Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 255878 veces)

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2520 en: 05 de Abril de 2020, 16:37:25 pm »


Antonio SeoaneSeoane García, el juez que denunció el corporativismo policial y la corrupción judicial


El magistrado que hoy critica las actuaciones políticas de las asociaciones policiales apuntó anteriormente contra las mafias que presionan a la justicia. También se sumó a una campaña contra la cadena perpetua encubierta.

POLÍTICA 01.04.2020 07:29 PÚBLICO
Las asociaciones policiales no olvidarán, al menos a corto plazo, el nombre del primer juez que les ha plantado cara. Se llama Antonio Seoane e ingresó en la judicatura hace 20 años tras haber ejercido durante otros 23 en el ámbito de la abogacía. Si este martes le ha dicho al Sindicato Unificado de Policía (SUP) que no hay que "creer que el cuerpo al que uno pertenece merece más que los demás", anteriormente ya se posicionó contra el abaratamiento de los despidos y no dudó en denunciar la corrupción judicial.


"Por doquier hay mafias organizadas que acechan a la administración de Justicia y a los jueces. Grandes mafias organizadas que controlan el narcotráfico, el contrabando, la especulación financiera y urbanística, la trata de blancas y la prostitución o el tráfico de inmigrantes", relataba Seoane en un artículo reproducido en 2018 por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid.

Un juez rechaza obligar a que Interior suministre de forma urgente material de protección a la Policía
Allí hablaba también de las "pequeñas mafias provinciales, incomprensiblemente toleradas, que 'pelotean' facturas para defraudar al fisco en materia de IVA, que establecen conexiones 'privilegiadas' para obtener permisos de trabajo o que se presentan a sí mismas como 'conseguidores' de pensiones de la Seguridad Social para beneficiarios a quienes no les corresponden".

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"Estas pequeñas mafias se fundan por grises personajillos, usualmente abogados graduados sociales, gestores o asesores que tejen su tela de araña captando su 'trabajo' en el medio rural o a través de cómplices en las Administraciones públicas correspondientes", remarcaba.

La declaración del número dos de la Policía que llevó al juez a concluir que el panorama en el Cuerpo era "devastador"
"Los jueces son tan propensos a la corrupción como cualquier otro profesional. Tanto como los médicos, los abogados o los chapistas. O incluso más, porque el juez es depositario de un poder social incontrolable por definición y controlable por excepción", recordaba en aquel artículo, en el que se refería también al "corporativismo mal entendido" y también criticaba lo que consideraba "cierta visión parcelada de la Justicia".

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Seoane, que fue magistrado de lo Social en Badajoz y ahora está en Madrid, ha vuelto esta semana a referirse al "corporativismo" para rechazar la petición formulada por el SUP para dotar urgentemente a los agentes de material de protección ante el coronavirus.

¿Afecta el estado de alarma a la custodia de los menores?
El juez destaca que "hay personal más gravemente expuesto" y subraya que "ante la carencia de material para todos, el Gobierno de la Nación debe priorizar servicios, territorios, grupos sociales". Además, acusa también a ciertas asociaciones policiales de "servir a intereses políticos de desgastar al Gobierno en tan crítica situación", en referencia a la emergencia del coronavirus.

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Contra la cadena perpetua
Crítico con la politización de la justicia, enemigo de los corporativismos… y contrario a la prisión permanente revisable que promovió el PP. Esto último lo dejó firmado a principios de 2018, cuando suscribió –junto a un largo número de magistrados– un manifiesto contra la cadena perpetua promovido por el Grupo de Estudios de Política Criminal y apoyado por Jueces y juezas para la Democracia, Asociación de juezas y jueces Ágora Judicial y Unión Progresista de Fiscales.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2521 en: 05 de Abril de 2020, 18:08:08 pm »
¿Un juez progre?

¿Seguirá estando en contra de la PPR?




Antonio SeoaneSeoane García, el juez que denunció el corporativismo policial y la corrupción judicial


El magistrado que hoy critica las actuaciones políticas de las asociaciones policiales apuntó anteriormente contra las mafias que presionan a la justicia. También se sumó a una campaña contra la cadena perpetua encubierta.

POLÍTICA 01.04.2020 07:29 PÚBLICO
Las asociaciones policiales no olvidarán, al menos a corto plazo, el nombre del primer juez que les ha plantado cara. Se llama Antonio Seoane e ingresó en la judicatura hace 20 años tras haber ejercido durante otros 23 en el ámbito de la abogacía. Si este martes le ha dicho al Sindicato Unificado de Policía (SUP) que no hay que "creer que el cuerpo al que uno pertenece merece más que los demás", anteriormente ya se posicionó contra el abaratamiento de los despidos y no dudó en denunciar la corrupción judicial.


"Por doquier hay mafias organizadas que acechan a la administración de Justicia y a los jueces. Grandes mafias organizadas que controlan el narcotráfico, el contrabando, la especulación financiera y urbanística, la trata de blancas y la prostitución o el tráfico de inmigrantes", relataba Seoane en un artículo reproducido en 2018 por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid.

Un juez rechaza obligar a que Interior suministre de forma urgente material de protección a la Policía
Allí hablaba también de las "pequeñas mafias provinciales, incomprensiblemente toleradas, que 'pelotean' facturas para defraudar al fisco en materia de IVA, que establecen conexiones 'privilegiadas' para obtener permisos de trabajo o que se presentan a sí mismas como 'conseguidores' de pensiones de la Seguridad Social para beneficiarios a quienes no les corresponden".

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"Estas pequeñas mafias se fundan por grises personajillos, usualmente abogados graduados sociales, gestores o asesores que tejen su tela de araña captando su 'trabajo' en el medio rural o a través de cómplices en las Administraciones públicas correspondientes", remarcaba.

La declaración del número dos de la Policía que llevó al juez a concluir que el panorama en el Cuerpo era "devastador"
"Los jueces son tan propensos a la corrupción como cualquier otro profesional. Tanto como los médicos, los abogados o los chapistas. O incluso más, porque el juez es depositario de un poder social incontrolable por definición y controlable por excepción", recordaba en aquel artículo, en el que se refería también al "corporativismo mal entendido" y también criticaba lo que consideraba "cierta visión parcelada de la Justicia".

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Seoane, que fue magistrado de lo Social en Badajoz y ahora está en Madrid, ha vuelto esta semana a referirse al "corporativismo" para rechazar la petición formulada por el SUP para dotar urgentemente a los agentes de material de protección ante el coronavirus.

¿Afecta el estado de alarma a la custodia de los menores?
El juez destaca que "hay personal más gravemente expuesto" y subraya que "ante la carencia de material para todos, el Gobierno de la Nación debe priorizar servicios, territorios, grupos sociales". Además, acusa también a ciertas asociaciones policiales de "servir a intereses políticos de desgastar al Gobierno en tan crítica situación", en referencia a la emergencia del coronavirus.

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Contra la cadena perpetua
Crítico con la politización de la justicia, enemigo de los corporativismos… y contrario a la prisión permanente revisable que promovió el PP. Esto último lo dejó firmado a principios de 2018, cuando suscribió –junto a un largo número de magistrados– un manifiesto contra la cadena perpetua promovido por el Grupo de Estudios de Política Criminal y apoyado por Jueces y juezas para la Democracia, Asociación de juezas y jueces Ágora Judicial y Unión Progresista de Fiscales.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2522 en: 11 de Abril de 2020, 20:40:46 pm »

Funcionarios denuncian a un juez de la Audiencia Nacional por enviarles trabajo a casa


De la Mata pidió voluntarios para agilizar expedientes de las víctimas de iDental
Isabel Vega
Isabel Vega
@isabelvega

Un solo funcionario atenderá cinco juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional
El sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) y la rama de esta área en Comisiones Obreras han denunciado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ante el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial por enviar a los funcionarios trabajo a casa.


Según informan en fuentes jurídicas a ABC, De la Mata pidió voluntarios entre el funcionariado del Juzgado Central de Instrucción número 5 que quisieran seguir tramitando expedientes en sus domicilios durante este periodo de excepción. La Audiencia Nacional, en línea con el resto del sistema judicial, trabaja estos días en servicios mínimos y sólo atiende las cuestiones de urgencia o que entran en el turno de guardia.

El objetivo era seguir tramitando los expedientes de víctimas de la macrocausa sobre el fraude de iDental, una estafa a nivel nacional que ha dejado decenas de miles de damnificados en toda España. Algunos sólo están perjudicados a nivel económico, por tratamientos pagados que no se llegaron a completar; pero muchos otros presentan lesiones y padecimientos graves por negligencias médicas de distinta índole, en esta malograda cadena de clínicas dentales «low cost».


Tras registrar los afectados que habían denunciado por la vía penal, el juzgado ha recibido más de 4.000 expedientes de otros tantos denunciantes remitidos por el Ministerio de Consumo. Se trata de personas que acudieron a las autoridades de sus comunidades autónomas y que deben ser computadas para el cálculo de víctimas en el procedimiento. Para poder cuantificar el volumen y el alcance de perjudicados, hay que tramitar todos esos archivos y eliminar duplicidades. Según fuentes conocedoras de la causa, se trata de un trabajo laborioso y que lleva tiempo, aunque es «mecánico y relativamente sencillo», por lo que puede realizarse desde fuera del juzgado.

La Policía trasladó las cajas
Esa fue la encomienda del juez De la Mata por la que ahora ha sido señalado. Con el avance de la crisis sanitaria, pidió voluntarios para que se llevasen expedientes a casa y así lo transmitió a través de la Letrada de la Administración de Justicia a cargo de su Juzgado. Fueron varios los funcionarios que se negaron, de acuerdo a diversas fuentes, sosteniendo que no se trataba de un asunto en el que hubiera que trabajar estando la Audiencia Nacional en servicios mínimos. No hay ya ningún responsable de iDental en prisión provisional, así que en puridad, esta tarea no tiene carácter urgente.


Finalmente, se recabó una lista de funcionarios dispuestos a seguir con la causa a distancia, y agentes de la Policía Nacional, por disposición del juez, trasladaron las cajas de documentación a cada uno de sus domicilios.

Sin embargo, la decisión generó malestar en la plantilla y fue trasladada a los representantes sindicales, quienes cuestionan, en primer lugar, que los voluntarios fueran tales. Han acudido a Justicia y al CGPJ alegando que tocar esos papeles les pone en riesgo de contagio. «Es muy grave remitir cajas de papel a los domicilios particulares, pues el papel puede estar contaminado. Y ni la letrada ni el magistrado pueden afirmar lo contrario», alegan en CC.OO.. En STAJ ponen el acento también en el riesgo para «la integridad de las actuaciones y su confidencialidad», algo de lo que no se podría «responsabilizar» a esos funcionarios fuera de la sede.

No teletrabajan
La cuestión que subyace es que los funcionarios de la Audiencia Nacional, en sentido estricto, no teletrabajan, porque el sistema informático que se utiliza para recibir y redistribuir asuntos no permite el acceso en remoto y, cuando se habilita, es en el equipo propio del trabajador, dado que no se les proporcionan portátiles.


Por eso, en los primeros días del estado de alarma se fijaron turnos que implicaban la presencia de entre uno y dos funcionarios por juzgado para poder mantener atendidas las cuestiones de urgencia. Tras las quejas de los sindicatos y la mayor restricción de los servicios esenciales, la Sala de Gobierno acordó reducir su presencia a la mínima expresión: ahora hay un sólo funcionario para cinco juzgados y otro para el de guardia.

Antes y después de aquel acuerdo, los sindicatos proclamaron la disposición de los funcionarios de la Audiencia Nacional confinados en casa a apoyar en lo que fuera necesario.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2523 en: 17 de Abril de 2020, 06:32:37 am »
EL DOMINGO A LAS 21:30 HORAS EN LASEXTA

Lorena Ruiz-Huerta: "La policía maltrata a los detenidos"


El próximo domingo, en el debate que abre Salvados sobre la justicia, Jordi Évole cuenta con Lorena Ruiz-Huerta, abogada de oficio, quien asegura: "La policía no sólo golpea a los detenidos, sino que también les insulta y les humilla". Jordi avisa de la gravedad de sus palabras, pero Lorena lo tiene claro: "Yo me lo encuentro en cada guardia que hago del turno de oficio". Este domingo, en 'Salvados', a las 21:30 horas: 'La justicia a juicio'.


http://www.lasexta.com/programas/salvados/avances/lorena-ruiz-policia-maltrata-detenidos_2014052700329.html


Un juez absuelve a la ex portavoz de Podemos Ruiz-Huerta de calumniar a la Policía


    EFE
    Madrid

Jueves, 16 abril 2020 - 17:36

Un juzgado de Madrid ha absuelto a la exportavoz de Podemos en la Asamblea regional Lorena Ruiz-Huerta de un delito de calumnias con publicidad por haber denunciado en un programa de televisión en 2014 maltratos policiales a las personas detenidas.

En la sentencia, de 19 páginas, el juzgado de lo penal número 17 de la capital exonera también a Atresmedia de la responsabilidad civil que se le reclamaba.

La exdiputada regional, que ha anunciado su absolución en Twitter y que siempre se amparó en su libertad de expresión, se enfrentaba al pago de una multa de 4.700 euros, de la que ha sido eximida.

Los hechos se remontan a junio de 2014, cuando Ruiz-Huerta participó en el programa "Salvados, cuestión de justicia", de La Sexta, como abogada penalista y miembro de la Asociación Libre de Abogados (ALA) para narrar su experiencia como letrada del turno de oficio.

Tanto la acusación particular, ejercida por la Unión Federal de Policía (UFP) y la Asociación de Guardias Civiles (AGC), como la Fiscalía consideraron que calumnió a sus cuerpos por dar a entender que la policía maltrata sistemáticamente a los detenidos, así como que les veja, insulta y les humilla.

Ahora, la magistrada entiende que lo que hizo la acusada fue "trasladar su opinión personal y su experiencia subjetiva como letrada del turno de oficio, efectuando en el contexto de una entrevista con participación de otros dos intervinientes, además del entrevistador, con ánimo de crítica".

Según recoge la sentencia, ella en el juicio aclaró que a los supuestos que se refirió no quería decir que esos malos tratos se produzcan siempre en todos los supuestos de personas detenidas y que ella nunca dijo que todos los policías maltraten o torturen a los detenidos.

Además, "aún cometiendo el exceso verbal mencionado, no llega a caer en ningún momento en la falta de educación y en el insulto fácil, sino que lo que hace es realizar una crítica de una institución, muy vehemente y áspera, más propia, quizás, de un discurso o mitin político".

Según la magistrada, al tratarse de manifestaciones "animadas de una exclusiva intencionalidad política, la Constitución abre el más amplio espacio a la discrepancia; hasta el punto de admitir exteriorizaciones torpes de desafecto a las instituciones, si se limitan al plano verbal".

"Es por lo que en tal espacio tienen cabida, incluso, declaraciones como las contempladas, que por su total negatividad y su ausencia de rigor intelectual y de finura dialéctica, son una suerte de desahogo subcultural o de exabrupto. Sin nada que ver, desde luego, con el ejercicio de la crítica racional, pero que aquí fueron la forma de expresión de una de las opciones políticas en presencia.

En este punto, la juez admite que la acusada intervino en el programa en calidad de abogada y no de política, pero a este respecto recuerda que a un abogado "no se le puede ni debe exigir imparcialidad".

La magistrada lo contextualiza en el "conflicto teórico entre uso de la fuerza y mantenimiento de la legalidad y la seguridad vigentes", en el que Ruiz-Huerta, "se sitúa claramente 'del lado' de sus clientes, unos clientes del turno de oficio que provienen del mundo de la marginalidad y de los ámbitos más desfavorecido de la sociedad".

Y no lo hace, añade la sentencia, "porque la acusada se oponga a la legalidad vigente, sino porque su objetivo prioritario es la preservación del mayor bienestar posible para estos clientes que ella denomina sus 'clientes pobres' y entendemos que es desde este punto de vista, subjetivo, que realizó las manifestaciones que hizo".

"El ánimo de criticar que animaba a la ofensora", concluye la sentencia, iba orientado "a reclamar una mejora material de las condiciones del régimen de detención, custodia y puesta a disposición judicial de detenidos".

Por eso, "y teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en que se vertieron, y principalmente el interés público de la materia abordada, entendemos que ha de prevalecer el derecho a la libertad de expresión de la acusada".



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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2524 en: 17 de Abril de 2020, 08:52:36 am »
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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2525 en: 17 de Abril de 2020, 12:57:05 pm »
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Falta la de Isa Serra...que va a correr el mismo camino.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2526 en: 26 de Abril de 2020, 07:41:52 am »
Bueno ahora es la pandemia y ayer fue el "pandetodoslosdías", la justicia no ha levantado cabeza en 40 años, todavía recuerdo que en los 80 tan sólo había veintipocos juzgados de instrucción en Madrid para todos los asuntos, hoy ya no sé cuantos hay de instrucción, y de lo penal, pero es igual, nada ha cambiado en esos 40 años, salvo los reiterados planes que cada cierto tiempo aparecen en escena.



La pandemia empuja a la Justicia a un colapso sin precedentes tras años de abandono sin inversiones ni consensos
La saturación endémica de los juzgados se verá acrecentada por el parón impuesto por el estado de alarma. A la vuelta, tendrán que hacer frente a un sinfín de procedimientos derivados de la crisis de la COVID-19 sin que esté previsto un aumento de recursos
Marcos Pinheiro / Elena Herrera
25/04/2020 - 21:52h

La Justicia está prácticamente congelada. Todos los procedimientos no urgentes están parados desde el 14 de marzo, cuando entró en vigor el Real Decreto que instauró el estado de alarma por el coronavirus. Solo se tramita un número limitado de asuntos, los considerados esenciales, mientras el resto está en un compás de espera sin fecha concreta de regreso y por ahora sin fórmulas para articular la vuelta a la actividad ordinaria.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está en funciones, ha pedido que el primer día que deje de estar en vigor el estado de alarma se encienda de nuevo el contador de los plazos judiciales. A partir de entonces, la Justicia afrontará la tarea titánica de ponerse al día con procedimientos que llevaban ya años de retraso por la saturación endémica de los juzgados, a los que se sumarán una cascada de nuevos casos motivados por la propia crisis del COVID-19: procesos derivados de los ERTEs, reclamaciones por las multas impuestas durante el confinamiento o causas penales que ya se apuntan contra responsables políticos.

La crisis del coronavirus ha impactado en una Justicia que no termina de iniciar el proceso de modernización y aumento de recursos. El Ministerio ha tenido al frente seis nombres distintos en los últimos 10 años y ninguno ha acometido la gran reforma que reclaman desde hace años las asociaciones judiciales, que llegaron a ir a la huelga para defender que se mejoraran los salarios y se ampliaran juzgados y plantillas. Los intentos de digitalización tampoco han tenido los efectos esperados, algo que ha quedado patente durante esta crisis.

Ahora, sin haber acometido las transformaciones necesarias, afrontan una crisis que ahondará en la saturación que el sistema sufre desde hace años y a la que solo se han puesto parches. El PP, por ejemplo, trató de acelerar la instrucción de causas penales limitando el tiempo de investigación pero sin aumentar los recursos de jueces y fiscales. El resultado fue que varios procesos se cerraron el falso, la norma fue criticada por toda la esfera judicial y ahora está en proceso de derogación.

El Defensor del Pueblo dedica cada cierto tiempo extensos informes a las causas de dilación judicial, que son la fuente de buena parte de las quejas que recibe. En el último recogió que la mitad de las reclamaciones iniciadas por particulares por "funcionamiento anormal de la Justicia" se habían debido a retrasos injustificados. Y en ese informe dedicaba un amplio apartado a unos juzgados especialmente sobrecargados: los de las cláusulas suelo. El departamento jurídico de la consultora Wolters Kluwer calculó en 2019 que algunos de esos juzgados tardan hasta cuatro años en dictar sentencia. Solo los 10 más desbordados hacían frente a más de 5.000 procedimientos.

El escenario de saturación se complica ahora con un parón obligado de los procedimientos, al que seguirá un aluvión de reclamaciones judiciales relacionadas con la COVID-19. Durante las últimas semanas, el ministro Juan Carlos Campo y altos cargos de su departamento se han reunido con las asociaciones de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia o abogados.

En todos los colectivos existe una gran preocupación por las consecuencias que puede tener el ingreso masivo y en poco tiempo de un número elevado de asuntos cuando se levante el estado de alarma, pero también por cómo se va garantizar su trabajo en condiciones de seguridad y atendiendo a las recomendaciones sanitarias. "Hay sedes en la Comunidad de Madrid en las que trabajan cada día 3.000 personas", dice María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid y portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que apuesta por una vuelta "escalonada" y con medidas que se puedan aplicar "de modo inmediato".

"Sin más medios humanos y materiales será imposible sacar adelante el previsible incremento de asuntos", dice Del Barco, que critica la propuesta del CGPJ de poner de ejemplo los juzgados especializados que se nacieron en 2017 para hacer frente a la avalancha de demandas por las cláusulas suelo. "El encapsulamiento ha provocado que nos encontremos con órganos con miles de asuntos y, lo que es peor, con una perspectiva de resolución a varios años vista. No puede ser el modelo a seguir", dice esta jueza. Como vía más ágil para disminuir la litigiosidad, fomentar los acuerdos extrajudiciales y agilizar los procesos, la APM propone la "unificación de criterios".

Los fiscales también abordan con preocupación la reanudación de toda la actividad judicial tras esta crisis. Piedra angular de sus reivindicaciones es la derogación del artículo que recortó los plazos de caducidad de la instrucción de las causas penales. La conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales considera que tras el estado de alarma se hará "prácticamente inviable" el "efectivo cumplimiento" de este artículo y pide su derogación. También lo creen así en la Unión Progresista de Fiscales, donde solicitan incluso que el Gobierno derogue este artículo por la vía del real decreto. "Una vez que se reactiven los plazos procesales va a ser muy difícil el control los plazos de instrucción previstos y se va a incrementar el riesgo de impunidad. Es algo muy urgente", dice la fiscal Teresa Peramato, presidenta de la UPF.

Para agilizar la actividad, este colectivo también propone que, en la medida de lo posible, se incremente el número de fiscales que pueden trabajar presencialmente en las sedes incluso antes de que se levante el estado de alarma y que se potencien las sustituciones internas y externas. También entre los fiscales se extiende el convencimiento de que sin más medios humanos será imposible abordar un colapso que todos ven inevitable.
Sin medios de protección en el inicio de la crisis

"Durante las primeras semanas del estado de alarma no proporcionaron ningún medio de protección, el edificio en el que trabajo lo desinfectaron tres semanas después y eso que había casos de personal al que le diagnosticaron la COVID-19" relata Teresa Puchol Soriano, magistrada del juzgado mixto número 1 de Huesca. "Ahora hay un plástico en el juzgado de guardia, mascarillas y guantes de vinilo", añade.

Carlos Javier Galán, titular del juzgado de lo social número 2 de Algeciras, describe un escenario similar: "En mi juzgado no hemos celebrado juicios durante el estado de alarma, porque incluso en aquellos que estaban declarados urgentes los propios interesados instaban la suspensión de las vistas. Al no existir garantías de seguridad y protección, los propios justiciables y los profesionales preferían no correr riesgos".

"Los equipos de protección individual tardaron en llegar a los Juzgados, y, cuando lo hicieron, escasearon en seguida. Da reparo denunciarlo cuando ni siquiera los hospitales tenían dichos equipos, pero lo cierto es que miles de funcionarios de Justicia han hecho frente a los servicios mínimos totalmente desprotegidos", explica Carlos Viader, al frente del juzgado de lo penal número 1 de Melilla.

Puchol, Galán y Viader son jueces de "a pie", al frente de juzgados de instrucción, el primer escalón judicial y el que antes notará esa saturación añadida cuando se reanude la actividad. Los tres pronostican una enorme sobrecarga de procedimientos y coinciden: los retrasos no vendrán por la crisis, sino por la situación que arrastra.
El frente judicial del virus: de las residencias a la protección de sanitarios

Miembros de la UME se despliegan en las inmediaciones de los juzgados de Plaza Castilla en Madrid. EFE
La crisis colapsará unos juzgados "ya de base saturados"

"La mayor parte del retraso acumulado en las jurisdicciones no tendrá como causante a la COVID-19, sino problemas estructurales que durante años no ha habido voluntad política de afrontar", señala Galán. En su opinión, lo grave es que se haya desatendido a la Justicia hasta ahora, cuando hay juzgados que señalan juicios a uno o dos años vista.

"La Justicia no ha conocido otra situación que no haya sido el retraso sistemático y generalizado en la tramitación de las causa", afirma Viader, que señala como causantes a la falta de medios materiales, personales, ya normas procesales "excesivamente farragosas, incompletas y antiguas". Ese escenario, unido al provocado por el parón del estado de alarma, "tendrá por epílogo inevitable el colapso de unos juzgados ya de base saturados".

"Llego a tener mis dudas sobre si el Gobierno se ha olvidado de la Justicia o si lo que está realizando está hecho con la plena conciencia de anular e inutilizar a uno de los Poderes del Estado", sostiene Puchol. Viader cree que ese olvido sistémico es indiferente del color político: "Para lo único para lo que se acuerda el Ejecutivo de la Justicia es para reforzar la politización de su órgano de gobierno -el CGPJ-. Para todo lo demás, la dejación es total".

Puchol prevé un aumento de los procedimientos porque "se están generando muchísimos conflictos judiciales a los que no se les puede dar salida". En su opinión, habrá que reforzar en lo contencioso administrativo "como consecuencia de las multas que se está imponiendo"; el orden social que tratará los conflictos laborales; el Civil "por las reclamaciones económicas y contractuales" y los juzgados de familia "por las modificaciones y las ejecuciones que se interpondrán".

Galán también coincide, y pone el foco sobre el orden social: "Habrá una acumulación motivada por el retraso de este tiempo, más la previsible entrada adicional de asuntos laborales directamente relacionados con esta crisis sanitaria". Viader, por su parte, cree que la jurisdicción penal no será de las más afectadas salvo en lo relativo a casos de violencia de género.
"Creo que la justicia no se debe parar en un país"

"Vivimos en un estado de derecho que se compone de tres poderes, han decidido que se cargan uno, están funcionando solo con dos", cuenta la abogada María Victoria Vega, que aporta la visión desde los despachos de los letrados: "No facturo absolutamente nada pero sigo pagando el alquiler de las oficinas y el sueldo del personal del despacho". Afirma que ha establecido un plan de viabilidad para tratar de aguantar sin hacer un ERTE hasta septiembre: "Que nos consideren trabajos no necesarios me ofende en los personal y lo profesional".

"Creo que la justicia no se debe parar en un país, ya teníamos atasco y esto va a ser una catástrofe", apunta. Además, pone ejemplos concretos de cómo está afectando la paralización de los procedimientos: no puede tramitar las peticiones para que los juzgados desbloqueen parte del dinero de sus clientes que está embargado, y con el que sus familias hacen frente a gastos ordinarios.

Vaticina, como el resto de consultados, un colapso en los juzgados que vendrá de los procedimientos derivados del coronavirus -"Me están pidiendo una cantidad enorme de denuncias contra el Gobierno"- que se suma al retraso que ya sufría el sistema: "Esto se va a juntar con la dilación que ya vivíamos antes, ahora los jueces van a tener más excusa para tardar en dictar sentencia". También desconfía de que las medidas tecnológicas sirvan para aliviar la carga de trabajo tras la crisis, después de las nefastas experiencias con LexNet y con la nube que alberga los sumarios y que "nunca funciona".

"Hay compañeros que no tienen conexión VPN y que, por tanto, no pueden teletrabajar desde sus casas", cuenta también en esta línea Marta Urbano, portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia. Explica que algunas comunidades, como Catalunya, no han extendido las VPN -redes de conexión privadas- a los letrados de la administración de Justicia, y solo disponen de ellas jueces y fiscales.

Urbano también teme un colapso total cuando se junten los procedimientos retrasados con los que se iniciarán a raíz de la crisis del coronavirus: "Algunos juzgados sociales soportan retrasos de más de dos años en señalamiento de juicios, por lo que la suspensión de los mismos durante el estado de alarma podría llevar a un colapso del que resultara extremadamente difícil recuperarse".

Aún así, se muestra confiada en el plan de choque del Ministerio alivie esa sobrecarga de trabajo y pide medidas específicas como la ampliación de jornadas a las tardes y el señalamiento de juicios en julio, agosto y, septiembre. La abogada María Victoria Vega, por su parte, duda de que esa medida se vaya a implementar: "No tengo inconveniente en trabajar en agosto, sábado y domingo, pero eso no lo van a hacer, seamos conscientes".
Las medidas que proponen Gobierno y CGPJ

El Ministerio de Justicia está diseñando desde hace semanas una hoja de ruta con iniciativas normativas, organizativas y tecnológicas para la reactivación de la actividad judicial cuando se levante el estado de alarma. Entre esas medidas está la aprobación de planes de choque para aligerar el volumen de asuntos en los juzgados más afectados por el previsible aumento de despidos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, declaraciones de concursos y reclamaciones de consumidores. Estos planes específicos de actuación para las jurisdicciones social, mercantil y contencioso-administrativa tienen que estar listos en los 15 días posteriores al levantamiento del estado de alarma.

En el departamento que dirige Juan Carlos Campo también consideran “urgente” aprobar una serie de medidas procesales vía decreto ley como también ha propuesto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano que está en funciones y mantiene desde 2013 la mayoría conservadora de la época en la que Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta. Para el medio plazo quedaría una ley para acelerar la transformación digital de los órganos judiciales, muy atrasados en este ámbito.

Respecto a cuestiones organizativas, Justicia ha avanzado que propondrá que funcionarios y operadores jurídicos trabajen también por las tardes; habilitar “algunas semanas de agosto”, que es un mes declarado inhábil a efectos judiciales salvo para actuaciones urgentes; así como autorizar la movilidad de los funcionarios entre órganos judiciales del mismo orden jurisdiccional y en la misma localidad en la que se encuentren destinados.

El CGPJ envió hace unos días al Ministerio de Justicia una serie de medidas para que se incluyan en el real decreto del estado de alarma. En primer lugar, reclaman que se aclare el cómputo de los plazos procesales para evitar confusión y que estos se reanuden el primer día desde que deje de estar en vigor el estado de alarma.

A partir de ahí proponen distintas medidas en diferentes órganos. Para el civil, el Poder Judicial propone que se incentiven los acuerdos extrajudiciales para las demandas sobre contratos que se hayan visto afectados por la crisis del coronavirus, o que los inquilinos puedan rechazar las demandas de desahucio por impago si se han visto afectados económicamente por las consecuencias de la pandemia.

En lo contencioso-administrativo, se propone que los procedimientos se tramiten por la vía abreviada y que se modifique la Ley de Contratos del Sector Público para extender los recursos en vía administrativa en materia de contratos a los que se hayan visto afectados por las medidas contra el coronavirus.

Por último, en cuanto al orden social, el CGPJ propone declarar urgentes los procedimientos relacionados con la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido, para que tengan una tramitación preferente. Piden también que se elabore una ley que establezca un régimen específico a las impugnaciones de los ERTEs y que se facilite la celebración “de juicios, deliberaciones y otras actuaciones procesales por medios telemáticos mientras dure la situación de emergencia sanitaria”.

Entre las medidas que propone la APM, la asociación mayoritaria en la carrera, está la incorporación de los 62 jueces en prácticas que están haciendo funciones de sustitución y refuerzo y los 188 alumnos de la Escuela Judicial que tienen previsto empezar sus prácticas tuteladas en septiembre. Con estas medidas, también propuestas por el CGPJ, no está de acuerdo la progresista Jueces y Jueces para la Democracia, que considera que el plan de choque no puede mermar los derechos de los jueces más jóvenes.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2527 en: 26 de Abril de 2020, 23:37:45 pm »
 .ca;

Fin.

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Falta la de Isa Serra...que va a correr el mismo camino.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2528 en: 28 de Abril de 2020, 06:42:57 am »

Justicia exige a las comunidades que garanticen los medios para los juicios telemáticos

El real decreto contempla que "las administraciones competentes" doten los equipos tecnológicos necesarios para que los trabajadores de la Administración de Justicia puedan celebrar juicios y declaraciones vía videoconferencia

Juan Carlos Campo. Europa Press
Liliana Ochoa

Publicado 28.04.2020 - 05:15

El Ministerio de Justicia exige a las comunidades autónomas que garanticen los medios necesarios para la celebración de los juicios telemáticos durante el estado de alarma y los tres meses subsiguientes. El requerimiento consta en el borrador del Real Decreto-Ley de Medidas Procesales y Organizativas con el que el departamento de Juan Carlos Campo pretende hacer frente al coronavirus.

El documento de 26 folios llega este martes al Consejo de Ministros. Contempla una serie de actuaciones urgentes para evitar el colapso de los juzgados una vez se reanude la actividad judicial: desde la propuesta de habilitar agosto y hacer turnos de mañana y tarde hasta la realización de juicios vía videoconferencia. La intención, argumentan desde Justicia, es asegurar la salud de los trabajadores de los tribunales en cumplimiento con las restricciones establecidas por las autoridades sanitarias.

Bajo esta premisa, y ante la carencia de instrumentos tecnológicos, el Departamento de Campo establece en su disposición final primera que "las administraciones competentes proporcionarán los medios seguros para que los sistemas [de interconexión] sean plenamente accesibles y operativos sin necesidad de que los usuarios se encuentren físicamente en las sedes de sus respectivos órganos, oficinas o fiscalías".

El entrecomillado figura en la modificación que se sugiere al artículo 8 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, en la que se regula el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. Según fuentes ministeriales, este plan de choque ha sido consensuado con las comunidades autónomas, que ejercen de empleadores dado que que aún durante el estado de alarma sigue conservando sus competencias.
Cobertura legal a los juicios vía videoconferencia

Con la modificación de la norma, el Ministerio pretende garantizar la celebración de juicios telemáticos. Fuentes de Justicia explican a Vozpópuli que dicho cambio procura dar cobertura legal a las vistas que se celebren por videoconferencia. En concreto, a aquellas en las que se juzguen delitos leves, dado que el Real Decreto-Ley estima necesaria la presencia de los acusados por delitos graves en los Juzgados de lo Penal. Las partes que acudan físicamente a las audiencia públicas no tendrán que usar togas; el público tendrá acceso limitado según las dimensiones de la sala.
Los juicios por delitos graves en el ámbito penal tendrán que ser presenciales, pero con aforo limitado.
Los juicios por delitos graves en el ámbito penal tendrán que ser presenciales, pero con aforo limitado. EFE

Según recoge el artículo 19 del documento que este martes llega a La Moncloa, "los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y en general todos los actos procesales se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello". Deberá ser así durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización.

El Real Decreto-Ley también prevé que se facilite a los trabajadores el acceso remoto a las aplicaciones utilizadas para la gestión procesal para que puedan llevar a cabo su función "eficientemente" sin tener que acudir a los Juzgados.
Sin presupuesto extraordinario

El plan de choque de Justicia no incluye memoria económica. Fuentes del Ministerio indican a este diario que desde el Departamento de Campo no están previstos aportes extraordinarios ni para nuevas contrataciones ni para la adquisición de equipos tecnológicos. Alegan que al ser un plan con un periodo definido de tres meses no será necesario un presupuesto adicional y que la intención es limitar el número de personas en los juzgados, razón por la que dividirán la jornada en dos turnos de trabajo (mañana y tarde).
El Ministerio contempla habilitar agosto para el trabajo en los Juzgados.
El Ministerio contempla habilitar agosto para el trabajo en los Juzgados. Clara Rodríguez

Además de habilitar las tardes, el Ministerio propone que se trabaje en agosto. Este es uno de los puntos del documento que ha generado mayores discrepancias en la Carrera Judicial y entre los fiscales. Unas asociaciones consideran que son medidas razonables; otras, sin embargo, las estiman de poco realistas y efectivas. Un sindicato de funcionarios ha criticado la medida al tacharla de "ataque frontal".
'Juzgados Covid-19'

En su artículo 23, el texto habilita al Ministerio de Justicia para que, "oído el Consejo General del PoderJudicial", pueda crear nuevos Juzgados de dedicación exclusiva a los procedimientos asociados al Covid-19. El órgano de gobierno de los jueces ya advirtió a principios de abril -en su propio plan de choque- que es "claramente previsible" que las medidas adoptadas para combatir el coronavirus vayan a tener repercusión en los tribunales.

El Real Decreto-Ley que va a ser evaluado por el Consejo de Ministros cuenta con tres capítulos, 27 artículos, una disposición adicional, dos disposiciones transitorias, seis disposiciones finales y una disposición derogatoria. El líder de la oposición, Pablo Casado, ya ha anunciado que no apoyará el documento. Sin embargo, según fuentes de la cartera de Justicia, el Grupo Parlamentario del Partido Popular aplaudió el contenido de la propuesta el pasado viernes después de que el consejero madrileño Enrique López contribuyera a su redacción.

   

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2529 en: 29 de Abril de 2020, 06:54:59 am »

El TSJ de Madrid desaprueba el traslado de un juez porque tiene 3.387 casos pendientes

La sala de gobierno de los jueces madrileños advierte a varios magistrados de que su productividad se aparta "sensiblemente" del objetivo marcado, que es de 550 sentencias al año

Tono Calleja

La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha informado de forma desfavorable sobre la petición del titular de un Juzgado de lo Mercantil de ser trasladado en comisión de servicios a la Audiencia Provincial de Valladolid, según consta en el acta de 17 de febrero del Pleno, que especifica que la decisión se toma porque el juez tiene 3.387 casos pendientes de resolución.

El TSJ madrileño ha optado por rechazar esta reclamación, según especifica el acta a la que ha tenido acceso Vozpópuli, por la repercusión que tiene en los juzgados "el elevado número de comisiones de servicios que prosperan sobre los titulares de los órganos del ámbito territorial de este Tribunal Superior".

Sin embargo, la última palabra no la tiene el TSJ madrileño, sino que será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, el que tome la decisión de permitir o no el traslado del magistrado, que al estar encuadrado en la jurisdicción de lo Mercantil se encarga de procedimientos vinculados a empresas, bancos y asociaciones de consumidores, que de forma frecuente incluyen numerosos afectados.

Tribunal Supremo

En el mismo sentido, la sala de Gobierno del TSJ madrileño ha decidido ratificar un acuerdo de su presidente, Celso Rodríguez Padrón, en el que este rechaza extender la comisión de servicios que mantenía a una juez de Navalcarnero (Madrid) destinada en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

Asimismo, el acta de los jueces madrileños pone de manifiesto que los magistrados en comisión de servicios de la Sección 28 BIS Mercantil Global y de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid "se apartan sensiblemente" del objetivo de productividad marcado en el acuerdo de la sala de gobierno de 29 de octubre de 2018.

Este objetivo es de 50 sentencias al mes, lo que supone 550 con once meses de trabajo. Por eso, la sala de Gobierno del TSJ madrileño reclama a los magistrados que adecúen "el número de señalamientos y resoluciones a dictar al mencionado objetivo".

Jueces titulares

Precisamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha presentado, tal y como adelantó este periódico, un voto particular en el que discrepa de la decisión de la sala de gobierno de la institución que dirige de solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que realice una convocatoria extraordinaria para el nombramiento de jueces sustitutos.

El magistrado Rodríguez Padrón, que cuenta en esta reivindicación con el apoyo del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ madrileño, Juan Pedro Quintana Carretero, considera que la figura del juez suplente debería ser "excepcional", por lo que la carrera judicial tendría que completarse principalmente con jueces titulares.



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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2530 en: 29 de Abril de 2020, 17:59:29 pm »

Cinco catedráticos de Constitucional avalan la competencia del Supremo para juzgar el decreto del estado de alarma
 

El dictamen considera que la norma del Gobierno no tiene rango de ley y, por lo tanto, le corresponde al Alto Tribunal resolver los recursos presentados por el abogado valenciano Curro Nicolau contra la vulneración de sus derechos fundamentales.
AMP

María Jamardo
29/04/2020 11:19
El Real Decreto de declaración del estado de alarma «no es una es una norma con rango de ley» o, al menos, no lo son los artículos «autoaplicables» del mismo que han sido denunciados por el abogado valenciano Curro Nicolau ante el Supremo. El letrado recurrió el apartado 7 de la norma ministerial al entender que le «obligó» a confinarse «sin estar contagiado». Cinco catedráticos de Derecho Constitucional de cinco universidades españolas diferentes avalan a Nicolau con un dictamen que han presentado este miércoles en el Alto Tribunal y sostienen la competencia de la Sala Tercera para resolver el caso.

«El Real Decreto no tiene, ni puede tener, como único límite la Constitución, sino también la Ley», añaden. En concreto, la Ley Orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio. «¿Qué sentido tendría que la Constitución exigiera una Ley Orgánica si a través de cada Real Decreto de declaración de un estado de emergencia se pudiera introducir la regulación material del mismo?» preguntan los catedráticos a los magistrados de la Sala Tercera.


Por ello, los cinco constitucionalistas piden al Supremo que reconozca su jurisdicción para tutelar la demanda sobre «libertades y derechos» constitucionales presentada por el abogado valenciano e instan a los magistrados a que «en caso de duda» resuelvan el recurso «aplicando la regla in dubio pro libertate», en caso de duda a favor de la libertad.

Corresponde al Alto Tribunal controlar el Real Decreto del Gobierno por el que se declaró el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, y sus sucesivas prórrogas y «subsidiariamente, al Tribunal Constitucional», afirman los autores del dictamen. Responden así a la duda planteada la semana pasada por los magistrados a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el propio Nicolau.


En el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, los profesores Francisco Javier Díaz Reborio, de la Universidad de Castilla La Mancha; Carlos Flores Juberías, de la Universidad de Valencia; Carlos Ruiz Miguel, de la Universidad de Santiago de Compostela; Agustín Ruiz Robledo, de la Universidad de Granada; y, José Manuel Vera Santos, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid consideran que de no hacerlo, el Supremo estaría privando a los ciudadanos «de su derecho a un juicio equitativo».

Directamente aplicable


La decisión del Consejo de Ministros que confinó a todos los españoles, suspendiendo su «libertad deambulatoria y los derechos constitucionales que permite la misma, como los de reunión y manifestación» es directamente aplicable.

Esto es, el Real Decreto denunciado ante el Supremo «no establece, a diferencia de otras leyes» ningún mandato para «dictar un reglamento» que lo desarrolle, apuntan los autores del dictamen. Además, es el propio decreto el que establece «un sistema de sanciones» para quienes incumplan la obligación de quedarse en casa durante el tiempo en el que se prolongue el estado de alarma.


Motivos por los que los cinco catedráticos consideran que la resolución ministerial no tiene rango de ley y, por lo tanto, debe ser el Supremo quien resuelva los recursos presentados contra ella.

Controladores aéreos

El Tribunal Supremo está dividido por el momento. Mientras una parte de los magistrados de la Sala Tercera consideran que competencia para decidir sobre vulneración de derechos fundamentales corresponde a sus compañeros Constitucional, otros consideran que la doctrina del propio Tribunal de Garantías les habilita a resolver sobre ello. La sentencia del Pleno del Tribunal de Garantías, de 2010, sobre la huelga de controladores aéreos que provocó la declaración del estado de alarma por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, es la clave de la discusión.

Sin embargo, para los cinco catedráticos firmantes del informe jurídico que ya obra en poder del Supremo, son dos escenarios diferentes. El fallo del Constitucional no se puede utilizar en esta ocasión: «Pensamos que no hay un precedente como éste que haya sido enjuiciado por el Tribunal Constitucional y por tanto es un hecho diferenciador del caso de los controladores aéreos».

Mientras el decreto de Zapatero no introdujo normas materiales específicas para la situación, tras declararla excepcional, la resolución del Ejecutivo de Sánchez sí lo hace «adoptando una amplia batería de medidas de limitación de la libertad de circulación, artículo 7; relativas a la gestión ordinaria de servicios, artículo 6; requisas temporales y prestaciones personales obligatorias, artículo 8; medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación, artículo 9; medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración y otras adicionales, artículo 10; y, hasta medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas, artículo 11″.

Todas esas medidas «son consecuencia de la declaración del estado de alarma», dicen los catedráticos al Supremo. Pero «cabría igualmente sostener que las mismas se hallan diferenciadas de la propia declaración del estado de alarma, de la que no son consecuencia necesaria», añaden.

Sánchez podría haber optado, como hizo Zapatero, por instaurar el estado de alarma «limitándose a concretar su ámbito territorial, temporal, y material y dejando cualesquiera otras medidas de aplicación para otros reales decretos». Sin embargo, «prefirió establecer todo un sistema de restricciones de derechos, y de modulación de actividades que son susceptibles de entenderse como actos o disposiciones de aplicación de ese estado de alarma», y en consecuencia recurribles «en la jurisdicción contencioso-administrativa». Es decir, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo que, a juicio de los expertos catedráticos, debe resolver el recurso de Curro Nicolau.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2531 en: 06 de Mayo de 2020, 06:35:06 am »

Los 83 Colegios de Abogados se oponen a trabajar en agosto y algunos hablan ya de huelga

El Consejo General de la Abogacía Española lamenta que el Gobierno "desoiga" su reclamación de no habilitar agosto por su "ineficacia manifiesta para agilizar la Justicia"

Alberto Ortín

Publicado 06.05.2020 - 05:15

Lo 83 Colegios de Abogados que existen en España se oponen a la medida adoptada por el Gobierno a finales del mes pasado de hacer hábil para la actividad judicial el periodo comprendido entre los días 11 y 31 de agosto.

La sensación de los profesionales del sector es que desde el Ministerio de Justicia no se está atendiendo sus reivindicaciones y algunos hablan ya abiertamente de huelga.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, reunido ayer martes, "lamenta que el Gobierno desoiga su reclamación de no habilitar agosto por su ineficacia manifiesta para agilizar la Justicia".

    El Colegio de Abogados de Las Palmas ha declarado persona non grata al ministro de Justicia

El Consejo de Ministros del pasado 28 de abril aprobó el decreto ley promovido por el Ministerio de Justicia para hacer hábil el mes de agosto.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, acudió el lunes a la Comisión de Justicia del Congreso para explicar el contenido del decreto-ley, y allí pudo percibir el rechazo de la mayoría de los representantes de los partidos políticos a la medida.

A pesar de la oposición de abogados y de partidos políticos, la sensación mostrada a este diario por responsables de los colegios de abogados españoles es que desde el Ministerio de Justicia no se está atendiendo a sus reclamaciones y que no está dispuesto a modificar el decreto ley, que todavía debe ser convalidado en el Congreso.
¿Huelga en agosto?

La oposición de los colegios de abogados es tal que ya hay voces desde el gremio que llaman a la huelga.

    Los abogados catalanes advierten de que las carencias de los juzgados ponen de manifiesto que "tenemos una justicia obsoleta"

De acuerdo a fuentes presentes el martes en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en ningún momento se trató la posibilidad de ir a la huelga, pero desde el Colegio de Abogados de Málaga, por ejemplo, sí que se ha referido a ello.

También el Colegio de Abogados de Las Palmas ha alzado la voz, y ha declarado persona non grata al ministro de Justicia. Además, quiere celebrar una consulta para preguntar a sus colegiados y colegiadas si consideran adecuada la convocatoria de una huelga de para los días 11 al 31 de agosto.

El Consell de l’Advocacia Catalana, órgano representativo de los 14 Colegios de la Abogacía de Cataluña, considera que el Gobierno, a través del decreto ley de 28 de abril, "pretende utilizar el paro circunstancial de la covid-19 para hacer frente a la incorrecta articulación del cuerpo judicial para resolver el colapso endémico de la Justicia".

El organismo de representación de los abogados catalanes advierte que no todos los espacios donde se imparte justicia "han sido debidamente habilitados para cumplir con las disposiciones sanitarias publicadas últimamente". También subraya que ni siquiera "cumplen con los medios tecnológicos o con el personal conocedor de las herramientas informáticas adecuadas para llevar a cabo el procedimiento judicial cumpliendo con el correspondiente protocolo sanitario".

Todo ello, afirman, pone de manifiesto "que tenemos una justicia obsoleta".

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2532 en: 06 de Mayo de 2020, 09:18:00 am »
Amigo Sancho, con la iglesia hemos topado . . .

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2533 en: 06 de Mayo de 2020, 12:09:41 pm »
Venga hombre, qué salimos a aplaudiros en Agosto, que esto hay que superarlo juntos.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2534 en: 12 de Mayo de 2020, 06:36:24 am »
Perplejidad entre los funcionarios de Justicia: se incorpora el 30% presencialmente en autonomías en fase 0

El Ministerio ha creado sus propias etapas de desescalada. A partir de este martes todas las Administraciones entran en su propia 'fase 1' con más profesionales en los edificios

Fecha
12/05/20access_time 1:03

La reincorporación de los funcionarios de Justicia comienza este martes con la vuelta del 30% de su plantilla en todos los territorios. El Ministerio ha establecido unas fases, diferentes a las de Sanidad, y todas las Administraciones empiezan ya con la primera. Los sindicatos de Justicia se muestran “perplejos” y han manifestado su absoluta disconformidad el incremento del trabajo presencial en todos los edificios. 

“El ministro de Justicia se erige en una autoridad sanitaria paralela y hace sus propias interpretaciones de las instrucciones de sanidad”, explica Victoria Carrera del sindicato UGT. Todas las autonomías entran hoy en su propia ‘fase 1’ de Justicia que han denominado: “inicio de la reincorporación programada”. Hasta este lunes había un 10% de la plantilla en activo. A partir de ahora, entre el 30% y el 40% de la plantilla tanto en los órganos judiciales, en las fiscalías y en los Institutos de Medicina Legal, Toxicología y Forenses vuelven al trabajo presencial.

Una decisión que una parte de los trabajadores de la Administración no entiende. “Si hay riesgo para el conjunto de la ciudadanía, hay riesgo para los profesionales de la justicia también”, dice Luis Calero de CCOO a Confidencial Digital. El Ministerio ha publicado una resolución en la que especifica 4 fases para la reincoroporación, pero lo que critican desde los sindicatos es que estas fases no coincidan con las de Sanidad.

Para estos trabajadores no se está priorizando la seguridad sanitaria. “Llama mucho la atención esta medida. El ejemplo más claro es Madrid. Está en fase 0, ha sido el epicentro de la pandemia y, en cambio, la administración se va a poner en marcha la fase 1”, explica Javier Jordán del sindicato CSIF, mayoritario en Justicia. Además los sindicatos se quejan de que las personas que teletrabajan no computen en este porcentaje.

Según fuentes del Ministerio que lleva Juan Carlos Campo, la desescalada de Justicia no tiene por qué coincidir con el plan de transición de una nueva normalidad aprobado por el Gobierno. Estas fuentes indican que estas actuaciones han sido consensuadas con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas y garantizan la seguridad de los profesionales.
Problemas de seguridad en edificios cerrados

Este Plan de Desescalada va acompañado de un esquema de seguridad laboral para mitigar el riesgo de contagios en sedes judiciales. Se establece, por ejemplo, la distancia mínima de seguridad de dos metros en todos los centros de trabajo y los espacios comunes. Para ello, si es necesario, se podrán modificar la disposición de puestos de trabajo, la organización de las personas y se recomienda la utilización de barreras como mamparas o paneles.

    Publicada hoy en el @boegob la orden por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y Plan de #Desescalada en la Administración de Justicia ante el #Covid_19

    📃https://t.co/SbEsC6iM6x pic.twitter.com/lYKFYO9Rm7
    — Ministerio Justicia (@justiciagob) May 9, 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4897.pdf

Los sindicatos explican que hay edificios donde esto es imposible que no tienen ventanas ni ventilación y que guardar la distancia de seguridad es casi imposible. En determinadas administraciones donde no existen estas mamparas se quejan: “nos han dicho que fuéramos imaginativos… que usemos sillas o lo que sea”.
Material sanitario

El Ministerio asegura que todos los órganos judiciales, fiscalías y demás centros dependientes de Justicia habrá guantes y mascarillas a disposición de la plantilla. 

Pero fuentes de la Administración de Justicia aseguran que han preguntado al Secretario General para la Innovación y la Calidad del Servicio Público, Francisco de Borja, por el material y no han recibido una contestación concreta. “Nos han dicho que va a llegar pero ni cuándo, ni cómo ni cuánto”, comentan estas fuentes a ECD.
El resto de fases

En la resolución aprobada por el Ministerio con sus propias fases, se especifica que la primera de esta desescalada tendrá una duración de “al menos una semana” .

A la Fase 2 la han denominado: “Preparación para la reactivación de los plazos procesales”. Esperan que en esta se reincorpore el 60% o 70% del personal de cada órgano o servicio. En esta etapa se podrán hacer turnos con duración de mañana y tarde para establecer esta distancia de seguridad. Tendrá una duración del “al menos dos semanas”.

Fuentes del CPGJ explican que los tiempos no se han especificado con fechas porque todo dependerá de cómo evolucione la pandemia.

La Fase 3 contempla ya la vuelta al 100% de todos los trabajadores. En esta fase se activarán ya los plazos procesales nuevamente de manera ordinaria. Y, por último, la 4 se llama “Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de alarma” y se trata ya del momento en el que se levanten las recomendaciones sanitarias y se normalice el funcionamiento de todos los órganos.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2535 en: 12 de Mayo de 2020, 10:02:51 am »
Lo que no puede ser es que haya funcionarios en su casa, cobrando el sueldo íntegro, y sin teletrabajar, mientras que el resto de trabajadores del sector privado o teletrabaja en casa o están involucrados en un ERTE, luego tenemos la fama que tenemos. . .

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2536 en: 14 de Mayo de 2020, 06:36:48 am »

La Audiencia Nacional deja teletrabajar a sus funcionarios pero con su propio móvil y PC

Se pide a los empleados públicos que utilicen su conexión móvil y fija para trabajar a distancia

Marcos Sierra


Publicado 14.05.2020 - 05:15

Los funcionarios de la Audiencia Nacional tienen la posibilidad de teletrabajar de manera voluntaria, pero deben hacerlo con su propia línea móvil, su propio teléfono y su ordenador de sobremesa o portátil.

Son las condiciones establecidas por el tribunal con sede en Madrid para sus empleados durante la pandemia del coronavirus. Se encuentran recogidas en un documento que se ha enviado internamente a la plantilla, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

"Los funcionarios que voluntariamente quieran teletrabajar deberán facilitar un número de teléfono móvil para la realización y recepción de llamadas durante el horario de trabajo. El Ministerio de Justicia utilizará este número personal previa información adecuada sobre el uso que se le va a dar (exclusivamente teletrabajo)", refleja el texto distribuido entre los empleados públicos, que añade que "en caso de revocación del consentimiento para estar en el programa de teletrabajo se garantiza el borrado de este dato personal".

    El ordenador debe cumplir con una serie de requisitos: ser un modelo con Windows 10 o superior, tener el antivirus actualizado, al menos 4GB de memoria RAM y 600MB de espacio libre en el disco duro

También se exige un ancho de banda de un mínimo de 10Mbps. El documento no detalla si los gastos de conexión -fibra o móvil- y las llamadas de teléfono serán sufragados por el Estado.
Teletrabajo voluntario

El texto también establece unos requisitos mínimos para los ordenadores. "El ordenador debe ser un modelo con Windows 10 o superior, con el antivirus actualizado, al menos 4GB de memoria RAM y 600MB de espacio libre en el disco duro", destaca la nota interna.

Quienes opten por esta modalidad laboral se ceñirán al mismo horario y condiciones de descanso durante la jornada laboral -y también vacaciones- que aquellos que opten por desempeñarse de la forma tradicional -presencialmente-.
Una conocida de Rajoy

La misiva está firmada por María Asunción Mosquera Loureda, compañera de universidad del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. Loureda ingresó en julio de 2015 en la Audiencia Nacional, durante el mandato de Rajoy. Lo hizo en calidad de secretaria de Gobierno del tribunal.

Su objetivo es supervisar el funcionamiento de la Audiencia Provincial. Sustituyó en el cargo a Luis Martín Contreras. Cuando la lista de candidatos estaba formada por cuatro profesionales de la justicia, Contreras tenía unanimidad para mantenerse en el cargo, pero finalmente se propuso únicamente a Loureda como candidata, quien se hizo con el puesto.

  r

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2537 en: 16 de Mayo de 2020, 06:08:19 am »

'Error 404': problemas técnicos frustran la "nueva normalidad" en los tribunales

Mientras en unos juzgados conseguían establecer videoconferencias para celebrar declaraciones, en otros tenían que aplazar las vistas por falta de conexión

Liliana Ochoa


Videoconferencias frustradas, documentación sin digitalizar y medios técnicos insuficientes frustran el intento de los trabajadores de la Administración de Justicia de instaurar la "nueva normalidad" en los tribunales. La primera fase de la desescalada en los juzgados se ha topado de frente con un sistema judicial tradicionalmente analógico que ahora, en plena pandemia, intenta reinventarse para celebrar juicios y deliberaciones telemáticas. Los sindicatos lo tachan de "caos"; el Ministerio habla de "normalidad".

El departamento de Juan Carlos Campo dio el pistoletazo de salida el pasado martes. Ese día estaban convocados a la vuelta al servicio entre el 30% y el 40% de la plantilla en los órganos judiciales y fiscalías, así como en los Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Aunque estaba previsto que la "primera escala" durase al menos una semana, Justicia ha acordado mantener la fase uno hasta el 25 de mayo. "Ha sido un poco desastre; hay una gran falta de medios, tanto tecnológicos como sanitarios", aseguran a Vozpópuli desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).

Necesidad de modernización

La tecnología, protagonista del plan de choque defendido por Campo esta misma semana en el Congreso de los Diputados, no ha funcionado por igual en todos los casos. Mientras en unos juzgados conseguían establecer videoconferencias para celebrar declaraciones, en otros tenían que aplazar las vistas por problemas de conexión. En algunos casos las dificultades técnicas tenían lugar en el propio tribunal, que había sufrido una caída del sistema; en otros, las fallas venían desde el centro penitenciario en el que se encontraba el acusado.

Fuentes jurídicas insisten en que la carencia tecnológica no se limita solamente a las vistas, comparecencias y deliberaciones. Sostienen que el teletrabajo es "imposible" cuando la mayoría del material solo está "en papel". "No puedes llevarte toda la documentación a casa", añaden.

Ya lo decía el propio ministro el pasado febrero en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados: "Es nuestro objetivo llevar el sistema judicial español a un nivel de desarrollo tecnológico como el alcanzado ya hace años en otros servicios públicos". Desde entonces, Campo ha admitido en reiteradas ocasiones la necesidad de modernizar la Administración de Justicia. Esta misma semana ha fichado al nuevo director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia.

En este proceso de adaptación a la "nueva normalidad", el Ministerio ha aprobado una modificación a la Ley 18/2011, de 5 de julio, en la que se regula el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia. El cambio, explican desde Justicia a este diario, procura dar cobertura legal a las vistas que se celebren por videoconferencia. En concreto, a aquellas en las que se juzguen delitos leves. Con ello, se pretende minimizar el presencialismo en los tribunales.
Denuncias ante Trabajo

En los casos que contemplen delitos graves en los Juzgados de lo Penal sigue siendo necesaria la presencia de los acusados, según lo establecido en el Real Decreto-Ley convalidado este miércoles en el Congreso. En el marco de la desescalada, sin embargo, las partes que acuden físicamente a las audiencia públicas no tienen que usar togas y el acceso al público es limitado según las condiciones de la sala.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) insisten en  las dificultades que este tipo de medidas representan en aquellas instalaciones en las que de por sí cuesta mantener la distancia recomendada entre los funcionarios. "Madrid estructuralmente esta nefasto. Nos quedamos sin una Ciudad de la Justicia", señalan. A su juicio, esta primera fase se ha desarrollado "sin medidas de protección adecuadas". Critican que la desescalada se haya llevado a cabo de forma uniforme en toda España, pese a que algunas comunidades permanecen en la fase cero establecida por Sanidad.

Desde el sindicato CCOO coinciden. Este jueves presentaron una denuncia contra el Ministerio de Justicia ante la Inspección de Trabajo por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la aplicación del plan de desescalada para reactivar la actividad judicial. Aseguraron que no se habían dotado de "medios materiales y personales a los servicios de prevención", ni se habían evaluado "los riesgos en cada centro de trabajo antes de aprobar las medidas".

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) también presentó su queja ante la Inspección. Tachó al Ministerio de "irresponsable" por comenzar la recuperación de la actividad con una "evidente falta de medios de protección". Según denunció, los funcionarios no dispusieron de mascarillas FFP2 durante los dos primeros días de vuelta al trabajo.

Se prevé que el 25 de mayo la Administración de Justicia pase a su segunda fase de desescalada. Entonces se reincorporarán entre el 60% y el 70% de la plantilla. Antes de que la judicatura opere al 100% y recupere el ritmo 'pre-covid', se deberán aprobar otras dos fases. La decisión recaerá en la comisión de coordinación de crisis del covid-19, integrada por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española y las comunidades autónomas competentes en la materia.



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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2538 en: 16 de Mayo de 2020, 08:42:48 am »
Lo que no puede ser es que haya funcionarios en su casa, cobrando el sueldo íntegro, y sin teletrabajar, mientras que el resto de trabajadores del sector privado o teletrabaja en casa o están involucrados en un ERTE, luego tenemos la fama que tenemos. . .

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Y luego para las congelaciones y bajadas de sueldos a los funcionarios no hay distinciones,  será igual a un médico que haya estado luchando contra el Covid 19 que un funcionario de justicia que haya estado en casita recibiendo el sueldo sin hacer ni el huevo.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2539 en: 16 de Mayo de 2020, 13:10:06 pm »