Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 255907 veces)

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2580 en: 01 de Septiembre de 2020, 06:14:37 am »

El juez que no ratificó las restricciones del Gobierno de Madrid pide amparo al CGPJ al sentirse atacado por Ayuso y su consejero López

    EFE
    Madrid

Lunes, 31 agosto 2020 - 19:05

El juez que no ratificó la orden regional que restringe fumar y decreta el cierre del ocio nocturno, que luego sí autorizó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por unas declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que tildó de "insensato" ese tipo de decisiones.

En un escrito remitido a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid, Alfonso Villagómez, solicita amparo por sentirse atacado no solo por Ayuso sino también por el consejero de Justicia, Enrique López.

La presidenta autonómica dijo en una entrevista el pasado sábado en la cadena Cope que "cuando hemos decidido entre autonomías y Gobierno de España al menos tener claras medidas como no fumar en la calle si no se preserva la distancia de seguridad, es insensato que los jueces por comunidades autónomas tomen decisiones distintas".

A juicio de Villagómez, se tratan de "unas declaraciones ofensivas y atentatorias" de la independencia del magistrado.

Respecto a López, el magistrado se refiere a unas declaraciones difundidas por un vídeo del diario La Razón el pasado viernes, en las que destacó que "las administraciones estamos para generar seguridad y certidumbre frente a la confusión, y por eso no es bueno generar confusión desde ningún tipo de administración".

Y añadió que las "medidas serán de aplicación inmediata precisamente porque no hay que perder un minuto en proteger la salud".

Para el magistrado, el consejero "insinuó que su resolución de 20 de agosto había confundido a los ciudadanos de Madrid y hecho perder tiempo a la Comunidad en la lucha contra la Covid-19".





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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2581 en: 03 de Septiembre de 2020, 06:50:39 am »

La decana de los juzgados de Plaza de Castilla revisará el reparto del aparcamiento a jueces y fiscales

María Jesús del Barco reacciona a las quejas de los funcionarios por trato preferencial y estudiará una nueva distribución del parking

Fecha
03/09/20access_time 1:02

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La jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, se ha reunido este martes con los sindicatos para resolver el problema derivado del reparto de las plazas de aparcamiento en los juzgados de Plaza de Castilla.

Las protestas se iniciaron el pasado mes de junio, después de que del Barco decidiera redistribuir el parking del edificio, hasta ese momento de libre acceso. Jueces, fiscales, policías municipales o forenses tienen ahora reservadas determinadas plazas y los funcionarios, que consideraron la decisión “injusta", estuvieron realizando caceroladas semanales por fuera del despacho de la jueza.

Los sindicatos habían pedido una reunión con ella y ha sido tras las vacaciones cuando se ha materializado. “Ha venido con talante conciliador y se ha comprometido a modificar el acuerdo”, explican fuentes presentes en el encuentro.

Del Barco expuso la necesidad de esperar un plazo prudencial para ver cómo se estaban utilizando dichas plazas en el parking. En este sentido, ha pedido a los vigilantes que le remitan cuántas de las reservadas se quedan libres diariamente y en base a esto revisará el acuerdo. Será el próximo 2 de noviembre, en dos meses, cuando se tome una nueva decisión.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2582 en: 03 de Septiembre de 2020, 06:53:37 am »
Policías municipales hay que matizarlo ya que da la impresión de que cualquier policía municipal puede usar de esa reserva cuando comparece en esa sede judicial y seguramente serán los adscritos a la misma y pertenecientes a la UICJ.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2583 en: 09 de Septiembre de 2020, 07:05:25 am »
A mi modo de ver la figura del procurador es un sacacuartos innecesario...una persona cuya única función es presentar escritos, recoger las providencias, autos y sentencias y pasarserlas al abogado.

Por exigencia de Europa
Justicia prepara una reforma para permitir a los abogados ejercer como procuradores

Modificará la Ley 34/2006, de 30 de octubre, para crear un acceso único a las dos profesiones y limitará los aranceles

Autor
Beatriz Parera


09/09/2020 05:00 - Actualizado: 09/09/2020 06:59

El Ministerio de Justicia ya prepara un cambio normativo para adaptar la actual figura de los procuradores a las exigencias de Europa. Las modificaciones provocarán que los abogados puedan desarrollar la labor que ahora desempeñan los miembros de la Procura y que se implemente un acceso único a las dos profesiones. La reforma, que se impone desde hace cuatro años, cuando la Comisión Europea (CE) insistió en un dictamen en que debían hacerse cambios, se aprobará durante esta legislatura, informan a El Confidencial fuentes cercanas al Ejecutivo.

La modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, es la segunda que se intenta con el mismo objetivo. El exministro popular de Justicia Rafael Catalá ya lanzó una propuesta que finalmente no salió adelante. La cuestión es delicada porque, al permitir una actividad "multidisciplinar" de las dos profesiones —abogado y procurador— se inicia el camino hacia la progresiva desaparición del ejercicio exclusivo de esta función.

El procurador es un profesional, licenciado en Derecho, especializado en el procedimiento judicial. Representa a empresas y particulares ante los tribunales facilitando a los abogados algunas funciones. Se encargan de la tramitación de oficios, gestionan el pago de tasas o de fianzas o presentan aquellos escritos que les son requeridos. Además, sirven de hilo de comunicación entre los juzgados y los letrados, recibiendo y remitiendo aquellas notificaciones dirigidas a sus clientes.

Según aseguran las fuentes consultadas, la reforma se justifica en la necesidad de adecuación al derecho de la Unión Europea, y en concreto en la existencia de un dictamen motivado de 17 de noviembre de 2016 dirigido al Reino de España por la Comisión Europea, en el marco del procedimiento de infracción 2015/4062. Después de esa sanción, España se comprometió a impulsar una reforma que nunca ha llegado a buen puerto.
El arancel

Europa insistió en que debían introducirse cambios y especificó la normativa española en materia de tarifas mínimas obligatorias (lo que se conoce como aranceles). Los procuradores tienen regulados sus honorarios mediante un arancel que se considera incompatible con el derecho comunitario. Además, proponía en su dictamen eliminar la incompatibilidad actual del abogado y procurador, para la parte privada en la que no ejerce funciones públicas.




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« Respuesta #2584 en: 10 de Septiembre de 2020, 09:32:12 am »

La mujer del juez del TC Valdés declaró a la Guardia Civil que "se pone agresivo habitualmente"
"Mi medio de escape es salir al balcón, allí no se va a atrever a hacerlo porque hay testigos", indica el atestado, que refleja "una brecha en la mano"
10 septiembre, 2020 02:53


María Peral @Maria_peral

La esposa del magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés declaró a la Guardia Civil el pasado 10 de agosto que su marido se pone "agresivo" con ella "habitualmente, una vez al mes" y que "su medio de escape es salir al balcón, ya que allí no se va a atrever a hacerlo porque hay testigos".

Así consta en el atestado de la Guardia Civil relativo a la detención de Valdés, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido este miércoles a la Sala Penal que abra una causa al magistrado para investigar un presunto delito leve de maltrato en el ámbito familiar.

La Fiscalía ha propuesto la práctica de diligencias para determinar en qué medida la medicación que está tomando el magistrado para una enfermedad que padece desde hace tiempo tendría incidencia en su comportamiento.

El atestado de la Benemérita señala que a las 20:05 horas del 10 de agosto se recibió un aviso "informando de la existencia de un posible delito de violencia de género en el domicilio (....) de Majadahonda (Madrid)".

Cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron a la vivienda -un chalé adosado pegado a un parque y que tiene una terraza en el segundo piso- ya se encontraba allí una patrulla de la Policía Local.

Los municipales estaban hablando con los testigos del incidente, dos jóvenes que pasaban por el parque y vieron a una mujer en una terraza pidiendo auxilio.

Los guardias civiles se entrevistaron con los ocupantes de la vivienda -Valdés y su esposa- que "manifiestan que ha sido una simple discusión matrimonial".

Con posterioridad "acuden a tomar manifestación a los testigos para ampliar información". "Estos exponen que la mujer ha salido a la terraza gritando 'socorro, socorro' y además vieron cómo la agarraba de manera agresiva y la metía hacia el interior de la vivienda, por lo que decidieron llamar a la Policía".

"Tras esta información", añade el atestado, "los agentes vuelven al domicilio para preguntar a las partes lo acontecido realmente".

Dos agentes se quedaron entrevistándose con Valdés, "el cual sigue manifestando que ha sido una discusión de pareja que se ha solucionado".
Una brecha en la mano

Otra agente "se va a otra estancia para entrevistarse con la supuesta víctima, la cual en un primer momento se muestra reacia a contar lo sucedido, alegando que ha sido una simple discusión. Pero, tras ser preguntada por el motivo de salir a la terraza gritando socorro, la mujer comunica que han empezado a discutir y su marido ha empezado a ponerse agresivo, lo cual sucede habitualmente, una vez al mes, y que su medio de escape es salir al balcón, ya que allí no se va a atrever a hacerlo porque hay testigos".

La Guardia Civil hace constar que la mujer añadió que "una vez que ha salido a gritar, su marido la ha agarrado con fuerza y la ha introducido en el interior de la habitación. Al forcejear se ha golpeado con la pared, haciéndose una brecha en la mano derecha, la cual es observada por los agentes que está reciente".

La esposa de Valdés manifestó que "es un buen hombre pero tiene problemas de control sobre sí mismo cuando le dan estos episodios".

Lo reflejado en el atestado sobre las manifestaciones de la mujer del magistrado del TC coincide con lo que declararon los dos testigos que se encontraban en el parque.

Uno de ellos, R.C., relató que cuando se encontraba dando un paseo con su amigo S.P. y su pareja escuchó "gritos de socorro" que provenían de una vivienda "a la que se dirigió corriendo".

"Ha observado a una mujer, de unos 70 años, en una terraza del segundo piso y a un hombre que parecía más mayor que ha tirado de ella por el brazo introduciéndola en el interior de la casa y la puerta de la terraza, que es de cristal se quedó temblando por el forcejeo".

R.C. observa "cómo el hombre cierra la puerta y se queda mirando a los testigos. Después cierra las cortinas, notándose una serie de vibraciones en el cristal de la ventana, así como golpes retumbando".

"Intentan llamar al telefonillo de la vivienda con objeto de corroborar la situación y el hombre ha salido a la quinta llamada, estando muy nervioso. Les ha dicho que no pasaba nada".

S.P., por su parte, declaró a la Guardia Civil que "ha visto cómo el varón agarraba a la mujer del brazo con violencia y tiraba de ella hacia dentro".
Ante la jueza: "No pasó nada"

Al día siguiente, la esposa de Valdés fue interrogada por la jueza de Majadahonda encargada de los asuntos de violencia de género. Ante ella sostuvo que "tuvieron una discusión de pareja que fue una tontería y que discutieron ambos, no sólo él".

Añadió que "intentó separarse de él y se subió arriba, a una terraza que da al parque. Su marido subió y ambos gritaron y la gente les escuchó". "No pasó nada relevante", aseguró.

Valdés declaró ante la jueza que "mantuvo una discusión con su mujer y gritaron". "Siempre que discuten ella va arriba a la terraza y él sube para ver cómo se encuentra".

Según el magistrado, cuando su mujer le vio "pensaba que él iba a continuar la discusión" y "la escuchó pedir socorro", por lo que quiso que "entrara en la habitación". "Eran las 18,30 y viven enfrente del parque", precisó.

"Puede ser que la cogiera de los brazos y entraron los dos en la habitación", admitió. Pero "no utilizó ninguna violencia ni la agredió en absoluto."-.

"No hubo ningún forcejeo, se limitó a meterla en la habitación", insistió. Inmediatamente después cerró la ventana.

Pese a la versión de Vadés, la jueza elevó al Tribunal Supremo una exposición razonada al apreciar indicios de un delito leve de maltrato en el ámbito familiar.
Riesgo "medio"

El informe de la Fiscalía favorable a indagar lo ocurrido, en el que han participado el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, junto a la fiscal de Sala dedicada a violencia sobre la mujer, Pilar Martín Nájera, y que ha sido visado por la fiscal general, Dolores Delgado, aporta un último documento remitido por la Guardia Civil.

En él, los agentes elevan a "medio" el nivel de riesgo que aprecian para la presunta víctima. La evaluación fue efectuada el pasado 20 de agosto y agrava la apreciación de riesgo realizada el día de la detención, cuando consignaron que era "bajo".



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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2585 en: 11 de Septiembre de 2020, 07:03:42 am »

El juez pide que se investiguen las amenazas del entorno de Podemos a magistrados

Manuel García Castellón anuncia su intención de deducir testimonio después de que el letrado José Manuel Calvente alertara de la existencia de una "kale borroka" digital para difundir el "odio social" contra los jueces que instruyen causas contra la formación 'morada'

Tono Calleja

Publicado 11/09/2020 04:45
Actualizado11/09/2020 4:50

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Dina, Manuel García Castellón, ha anunciado este jueves, durante la declaración del ex coordinador jurídico de Podemos José Manuel Calvente, su intención de reclamar a la Fiscalía anticorrupción que investigue las amenazas a jueces de lo que el testigo ha definido como la "kale borroka" digital de Podemos, según han confirmado a Vozpópuli fuentes presentes en el interrogatorio.

El magistrado ha especificado que va a deducir testimonio de la declaración de Calvente, que en su testimonio aludió a la existencia de un supuesto equipo, del entorno de Podemos, que difunde el "odio social contra los jueces que les investigan".

Estas amenazas, que según el mismo testigo ha sufrido en primera persona tras denunciar irregularidades en Podemos, se difunden a través de páginas asociadas al partido y entre la base social de la formación liderada por Pablo Iglesias, según han indicado a este diario las fuentes consultadas.
Iglesias y Mayoral

En su declaración Calvente se ha mostrado convencido de que el caso Dina, una pieza separada de la causa contra el excomisario Villarejo en el que se consideró inicialmente a Pablo Iglesias como perjudicado de la actividad de las denominadas cloacas del Estado, fue urdido desde la cúpula de Podemos. Y en ella incluyó, además del propio vicepresidente segundo del Gobierno, a Rafael Mayoral, a Irene Montero y a Juan Manuel del Olmo.

Además ha aludido, aunque de forma imprecisa, según apuntan otras fuentes, a una supuesta reunión del Equipo Legal de Podemos, celebrada a principios de febrero de 2019, en la que la formación política ya tenía información de que un mes después, en marzo de 2019, se abriría una investigación secreta en la Audiencia Nacional.

Y también sabrían algunos abogados de Podemos, según ha declarado el testigo, que en esas pesquisas se investigaría el robo del teléfono a Dina Bousselham, exasesora de Iglesias en el Parlamento Europeo, ya que durante el registro de la vivienda de Villarejo la Policía encontró una copia de la tarjeta del móvil sustraído.
Acciones legales a Iglesias

Asimismo, siempre según las fuentes consultadas, los letrados de Podemos habrían tenido conocimiento de que la Fiscalía iba a ofrecer a Iglesias la posibilidad de que emprendiera acciones legales como perjudicado del presunto espionaje del clan policial.

En su testimonio, el exabogado de Podemos ha mencionado una supuesta negociación entre el Equipo Legal de la formación morada en la que la Fiscalía anticorrupción habría aconsejado a los letrados de la formación morada que la denuncia por el robo del teléfono de Bousselham fuera presentada por el propio ministerio público. Y esta forma de actuar, ha explicado Calvente, al ser llevada a cabo por la Fiscalía, tenía la intención de acelerar la investigación de los hechos, y tendría mayor peso a la hora de convencer al juez, que hizo caso a los fiscales.
Pablo Iglesias y José Manuel Calvente.
Pablo Iglesias y José Manuel Calvente. EUROPA PRESS

En concreto, la pieza separada se abrió el 19 de marzo y dos días después, el 21 de marzo, la Fiscalía reclamó la declaración como perjudicado de Iglesias y Bousselham. Y esta fue acordada por el juez, que se llevó a cabo el 27 de marzo, apenas un mes antes de que se celebraran las elecciones de abril de 2019.
La Fiscalía lo niega

Fuentes del ministerio público han negado a Vozpópuli que se llevara a cabo este acuerdo con Podemos y destacan que las negociaciones con las acusaciones populares forman parte del trabajo habitual que realizan los fiscales con las partes personadas en las causas.

El ex coordinador del Equipo Legal de Podemos también ha declarado que Pablo Iglesias ocultó que tenía en su poder una copia de la tarjeta que tenía el teléfono robado a Dina Bousselham según confirman diferentes fuentes presentes en el interrogatorio de este jueves.

   

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« Respuesta #2586 en: 12 de Septiembre de 2020, 18:35:57 pm »

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« Respuesta #2587 en: 15 de Septiembre de 2020, 06:32:06 am »

    La Fiscalía pide el archivo de las querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia


La Fiscalía avala la gestión del Gobierno ante la covid: "Fue idónea para contener la pandemia"

El Ministerio Público del Tribunal Supremo emite un extenso informe en el que se opone a investigar hasta 20 querellas presentadas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y descarga en las Comunidades Autónomas la responsabilidad del 8-M

Alejandro Requeijo


Publicado 14/09/2020 20:32
Actualizado14/09/2020 21:59

La Fiscalía del Tribunal Supremo avala el papel desempeñado por el Gobierno ante la covid-19 y descarga en las Comunidades Autónomas la responsabilidad sobre las manifestaciones del 8-M. En un extenso informe en el que rechaza que se investiguen un total de 20 querellas presentadas contra el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez sostiene que su respuesta fue "idónea y razonable para contener la pandemia".

Sobre las marchas en defensa de la mujer remarca que las Delegaciones de Gobierno no tienen competencias en materia sanitaria y que solo podrían haber impedido las concentraciones en caso de suponer un problema de orden público. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que no admita a trámite las más de veinte querellas que se han ido interponiendo a lo largo del estado de alarma contra miembros del Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus.

Sobre “la acción desarrollada por el Gobierno a partir del día 14 de marzo de 2020, tras la declaración del estado de alarma, no puede sino concluirse que la acción ejecutada por los querellados en pro de la tutela de la salud pública de todos los ciudadanos y ciudadanas residentes en territorio nacional resultó frenética, así como -cuando menos con arreglo al actual estado de la ciencia- idónea o, al menos, razonable para contener la pandemia”, dice el documento recogido por Vozpópuli.

Gestión del 8-M

Argumenta que “hasta la fecha no se han hallado otras alternativas efectivas frente al contagio de COVID-19, al margen de las medidas de confinamiento, prevención e higiene impuestas por el Gobierno, igualmente idóneas para paliar o mitigar los efectos de aquella enfermedad”. Destaca además la “ingente actividad desarrollada por el Gobierno de España con la aprobación de cientos de normas dirigidas a tutelar la vida e integridad de todos los ciudadanos".

A lo largo de un extenso informe de 310 folios, la Fiscalía contesta una a una todas las querellas presentadas contra el Gobierno, incluida una secundada por 3.000 personas. Se les acusaba entre otros delitos de homicidio y prevaricación. En sus argumentos incluye un apartado titulado: “Actuación desarrollada por el Gobierno en relación a las manifestaciones celebradas el 8 de Marzo de 2020 con ocasión del “Día Internacional de la Mujer”. En este punto, la Fiscalía del Alto Tribunal, descarga la responsabilidad en los gobiernos autonómicos.

“En fecha 8 de marzo de 2020 los miembros del Gobierno de España no ostentaban competencias para prohibir las manifestaciones que se celebraron a lo largo y ancho de España”, dice. A su juicio, eso es una competencia de los delegados del Gobierno, pero al mismo tiempo matiza que estos “no ostentan competencias en materia sanitaria”. “De ahí que pueda concluirse que la única administración competente en fecha 8 de marzo de 2020 para aprobar restricciones a la libertad de circulación o al derecho de manifestación por razones de protección de la salud pública correspondiera a las administraciones autonómicas”, concluye.

En descargo del Gobierno cita un documento difundido por el Ministerio de Sanidad, (“Comparecencia sobre las actuaciones desarrolladas en relación con el Coronavirus (Covid-19”) según el cual, fue justo la noche del 8 de marzo, horas después de la manifestación central de la jornada, cuando les comunicaron un repunte significativo de contagios en Madrid: “Fue en la noche del domingo 8 de marzo, como ya hemos contado, cuando se nos comunicó un importante incremento del número de casos en la Comunidad de Madrid”.
Compra de mascarillas

En cualquier caso, la Fiscalía expone que “el conocimiento científico de la covid-19 existente a finales de febrero y principios de marzo de 2020 se hallaba notablemente alejado del actual” y a modo de ejemplo dice que la mayoría de países del “entorno cultural han padecido situaciones muy próximas a las sufridas” en España. “En definitiva, las reglas de la lógica y la sana crítica permiten concluir que resulta sencillamente imposible afirmar que nuestras administraciones debieran haber previsto un escenario como el que finalmente se produjo”, concluye.

El ministerio público también rechaza que el Gobierno cometiera cualquier tipo de delito en la compra de 8,8 millones de mascarillas FFP2 a la empresa china Garry Galaxy, "ya que no incumplió ningún procedimiento establecido en la adquisición de las citadas mascarillas y la defectuosidad de las mismas estaba en ese momento fuera de su conocimiento. Además, todo ello hay que situarlo en el contexto de aquellas fechas, con una escasez muy importante de equipos de protección en los mercados nacionales e internacionales, así como la premura para la adquisición y distribución de los mismos", completa el escrito de la Fiscalía, que contesta a las querellas de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF) y del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España.

La Fiscalía tampoco ve delito en la compra y reparto de test del coronavirus defectuosos, pues el contrato se adjudicó a Interpharma; "siendo esta la que se comprometió a adquirir test idóneos para el diagnóstico rápido de Covid-19. Y, por lo tanto, resultando esta la empresa que, con claro incumplimiento de sus obligaciones contractuales, adquirió de una mercantil de de origen chino productos defectuosos", destaca el escrito, que exonera al Gobierno.

Y finalmente el Ministerio Fiscal también rechaza que el Ejecutivo de Sánchez pudiera ser cometido prevaricación al negarse a facilitar la composición de los expertos en sanidad que asesoran al Gobierno de España durante el estado de alarma: "Lo cierto es que en el artículo de opinión que se adjunta al texto de la querella se indica la identidad de aquellos expertos, apostillándose que la misma resultó ofrecida por el presidente del Gobierno en fecha 1 de febrero de 2020", zanja el documento dirigido al Tribunal Supremo.
El Supremo debe decidir

El informe lleva la firma del teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas. Aún tiene pendiente de informar sobre su parecer al respecto de una treintena de denuncias presentadas también contra el Gobierno. Quien presenta una querella, manifiesta su voluntad de ser parte en el procedimiento. En la denuncia sólo se exponen hechos, pero no implica ser parte en el procedimiento ni es necesario identificar a los responsables. Tras este pronunciamiento de la Fiscalía, el Tribunal Supremo tendrá que tomar la decisión de si decide investigar o no al Ejecutivo.

En la elaboración del informe han colaborado el Fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos y la fiscal de Sala Delegada en materia de Tutela y Protección de los intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce, así como la Unidad especializada de Siniestralidad Laboral.

Los querellantes son el partido político Vox, asociaciones como la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios (Cesif), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de un colectivo de 3268 personas.

  ortar infinitas negligencias, porque claro, los señores fiscales al parecer no han dado instrucciones a la policía judicial para que investigasen, no vaya a ser que molesten a los poderosos, tampoco aclara la noticia si han pedido informes a las administraciones concernidas, menos interrogado a los responsables de las mismas, cómo se les iba a ocurrir molestarlos, qué pena de estado de derecho.
 
   

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2588 en: 15 de Septiembre de 2020, 13:09:06 pm »
Como se nota que la Fiscalía está a las órdenes del PSOE.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2589 en: 15 de Septiembre de 2020, 17:22:34 pm »

Son querellas presentadas por Vox, la asociación de Abogados Cristianos, HazteOir.org, la asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), el Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la asociación de Médicos Titulados Superiores, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), la Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y la asociación Terra Sos-Tenible, así como de un colectivo de 3.268 personas, familiares de víctimas de la COVID-19.

https://www.rtve.es/noticias/20200914/fiscalia-pide-supremo-archivo-querellas-gestion-coronavirus/2042147.shtml

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« Respuesta #2590 en: 15 de Septiembre de 2020, 17:50:09 pm »
« Última modificación: 15 de Septiembre de 2020, 18:08:11 pm por 47ronin »

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« Respuesta #2591 en: 16 de Septiembre de 2020, 01:25:45 am »

Son querellas presentadas por Vox, la asociación de Abogados Cristianos, HazteOir.org, la asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), el Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la asociación de Médicos Titulados Superiores, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), la Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y la asociación Terra Sos-Tenible, así como de un colectivo de 3.268 personas, familiares de víctimas de la COVID-19.

https://www.rtve.es/noticias/20200914/fiscalia-pide-supremo-archivo-querellas-gestion-coronavirus/2042147.shtml


¿Y?

Si pone eso por la ideología, entre esos colectivos los hay de extrema izquierda.

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« Respuesta #2592 en: 16 de Septiembre de 2020, 06:25:43 am »
Lo más granado de la ultraderecha están en esos párrafos...

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« Respuesta #2593 en: 16 de Septiembre de 2020, 06:44:22 am »
Uno menos en el Poder Judicial...


   

El magistrado que rechazó exhumar a Franco: “no volvería a ser juez”

José Yusty acaba de jubilarse por voluntad propia. “Habrá gente que me odie por ahí, yo duermo muy bien por las noches”

Fecha
16/09/20access_time 1:02


“No volvería a ser juez”, sentencia José Yusty Bastarreche a Confidencial Digital después de haberse hecho efectiva su jubilación voluntaria. El magistrado, que decidió rechazar la exhumación de Francisco Franco y cuya resolución luego corrigió el Tribunal Supremo, se dedica ya a otros asuntos relacionados con sus gustos navales y ha abandonado también la docencia que impartía en la Universidad Autónoma de Madrid.

Reconoce que lo ha pensado mucho, pero después de 41 años de carrera decidió que había llegado el momento de abandonar el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, donde estaba desde 1998. Así lo solicitó al Consejo General del Poder Judicial en abril porque “tenía otras muchas cosas interesantes que hacer” y este miércoles ha sido su primer día efectivo sin toga.

Lo curioso es que nunca tuvo vocación. “Fui juez por casualidad, había que ganarse la vida. Mi vocación por el derecho fue puramente circunstancial”, comenta. De hecho, comenzó la carrera de matemáticas en la Universidad de La Laguna (Tenerife) en 1970, pero se cambió al derecho.

Sin embargo, tampoco se arrepiente porque reconoce que la parte administrativa le fue cautivando. “No reniego de haber sido juez ni mucho menos. Me ha dado de comer y he conocido a gente muy agradable. Y mi trabajo es estar sentado en una mesa, soy un privilegiado, las cosas como son”, explica a ECD.
La independencia judicial

Para Yusty la Justicia que deja atrás está corrompida. “Con este Gobierno, el ataque es mucho más feroz o enconado contra la independencia judicial”, explica. “Como ahora los altos cargos -cosa que yo nunca he tenido pretensión de serlo- se dan a dedo, pues claro el que quiere ascender tiene por lo menos que no ser incómodo”.

Ahora, a los juzgados que él custodiaba desde hacía 22 años empezarán a llegar las demandas relacionadas con el Estado de alarma y la gestión de la pandemia. “Eso me imagino que dará mucho trabajo, pero se lo dará a otro. A mí ya no”, bromea. Por el momento, el juez sustituto es José María Abad, pero el CGPJ tendrá que convocar próximamente un concurso para cubrir esta plaza de forma permanente.
Repetiría la sentencia sobre la exhumación de Franco

La biografía de Yusty saltó a todos los medios de comunicación cuando en febrero de 2019 paralizó la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El fallo se basaba en la licencia de obras para el levantamiento de la losa que sepultaba a Franco por lo que aceptó las medidas cautelarísimas dirigidas contra el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

Una sentencia que no tendría problema en volver a reproducir. “A mí lo que me dicen dos arquitectos, dos, si me dicen que hay peligro… pues digo, yo no me quiero arriesgar a que esto se caiga”, comenta sobre su decisión.

La Abogacía del Estado le recusó por entender que no podía ser él quien resolviera el asunto, tras haber redactado en 2007 un artículo titulado Gobierno y armada española en la monarquía absoluta. En ese texto Yusty acusaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de revivir “con oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles”.

Para el magistrado fue esta recusación lo que retrasó la exhumación. “El abogado del Estado me recusó porque yo había publicado un artículo contra la Ley de Memoria Histórica, como si en España no se pudiera opinar”, dice. “El que realmente lo retrasó todo fue él, por orden de la vicepresidenta del Gobierno, supongo”, cuenta.

No se arrepiente de esa sentencia: “habrá gente que sí que me odie por ahí. A mí la verdad que no me quita el sueño en ningún momento”, dice aunque reconoce que no le pareció de buen gusto que se revelara el pasado franquista de su padre y su abuelo.
Una de sus últimas sentencias

El pasado mes de junio, Yusty rechazó la petición de la asociación de Abogados Cristianos de retirar la pancarta con los colores del colectivo LGTBi de la fachada del Ayuntamiento de Alcalá.

A muchos sorprendió esta decisión por la tendencia conservadora del magistrado. Sin embargo, incidió en que este emblema no era una bandera que “no entra en competencia” con las enseñas oficiales.
Sus gustos por lo naval

El magistrado madrileño es hijo del almirante franquista gallego José Yusty Pita y nieto también de Francisco Basterrache Díez de Bulnes, otro almirante franquista. Y  Yusty es presidente de la Asociación de Milicia Naval Universitaria y será a lo que ahora dedique más tiempo. Está preparando una celebración para conmemorar el 5º Centenario de la vuelta al Mundo. “Algo que parece que al Gobierno le importa un rábano”, termina.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2594 en: 16 de Septiembre de 2020, 16:36:12 pm »
Lo más granado de la ultraderecha están en esos párrafos...

También está parte de lo más granado de la extrema izquierda gallega.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2595 en: 21 de Septiembre de 2020, 00:39:28 am »
Dolores Delgado, al descubierto: su divorcio, su sueldo, sus casas, su fiesta con Ponce y más

La actual Fiscal General del Estado está en boca de todos por las querellas contra el Gobierno tras el covid-19. Hoy te desvelamos todo lo que debes conocer de su faceta personal

https://www.vozpopuli.com/gritos/dolores-delgado-sueldo-ponce_0_1393660635.html

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2596 en: 21 de Septiembre de 2020, 10:33:18 am »

El fiscal Navajas acusa a Consuelo Madrigal de tratar de “influirle” en el caso de las querellas contra el Gobierno



El teniente fiscal del Tribunal Supremo denuncia haber recibido presiones de sus compañeros conservadores a los que considera “contaminados” por su ideología

La nueva fiscal general del Estado, Dolores Delgado saluda al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas/Foto: Óscar Cañas - Europa Press/Europa Press
M. Casado
Última actualización:21-09-2020 | 10:09 H
Creada:21-09-2020 | 09:11 H
El pasado 14 de septiembre, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas Ramos, remitía al Tribunal Supremo un informe sobre las veinte querellas interpuestas contra los miembros del Gobierno por la gestión de la crisis derivada de la pandemia por COVID-19, en el que pedía la inadmisión de todas y cada una de ellas. Muchas fueron las críticas que se elevaron contra Navajas, al que acusaron de seguir las directrices de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Hoy, ha querido defenderse: “La Fiscalía del Estado no ha intervenido para nada, ni por activa ni por pasiva”.


En una entrevista en “Más de Uno”, con Carlos Alsina, Navajas ha asegurado que “no convocó la junta de fiscales de Sala para no tener que excluir a compañeros que son esclavos de su ideología, en este caso”. Y ha acusado a estos compañeros de ir a su despacho a “aconsejarle e influirle” de cómo tenía que actuar en este caso. Lejos de quedarse ahí, ha acusado directamente a la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, de estar “contaminada”. Y para reforzar su argumentación, ha recordado que tiempo después, Madrigal publicó una “soflama contra el Gobierno”

Navajas responde a las críticas que hablan de “un informe mal elaborado e impreciso” y asegura que el Supremo pondrá a cada uno en su sitio. Asegura que no es el más tonto de la clase y que se trata de un trabajo reflexivo y muy meditado en el que Dolores Delgado “no ha intervenido para nada, ni por activa ni por pasiva”. No pretende que la opinión pública le crea por un acto de fe, pero reitera que “no ha habido reuniones privadas con la fiscal general del Estado” y que desde el principio Delgado le dijo: “Tú eres el responsable”, ya que hay causas en las que ella no puede intervenir.


“Los querellantes no llevan razón”
“Mi informe no respalda las actuaciones del Gobierno ni olvidar a las víctimas”, señala Navajas, antes de tirar de hemeroteca y asegurar que su porcentaje de exito es del 100%. “El Supremo siempre me ha respaldado”, asegura el teniente fiscal del Supremo, y aunque sigue teniendo claro que “los querellantes no llevan razón, las víctimas deben ser redimidas moral y económicamente, pero no por vía penal”. Asimismo, ha asegurado que las denuncias contra el Ejecutivo por la gestión del coronavirus, seguirán el mismo camino que las querellas. Asimismo, ha insinuado que viendo de dónde procedían estas querellas, el resultado parecía más que evidente.

En el “caso Dina”, Navajas ha asegurado que lo primero que hubiese hecho sería apartar al fiscal del caso y mandarle a su lugar de destino. Se trata de una Fiscalía sensible, en la que los fiscales manejan información sensible.

Sobre el Rey Emérito, aplaude al fiscal que lleva este caso. El fiscal Campos, del que asegura ser un “muerto para las filtraciones”. A su juicio, la figura de Don Juan Carlos, para los que tienen una edad como él, estaba en las alturas, en los altares. Las informaciones que están saliendo son, en su opinión, “escandalosas”, pero se confiesa monárquico, más alla de la “conducta reprobable” del Rey Emérito.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2597 en: 25 de Septiembre de 2020, 19:54:17 pm »

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2598 en: 25 de Septiembre de 2020, 20:37:30 pm »
No pinta nada con jueces alguien que no puede ser juzgado,  alguien que está por encima de la Ley por la gracia de Franco.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2599 en: 30 de Septiembre de 2020, 20:13:03 pm »



ESPAÑA
EL SUMARIO DEL 'CASO KITCHEN'
La trama de Villarejo buscaba maniobrar para colocar a Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción
Las grabaciones del 'caso Kitchen’ revelan el interés del policía por quitar de este órgano a fiscales que consideraba hostiles
ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
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FERNANDO J. PÉREZ
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J. J. GÁLVEZ
Madrid - 29 SEP 2020 - 21:18 CEST
Manuel Moix, poco antes de su dimisión como jefe de la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2017.
Manuel Moix, poco antes de su dimisión como jefe de la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2017.VÍCTOR SAINZ
El comisario jubilado José Manuel Villarejo, actualmente en prisión, maniobró junto con su entorno para que el fiscal Manuel Moix fuera elegido fiscal jefe anticorrupción a principios de 2017, según se desprende del sumario del caso Kitchen, al que ha tenido acceso este periódico. En una grabación, Villarejo comenta con el empresario Alberto Pedraza, afincado en Andorra, unas supuestas gestiones realizadas por este a través de un abogado próximo a La Moncloa para situar a Moix al frente de Anticorrupción. Era el 17 de febrero de aquel año. Moix, hasta entonces fiscal jefe de Madrid, fue nombrado fiscal jefe anticorrupción solo cinco días después, el 22 de febrero. Tuvo que dimitir en junio del mismo año tras publicarse que poseía desde 2012 el 25% de una sociedad offshore en Panamá, bajo la que se camufla la propiedad de un chalé.


El anhelo del comisario jubilado con la entrada de Moix era, según esta grabación, sacar de Anticorrupción a una serie de fiscales que consideraba hostiles, en especial José Grinda, que dirigió la investigación de la Operación Emperador contra la mafia china, una causa en la que se vio salpicado, precisamente, el hijo del comisario corrupto. “Como no salga Moix, me preocuparé”, llega a afirmar en esta grabación.

La misma, realizada por el propio policía, recoge una larga conversación con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza. El primero está imputado en otra de las piezas del caso Villarejo, además de en el caso Lezo. Pedraza, afincado en Andorra, ya había aparecido en otras grabaciones de la causa abierta por los trabajos ilegales del comisario jubilado, pero no ha sido imputado. En la conversación, Villarejo presume de supuesto contacto personal con altos responsables de la justicia, entre ellos el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza —fallecido en noviembre de 2017— y el magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, el tribunal que condenó el año pasado a los líderes del procés. Fuentes próximas a Marchena consultadas por este periódico niegan rotundamente que este haya tenido ningún tipo de contacto “ni público ni privado ni telefónico ni presencial” con Villarejo.


De esta conversación sobre jueces, Villarejo y sus interlocutores pasan a hablar de Anticorrupción y del relevo de su primer responsable, Antonio Salinas, que se jubilaba.

Alberto Pedraza (A. P.): ¿Tú crees que Grinda va a ir a la calle ahora? ¿Tú qué crees?


Villarejo (V.): Uhmmm pues, como te lo haya prometido El Largo [alias con el que se refieren al abogado Javier Iglesias, interlocutor habitual de Villarejo y al que este considera uno de sus nexos con el Gobierno de Mariano Rajoy]...

A. P.: No, no, no, no

V.: Si Moix, si Moix es el Fiscal Anticorrupción, que yo, ojalá lo sea, pero...

A. P.: ¿Cuándo lo sabemos?

V.: Por eso... (Hablan a la vez) Si es el Moix tal y cual, el 90% será obra tuya.

A. P.: No, ¡el 98!

V.: Pues el 98.

En las grabaciones, el empresario también asegura que ha hablado con responsables del Ministerio de Justicia, cuya identidad no concreta, para que apoyen el nombramiento de Moix en Anticorrupción. Pedraza afirma que ha esgrimido ante ellos que era el único que podía evitar que Villarejo destapara la información que poseía sobre el PP: “Y yo te digo una cosa, y si es ese a lo mejor convencemos a Villarejo de que no la lie más gorda. Digo, vamos a ver, el único tío que puede convencerlo de no liar la mundial es Moix”, le dice Pedraza al comisario reproduciendo esa supuesta conversación con el alto cargo del Ministerio de Justicia.

Pedraza ya había presumido con anterioridad de su capacidad de influencia en la elección de Moix como fiscal jefe de Anticorrupción. El 19 de enero de 2017, con un mes de antelación, otra grabación incorporada al sumario recogía cómo adelanto la noticia de su nombramiento a Villarejo y De la Joya. La respuesta del comisario no deja dudas sobre su alegría: “¿Entra Moix? ¿Entra en la Audiencia Nacional? Qué bonito, macho. Eso es lujo asiático”. En la conversación posterior de febrero incorporada al caso Kitchen, Pedraza llega a alardear de una relación casi familiar con el fiscal: “Moix conmigo [ininteligible] tiene una relación de la polla. Pero de la polla que me dice, dile a tu madre que el día 24 nos haga tarta de Santiago que quiero desayunar y darle un beso. O sea, tarta de Santiago porque su madre y mi madre hacían la tarta juntas y me dice el tronco que se viene a comer tarta a casa”.

“Moix no quiere ni en pintura a Grinda”
Más adelante, el empresario apunta a la necesidad de sacar de Anticorrupción a determinados fiscales incómodos: ”No puede ser que los tíos estén aquí in aeternum, no roten. Aquí, cada cuatro años, tienen que dar vueltas como en todas las Fiscalías”. De hecho, el empresario afincado en Andorra augura la salida del fiscal Grinda, ya que considera que “tanto el ministro como el presidente” lo ven “como un cáncer”. “Moix no lo quiere ver ni en pintura a este tío, ni a él ni a toda su banda, porque ahí hay una banda organizada perfectamente que tienen su chiringuito montado”.

Tras tomar posesión, Moix relevó a Grinda y a otro fiscal de la investigación sobre la supuesta financiación irregular de Convergencia, el partido de Jordi Pujol, a través del 3% que cobraba a los empresarios adjudicatarios de contratos públicos. Además ordenó abrir una investigación interna contra él y otros dos compañeros después de que un empresario que blanqueaba dinero para la mafia china desmantelada en la Operación Emperador les acusase de coaccionarle. En la actualidad, Grinda sigue como miembro de la Fiscalía Anticorrupción y al frente de esos asuntos.

Los dos empresarios y Villarejo llegan a plantear que, una vez confirmado el nombramiento de Moix hablarán con él para que cite a declarar al miembro del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que ha elaborado un informe que supuestamente les perjudica en el caso que entonces se seguía contra la sucursal en España de la Banca Privada de Andorra (BPA) por un presunto delito de blanqueo y así poder desmontar su contenido. Pedraza se presentaba en anteriores conversaciones grabadas por Villarejo como aliado de los hermanos Cierco, propietarios de esta entidad andorrana.