Más de seis millones de casos penales pendientes desbordan los juzgados
Los asuntos penales rompen por primera vez la barrera de los seis millones anuales
El crecimiento de la población y el incremento de la delincuencia, entre las causas que explican el constante aumento de los litigios en Espa?a ? La Asociación Profesional de la Magistratura reclama que se duplique la actual plantilla judicial
R. Coarasa / F. Velasco
MADRID-El número de asuntos que llegan cada a?o a los juzgados sigue creciendo sin remisión. Si el a?o pasado ingresaron en la jurisdicción penal 5,8 millones de denuncias, en el actual ejercicio el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima que se superará por primera vez la barrera de los seis millones. A falta de menos de un mes para cerrar 2006, el órgano de gobierno de los jueces prevé que los asuntos penales sumen 6.147.367, una cifra estimada en función de los datos registrados durante los dos primeros trimestres del a?o. En apenas cuatro a?os, el número de denuncias penales que llegan a los juzgados ha pasado de los 5,5 millones de 2002 a los más de seis millones referidos (en 2003 fueron 5.603.296 y en 2004, 5.691.037). Este aumento de la litigiosidad se explica por el aumento de la población, el incremento de la delincuencia y por el hecho de que los espa?oles son cada vez más proclives a denunciar posibles delitos.
Y pese a estas cifras, la jurisdicción penal puede presumir de una mayor agilidad en la tramitación de asuntos que sus ?hermanas? de la jurisdicción civil y contencioso-administrativa.
Sólo el 20% llega a juicio
Pero los jueces espa?oles no se ponen de acuerdo en la mejor manera de afrontar ese imparable aumento de la litigiosidad. Mientras la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) apuesta por reforzar la plantilla judicial y duplicar el actual número de magistrados (alrededor de 4.200), Jueces para la Democracia (JpD) cree que -pese a que en los próximos a?os será necesario aumentar el número de juzgados- no es necesario semejante incremento. Esta asociación apunta, además, otro dato interesante: apenas el 20 por ciento de las denuncias que termina en la mesa de un juez, dicen, da lugar al correspondiente juicio.
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, cree que la sobrecarga de trabajo para los jueces ?comienza a ser significativa?. Y es que como se encarga de recordar, ?hasta hace poco se resolvía el mismo número de asuntos que entraba cada a?o, pero ya en 2005 quedaron casi 100.000 sin resolver?. López mantiene que el problema no es sólo de planta judicial, ?sino de reorganización y de intentar adaptarse a la realidad?. Por ejemplo, si finalmente es el fiscal el encargado de instruir los casos, ?habría que reconvertir a otras funciones a los jueces que ahora instruyen?, por lo que existen otras soluciones ?que no pasan exclusivamente? por aumentar la plantilla judicial.
?Habría que hacer un esfuerzo para sumar más jueces y sentarse a consensuar un plan director de modernización de la justicia?, propone. Y la situación podría ser peor, a?ade, ?si no fuera por el gran esfuerzo que están haciendo muchos jueces en Espa?a?. López hace hincapié en que ahora cada juez dicta 350 sentencias al a?o, más de una resolución diaria, por lo que, insiste, ?el sistema ya no puede pedir más a los jueces. Es un problema que está a punto de ser inabordable?.
Producción en cadena
Antonio García, portavoz de la APM, pide un significativo aumento de la plantilla judicial para hacer frente al aumento de la litigiosidad. ?Es una reclamación inveterada -se queja- y poco atendida por los sucesivos gobiernos, que no han agarrado el bisturí para incrementar de verdad la planta judicial?. Y es que a la asociación mayoritaria de jueces espa?oles, los 550 nuevos juzgados que se crearán en esta legislatura le parecen insuficientes para prestar ?una justicia de calidad y eficaz que resuelva los asuntos de forma diligente y prestándoles el interés que se merecen?. La planta debería duplicarse y pasar, dice, de los 4.200 jueces actuales a 8.000 ó 9.000. ?Si no crece la planta judicial y sigue aumentando la litigiosidad -aventura-, no tendremos rapidez ni una justicia óptima, sino una producción en cadena de escasa calidad?.
García denuncia que Espa?a sigue siendo uno de los países de nuestro entorno con menor número de jueces por habitante. ?Mientras eso no se resuelva, los jueces no estamos en disposición de atender, con los parámetros de calidad que demanda la ciudadanía, y tal y como nos obliga la tutela judicial efectiva, los asuntos que llegan a los juzgados?.
Distinta valoración del aluvión de asuntos penales y de la forma de encarar esa litigiosidad tiene la asociación Jueces para la Democracia. Su portavoz, Jaime Tapias, pone por delante que la justicia penal ?es una de las que mejor funciona, aunque reconoce que ?la necesidad de crear más juzgados está ahí?, porque ?la ratio es bastante reducida en relación con otros países?. No obstante, duplicar la actual plantilla judicial le parece ?excesivo?.
Tapias asegura que el número de denuncias que llegan a la jurisdicción penal y que finalmente se tramitan ?no va más allá del 20 por ciento?. La mayoría de las que son sobreseídas, a?ade, lo son por falta de autor conocido. Pero JpD apuesta, además, por impulsar un estudio que determine cuántos jueces hacen falta en nuestro país. Y eso que, como reconoce su portavoz, ?se ha demostrado que cuanto mejor funciona la Justicia la gente acude más a ella?.
Tapias cree, además, que recurrir en mayor medida a la mediación ayudaría a aligerar la carga de trabajo de los jueces. ?En otros países ha funcionado, pero en Espa?a el legislador no está muy convencido?. Según el portavoz de JpD, recurrir a esta posibilidad ?permitiría resolver peque?os conflictos penales?. La mayor litigiosidad en el ámbito penal se explica en parte, según él, porque ?fallan los controles sociales como la familia y la educación? y ese control social recae en mayor medida en los tribunales.
La figura del fiscal
Los fiscales también tienen mucho que decir. Guillermo García Nolasco, presidente de la Asociación de Fiscales, justifica el aumento de denuncias en que ?la vida moderna es más compleja y se generan muchos más conflictos. Además del aumento de la población, los ciudadanos son cada vez más conscientes de sus derechos y en consecuencia se interponen más denuncias y querellas?. También apunta que ?se ha incrementado la delincuencia que antes no se perseguía o se hacía menos, como la medioambiental, la relacionada con la seguridad en el tráfico o el ámbito laboral e, indudablemente, la violencia familiar?.
Pese a todo, constata que la jurisdicción penal ?sigue siendo la más rápida? y apunta una solución para lidiar con el aumento de asuntos que llegan a los juzgados: potenciar los juicios rápidos. Para que el fiscal se haga cargo de la instrucción, considera imprescindible reformar el Estatuto Fiscal ?para garantizar el ejercicio imparcial de esas funciones?, y dotar de medios al Ministerio Público para llevarlas a cabo. Recurrir a soluciones extrajudiciales y derivar la delincuencia menor a otros juzgados son otras de sus propuestas.
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