Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 200912 veces)

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2460 en: 04 de Agosto de 2019, 16:04:08 pm »

EL POLICÍA DE LAS CLOACAS

 La penitencia y caída de Coro Cillán



La jueza 'enloquecida' por el comisario Villarejo


LUCAS DE LA CAL
Domingo, 4 agosto 2019 - 02:01

Coro Cillán, en el centro de rehabilitación psicosocial de Palencia.
CRÓNICA

Invierno de 2012, pasillos del juzgado de instrucción número 43 de Madrid. María del Coro Cillán y García de Iturrospe (San Sebastián, 1949), una veterana jueza, titular del tribunal, comenta a una amiga de la Fiscalía que hay un comisario corrupto muy cercano a la Dirección General de la Policía Nacional que quiere acabar con su carrera. Lo repite convencida un par de veces más, sin titubear. Insiste en que un par de compañeros de la judicatura le han advertido de las malévolas intenciones del policía. Coro alega que aquel tipo, que tiene «amigos muy poderosos», le cogió «manía desde que abrió la causa del 11-M y empezó a investigar al entonces jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, por una supuesta falsificación de pruebas». Un mes después, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa. Caso cerrado. O no. Porque el comisario no desistió en su empeño de acabar para siempre con la carrera de Coro Cillán. «Indirectamente lo consiguió. Ese hombre empezó a mover tantos hilos por detrás que logró desquiciarla, volverla loca», asegura hoy su amiga de la Fiscalía.

Siete años después de aquella conversación en los pasillos del juzgado, el comisario al que se refería la jueza, entonces un desconocido José Manuel Villarejo (67 años), está en prisión por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Y Coro Cillán (70 años), que fue inhabilitada por un caso de prevaricación en 2014, está ingresada en el Centro de Rehabilitación Psicosocial San Juan de Dios, en Palencia. Un lugar donde acaban personas incapacitadas legalmente por trastornos psiquiátricos graves. Aunque, en realidad, la jueza Coro nunca ha sido incapacitada.

«Nadie entiende qué hace allí. Además, la tienen aislada, como si no quisieran que hablara con nadie», manifiesta su amiga de la Fiscalía. Otra mujer, una abogada contratada por otra colega de la magistrada, ha iniciado varios requerimientos judiciales solicitando información sobre la situación de Coro y el motivo por el que está ingresada en un centro psiquiátrico sin que nadie pueda ir a verla.

Ésta es la historia de la bajada a los infiernos de la que fue una respetada jurista de San Sebastián. La hija de un catedrático de Derecho Político que se sabía la Ilíada de Homero de memoria y que pasaba los veranos de su infancia en Francia y Alemania. La locura (y misterio) de una mujer que fue la mejor profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, de una superdotada que se refugió en el alcohol después de que, según su entorno, un policía con mucho poder (el comisario de las cloacas) hiciera todo lo posible para sacarle a la luz trapos sucios, desquiciarla y apartarla de la carrera judicial. Lo logró. Ella incluso creía que había intentado quemarle su casa.

MEMORIA DE ELEFANTE

Cillán, cuando estaba hospitalizada en La Paz (Madrid).CRÓNICA
La sorda cacería tuvo como escenario primigenio los juzgados de Plaza de Castilla. Allí todos los funcionarios conocían a Coro Cillán. Su presencia, la de una mujer corpulenta con bravo carácter, no pasaba desapercibida. Pero lo que más resaltaba era su inteligencia y su capacidad para recordar al detalle cada nombre, cada fecha, cada caso. Coro había pasado antes, dejando huella, por la Sección Primera de la Audiencia de Guipúzcoa. Allí se ganó la fama de «tardona», porque se tomaba su tiempo en dictar sentencia, por lo que fue expedientada hasta en tres ocasiones. En el País Vasco también ondeaba su pasado cercano al franquismo, su ideología de extrema derecha y su momento en la política con 29 años, cuando fue como número 2 de Unión Foral del País Vasco por Guipúzcoa en las elecciones generales de 1979.

En Madrid, a dos kilómetros del juzgado donde trabajaba Coro Cillán, bajando el paseo de la Castellana, en lo alto de la Torre Picasso, el comisario José Manuel Villarejo tenía varias oficinas desde donde controlaba un entramado empresarial que le ha había hecho millonario. Según ha ido trascendiendo a partir de su detención y encarcelamiento, ya en aquella época el entonces desconocido policía hacía ciertos trabajos para el BBVA, como «informes de inteligencia y utilizables en el ámbito de luchas personales», según relata ahora el juez que instruye el caso Tándem. [Está afectado por él la dirección del BBVA y su entonces presidente, Francisco González, por contratar al comisario para el espionaje de rivales]. También pasaba el tiempo redactando otro tipo de informes, como el de la fortuna y trapos sucios de Gabriel Obiang Lima, uno de los hijos del presidente de Guinea Ecuatorial, con el objetivo de desprestigiarle. Un alto cargo del país africano se lo encargó a Villarejo a través de su colega Carlos Salamanca, también comisario, por 5,3 millones de euros. Y, por último, también trabajaba con el que era jefe de la unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, para frenar el proceso independentista en Cataluña. Formaba parte de la bautizada como Policía patriótica.
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Es aquí, en la llamada operación Cataluña, donde aparece otro personaje que pone a la jueza en la diana del comisario. Se trata del ex financiero Javier de la Rosa, que había denunciado ser víctima de amenazas y coacciones por disponer de información sobre las supuestas cuentas en Suiza del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. La denuncia acabó en manos de Coro Cillán.

En enero de 2013, después de que la jueza pidiera (y presionara) a De la Rosa que ratificara su denuncia con pruebas, éste se echó para atrás alegando que no sabía con seguridad si Pujol tenía cuentas en Suiza. Lo que la jueza no sabía entonces es que, un mes antes, había tenido lugar una conversación telefónica entre el financiero y Villarejo en la que el comisario se ofrecía a mover los hilos para quitar a Cillán la jurisdicción del caso Pujol.

Esa información no salió publicada hasta tres años después -el diario Público sacó en 2016 la grabación de la conversación entre De la Rosa y Villarejo, que se hacía pasar por un abogado llamado Manuel Villar-. Fue entonces cuando la jueza interpuso una querella criminal contra el policía de las cloacas. Quien era el abogado de Coro Cillán, José Luis Abascal, no tiene duda de que el audio es la prueba de que Villarejo quería acabar con la carrera de Coro.


La transcripción de aquella conversación fue incorporada a la querella de la jueza contra el comisario. Crónica ha tenido acceso a su literalidad. «Javier de la Rosa», se expone, «se queja a su abogado [Villarejo] de que Coro Cillán es una incontinente verbal y no está controlada. Que es una loca que sólo busca notoriedad y que tiene que detener las filtraciones que hace a la prensa [en referencia al contenido de su denuncia a Pujol, que publicó EL MUNDO]». Y Villarejo responde, literalmente: «Yo voy a... o sea, esta mañana se va a hablar con esta señora y se le va a quitar totalmente la jurisdicción, para lo cual necesito un día para hablar con la Audiencia Nacional y que la Audiencia Nacional admita todo el cuerpo, no solamente tu tema, sino los otros temas que tú ya conoces, y llevarlos adelante». En el escrito también aparece que Villarejo le contó todo al juez decano de Plaza de Castilla, José Luis González Armengol, y que éste habló con Coro Cillán y le «dio un tirón de orejas».

DELITO DE USURPACIÓN
La jueza acusó a Villarejo de un delito de usurpación (por hacerse pasar por un abogado), tráfico de influencias y cohecho. En cambio, en enero de 2016, la magistrada Dolores Baeza, del juzgado de instrucción número 12 de Madrid, lo desestimó porque de «la grabación no se desprende que el interlocutor sea la persona referida en la querella» ni que la demandante «haya recibido ningún tipo de amenaza posterior a esta conversación». Fin del litigio. «Presentamos un recurso y el nuevo auto de la jueza esta vez ya no negaba que fuera Villarejo el que habla, sino que dudaba de que el otro sea Javier de la Rosa. No tiene sentido», critica el letrado Abascal.


Coro siempre tuvo claro quién había urdido el exitoso plan para acabar con su carrera. A él también le culpó de que dos años después de esa conversación, en 2014, fuese inhabilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por prevaricar en el caso de la discoteca Moma. Coro ordenó cerrar el local madrileño y nombrar como uno de los administradores a un amigo -su entorno dice que en realidad era su pareja-, el abogado de Castellón Francisco Javier Caballero, con un sueldo de 2.500 euros al mes.


La magistrada María del Coro Cillán y García de Iturrospe saliendo de su juzgado en Madrid en 2012.
«Lo del Moma fue una trampa, un montaje. Un socio de la discoteca presenta la denuncia contra el otro socio por la noche, sabiendo que ella estaba de guardia en el juzgado. Y pide que se ponga una administración judicial porque su compañero se está quedando con todo el dinero. Y Coro pone a un administrador que era amigo suyo, que luego ni siquiera se presentó como testigo en su defensa. Además, el socio de la discoteca que fue a poner la denuncia inicial y al que también nombró administrador después, se persona como acusación contra la jueza siendo uno de los beneficiados por la prevaricación. No tiene ningún sentido», dice un letrado de Plaza de Castilla conocedor del caso y que pide mantener el anonimato.

«La inhabilitación la hundió. La última vez que hablamos me dijo que había una persona que estaba detrás de todo y que era un comisario corrupto [Villarejo, que aún no era conocido para el gran público]».

Otro abogado cercano al juzgado donde trabajaba Coro Cillán también tiene su particular opinión del caso: «Ella ya no estaba psicológicamente bien. Y esa gente que fue a por ella conocía sus debilidades... Siempre ha sido una jueza bastante tramposa, y lo del Moma fue el movimiento perfecto para quitársela de encima». El letrado destaca igualmente que la primera vez que oyó a Coro hablar del comisario Villarejo fue a finales de 2011, cuando era la instructora de la causa abierta al ex jefe de los Tedax por su actuación en los atentados del 11-M. «Fue un hombre fuerte del PP, Jaime Mayor Oreja, quien me pidió que admitiera a trámite una querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y ese comisario estaba al tanto y lo intentó parar. Nunca debí aceptar participar en las teorías de la conspiración», le contaría una arrepentida Coro a su colega abogado.

Lo que ocurrió tras su inhabilitación lo reconstruimos a través de nueve testimonios de juristas y amigos de la jueza. «Se pasó dos años deambulando por Plaza de Castilla, tenía muchos problemas con el alcohol, estaba todo el día bebiendo cerveza. Llegó un momento en el que ya ni la dejaban entrar a los bares», explica un camarero que conoció bien a la jueza. Una madrugada, hasta se acercó borracha al juzgado de guardia y se cayó en la puerta. No veía bien por la embriaguez y por las cataratas que padecía. Una ambulancia la recogió y la ingresó en el hospital La Paz. Allí estuvo tres meses, pasando por traumatología y después por psiquiatría.

"DE JUEZA A INDIGENTE"
Durante su estancia en el hospital, Interviú publicó un reportaje (junio de 2016) con Coro Cillán como protagonista: «De jueza a indigente», tituló la revista. «Se colaron hasta la habitación donde estaba ingresada, la fotografiaron y publicaron que vivía en la calle. Es falso y eso terminó de desprestigiarla del todo. Sólo hay que ver que el director entonces de la revista [y luego director de Información Nacional en Moncloa, con Pedro Sánchez ya de presidente], Alberto Pozas, está hoy imputado por entregar ese año a Villarejo un pendrive con datos personales de Pablo Iglesias. Está clara la conexión que existe», asegura el abogado José Luis Abascal, que fue quien llevó la querella criminal que la jueza puso contra el comisario.

«Nunca ha vivido en la calle. Coro estaba muy mal, pero tenía alquilado un apartamento en Plaza de Castilla. Cómo iba a ser una indigente una persona que estaba jubilada y cobrando 2.500 euros de pensión», explica una buena amiga suya, Jacinta, que asegura que se hacía pasar por la prima de la jueza para poder ir a visitarla a La Paz. «Yo la conocí cuando ya estaba muy mal, deambulando por las calles. Tenía mucho miedo. Y la intenté ayudar. Temía que si hablaba más de la cuenta un día le iba a pasar algo. Decía que ya le intentaron quemar la casa [en 2011] cuando investigaba al jefe de los Tedax durante el 11-M. Y siempre señalaba al tipo que salía en la tele, al tal Villarejo».

EL CNI
La amiga de Coro relata un episodio que vivió en una de sus visitas al hospital. A la jueza la iban a ver a menudo dos hombres, Paco y Carlos, de los que decía que eran aviadores amigos suyos. Hasta que un día, Coro le confesó que realmente eran agentes del Centro Nacional de Inteligencia («porque se lo dijo otro amigo en común y además había visto unos papeles sobre su incapacitación solicitados por estos dos hombres»). Fuentes policiales sitúan a Paco N. C. como a un coronel que colaboraba con el CNI, pero no precisan más detalles. Al contactar con Paco, ni reconoce ni desmiente los hechos. «Soy una persona independiente... preocupado por doña Coro y por otros temas sociales», responde a Crónica.

Después de estar en La Paz, la Comunidad de Madrid se hizo cargo provisionalmente de la jueza. Pasó al centro de mayores Casablanca, en el barrio de El Plantío, a apenas seis kilómetros de la sede del CNI. «Un día fui a verla y me encontré en la puerta de la residencia con un hombre un poco extraño. Estaba hablando por teléfono y le escuché decir textualmente: "El Servicio nos informa de que Coro Cillán está ingresada en El Plantío". Era todo muy raro, no entendía nada. Y encima después no me dejaron verla», cuenta otra amiga de su etapa en San Sebastián. El hombre al que se refiere era Paco N. C.

Meses después, mediado 2017, Cillán fue enviada lejos. A Palencia, al centro de rehabilitación psicosocial San Juan de Dios. En la página web del centro se explican los criterios de inclusión de los pacientes que reciben: «Enfermo mental crónico con trastorno psiquiátrico grave que dificulta su adaptación social y personal que le impide su integración». Los amigos de la jueza no entienden qué hace en Palencia. «La han aislado. No nos dejan visitarla», sostienen.

Mercedes Gil, la actual abogada de Coro, dice que han iniciado hasta cinco procesos judiciales para denunciar la situación de su clienta. «No existe ninguna sentencia que la haya incapacitado. No sabemos qué está pasando. Está forzosamente en el centro y nadie nos explica por qué la tienen aislada y por qué está allí sin estar incapacitada», denuncia. Y dice más: «La última vez que pude ir a verla fue el pasado octubre y estaba totalmente equilibrada y... no puedo decir más sin hablar con Coro y sin que me dé autorización para contar todo lo que sé».

Aún queda algún capítulo más en la historia de Coro Cillán, a la espera de una resolución judicial que aclare su situación. Una historia que se tambalea entre la locura y la lucidez, y que tiene en un foco distorsionado a un comisario al que acusan de enloquecer a una jueza muy vulnerable.


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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2461 en: 04 de Agosto de 2019, 21:20:09 pm »
Pués si es cierto todo lo que aquí de dice . . . un verdadero infierno el que ha vivido tu vive ésta mujer.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2462 en: 29 de Agosto de 2019, 07:30:52 am »


La escalada de delincuencia en Barcelona golpea a los jueces: “no damos abasto”


Denuncian que los tiempos establecidos y el auge de los delitos no les permite entrar al fondo de los asuntos y dictar sentencias condenatorias

Varios mossos identifican a un carterista en Barcelona.
photo_cameraVarios mossos identifican a un carterista en Barcelona.
29/08/19 access_time 1:03
La escalada de delincuencia en Barcelona no sólo está pasando factura a los habitantes de la ciudad condal y a los turistas. También está comenzando a afectar de manera seria a los jueces que ejercen en la capital catalana.

Confidencial Digital ha contactado con varios magistrados que han ofrecido su testimonio personal del ejercicio de la carrera en estos momentos, cuando el número de robos con violencia ha aumentado un 31% durante el primer semestre de este año (del 58,6% acumulado en tres años), según publicó El Periódico de Cataluña.

Sólo entre enero y junio, se presentaron 67.276 denuncias por hurto en Barcelona, sin contar los robos con y sin violencia u otros delitos como las agresiones o las agresiones sexuales.

El reparto de la carga de trabajo
Los jueces contactados por ECD se muestran “preocupados” por una opinión cada vez más generalizada según la cual la Justicia no castiga lo suficiente a los delincuentes y en especial a los reincidentes, ya que muchos de ellos quedan en libertad tras pasar a disposición judicial.

Estos magistrados señalan que se trata de una opinión infundada, ya que se les aplica la ley “como al resto de detenidos” en otras circunstancias, cuando el número de delitos era menor en Barcelona.


Sin embargo, a la vez señalan que la escalada de delincuencia les está dificultando el trabajo, hasta el punto de que algunos días han llegado a quejarse: “no damos abasto con tantos asuntos”.

Achacan la situación a una circunstancia muy concreta: el reparto de las cargas de trabajo, que en algunos casos, les obliga a “dedicar no más de diez minutos a un procedimiento” si se quiere cumplir con los estándares aprobados por el CGPJ.

“Si otros años la situación ya era preocupante, ahora que las denuncias no dejan de aumentar, es peor todavía”, manifiestan a este confidencial.

Los reincidentes
Lo ilustran con un ejemplo: “quizá lo más alarmante de Barcelona es el fuerte carácter de reincidencia de muchos de los delincuentes”, que se sienten impunes “porque no les enviamos a prisión” y por tanto vuelven a delinquir.

“Se nos echa la culpa porque no les mandamos a prisión”, explican estos jueces, “pero para que podamos ordenar su ingreso en un centro penitenciario, debe haber necesariamente tres condenas firmes por los mismos delitos en los últimos seis meses”.

Según cuentan a este confidencial, “al ritmo que vamos, eso es imposible”. “Si tenemos que alcanzar un mínimo de asuntos resueltos para mantenernos en los estándares y poder mejorar en la carrera, es inviable”, aseguran.

Este nivel de eficacia no les deja más remedio que “elegir entre enfermar o resolver con la puesta en libertad y confiar en que la detención haya surtido efecto y les disuada de volver a delinquir”, algo que no suele ocurrir.

“Es la pescadilla que se muerde la cola”, lamentan, ya que una sentencia condenatoria exige “un estudio más serio, lógicamente, que el de un auto”, y el ritmo de trabajo les impide “entrar al fondo del asunto y fundamentar bien la pena de prisión”.

Denuncias ante el Supremo y la AN
Las quejas por la sobrecarga de trabajo no son nuevas en la carrera judicial. A finales de julio, Jueces y Juezas para la Democracia denunció al CGPJ y al Ministerio de Justicia ante la Inspección de Trabajo por la situación laboral de los jueces de lo social de Barcelona, Tarragona y Reus.

Además, está pendiente la sentencia de la Audiencia Nacional tras la denuncia presentada por las asociaciones judiciales contra el CGPJ por este mismo asunto.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente ampliaron la denuncia a Justicia y a las comunidades autónomas con la competencia transferida.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2463 en: 10 de Septiembre de 2019, 13:46:02 pm »


El juez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por conspirar contra Victoria Rosell


El Tribunal Superior de Justicia de Canarias le atribuye los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficialEl magistrado deberá pagar además 60.000 euros a la actual diputada de Podemos por los daños morales ocasionados como consecuencia de lo que la Fiscalía describió como "un acuerdo corrupto"


El juez Alba, junto al abogado Pedro Ayala, en la tercera sesión del juicio. (EFE)
Por Canarias Ahora
10 sep 2019 12:37

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al juez Salvador Alba a seis años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación por conspirar contra la también magistrada y actual diputada de Podemos Victoria Rosell durante los meses en los que la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.


En una sentencia notificada este martes a las partes, la Sala de lo Penal del alto tribunal canario atribuye al magistrado, suspendido de funciones desde julio de 2018,  los delitos de prevaricación, en concurso con el de cohecho, y falsedad en documento oficial. El magistrado suspendido queda absuelto del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y de la revelación de secretos.

Alba deberá además indemnizar a Rosell con 60.000 euros por los daños morales ocasionados como consecuencia de esta operación. La actual diputada de Podemos tuvo que renunciar a la Diputación Permanente del Congreso después de que el Tribunal Supremo admitiera, gracias a un informe de Alba ahora declarado falso, la querella que el exministro José Manuel Soria había presentado contra ella.

La Fiscalía pedía diez años de cárcel y 29 de inhabilitación para el magistrado por lo que describió como “un acuerdo corrupto” para desacreditar a la jueza Rosell.


Alba se reunió de forma clandestina el 16 de marzo de 2016 en su despacho de la Audiencia Provincial de Las Palmas con Miguel Ángel Ramírez, empresario a quien investigaba por fraude fiscal, para maquinar una declaración en sede judicial del entonces presidente de Seguridad Integral Canaria para desvelar la supuesta existencia de vínculos comerciales  con sociedades del periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la jueza que había instruido su causa desde 2014. Negocios que, "de haberlos habido", se remontarían a 2009, cinco años antes de que la actual diputada de Podemos abriera diligencias contra Ramírez, según manifestó la fiscal Evangelina Rios en la vista. 

Ese acuerdo pretendía un doble objetivo: el archivo del procedimiento por un supuesto incumplimiento del deber de abstención de la jueza y alimentar la querella del exministro Soria contra Rosell, que había pedido la excedencia para concurrir a las elecciones generales de diciembre de 2015 en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas.

La condena implica la pérdida definitiva de la condición de juez para Alba, que puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El TSJC ha denegado además la autorización al magistrado para interponer una querella por calumnias contra Miguel Ángel Ramírez, el empresario que grabó y entregó en los juzgados la conversación que ambos mantuvieron en el despacho de Alba, en la que se pactaron los términos de la operación para perjudicar a Rosell. En su declaración como testigo, el expresidente de Seguridad Integral Canaria (SIC) comparó los métodos del ahora condenado con los propios de "la mafia de Chicago en los años 30".

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2464 en: 17 de Septiembre de 2019, 17:22:41 pm »

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« Respuesta #2465 en: 20 de Septiembre de 2019, 20:12:17 pm »


ABREN JUICIO AL JUEZ DE BALEARES QUE REQUISÓ Y ORDENÓ INVESTIGAR TELÉFONOS DE PERIODISTAS   





El juez Miguel Florit a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Baleares. | Europa Press
CASO CURSACH
Abren juicio al juez de Baleares que requisó y ordenó investigar teléfonos de periodistas
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El Tribunal Superior de Justicia de Baleares abre juicio al magistrado Miguel Florit por varios presuntos delitos cometidos al ordenar la requisa de móviles de dos periodistas, en el marco del caso Cursach.

   
POLÍTICA 20.09.2019 15:16 EFE
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha acordado la apertura de juicio oral contra el magistrado Miguel Florit por varios presuntos delitos cometidos al ordenar la requisa de móviles de periodistas y el control de sus comunicaciones en el marco del caso Cursach.

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En un auto notificado esta mañana, el TSJIB también abre juicio oral contra el Estado como responsable civil subsidiario y fija una fianza para el juez de 60.166 euros, para asegurar las responsabilidades pecuniarias a que pudiera haber lugar en esta causa, ha informado el TSJIB.

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Las acusaciones, que son la editora de Diario de Mallorca, los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, la Agencia EFE, Europa Press, y la Asociación de Medios de la Información, calificaron los hechos en sus escritos de acusación como prevaricación, delito contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del secreto profesional y el derecho a la intimidad y de interceptación ilegal de comunicaciones.

En el auto, la magistrada Felisa Vidal asegura que de lo actuado "se infiere que los hechos investigados revisten los caracteres de delito y que existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado".

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2466 en: 30 de Septiembre de 2019, 06:35:24 am »




Pone un detective al juez que falló en su contra y descubre que tiene una relación con su exmujer

Dura sanción del Consejo General del Poder Judicial al magistrado: un año y medio de suspensión de empleo y sueldo.

30 septiembre, 2019 02:49
María Peral @Maria_peral


Un juez destinado en un pueblo de Ávila ha sido suspendido en el ejercicio del cargo por el Consejo General del Poder Judicial por intervenir en un pleito de familia fallando en contra del padre -al que aumentó el importe de la pensión de alimentos y redujo los días de visita a su hija- mientras mantenía una amistad íntima con la madre.

La relación del magistrado con la mujer fue descubierta por el exmarido, que encargó una investigación a un detective privado el mismo día que conoció la resolución por la que el juez S.A. incrementaba de 200 a 450 euros mensuales la pensión que el padre debía pagar a la menor dando por buena la alegación de la madre de que el progenitor había visto incrementado su poder adquisitivo, lo que no era cierto.

El juez también suprimió la estancia de la niña con su padre los martes por la tarde basándose en la afirmación de la madre de que pasaba el tiempo con los abuelos y no con el progenitor.

Ambas medidas contrarias al padre fueron anuladas posteriormente por la jueza que sustituyó a S.A., al considerar que se habían acordado pese a la "carencia de cualquier soporte probatorio", indicaba la magistrada en la resolución.
La denuncia

El expediente disciplinario fue iniciado por el órgano de gobierno de los jueces a raíz de una denuncia del padre en la que exponía su asombro al conocer la decisión del juez S.A. de estimar parcialmente una demanda de modificación de medidas presentada por su exesposa, modificación "absoluta y sorprendentemente injusta".

Ese mismo día contrató a un detective habilitado por el Ministerio del Interior con el encargo de "investigar, en el ámbito de la custodia de mejores, a doña [exmujer] en cuanto a la diligencia en el cuidado de la menor, el tiempo que la madre dedica a su estancia con su hija, ocio y rutinas y el tiempo que pasa en compañía de los abuelos maternos".

El detective se encontró con un varón -que resultó ser el juez S.A.- "paseando con la demandante, besándose, acudiendo al colegio de la menor, subiendo a la menor al propio coche de S.A. con la madre, junto al domicilio de los abuelos maternos o interactuando con la niña (....), situaciones que no dan lugar a dudas de una relación sentimental, de confianza y creada con suficiente tiempo para poder estar familiarizado y asumido por el entorno de la familia" de la mujer.

A la vista del informe del investigador privado, la defensa del demandado dirigió un escrito al Juzgado en el que, entre otros extremos, proponía la declaración del detective como testigo. Fue entonces cuando S.A. supo que había una investigación sobre la exmujer del demandado que podía comprometerle, aunque no pudo conocer su contenido en ese momento porque, debido al volumen del documento, no fue admitido por el sistema de comunicación electrónica Lexnet.
Las fotos

El informe del detective llegó al Juzgado cuatro días después. En él figuraban fotos del juez y la exmujer del demandado.

Éste entregó, además, una imagen de ambos en una celebración oficial en Ávila que había tenido lugar justo el mismo día en que S.A. dictó el auto modificando, en contra del progenitor, las medidas paterno-filiales. Manifestó que unos conocidos se la habían enviado al teléfono.



Foto del juez y su exmujer aportada por el demandante./ E.E.

El mismo día en que la investigación del detective entró en el Juzgado, el magistrado dictó una resolución para "poner en conocimiento de las partes y del Tribunal correspondiente que se solicita la abstención del presente procedimiento, habida cuenta que, se ha quedado varias veces con la actora [la demandante] en concreto los días 5, 6, 7 y 11 de junio del 2018, para tratar temas relativos al trabajo que sobre violencia de género vengo realizando, y que si bien aún no concurre la causa de abstención relativa a amistad íntima, sí que es cierto que podría verse comprometida mi objetividad a la hora de enjuiciar el asunto (...)". Esas eran justo las fechas en las que el informe del detective había fotografiado al juez y la demandante juntos.

"Resulta impropio y humillante, no solo para mí, sino también, para la Administración de Justicia, (...) que el mismo día en que se dictó el auto por el que se limitaban los derechos de mi hija y míos, posteriormente declarado nulo, el magistrado firmante del mismo estuviera con la demandante en una reunión social y posaran felices ante las cámaras, sin importar el daño que me estaban causando, a mi y a mi hija, al privarle de su derecho a estar en mi compañía", se quejaba el demandante en la denuncia presentada al CGPJ.
La Audiencia pide explicaciones

A la Audiencia Provincial de Ávila le pareció "confuso" el escrito de abstención del magistrado, entre otros motivos porque "no aporta ningún tipo de acreditación de la
realización del referido trabajo o, al menos, algún material de cualquier índole que evidencie su desarrollo, aun incipiente”.

El tribunal acordó requerir al juez para que "completara" su escrito de abstención. En un nuevo escrito, S.A. explicó que se encontró con la demandante en un bar "con posterioridad" a la modificación de las medidas "y tras una charla distendida se mostró conforme en colaborar con el trabajo sobre violencia de género", tanto ella como sus padres. Por ello acudió a su domicilio, aunque en alguna ocasión "también tomamos algo y pasamos la tarde" y después han quedado "en diversas ocasiones".

Ello había generado una relación "de confianza, empatía, cariño y feeling" , "concurriendo a día de la fecha una causa de subjetiva de abstención de carácter sobrevenido por existir una relación de afinidad", indicó el magistrado.

La Audiencia aceptó la abstención y encomendó el procedimiento a otra juez, que anuló lo hecho por su compañero y desestimó las pretensiones de la demandante.

Para la magistrada que sustituyó a S.A., las pruebas aportadas "evidencian que no se trata de una mera relación de amistad o colaboración [entre el juez y la demandante], sino más bien una relación íntima, de complicidad y sentimental" y "si bien es cierto que todos los hechos relatados son posteriores a la celebración de la vista y al dictado del auto controvertido, no es menos cierto que tales hechos ponen de manifiesto que la relación entre ambos está consolidada en el tiempo y que presumiblemente es previa al presente proceso, como justifica la parte demandada, quien contrató a un detective privado".
Deber de abstención

De la misma opinión han sido tanto el fiscal como el promotor de la acción disciplinaria. Éste argumentó en su propuesta de sanción que "a pesar de la acreditada existencia de una relación entre el magistrado y doña X ─demandante en un litigio del que conocía el propio magistrado y sobre el que expresamente llegó a resolver─, no procedió a formular su abstención hasta veintiún días después del dictado del auto de modificación de medidas y con posterioridad a que tuviera noticia de que dicha demandante había sido objeto de seguimiento e investigación por un detective privado".

El fiscal pidió para S.A. seis meses de suspensión en la función judicial por una falta muy grave de "inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas". El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, elevó a dos años su propuesta de suspensión. La Comisión Disciplinaria ha impuesto al juez un año y medio de suspensión.

La decisión sancionadora, unánime, puede ser recurrida.


   

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2467 en: 25 de Octubre de 2019, 16:47:04 pm »
Franco ya salió del valle...ahora solo resta sacarlo de las Instituciones.


La máxima autoridad judicial de Castilla y León cree que la exhumación de Franco convierte en "rencor" la "concordia" del 78


El presidente del Tribunal Superior de Justicia autonómico asegura que el traslado de los restos del dictador es consecuencia de la "perversa" ley de memoria históricaJosé Luis Concepción dice en una entrevista en 'El Norte de Castilla' que esa ley trata de convertir en "vencedor" de la Guerra Civil a quien perdió la contienda de 1939


José Luis Concepción, presidente del TSJ de Castilla y León. EFE
Por eldiario.es
25 oct 2019 15:42

José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, asegura que la exhumación de Francisco Franco es un acto que "cambia o que transmuta en rencor la concordia que ha existido en este país desde 1978" y que es la consecuencia de la "perversa" ley de memoria histórica.


En una entrevista en El Norte de Castilla, el magistrado subraya que esa norma, aprobada en 2007 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, "reverdece el odio" entre españoles y trata de "reescribir la historia" y convertir en "vencedor" de la Guerra Civil a quien perdió la contienda de 1939.


Concepción valora "con tristeza" la exhumación de los restos del dictador cuarenta y cuatro años después de que fuera enterrado con honores militares en el Valle de los Caídos y asegura que, el de ayer, no fue "el día de la alegría que se pinta en todas partes".

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2468 en: 25 de Octubre de 2019, 17:05:03 pm »
Se equivoca y lo peor es que lo sabe pero le da igual.


Patético personaje

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2469 en: 28 de Octubre de 2019, 06:36:56 am »

Por qué el anuncio de Ayuso de renunciar a nombrar un juez para el TSJM es una "cortina de humo"

El gobierno de la Comunidad de Madrid ha propuesto renunciar a la designación de jueces para el TSJM en aras de "despolitizar" la justicia


Carlos Frías
   
Publicado 28.10.2019 - 05:15


El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha lanzado una "cortina de humo" esta semana. El Ejecutivo regional que lidera la popular Isabel Díaz Ayuso ha propuesto renunciar a la designación de un juez para el Tribunal Superior de Justicia de la Región en aras de "despolitizar" el órgano de los magistrados.

"No estamos cuestionando la independencia del poder judicial en España, sino afirmándola para robustecerla y que no se dé la apariencia de parcialidad como consecuencia del origen del nombramiento de los magistrados", justificó el pasado martes el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López.

Pero lo cierto es que conseguir esto es complicado. Primero se debería aprobar en la Asamblea de la Comunidad de Madrid un proyecto de ley por mayoría absoluta. Por ahora este intento de desligarse del nombramiento de jueces sólo cuenta con los 30 votos del PP y con los 26 de Ciudadanos, socio de legislatura de Ayuso.

De ahí se remitiría como proposición de ley al Congreso de los Diputados, pues se está planteando es una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). De salir adelante, este cambio afectaría a todos los parlamentos autonómicos y, por ende, a todos los Tribunales Superiores.

    "Una asamblea de una comunidad no puede decir que no lo va a hacer, porque es que la ley le obliga”

Raimundo Prado, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria
"No tienen potestad para hacerlo"

Es en la LOPJ donde encallaría la propuesta. Como explica a Vozpópuli el portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, "ninguna asamblea regional tiene potestad para hacer lo que le están vendiendo a la gente".

Según la legislación, los parlamentos de las comunidades autónomas mandan una terna al Consejo General del Poder Judicial una terna de candidatos, y es el órgano de Gobierno de los magistrados quien escoge a uno para ocupar la sala civil y penal del Tribunal Superior correspondiente.

"Una asamblea de una comunidad no puede decir que no lo va a hacer, porque es que la ley le obliga". Prado recuerda que en la última reforma de esta ley orgánica, que se produjo en el diciembre pasado, ningún partido quiso cambiar esta figura por la que los gobiernos de las comunidades proponen a un juez.

Otras fuentes de la misma asociación apuntan que lo que realmente despolitizaría la justicia es que todos los jueces fuesen elegidos entre todas estas organizaciones, sin intermediación de los políticos.

 
 

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2470 en: 31 de Octubre de 2019, 07:00:35 am »
   
 
   
"FALTA MUY GRAVE"
Suspenden dos meses a la 'jueza pitonisa' de Lugo por conceder indultos a tres presos

"El expediente resuelto por la Comisión Disciplinaria está relacionado con varias resoluciones dictadas por la magistrada en el marco de la tramitación de expedientes de peticiones de indulto"


Imagen de archivo de la jueza María Jesús García Pérez. (EFE)

Autor
Pablo Gabilondo
Contacta al autor
@p_gabilondo


30/10/2019 17:18 - Actualizado: 30/10/2019 17:58

La magistrada María Jesús García Pérez, más conocida como la 'jueza pitonisa' por echar las cartas del tarot, ha sido suspendida de sus funciones durante dos meses por conceder indultos parciales a al menos tres presos cuando se trata de una competencia exclusiva del Gobierno. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial considera que incurrió en una "falta muy grave de ignorancia inexusable" entre noviembre de 2016 y junio de 2019, cuando ejercía como titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo. "El expediente resuelto por la Comisión Disciplinaria está relacionado con varias resoluciones dictadas por la magistrada en el marco de la tramitación de expedientes de peticiones de indulto a internos en centros penitenciarios", explica el CGPJ en un comunicado.

La jueza saltó a los titulares en 2018 tras conocerse que, además de ser titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de LUgo, cobraba por leer las cartas del tarot en un piso de la localidad gallega. García distribuía incluso publicidad en la que se anunciaba como "tarotista y vidente", lo que llevó a periodistas de 'El Progreso de Lugo' a personarse en su 'consulta' haciéndose pasar por clientes. El CGPJ incoó diligencias informativas para establecer la veracidad de los hechos y determinar si incumplía las incompatibilidades previstas para los jueces, pero terminó por archivar el expediente en octubre de 2018 al considerar que la prueba que se obtuvo contra ella fue obtenida a través de una cámara oculta situada en el domicilio de la magistrada y que por lo tanto tenía un origen ilícito.

Pese a ello, el CGPJ no tardó en volver a poner el foco en ella. La noticia se conoció el pasado agosto, después de que le abrieran un nuevo expediente por conceder indultos cuando es competencia exclusiva del Gobierno a través del Consejo de Ministros. El órgano de gobierno de los jueces informó entonces de que se le investigaba por al menos tres indultos, pero en el comunicado facilitado este miércoles no concreta el número exacto que concedió. "La Comisión Disciplinaria ha acordado imponer a la magistrada María Jesús Pérez García una sanción de dos meses de suspensión en el ejercicio de sus funciones por entender que cometió una falta muy grave de ignorancia inexcusable, prevista en el art. 417.14 de la LOPJ", explica el comunicado.

Del bar de 'striptease' a pitonisa

María Jesús García Pérez ingresó en la carrera judicial en 1992. Su primer destino fue Laredo, en Cantabria, y de ahí pasó en 1996 al municipio madrileño de Collado Villalba. Tras abandonar este puesto, pasó a Las Palmas de Gran Canaria, donde su vida personal fuera de lo juzgados llamó la atención del CGPJ. Como adelantó El Confidencial, el servicio de inspección del Poder Judicial tuvo que desplazarse a la isla ante una denuncia interna que había llegado: por las noches la magistrada actuaba puntualmente en un local de 'striptease' de un amigo. Dicha polémica se remonta al año 2001.

La jueza argumentó que no cobraba por ello y que lo hacía en su tiempo libre, como una especie de 'hobby', lo que le libró de sanción alguna por parte de sus superiores. También salió airosa cuando la Dirección General de Justicia, dependiente del Gobierno canario, llegó a reclamarle unos 6.000 euros en llamadas telefónicas a números del tarot. Según publicó la prensa canaria, ella se defendió achacando las llamadas a los funcionarios del departamento. Tras librarse también de una sanción por leer las cartas del tarot en Lugo el año pasado, la jueza ha terminado con una sanción por la conceder indultos entre 2016 y 2019.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2471 en: 01 de Noviembre de 2019, 07:10:37 am »

Un descuido del juzgado ha provocado el retraso en el juicio de ‘El Chicle’, según los expertos
Se pasó por alto que algunos de los miembros del jurado que acaban de renunciar estaban a punto de cumplir la edad límite establecida por la ley

01/11/19access_time 1:01

El juicio a José Ignacio Abuín, ‘El Chicle’, por el asesinato de Diana Quer fue retrasado esta semana. La vista, prevista para el pasado martes, 29 de octubre, se ha tenido que trasladar al próximo 11 de noviembre debido a los problemas que ha encontrado el juzgado para formar el jurado popular.

La Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, exige que se presenten, al menos, 20 personas para iniciar el proceso de constitución del jurado. Al juicio contra ‘El Chicle’ se presentaron 21 de las 36 posibles. Sin embargo, cuatro de los elegidos se han tenido que retirar alegando distintos motivos, incluyendo motivos de salud, edad y “falta de imparcialidad”.

Según fuentes consultadas por Confidencial Digital, la legislación, “prevé casos para asegurar que los miembros elegidos para ser jurado no estén ʻcontaminadosʼ”. Así, la ley del Tribunal del Jurado especifica en su artículo 12 que podrán excusarse para actuar como jurado “los mayores de sesenta y cinco años (...)” o “los que aleguen (...) cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado”, entre otras circunstancias.

En concreto, el miembro que ha sido rechazado por motivos de edad tiene 67 años, lo que superaría el límite de edad marcado por la ley. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia han declarado a ECD que esta persona “optó por ocultar el detalle hasta más tarde”. Pero Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista, ha recordado que el juzgado “debe tener la garantía de que el jurado no cumpla los 65 años a lo largo del juicio”. Según Ospina, puede darse la circunstancia de que, en un juicio que se alarga en el tiempo, las personas que formen parte del jurado cumplan la edad límite establecida.

El juicio contra ‘El Chicle’ ha quedado aplazado al próximo 11 de noviembre. Fuentes del TSJ de Galicia no creen que este aplazamiento por la formación del jurado vaya a retrasar de alguna manera la firma de la sentencia, prevista para el mes de diciembre.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2473 en: 06 de Noviembre de 2019, 18:35:05 pm »
Otra hostia más al gobierno español......esta vez la responsable de darla ha sido Gran Bretaña y ya van unas cuantas.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2474 en: 06 de Noviembre de 2019, 19:16:15 pm »
Están los indepes para hablar de la independencia de las Instituciones.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2476 en: 07 de Noviembre de 2019, 15:20:32 pm »

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2477 en: 10 de Noviembre de 2019, 07:22:16 am »

instructora del caso pokemon entre otros
Apartan a la jueza de las macrocausas gallegas por "falta de supervisión"
Pilar de Lara pierde la plaza de Lugo tras rechazar su recurso el Consejo General del Poder Judicial por el expediente que tenía abierto


Foto: La magistrada Pilar de Lara, en Lugo. (EFE)

Autor
Pablo López. Vigo
Contacta al autor
@pablolopez_c


10/11/2019 05:00

De nada le ha servido el recurso que presentó en mayo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desestimado las alegaciones de la jueza de Lugo, Pilar de Lara, la de las macrocausas y los sumarios contra la corrupción, y confirma la sanción que la comisión disciplinaria le impuso en marzo de siete meses y un día sin empleo y sueldo, lo que conlleva la pérdida de destino. El organismo instructor le atribuye "descontrol y falta de supervisión" de los asuntos bajo su jurisdicción y "persistencia de la conducta infractora durante más de tres años". Agotada la vía administrativa, la magistrada más mediática de Galicia ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo.

La resolución, que confirma la comisión de una falta muy grave prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, está repleta de duras acusaciones contra De Lara, a la que recrimina "el número de asuntos afectados" y "la injustificada paralización de las actuaciones durante años", lo que a entender de la comisión "pone de manifiesto la intencionalidad" de su actitud. También le reprocha la negativa repercusión de este proceder "en derechos fundamentales ajenos, la perturbación ocasionada en el funcionamiento de la Administración de Justicia y en su imagen, así como su trascendencia y su repercusión social".

La "necesidad de poner remedio mediante la adopción de medidas de refuerzo (lo que de por sí implica un perjuicio) y la falta de competencia demostrada para la gestión de la instrucción" son otros argumentos a los que apela el Poder Judicial, que los considera "factores que agravan la culpabilidad, contribuyen a apreciar ese superior nivel de reprochabilidad que caracteriza a la falta muy grave y justifican la proporcionalidad de la sanción impuesta con su medida accesoria, de ineludible aplicación".

Responsable de instrucciones como las Pokemon, Pulpo, Cóndor, Cebra, Garañón y parte de la Campeón, Pilar de Lara acapara los focos desde que irrumpió en 2009 con la Carioca, una actuación contra una supuesta red de prostitución y corrupción con más de 80 detenidos, entre ellos guardias civiles, policías y responsables de Extranjería. Una década después, la instrucción sigue abierta y la fiscalía quiere reducir a tres los encausados. Desde su pequeño juzgado de Lugo se impulsaron otras macrocausas que han implicado a conocidos empresarios, alcaldes, 'conselleiros' de la Xunta y a su propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, que se libró finalmente por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El Consejo General del Poder Judicial le abrió expediente el 31 de octubre de 2018 por "retrasos injustificados" y "decisiones que han ocasionado un ficticio incremento del volumen de trabajo". En su comparecencia ante la comisión que vio su caso, en noviembre de 2018, el abogado de la jueza, Agustín Azparren, apeló a la falta de medios y a las deficientes condiciones en las que desarrolla su trabajo, insuficientes en su opinión para el volumen de macrocausas que atiende su juzgado, el número 1 de la capital lucense. Azparren también culpó de las dilaciones a los tiempos de espera de informes y documentos que deben aportar otros organismos, entidades bancarias o incluso países extranjeros.

Su defensa apeló a la falta de medios y a las deficientes condiciones en las que desarrolla su trabajo, insuficientes para el volumen de causas

La jueza detalló en un auto, relativo a la Pulpo —sobre supuestas irregularidades en un programa de la Diputación y acoso laboral—, la situación en la que trabaja. Así, relató que el juzgado dispone "de una máquina multifuncional, que sirve las funciones de impresora, fax, fotocopiadora y escaneadora, que se atasca continuamente y se estropea con elevada frecuencia", y carece de sistemas que le permitan fotocopiar y digitalizar más de 20 folios al mismo tiempo. El propio CGPJ reconoció en 2013 que el juzgado de Lugo necesitaba al menos cuatro funcionarios adicionales y un segundo juez de refuerzo mientras no se concluyesen la Carioca y la Pokemon, pero ni se atendieron esas peticiones ni se han cubierto las sustituciones por las bajas.

Todos los argumentos de la jueza han sido en vano. En una resolución de más de 100 folios, la comisión del CGPJ lamenta la "conducta reprochable" de la jueza, porque "desde mediados de 2015 se aprecian en cada una de las causas que tramitaba disfunciones", como paralizaciones o largos periodos de inactividad, ausencia de resolución sobre diligencias de instrucción y ausencia de dictado de resoluciones procedentes en plazos mínimamente razonables, entre otras. "No se sanciona un especial método de llevar la instrucción, sino precisamente la ausencia de método alguno en atención a los fines que persigue la instrucción, por la dejación de funciones inherentes al cargo de juez instructor", añade.

Millones al agua: las inversiones portuarias amenazadas por el mar en Galicia en 2050
Pablo López. Vigo
El mapa de riesgo de Climate Central publicado en 'Nature' sitúa en riesgo de desaparición los grandes puertos de Galicia en solo 30 años

Atribuye además la comisión disciplinaria a De Lara el incumplimiento del deber de emitir informes mensuales, "lo que solo hizo desde abril de 2017, tras ser advertida". En el periodo de la "conductora infractora sancionada", desde junio de 2015 hasta la apertura del expediente, la titular del juzgado número 1 de Lugo "apenas avanzó la tramitación y resolución de las causas complejas, aunque algunas diligencias fueran archivadas", expone el órgano judicial

Pese a que la sanción conlleva la pérdida de la plaza en Lugo, De Lara seguirá al frente del juzgado en tanto no se resuelva su recurso ante el Tribunal Supremo. La jueza tratará de cerrar las principales causas que instruye, como la Carioca o la Pokemon —contra la supuesta corrupción en distintos ayuntamientos— antes del mes de enero, cuando se calcula que el TS decidirá sobre su sanción. Su abogado explicó que agotará el plazo para la presentación del recurso, para retrasar así al máximo la resolución judicial. "Cuantas menos macrocausas queden pendientes, mejor", señaló Azparren. "Vamos a intentar acabar todo lo que tenga y para eso tenemos este margen de tiempo". En todo caso, la sanción no implica la nulidad de ninguna de las instrucciones de De Lara, que, de confirmarse la sanción, pasarían al juez que ocupe la plaza.



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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2478 en: 10 de Noviembre de 2019, 11:44:18 am »


El retiro soñado por el juez García de Dios


"El magistrado fue objeto de algún expediente y alguna sanción por parte del Consejo del Poder Judicial, nada tan grave como para impedirle jubilarse tranquilamente y poder dedicarse a ver vídeos de policías cometiendo delitos, tal y como dijo en TV3"...

Soy un firme defensor de nuestro sistema judicial y, sobre todo, de los que forman parte de su engranaje. Durante estas tres últimas décadas de ejercicio del periodismo de sucesos y tribunales he tenido ocasión de tratar con muchos jueces, fiscales y funcionarios, casi siempre anónimos, que con su trabajo diario hacen funcionar eso que llamamos Estado de Derecho. Los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, son el ejemplo perfecto de esto, del primer escalón de la Justicia. Allí nadie quiere convertirse en estrella, casi todos reman en la misma dirección y procuran no poner palos en las ruedas. Aunque siempre hay excepciones. En Plaza de Castilla, concretamente en el Juzgado de Instrucción 6, ejerció como magistrado Ramiro García de Dios, jubilado el pasado año.

Su labor como juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) le valió el Premio de Derechos Humanos 2016, otorgado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), "por su valiente y decidida labor de garantía y defensa". García de Dios, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, ha hecho gala, siempre que ha tenido ocasión, de su ideología, que tiene como único eje cuestionar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que él siempre ha envuelto con la cobertura del "garantismo".

El programa de TV3 'Preguntes Freqüents' no podía desaprovechar la ocasión y entrevistó el pasado sábado, 3 de noviembre, al magistrado, que, cumpliendo el guion previsto, dio a su público y al del programa lo que esperaban. Así, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el que coincidió como juez de instrucción en Bilbao, "era un juez mediocre y autoritario, complaciente con el subsistema policial (sic), lo que le permitió convertirse en ministro del Interior". Preguntado por los disturbios en Cataluña, el ex juez dijo que había visto muchos vídeos en los que Policía y Mossos habían cometido "actos presuntamente delictivos, especialmente delitos contra la integridad moral". No se le oyó ni una sola palabra sobre las decenas de agentes heridos –alguno de ellos sigue hospitalizado- ni sobre la violencia con la que se emplearon una buena parte de los manifestantes. García de Dios, ante un público y una entrevistadora entusiasmados con su discurso, no quiso defraudar y sugirió que la Policía manipula pruebas, por ejemplo, colocando "una bolsita con un pedrusco" a alguien que lo "único que ha hecho ha sido no correr lo suficiente". La receta para evitar estos abusos es, según el exjuez, "tener una sana y prudente desconfianza del aparato policial".

Esta "sana desconfianza" llevó hace unos años al entonces juez a negarle al Grupo de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid un mandamiento para solicitar a una empresa de telefonía el tráfico de llamadas y los posicionamientos del móvil de una prostituta desaparecida. Los agentes le insistieron en que la desaparición era de alta riesgo, que esa información era importantísima para poder averiguar, por ejemplo, quién había sido su último cliente o dónde había podido ser capturada. Nada convenció al magistrado García de Dios, que invocó a su habitual garantismo para denegar las peticiones de la Policía. Días después, apareció el cadáver de la prostituta, tal y como avisaron los investigadores. La actitud del juez provocó una queja de la entonces comisaria de la UDEV Madrid al Consejo General del Poder Judicial, que salvaguardó la independencia del juez.


La jubilación de García de Dios llegó pocos meses después del asesinato de Jenny, una dominicana que murió el 18 de septiembre de 2017 de un disparo en la cabeza cuando salía de su casa en Vallecas (Madrid). El Grupo de Homicidios solicitó al juez el registro del domicilio de la víctima y un mandamiento para conocer el tráfico de llamadas del teléfono de la mujer asesinada, madre de un hijo. El juez, haciendo valer su "sana desconfianza" y garantizando los derechos de no se sabe muy bien quién, denegó todo. Nada más jubilarse, en febrero de 2018, su sucesor dio el visto bueno a las mismas peticiones de la Policía, que a día de hoy continúa trabajando para detener al asesino.

En los casi 20 años que García de Dios estuvo al frente del juzgado 6 de Madrid, se sucedieron episodios de comedia bufa. En una ocasión, suspendió un juicio porque los policías que acudieron como testigos iban de uniforme –estaban en su turno de trabajo-. Según el juez, lo hacían para "amedrentar al detenido". El magistrado fue objeto de algún expediente y alguna sanción por parte del Consejo del Poder Judicial, nada tan grave como para impedirle jubilarse tranquilamente y poder dedicarse a ver vídeos de policías cometiendo delitos, tal y como dijo en TV3. Ni siquiera él hubiese soñado con un mejor retiro

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2479 en: 10 de Noviembre de 2019, 17:58:13 pm »
Este ciervo absolvió a un acusado de conducir ebrio que ni siquiera se presentó a juicio.


Menudo impresentable, él es el que adolecía de la más mínima profesionalidad.

Ahora que se dedique a decir sandeces que el mundo judicial es mejor sin él.