Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 255928 veces)

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2440 en: 16 de Julio de 2019, 18:06:41 pm »
Yo ya te he contestado con mi ceguera ideológica y muy clarito para que lo entiendas.
Si es cierto "tendría que ir a la cárcel y apartarla de la carrera judicial"
Tu me sales por los cerros de Úbeda ....con el mal funcionamiento de la justicia ppsoe.
Lo dicho ,la diferencia entre tú y yo

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2441 en: 16 de Julio de 2019, 18:07:38 pm »
¿Qué opinan Ronin, Celestino y Sincadenas de esta juez?

Lo.que diga el.CGPJ


https://www.google.com/amp/s/sevilla.abc.es/andalucia/sevi-juez-maria-nunez-bolanos-prepara-defensa-ante-poder-judicial-201907130227_noticia_amp.html

Cuando es un juez que tiende al peperismo no dice lo mismo.....

En una profesión.tan corporativista como la nuestra ...concluir lo que dira el CGPJ es arriesgado.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2442 en: 16 de Julio de 2019, 23:41:17 pm »
Yo ya te he contestado con mi ceguera ideológica y muy clarito para que lo entiendas.
Si es cierto "tendría que ir a la cárcel y apartarla de la carrera judicial"
Tu me sales por los cerros de Úbeda ....con el mal funcionamiento de la justicia ppsoe.
Lo dicho ,la diferencia entre tú y yo

Ya veo que tu compresión lectora es nula, esa es otra diferencia entre tú y yo.....,  ¿en qué me he ido por los cerros de Úbeda? porque te he respondido a lo de Billy el niño. Si la justicia funcionase bien, Billy el niño hubiese pagado todo lo que hizo como debería. Uno de los motivos de que funcione mal la justicia, es su politización, cosa que PPSOE no están por la labor de cambiar.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2443 en: 17 de Julio de 2019, 01:36:52 am »
Porque tú siempre estás pidiendo contestación  a los demás (te he contestado muy clarito)
Muy fácil la contestación a la pregunta mía.
Tu estás a favor o en contra de que Billy el niño se le juzgue por los posibles delitos cometidos .
Un sí o un no....todo lo demás es irse por los cerros de ubeda

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2444 en: 17 de Julio de 2019, 02:10:57 am »
Porque tú siempre estás pidiendo contestación  a los demás (te he contestado muy clarito)

Hay veces que no te interesa y no respondes, yo siempre respondo, esa es la diferencia.


Muy fácil la contestación a la pregunta mía.

Respondí a lo que me preguntaste.


Tu estás a favor o en contra de que Billy el niño se le juzgue por los posibles delitos cometidos .

Evidentemente estoy a favor, en el caso de Billy el niño y en todos.

Un sí o un no....todo lo demás es irse por los cerros de ubeda

Yo no me he ido por los cerros de Úbeda, el problema es que tú no sabes lo que preguntas...., me preguntaste que opinaba sobre la paralización del caso de Billy el niño y te respondí, ahora me preguntaste si estoy a favor o en contra y también te respondí.


De todas formas, en mi respuesta a tu primera pregunta está muy clara mi opinión sobre el caso,  si el caso está paralizado y yo digo que es un claro ejemplo de lo mal que funciona la justicia de este país, no hay que ser muy listo para deducir mis palabras....., vamos, que comprensión lectora la justita...


Tu que opinas del torturador Billy el niño y de la paralización de la justicia para que no pueda ser juzgado?


Lo del Billy el niño es un claro ejemplo de lo mal que funciona la justicia de este país, y de eso tienen culpa PPSOE.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2445 en: 17 de Julio de 2019, 17:32:53 pm »
Me alegra saber que estás a favor de que un presunto torturador como es Billy el niño.....se le pueda juzgar.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2446 en: 17 de Julio de 2019, 17:38:23 pm »
Me alegra saber que estás a favor de que un presunto torturador como es Billy el niño.....se le pueda juzgar.

Hoy se ha sellado la décimo cuarta querella.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2447 en: 18 de Julio de 2019, 07:19:55 am »

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2448 en: 18 de Julio de 2019, 14:59:22 pm »
Lo del Tribunal de Cuentas debería de hacer reflexionar a muchos sobre el nivel de calidad de democracia que tenemos y habría que repensar como evitar que en la administración pública ocurrieran situaciones como las que se producen en el Tribunal de Cuentas, una vergüenza ver los listados de los nombres de las personas que allí trabajan.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2449 en: 19 de Julio de 2019, 06:22:06 am »

Polémica por el fallo que exonera a Ana Botella y su equipo por la venta de vivienda pública a un fondo de inversión

    ISABEL F. LANTIGUA
    Madrid

Jueves, 18 julio 2019 - 19:10


El Ayuntamiento no recurrirá la sentencia porque sería "ir contra el criterio del Tribunal y la Fiscalía". Los afectados reconocen su "frustración" por la absolución
La ex alcaldesa, Ana Botella. JAVI MARTÍNEZ

Pese a las peticiones de la oposición -Más Madrid y PSOE- para que el Ayuntamiento recurra la sentencia del Tribunal de Cuentas que ha revocado la condena a la ex alcaldesa Ana Botella y a su equipo de Gobierno por la venta en 2013 de 18 promociones de vivienda pública, de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS), al grupo societario Fidere, del fondo de inversión Blackstone, el Consistorio ha insistido en que no tiene sentido presentar recurso.

«No vamos a recurrir la sentencia que dicta el Tribunal de Cuentas porque entendemos que está lo suficientemente fundada y, por otra parte, cuenta con el criterio a favor del fiscal que solicitó la absolución», ha expresado este jueves el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha señalado que la oposición pretende que "vayamos contra el criterio del Tribunal de Cuentas, contra el criterio de la Fiscalía".

Ante las críticas por el hecho de que la presidenta de la sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, el órgano que dictó sentencia absolutoria, fuera Margarita Mariscal de Gante, ex ministra del Gobierno de Aznar, y no se abstuviera en este caso, Almeida ha recomendado, sobre todo al grupo socialista, «que si tiene que hacer alguna denuncia respecto al origen de los consejeros que dictaron la sentencia, que le pidan cuentas al propuesto por el PSOE, que tengan una comunicación para que les explique por qué se adhiere al sentido mayoritario de la sala para exonerar de cualquier tipo de responsabilidad contable a la Junta de Gobierno».

Para el regidor «antes de estigmatizar, de criminalizar casi a aquellos que dictan una sentencia, conviene leer la sentencia».

En concreto, el consejero Felipe García Ortiz, propuesto por los socialistas, emitió un voto particular disconforme con la sentencia porque sí entiende que la venta de viviendas públicas fue «lesiva» para el patrimonio municipal y no cumplió los principios de «publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad». Pero admite que a los miembros de la Junta de Gobierno de Ana Botella no procede exigirles «una responsabilidad contable directa, por desproporcionada».
"Rabia" entre los afectados

Por su parte, Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados por la venta de inmuebles de la EMVS, considera que la absolución del equipo que llevó a cabo la operación «asusta» y provoca «mucha rabia y frustración», en declaraciones recogidas por EFE.

"Cuando fuimos adjudicatarios de estas viviendas era como si nos hubiera tocado la lotería", señala Mejías, que vive con sus padres desde hace 13 años en uno de estos pisos en Carabanchel, que junto a Vallecas y Villaverde concentran la mayor parte de los inmuebles afectados.

Mejías sigue residiendo en uno de estos inmuebles aunque para lograr su permanencia ha tenido que demandar penalmente a este fondo de inversión, que se negaba a renovarle el contrato y asumir, como el resto de vecinos, una subida que incrementó el alquiler de 400 a 900 euros.




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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2450 en: 19 de Julio de 2019, 15:57:53 pm »


El Tribunal de Cuentas que ha absuelto a Botella: un organismo controlado por el PP y marcado por el enchufismo



Las cuentas de las formaciones políticas no se someten a la Agencia Tributaria, sino al Tribunal de Cuentas cuyos miembros los nombran los propios partidosEl PP tiene la mayoría con siete de los doce consejeros que forman el Tribunal de Cuentas y controla la presidencia y la comisión de Gobierno del órgano fiscalizadorUn centenar de los 700 trabajadores que forman la plantilla del Tribunal de Cuentas tienen lazos familiares


El rey recibe en audiencia al renovado Tribunal de Cuentas en 2012.
Por Fátima Caballero
18 jul 2019 22:49

La sentencia del Tribunal de Cuentas que ha librado a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete cargos de su Gobierno de una multa millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre ha vuelto a poner bajo el foco a este órgano fiscalizador. Actualmente está controlada por el Partido Popular que tiene la mayoría del consejo y que ostenta la presidencia y el órgano de gobierno en su totalidad. La absolución de Botella, por dos votos contra uno, la firman dos consejeros propuestos por el PP, una de ellas, una exministra de José María Aznar, marido de la exregidora de la capital.


El Tribunal de Cuentas es quien vigila la contabilidad de los partidos, de sus fundaciones y de los organismos públicos. Y aunque reciba el nombre de "tribunal" no es un órgano judicial, ya que no depende del Consejo General del Poder Judicial. El ente que vigila la financiación de los partidos, y si sus actos al frente de las instituciones se hacen de manera correcta, está controlado por los propios partidos: sus doce consejeros los nombra el Congreso y el Senado. Tras la elección, ostentan el cargo durante nueve años con altas probabilidades de repetir.

El Tribunal de Cuentas es, por ley, "el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público" y le corresponde "en exclusiva" el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable. Las cuentas de las organizaciones políticas por tanto no se someten, como las de los demás, a la Agencia Tributaria, sino a un organismo cuyos miembros los nombran los propios partidos, en este caso los dos grandes partidos: PP y PSOE.

La última elección de los doce consejeros que conforman el Tribunal de Cuentas se hizo en 2012 (y se mantendrá hasta 2021). Ese año fueron elegidos Margarita Mariscal de Gante y José Manuel Suárez Robledano, los dos consejeros que han absuelto a Botella y a parte de su Gobierno de pagar una multa de 25,7 millones de euros, revocando así la sentencia que había dictaminado el mismo órgano en primera instancia. Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno, también fue nombrado ese año miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP. Por parte del PSOE, un exsenador del PSC Lluís Amet es consejero. Y hay otros cuatro nombramiento que hicieron los socialistas en consenso con IU. El voto en contra de la absolución de Botella ha sido de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE.

La presidencia del órgano desde 2018 es María José de la Fuente, nombrada también por el PP. Su predecesor en el cargo, Ramón Álvarez de Miranda, es hijo del que fuera presidente del Congreso y Defensor del Pueblo. Aunque el órgano se renueva cada nueve años, Álvarez de Miranda, que fue diputado por UDC, ha estado en la institución fiscalizadora más de 30 años, desde 1984. No es el único miembro que ha permanecido durante décadas en ese sillón. Ubaldo Nieto, también expresidente de la entidad y cuyo nombre estuvo salpicado de polémica debido a que aparecía como donante del PP en las notas contables de Luis Bárcenas, trabajó para el organismo durante 22 años.

El índice de rotación de los consejeros por tanto acaba siendo muy bajo y estos gozan de unas condiciones laborales muy ventajosas. Su salario anual asciende a 119.480,34 euros, según recoge en el BOE, a los que se suman otros 6.000 euros para gastos y los trienios que vayan acumulando. También tienen coche oficial y dos secretarias.

En julio de 2018 la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas a la que Suárez Robledano pertenece, y la que más poder tiene en el organismo, fue renovada. Por primera vez en democracia, pasó a estar controlada al 100% por consejeros del Partido Popular, en una jugada en la que los siete consejeros del PP frente a los cinco del PSOE impusieron la configuración. Una vez que abandonan el cargo, tienen derecho a una pensión indemnizatoria del 80% de su retribución (que incluye los trienios) durante un máximo de 24 mensualidades.

Nepotismo
Los nombramientos a dedo van más allá de la que hacen los partidos con los consejeros. El organismo vivió su mayor crisis reputacional en 2013 cuando se desveló que una buena parte de la plantilla está compuesta por familiares de altos cargos, como publicó El País. Unos 700 trabajadores conforman la plantilla del Tribunal de Cuentas, y un centenar de ellos tienen lazos familiares con altos cargos del organismo y antiguos consejeros.

Uno de los casos de nepotismo más escandalosos lo protagonizaron los que fueran presidente del Tribunal de Cuentas hasta 2018 y presidente de la sección de Fiscalización. En la plantilla del organismo está la concuñada de Ramón Álvarez de Miranda, Cristina Querarto Iborra, y un sobrino, José Manuel García Soriano. El que fuera su segundo en el tribunal, Javier Medina Guijarro (PP), tenía a un hermano, Enrique Medina); a una hermana, María Consuelo Medina Guijarro, y a su esposa, María del Carmen Higueras Esteban) y a una pariente lejana de su cónyuge (María Pérez Michaus).


En 2016, el Tribunal Supremo anuló el intento de nombrar a dedo al hermano de Medina, Enrique Medina, como subdirector Técnico y condenó al Tribunal de Cuentas a pagar 9.000 euros en costas.

Otro de las sospechas que han sobrevolado sobre el Tribunal de Cuentas es la lentitud que ha imperado en algunas ocasiones la fiscalización que ha realizado sobre los partidos. Un ejemplo de ello se produjo en 2013, cuando la fiscalización de las cuentas de los partidos llegó al Congreso con cinco años de retraso. Las posibles irregularidades que hubiera podido detectar de las cuentas de 2008 de las formaciones políticas, auditadas cinco años después, habrían prescrito después de que el PP aprobara en 2012 un plazo de prescripción de cuatro años para los delitos de financiación irregular. Ese retraso de cinco años se ha subsanado ligeramente los últimos años.

La trayectoria de los que han absuelto a Botella
El enésimo escándalo en el Tribunal de Cuentas lo han preguntado dos consejeros del PP que han absuelto a Botella y a otros cargos de su gobierno también del mismo partido. Una de las consejeras es Margarita Mariscal de Gante, que fue nombrada en 1996 ministra de Justicia por Aznar, marido de Ana Botella. Durante el segundo Gobierno del expresidente, la entonces diputada del PP ocupó la vicepresidencia primera de la Mesa del Congreso de los Diputados. Unos años después, el 23 de julio de 2012, Mariscal de Gante pasó a ser miembro del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP.

José Manuel Suárez Robledano es el otro integrante del tribunal que ha absuelto a Botella y siete miembros de su gobierno este miércoles. Suárez Robledano, también nombrado a propuesta del PP en 2012, es el actual presidente de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, la que ha decido el fallo en favor de Botella, nombrado por el Senado cuando el PP tenía mayoría absoluta. Es además miembro de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, lo que le convierte en uno de los tres consejeros con más poder dentro del organismo público.

La actuación de Suárez Robledano en el Tribunal de Cuentas no ha estado exenta de polémica y las sospechas de enchufismo también han recaído sobre el consejero. En abril de este año, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo anuló un nombramiento a dedo del consejero del PP dentro del organismo público. En concreto, para el puesto de subdirector técnico de la Sección de Enjuiciamiento. La propuesta de nombramiento anulada por el Supremo fue avalada por la mayoría que los consejeros nombrados a propuesta del PP tienen en el Tribunal de Cuentas.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2451 en: 19 de Julio de 2019, 23:29:44 pm »
Una verdadera vergüenza lo del Tribunal de Cuentas.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2452 en: 23 de Julio de 2019, 07:26:58 am »
Y la del siglo pasado....siempre ha sido lenta.



La Justicia del siglo XXI en Madrid: lenta, escasa de jueces y con exceso de papel

La revolución digital no llega a la Justicia

El presidente del TSJM, Celso Rodríguez Padrón, asegura que la falta de jueces, las nuevas formas de litigios y el desfase tecnológico imposibilita la rapidez en la resolución de las causas

Aurora Intxausti
Madrid 22 JUL 2019 - 20:34 CEST   
Z

La evolución socioeconómica de la población española no parece que vaya pareja con la de la Justicia en Madrid, eso es lo que se deduce de las palabras del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, y del informe anual que ha presentado hoy de 2018. La carga de trabajo que soporta un órgano jurisdiccional en la región está muy por encima de la que le corresponde por la plantilla que tiene asignada actualmente. El número de jueces asignados por cada 10.000 habitantes en 1988 era prácticamente el mismo que en la actualidad, si hace 30 años era de un juez, ahora es de 1,1 para los mismos habitantes y con problemas diferentes de los que tenían los españoles hace tres décadas. No había cláusulas suelo, preferentes, hipotecas en diferentes monedas o viajes que no se cumplen por tierra, mar o aire. "Esto no es de recibo", ha asegurado Rodríguez, que considera que la primera causa de la lentitud de la Justicia deriva de contar con "una planta judicial radicalmente insuficiente y absolutamente desfasada".

En Madrid, hay 736 jueces y magistrados para los 540 órganos judiciales que existen en la región. Con esa plantilla parece difícil que el sistema sea capaz de hacer frente al número de litigios que tiene que responder. El pasado ejercicio se presentaron 836.684 asuntos y quedaron sin resolver 328.395 casos. En el mapa judicial de toda España esta es la tercera comunidad en la que más casos se presentan."Es urgente de contar con 127 nuevos órganos judiciales para hacer frente una situación "desfasada" que solucione la lentitud de la Justicia.

Aumentan los litigios en 2019

En el primer trimestre de 2019, lo órganos judiciales de Madrid han registrado 219.889 asuntos. Esta cifra supone un incremento de un 7,7 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior. En el mismo periodo, los tribunales de Comunidad de Madrid resolvieron 214.575 asuntos, un 5,8% más, y han quedado en trámite al final del trimestre un total de 311.327 asuntos, con un incremento del 6,6% respecto al primer trimestre de 2018.

En la jurisdicción civil madrileña han ingresado 97.004 asuntos, con un incremento del 11,9 por ciento respecto a los ingresados en el primer trimestre de 2018. En esta jurisdicción se resolvieron 87.859 asuntos, un 9,6 por ciento más, y quedaron en trámite 201.975, un 17,3% más que al final del primer trimestre de 2018. En la penal han tenido entrada 100.882 asuntos, con un incremento del 3,6 por ciento, habiéndose resuelto 104.842 asuntos, un 2,8 por ciento más, y quedando en trámite 73.983 asuntos en los órganos judiciales de la Comunidad. En contencioso-administrativa madrileña se han registrado 5.379 nuevos asuntos, con un incremento del 6,5 por ciento. Se resolvieron 5.395 asuntos, un 2,3 por ciento más que el año anterior, y quedaron en trámite 12.083 asuntos. La jurisdicción social ha ingresado 30.830 asuntos, un 11,1 más que en el mismo trimestre de 2018. Se han resuelto 16.479 asuntos, un 7,2 por ciento más, y han quedado tramitándose 30.353 asuntos en los juzgados de la región.

Muchas veces se registran imágenes de jueces con grandes maletines con ruedas para un lado y para otro como si siempre estuviesen permanentemente de viaje. ¿Por qué? La respuesta está en el desfase tecnológico que arrastran las dependencias judiciales. "Es muy difícil acceder por remoto a los documentos de una causa y por ello no es extraño ver a un juez llenar los maleteros de los coches con legajos, los mismos que se acumulan en los juzgados. El papel cero es imposible de eliminar a corto y medio plazo". afirma el presidente del TSJM quien se muestra escéptico ante un desarrollo tecnológico rápido en los órganos judiciales.  "El papel cero es un horizonte lejano", ha dicho Rodríguez, que ha dado una imagen de los tribunales y juzgados "con tomos y tomos de papel, estanterías colgadas hasta el techo de papeles y tomos que se arrastran de los maleteros de los coches a las casas" para continuar con el trabajo allí. En ese sentido, sentenció que "en España no existe una Justicia del Siglo XXI" y lo dijo tras recordar que en 2016, estando al frente del Ministerio de Justicia Rafael Catalá se aprobó la ley que establece que las administraciones judiciales tienen que operar de forma digital.

La crisis económica de 2008 y determinadas cuestiones bancarias que antes no existían han provocado que tanto en la jurisdicción civil y contencioso se haya percibido un clamoroso incremento de litigios en masa. "No es posible atender con rapidez este ingente modelo de asuntos, lo que desemboca en una lentitud que no es deseable ni para los jueces ni para los ciudadanos", indicó el presidente del TSJM. Por jurisdicciones, la civil y la contencioso administrativa son las que experimentaron un mayor incremento de asuntos ingresados con un 12,7 % y 16 % respecto al pasado año, respectivamente. En el orden penal, continúa la tendencia a la baja de los últimos años y en 2018 se ha reducido un 2 %, mientras que en la Social también han caído los asuntos un 3,6 %.

El actual panorama político, en el que las cámaras tanto nacionales como la autonómica están paralizadas, no posibilita un cambio. Para 2019 solo está prevista la creación de nueve plazas de jueces, lejos de los 127 que Madrid solicitó al Consejo General del Poder Judicial: 88 nuevos juzgados y 39 plazas de magistrados. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se reclama un incremento en las partidas presupuestarias desde el Gobierno de Madrid y una mejora en la plantilla del personal funcionario que trabaja en la Administración de Justicia. De los 6.577 funcionarios, 1.665 son interinos "una cifra muy elevada", explica Celso Rodríguez Padrón.

En términos estadísticos respecto a la situación de los órganos judiciales, continúa el "volumen desorbitado" en los juzgados de los mercantil con un 28,5% más de asuntos que se explican nuevamente por la "cantidad ingente de asuntos de tráfico aéreo" y aquellos de materia concursal que derivan de los ecos de la crisis económica.Una "litigiosidad en masa" ha manifestado el presidente que, al margen de lo acontecido en los juzgados de lo mercantil, "es una consecuencia de los fenómenos económicos".





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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2453 en: 23 de Julio de 2019, 07:48:03 am »
Y ya les conté mi anécdota sobre la lentitud....


Hace ya muchos años una funcionaria de estas que llevan años y sus colmillos rozaban lel suelo, y en un asunto de mi interés, me refería lo que era "el engranaje" a la par que movia sus manos haciendome ver ese engranaje judicial que procuraba que una sentencia reposase un mes en un estante hasta que otra funcionaria hiciese las fotocopias para luego ser notificada a las partes...hoy estamos ante otro engranaje parece ser llamado Lexnet, un fiasco de la informática judicial del que todos se quejan.



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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2454 en: 29 de Julio de 2019, 07:23:32 am »

Sancionado un juez por hostigar y humillar a una funcionaria tras negarse a ir a comer con él

La Comisión Disciplinaria del Poder Judicial impone al magistrado la multa máxima, 6.000 euros, por vejar a la trabajadora.
29 julio, 2019 01:04


María Peral @Maria_peral

Un magistrado destinado en un Juzgado de Menores de Barcelona ha sido sancionado con la multa más alta que permite la normativa disciplinaria de los jueces -6.000 euros- por adoptar un "prolongado y humillante trato vejatorio" hacia una tramitadora procesal después de que ésta rechazara su invitación para ir a comer o a tomar café.

El juez, de 68 años, "quería crear una complicidad entre los dos", denunció la funcionaria, que era la encargada de transcribir las sentencias. "Me decía que siempre me había tenido una consideración distinta", "que menos mal que no tenía que dictarle [las resoluciones] a nadie más".

Las cosas cambiaron a partir de un día que, estando a solas, el juez le preguntó si quería ir a comer con él. Ella contestó "no, gracias".

"Al poco de ocurrir lo anterior, un día, a la vuelta del desayuno, me hace entrar en su despacho y, a puerta cerrada, me llama la atención sobre el horario". El juez solía empezar a dictar las sentencias a las 14.00 horas, a treinta minutos de la finalización de la jornada de la funcionaria, "y me dice que está harto de que yo le diga que se me hace tarde o me tengo que ir".

En las fechas siguientes el magistrado "constantemente se fija en si estoy en mi mesa o no, preguntando a los compañeros dónde estoy, con un control casi diario hacia mí" y empieza a dirigirse a ella "con faltas de respeto". Al día siguiente, sin embargo, le pedía "que no le tenga en cuenta lo que me dijo el día anterior" o "me invita a una bebida del office", lo que la funcionaria rechaza igualmente.

Portazos y amenazas

La situación estalló varias semanas después, cuando el juez "me dice que no me quiere en el Juzgado, que pida el traslado, que si no lo hago por mí misma él va a hacer todo lo posible para que me vaya. Finalmente me dice que 'me vaya a la mierda'. Cuando le pregunto '¿qué me ha dicho?' vuelve a insultarme diciéndome 'que me vaya a la mierda' de forma muy violenta, y se va dando un tremendo portazo".

"A los cinco minutos, que yo ya estaba en mi mesa, sale el magistrado de su despacho, y a una distancia de unos dos metros de mí, tira el expediente a mi mesa de forma muy agresiva, diciéndome 'subsane este error', quedando el expediente colgando de cualquier forma en una silla, y [tirando al suelo] todo lo que encontró en su paso, bolígrafos, botella de agua... Seguidamente, dirigiéndose a un compañero, le dijo 'que yo era una idiota' en voz alta. Acto seguido volvió a dirigirse a mí, amenazándome con que me va a abrir un expediente disciplinario por falta muy grave y que tendré noticias de él".

La funcionaria acudió al servicio médico de la Ciudad de la Justicia y, tras estar de baja, pidió otro destino y se marchó del Juzgado de Menores, en el que llevaba trabajando desde 2011.

Pero su denuncia no ha caído en saco roto: la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha sancionado al magistrado por abuso de autoridad y falta grave de consideración a un funcionario, acogiendo el criterio del Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde. El teniente fiscal, Luis Navajas, coincidió en la existencia de esa falta disciplinaria pero limitó la petición de sanción a 1.000 euros.

Testigos

Los funcionarios del Juzgado de Menores confirmaron la denuncia de la tramitadora en los hechos presenciados por ellos. Una de las compañeras admitió que cuando llegó a ese destino fue tratada de la misma manera por el magistrado, tras declinar también una invitación a comer, pero no se atrevió a denunciarlo.

El juez, por su parte, reconoció desconsideraciones "en dos momentos puntuales", pero sostuvo que la tramitadora presentó una denuncia "repleta de falsedades e inexactitudes" para "justificar sus deficiencias".

La resolución sancionadora subraya, sin embargo, que "llama la atención" que la funcionaria, que llevaba mucho tiempo en ese destino "sin queja de ningún tipo", "comenzase a ser reprendida de la manera en la que lo fue, años después de su incorporación, coincidiendo todo ello con su negativa a aceptar la invitación a comer que le había hecho el magistrado".

Apoyándose en los testimonios coincidentes de los miembros de la oficina judicial, el CGPJ afirma que el juez incurrió en una "notoria y manifiesta desconsideración" hacia la tramitadora, concretada en un "prolongado y humillante trato vejatorio que se manifestó mediante un continuo estar pendiente de lo que hacía o de dónde se encontraba, hablando mal de ella a otros funcionarios, empleando un tono agresivo cuando se dirigía a ella, llegando incluso a cerrar de golpe, con fuerza, la puerta de su despacho en la cara de la referida funcionaria, a amenazarla con que iba a incoarle un expediente disciplinario, a decirle que 'se fuera a la mierda' o a indicarle que pidiera otro destino pues de lo contrario le haría la vida imposible".

Importe máximo

La resolución justifica la imposición de la multa en su cuantía máxima por "las muy significativas y lacerantes circunstancias concurrentes". Hace referencia a la "entidad objetiva de la desconsideración producida, ciertamente grave y relevante", al origen desencadenante del comportamiento del sancionado, a la "trascendencia de la desconsideración en que se incurrió, con notorio y manifiesto quebranto de la integridad moral de la tramitadora" y a la prolongación del comportamiento.

"En definitiva", concluye, "por propiciar una situación laboral de gran tensión en la oficina judicial, con todo lo que ello supone y representa para la ineludible observancia de derechos fundamentales como el de la dignidad de las personas y su integridad moral, así como para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia y el buen orden del Poder Judicial".

Contra la decisión de la Comisión Disciplinaria cabe interponer recursos (potestativo) ante el pleno del CGPJ y ante el Tribunal Supremo.





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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2455 en: 30 de Julio de 2019, 07:21:19 am »


La jueza pitonisa, en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de La Coruña.

La jueza pitonisa tiene nuevo destino: un juzgado de violencia de género que tildó de inservible
Pidió el traslado después de que en Lugo se hiciera público que echaba las cartas por 20 euros en la ciudad.
30 julio, 2019 03:56


David Palomo @Davidlpalomo

María Jesús García gasta nombre y apellidos convencionales. Nada en ella, de primeras, se sale de lo normal. Ni su profesión, abogada; ni sus costumbres, como hacer zumba o salir a pasear. Ni siquiera su rostro, su pelo rubio o su atuendo –fruto de cualquier tienda al uso. Sin embargo, lo corriente no es mas que una máscara de lo que esconde por dentro: su amor por el esoterismo, las ciencias ocultas y los astros. Esta letrada, bautizada como jueza del ‘tarot’, lleva años echando las cartas en sus múltiples destinos. En última instancia, lo hizo en Lugo, donde ejercía como magistrada de Vigilancia Penitenciara, tomando las decisiones sobre el régimen carcelario de los presos de Bonxe, Monterroso (ambos en Lugo) y Pereiro de Aguiar (Orense). Y, a partir de ahora, lo podrá hacer en La Coruña, a donde ha sido trasladada por petición propia para ejercer como titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1.

¿Normal? No demasiado. Al menos, si se le echa un vistazo a su historial. El nuevo destino de la jueza pitonisa ha traído cola. Las asociaciones feministas han puesto el grito en el cielo. ¿La razón? Hace años, en 2008, María Jesús García criticó este órgano y catalogó de inútiles las denuncias que llegan a ese tipo de juzgados: “Son una cantidad de ridiculeces que considero innombrables; mujeres que vienen porque les han mandado un mensaje al móvil; a las que, en un calentón, les han podido decir una palabra más alta que la otra; mujeres que les pegan a ellos, gente que se cree que esto es un divorcio exprés”, reconoció.

Por eso, ahora, nadie entiende que haya sido destinada al Juzgado de Violencia de Género, una institución de la que renegaba hace tiempo y de la que ahora va a formar parte. Por su experiencia, puede. En ese aspecto no hay ningún inconveniente. Sus declaraciones, sin embargo, la desacreditan. De hecho, le costaron una multa de 3.000 euros y la perseguirán, posiblemente, durante todo el tiempo que siga en su destino.

La jueza pitonisa de Lugo se ofrece a First Dates

En realidad, este es el culmen de una carrera repleta de líos extrajudiciales. Todo en ella roza lo histriónico. Es, en sí misma, un gancho mediático inigualable. Tanto es así, que incluso quiso dar el salto a la televisión postulándose para una cita en First Dates. “Estoy buscando el amor. Tengo 56 años y, como veis, represento mucho menos y por eso quiero alguien más joven o, aunque sea como yo, que se conserve bien. De todas formas, también me importa el interior. Prefiero compartir mis aficiones. Sobre todo, el deporte, los animales y el mundo esotérico”, se ofrece, en una grabación presentada al programa de citas.
Las trágicas vacaciones de seis influencers españoles en Tailandia: David muere al caer de un acantilado
Marina OchoaEl chico, de 26 años, viajaba junto a un grupo de influencers. Él, junto a Jordi, su socio, habían creado la agencia de representación 'Present and future'.

Pero esta es la cúspide, lo último de una jueza ‘estrella’ que dio el salto a los noticiarios a raíz de una investigación llevada a cabo por el diario de Lugo, El Progreso. Ellos fueron los que descubrieron que, además de su puesto como magistrada, también se ganaba la vida cobrando algo más de 20 euros por echar las cartas en la localidad gallega. Nada, en principio, problemático para una persona que se encontrara fuera del ámbito judicial. Pero, para ella lo fue.

En junio, por ese motivo, a la jueza le abrieron un expediente disciplinario por una “falta muy grave” por el “ejercicio de actividades incompatibles con el cargo de juez o magistrado”. Consideraban que una persona que enviaba a la cárcel a los ‘malos’ no podía a su vez jugar con los hilos de futuro de esos posibles criminales. Pero, finalmente, no fue sancionada. Su profesión, ligada a su ‘hobby’, causó un gran revuelo en Lugo y alrededores. Por eso, ella pidió el traslado a La Coruña y se lo concedieron.
La jueza pitonisa ofrecía sus servicios en Lugo a través de este folleto.

La jueza pitonisa ofrecía sus servicios en Lugo a través de este folleto.

Allí, ejerce desde el mes de junio. “Tarotista con gran experiencia en consulta personal o por teléfono sin límite de tiempo. Fines de semana incluidos. Se dan recetas de magia blanca”, rezaban sus anuncios en Lugo, a 20 euros la sesión. Ahora, en La Coruña, ha subido el precio (45), pero sigue ‘al pie del cañón’. Sin atender de primeras al teléfono (lo hace un hombre), pero disfrutando de su ‘hobby’ –se intuye– en la sombra y sin exponerse tanto.

Eso sí, con un historial de polémicas que da para serie de Netflix. A su labor judicial y esotérica se suman sus muchas prácticas poco convencionales. Por ejemplo, cuando fue sancionada en Bilbao por fumar en la sala. O cuando no asistió a una declaración por ir al gimnasio (entonces estaba en Madrid). O cuando criticó públicamente la ley de violencia de género o cuestionó a las víctimas (en Santander). O, por último, cuando se presentó con su gato en una vista en Santiago.

¿Locuras? Para nada. Los que la conocen siempre han hablado de ella como una mujer inteligente, viva y capaz, pero también con sus muchas rarezas, sus gustos por las ciencias ocultas, por el esoterismo, por los astros y por ese mundo que no se ve. Paradójicamente, ella aleja los pies de la tierra en una profesión que exige no despegarlos del suelo asiduamente. Qué cosas.



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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2456 en: 31 de Julio de 2019, 17:59:51 pm »
La estatua fue colocada en el agua a fin de que al que soporta le llegase hasta las rodillas y en la parte baja hay una inscripción que dice: "Estoy sentado sobre la espalda de un hombre que está deshecho por el sufrimiento. Yo haría cualquier cosa para ayudarle menos bajarme de sus hombros

« Última modificación: 01 de Agosto de 2019, 06:27:10 am por 47ronin »

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2457 en: 02 de Agosto de 2019, 07:16:58 am »


Los jueces se hartan y denuncian ante Inspección de Trabajo el estrés, la falta de registro horario y la sobrecarga de causas

Juezas y Jueces por la Democracia lleva al Consejo General del Poder Judicial y a Justicia a la Inspección por las condiciones de los magistrados de lo social de Barcelona, Reus y Tarragona
El 92% de magistrados de la jurisdicción social en Barcelona presenta riesgos psicosociales elevados o muy elevados –vinculados a estrés, fatiga o ansiedad– debido al exceso de carga de trabajo, según un informe del propio CGPJ
"Hemos tenido casos de trastornos ansiosodepresivos, depresiones y ansiedad", explica el magistrado de TSJC Carlos Preciado, que firma la denuncia
Oriol Solé Altimira
01/08/2019 - 20:34h


"Los jueces siempre hemos tenido un componente vocacional importante, pero corremos el peligro de confundir la vocación con poner en peligro nuestra salud". Es el diagnóstico del magistrado Carlos Hugo Preciado, que en representación de la asociación Juezas y Jueces por la Democracia (JJxD), ha denunciado ante la Inspección de Trabajo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia por infringir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales de los jueces de lo social de Barcelona, Tarragona y Reus.

La denuncia expone cifras que reflejan la sobrecarga de trabajo que sufren los jueces de lo social de estas tres ciudades catalanas: según la propia evaluación de la carrera judicial que encargó el Consejo el año pasado, en los 30 juzgados de lo social de la capital catalana el 64% de los togados se halla en situación de riesgo psicosocial elevado o muy elevado debido al exceso de tiempo que pasa trabajando.

Además, el 92% de magistrados de la jurisdicción social en Barcelona presenta riesgos psicosociales elevados o muy elevados –vinculados a estrés, fatiga o ansiedad– debido al exceso de carga de trabajo. "El exceso de trabajo lo puedes aguantar un año, dos, tres... pero cuando se mantiene tanto tiempo acaba minando", expone Preciado, que recuerda que los juzgados más saturados son los que están más en contacto con los problemas diarios de los ciudadanos, como los de lo social y lo penal.

Las consecuencias se dejan notar, por ejemplo, en el número de causas de estos juzgados, que rondan las 1.400 en el caso de los de lo social de Barcelona pese a que a efectos de productividad "lo normal serían 800", remarca Preciado. El trabajo de los togados, además, no termina en el despacho: el 70% declara que trabaja sábados o domingos "casi siempre", según una encuesta del propio CGPJ. "La gente tiene derecho a que puedas mirar su causa con calma, y ahora no siempre es así porque todo va entrando y no hay un tope", expone Preciado.

"Hemos tenido casos de trastornos ansiosodepresivos, depresiones, ansiedad..., compañeros que tienen que salir de circulación hasta que no se estabilizan. En el 99% de los casos además no se quiere aceptar que se ha petado, precisamente por la vocación de servicio que hay en la carrera", asevera Preciado.

La denuncia ante Inspección de Trabajo que JJxD ha interpuesto respecto a los juzgados de lo social de Barcelona, Tarragona y Reus es la primera de una serie que se presentarán en distintas ciudades de toda España donde la asociación ha detectado cargas de trabajo excesivas en los juzgados. Los próximos serán los jueces de Madrid. "Como el Consejo General del Poder Judicial no está por lo que tiene que estar a nivel global, denunciaremos ciudad a ciudad", zanja el magistrado.

Los togados han interpuesto su denuncia por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales contra el CGPJ, que es la institución responsable en esta materia, así como contra el Ministerio de Justicia. El motivo es que el Ministerio tiene suscrito con el Consejo un convenio sobre el sistema de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud de los miembros de la carrera, por lo que también tiene competencias en este ámbito.

"El Consejo tiene que fijar carga máxima de trabajo, los jueces y juezas no pueden estar indefinidamente trabajando sábados y domingo para sacar las sentencias", reclama Preciado. Además, los togados denuncian ante la Inspección de Trabajo que el Consejo no ha implantado el registro horario pese a que tiene obligación legal de hacerlo. "Si a un juez le da por trabajar 70 horas a la semana, el Consejo no lo sabe", resume el magistrado.

Además del registro horario y de fijar una carga máxima de trabajo a efectos de salud, Preciado explica que con la denuncia pretenden presionar al Consejo y al Ministerio para que aumenten la planta judicial. "Son tres medidas básicas para superar la tormenta perfecta que supusieron durante la crisis el aumento de litigiosidad y las restricciones presupuestarias. A primera vista pueden parecer reclamaciones corporativas pero no lo son porque afectan a los derechos de la ciudadanía", concluye el magistrado.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2458 en: 03 de Agosto de 2019, 06:21:50 am »

El juez que redactó la 'constitución catalana' pide jubilarse, con un expediente aún abierto
Santiago Vidal accedió a un Juzgado de lo Social hace sólo dos meses tras cumplir una sanción de tres años de suspensión.
3 agosto, 2019 02:08

María Peral @Maria_peral

El magistrado Santiago Vidal, sancionado en 2015 por su activismo independentista mientras ejercía en la Audiencia Provincial Barcelona, ha pedido la jubilación voluntaria, con efectos a partir del próximo 31 de diciembre, en un escrito dirigido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Vidal, que el pasado 15 de julio cumplió 65 años, podría estar en la carrera judicial hasta los 70, edad de jubilación forzosa de los magistrados. El Consejo General del Poder Judicial le destinó hace dos meses al Juzgado de lo Social número 27 de Barcelona después de estar cuatro años fuera del ejercicio jurisdiccional.

El CGPJ le impuso una sanción de tres años de suspensión porque, estando en activo en la Judicatura, participó en un centenar de actos, entrevistas, charlas y manifiestos a favor de la independencia de Cataluña, proponiendo la desobediencia civil y cuestionando la legitimación del Tribunal Constitucional para suspender la consulta independentista del 9N, en la que animó a participar.

Durante la tramitación del expediente disciplinario, el propio Vidal reconoció que formó parte de un grupo de juristas que prepararon un texto articulado de la futura constitución catalana.

Una vez cumplida la sanción (en ese tiempo ERC le promovió al cargo de senador, del que tuvo que dimitir), en marzo de 2018 el órgano de gobierno de los jueces le declaró 'no apto' para volver al ejercicio jurisdiccional.

El Consejo consideró acreditado que, con posterioridad a los hechos por los que fue sancionado, Santiago Vidal participó en más actos públicos en los que alardeó de los preparativos -"ilegales", admitió- de las estructuras de Estado para la futura república catalana. Para el CGPJ, ello reflejaba la "falta de lealtad" de Vidal a la Constitución que debía aplica aplicar como juez.
Fallo del TC

Sin embargo, la declaración de inaptitud de Santiago Vidal para la función judicial fue dejada sin efecto a consecuencia de una sentencia que el Tribunal Constitucional dictó en diciembre de 2018.

El TC estimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo y expulsó del ordenamiento jurídico la norma que permitía al CGPJ apreciar la inaptitud de los jueces. El Constitucional argumentó que, tal como estaba redactada por el legislador, esa norma no permitía saber cuál era la conducta exigible para obtener la declaración de aptitud ni en qué situación quedaba el juez al que se le denegaba, cuándo podía volver a solicitar el reingreso o cómo podía justificar la aptitud una vez que no se le había concedido.

Vidal concursó y obtuvo un destino en Barcelona, en el que continúa en la actualidad.

El pasado abril, el Promotor de la Acción Disciplinaria el CGPJ, Ricardo Conde, le abrió otras diligencias por una posible falta grave de desconsideración a funcionarios judiciales, eventualmente sancionable con una multa de 501 a 6.000 euros.

Las nuevas actuaciones disciplinarias contra Vidal, todavía pendientes de resolución, se deben a unas declaraciones que hizo el 12 de marzo a una emisora de radio en las que afirmó que la letrada del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona "no dijo toda la verdad" y "exageró muchas cosas" cuando compareció ante la Sala Penal del Supremo durante el juicio del 'procés'.

También habló del titular de ese Juzgado, el fallecido magistrado Juan Antonio Ramírez, principal investigador de los preparativos del referéndum ilegal del 1-O y de la creación de estructuras de estado por el Gobierno catalán de Puigdemont. Vidal afirmó que Ramírez "hizo todo lo necesario, fuera legal o no, sabiendo que él no tendría que pagar ningún precio porque sabía que el pronóstico de su enfermedad era muy grave y moriría".

Vidal fue investigado por Ramírez en el marco de ese procedimiento referido a la organización del 1-O. La nueva instructora, Alejandra Gil, dictó el pasado 4 de abril un auto de procesamiento en el que excluyó al juez Vidal.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2459 en: 04 de Agosto de 2019, 16:04:08 pm »

EL POLICÍA DE LAS CLOACAS

 La penitencia y caída de Coro Cillán



La jueza 'enloquecida' por el comisario Villarejo


LUCAS DE LA CAL
Domingo, 4 agosto 2019 - 02:01

Coro Cillán, en el centro de rehabilitación psicosocial de Palencia.
CRÓNICA

Invierno de 2012, pasillos del juzgado de instrucción número 43 de Madrid. María del Coro Cillán y García de Iturrospe (San Sebastián, 1949), una veterana jueza, titular del tribunal, comenta a una amiga de la Fiscalía que hay un comisario corrupto muy cercano a la Dirección General de la Policía Nacional que quiere acabar con su carrera. Lo repite convencida un par de veces más, sin titubear. Insiste en que un par de compañeros de la judicatura le han advertido de las malévolas intenciones del policía. Coro alega que aquel tipo, que tiene «amigos muy poderosos», le cogió «manía desde que abrió la causa del 11-M y empezó a investigar al entonces jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, por una supuesta falsificación de pruebas». Un mes después, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa. Caso cerrado. O no. Porque el comisario no desistió en su empeño de acabar para siempre con la carrera de Coro Cillán. «Indirectamente lo consiguió. Ese hombre empezó a mover tantos hilos por detrás que logró desquiciarla, volverla loca», asegura hoy su amiga de la Fiscalía.

Siete años después de aquella conversación en los pasillos del juzgado, el comisario al que se refería la jueza, entonces un desconocido José Manuel Villarejo (67 años), está en prisión por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Y Coro Cillán (70 años), que fue inhabilitada por un caso de prevaricación en 2014, está ingresada en el Centro de Rehabilitación Psicosocial San Juan de Dios, en Palencia. Un lugar donde acaban personas incapacitadas legalmente por trastornos psiquiátricos graves. Aunque, en realidad, la jueza Coro nunca ha sido incapacitada.

«Nadie entiende qué hace allí. Además, la tienen aislada, como si no quisieran que hablara con nadie», manifiesta su amiga de la Fiscalía. Otra mujer, una abogada contratada por otra colega de la magistrada, ha iniciado varios requerimientos judiciales solicitando información sobre la situación de Coro y el motivo por el que está ingresada en un centro psiquiátrico sin que nadie pueda ir a verla.

Ésta es la historia de la bajada a los infiernos de la que fue una respetada jurista de San Sebastián. La hija de un catedrático de Derecho Político que se sabía la Ilíada de Homero de memoria y que pasaba los veranos de su infancia en Francia y Alemania. La locura (y misterio) de una mujer que fue la mejor profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, de una superdotada que se refugió en el alcohol después de que, según su entorno, un policía con mucho poder (el comisario de las cloacas) hiciera todo lo posible para sacarle a la luz trapos sucios, desquiciarla y apartarla de la carrera judicial. Lo logró. Ella incluso creía que había intentado quemarle su casa.

MEMORIA DE ELEFANTE

Cillán, cuando estaba hospitalizada en La Paz (Madrid).CRÓNICA
La sorda cacería tuvo como escenario primigenio los juzgados de Plaza de Castilla. Allí todos los funcionarios conocían a Coro Cillán. Su presencia, la de una mujer corpulenta con bravo carácter, no pasaba desapercibida. Pero lo que más resaltaba era su inteligencia y su capacidad para recordar al detalle cada nombre, cada fecha, cada caso. Coro había pasado antes, dejando huella, por la Sección Primera de la Audiencia de Guipúzcoa. Allí se ganó la fama de «tardona», porque se tomaba su tiempo en dictar sentencia, por lo que fue expedientada hasta en tres ocasiones. En el País Vasco también ondeaba su pasado cercano al franquismo, su ideología de extrema derecha y su momento en la política con 29 años, cuando fue como número 2 de Unión Foral del País Vasco por Guipúzcoa en las elecciones generales de 1979.

En Madrid, a dos kilómetros del juzgado donde trabajaba Coro Cillán, bajando el paseo de la Castellana, en lo alto de la Torre Picasso, el comisario José Manuel Villarejo tenía varias oficinas desde donde controlaba un entramado empresarial que le ha había hecho millonario. Según ha ido trascendiendo a partir de su detención y encarcelamiento, ya en aquella época el entonces desconocido policía hacía ciertos trabajos para el BBVA, como «informes de inteligencia y utilizables en el ámbito de luchas personales», según relata ahora el juez que instruye el caso Tándem. [Está afectado por él la dirección del BBVA y su entonces presidente, Francisco González, por contratar al comisario para el espionaje de rivales]. También pasaba el tiempo redactando otro tipo de informes, como el de la fortuna y trapos sucios de Gabriel Obiang Lima, uno de los hijos del presidente de Guinea Ecuatorial, con el objetivo de desprestigiarle. Un alto cargo del país africano se lo encargó a Villarejo a través de su colega Carlos Salamanca, también comisario, por 5,3 millones de euros. Y, por último, también trabajaba con el que era jefe de la unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, para frenar el proceso independentista en Cataluña. Formaba parte de la bautizada como Policía patriótica.
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Es aquí, en la llamada operación Cataluña, donde aparece otro personaje que pone a la jueza en la diana del comisario. Se trata del ex financiero Javier de la Rosa, que había denunciado ser víctima de amenazas y coacciones por disponer de información sobre las supuestas cuentas en Suiza del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. La denuncia acabó en manos de Coro Cillán.

En enero de 2013, después de que la jueza pidiera (y presionara) a De la Rosa que ratificara su denuncia con pruebas, éste se echó para atrás alegando que no sabía con seguridad si Pujol tenía cuentas en Suiza. Lo que la jueza no sabía entonces es que, un mes antes, había tenido lugar una conversación telefónica entre el financiero y Villarejo en la que el comisario se ofrecía a mover los hilos para quitar a Cillán la jurisdicción del caso Pujol.

Esa información no salió publicada hasta tres años después -el diario Público sacó en 2016 la grabación de la conversación entre De la Rosa y Villarejo, que se hacía pasar por un abogado llamado Manuel Villar-. Fue entonces cuando la jueza interpuso una querella criminal contra el policía de las cloacas. Quien era el abogado de Coro Cillán, José Luis Abascal, no tiene duda de que el audio es la prueba de que Villarejo quería acabar con la carrera de Coro.


La transcripción de aquella conversación fue incorporada a la querella de la jueza contra el comisario. Crónica ha tenido acceso a su literalidad. «Javier de la Rosa», se expone, «se queja a su abogado [Villarejo] de que Coro Cillán es una incontinente verbal y no está controlada. Que es una loca que sólo busca notoriedad y que tiene que detener las filtraciones que hace a la prensa [en referencia al contenido de su denuncia a Pujol, que publicó EL MUNDO]». Y Villarejo responde, literalmente: «Yo voy a... o sea, esta mañana se va a hablar con esta señora y se le va a quitar totalmente la jurisdicción, para lo cual necesito un día para hablar con la Audiencia Nacional y que la Audiencia Nacional admita todo el cuerpo, no solamente tu tema, sino los otros temas que tú ya conoces, y llevarlos adelante». En el escrito también aparece que Villarejo le contó todo al juez decano de Plaza de Castilla, José Luis González Armengol, y que éste habló con Coro Cillán y le «dio un tirón de orejas».

DELITO DE USURPACIÓN
La jueza acusó a Villarejo de un delito de usurpación (por hacerse pasar por un abogado), tráfico de influencias y cohecho. En cambio, en enero de 2016, la magistrada Dolores Baeza, del juzgado de instrucción número 12 de Madrid, lo desestimó porque de «la grabación no se desprende que el interlocutor sea la persona referida en la querella» ni que la demandante «haya recibido ningún tipo de amenaza posterior a esta conversación». Fin del litigio. «Presentamos un recurso y el nuevo auto de la jueza esta vez ya no negaba que fuera Villarejo el que habla, sino que dudaba de que el otro sea Javier de la Rosa. No tiene sentido», critica el letrado Abascal.


Coro siempre tuvo claro quién había urdido el exitoso plan para acabar con su carrera. A él también le culpó de que dos años después de esa conversación, en 2014, fuese inhabilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por prevaricar en el caso de la discoteca Moma. Coro ordenó cerrar el local madrileño y nombrar como uno de los administradores a un amigo -su entorno dice que en realidad era su pareja-, el abogado de Castellón Francisco Javier Caballero, con un sueldo de 2.500 euros al mes.


La magistrada María del Coro Cillán y García de Iturrospe saliendo de su juzgado en Madrid en 2012.
«Lo del Moma fue una trampa, un montaje. Un socio de la discoteca presenta la denuncia contra el otro socio por la noche, sabiendo que ella estaba de guardia en el juzgado. Y pide que se ponga una administración judicial porque su compañero se está quedando con todo el dinero. Y Coro pone a un administrador que era amigo suyo, que luego ni siquiera se presentó como testigo en su defensa. Además, el socio de la discoteca que fue a poner la denuncia inicial y al que también nombró administrador después, se persona como acusación contra la jueza siendo uno de los beneficiados por la prevaricación. No tiene ningún sentido», dice un letrado de Plaza de Castilla conocedor del caso y que pide mantener el anonimato.

«La inhabilitación la hundió. La última vez que hablamos me dijo que había una persona que estaba detrás de todo y que era un comisario corrupto [Villarejo, que aún no era conocido para el gran público]».

Otro abogado cercano al juzgado donde trabajaba Coro Cillán también tiene su particular opinión del caso: «Ella ya no estaba psicológicamente bien. Y esa gente que fue a por ella conocía sus debilidades... Siempre ha sido una jueza bastante tramposa, y lo del Moma fue el movimiento perfecto para quitársela de encima». El letrado destaca igualmente que la primera vez que oyó a Coro hablar del comisario Villarejo fue a finales de 2011, cuando era la instructora de la causa abierta al ex jefe de los Tedax por su actuación en los atentados del 11-M. «Fue un hombre fuerte del PP, Jaime Mayor Oreja, quien me pidió que admitiera a trámite una querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y ese comisario estaba al tanto y lo intentó parar. Nunca debí aceptar participar en las teorías de la conspiración», le contaría una arrepentida Coro a su colega abogado.

Lo que ocurrió tras su inhabilitación lo reconstruimos a través de nueve testimonios de juristas y amigos de la jueza. «Se pasó dos años deambulando por Plaza de Castilla, tenía muchos problemas con el alcohol, estaba todo el día bebiendo cerveza. Llegó un momento en el que ya ni la dejaban entrar a los bares», explica un camarero que conoció bien a la jueza. Una madrugada, hasta se acercó borracha al juzgado de guardia y se cayó en la puerta. No veía bien por la embriaguez y por las cataratas que padecía. Una ambulancia la recogió y la ingresó en el hospital La Paz. Allí estuvo tres meses, pasando por traumatología y después por psiquiatría.

"DE JUEZA A INDIGENTE"
Durante su estancia en el hospital, Interviú publicó un reportaje (junio de 2016) con Coro Cillán como protagonista: «De jueza a indigente», tituló la revista. «Se colaron hasta la habitación donde estaba ingresada, la fotografiaron y publicaron que vivía en la calle. Es falso y eso terminó de desprestigiarla del todo. Sólo hay que ver que el director entonces de la revista [y luego director de Información Nacional en Moncloa, con Pedro Sánchez ya de presidente], Alberto Pozas, está hoy imputado por entregar ese año a Villarejo un pendrive con datos personales de Pablo Iglesias. Está clara la conexión que existe», asegura el abogado José Luis Abascal, que fue quien llevó la querella criminal que la jueza puso contra el comisario.

«Nunca ha vivido en la calle. Coro estaba muy mal, pero tenía alquilado un apartamento en Plaza de Castilla. Cómo iba a ser una indigente una persona que estaba jubilada y cobrando 2.500 euros de pensión», explica una buena amiga suya, Jacinta, que asegura que se hacía pasar por la prima de la jueza para poder ir a visitarla a La Paz. «Yo la conocí cuando ya estaba muy mal, deambulando por las calles. Tenía mucho miedo. Y la intenté ayudar. Temía que si hablaba más de la cuenta un día le iba a pasar algo. Decía que ya le intentaron quemar la casa [en 2011] cuando investigaba al jefe de los Tedax durante el 11-M. Y siempre señalaba al tipo que salía en la tele, al tal Villarejo».

EL CNI
La amiga de Coro relata un episodio que vivió en una de sus visitas al hospital. A la jueza la iban a ver a menudo dos hombres, Paco y Carlos, de los que decía que eran aviadores amigos suyos. Hasta que un día, Coro le confesó que realmente eran agentes del Centro Nacional de Inteligencia («porque se lo dijo otro amigo en común y además había visto unos papeles sobre su incapacitación solicitados por estos dos hombres»). Fuentes policiales sitúan a Paco N. C. como a un coronel que colaboraba con el CNI, pero no precisan más detalles. Al contactar con Paco, ni reconoce ni desmiente los hechos. «Soy una persona independiente... preocupado por doña Coro y por otros temas sociales», responde a Crónica.

Después de estar en La Paz, la Comunidad de Madrid se hizo cargo provisionalmente de la jueza. Pasó al centro de mayores Casablanca, en el barrio de El Plantío, a apenas seis kilómetros de la sede del CNI. «Un día fui a verla y me encontré en la puerta de la residencia con un hombre un poco extraño. Estaba hablando por teléfono y le escuché decir textualmente: "El Servicio nos informa de que Coro Cillán está ingresada en El Plantío". Era todo muy raro, no entendía nada. Y encima después no me dejaron verla», cuenta otra amiga de su etapa en San Sebastián. El hombre al que se refiere era Paco N. C.

Meses después, mediado 2017, Cillán fue enviada lejos. A Palencia, al centro de rehabilitación psicosocial San Juan de Dios. En la página web del centro se explican los criterios de inclusión de los pacientes que reciben: «Enfermo mental crónico con trastorno psiquiátrico grave que dificulta su adaptación social y personal que le impide su integración». Los amigos de la jueza no entienden qué hace en Palencia. «La han aislado. No nos dejan visitarla», sostienen.

Mercedes Gil, la actual abogada de Coro, dice que han iniciado hasta cinco procesos judiciales para denunciar la situación de su clienta. «No existe ninguna sentencia que la haya incapacitado. No sabemos qué está pasando. Está forzosamente en el centro y nadie nos explica por qué la tienen aislada y por qué está allí sin estar incapacitada», denuncia. Y dice más: «La última vez que pude ir a verla fue el pasado octubre y estaba totalmente equilibrada y... no puedo decir más sin hablar con Coro y sin que me dé autorización para contar todo lo que sé».

Aún queda algún capítulo más en la historia de Coro Cillán, a la espera de una resolución judicial que aclare su situación. Una historia que se tambalea entre la locura y la lucidez, y que tiene en un foco distorsionado a un comisario al que acusan de enloquecer a una jueza muy vulnerable.