento que dirige Segarra plantea matices que señalan que para apreciar este tipo de conductas delictivas no basta con analizar "el tenor literal de las palabras pronunciadas sino también el sentido o la intención con las que han sido utilizadas".   


El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, ha empezado a debatirse en la Junta de Fiscales de Sala y en él se plantea que para mantener una acusación por delito de odio se "exigirá probar no solo el hecho delictivo y la participación del acusado, sino también la intencionalidad del autor". 

El Ministerio Fiscal lleva un año reflexionando sobre esta tipología delictiva para plantear una respuesta penal "proporcionada" y adaptada al artículo 510 del Código Penal, que contempla penas de entre uno y cuatro años de cárcel para quien resulte condenado por este tipo de delitos.

La reflexión que la Fiscalía plasma ahora en su circular ya ha sido incorporada a los debates dentro del Gobierno, tras las críticas que España ha recibido de Estrasburgo por el uso extensivo de los tipos penales que castigan los delitos de odio en internet. El movimiento del ministerio fiscal se produce en paralelo a una reflexión dentro del ejecutivo en el sentido de cambiar las penas de cárcel para muchos de esos delitos por trabajos en beneficio de la comunidad.


La circular que en la que la Fiscalía sigue trabajando señala que "el carácter esencialmente valorativo de estas figuras delictivas aconsejan la utilización de criterios que denoten la presencia de un móvil de odio o discriminación". A partir de ahora no bastará con la publicación de un tuit para que alguien pueda ser acusado de estos delitos, sino que la intencionalidad discriminatoria "habrá de ser confirmada o descartada a través de la correspondiente investigación".

En otras palabras, los fiscales estarán obligados a acreditar que quien difunda mensajes de odio tenga intencionalidad manifiesta de generar daño y, por tanto, dirijan sus ataques a colectivos concretos a los que pretendan discriminar. Los fiscales tendrán en consideración que los mensajes por los que se persiga a los acusados "promuevan o favorezcan un clima de violencia, hostilidad o discriminación".  "Se trata de analizar -asegura la circular- si las conductas son susceptibles de generar o no una situación objetiva de peligro o riesgo de que se puedan cometer actos de violencia, hostilidad, discriminación u odio contra un determinado colectivo o una parte o individuo del mismo". 

El caso más reciente y mediático ha sido el del cómico Dani Mateo, a quien se llegó a llamar a declarar como imputado para responder por la posible existencia de un delito de odio tras un gag realizado en su programa de televisión, El Intermedio. Mateo simuló sonarse los mocos ante las cámaras con un bandera de España. Fue acusado por la organización Alternativa Sindical de Policía y el titular del juzgado número 47 de Madrid le tomó declaración en calidad de imputado. Finalmente el caso fue archivado a petición de la Fiscalía.

Las normas que ahora se van a difundir entre todas las escalas de la Fiscalía pretenden imponer el criterio que provocó el archivo del caso de Dani Mateo y establecer nuevas pautas de interpretación sobre los hechos que se pudieran calificar como delito de odio.


Pese al nuevo criterio, la Fiscalía advierte en su circular de que "la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al discurso del odio". 

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2424 en: 12 de Abril de 2019, 21:45:44 pm »
Y que va a ser ahora de la PMM? Se le van a hundir los palotes a los de la Unidad del Odio, que cosas oiga.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2425 en: 20 de Abril de 2019, 13:20:41 pm »
Pérez, el ex juez estrella del puticlub de Mallorca que imputó a Matas tras leer 28.000 folios en un día


Francisco José Pérez, antiguo juez sustituto de Palma, que fue cesado por unas polémicas imputaciones, detenido por presunta trata de blancas.
20 abril, 2019 03:03

 MALLORCA  PALMA DE MALLORCA  PROXENETISMO
David López Frías  @lopezfrias
Engañaban a las chicas colombianas. Les prometían un futuro mejor en España y así conseguían que volasen hasta Mallorca. Una vez en la isla, las esclavizaban. Las obligaban a prostituirse en un burdel de Sant Agustí, donde las humillaciones eran rutinarias. Las obligaban a realizar prácticas sexuales aberrantes. Las maltrataban. Ahora, la policía ha detenido a cinco hombres como presuntos autores de un delito de trata de blancas. Y uno de ellos, el administrador del negocio, es Francisco José Pérez, el exjuez sustituto de Mallorca que imputó a Jaume Matas en el Caso Ibatur.

La noticia la avanzaba en primicia Última Hora el pasado día 13: un juez sustituto había sido detenido en Mallorca, en el marco de una operación contra el tráfico de personas. Agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) habían arrestado el martes 9 de abril a dos varones rumanos, dos colombianos y un español, como responsables de la organización. Aunque el caso sigue bajo secreto de sumario, fuentes próximas a la investigación han confirmado a EL ESPAÑOL que el detenido de nacionalidad española es Pérez, tal vez el juez más controvertido que ha pasado por las islas en los últimos años.


Francisco José fue juez durante siete años y estuvo en el centro de la polémica porque el Consejo General del Poder Judicial lo cesó por su "falta de idoneidad para ser juez". ¿El motivo? Su facilidad para desenfundar cuando se trataba de imputar a rostros conocidos que le dieran notoriedad. Tres abogados le denunciaron en 2012 cuando Pérez ocupaba el cargo de juez sustituto de Palma, Inca y Manacor. Consideraban los letrados que el magistrado se estaba extralimitando. Le reprochaban que  "durante sustituciones de corta o muy corta duración adoptara decisiones en el seno de determinadas causas penales, algunas de gran relevancia y complejidad, de manera apresurada y poco ponderada" sostenía la denuncia.

Leer 28.000 folios en una tarde
Por ejemplo: aprovechó una sustitución de 4 días como juez sustituto en Palma para imputar al expresidente Jaume Matas y al exdelegado de Gobierno en Baleares en el Caso Ibatur, uno de los procesos por corrupción más importantes de cuantos se han juzgado en la isla en los últimos tiempos. Para dictar ese auto de imputación, Francisco José Pérez habría realizado un esfuerzo titánico… y poco creíble. 


“Algo humanamente imposible. Una hazaña”, apuntaban los abogados que lo denunciaron. Y es que la causa consta de 23 tomos y 80.000 folios, pero Pérez tomó la decisión de imputarlos en una sola tarde. El ya entonces juez sustituto habría leído hasta el folio 28.000, por lo que los denunciantes calcularon que para haber completado esa tarea, tendría que sostener un ritmo de lectura de 20 folios por minuto, sin ningún tipo de descanso. “Si es así, es un superdotado y sólo queda felicitarle”, ironizaron los denunciantes.

Inmueble de la calle Mitja Lluna número 3, en la zona de San Agustín, Mallorca
Inmueble de la calle Mitja Lluna número 3, en la zona de San Agustín, Mallorca
La denuncia prosperó y Francisco José Pérez acabó siendo destituido de su plaza de juez sustituto por “falta de idoneidad”. Una cese que fue acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en 2013 y refrendado por la Sala tercera del Supremo en 2015, cuya sentencia subrayaba que atribuyó a Pérez "una actuación y una forma de tomar decisiones caracterizadas por la falta absoluta del necesario estudio, análisis y reflexión", añadiendo que no es "excesivo o irrazonable colegir una suerte de inclinación o afección por tomar parte en los asuntos de interés mediático".

Desde entonces, Francisco ejerce la abogacía en Palma. Colabora, por ejemplo, con Bochika Bitata, un conocido letrado que en 2008 se convirtió en el primer policía de color de Calvià y ahora es abogado. Pero, al parecer, Francisco llevaba una doble vida oculta a su entorno. A todos les ha sorprendido ver a Francisco inmerso en un caso de trata de blancas. “Nunca te imaginas que una persona a la que conoces pueda estar implicada en algo tan gordo, pero desde luego Francisco no parecía responder a ese perfil. Es un tío tranquilo, con cara de bueno. Pusilánime casi…” comenta todavía sorprendido un mallorquín que lo contrató para un caso. “Yo por lo menos no me lo imagino al mando de una organización que tenga puticlubs”, concluye.

Un papel fundamental en la red
Pero la investigación no atiende a apariencias y el exjuez sustituto está acusado de conformar la organización junto a otros cuatro hombres. Es más: el papel que presuntamente desempeñaba Pérez, el único socio español de la trama, era determinante: Francisco José Pérez figura como administrador único del negocio basado en el número 3 de la calle Mitja Lluna, en la zona de San Agustín (Mallorca).

Allí, según la investigación, es donde prostituían a chicas. Principalmente colombianas captadas en zonas rurales de su país. Para ello era clave a participación de los dos socios colombianos de la organización. Ellos eran los encargados de ofrecerle unos puestos de trabajo a las jóvenes en España, sin precisarles que acabarían ejerciendo la prostitución.

Cuando las chicas llegaban a Mallorca, eran informadas de la deuda que habían contraído con sus captores. Para saldarla, las prostituían en el burdel durante jornadas de trabajo larguísimas y entre humillaciones constantes. Investiga también la UCRIF si las chicas eran obligadas a practicar determinados actos sexuales extremos. Todo ello, bajo un férreo control ejercido por la organización, en el que desempeñaban una labor esencial los dos detenidos rumanos.

Temor a que las chicas no testifiquen
Tanto Francisco como sus otros cuatro presuntos socios fueron detenidos el pasado 9 de abril y posteriormente puestos en libertad con cargos, con medidas como la retirada del pasaporte. El caso sigue bajo secreto de sumario, decretado por el Juzgado de Instrucción Número 12 de Palma de Mallorca.

Pero se ha sabido que en el entorno de la investigación existe cierto temor con respecto a los testimonios de las chicas. Las chicas se encuentran en una situación de extrema debilidad. Están solas y tienen miedo. Solamente quieren que se acabe la pesadilla. Temen los investigadores que sean presionadas para que abandonen la isla y no testifiquen contra la trama.

A pesar de los temores,  los acusados han sido puestos en libertad con cargos. También Francisco José, que ha sido contactado por EL ESPAÑOL pero ha declinado hablar con este periódico. Ahora tendrá que responder ante la justicia, esa misma que le sancionó por extralimitarse, acerca de un oscuro prostíbulo en la calle Mitja Lluna donde se explotaba y humillaba a mujeres que habían llegado a Mallorca buscando una vida mejor y acababan siendo esclavizadas y obligadas a practicar sexo extremo contra su voluntad.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2426 en: 26 de Abril de 2019, 18:49:52 pm »
https://www.elespanol.com/mundo/europa/20190426/espana-cola-ue-percepcion-independencia-judicial/393960901_0.html


El sistema judicial español vuelve a suspender en el barómetro anual que ha publicado este viernes la Comisión Europea

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« Respuesta #2427 en: 23 de Mayo de 2019, 08:33:00 am »
 :porcul


El servicio de seguridad de la Audiencia Nacional no detectó la entrada de un perturbado
Burló el dispositivo policial desplegado en los alrededores de la Plaza Villa de París y entró en el edificio lanzando consignas sobre Franco

23/05/19access_time 1:02


Sucedió el miércoles, a media mañana. Mientras se celebraba el juicio del 1-O en una de las salas del Tribunal Supremo, un hombre de mediana edad irrumpió en el vecino edificio de la Audiencia Nacional mientras lanzaba a gritos consignas sobre Franco.

Así lo ha podido saber Confidencial Digital por testigos que presenciaron la escena. En cuanto comenzó a gritar, varios agentes de Policía se abalanzaron sobre el intruso y le retuvieron. En pocos segundos fueron llegando más agentes que rodearon al hombre y lo inmovilizaron. Finalmente, se lo llevaron fuera de las dependencias judiciales.

El hombre consiguió eludir el férreo dispositivo policial que se despliega en las inmediaciones del TS y la AN cuando hay sesiones del juicio del 1-O.

En esos casos, es imposible acceder a la Plaza Villa de París, donde se ubican ambos organismos, sin pasar antes por un severo cordón policial. Los agentes tienen órdenes de requerir el documento de identificación a los ciudadanos que necesiten pasar inevitablemente por ese lugar.

Se desconoce cómo pudo este hombre burlar las decenas de policías desplegados entre la calle Génova y la de Bárbara de Braganza y que alcanza la Plaza de las Salesas a un lado y la del Marqués de la Ensenada, al otro, a pocos metros de la Plaza de Colón.



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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2428 en: 31 de Mayo de 2019, 07:54:25 am »
CIEN AÑOS DE ATASCO JUDICIAL... diría yo...ningún plan de los últimos 40 años ha servido para desatascar el sistema.


Guardias civiles denuncian un “atasco judicial” en la lucha contra los narcos en Cádiz
Una asociación de agentes apunta a la prolongación de los procesos judiciales como la causa principal, de ahí que reclamen refuerzos en los juzgados

Fecha
30/05/19access_time 1:01

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado un “atasco judicial” en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar (Cádiz). Según la entidad, el atasco se produce por un “colapso” en los juzgados, producido por la prolongación de los procesos judiciales.

AEGC ha denunciado que el atasco hace que el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “resulte infructuosa”, ya que las condenas de los narcotraficantes “se reducen” debido a que se alargan los procedimientos a lo largo de muchos años, con la consiguiente “frustración” de los implicados al ver que el trabajo “no obtiene los frutos que debería”.

Asimismo, la AEGC ha denunciado que el trabajo “se va a multiplicar” en las próximas semanas, ya que los guardias del Estrecho tendrán que encargarse de la lucha contra el narcotráfico “al tiempo que vigilan a aquellos que regresan a su país de origen al otro lado del mar”, con lo que “el problema se ha multiplicado”, según fuentes de la asociación, ya que “los narcos intentan aprovechar este incremento de trabajo en la zona para aumentar su actividad”.

Ahora, a la exigencia de los últimos años de más medios y personal para los guardias civiles destinados en la zona “para afrontar este verano el Paso del Estrecho”, se ha unido la creación de un nuevo juzgado “para aligerar el trabajo de los actuales”. La AEGC ha pedido que los nuevos jueces “entiendan únicamente de delitos de narcotráfico”.




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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2429 en: 10 de Junio de 2019, 07:14:11 am »

Guardias civiles, contra el "colapso judicial" en Cádiz: "Los 'narcos' se sienten impunes"
Según los agentes, Campo de Girbaltar debería ser declarada zona de especial singularidad, como en su día lo fue el País Vasco por ETA.
10 junio, 2019 01:55

Gonzalo Araluce @GonzaloAraluce

Las investigaciones son complejas y los guardias civiles exponen su integridad en la lucha contra el narcotráfico. Frente a ellos tienen a criminales organizados, envalentonados en una región -la provincia de Cádiz- en la que se han hecho fuertes. No faltan las voces dentro del Cuerpo que dicen que este es "el peor destino" que le puede tocar a un agente: presión constante, inseguridad, agresiones... Trabajo arduo que en ocasiones queda en papel mojado. ¿El motivo? El "colapso judicial" que se vive en Campo de Gibraltar.

Los guardias civiles desplegados en la zona comparten un lamento: "Los narcos no pagan por lo que hacen". Dicen que las causas judiciales se acumulan en Campo de Gibraltar; que las dilaciones en los plazos suponen rebajas en las condenas a los criminales. Los criminales vuelven a las calle dispuestos a delinquir tras cumplir "penas ridículas": "Si es que llegan a cumplirlas...".

La reivindicación es clara: "Más medios humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", resume Juan Amado, responsable de prensa de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC). Pero no es suficiente: "De poco sirve tanto esfuerzo si luego se colapsan las causas en los juzgados".

"Guardias civiles, fiscales y jueces hacemos nuestro trabajo y lo hacemos bien -asevera Amado-, pero el colapso en los tribunales permite que los narcos sigan siendo los dueños de Campo de Gibraltar".

El portavoz de la asociación pone como ejemplo el del grupo de narcotraficantes que se llevó por la fuerza a uno de sus miembros de un hospital cuando era custodiado por agentes: "Se sienten impunes; también nos embisten cuando les perseguimos, queman nuestros coches...".

Así, la provincia de Cádiz se ha convertido en un "infierno" para los agentes desplegados en la región.
Las soluciones propuestas

José Encinas, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), se expresa en la misma línea que Amado: "Se está haciendo un trabajo incansable e impresionante por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero una vez que llegan a la autoridad judicial...".

Los narcotraficantes -y sus abogados- saben de este colapso. Usan todo tipo de "triquiñuelas" basadas en este problema, asegura Encinas, para reducir las condenas por sus delitos: "Debido a las dilaciones penales por falta de personal y causas complejas, los narcos ven que sus penas son reducidas".

Fuentes de Justicia consultadas por EL ESPAÑOL admiten el problema que se vive en Campo de Gibraltar. Existen dos soluciones posibles. La primera, y más plausible, es la creación de nuevos juzgados en la zona, tal y como ha prometido la Junta de Andalucía en varias ocasiones.

La segunda consiste en dar un mayor protagonismo a la Audiencia Nacional en algunos de los casos de mayor envergadura; una opción más compleja, porque requeriría cambiar los requisitos por los que un caso termina en esta sala.

A falta de soluciones -al menos a corto plazo- los guardias civiles inciden en que el colapso judicial "es un riesgo de seguridad para toda la ciudadanía". Para ello exigen que Campo de Girbaltar sea declarada una zona de especial singularidad, como en su día lo fue el País Vasco en tiempos de ETA.


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« Respuesta #2430 en: 12 de Junio de 2019, 06:45:29 am »

El Constitucional saca los colores a Lexnet en una sentencia
Alega que la herramienta “es poco clara”, su normativa no está suficientemente desarrollada y puede provocar indefensión

12/06/19access_time 1:02
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El Tribunal Constitucional ha estimado un recurso de amparo presentado por una abogada laboralista que se vio perjudicada en un procedimiento por no situar el escrito en la sección correcta de la plataforma digital Lexnet.

En lugar de quedar registrado como un recurso de casación para la unificación de doctrina, fue destinado en la categoría de recurso de casación común. El primero exige que exista “una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales” entre la sentencia recurrida y una de un TSJ o del Supremo, según establece la ley.

La abogada alegó que no fue consciente del error, ya que no vio indicadas las dos modalidades posibles para presentar un recurso. No fue advertida por la plataforma.

El TC ha admitido el recurso y ha dado la razón a la letrada, a quien le fue vulnerado su derecho a una tutela judicial efectiva, ya que padeció indefensión.

Es más. Considera que Lexnet “no es del todo claro y puede inducir a confusión”, entre otras razones, porque “la normativa sobre el formulario no dice nada en este punto que pueda ilustrar previamente”.

Por tanto, ha declarado vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión de la recurrente y anular las sentencias previamente dictadas por el Tribunal Supremo.


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« Respuesta #2431 en: 14 de Junio de 2019, 07:10:48 am »

La Consejería de Justicia de Madrid investiga a un funcionario por masturbarse en su puesto de trabajo

    EUROPA PRESS
    Madrid

Miércoles, 12 junio 2019 - 19:15

La Consejería de Justicia de Madrid ha iniciado una investigación interna a un funcionario del Cuerpo de Tramitación Procesal acusado de masturbarse en su puesto de trabajo ante testigos, han informado a Europa Press fuentes de este departamento.

Según han indicado, tuvieron constancia de este suceso a través de un oficio de la Letrada del Juzgado de lo Social número 27; y, de manera "inmediata" la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería abrió un expediente informativo e inició las investigaciones previas a la incoación de un expediente disciplinario.

Han precisado, que "en breve" se va a iniciar la fase testifical y, de confirmarse la veracidad de la denuncia, se abrirá un expediente disciplinario, que podría dar lugar a una sanción por falta grave por "grave desconsideración con los superiores, iguales o subordinados". Las faltas graves se pueden sancionar con un máximo de 3 años de suspensión de empleo y sueldo o con un traslado forzoso.

Por su parte, CSIF ha señalado este incidente, que adelantó El Español, como un ejemplo del "caos" en los juzgados madrileños a la hora de solventar conflictos laborales, situación que Justicia rechaza.

Según ha explicado el sindicato en un comunicado, estas instancias "no están coordinadas" a la hora de imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores o de aplicar protocolos de prevención de riesgos laborales.

Así, CSIF indicado que las diligencias informativas abiertas a este funcionario "han puesto de relieve esta problemática". Situación que desde el Gobierno regional también han rechazado, e, incluso, han apuntado este mismo caso como ejemplo de la coordinación entre las distintas Administraciones; ya que en este caso "la denuncia a la Comunidad le llega a través de una letrada de la Administración de Justicia, que depende del Ministerio".

El sindicado ha insistido en la necesidad de establecer protocolos de coordinación entre las tres administraciones implicadas. Ha censurado que "por esta descoordinación" la Consejería "no haya adaptado" los protocolos de acoso y violencia en el trabajo que se firmaron en la Mesa General de Empleados Públicos en 2017.

Asimismo, la Consejería de Justicia ha rechazado esta afirmación y ha recalcado que "por supuesto" que se están "aplicando a los empleados públicos de la Administración de Justicia".



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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2432 en: 19 de Junio de 2019, 06:27:45 am »

La juez Manuela Fernández insta al Supremo a retirar de la Audiencia a Velasco y López

El Consejo General del Poder Judicial mantiene a los jueces Eloy Velasco y Enrique López adscritos a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, a pesar de que el Tribunal Supremo ha rechazado el nombramiento de los dos magistrados

Alberto Ortín


Publicado 19.06.2019 - 05:15

La juez Manuela Fernández Prado ha presentado un escrito ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el que informa sobre la publicación en el BOE de dos Reales Decretos publicados este mes por los que se mantiene a los magistrados Eloy Velasco y Enrique López, mediante su adscripción, en las plazas que ocupan en la Audiencia Nacional.

De esta forma la juez Fernández Prado trata de incitar al Supremo para que de forma definitiva los dos magistrados sean retirados de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, tal y como se dictó en sentencia el pasado mes de abril.

En su reciente escrito, la juez Fernández Prado informa al Tribunal Supremo que el pasado miércoles, 12 de junio, se publicaron en el BOE los Real Decreto 358/2019 y 359/2019 de 24 de mayo por los que, en ejecución de sentencia, se dejaba sin efecto el nombramiento de Velasco y de López en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, adscribiéndoles a dicha sala.

El CGPJ no actúa

El CGPJ aprobó el 16 de mayo acuerdo para ejecutar la sentencia dictada por el Supremo nombrando como nuevos magistrados de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional a Manuela Fernández Prado y Ángel Luis Hurtado. Pero también acordó adscribir a los jueces Eloy Velasco y Enrique López a la misma Sala, debiendo concursar para obtener plaza en propiedad.

El mantenimiento de los jueces Velasco y López en la conocida como "la súpersala" -es ahí donde se controlan todas las sentencias de la Audiencia Nacional- ha airado a asociaciones de jueces de todo tipo de orientación ideológica.

Las asociaciones consideran que la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de adscribir a los magistrados Velasco y López es una burla al Supremo. La juez Manuela Fernández sostiene en su reciente escrito al Supremo que el CGPJ no se ajusta al fallo, a pesar de su propia solicitud y de varias asociaciones profesionales de jueces.

La inacción hasta el momento del CGPJ en este asunto se produce a pesar de que, como publicó este diario el pasado 3 de junio, el Supremo le dio 10 días para que informara sobre el grado de ejecución de la sentencia que dictó el pasado mes de abril en la que declaraba contrario a Derecho el nombramiento de los jueces Velasco y López como adscritos a la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.


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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2433 en: 19 de Junio de 2019, 17:26:29 pm »


Todos los fiscales Anticorrupción de Sevilla denuncian a la juez del caso ERE ante el fiscal jefe


Han remitido un escrito al jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción recogiendo su rechazo a la forma de actuar de Núñez Bolaños en la instrucción de las macrocausas
Jesús Díaz
@abcdesevilla
Sevilla
Actualizado:
19/06/2019 14:57h

Los seis fiscales Anticorrupción que desarrollan su trabajo en Sevilla han denunciado, en un escrito firmado por todos ellos, a la juez de Instrucción número seis, María Núñez Bolaños, encargada de investigar la mayoría de las macrocausas, entre ellas los ERE, avales de IDEA o Faffe, en un escrito que han hecho llegar a su jefe en Madrid.


Los seis miembros de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla han firmado un escrito, a modo de denuncia, remitido al jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, Alejandro Luzón, quien ya lo tiene encima de su mesa y tendrá ahora que valorar la situación que trasladan sus compañeros en la capital andaluza, según ha adelantado El Independiente y han confirmado a ABC.

La existencia de este informe se conoce un día después de que la juez Núñez Bolaños solicitara su baja por motivos de salud, quedándose al frente de este órgano judicial el juez de refuerzo Ignacio Vilaplana, quien se encargaba hasta el momento de los asuntos ordinarios. Si bien, a partir de ahora y durante la baja laboral de la juez, que está prevista para unos quince días, asumirá también las macrocausas.


La juez María Núñez, que llegó al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla hace ahora cuatro años, sustituyó en este órgano a Mercedes Alaya, que actualmente ocupa una plaza en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial.

Podría acabar en el CGPJ
Los seis miembros que componen el equipo de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla han elaborado y firmado un informe «técnico y muy detallado» en el que recogen y exponen de manera minuciosa todas las actuaciones de la juez Núñez Bolaños en la instrucción de las macrocausas que consideran irregular.


El informe ya se encuentra en posesión de Alejandro Luzón, quien ahora tendrá que analizar todo lo expuesto y si lo considera oportuno dar traslado de la queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), quien podría abrir un expediente a la juez de los ERE. De momento no se ha tomado ninguna decisión. Si bien, según ha podido confirmar este periódico, la propia Núñez Bolaños ya cuenta con una copia del mismo.

Las quejas de los fiscales contra el actuar de la juez no son nuevas, pues ya eran reiteradas, entre otras, las alertas y llamadas de atención ante el riesgo evidente de prescripción de los hechos investigados en las piezas separadas de los ERE o el caso de los avales de IDEA, sobre todo, por la lentitud en la instrucción de estas diligencias. Este ritmo de avance de las causas han sido muy criticado por fiscales.


Desoye a la Audiencia
Precisamente, en esta última causa, la de los avales de IDEA, los fiscales también ponían el foco en que la juez no accediera a la realización de nuevas pruebas solicitadas por el propio Ministerio Público. Algunas de ellas, a pesar de que la propia Audiencia de Sevilla ya le hubiese ordenado por dos veces la práctica de las mismas.

Y es que los fiscales le habían pedido a Núñez Bolaños en distintas ocasiones durante la instrucción de la causa de los avales que remitiera a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) toda la documentación enviada al juzgado por la Junta referente a los avales concedidos a empresas andaluzas y que se encuentran bajo investigación judicial. Nunca lo hizo. En cambio, recientemente y con apoyo de los letrados de la Junta, acordó el archivo de esta causa sin la práctica de estas diligencias. Evidentemente, la Fiscalía ha recurrido.


Por supuesto, los reiterados archivos de las piezas de los ERE también han sido objeto de discrepancias entre fiscales y juez, toda vez que en algunos casos no existía aún atestados de la UCO. Entre las causas archivadas y recurridas, la pieza política de los cursos de formación.

Este mismo miércoles, ABC ha informado de que la Sección Séptima, encargada de resolver todos los recursos relacionados con la causa de los ERE, anuló un auto de la juez por un defecto procesal importante. En el citado auto, Núñez Bolaños acordó el sobreseimiento de la causa matriz de los ERE con respecto a cuatro ex altos cargos de Empleo, Francisco Javier Guerrero, Antonio Fernández, Juan Márquez y Agustín Barberá.

TEMAS
Sevilla
Juzgados
Caso de los ERE Andalucía

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2434 en: 25 de Junio de 2019, 06:58:53 am »

"LAMENTABLE" EN UN JUEZ DE CARRERA

La Manada: malestar en el Supremo por la "impresentable" opinión del juez de Vox

"Es impresentable", dicen algunos, mientras otros manifiestan desconcierto y "perplejidad" ante la valoración de Serrano

Autor
Beatriz Parera
Contacta al autor
@beaparera

25/06/2019 05:00 - Actualizado: 25/06/2019 06:43

Han pasado poco más de tres días tras el fallo del Supremo sobre La Manada y el eco de las valoraciones tras la resolución aún resuena en los pasillos del alto tribunal. Una de ellas se escucha sin ninguna duda con más fuerza, la de Francisco Serrano, presidente de Vox en el Parlamento de Andalucía. Sus palabras durante el fin de semana, tras hacerse público el sentido de la resolución que eleva hasta los 15 años la condena y modifica el abuso de la primera instancia hasta la violación continuada, han provocado un hondo malestar entre los magistrados, que no dan crédito a que una opinión tan "lamentable" proceda de un juez de carrera.

En un comentario en su página de Facebook, Serrano aseguró que la sentencia le parece "gravísima" y "dictada por la turba supremacista feminista". Añadía consideraciones como que "un gatillazo" o "no haber estado a la altura de lo esperado por la mujer" puede ahora terminar "con el impotente en prisión". "Es un torpedo directo contra la heterosexualidad y las relaciones libres entre hombres y mujeres", decía el de Vox, que acaba defendiendo que, a partir de la decisión judicial, "la relación más segura entre un hombre y una mujer será únicamente a través de la prostitución".

La crítica a esta interpretación, unánime en la arena política, donde incluso su propia formación ha tratado de minimizar el impacto de la valoración, se ha producido también en el terreno jurídico. No se puede hablar de indignación, dicen algunos, porque la persona de la que parten estas palabras no tiene la entidad suficiente como para provocarla, pero sí de hartazgo y rechazo.

"Es impresentable", asegura una de las fuentes jurídicas preguntadas por este diario. Otros las acogen con desconcierto y se refieren a que, si bien la crítica es siempre lícita, un juez debe conocer que la forma de combatir o rebatir criterios que no se comparten parte de la exposición de argumentos jurídicos. Para otros de los magistrados, la sensación tras el comentario en la red social es de "perplejidad".

El presidente andaluz de Vox insistió este lunes en que su valoración es una "opinión personal" y no piensa retirarla

Lejos de esta visión, el presidente andaluz de Vox insistió este lunes en que su valoración es una "opinión personal" y no piensa retirarla. En la misma línea se pronunció la formación que dirige Santiago Abascal. El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, limitó las declaraciones a "un comentario personal que no tiene nada que ver con la línea" de la formación y descartó medida alguna contra Serrano, porque "no es algo que se esté contemplando en el partido", y ha reconocido no haber tenido ninguna conversación con Serrano durante el fin de semana, pero ha dicho que imagina que este lo habrá hecho con "alguien del partido".
Su condena en 2012

Al margen del alcance de la opinión y de si es personal o no lo es, hay un hecho incontestable. El Supremo elevó en 2012 de dos a 10 años de inhabilitación la condena al juez por actuar de manera "negligente" al cambiar el régimen de visitas de un niño para que fuera con su padre a una procesión. Consideró a Serrano autor de un delito de prevaricación después de que acordara en marzo de 2010 cambiar el régimen de visitas de un menor de 12 años. Aquella resolución fue ponencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, que presidió también el tribunal que decidió el pasado viernes sobre La Manada.

La decisión fue posteriormente enmendada por el Constitucional, que redujo de nuevo la pena a dos años, la decisión inicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Curiosamente, el presidente de Vox en Andalucía ha recibido recientemente un capote del alto tribunal. Fue el Supremo quien tumbó, por ser contrario a derecho, un acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en el que se rechazaba su reingreso en la carrera judicial una vez cumplida la condena. Le abrió así la puerta a acceder a una plaza de juez si así lo deseaba.



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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2435 en: 25 de Junio de 2019, 11:13:28 am »


Francisco Serrano, el diputado y juez ultra a la derecha de la ultraderecha



El dirigente andaluz de Vox, marginado ahora por su propio partido, inició su polémica andadura mediática en los 90 con decisiones judiciales que afectaron a madres y menores

Por Natalio Blanco -  24/06/2019 0
   


Serrano, el pasado 11 de abril, tras tomar posesión de nuevo como magistrado tras ser suspendida la inhabilitación pero no la condena por prevaricación.

Feminismo es una palabra que le provoca dentera y repulsión. Las y los feministas no menos. Ni lo oculta ni lo blanquea. La última vez que ha negado su misoginia y, por tanto, su machismo latentes ha sido en el enésimo comunicado de un fin de semana infernal para sus intereses. Francisco Serrano no lo puede evitar, vive permanentemente obsesionado en mantener una imagen victimista. Supuesta víctima de un sistema implacable con versos libres como él se cree, un respetable juez en excedencia condenado por prevaricación culposa y diputado autonómico de Vox en Andalucía, ahora más desautorizado que nunca por su propio partido tras las escandalosas declaraciones vertidas este pasado fin de semana en las redes sociales sobre su valoración de la sentencia del Tribunal Supremo a La Manada, valoraciones que han recibido un aluvión de críticas y de las que en ningún momento se ha retractado ni rectificado, y ni mucho menos ha pedido perdón.

Se rebeló contra instancias judiciales superiores con el argumento de que siempre defendía los intereses de los menores y fue expedientado por “rebelde”

Para apoyarlo, Serrano ya tiene ahí el silencio cómplice de Ciudadanos, que sigue sin moverle una coma a sus exabruptos. Quizá la estabilidad del Gobierno de Andalucía bien merece un mutis por el foro aunque sea tragando sapos de esta envergadura.

Serrano (Madrid, 1965) niega su misoginia mientras no pasa un día sin que utilice públicamente el vocablo “feminazis”, la expresión “ideología de género” o el de más reciente cuño “turba feminista supremacista” para argumentar sus tesis negacionistas de la violencia sobre la mujer sin datos oficiales de ningún tipo que las avalen. Y todo ello mientras engarza iniciativas parlamentarias encaminadas a minar cuanto más mejor la lucha contra la lacra de la violencia machista al tiempo que sigue enarbolando como máxima la inexistente equidistancia de la igualdad entre hombres y mujeres y defendiendo a ultranza un falso crecimiento de las denuncias falsas de mujeres contra sus parejas o ex parejas en litigios de familia.

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández –el mismo que le sacó de la manga 34 medidas al bipartito andaluz de PP y Ciudadanos para que prosperaran los Presupuestos de 2019 y 2020 con la creación, entre ellas, de un “teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar” y una atención especial a “mujeres embarazadas con dificultades”– ha tenido que frenar públicamente la incontinencia verbal de su compañero de filas en la Cámara andaluza. Serrano no ha tenido más remedio que añadir la coletilla de que esos comentarios los ha realizado “a título personal”, como si pudiera desligar, cual doctor Jekyll y señor Hide, al personaje público de la persona.

Vox y la ‘prostitución cero’ de Serrano
Las expresiones utilizadas por Serrano para valorar la histórica sentencia del Tribunal Supremo sobre La Manada no son fruto de una mala digestión de fin de semana. Tienen el poso de toda una vida dedicada a luchar en cuerpo y alma –como juez, como abogado, como diputado– contra la causa general del feminismo y la igualdad real de las mujeres y todo lo que ello conlleva. Por ello, sus expresiones lo delatan y desnudan, tanto a la persona como al personaje público. “Hasta un gatillazo podría acabar con el impotente en prisión”, el fallo judicial “es un torpedo directo contra la heterosexualidad, contra las relaciones libres entre hombres y mujeres”, la sentencia ha sido dictada “bajo la presión mediática de grupos que poder que quieren imponer sus prejuicios”, o la frase que se lleva la palma: “La relación más segura entre un hombre y una mujer será prostitución”, precisamente pronunciada por el diputado autonómico de un partido –con representantes en el Congreso de los Diputados, en varios parlamento autonómicos y también en ayuntamientos y diputaciones provinciales– que aboga en su programa electoral por la abolición de la prostitución. “Prostitución cero”, titula Vox el punto 133 de su programa electoral, que también se muestra abiertamente en contra de los vientres de alquiler.


El diputado de Vox, en la Maestranza de Sevilla la pasada Feria de Abril.
Serrano y el Constitucional
El apego que Serrano tiene al Tribunal Constitucional (TC) no es nuevo. Por ello, su vaticinio de que el caso de La Manada acabará en esta instancia, cuando ni siquiera el abogado defensor de los cinco condenados por violación aún contempla esta posibilidad abiertamente, ha recordado su trayectoria de juez condenado por un delito de prevaricación culposa que lo apartó de los tribunales como juez de familia en 2011.

El entonces juez de Familia número 7 de Sevilla decidió ampliar el régimen de visitas de un niño con su padre sin que lo supiera la madre para que pudiera salir en una cofradía de la Semana Santa sevillana en 2010. Lo hizo pese a que el caso que tramitaba el divorcio de los padres lo llevaba entonces un juzgado de Violencia sobre la Mujer. No tuvo el más mínimo reparo en inmiscuirse sin más en la causa.

“El Poder Judicial está en la UCI”
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificó la suspensión cautelar del juez de Familia número 7 de Sevilla, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo inhabilitara durante dos años, una condena que el Supremo elevó a diez años. Posteriormente, el Constitucional lo rehabilitó como juez en octubre de 2016 y suspendió el fallo del Supremo. Ahora se encuentra a la espera de que sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo el que decida sobre su inhabilitación, que él sigue considerando que fue ilegal y movida solo por sus “críticas a la ideología de género”. Buscando el símil con una famosa frase del ex presidente del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, Serrano llegó a decir que “el Poder Judicial está en la UCI”, tras conocer la decisión del Constitucional de rehabilitarlo como juez.

Serrano fue premiado por la Asociación Amuvi por su defensa de las mujeres maltratadas tres años antes de la aprobación de la ley de Violencia sobre la Mujer

Serrano se inició en la judicatura en 1990, en la localidad onubense de Valverde del Camino, donde también comenzó su carrera judicial Baltasar Garzón. Poco después pasó a ejercer en Sevilla. En la capital andaluza comenzó su mediática carrera al frente del Juzgado de Familia número 7.

A mediados de la década de los noventa, sus polémicas decisiones en casos como los de la niña de Benamaurel (Granada) o de los niños Iván y Sara le dieron fama de “juez rebelde”, sobre todo por su enfrentamiento con instancias judiciales superiores. Tanto es así que los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla acusaron al ahora diputado autonómico de Vox de incumplir de manera “consciente y deliberada” sus órdenes sobre el regreso de la niña de Benamaurel con sus primeros padres adoptivos, alegando en todo momento que actuaba en interés de la menor.

Algo similar le ocurrió con los niños Iván y Sara. La Audiencia de Sevilla decidió que los niños debían volver con su madre biológica, una vez recuperada de sus problemas de alcoholismo y tras un “tortuoso calvario” judicial que le llevó a ganar 11 sentencias durante más de una década. Serrano se opuso a que los niños regresaran con su madre biológica alegando que así lo aconsejaba el interés de los menores. Finalmente, esta madre logró la mayor indemnización recibida por una retirada de menores, 1’7 millones de euros. Cuando el Constitucional ratificó la millonaria indemnización, la mujer ya había fallecido de cáncer.

Mientras tanto, sus enfrentamientos con los responsables gubernamentales de lucha contra la violencia de género ya se iban haciendo palpables, sobre todo tras la promulgación en 2004 de la ley contra la violencia de género aprobada durante el gobierno de Zapatero. Ese fue el zarpazo definitivo que destapó la caja de Pandora del mediático juez. En 2009, apenas unos meses antes de sentarse en el banquillo acusado de prevaricación, Serrano se enfrentó directamente a la entonces presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica, Inmaculada Montalbán, después de que el juez volviera a propalar el aumento de las denuncias falsas de malos tratos mientras denunciaba que la nueva ley de violencia sobre la mujer se estaba pervirtiendo y usada como arma de maltrato al varón.

La oposición de Serrano a que una madre recuperara la custodia de sus hijos provocó que la justicia diera a la progenitora la mayor indemnización conocida en estos casos

Para culminar las paradojas curriculares de este diputado ultraderechista basta sumar un nuevo hito en su trayectoria profesional, todo ello después de haber sido mandado a callar ahora por su propio partido, después de mantenerse como máximo responsable de un bufete de abogados con la aquiescencia del Parlamento de Andalucía y después de volver a enfundarse la toga de juez y reclamar a continuación la excedencia pese a seguir vigente su condena por prevaricación culposa.

La más rocambolesca de sus piruetas curriculares es que Serrano fue premiado en el año 2001 por la Asociación Amuvi por su defensa de las mujeres maltratadas. Aún quedaban tres años para que la lucha contra la violencia de género tuviera rango de ley y el mismo tiempo para que el mediático juez viese denuncias falsas que nadie ve y abusos legales de las mujeres sobre sus parejas o ex parejas que ningún estamento oficial consigue detectar ni denunciar.

Este es, a grandes rasgos, el rastro profesional de un diputado y juez ultra que ha conseguido situarse por méritos propios a la derecha de la ultraderecha. No es fácil. Pero Serrano es un hombre de retos.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2436 en: 30 de Junio de 2019, 13:45:35 pm »
Muere Eduardo Fungairiño, el fiscal indomable que combatió a ETA desde su silla de ruedas

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2437 en: 30 de Junio de 2019, 16:01:46 pm »
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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2438 en: 15 de Julio de 2019, 07:03:49 am »
La 'mala praxis' de algunos jueces y los límites temporales a la instrucción facilitan el derrumbe de varios casos de corrupción

    Mientras que Colina Roja, Acal y Pasarelas, que afectó al expresidente de Murcia, han sido archivados tras ser anulada la ampliación del plazo de instrucción, el caso La Sal se encuentra herido de muerte
    La pasada semana, Anticorrupción denunció a la instructora del caso de los ERE por las "trabas" y "conductas irregulares" que están favoreciendo que "el ejercicio de la acción penal no alcance sus objetivos"

Álvaro Sánchez Castrillo
ascastrillo@infolibre.es @Alvarosancas
Publicada el 15/07/2019 a las 06:00 Actualizada el 14/07/2019 a las 18:06

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2439 en: 16 de Julio de 2019, 07:00:26 am »
Caso de los ERE
La juez Núñez se guardó un atestado de la UCO que le reprocha sus errores


La Guardia Civil le recrimina que le encargó atestados ya hechos años antes, que ordenó parar otros y que no le dio los expedientes para poder investigar
Alberto García Reyes
Actualizado:
12/07/2019 17:28h


La Fiscalía Anticorrupción hace mención en su denuncia contra la juez María Núñez Bolaños de una serie de autos y oficios librados a la Guardia Civil que podrían ser contradictorios y habrían contribuido a la dilación de la instrucción del escándalo de los ERE.

Según ha podido saber este periódico, la Unidad Central Operativa de la Benemérita ha mantenido varios desencuentros con la juez durante esta investigación y el Ministerio Público, consciente de ellos, los ha mencionado en su escrito, pero sin detallarlos. Sin embargo, ayer afloró un atestado que la UCO entregó a Núñez el pasado 23 de mayo en el que los agentes responden a las resoluciones de la instructora en las que les acusa del retraso en las investigaciones.

El juez que la está sustituyendo desde que se dio de baja justo el día antes de que se conociera el escrito de todos los fiscales anticorrupción de Sevilla contra ella, Ignacio Vilaplana, emitió un auto el pasado 4 de julio en el que dio traslado del citado atestado de la UCO a todas las partes personas un mes y medio después de que este informe llegase al juzgado. Es decir, Núñez lo recibió y no lo notificó a las defensas ni al Ministerio Público, que lo conocieron ayer y pudieron comprobar que el escrito no tiene desperdicio.

Ante los numerosos autos en los que Núñez ha argumentado que no podía abrir piezas de investigación a cada empresa beneficiada por los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía porque no se habían terminado los atestados, la UCO le envió en mayo este oficio en el que defiende su trabajo y le recrimina tres maneras de actuar que podrían haber dilatado el proceso.

En primer lugar, los agentes le reprochan que les ha pedido atestados de forma urgente sobre varias empresas y, sin embargo, esos atestados ya habían sido entregados hacía incluso varios años en algunos casos, lo que revelaría que la juez no estaba al corriente de las diligencias que se habían llevado a cabo en su propio juzgado. En segundo lugar, la UCO critica que archivó piezas por prescripción alegando que no habían llegado los atestados cuando dichos informes no habían sido siquiera encargados. Y en tercer lugar, los agentes le indican insistentemente que en la mayoría de las piezas que tendrían que haber investigado se quedaron a la espera de que Núñez les enviara el sumario correspondiente, ya que lo único que les hizo llegar fue un desplegable con el dinero que cada empresa había recibido de la Junta.

De hecho, este es el primer punto que ha resuelto Vilaplana tras dar traslado a las partes de este polémico informe de la Guardia Civil. En su providencia, el instructor sustituto escribe que «por contenerse en dicho oficio solicitud expresa en relación a que se remita a la Guardia Civil la documentación que obre en la causa al objeto de proceder a su estudio y análisis por parte de dicho cuerpo policial, procede acceder a lo solicitado, acordando el escaneo, foliado y posterior inserción en formato digital (CD) de dicho contenido y su posterior remisión a la Guardia Civil».

Es decir, la primera medida del juez ha sido entregarle todo el sumario a la UCO para que puedan iniciar la investigación porque su atestado es muy revelador en esta cuestión: «La única información de la que dispone esta unidad es la reflejada en el desplegable que en su día entregó la Agencia Idea». Esta misma frase se repite en el caso de hasta en 16 piezas separadas en las que la juez Núñez emitió primero un auto solicitando un atestado y a las pocas semanas otro que dejaba sin efecto el primero porque los delitos habían prescrito. Los agentes del Instituto Armado se defienden aclarando que se quedaron a la espera de los expedientes, que nunca les envió el juzgado, para poder iniciar sus pesquisas.

Pero el atestado que Núñez se guardó el pasado mes de mayo, que está escrito con argumentos estrictamente técnicos y sin juicios de valor por parte de la UCO, es aún más ilustrativo en los casos en los que la juez reclamó atestados que ya estaban hechos. Un buen ejemplo es el de la empresa Desarrollos Tecnoalimentarios Nerva. El cuatro de abril de 2019, Núñez Bolaños dictó una providencia con la siguiente orden: «Visto el estado de las presentes diligencias, líbrese oficio urgente a la UCO a fin de que elabore el atestado de la presente con carácter urgente, a la vista del último pago efectuado en diciembre de 2009».

Esta pieza estaba a punto de prescribir y la juez apremió a los agentes para que hicieran su trabajo. En su informe de mayo la UCO le contesta sin rodeos: «Por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, se elaboró el correspondiente atestado, el cual fue entregado en sede judicial el pasado 16 de octubre de 2018». Siete meses antes. La Benemérita había cumplido y entregó su investigación en plazo para que la causa no prescribiera. Pero Núñez volvió a pedir el atestado el 4 de abril de 2019 y sólo unas semanas después, el 23 de abril, se dirigió de nuevo a los agentes para que ya no lo hicieran porque se había pasado el plazo.

Esto mismo ocurre con la causa abierta contra Algodonera de Córdoba, cuyo atestado se entregó el 28 de marzo de 2019; Asociación de Extrabajadores del Medio Natural, entregado el 12 de mayo de 2016; Construcciones y Urbanismo Sierra Norte, aportado al juzgado el 3 de abril de 2014; y Elaborados Cárnicos Andaluces, sellado en el registro de entrada el 1 de julio de 2015.

No obstante, la casuística más repetida en el listado de investigaciones pendientes que aporta la Guardia Civil es la lentitud con la que el juzgado trasladó los expedientes de cada empresa a los agentes, que incluso libraron oficios a la juez para reclamar esta documentación. Uno de los más llamativos es el de la empresa Hamsa. Núñez Bolaños reclamó a la Junta el expediente completo de esa ayuda, pero jamás se lo trasladó a la UCO, que el pasado 21 de junio envió un escrito a la instructora recordándole que estaba esperando los papeles desde el 5 de marzo de 2015. La pieza prescribió. Y el expediente, reclamado cuatro años antes, nunca llegó a la mesa de los investigadores.