Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 258245 veces)

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2480 en: 20 de Noviembre de 2019, 11:06:30 am »

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2481 en: 21 de Noviembre de 2019, 10:03:28 am »

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2482 en: 29 de Noviembre de 2019, 06:16:00 am »

Suspendido un juez de Tarragona por no dictar sentencias

El CGPJ vuelve a apartar al magistrado Manuel Arce por la enorme acumulación de asuntos en su juzgado: 56 sentencias y 14 autos pendientes de dictar

André Mars

El Liberal

Barcelona
Publicado 29.11.2019 - 05:15


El magistrado Manuel Arce trabaja en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Tarragona. Pero no lo suficiente. Así lo considera al menos la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha acordado de forma unánime suspender cautelarmente al magistrado durante seis meses, según han explicado este viernes fuentes judiciales.

El juez ha sido apartado mientras la Comisión Disciplinaria del CGPJ estudia si le sanciona por la enorme acumulación de asuntos en su juzgado. La denuncia de los abogados de Tarragona derivó en una inspección que obtuvo unos datos sorprendentes.

El magistrado acumula sin resolver 53 resoluciones de separación y divorcio y 14 autos de medidas previas de crisis familiares, según fuentes judiciales. Ése fue el resultado de la última inspección, llevada a cabo el pasado mes de septiembre y que supuso la apertura de un expediente a Arce.
Siete sentencias en un trimestre

La inspección judicial demostró que, durante el tercer trimestre inspeccionado –el del verano-, el juez había dictado únicamente siete sentencias.

Arce perdió en 2012 su plaza en un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional cuando se descubrió que acumulaba medio millar de resoluciones pendientes de dictar.

En aquel momento, el magistrado ya había acumulado un enorme historial disciplinario.

En su hoja de servicios figuraba, por ejemplo, una sanción económica por una falta de desconsideración hacia los funcionarios a su cargo. La multa penalizaba también una frecuente impuntualidad en la llegada al juzgado, que solía producirse en torno a las 14 horas.
Miedo y mal ambiente

En aquella ocasión, el CGPJ tuvo en consideración que tres funcionarios se dieron de baja por trastornos depresivos, ansiedad o estrés provocados presuntamente por el mal ambiente y el “miedo” generado por el juez entre el personal del juzgado.

El órgano de Gobierno de los jueces destacaba que Arce "gritaba al personal"; daba "violentos puñetazos en la mesa"; profería insultos como "feo", "gordo" o "calvo"; amenazaba continuamente con la apertura de expedientes, y obligaba al personal a llamarle "señoría Ilustrísima".

Por esos motivos, el juez es un viejo conocido de los servicios de Inspección del órgano de gobierno de los jueces.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2483 en: 01 de Diciembre de 2019, 07:30:21 am »

un varón de 56 años
Localizado el cadáver del Fiscal de Menores de Valladolid en el río Pisuerga

El suceso se ha producido en la mañana de este sábado, cuando el centro de emergencias ha recibido una llamada que informaba de que había una persona flotando en el río

AutorEuropa Press
30/11/2019 21:04 - Actualizado: 30/11/2019 21:07

Los Bomberos de Valladolid han rescatado este sábado el cuerpo sin vida del Fiscal de Menores de Valladolid, un varón de 56 años en el río Pisuerga, con iniciales J.I.H.M., según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

El suceso se ha producido minutos antes de las 9.40 horas de este sábado, cuando el centro de emergencias ha recibido una llamada que informaba de que había una persona flotando en el río Pisuerga, a la altura del puente Regueral, en Valladolid capital, según ha indicado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 1-1-2 ha dado aviso del incidente a la Policía Local de Valladolid, al Cuerpo Nacional de Policía, a los Bomberos de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil.

En el lugar, los bomberos de Valladolid han rescatado el cuerpo sin vida del varón.




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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2484 en: 03 de Diciembre de 2019, 12:25:51 pm »


La Fiscalía ve ‘claros y contundentes’ indicios contra Laura Borràs


Pide al Supremo que investigue en una causa penal a la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso
3 diciembre, 2019 12:03


 CATALUÑA TRIBUNAL SUPREMO JUNTS PER CATALUNYA
 
 
María Peral  @Maria_peral
El fiscal del Supremo Javier Zaragoza ha pedido a la Sala Segunda que abra una causa penal contra la diputada y portavoz de Junts per Catalunya Laura Borràs por el presunto fraccionamiento

ilegal de los contratos de programación informática aprobados y asignados por la Institución de las Letras Catalans, organismo que Borràs dirigió, a favor de su amigo Isaías Herrero. Éste habría presentado facturas por "conceptos y/o importes totalmente inventemos", según la investigación de un Juzgado de Barcelona.


El fiscal ve "claros y contundentes" indicios contra Borràs que justificarían la petición del suplicatorio para encausarla, afirma.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2485 en: 03 de Diciembre de 2019, 16:38:06 pm »
Otra víctima política para los independentistas . . .

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2486 en: 07 de Diciembre de 2019, 06:48:06 am »


El caso de corrupción del Ayuntamiento de Valladolid con León de la Riva se cierra en falso por una instrucción caótica

La Audiencia Provincial falla que los responsables de Urbanismo alteraron en Plan General de Ordenación Urbana para favorecer a una decena de constructores
El juez del caso tardó once años en armar la causa y cuando llegó a juicio diez de los catorce acusados fueron absueltos porque los delitos habían prescrito
La sentencia no aclara por qué o a cambio de qué los ahora condenados cambiaron planos y artículos de la herramienta de planeamiento urbanístico
Laura Cornejo
06/12/2019 - 21:33h

"El periodo de instrucción ha durado casi once años, durante los cuales se acumuló documentación, en muchos casos prescindible, que dio una apariencia de complejidad no real". Este es el demoledor 'prólogo' de la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid sobre el caso de la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en esa ciudad. El proceso se ha cerrado una década después con tres condenados que conformaban la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento en la etapa de Javier León de la Riva (PP), que también llegó a estar imputado.

Sobre el exconcejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca, ha recaído una condena de dos años de prisión y dos de inhabilitación para el cargo de concejal por un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación, y un año y nueve meses de inhabilitación por un delito contra el patrimonio histórico. El exjefe del Área de Urbanismo, Modesto Mezquita y el excoordinador del Área de Urbanismo, Luis Álvarez Aller, cumplirán sendas penas de un año y tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de falsedad en documento oficial y varios delitos de prevaricación urbanística. Ninguno entrará en prisión por no tener antecedentes y por no superar las condenas los dos años. Los tres quedaron absueltos del delito de tráfico de influencias. No todos los presuntos autores fueron juzgados, once quedaron fuera del banquillo porque los delitos habían prescrito cuando arrancó el juicio.

El caso más grave de corrupción del Ayuntamiento de Valladolid se instruyó tarde y mal. Además, no resuelve lo más importante: por qué y a cambio de qué el concejal de Urbanismo, el responsable del Área de Urbanismo y el Coordinador Técnico del Área falsificaron el PGOU para favorecer a una decena de empresarios. La caótica instrucción no sólo no despeja esa duda, sino que dejó fuera a funcionarios municipales y a una decena de constructores que se beneficiaron de las alteraciones subrepticias en la herramienta más importante de planeamiento urbanístico de una ciudad, el PGOU.

La modificación del Plan se abordó en 2002 y se aprobó en 2003. Cinco años después, en 2008, la Asociación en Defensa del Pinar de Antequera, que estudiaba alegaciones por un proyecto alumbrado por esa falsificación, alertó al PSOE de que lo aprobado en el Pleno no coincidía con lo publicado por el Boletín Oficial de Castilla y León, y era esto último lo que tenía validez legal. Un minucioso estudio de los socialistas reveló la gravedad del caso: se habían alterado planos, se habían cambiado decenas de artículos, y se había vulnerado una decisión del Pleno para favorecer a constructores y promotores.

El PGOU manipulado cambiaba calificaciones de suelo, aumentaba edificabilidades, obviaba edificios protegidos y, en suma, incorporaba mediante cambios subrepticios peticiones de constructores que habían sido desestimadas previamente porque no se ajustaban a la legalidad urbanística. A lo largo del juicio pudo conocerse como el concejal García de Coca configuró un equipo formado por él, los otros dos condenados y un arquitecto ya fallecido, para ocuparse directamente de la modificación del PGOU y que se desplazó al grupo de trabajo designado por el anterior concejal de Urbanismo.

En la sentencia se recuerda cómo se llegó a derruir un edificio con fachada protegida en pleno centro de la ciudad a pesar de que había una sentencia en contra que se notificó al Ayuntamiento para que actuase retirando los permisos. Sin embargo, el Consistorio sólo trasladó la resolución judicial al propietario cuando el inmueble era ya un montón de cascotes.
Acusados absueltos por prescripción

Lo que para el PSOE era una "manipulación clara", para el entonces alcalde, Javier León de la Riva (PP), no eran más que "errores informáticos". El asunto se judicializó pero a pesar del intenso trabajo de la Fiscalía, el juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid tardó once años en terminar el procedimiento. La apertura de juicio oral se decretó en 2016 pero los 14 acusados no se sentaron en el banquillo hasta septiembre de 2018. Se levantaron rápido: en la primera jornada sus defensas plantearon al juez que era imposible hacer su trabajo cuando les faltaba la mitad de la documentación.

"Esto no es forma presentable en Derecho de instruir una causa, es un absoluto caos, no hay índices, no hay hilo argumental, no hay forma de seguirla, se ha instruido de forma espasmódica. Yo pocas veces he visto una cosa como esta. La causa está incompleta y el letrado de la Administración de Justicia se metería en un problema si certificase que lo está. Es un caso notable y palmario de indefensión. El articulo 24 de la Constitución (tutela judicial efectiva) se ha vulnerado en todos sus párrafos, no hay apartado en que no haya sido vulnerado", planteó uno de los abogados.

El juicio se suspendió para resolver esas cuestiones previas. Y, poco después, el tribunal comunicó el sobreseimiento libre para diez acusados por prescripción de delitos. Los constructores y promotores beneficiados por la manipulación ya no podían ser acusados y mucho menos juzgados. Nada tenía que ver la comisión o no de los delitos de los que se les acusó previamente, sino el tiempo transcurrido. Pero, además, tras esta primera decisión, el tribunal decidió suspender la causa hasta que las defensas tuviesen en su poder todo el procedimiento. Eso ocurrió un año después, en octubre de este año. Y de nuevo, al reiniciarse el juicio, otro acusado se levantó del banquillo, porque la Fiscalía retiró la acusación contra él.

El tribunal aprecia para los tres condenados la atenuante de dilaciones indebidas y carga las culpas sobre quien instruyó el caso. "Hay periodos de tiempo que, a lo largo de la causa, la actividad procesal resultó interrumpida, porque no se tomaba declaración a las personas intervinientes en los hechos o porque, simplemente, la actividad era de unión de documentación sin unidad alguna de criterio. Se trajo a la causa a numerosos empresarios respecto de los cuales hubo de decretarse en auto de prescripción porque su declaración como imputados no se llevó a cabo en los plazos procesalmente adecuados", subraya el tribunal.

Pero no sólo eso. Los jueces recuerdan también que un relevante informe policial llegó a las defensas con meses de retraso y después de que la Fiscalía alertase al juzgado. "No pudo celebrarse el juicio hasta dos años después de la apertura porque, como decimos, el traslado de la causa a las defensas fue totalmente irregular, hasta la subsanación que se llevó a cabo en esta sala".

La sensación es agridulce para el actual alcalde de Valladolid, Óscar Puente. Cuando denunció los hechos estaba en la oposición. Dieciséis años después sentencia en mano se reafirma en lo que advirtió entonces: era un caso de corrupción. Pero lamenta que no estén condenados todos los que participaron, y señala a los constructores y promotores que se libraron del juicio en el último minuto. Pero además va más allá al recordar que el instructor, José María Crespo hizo un trabajo "deficiente" y que hace unos meses "dio el salto a Ciudadanos y volvió a su puesto de una forma difícil de explicar". También lamenta que en su momento el Ayuntamiento no se personase en la causa.



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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2487 en: 09 de Diciembre de 2019, 06:39:31 am »

El juez más sancionado de España, expedientado de nuevo por no poner ni una resolución en dos meses
El Consejo del Poder Judicial acuerda su suspensión fulminante tras abrirle un nuevo proceso disciplinario, que se suma a catorce anteriores.
9 diciembre, 2019 02:17

María Peral @Maria_peral

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha acordado la suspensión cautelar del juez Manuel Arce mientras se tramita un expediente disciplinario por un posible retraso injustificado y reiterado en la resolución de los asuntos en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Tarragona en el que ahora está destinado, dedicado a asuntos de familia. El magistrado ha sido objeto de otros 14 expedientes.

El nuevo procedimiento disciplinario contra Arce tiene su origen en una queja del Colegio de Abogados de Tarragona, que el pasado 3 de octubre se dirigió por escrito al presidente de la Audiencia Provincial para expresar la "preocupación" de los letrados por "la acumulación de asuntos sin resolución alguna" desde el mes de julio anterior en el Juzgado de Familia. El escrito destacaba la "especial urgencia" de los casos que se plantean en un órgano judicial dedicado a esa especialidad, que debe resolver cuestiones como separaciones y divorcios, la custodia de menores o el pago de pensiones de alimentos.

El presidente de la Audiencia de Tarragona recibió también quejas de los funcionarios porque el juez Arce no utiliza herramientas informáticas y traslada a los funcionarios tareas que, según afirman, no les corresponde realizar.

Arce llegó al Juzgado de Familia el 2 de julio. De acuerdo con la certificación de la letrada de la Administración de Justicia fechada a principios de octubre, en el tercer trimestre del año (julio-septiembre) no dictó ninguna sentencia -53 estaban pendientes- ni tampoco ningún auto de medidas previas y provisionales -contabilizándose 14 pendientes-. En agosto se fue de vacaciones.

Un informe del Servicio de Inspección del CGPJ del pasado 28 de octubre ha concluido que en ese tercer trimestre del año la actividad resolutoria del magistrado ha sido "escasísima", con solo un 28% del indicador de dedicación establecido para los Juzgados de esa clase.

El análisis de la evolución comparativa entre la situación existente en el Juzgado cuando Arce llegó (principios de julio) y finales de septiembre (últimos datos estadísticos disponibles) indican que el número de escritos pendientes ha pasado de 199 a 272, el tiempo medio de respuesta ha aumentado de 6,09 meses de media a 7,59 y el número de sentencias pendientes de dictar ha pasado de 10 a 56.
Alarma del TSJC

El informe de la Inspección añade que en los chequeos virtuales realizados en ese Juzgado durante los últimos tres años no se le ha considerado un órgano con disfunciones al presentar hasta ahora una situación normalizada.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña trasladó el pasado 4 de noviembre al CGPJ su preocupación por la situación del Juzgado del que es responsable Arce en un informe en el que destacaba que "la muy especial relevancia de los intereses que se suscitan en los conflictos de familia obliga a una actuación diligente que, parece, en el caso no se ha producido".

"El trascurso de casi dos meses sin que se haya dictado ninguna sentencia resolviendo las acciones de separación y divorcio sustanciadas ni tampoco ningún auto de medidas provisionales de las crisis familiares supone una fuente segura de perjuicios a las partes además de afectar a los muy exigentes niveles de funcionalidad a los que debe
responder un órgano especializado en asuntos de familia. La referencia a que
el magistrado no utiliza ninguna herramienta informática introduce también
un factor que permite pronosticar una agravación de la situación", indicó la Sala de Gobierno.

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, acordó el 21 de noviembre la incoación de un expediente al juez Arce y pidió a la Comisión Disciplinaria su suspensión cautelar, que fue acordada de inmediato.
Advertencias, multas, suspensiones

Éste es el expediente número 15 que el órgano de gobierno de los jueces tramita contra este magistrado desde el año 2000. Tres de los 14 procedimientos disciplinarios anteriores acabaron en archivo y nueve con sanciones que fueron confirmadas por el Tribunal Supremo.

Las primeras sanciones impuestas a Manuel Arce fueron advertencias. Luego vinieron las multas (en tres expedientes) y las suspensiones en la función judicial. El magistrado ha estado apartado de la jurisdicción en virtud de esas sanciones durante un total de dos años y cuatro meses.

Dos de los acuerdos sancionadores del CGPJ, en 2004 y 2009, fueron revocados por el Tribunal Supremo, que estimó recursos en los que el magistrado alegó la caducidad de los expedientes porque el Consejo tardó más de seis meses en tramitarlos.

De esta forma, el juez se libró de una suspensión de 90 días por acumular casi 500 resoluciones pendientes de dictar cuando estaba destinado en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4.

También quedó sin efecto una multa de un total de 8.000 euros por dos faltas disciplinarias de ausencias injustificadas del Juzgado y abuso de autoridad con los funcionarios, que denunciaron el "trato vejatorio" que el juez les dispensaba. "¿Qué es usted? ¿Usted tiene carrera? Usted es una simple auxiliar y yo soy la máxima autoridad", relató una interina.

Los funcionarios del Juzgado declararon en el marco de ese expediente que recibían gritos y descalificaciones por parte del magistrado, generando un clima de tensión que llevó a varios de ellos a darse de baja laboral o a pedir otro destino.
"Cállese a-bo-ga-do"

El trato desconsiderado no ha sido solo respecto a los funcionarios. La primera multa con la que Arce fue sancionado -180 euros, en un expediente incoado en 2001- se debió a la denuncia de un abogado que sustituyó a una compañera en la vista de un recurso. Al inicio del acto el juez Arce le reprochó a gritos que hubiera presentado el escrito de sustitución ese mismo día y prohibió tomar asiento al letrado, que permaneció de pie al lado del agente judicial.

El abogado intentó explicarse comenzando frases con la expresión "con la venia" o "con la venia de su señoría", pero el magistrado le instaba a callarse. "Con motivo de estos intentos del letrado por explicarse", señalaba la resolución sancionadora, "el magistrado repitió, con un tono de voz alto, que no le interrumpiese, que se callase 'a-bo-ga-do', recordando al letrado que debía dirigirse a él como señoría ilustrísima".



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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2488 en: 20 de Diciembre de 2019, 10:29:57 am »
 ;vom;



Un fiscal de Las Palmas, a una denunciante de agresión sexual: "¿Qué llevaba puesto?, ¿el pantalón era corto?"



"¿No llevaba ropa íntima?", llegó a cuestionar el representante del Ministerio Público, Javier García Cabañas, a la denunciante. El juez tuvo que intervenirEl fiscal pide el sobreseimiento de las actuaciones porque considera que el único fin de la mujer es solucionar sus problemas "de alojamiento"La denunciante insiste en que las relaciones sexuales con su compañero de vivienda no fueron consentidas y que denunció los hechos inmediatamente


Ciudad de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria ALEJANDRO RAMOS
Por Canarias Ahora
19 dic 2019 12:42

"¿Qué llevaba puesto el día de los hechos?,¿el pantalón era corto, ceñido o ajustado?". Son algunas de las cuestiones que ha formulado el fiscal Javier García Cabañas a una mujer que denunció haber sido víctima de agresión sexual. Unas cuestiones que ha formulado durante el juicio celebrado este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria.


Según recoge el periódico La Provincia, el juez, Pedro Herrera, tuvo que intervenir ante las preguntas que estaba realizando el representante del ministerio fiscal y que dejaron estupefacta a la Sala. Cuando la víctima respondió, García Cabañas insistió: "¿Únicas prendas?". 

La mujer relató durante el juicio que las relaciones no fueron consentidas y que se encontraba en la vivienda que compartía con el hombre cuando él la forzó. "Me quedé paralizada de miedo y, al finalizar la agresión, él me tiró un cacho de papel para que me limpiara. Yo me metí a bañarme y después me fumé un cigarro, estaba en shock. Cogí el móvil y decidí denunciarle". Además, asegura que el hombre le decía que se callara para "no despertar al niño" que se encontraba en la vivienda.

El fiscal, sin embargo, siguió cuestionado a la víctima en su interrogatorio, haciendo hincapié en su vestimenta. "Es fundamental...", reiteraba durante estas preguntas. La denunciante contestó que llevaba unos pantalones tipo boxer y una camiseta de tirantes. "¿Lo podemos entender como un pantalón corto, ceñido o ajustado?", a lo que la afectada volvió a responder "sí, como si fuese un pantis, a mitad del muslo". "¿Cómo un pantalón de deporte ajustado de estos..?", insistía García Cabañas.


El magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, Pedro Herrera, le interrumpió y pidió que dejara que indagar sobre la ropa de la víctima, porque ya "había quedado claro".

Además, el representante del Ministerio Público indagó sobre la vida laboral de la mujer y la cuestionó por su aparición en los medios de comunicación por un desahucio que iba a sufrir. "¿Ha permitido que le saquen fotografías? Ha salido usted en medios televisivos...", señaló el fiscal. Por ello, insistió en su tesis de que la mujer "solo" está buscando solucionar sus problemas de alojamiento. García Cabañas se atrevió además a decir "ella está mintiendo".  En el mismo sentido, el acusado negó los hechos asegurando que las relaciones fueron consentidas.

La defensa de la víctima pide, por su parte, una condena de seis años por un delito de agresión sexual o una pena de tres años de forma subsidiaria por un delito de abuso sexual.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2489 en: 21 de Diciembre de 2019, 14:36:52 pm »


Interpuestas 8 querellas criminales contra 33 jueces y 3 miembros del CGPJ por torturas y blanqueo de capitales



Algunos de estos magistrados están incluidos en las diferentes ternas para ocupar puestos en el Tribunal Supremo: José de la Mata, Concepción Espejel y José Ricardo de Prada

Por José Antonio Gómez - 20/12/2019 1
   




Treinta y tres jueces y magistrados, entre los que se encuentra, Carlos Lemes, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, Concepción Espejel, José de la Mata o José Ricardo de Prada, han sido denunciados por la presunta comisión de diferentes delitos entre los que se encuentran la tortura, el blanqueo de capitales o la prevaricación. La denuncia se ha sustentado mediante la interposición de las querellas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El denunciante es José María Castillejo y los presuntos delitos por los que se ha querellado contra estos 33 jueces y magistrados, así como contra tres juristas miembros de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, se produjeron, según indican las querellas a las que Diario16 ha tenido acceso, durante el largo proceso judicial de Jomaca 98, S.L., sociedad patrimonial de la que es propietario Castillejo y que a su vez era propietaria de la parte mayoritaria en el capital social de Zinkia Entertainment, S.A., la empresa poseedora de los derechos de Pocoyó.

El anterior dueño de la empresa Zinkia lleva años reivindicando la presunta ilegalidad de la operación que le apartó del control de la sociedad mercantil que creció en torno a su mayor activo: el dibujo animado Pocoyó. Dentro de las múltiples denuncias realizadas se encuentran las actuaciones de determinados funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Según se acredita en las denuncias de José María Castillejo, se llevaron a cabo determinadas actuaciones presuntamente ilícitas de funcionarios del supervisor del mercado español en el «asalto» a la empresa por parte del mexicano Miguel Valladares.

Según Castillejo acredita en sus denuncias, durante ese proceso, el accionista minoritario puso en marcha un ataque frontal con el fin de hacerse con la mayoría de la compañía.  En ese ataque valía todo: noticias falsas, denuncias falsas, campañas de prensa para intoxicar y afectar a la reputación tanto de Castillejo como de Zinkia.

Los diferentes procesos judiciales abiertos desde entonces y las presuntas irregularidades producidas en el desarrollo de los mismos fueron todos ellos o bien inadmitidos y desestimados por los jueces que hubieron de verlos, o bien se produjo el sobreseimiento. Esto último se sustanció en la investigación que se derivó de la presentación de una denuncia por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre las operaciones llevadas a cabo en el procedimiento de toma de control de Zinkia. El sobreseimiento se decidió, en este caso, por el Juzgado al poco tiempo de personarse José María Castillejo. En todos los casos, se tomaron estas decisiones por los diversos jueces y magistrados sin llevar a cabo investigaciones efectivas y esgrimiendo graves falsedades en las diferentes argumentaciones, tal y como se describe y acredita en las denuncias. Eso ha llevado a José María Castillejo a querellarse contra todos los jueces y magistrados que en los diferentes estadios procesales tuvieron una relación o una responsabilidad en las decisiones adoptadas. Según el denunciante, provocaron la presunta comisión de una serie de delitos por parte de los denunciados.

Torturas y trato degradante
El delito de tortura está tipificado en los artículos 173 a 177. Según se acredita en las querellas, la actuación de los jueces en los distintos procedimientos presentados por José María Castillejo le causó indudables «sufrimientos mentales –también físicos- al asistir a un procedimiento que viene durando años y que ha conducido -sobre la base de actuaciones presuntamente ilícitas- a que los jueces se negaran reiteradamente a investigar. Esa negativa le ha llevado a una completa ruina profesional, personal, familiar y económica y a una situación de completa vulnerabilidad. Disminuyendo de esta manera de manera radical sus facultades de decisión y atentando de manera grave contra su integridad moral», se afirma en las querellas.  La negativa a llevar a cabo una investigación eficaz por las autoridades es motivo por el cual diferentes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han reconocido la comisión del delito de tortura por el Estado sobre los ciudadanos.

Por otro lado, las querellas indican que «los ataques contra la integridad moral son objetivamente lesivos para cualquiera en cualquier circunstancia, mermando su capacidad de decisión y provocando un sentimiento de humillación que está más allá de la condición particular de la persona sometida a un trato vejatorio. Por otra parte, es importante tener presente que respecto del honor, el poder público está legitimado para una intromisión, si bien limitada en el mismo en determinadas circunstancias. Sin embargo, respecto a la integridad moral cualquier intromisión del poder público está expresamente prohibida».

Blanqueo de capitales
Las denuncias por este delito tienen relación con la adquisición de forma presuntamente ilícita de determinados bienes, en concreto acciones de Zinkia, por parte de una serie de ciudadanos y cómo los Jueces y Magistrados han actuado, al negarse a investigar los indicios de criminalidad en las actuaciones, como supuestos colaboradores o encubridores. Se puso de relieve en el procedimiento judicial en el que José María Castillejo denunció graves irregularidades de la CNMV y que fueron publicadas por Diario16.

Según el documento «los jueces llamados a analizar e investigar todo este conjunto de presuntos ilícitos penales, por medio de sus resoluciones, inadmitieron la querella en primera instancia y desestimaron la apelación en segunda instancia. Se negaron, por tanto, a abrir investigación alguna […] Con su actuación de inadmitir la querella y posteriormente desestimar el recurso de apelación, permitieron que se ocultara o quedara encubierto el origen ilícito de determinadas adquisiciones y utilizaciones de bienes con los que determinados ciudadanos se hicieron, a través de actuaciones delictivas. Ayudaron a las personas – funcionarios públicos- que participaron en la infracción, permitiéndoles eludir las consecuencias de sus actos. Acciones que vienen recogidas como definición del tipo básico en el caso de blanqueo de capitales».


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2490 en: 22 de Diciembre de 2019, 01:38:30 am »
Buena justicia tenemos en España.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2491 en: 22 de Diciembre de 2019, 10:50:21 am »
La justicia que se merecen los españoles
NO SE MUDA LA NATURALEZA DEL PODER CAMBIANDO DE SOBERANO Y DEJANDO INTACTA LA SOBERANÍA.

TEORIA PURA DE LA REPUBLICA

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« Respuesta #2492 en: 22 de Diciembre de 2019, 18:03:15 pm »
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« Respuesta #2493 en: 24 de Diciembre de 2019, 06:27:36 am »

‘Infiltrados’ en bufetes o de patrulla con la policía, así se forman nuestros jueces

Su preparación en la Escuela Judicial la copian muchos países del mundo. Solo 188 alumnos se forman hoy allí, el 70% mujeres
Patricia del Águila Barbero

Madrid 23 DIC 2019 - 08:46 CET   

Cerca del Tibidabo, con Barcelona a sus pies, se encuentra la Escuela Judicial. Un lugar donde, desde su creación en 1997, se forman las mentes brillantes que consiguen aprobar una de las oposiciones más duras en España. Ser juez es una de las profesiones de más prestigio, pero (especialmente en los últimos tiempos) también de las más cuestionadas. Es probable que muchos de los que discuten sus resoluciones en las redes sociales se lo pensarían dos veces si supieran la formación de élite que reciben en España, un modelo que copian en muchos países del mundo.

“Por fin estamos aquí”, pensó Claudio García, de Torrejón de Ardoz (Madrid), alumno de la nueva promoción, cuando vio por primera vez las instalaciones que tanto había buscado en internet. “No se puede pasar la oposición sin tener plena vocación”, confiesa.

Tras dejar atrás a más de 4.500 opositores en un examen tipo test y dos orales en el Tribunal Supremo, la primera clase que tuvieron los 188 alumnos de la actual promoción (el 70% mujeres) fue sobre violencia de género y doméstica. “Se está poniendo un especial énfasis en la perspectiva de género y la igualdad”, explica la también alumna Cristina Torralba, de Valencia.

Junto con otros 40 jueces o fiscales que vienen a prepararse desde Latinoamérica, su día comienza con una formación ordinaria en derecho europeo y constitucional, civil y procesal-civil, y penal y procesal-penal. Además de clases de inglés y de la especialización social y contenciosa.

A esto se le añade estancias con la fiscalía, notarios, registradores y procuradores, psicólogos y servicios sociales. E, incluso, realizan talleres de medicina legal y pericial y ética judicial.

Aparte de seminarios con abogados especializados en protección de datos o materias sanitarias, los alumnos pasan 15 días en bufetes de Barcelona. Ahí conocen cómo el letrado enfoca el caso con el cliente, muchas veces sin que el propio profesional sepa que está con un juez en prácticas. También ven cómo asisten a detenidos y acompañan a los abogados a juicio. “Lo que se busca es ver la forma de trabajar de un letrado, porque nos enfrentamos en los tribunales a muchos que tienen conocimientos superespecializados y en el caso del juez no es siempre así”, comenta Claudio.

Además, conocen de primera mano la labor de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Escuadra. Durante días completos, los acompañan para saber qué hay detrás de una larga investigación y por qué necesitan que les autoricen, por ejemplo, una intervención telefónica o una orden de entrada y registro. A su vez, hacen controles de alcoholemia por las noches con la policía para observar en qué estado están los ciudadanos y cómo llegan luego a los juzgados.

A prisión

Una de sus experiencias más trascendentales es acudir durante una semana a una prisión. Es lo que ellos llaman “una actividad de reflexión” en la que entran como internos, dejan a los alumnos solos en las celdas y los llevan donde están los presos para preguntarles cómo están sus procesos, cómo les trataron los magistrados y por qué están ahí. “Es para que seamos conscientes de una realidad que está muy cerca de lo que hacemos, pero a la vez muy lejos”, explica García. También para que se les caigan algunos mitos novelescos y televisivos y sepan de primera mano las consecuencias de sus decisiones. “Cuando acordamos una pena de prisión, hay que saber qué hay después”, añade Torralba.

Asimismo, y para sorpresa de muchos, los jueces tienen mucho que ver con que España sea líder mundial en trasplantes de órganos. En su formación entra el autorizar, en caso de muerte violenta, una autopsia para donar los órganos a quien lo necesite y no haya riesgos en una investigación penal. “Nos ofrecen asistir a un trasplante o ver cómo se hace una autopsia un sábado a las cuatro de la mañana cuando hay picos de accidentes de tráfico”, cuentan los alumnos.

Su finalidad es concienciar de lo vital de tomar una decisión a tiempo, por ejemplo, para mantener adecuadamente los órganos en la UCI. “Todo lo que está de actualidad en la sociedad, en la Escuela también”, asegura Torralba.

Actores en juicio

La actividad estrella para los alumnos es la simulación de juicios con actores, o entre ellos, donde asumen los roles de abogado, víctima, juez y fiscal. Los actores les ponen en situaciones tensas o conflictivas para aprender qué hacer, por ejemplo, si alguien altera el orden en sala.

La comunicación empieza a coger peso en su enseñanza. Tienen encuentros con la prensa y realizan talleres de escritura jurídica con lingüistas para acercar sus sentencias al lenguaje del ciudadano, algo que, según reconocen, “les cuesta mucho”. “Los jueces suelen ser herméticos”, razona Claudio, quien considera que esta formación también deberían tenerla en dirección contraria los periodistas.

Por el colapso de la justicia, también se les forma para ser ágiles, pero siempre dando la misma importancia a todos los casos. Salen concienciados de la necesidad de la mediación y de la formación continua, y critican que les tilden de “elitistas”: solo el 3% de alumnos tiene relación con jueces.

Sobre si les preocupa la imagen que tiene la sociedad de la justicia, la respuesta es sí. “Nosotros no hacemos las leyes, nos limitamos a aplicarlas conforme a la realidad social. No nos hacemos jueces por el dinero, porque no es, ni mucho menos, la profesión mejor pagada del mundo”, confiesan.

El camino no acaba aquí. Tras un año en la Escuela (con un sueldo de 1.200 euros), inician una segunda fase de prácticas tuteladas. Durante ocho meses se trasladan a otra cuidad y un juez asignado evalúa si están capacitados para llevar solos un juzgado. La tercera fase de “sustitución y refuerzo” se introdujo hace cuatro años y, pese a estar bastante cuestionada, con plena jurisdicción, el juez es evaluado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región.

Este camino, relata Cristina Torralba, conlleva muchos sacrificios personales, familiares y sociales, pero, al llegar a la Escuela, el esfuerzo cobra sentido.




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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2494 en: 24 de Diciembre de 2019, 22:56:52 pm »

La juez de Vigilancia Penitenciaria de Lugo echa las cartas del tarot y el CGPJ la investiga


 La magistrada María Jesús García Pérez, quien supuestamente se saca un sobresueldo echando las cartas del tarot. El Progreso.
INICIOMUNDO JUDICIAL
por Confilegal | 31 mayo, 2018
María Jesús García Pérez, de 55 años, y con 25 años de antigüedad en la carrera judicial, magistrada del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 3 de Galicia, con sede en Lugo, cobra entre 15 y 20 euros la hora por echar las cartas, según el diario “El Progreso”, de Lugo. .

Tras tener conocimiento de esta actividad, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) incoó diligencias informativas, al tener conocimiento de ello, y dio traslado al promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde (pAD), tras ser informado de que la magistrada colocaba propaganda en los coches para promocionar a una vidente, que resultó ser ella misma.

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Conde ha decidido esta mañana abrir una investigación (diligencias informativas) para determinar la naturaleza del trabajo de pitonisa de la magistrada y concluir si tal actividad puede ser objeto de algún tipo de sanción disciplinaria contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La magistrada García Pérez ha venido hasta ahora leyendo el tarot en un piso de la avenida de Ramón Ferreiro de esa ciudad; ella misma es la que cobra el dinero de la consulta. Entre 15 y 20 por persona, afirma el diario.

García Pérez utiliza como nombre profesional de pitonisa el de “María”.

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Aunque la magistrada lo ha negado, uno de los dos periodistas que firman la información se hizo pasar por un cliente durante una sesión de adivinación de la jueza para comprobar que era ella de verdad la que lee las cartas y no su “asistente”, como después afirmó la mujer.

En la sesión mencionada, la magistrada respondió al “cliente” sobre sus problemas judiciales “sin percatarse de que estaba adivinando sobre una historia falsa, inventada sólo para la comprobación periodística de que ella es quien echa las caras y no su asistente”, cuenta El Progreso.

Durante ese “servicio”, la juez-pitonisa preguntó el nombre del abogado del caso, se interesó por la posición de la Fiscalía y dio su visión sobre el asunto: “Esto va a ser una fuente de follones y vamos a ver si la Justicia…”.

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Los rumores comenzaron a dispararse en Lugo cuando la magistrada y el hombre que la acompaña comenzaron a distribuir propaganda, en la que se anunciaba un servicio de “tarotista y vidente”, por locales de hostelería y a dejar en los limpiaparabrisas de los coches aparcados alrededor de la Audiencia Provincial y los juzgados .

En la misma se facilitaba un teléfono móvil y se anunciaba un precio “económico”.

Empezó a 15 euros la consulta, “Sin límite de tiempo en consulta. Fines de semana incluidos”.

Y luego subió a 20 euros, por el mismo servicio.

Los autores de la información, M. Olarte y J.M. Freire, afirman haber sido testigos de cómo lo hacían “a plena luz del día y sin ocultarse de abogados, procuradores, funcionarios de justicia, jueces y ciudadanos que acudían por diversos motivos a los juzgados”.

Esta circunstancia empujó al presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, a ponerlo en conocimiento de su inmediato superior, Miguel Ángel Cadenas Sorbiera, presidente del TSXG, quien, a su vez, incoó las diligencias informativas e informó de las mismas al pAD del CGPJ.

Entre las  funciones jurisdiccionales de la magistrada, desde 2016, se encuentra la de controlar los permisos de libertad de más de mil presos de tres prisiones en Lugo y Ourense, Bonxe, Monterroso y Pereiro de Aguilar.

Los jueces y magistrados tienen un régimen de incompatibilidades muy estricto. Le corresponde a la Comisión Permanente del CGPJ autorizar autorizar actividades extrajudiciales. Sólo son admisibles las de formación y las publicaciones.


Sobre estas líneas, las octavillas que repartía con el primer precio, 15 euros la hora, y el segundo, 20 euros. El Progreso.
ANTECEDENTES
En 2012 la magistrada ocupó los titulares de la prensa de Santiago de Compostela por el malestar existente entre los abogados porque, como titular del Juzgado de lo Penal 1 de esa ciudad, iba a las vistas con su gato.

“El decano del Colegio de Abogados de Santiago, Evaristo Nogueira, calificó” entonces de «deplorable» la actitud de la juez, porque considera que ofrece ‘una pésima imagen de la Justicia’. ‘No es posible que donde se va a decidir si una persona entra o no en prisión la jueza esté con el gato'”, informaba en 2012 La Voz de Galicia.

“Un funcionario del juzgado, sin embargo, restó (…) importancia a la presencia del gato y recalcó que los trabajadores están muy contentos con la jueza y que es en realidad la pareja de la magistrada, que asiste habitualmente a los juicios, el que está con el gato. Los abogados también critican la presencia del compañero de la jueza, que, aseguran, entra y sale del juzgado con el gato en un hombro”, añadía el periódico.

En 2011, justo antes de ser destinada a Santiago, también fue sancionada en Bilbao con una falta leve, porque fumaba en la sala de vistas entre juicio y juicio cuando era titular del Juzgado de lo Penal 6.

El órgano de gobierno de los jueces consideró que la magistrada mantuvo un comportamiento indebido e infringió la legislación que prohíbe consumir tabaco dentro de edificios públicos o centros de trabajo.

Dos de los denunciantes, un letrado y un testigo, protestaron porque, al entrar en la sala donde se celebran las sesiones, se encontraban con una “gran” nube de humo. Uno de ellos acusó a García Pérez de exhibir sobre su mesa un cenicero con colillas.

En 2009 el CGPJ la sancionó 3.000 euros por unas declaraciones que realizó al diario El Mundo Hoy, de Cantabria, cuestionando la Ley de Violencia de Género cuando era titular, precisamente, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1, de Santander, puesto que ocupó desde 2006.

García Pérez aseguró en aquella entrevista que formaba parte de los jueces que estaban en contra de esa ley y que entró en el Juzgado de Violencia únicamente para tener experiencia y para verlo desde dentro.

Además, subrayo que “la orden de protección no sirve para nada”, que los rumanos  “si no pegan a la mujer parece que les falta algo” o que las mujeres colombianas “le toman el pelo a todo el mundo”.

El CGPJ también la sancionó cuando ejercía en Madrid por no acudir a una declaración porque se había ido al gimnasio.

Vaya parece que siempre da de que hablar la Jueza.
Así que de crítica de leyes que está aplicando va a tarotista y vidente, y encima ni respeta al hablar de la Justicia.
Terrible  :caput

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2495 en: 14 de Enero de 2020, 07:00:58 am »

El empeño personal de Sánchez en nombrar a Delgado irrita a Podemos: "Nos la han colado"

Iglesias paga "otra novatada" con el paso a la Fiscalía de la ministra a la que él vinculó con "las cloacas" y que fue tres veces reprobada.
14 enero, 2020 04:10

Alberto D. Prieto María Peral

Las críticas han llovido este lunes sobre el nuevo Gobierno a raíz de la decisión personal de Pedro Sánchez -ajena al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo- de designar fiscal general a Dolores Delgado, salpicada por el escándalo Villarejo, responsable de la Abogacía de los “gestos” a ERC y que va a pasar sin solución de continuidad del sillón del Ministerio y del escaño socialista a una institución encargada de velar por la aplicación imparcial de la ley.

No hay precedentes de un salto así. Ni siquiera es similar el caso de Javier Moscoso (fiscal de carrera, como Delgado), que fue nombrado responsable del Ministerio Público dos meses después de salir del Ministerio de Presidencia.

La irritación se hacía notar en las filas de Podemos, el socio de gobierno de Sánchez. Dentro del modus operandi de Moncloa, este lunes era el día indicado para un movimiento así. La designación de Delgado se vería envuelta en el maremágnum de fotos, discursos y sonrisas de la llegada de los nuevos ministros. Y así, los dirigentes morados evitarían las críticas.

La ministra a la que vincularon a "las cloacas" y para la que Pablo Iglesias reclamó su destitución fulminante parecía una de las grandes perdedoras del acuerdo de coalición. Y sin embargo, el nuevo vicepresidente amanecía el día de su promesa del cargo con el pago de una nueva novatada en su negociación con el presidente: "Nos la han colado", explicaba uno de los históricos del partido tras aplaudir la entrega de la cartera a Iglesias, "pero esto no ha hecho más que empezar, le daremos la vuelta".

Era el que más claro hablaba, porque lo primero que hacía cada dirigente de la formación morada y de sus confluencias era torcer el gesto cuando se les preguntaba. "Yo es que me dedico a cosas prudentes", respondía un miembro de la Ejecutiva, evitando la pregunta con risas y cachetes cariñosos al periodista. "A mí es que aún no me han nombrado", respondía otra como si influyera en su opinión el hecho de estar a la espera de que el BOE publique que a partir del miércoles serán los Presupuestos Generales los que paguen su sueldo y no el partido.

Iglesias apuesta por la retirada de Delgado de la vida política.

Y acaso sí que importa que desde este lunes haya cuatro ministros, un vicepresidente y a saber cuántos secretarios de Estado, directores generales, y demás cargos de confianza producto de la llegada de los de Pablo Iglesias al Ejecutivo.

"Afable con la basura"

Y es que fue precisamente el secretario general de Podemos quien, hace apenas 15 meses, pidió que Dolores Delgado cesara al frente de Justicia por su relación amistosa con el excomisario José Villarejo. El que fue todopoderoso policía había sido el inspirador de lo que Podemos bautizó como "la Trama", una suerte de poderes ocultos al servicio de "los poderosos, las oligarquías y los amiguetes del poder" que habrían maniobrado para perjudicar a Iglesias y al partido.

Si por las obras hay que conocer a los responsables públicos, también se ha recordado este lunes en el palacete de la calle Fortuny la anotación D2 (aparentemente, Dolores Delgado) en el llamado proyecto Pit, referido a la extradicion del empresario Pérez Maura y la relación de Delgado con el turbio comisario Villarejo, hoy en prisión.

En septiembre de 2018, el portal Moncloa.com publicó unas cintas con conversaciones amistosas de Delgado, entonces fiscal de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón y Villarejo en una comida informal: "Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura de las cloacas de Interior en nuestro país debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría que protagonizó la moción de censura", espetó Iglesias en los pasillos del Congreso.

En sólo dos meses, ya habían caído dos ministros: Màxim Huerta por una mala tributación fiscal en sus tiempos de novelista, y Carmen Montón, que cayó cuando se supo que su trabajo fin de máster estaba plagiado en su mayor parte. Sánchez no se podía permitir más escándalos y tanto Pedro Duque -con un caso muy parecido al de Huerta- como Delgado resistieron. Con el primero, Podemos bajó el pistón; no así con la segunda.
Tres veces reprobada

Y es que la titular de Justicia llegó a ser reprobada en el Congreso por el contenido de esas conversaciones con el policía acusado de todo tipo de corrupciones: criticaba por su condición sexual a Marlaska, entonces magistrado en la misma Audiencia en la que ella era fiscal y ahora compañero de gabinete; y celebraba -"¡éxito garantizado!"- la idea de Villarejo para recabar información de personajes influyentes utilizando una "agencia de modelos", lo que él llamaba "información vaginal".

Villarejo está hoy en prisión provisional por sus presuntas corruptelas. Y entretanto, ha sido acusado en innumerables ocasiones por la cúpula de Podemos de haber urdido una trama ilegal de espionaje, de estar detrás del robo del teléfono móvil de una asesora de Iglesias y de haber fabricado "desde las cloacas" todos los "informes falsos" sobre una supuesta financiación ilegal de Podemos.

En los 18 meses que ha sido ministra, Delgado ha sido reprobada hasta tres veces, dos por el Congreso y una por el Senado. De hecho, la primera de ellas lo fue gracias a la abstención de los de Iglesias, precisamente por el caso Villarejo. Pero no sólo levantó ampollas en la oposición política, también entre la judicatura.

Y es que este lunes fue una auténtica sorpresa la reacción generalizada entre jueces y fiscales, con la sola excepción de Jueces y Juezas para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales, que pidieron para ella un voto de confianza. Ambas, sin embargo, secundaron la huelga de noviembre de 2018 que las organizaciones de jueces y fiscales convocaron de forma unánime por la inacción de Delgado ante las demandas de la Administración de Justicia.
"Superar la deriva judicial"

“El premio de no haber hecho nada por sus compañeros de la carrera fiscal durante el tiempo en que ha sido ministra es ponerla al frente ellos”, dice un alto cargo del Ministerio Público, donde se teme una vuelta de tuerca a la politización de la institución después de una etapa con María José Segarra en la que se ha respetado el criterio profesional de los fiscales encargados de los casos.

La explicación más extendida a un nombramiento que la mayoría de las fuentes consultadas califica de “incomprensible” es que Sánchez no ha querido “dejar tirada” a Delgado tras prescindir de ella como miembro del Gobierno. Se apunta, incluso, a que fue la propia Delgado la que, muy conmovida por el cese, pidió a Sánchez el cargo.

Pero otras fuentes tienen una interpretación menos naive. Creen que Delgado es “lo suficientemente lanzada” como para intentar imponer el anunciado propósito de “superar la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española” (Sánchez dixit).

Las fuentes consultadas ven difícil que Delgado logre imponerse  a los fiscales del proces, que son, los cuatro, fiscales de Sala. La nueva fiscal general es fiscal de la segunda categoría y no tiene experiencia en el desempeño de jefaturas. Pero hay muchas vertientes aún abiertas en relación con el proceso soberanista catalán en las que -se teme- puede intentar un golpe de timón, empezando por la causa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que está investigado Josep María Jové, uno de los negociadores de la investidura de Sánchez por parte de ERC.

Y está la relevante cuestión de la ejecución de la condena del procés. “Basta con ordenar que no se interpongan recursos contra la concesión de permisos o la clasificación en tercer grado”, señalan las fuentes consultadas, que recuerdan que en la etapa de Delgado al frente de Justicia, la Abogacía del Estado abandonó el cargo de rebelión, fue destituido Edmundo Bal por querer mantener esa acusación y se ha pedido la libertad de Oriol Junqueras para ir a Estrasburgo como eurodiputado.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2496 en: 15 de Enero de 2020, 07:22:24 am »

18 AñOS EN LA SALA DE LO SOCIAL
La primera jueza de la historia del Supremo: "Yo quería ser como David Bowie"

El 18 de febrero de 2002, Milagros Calvo Ibarlucea se convirtió en la primera mujer en acceder al Supremo, tribunal que ahora abandona por su jubilación

El carné de la magistrada Milagros Calvo, tras convertirse en 1984 en titular de la Magistratura de Trabajo número 1.

Autor
Pablo Gabilondo
Contacta al autor
@p_gabilondo

15/01/2020 05:00

Milagros Calvo Ibarlucea (Valladolid, 1947) se jubila. En febrero de 2002, se convirtió en la primera magistrada en acceder al Tribunal Supremo tras incorporarse a la Sala de lo Social, hito que se consumó en una ceremonia a la que ella resta emotividad: "Tuve que tener cuidado por si un tacón traicionero se apalancaba en la rejilla de la calefacción. Estaba en alerta alfa". Atrás quedan los años en los que se paseaba por los juzgados con una melena que emulaba a su admirado David Bowie —"Era mi estilismo fetiche"—, trayectoria que sus compañeras de sala recuerdan este miércoles en un homenaje. A lo largo de la entrevista, Calvo evita la sensiblería y esquiva las referencias a que fue una pionera de la Justicia española, templanza que solo se quiebra al recordar a los colegas asesinados por ETA.


Hija de militar y ama de casa, estudiar Derecho no fue su primera opción. Ella quería ser médica, pero las matemáticas se le atragantaron en el colegio y no le quedó más remedio que dar marcha atrás. "Me cambié a letras con gran problema. Había que alterar la matrícula, hacer todo el papeleo...". Con su principal vocación ya descartada, el interés por la ley le llegó después de que su colegio organizara un encuentro con antiguos alumnos, entre los que quedó cautivada por una mujer que había escogido esa carrera. A partir de ahí, no tuvo dudas: abandonó la rama de ciencias, se puso al día con griego y latín y aterrizó en la Universidad de Valladolid: "En la orla de fin de carrera, si somos treinta y algo, aparecemos siete mujeres".

Mientras ella se enfrentaba a los primeros manuales de Derecho, las mujeres ni siquiera podían ejercer como juezas o fiscales: solo tenían la puerta abierta en el ámbito municipal. La situación cambió en 1967, cuando se encontraba en la universidad. "Recuerdo perfectamente el aula en la que estábamos. Suscité la cuestión de que estaban en las Cortes debatiendo un proyecto por el que las mujeres podían acceder a la carrera judicial. Les dije a los compañeros: '¿Por qué no mandamos telegramas de apoyo a las Cortes y tal y cual?'. Y nada. Hubo la típica risilla y no me hizo caso nadie. Es más, hubo algún comentario de 'a nosotros qué nos importa'. Claro, estaba hablando con hombres. Recuerdo aquel día porque me resultó molesto".

Con el diploma bajo el brazo, Calvo se presentó a las oposiciones de la Justicia municipal. "El temario era más pequeño y no quería seguir siendo una carga para mis padres. Quería independencia y luego ya vería". Tras superarlas, fue escalando puestos hasta el de secretaria de un juzgado comarcal: en enero de 1974, en Villena, y a partir de septiembre de ese mismo año, en Yecla. "En el primer juzgado, compartíamos la planta de un edificio de vecinos con el juzgado de primera instancia e instrucción. Era una pobreza franciscana. Tenía que pedirles prestada una máquina de escribir y, como en invierno hacía mucho frío, los abogados de allí nos prestaban las bombonas de butano". Aquella precariedad no la amedrentó y desde 1975 comenzó a prepararse para las oposiciones a la carrera judicial.

Tras superar los exámenes —"Me tomaba los temas el juez de primera instancia de Yecla"—, llegó el momento de elegir: jueza o fiscal. Y en enero de 1979, se fue a la Fiscalía de Bilbao. ETA todavía no había comenzado la ola de asesinatos contra jueces y fiscales, pero la tensión se palpaba en las calles. "A mí no se me olvidará el último Viernes Santo que pasé en Bilbao. Ese día mataron al guardia civil que vigilaba el acceso en la Audiencia Provincial. Creo recordar hasta la ropa que llevaba puesto: un traje verde". En 1980, Calvo abandonó la Fiscalía y se convirtió en jueza de Trabajo, puesto que mantuvo durante cuatro años. En la última etapa, también ejerció como decana de los juzgados de Bilbao, donde se cruzó una vez más con el terrorismo. "Me has devuelto los 10 años de vida que me habías estado quitando", llegó a decirle su madre cuando le anunció su traslado a Madrid.

Pero antes de abandonar el País Vasco, Calvo tuvo un par de experiencias con ETA. La primera, en forma de carta: "Una vez, recibí una. Yo creo que era alguien que utilizaba el logo de ETA porque tenía un asunto allí y quería asustar. Venía a decir que pensase muy bien lo que tenía que hacer porque los errores traen consecuencias. Yo creo que fue alguien conectado con ETA que dijo: 'Oye, déjame ponerle el sello a esta señora'. Me olió a 'fake', como decimos ahora". La segunda, en forma de bomba: "Hacia el 84, hubo una serie de atentados contra edificios públicos. Se dejaron preparados los dispositivos explosivos para que actuaran durante la noche y uno de ellos estaba puesto justo ante la jardinera que había a la puerta de mi despacho. No era un ataque personal, pero sí contra todas las instituciones".

Después de llegar a Madrid, ETA puso a jueces y fiscales en la diana de manera definitiva. En 1989, asesinó a la fiscal Carmen Tagle y, a partir de ese momento, el listado no dejó de crecer. La banda se llevó por delante a conocidos de Calvo como el magistrado Rafael Martínez Emperador: "Él era de nuestra jurisdicción, de lo Social. Imagínese la noticia de que resulta muerto un compañero suyo con el que ha estado ahí, que le ha visto, que ahora no le ve, que pasado mañana sí, que hemos cenado, que hemos comido... Imagínese eso. Pues así. Una persona próxima, de al lado, como quien dice, a la que le han pegado un tiro en la puerta de su casa. Iba a dar una conferencia, se había dejado no sé qué y llama por el telefonillo: 'Oye, los papeles esos que me los bajéis'. Y ahí se acabó".

Calvo recibió la noticia en Madrid, adonde se había trasladado en 1984 como titular de la Magistratura de Trabajo número 1. Los que la conocieron en aquella época todavía recuerdan su melena. "Sobre lo del pelo punki y de colores... Yo quería imitar el estilo de David Bowie y no eran siete colores, eran dos: castaño y rubio". La magistrada compaginaba este 'look' con "un traje de raya diplomática", estilismo que en ningún caso iba aparejado a un pensamiento: "¡Yo qué voy a ser punki! Yo era admiradora de David Bowie. No me disgustan los punkis en absoluto. En mi vida civil, de haber sido civil, hubiera sido punki, a lo mejor... Pero los que me gustan realmente son los góticos". Su admiración a Bowie, de hecho, no iba más allá de su pelo: "Su música me daba igual. Su estilismo... Sí. Yo quería ser como David Bowie".


Según explica, el impacto inicial de su nuevo 'look' duró 24 horas, pero los colores aguantaron en su pelo unos 10 años. "Hasta que me aburrí", sentencia. En julio de 1988, Calvo se presentó así con su particular melena en el Tribunal Central de Trabajo, más tarde rebautizado como Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Para entonces, la magistrada se había unido a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), una de las más conservadoras dentro del ámbito judicial: "Estaba prácticamente desde su fundación, porque cuando aparece, allá por el 82 u 83, era la única. En aquella época, se estaban celebrando elecciones para el Consejo General del Poder Judicial y era una manera de enterarse de quién se presentaba, qué votaban unos, qué votaban otros... No había la división que hay hoy".

Tras incorporarse a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Madrid, de la que formó parte entre 1994 y 1999, Calvo intentó dar el salto al Supremo. Los primeros intentos fracasaron, pero en 2002 logró el objetivo. Su nombramiento, sin embargo, no estuvo exento de polémica: más de 100 abogados laboralistas llegaron a presentar un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que aseguraban que carecía de "la capacidad profesional necesaria" para llegar al Supremo, críticas a las que se sumó parte del considerado sector progresista. Calvo, sin embargo, quita peso a la polémica: "Lo recuerdo como un enfrentamiento, que es casi un ritual que se cumple en estos casos. Unos votan de una manera y otros de otra... Pues muy bien".

El 18 de febrero de 2002, tomó posesión en el Supremo. "Las cosas son emotivas cuando tienes tiempo para ser emotivo. Yo hice las invitaciones a mano y las repartí a mano". Tras 18 años en el alto tribunal, la magistrada sigue evitando la cursilería a la hora de hablar de su jubilación, pero sus compañeras le han organizado un homenaje igualmente. "Ha sido un gran hito. Basta con ver lo que nos está costando a las mujeres llegar al Tribunal Supremo: de 80 magistrados, a día de hoy somos 14 mujeres", explica Lourdes Arastey, de la Sala de lo Social. Ese paulatino desembarco de magistradas se refleja en la fotografía de este artículo, en la que Calvo aparece junto a sus compañeras de sala: la tomaron en 2018, justo después de que emitieran la primera sentencia de la historia del Supremo en la que solo firman mujeres. En el centro de la imagen, una pionera a lo David Bowie.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2497 en: 15 de Enero de 2020, 17:09:02 pm »
miércoles, 15 de enero de 2020


Declaración institucional de la Comisión Permanente


En respuesta a las manifestaciones del vicepresidente segundo del Gobierno]


Autor
Comunicación Poder Judicial

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad la siguiente declaración institucional en respuesta a las manifestaciones realizadas ayer a Antena 3 Televisión por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en las que afirmaba que la Justicia española ha resultado humillada por los tribunales europeos:

“Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Esa tarea incluye la colaboración con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), únicos tribunales europeos a lo que se subordina la jurisdicción española en el ejercicio de sus competencias, formando parte sus pronunciamientos del normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos.

En relación con los hechos acaecidos en Cataluña en el otoño de 2017, solo existen dos pronunciamientos de estos tribunales:

1. La sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2019 dictada en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español y que aclara la cuestión de la inmunidad de los europarlamentarios desde la perspectiva del Derecho europeo en un sentido contrario al sostenido hasta entonces por el propio tribunal europeo, por todos los Estados de la Unión, por la Comisión Europea y por el propio Parlamento Europeo. Una vez conocida la sentencia, el Tribunal Supremo acomodó sus resoluciones a la nueva doctrina y acordó la inhabilitación del procesado Oriol Junqueras, decisión que fue inmediatamente aceptada y ejecutada por el Parlamento Europeo, y solicitó a esta Cámara la suspensión de la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín.

2. El pronunciamiento del TEDH que confirmó en todos sus extremos la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno del Parlament de Cataluña de 9 de octubre de 2017 y declaró que esa suspensión era “necesaria en una sociedad democrática” para “el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás”.

La Comisión Permanente también quiere recordar, en relación con la actuación de otros tribunales respecto de los que no existe subordinación alguna de la Justicia española, que ninguno de ellos ha hecho pronunciamiento definitivo sobre las euroórdenes cursadas a Bélgica contra Carles Puigdemont y Antoni Comín –que se encuentran suspendidas- ni sobre la cursada a Escocia contra Clara Ponsatí –que sigue tramitándose-; y que solo el tribunal regional alemán de Schleswig-Holstein rechazó, contra el criterio de la Fiscalía de ese país, la entrega de Carles Puigdemont para ser enjuiciado por el delito de rebelión, aunque sí aceptó su entrega por el de malversación de caudales públicos.

Como ya ha hecho a lo largo del presente mandato del CGPJ con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, la Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”.

La declaración ha sido suscrita por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y por todos los vocales de su Comisión Permanente: Álvaro Cuesta, José María Macías, Pilar Sepúlveda, José Antonio Ballestero, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2498 en: 15 de Enero de 2020, 18:48:11 pm »
En esta breve legislatura que empieza ahora los tribunales van a tener mucho que decir, mal empieza el ejecutivo haciendo este tipo de comentarios, completamente fuera de lugar, sobre el poder judicial que, no se debe de olvidar nunca, es uno de los poderes del Estado, separado del Ejecutivo y Legislativo, de los que, entre otras cosas, debe recibir respeto institucional que merece.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2499 en: 17 de Enero de 2020, 05:59:01 am »