Del poder judicial...

[47ronin]

El comité de Derechos Humanos de la ONU concluye que Garzón fue inhabilitado en un "proceso arbitrario" y pide a España "una reparación efectiva"


El dictamen establece que la condena al magistrado por pinchar los teléfonos de los abogados de Gürtel incurrió en falta de independencia por parte del Tribunal, reprocha que Garzón no tuviese segunda instancia a la que recurrir y pide a España que que borre sus antecedentes penales y le proporcione “una compensación adecuada por el daño sufrido”
Hemeroteca — Baltasar Garzón: "Los que me denostaron me besaban la mano cuando les interesó"
El juez Baltasar Garzón en 2016
El juez Baltasar Garzón en 2016 Eduardo Parra / Europa Press
José Precedo

25 de agosto de 2021 23:54 h
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 @joseprecedo
El comité de Derechos Humanos de la ONU da la razón a Baltasar Garzón y concluye que el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia y se saltó las preceptivas garantías de un proceso judicial cuando en 2012 lo condenó a 11 años de inhabilitación por pinchar los teléfonos a abogados de los principales acusados en el caso Gürtel, que el entonces magistrado instruía desde la Audiencia Nacional.


La resolución del organismo de Naciones Unidas, a la que ha tenido acceso elDiario.es, da por hecho que el proceso judicial que acabó con la carrera de Garzón fue "arbitrario", que no garantizó la imparcialidad de varios magistrados que participaron en la sentencia condenatoria y critica que fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir su inhabilitación. A la vista de todo lo anterior, el organismo de la ONU exige al Estado español una "reparación integral" a Garzón, que borre sus antecedentes penales y le proporcione "una compensación adecuada por el daño sufrido". El dictamen da a España seis meses para "garantizar una reparación efectiva" a Garzón por los derechos lesionados.


El comité de Derechos Humanos de la ONU concluye así seis años después un expediente que inició una denuncia del propio Garzón en la que afirmaba haber sido víctima de "una persecución y de represalias" como respuesta a las investigaciones que dirigía sobre el caso Gürtel y los crímenes del franquismo.

En aquel escrito remitido a Naciones Unidas en 2016 el exmagistrado de la Audiencia Nacional afirmaba que los casos donde se le acusó de prevaricación –la instrucción de Gürtel, la de los crímenes de la dictadura– y un tercero por la financiación de unos cursos que le sufragó el Banco Santander fueron "arbitrarios y abusivos" y que los tribunales que lo juzgaron (solo fue condenado por intervenir los teléfonos de los letrados de Gürtel) "carecieron de imparcialidad y violaron su presunción de inocencia".

[Celestino]

Está clarísimo, tenemos el caso del Juez corrupto que obligó a los periodistas a desvelar sus fuentes y no le ocurrió lo mismo que a Garzón.

[47ronin]

Mil días de bloqueo en el Poder Judicial por decisión del PP




El partido de Casado ha desplegado una batería de justificaciones cambiantes para evitar renovar el órgano de gobierno de los jueces, que ha seguido haciendo nombramientos con la mayoría que salió de las elecciones de 2011 que ganó Rajoy. El Poder Judicial ha protagonizado sonados choques con el Ejecutivo de coalición
— El monopolio del PP en el Supremo: 25 años de bloqueos para controlar la Justicia





El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en una fotografía de archivo.
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en una fotografía de archivo. EFE
Elena Herrera

28 de agosto de 2021 22:31h
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@herrera_elena
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple mil días en funciones este martes 31 de agosto. La situación de interinidad del órgano de gobierno de los jueces se remonta a diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años que consagra la Constitución. El bloqueo se ha mantenido desde entonces por la repetición electoral de 2019 y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría reforzada de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales.


La censura del Constitucional al Gobierno afianza al PP en su bloqueo de las instituciones

SABER MÁS
El Partido Popular, que salió de la Moncloa en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez, se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con once vocales elegidos a propuesta del PP, siete del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Carlos Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar. Su composición de mayoría conservadora —elegida cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta— nada tiene que ver con la realidad parlamentaria dibujada ahora por las urnas. De hecho, se han celebrado cuatro elecciones generales desde que se eligió.

Pero en los últimos meses, los conservadores han desplegado toda una batería de condiciones cambiantes para pactar la renovación que van desde vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones a tipificar de nuevo el delito de referéndum o reformar la euroorden. También han puesto como excusa el sí de EH Bildu a los Presupuestos de 2021 o la posición del socio minoritario del Gobierno en contra de la monarquía. De forma más reciente han reclamado un cambio en el sistema de elección de los vocales para que los doce de extracción judicial sean seleccionados directamente por sus compañeros —como sucedía hasta 1985—, una reforma que el PP no promovió durante sus dos mayorías absolutas. En la actualidad los jueces hacen una criba de nombres, y luego los partidos eligen, siempre que alcancen esa mayoría en el Congreso.


El pasado febrero saltó por los aires la negociación que más cerca ha estado de prosperar desde que en 2018 un mensaje de su entonces portavoz en el Senado, Juan Ignacio Cosidó, jactándose de controlar “por detrás” (con el nombramiento de Manuel Marchena) la sala más delicada del Tribunal Supremo frustrara la renovación. Marchena acabó renunciando y la negociación volvió a la casilla de salida.


En esta última ocasión, las conversaciones se rompieron ante la negativa del partido de Casado a aceptar las propuestas de Unidas Podemos para el CGPJ: Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la violencia machista, y el magistrado Ricardo de Prada, quien ya fuera propuesto por el PSOE y a quien se le atribuyen los pasajes de la sentencia del caso Gürtel que dieron por acreditada la caja B del PP y que provocaron la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Desde la restauración de la democracia, los tres bloqueos del PP en la renovación del CGPJ —entre 1995 y 1996, entre 2006 y 2008 y el actual— han servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo. Gracias a ese lento proceso en el que participaron en su día José María Aznar y Mariano Rajoy, y que hasta ahora ha protagonizado el propio Casado, se ha dado la situación de que la Sala de lo Penal —la que examina en última instancia la mayoría de las causas penales que se juzgan en España y por la que pasan los casos de corrupción— pasara de estar formada en 1995 por siete jueces progresistas y seis conservadores a que en 2021 sean doce conservadores frente a cuatro progresistas.

Entre los vocales consultados por elDiario.es están quienes hablan de “resignación” ante la falta de señales de un posible acuerdo y los que se dicen “expectantes” ante la posibilidad de que los grupos políticos lleguen a un acuerdo en cualquier momento. Eso sí, lo que todos parecen tener claro es que si hay relevo llegará tras un pacto “discreto” y en el que no se airee ningún nombre en la plaza pública. El anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha deslizado varias veces que el acuerdo con el negociador de Casado —el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López— estaba hecho a falta de que el líder del PP quisiera comunicar el acuerdo.


Entretanto, se espera que el presidente Lesmes haga un nuevo llamamiento público a la renovación en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial, el próximo 6 de septiembre. Ya lo hizo el año pasado, cuando también defendió que el CGPJ siguiera haciendo nombramientos con el mandato caducado.

74 nombramientos en funciones 
Precisamente durante los más de dos años y medio de mandato prorrogado, el CGPJ ha trazado buena parte de la composición de los principales tribunales para los próximos años. Ha acordado en funciones 74 nombramientos en la cúpula judicial, 21 de ellos en el Tribunal Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años.

Esta cuestión ha sido uno de los puntos de enfrentamiento con el Ejecutivo, donde siempre han considerado que el CGPJ caducado debería haberse limitado a decidir sobre cuestiones de gestión. La tensión con los partidos que sustentan el Gobierno de coalición se incrementó a raíz de la urgencia con la que ambos tramitaron su iniciativa para limitar las competencias del órgano de gobierno de los jueces con el mandato prorrogado y evitar que pudiera seguir haciendo nombramientos clave. El CGPJ, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Esta reforma quedó finalmente aprobada el pasado marzo.


Previamente, PSOE y Unidos Podemos habían registrado otra proposición con la que pretendían rebajar la mayoría requerida para renovar el CGPJ y así forzar su renovación sin el concurso del PP. Pero ese texto fue cuestionado por la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la oposición y tres de las cuatro asociaciones judiciales y fue retirado por el Gobierno poco más de una semana después. Esa proposición tampoco gustaba a la mayoría de vocales del CGPJ aunque, por una cuestión de plazos, se acabó debatiendo una vez aparcado. En todo caso, el órgano advirtió de que cualquier reforma debía ser "conforme con la Constitución y el derecho de la UE".

Podemos se ha mostrado recientemente partidario de retomar esa iniciativa ante el mantenimiento del bloqueo. “La vía orgánica del Poder Judicial se hizo en un momento en el que el bipartidismo imperaba en este país y en aquella época no se pensaba un contexto político como el actual. Sería lógico y adecuado modificar esas mayorías para adaptarlas a la realidad actual y a la realidad del Congreso y así poder desencallar la situación", aseguró la semana pasada a Europa Press su coportavoz, Pablo Fernández.

Los otros choques con el Gobierno
Los relativos a los nombramientos o el sistema de elección no han sido los únicos encontronazos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. En enero de 2020, solo dos días después de tomar posesión, el CGPJ lanzó el primer aviso al entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por sus críticas a los jueces. El órgano le pidió que evitara "la utilización política" de la Justicia tras calificar en una entrevista de "humillación" que "muchos" tribunales europeos hubieran "quitado la razón" a jueces españoles en resoluciones relacionadas con el procés. Entonces, la Moncloa reaccionó al toque de atención de la cúpula judicial cerrando filas con Iglesias y enmarcó las palabras del vicepresidente en la “libertad de expresión”.


Tres meses después, en abril de 2020 y en pleno confinamiento, el órgano de gobierno de los jueces reprobó de nuevo a Iglesias después de que éste asegurara en un tuit que le invadía "una enorme sensación de injusticia" tras la condena por un delito de atentado y lesiones leves en una protesta contra un desahucio a la portavoz de Podemos Isabel Serra. El CGPJ acusó a Iglesias de generar "una sospecha inaceptable" sobre la independencia de los jueces.

Previamente, en enero, había tenido lugar otro momento de tensión entre ambas instituciones a raíz de la elección de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado. A propuesta del presidente Lesmes, el CGPJ evitó pronunciarse sobre la idoneidad de Delgado para el cargo —tal y como se había hecho en las cuatro ocasiones anteriores— y se limitó a aceptar que reunía los requisitos “exigidos por la legislación". Siete vocales del ala conservadora firmaron un voto particular en el que expresaban que no era idónea porque su "apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo” no contribuía “a la percepción de la independencia de la Fiscalía”.

La maltrecha relación del Gobierno con la cúpula del Poder Judicial tuvo otro episodio con la entrega de despachos a la última promoción de jueces, el pasado 25 de septiembre. La Moncloa vetó la asistencia de Felipe VI a ese acto, celebrado en Barcelona, tras saber que iba a coincidir con la sentencia sobre la inhabilitación de Quim Torra. En el Ejecutivo, aunque no lo comunicaron a la opinión pública, entendieron que había que blindar al monarca ante posibles incidentes e intentaron aplazarlo y alejarlo lo más posible de la tensión política que podría provocar el fallo, a lo que Lesmes se negó. De hecho, llegó incluso a desvelar una llamada de cortesía de Felipe VI, un movimiento que en la Moncloa se interpretó como una utilización de la Corona como ariete contra el Ejecutivo.

[47ronin]

Los jueces cierran la puerta al reingreso de Garzón en la carrera, pero no descartan que se le conceda una indemnización


Argumentan que el dictamen de la ONU no es vinculante, aunque expertos en derecho internacional defienden su aplicación
Baltasar Garzón es un juez beligerante a contraluz, una persona a conciencia y un activista que busca también su propia paz.
photo_cameraBaltasar Garzón
Irene Dorta Hermoso   chevron_right 01/09/21 access_time 1:03
Muchos juristas están entrando a valorar la aplicación práctica del dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que considera que el exjuez Baltasar Garzón no tuvo un juicio justo. Las opiniones son dispares. Mientras la mayoría de los jueces ve imposible una reincorporación de Garzón a la carrera, otros expertos en derecho internacional señalan que estas resoluciones sí deberían ser de obligatorio cumplimiento como sucede en otros países y abren la puerta a que se produzca una indemnización.

“El comité de nosequé de la ONU no es un órgano jurisdiccional, y sus dictámenes no tienen efecto ni valor jurídico alguno. Tienen el mismo valor jurídico que lo que opine usted en Twitter pasado mañana”. Así de rotundo se mostró en sus redes sociales el abogado penalista José María de Pablo. Como él, otros magistrados han restado importancia a las decisiones de este Comité, que está formado por 15 juristas de todo el mundo con experiencia en derechos humanos, y han defendido que la inhabilitación de 11 años que el Tribunal Supremo impuso a Garzón en 2012 estuvo ajustada a derecho.

“Como juez progre que soy no puedo entender esa marcada tendencia de algún sector de la izquierda en blanquear a Garzón”, escribió el magistrado Gregorio Callejo en ‘Twitter’. Las fuentes consultadas en el Supremo indican que este dictamen -que califica de “arbitrario” el juicio y señala que el Estado “tiene la obligación” de “borrar los antecedentes penales” del exjuez y de “proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido”-  no es igual a una sentencia y que, por tanto, no tiene aplicación legal en España como sí sucede, por ejemplo, con lo que diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Precisamente, en 2015 se modificó la legislación española para que los jueces de Estrasburgo tuvieran la última palabra sobre lo que el Supremo y el Constitucional resuelvan. Pero esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo se refiere a los tribunales y no a los Comités, como este caso. La cuestión es entonces: esta “obligación” del Estado en qué se materializa.

“Para mí todos deberían ser vinculantes. Tanto los del Tribunal Europeo como los del Comité. Una vez se emite este dictamen, la pregunta es qué valor tiene. El valor es que es obligatorio, pero los Estados tienen que articular mecanismos para convertir eso en obligatorio”, explica David Bondía, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona. Así sucede en otros países que ya prevén en sus ordenamientos jurídicos maneras de adoptar estas resoluciones como Lituania, República Checa, Suecia y Argentina. El caso sueco, por ejemplo, contempla en su ordenamiento jurídico la aplicación automática de las decisiones de los órganos internacionales relativas a estos asuntos.

Por su parte, el magistrado Miguel Pasquau se sitúa en una postura intermedia y defiende que, aunque no se trate de una sentencia, sí tiene valor jurídico porque no es una opinión cualquiera. “Todos los estudiantes de Derecho aprenden que, aunque imperfecta, esa es una forma de garantía de los derechos humanos a nivel internacional: al menos produce una ‘constatación’ formal de la vulneración de un derecho”, escribe en un artículo publicado en ctxt.

La indemnización
El alto tribunal se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la aplicación de estos documentos que emite el Comité. En 2018 se produjo un hecho sin precedentes y es que, efectivamente, el Tribunal Supremo aplicó una resolución del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que es otro de los Comités que la ONU tiene.

El caso fue el de Ángela González que presentó un recurso contra España porque durante años presentó denuncias contra su esposo para intentar que su hija no pasara tiempo con él, ya que les había asesinado con un cuchillo. El padre terminó matando a la pequeña y suicidándose y ella presentó en 2012 su caso ante este Comité, que concluyó que el Estado había violado sus derechos. El Tribunal Supremo hizo cumplir las recomendaciones del Comité y en una sentencia histórica condenó al Gobierno a pagar una indemnización a la mujer.

Este caso podría ser uno de los argumentos para que el exjuez reclamara un pago por los daños sufridos a lo largo de estos años. Ángela González recibió 600.000 euros. Las fuentes consultadas discrepan sobre si Garzón, en su caso, podría cobrar algún dinero. Los que ven alguna posibilidad creen que esta cuantía tendría que ser calculada en función a los años que ha dejado de percibir su salario como magistrado.

No obstante, el propio Supremo ha vuelto sobre sí mismo en una reciente sentencia de 2020 en la que precisamente una demandante ponía de ejemplo el caso de Ángela González para solicitar que el alto tribunal adoptara una resolución del Comité de Derechos Humanos que le había dado la razón con anterioridad. La Sala Especial -que es la que se reúne en caso de revisión de condenas de este tipo- entra precisamente al estudio de cómo de vinculantes son las resoluciones de estos órganos y dice que “no procede equiparar las sentencias del TEDH con las recomendaciones o dictámenes de los distintos Comités de las variadas organizaciones internacionales”.

Volver a la carrera, muy improbable
Todas las fuentes consultadas expresan que, con la legislación actual, es muy complejo que Garzón pueda volver a la carrera actualmente. Además, en el dictamen como tal no se habla de su reingreso como juez, sino de los daños causados.

Los 11 años de inhabilitación se alcanzaron el pasado mayo, pero la pena implica la pérdida total de la condición de juez. La hipotética rehabilitación está prevista solo como una posibilidad discrecional del Consejo General del Poder Judicial.

El recorrido de este dictamen internacional pasa ahora por una contestación de la Abogacía del Estado y un cruce de alegaciones por escrito.

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tribunal supremo audiencia nacional onu cgpj baltasar garzón condena gürtel prevaricación derecho internacional

[47ronin]

La sentencia sobre la legalidad del segundo decreto de estado de arma tendrá que esperar hasta octubre


El presidente del Tribunal Constitucional pretende pacificar el ambiente entre los magistrados tras el enfrentamiento por el primer fallo sobre el confinamiento
Tribunal Constitucional.
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Irene Dorta Hermoso   chevron_right 02/09/21 access_time 1:02
El Tribunal Constitucional ha decidido aplazar hasta octubre el debate sobre la legalidad del segundo real decreto de estado de alarma que el Gobierno aprobó en noviembre de 2020. El presidente del alto tribunal, Juan José González Rivas, ha convencido al resto de colegas de que lo mejor es terminar de despachar los asuntos que quedaron pendientes antes de verano cuando se anuló el último pleno por las diferencias entre los magistrados, según confirman fuentes del Constitucional a Confidencial Digital.

Los 11 juristas se reunirán una sola vez de manera presencial este mes, la semana del 14 de septiembre, para revisar temas como la condena a la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa o las devoluciones de las cláusulas suelo. La idea inicial era que en el orden del día también estuviera la ponencia del magistrado Antonio Narváez sobre estado de alarma que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó con una vigencia de 6 meses. Pero finalmente no será así. 

Esta sentencia tiene una gran trascendencia, algo que a ningún magistrado se le escapa por lo que el debate entre los juristas se espera arduo nuevamente. Antes de verano, el Tribunal vivió uno de los momentos más tensos que sus actuales componentes recuerdan, a raíz de la fractura por la primera sentencia sobre el estado de alarma.

El magistrado Cándido Conde-Pumpido fue uno de los que no estaba de acuerdo con la pequeña mayoría del Constitucional que consideró que el Gobierno debió limitar los derechos en el marco de un estado de excepción. Un borrador de su voto particular se hizo público antes de tiempo y esto desató el malestar de varios miembros del tribunal de garantías.

Tal fue la incomodidad interna, que se desconvocó la última reunión prevista para el 20 de julio. Los magistrados que se sintieron agraviados por las palabras de Conde-Pumpido en su voto particular inicial -les calificaba de “juristas de salón” y “lego”- exigieron las disculpas del que fuera Fiscal General del Estado. Y así lo hizo este en una nota que se emitió desde el propio Tribunal.

Precisamente, todo lo que quedó pendiente en ese pleno será lo que ahora recuperen los magistrados en septiembre, y ya en octubre, mes en el que está previsto que se reúnan dos veces, se planteará la cuestión del segundo Estado de Alarma. Las fuentes consultadas indican que las fricciones entre los magistrados ya están “superadas” y que todos llegan con ánimos “renovados”, pero apuntan que un asunto tan relevante para la ciudadanía necesita un debate despejado y reposado. 

Una ponencia terminada durante el verano
El magistrado Antonio Narváez ya tiene terminados los detalles de la segunda sentencia, según fuentes del Tribunal, que puede suponer un nuevo varapalo para el Gobierno y su gestión jurídica de las medidas contra el Covid-19. Una vez declarado inconstitucional el primer estado de alarma, ahora se revisarán cuatro aspectos importantes sobre el segundo.

En primer lugar, si es posible aprobar un real decreto con una vigencia de seis meses de una sola tacada. En segundo lugar, decidir si el régimen de cogobernanza que acordó el Gobierno con las Comunidades Autónomas entra en el marco de la Carta Magna. La tercera pata, trata de establecer los parámetros de la rendición de cuentas que el Gobierno debe dar en el Congreso; y, por último, determinar la legalidad de las medidas concretas de los artículos del 5 al 9 del real decreto sobre las limitaciones de circulación de las personas en horario nocturno, la entrada y salida de las comunidades autónomas, la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y en lugares de culto.

Los magistrados están todavía a la espera de recibir el borrador de la sentencia, sobre el que empezarán a preparar sus alegaciones e intervenciones para el día del debate.

El aborto y la eutanasia pendientes
Además de todo esto, el tribunal de garantías tiene abundante trabajo pendiente para este nuevo año judicial que se inaugura oficialmente el próximo 6 de septiembre. En el cajón mantiene desde hace más de 11 años el recurso contra la ley del Aborto.

En un principio, la intención de una parte de los magistrados era esperar a la renovación en la que al propio ponente de esta sentencia, Andrés Ollero, le toca salir para así tratar de que un nuevo magistrado entrante redacte una sentencia de consenso, tal y como contó este digital. Sin embargo, ante la falta de pacto entre PP y PSOE para la renovación de las instituciones, algunas fuentes del alto tribunal hablan de reavivar el debate sobre el aborto en este nuevo curso judicial, según publicó El País.

Por otro lado, está pendiente dirimir el recurso del Gobierno contra varios preceptos de la ley foral de Navarra por invadir competencias exclusivas del Estado; así como el recurso de inconstitucionalidad que el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú. En Marea presentaron contra el decreto ley para la devolución de las cláusulas suelos indebidas.

Más recientemente, ha caído sobre la mesa de los magistrados recursos tanto de Vox como del PP a la Ley de Eutanasia aprobada por el Congreso de los Diputados en marzo de este año.

[Der Kaiser]

Baltasar Garzón, el hombre de los 19,8 millones de euros

El año pasado ganó más dinero que nunca con su bufete. Por eso sus compañeros niegan que Baltasar Garzón quiera volver a ser juez ahora que un Comité de la ONU le apoya tras su expulsión. "Pero es un triunfo ante su público", añaden. Pareja de la Fiscal General y amigo de Villarejo, el Supremo le llamó "totalitario"

https://www.elmundo.es/cronica/2021/09/04/61323079fdddffc0698b4676.html

[Der Kaiser]

El comisario de Justicia pide a España que los vocales del CGPJ "sean elegidos por sus pares"

https://www.elespanol.com/espana/politica/20210906/comisario-justicia-espana-vocales-cgpj-elegidos-pares/609689479_0.html

[47ronin]

Los salarios del Poder Judicial en funciones: más de 142.000 euros para Lesmes y de 122.000 para los vocales


Con un presupuesto anual de 73 millones de euros, ofrece algunos de los sueldos más altos de la Administración. El presidente y los siete vocales con dedicación exclusiva cobran más de 120.000 euros anuales y tienen a su disposición un coche oficial y personal de secretaría
Lesmes no dimite y reparte culpas entre Gobierno y PP por el bloqueo del Poder Judicial
Foco
VIGILANCIA DEL PODER
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. EFE
Elena Herrera

6 de septiembre de 2021 22:46 h
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 @herrera_elena
Un órgano con el mandato caducado desde hace más de mil días, con una mayoría conservadora que nada tiene que ver con la actual realidad parlamentaria y que, por ley, debe limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento pero que no impliquen una "injerencia" en las atribuciones del mandato entrante. Así es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dirige Carlos Lesmes, que este lunes no aludió en su discurso en el acto de Apertura del Año Judicial a la posibilidad de presentar su dimisión como manera de forzar la renovación —tal y como vienen reclamando sectores de la judicatura— y que descargó la responsabilidad del bloqueo en el Gobierno y en el PP, a los que pidió "patriotismo constitucional" y "generosidad".


Mil días de bloqueo en el Poder Judicial por decisión del PP

SABER MÁS
El CGPJ, con un presupuesto anual de 73 millones de euros —según las últimas cuentas vigentes, de 2021—, ofrece algunos de los sueldos más altos de la Administración. Su presidente, que lo es también del Tribunal Supremo, percibirá este año 142.510,96 euros brutos, a los que hay que sumar los trienios. Son algo más de 7.000 euros netos al mes. Es también un 40% más de lo que reciben el jefe del Ejecutivo o los vicepresidentes del Gobierno y solo está por debajo de lo que cobra el presidente del Tribunal Constitucional.


También cobran sueldos más altos que los miembros del Gobierno los siete vocales que tienen dedicación exclusiva por su pertenencia a la llamada Comisión Permanente. En su caso, esta retribución es de 122.908,38 euros brutos anuales, a los que hay que sumar los trienios o el complemento de antigüedad. Este modelo presidencialista está en vigor desde 2013, cuando una reforma promovida por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón y aprobada en solitario por el PP estableció un sistema en el que Lesmes tiene la potestad de proponer a los miembros de esta Comisión Permanente, una especie de núcleo duro que aglutina casi todo el poder y tiene en su mano muchas decisiones sobre asuntos de calado que antes se debatían en el Pleno.

Sus miembros son designados anualmente por el pleno y cuatro pertenecen al turno judicial y tres al de juristas. En la actualidad, los conservadores también tienen mayoría en este órgano que preside el propio Lesmes. Hay cuatro vocales elegidos a propuesta del PP, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José Antonio Ballestero y Nuria Díaz; y tres elegidos a propuesta del PSOE, Rafael Mozo, Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda. Al igual que Lesmes, todos ellos tienen a su disposición un vehículo del parque móvil estatal.


Formar parte de ese órgano más reducido, de solo siete personas de los veinte miembros más el presidente que establece la Constitución, tiene la ventaja de que sólo los vocales que están allí cobran un sueldo del CGPJ y quedan liberados de su trabajo en la judicatura u otras ramas del derecho. El resto de los vocales lo son solo a tiempo parcial, sin dedicación exclusiva, con un sueldo menor.

Estos vocales reciben dietas únicamente por asistir a los plenos o a las comisiones de las que forman parte, establecidas en 975 euros y 312 euros respectivamente. Durante 2020, los miembros del CGPJ que no tienen dedicación exclusiva recibieron, en total, 260.442,00 euros brutos, con una media de algo más de 18.000 euros brutos anuales.


Además, todos los vocales sin excepción tienen a su disposición una persona que se encarga de las labores de secretaría y también se les abonan dietas de hasta 174 euros cada vez que realizan un viaje oficial. En 2019, el CGPJ invirtió en viajes oficiales 336.750,71 euros, una cantidad que se redujo a 229.711,04 euros durante 2020, cuando las restricciones por la pandemia limitaron la movilidad.

Asimismo, los miembros del órgano de gobierno de los jueces que tienen su residencia familiar fuera de Madrid tienen derecho a que se les abone un viaje de ida y vuelta a la semana y los festivos o períodos vacacionales. En la página oficial del CGPJ también se pueden consultar los obsequios recibidos por Lesmes y que están depositados en su sede. La mayoría son libros, aunque también hay otros objetos más llamativos como la alfombra, la bandeja y el plato que recibió en febrero de 2020 por parte del país anfitrión del VI Encuentro Judicial hispano-marroquí, celebrado en Marrakech.

Vuelta al espíritu colegiado
Este modelo que centraliza el poder en la figura del presidente y de un grupo reducido de vocales dejará de estar en vigor en el próximo mandato en virtud de una reforma de 2018 que contó incluso con el voto a favor del PP. Cuando sea renovado, el CGPJ volverá a su espíritu de órgano colegiado y los veinte vocales estarán liberados, con un sueldo de 116.000 euros anuales cada uno de ellos. La Comisión Permanente seguirá existiendo, pero el presidente ya no tendrá la prerrogativa de proponer a sus miembros y todos los vocales pasarán por ella durante un año. Además, todas sus decisiones podrán ser revisadas por el Pleno.

Pero eso será en el próximo mandato. Mientras tanto, el bloqueo institucional al que está sometido el CGPJ tiene un efecto directo sobre una de sus funciones esenciales: la decisión de qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. El Senado dio luz verde definitiva el pasado 24 de marzo a la reforma que impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos discrecionales con el mandato caducado, como venía haciendo desde diciembre de 2018. Hasta la aprobación de esa norma había realizado 74 designaciones en los principales tribunales, 21 de ellas en el Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años.


Esta reforma, que según dijo Lesmes este lunes "ha venido a agravar" la situación del CGPJ, fue promovida por PSOE y Unidas Podemos y contó con un amplio respaldo parlamentario aunque PP, Vox y Ciudadanos se posicionaron en contra. Durante su discurso de este lunes, Lesmes aseguró que la imposibilidad de efectuar nombramientos "coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales afectados" y de manera especial al Tribunal Supremo, que tiene en la actualidad once vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados.

Pero la ley aprobada el pasado marzo es clara. Cuando tiene su mandato caducado, el órgano de gobierno de los jueces debe limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento pero que no implican una "injerencia" en las atribuciones del Consejo entrante. Así, el CGPJ mantiene, por ejemplo, sus competencias en materia de régimen disciplinario, provisión de destinos y ascensos reglados o en la realización de informes sobre proyectos legislativos pero no puede elegir qué magistrados acceden a las cúpulas de los principales tribunales.

[Heracles_Pontor]

Quizás por eso, aunque tengan los cargos caducados, ninguno dimite para forzar la reelección. . .

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[47ronin]

Sanción de cinco años sin sueldo para la secretaria judicial que “prestó” su sala para un cotillón de su hija


Se saltó el toque de queda y franqueó el paso a su hija y a unos amigos a todas las dependencias del Juzgado de Paz de Santurtzi, en Bizkaia
PEDRO GOROSPE
Bilbao - 04 SEPT 2021 - 19:31 CEST
Agentes de la Ertzaintza durante una actuación policial.
Agentes de la Ertzaintza durante una actuación policial.IREKIA / EUROPA PRESS
La secretaria del Juzgado de Paz de Santurtzi (Bizkaia) ha sido suspendida cinco años de empleo y sueldo por la celebración la pasada Nochevieja de un cotillón ilegal en la sala de vistas de la institución, y después del toque de queda. Entre los participantes identificados se encontraba una hija de la funcionaria. La Policía Municipal detectó la salida y entrada de jóvenes del Juzgado de Paz de la localidad costera la madrugada del uno de enero, y comprobó que la puerta principal estaba abierta, con las llaves puestas, y por lo tanto con acceso libre a todas las dependencias, incluido el archivo. En la sala de vistas se reunieron cinco jóvenes, y además llevaron un perro y varias mochilas con alcohol, según el relato que hizo el diario El Correo en aquellas fechas.



La policía local requirió a la secretaria judicial para que se personara en el juzgado y con ella los agentes revisaron las instalaciones. Tras la visita, llegaron las identificaciones. La hija de la funcionaria era una de las participantes en el cotillón. De hecho la secretaria judicial confirmó después que había sido ella la que le había franqueado el acceso y le había dejado luego las llaves.

El Gobierno vasco abrió entonces un expediente disciplinario a la funcionaria, que se ha resuelto con la suspensión de cinco años de empleo y sueldo para la profesional. La resolución constata que la funcionaria cometió tres faltas, negligencia en la custodia de documentos y en el cumplimiento de las funciones inherentes a su puesto de trabajo, y utilización inadecuada de los medios materiales empleados en el ejercicio de sus funciones.

Los hechos sucedieron la pasada Nochevieja sobre la una de la madrugada, después del toque de queda marcado por la pandemia del coronavirus, cuando varios vecinos alertaron a la Policía Municipal de Santurtzi de que veían entrar y salir a personas del juzgado fuera del horario habitual de la oficina. Los agentes que acudieron al lugar identificaron a cinco jóvenes en la sala de vistas del juzgado.

[Der Kaiser]

El "sesgo de clase" de Podemos: el 75% de los nuevos jueces no tiene familiares en el sector

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-09-16/sesgo-clase-podemos-jueces-cgpj-familiares_3289041/

[47ronin]

Si ya es difícil poner en la calle a un policía....a un juez, tela



El juez más expedientado de España se enfrenta a ser expulsado de la carrera judicial por bajo rendimiento


El Pleno del CGPJ decide hoy si aparta definitivamente al polémico juez Manuel Arce, sancionado ya una quincena de veces
 
Suspenden a un juez de la Audiencia con cerca de 500 resoluciones pendientes

ÁNGELA MARTIALAY | MADRID
23/09/2021 01:38

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a tener encima de la mesa la patata caliente de expulsar de la carrera al magistrado que más veces ha sido

[47ronin]

Pues si...expulsado, que ya es difícil.



El Poder Judicial expulsa de la carrera a un magistrado que acumulaba sanciones por retrasos injustificados en dictar sentencias


El pleno del Consejo acuerda, por 14 votos a 7, apartar definitivamente al juez Manuel Arce por su bajo rendimiento
El presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes (en el centro), junto con otros miembros de la judicatura el pasado 12 de septiembre, en la apertura del año judicial en el  Supremo en Madrid.
El presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes (en el centro), junto con otros miembros de la judicatura el pasado 12 de septiembre, en la apertura del año judicial en el Supremo en Madrid.EMILIO NARANJO / EFE
REYES RINCÓN
Madrid - 23 SEP 2021 - 15:15 CEST
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves la expulsión definitiva de la carrera del magistrado Manuel Arce por acumular retrasos “reiterados e injustificados” en el Juzgado de Primera Instancia 5 de Tarragona, del que era titular. Arce ha sido objeto de una decena de sanciones en los últimos años que le han mantenido apartado de la carrera por largas temporadas, pero tras el último expediente el promotor de la acción disciplinaria del Consejo propuso el castigo más duro que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial: la expulsión definitiva como autor de una falta muy grave. El pleno la ha aprobado con 14 votos a favor y siete en contra, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces.


El juez estaba apartado de su destino de forma cautelar desde principios de este año. No era la primera ocasión en que se le suspendía ni que el promotor de la acción disciplinaria proponía apartarle para siempre de la carrera, pero esta vez la mayoría del pleno del Consejo ha votado a favor de la medida. Es la primera vez en los casi ocho años que llevan en el cargo los vocales del actual órgano de gobierno de los jueces (cuyo mandato expiró en diciembre de 2018) que deciden expulsar de la carrera a un juez.

El expediente elaborado por la autoridad disciplinaria del Consejo advertía de una “inadmisible dejación” de las funciones que debe ejercer un juez, “con grave y notorio quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva”. Según los datos recabados por el CGPJ, el magistrado dictaba una media de tres sentencias al mes, mientras la media de la carrera es de una al día. A su último destino, en el Juzgado de Primera Instancia 5 de Tarragona, especializado en asuntos de familia, llegó el 2 de julio de 2019. Y solo entre ese día y el 28 de noviembre, cuando el Consejo le apartó cautelarmente durante seis meses, dejó sin dictar 53 sentencias y 14 autos de medidas previas y provisionales.


A Tarragona había llegado tras otra sanción que, como varias anteriores, le supusieron la pérdida de destino. Una de ellas le supuso dejar el juzgado central 4 de lo contencioso de la Audiencia Nacional, donde a lo largo de una década acumuló sanciones por retrasos y expedientes por faltas de respeto a los funcionarios, que denunciaron que les obligaba a llamarle “señoría ilustrísima” mientras se refería a ellos con calificativos como “calvo”, “gordo” o “feo”. Tras perder su plaza en la Audiencia recaló primero en Barakaldo (Bizkaia) y, después, en Almería y en ambos destinos volvió a ser sancionado. Tras uno de estos expedientes el Consejo General del Poder Judicial negó, en 2016, su reingreso a la carrera por falta de aptitud, pero el Tribunal Constitucional le dio la razón dos años más tarde y Arce volvió a la judicatura.

[47ronin]

El juez Santiago Pedraz desata la polémica por su posado en '¡Hola!' con su pareja Esther Doña

"Estoy enamorado y no quiero esconderme", ha asegurado el juez de la Audiencia Nacional, que ha protagonizado la portada de la revista junto a a su novia, la viuda del marqués de Griñón



Bea Téllez de Meneses

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Publicado 30/09/2021 12:48Actualizado 30/09/2021 13:26

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de 63 años, ha sorprendido a muchos posando en la portada de la revista '¡Hola!' junto a su novia, Esther Doña, de 42 años, donde han hablado de su historia de amor.

Aunque la pareja lleva tan solo dos meses, su noviazgo está siendo de lo más intenso.

El magistrado y la viuda del marqués de Griñón comenzaron su relación a finales de julio. Él era asiduo a las fiestas que celebraba el matrimonio en el palacio de El Rincón, por lo que se conocían y eran amigos desde hace años.

Tras la muerte de Carlos Falcó, exmarido de Isabel Preysler con quien tuvo a Tamara Falcó, Pedraz se convirtió en un gran apoyo para Esther. El marqués de Griñón falleció en marzo de 2020 de coronavirus. Al final, el roce hizo el cariño y de la amistad pasaron al amor.

Desde que comenzaron su relación, la pareja no se oculta y ha posado feliz y enamorada en las redes sociales, sin importarles el qué dirán.
Santiago Pedraz, con su novia Esther Doña
Santiago Pedraz, con su novia Esther Doña Instagram
Polémica por el posado del juez Santiago Pedraz en la revista '¡Hola!'

A sabiendas de que iba a recibir muchas críticas por aparecer en la publicación, se ha adelantado a los acontecimientos y ha explicado el motivo por el que ha decidido dar un paso al frente y acompañar a su pareja en este reportaje.

"Estoy aquí, al lado de Esther, porque estoy enamorado y no quiero esconderme. Cuando uno ama, quiere gritarlo a los cuatro vientos”, ha asegurado en la revista.

En el mundo de la judicatura, la portada de Pedraz no ha sido vista con buenos ojos por varios de sus compañeros, hay quienes ven que esto puede perjudicar gravemente a la imagen de la Justicia, que de por sí se ha visto menoscabada en los últimos años.

Entre algunas de las críticas que ha recibido de parte de los magistrados es que su posado "no es lo más oportuno" ya que "los jueces no estamos ahora como para dar facilidades a la crítica", da "una imagen de frivolidad", según ha publicado 'El Mundo'. También los hay que hubieran preferido que el nombre de la Audiencia no fuera noticia por titulares de este tipo.
Esther Doña y Santiago Pedraz, en la revista '¡Hola!'
Esther Doña y Santiago Pedraz, en la revista '¡Hola!'

Sin embargo, hay otros que se lo han tomado con humor o no le han dado la menor importancia ya que consideran que "lo importante es que no meta la pata en sus resoluciones".

Justo este miércoles se dio a conocer que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado el sobreseimiento libre dictado por el juez Pedraz el pasado 29 de julio respecto del líder del Polisario Brahim Gali en relación con una querella presentada contra él por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos por delitos de genocidio.
Marcos de Quinto y su mujer con Santiago Pedraz y Esther Doña
Marcos de Quinto y su mujer con Santiago Pedraz y Esther Doña Instagram
A Pedraz le gusta salir en los medios y acudir a actos

Sin embargo, a muchas personas que nos dedicamos a la prensa del corazón, no nos ha extrañado tanto verle ocupar la portada de la revista '¡Hola!' ya que como hemos comentado lleva posando junto a Esther en sus redes sociales desde el pasado mes de agosto.

De hecho, aunque ahora han hecho oficial su relación, fue a través de Instagram donde la pareja confirmó que eran novios tras aparecer juntos en varias fotos y vídeos durante sus vacaciones este verano. Además también se intercambiaban bonitos mensajes de amor.

La predisposición de Pedraz a salir en las redes y presumir de amor es total, y nos parece muy lícito, por lo que no resulta tan descabellado que haya acabado posando en '¡Hola!' y probablemente, si su relación continúa, no será la única vez que le veamos en una revista.

Pedraz es un juez muy mediático y está acostumbrado a ocupar titulares en los medios, aunque por las causas que ha llevado en el terreno laboral. Sin embargo, anteriormente, ya había posado en alguna alfombra roja en actos o entregas de premios con sus anteriores parejas.
El juez Pedraz y su exmujer, Paula Arenas
El juez Santiago Pedraz y su exmujer Paula Arenas en la inauguración de una exposición en 2014. Gtres

El juez de la Audiencia Nacional estuvo casado casi dos décadas con la periodista Paula Arenas, con quien tiene un hijo de diez años. Se llevaban 18 años de edad de diferencia y se separaron en 2018.

A los meses de separarse, el magistrado apareció en la gala Personaje del Año de Vanity Fair y posó de la mano de la abogada Sylvia Córdoba, de 43 años, y directora desde 2005 de su propio bufete Abogados Córdoba Moreno & Asociados.

La última reaparición pública de la pareja fue el 25 de febrero de 2020 en los premios 'Mujerhoy'.

Meses después de la ruptura, comenzó su relación con Esther Doña.
El juez Santiago Pedraz Gómez y Silvia Córdoba
Santiago Pedraz y su expareja Sylvia Córdoba en los Premios Vanity Fair en 2018

    Nadie me ha dado un “toque”. Y menos aún en mi vida personal por mi trabajo. Independencia judicial

Dada la exposición pública que está haciendo de su historia de amor, se llegó a publicar que el magistrado había recibido un toque de la Audiencia Nacional, algo que él desmintió con rotundidad a través de su cuenta de Twitter.

"'Las grandes exclusivas de hoy envolverán el pescado de mañana' (Walter Lippmann). Puedo asegurar que en más de 35 años de mi carrera judicial nadie me ha dado un “toque”. Y menos aún en mi vida personal por mi trabajo. Es la grandeza de nuestra carrera. Independencia judicial", escribió el pasado mes de septiembre.

Acto seguido, señaló: "Existe sí, en nuestra España. Orgullo patrio. Y también aseguro que la grandeza del periodista reside en contrastar las noticias. A todos les respondo cuando me preguntan. Lo saben. Pena de algunas y algunos que no lo hacen".

Esther Doña asegura: "Carlos Falcó le ha puesto en mi camino"

Otro de los aspectos a destacar de la entrevista es que Doña ha asegurado que Carlos Falcó ya pensó en Pedraz para ocupar el corazón de su mujer cuando este faltara.

“¡Aún no puedo creer cómo empezó! Creo que ya estaba escrito. Hace unos años, Carlos [Falcó] comentó en una reunión con amigosalgo que me dejó perpleja: ‘El día que yo no esté, ¡Santiago es el hombre que me gustaría para Esther!”. Ella ha confesado que no recordaba este momento hasta que volvió a ver a Pedraz hace unos meses, cuando empezó a afianzarse su actual relación", ha asegurado.

Después ha añadido: "Carlos Falcó ha puesto en mi camino a la persona que me iba a hacer feliz. Estoy segura de ello. Carlos era único. Creo que nunca dejará de sorprenderme", ha señalado en la revista.
Marcos de Quinto y su mujer con Santiago Pedraz y Esther Doña
Marcos de Quinto y su mujer con Santiago Pedraz y Esther Doña Instagram
Esther se deshace el elogios hacia el juez Pedraz

Esther también ha hablado de su relación con el juez: "Cuando Santi y yo comenzamos, yo ni recordaba lo que había dicho Carlos de nosotros, pero fue Verónica (prima hermana del marqués de Griñón) quien me lo hizo recordar. Solo faltaban dos días para la boda de su hijo e insistió en que le invitara. Lo hice, pensando que diría que no. Mi sorpresa fue cuando accedió y de una boda salió... ¡una pareja!".

Doña ha alabado a su pareja: "Ha sido una brisa de aire fresco cuando ya pensaba que eso no ocurriría, sobre todo, en un tiempo tan corto. Santiago cada día va aportándome cosas distintas. Somos bastante parecidos en muchas cosas, pero hay otras que son totalmente nuevas para mí y hasta que no voy descubriéndolas es todo una incógnita...".

"Es muy bonito lo que me está descubriendo y lo que yo le estoy descubriendo a él. La verdad es que nos reímos mucho, tanto él con mi vida como yo con la suya. Me encanta este momento en el que estamos", ha señalado.

La vida le sonreía a Esther, además de en el terreno amoroso también en el laboral. Tiene nuevo proyecto entre manos, el próximo 27 de octubre lanzará unas memorias sobre su vida junto al marqués de Griñón. El libro, de la editorial Planeta, llevará el título de 'La vida de un gran hombre a través de mis ojos'.

[Heracles_Pontor]

Ya hubo otro juez estrella, que fue ministro, que también saltó a las portadas de la prensa del colorín. . .   o es que no nos acordamos de Juan Alberto Belloch. . .

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[47ronin]

La Abogacía del Estado acusa al juez del caso Ghali de tolerar filtraciones de la instrucción a la prensa


Los Servicios Jurídicos del Estado señalan al juez instructor por permitir un "juicio paralelo" con su "consentimiento o beneplácito".
2 octubre, 2021 03:13GUARDAR
 A
Brais Cedeira  @BraisCedeira
Es la segunda vez que la Abogacía del Estado, que defiende a la exministra de Exteriores Arancha González Laya en el caso Ghali, critica ante el juez la supuesta filtración de informaciones relativas a la presunta entrada irregular del líder del Frente Polisario en España. Pero esta es la primera ocasión en la que los servicios jurídicos estatales acusan directamente al magistrado instructor de tolerar y consentir la "pública difusión, parcial e interesada, de diligencias sumariales" en diversos medios.

[47ronin]

Por prevaricar, beneficiar a narcos o bajo rendimiento: historia de los seis jueces expulsados de la carrera

    En más de cuatro décadas, el órgano de gobierno ha apartado a seis magistrados por motivos disciplinarios aunque el Supremo ha revocado tres de esas expulsiones. La institución también ejecuta las penas de inhabilitación, que suponen la pérdida de la condición de juez
    — El Poder Judicial en funciones expulsa de la carrera a un juez de Tarragona por falta muy grave de desatención de sus deberes

Elena Herrera
3 de octubre de 2021 21:55h
@herrera_elena

Beneficiar a delincuentes, mantener en prisión a inocentes, quebrar su imparcialidad al no abstenerse en asuntos de interés directo de familiares o acumular retrasos en dictar sentencias. Estos son los principales motivos que, desde su creación en 1978, han llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a expulsar a jueces de la carrera por motivos disciplinarios. Se trata, no obstante, de una actuación muy excepcional: en más de cuatro décadas han sido únicamente seis los magistrados castigados con la máxima sanción disciplinaria, que es la separación definitiva. Además, tres de estas expulsiones fueron revocadas por el Tribunal Supremo con diferentes argumentaciones.
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El CGPJ expulsa de la carrera judicial a José Antonio Martín
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Saber más

El órgano de gobierno de los jueces —que camina ahora hacia los tres años de mandato caducado— tiene competencias para exigir responsabilidad disciplinaria a jueces y magistrados si su conducta se desvía de una serie de principios tasados entre los que están la independencia, la imparcialidad o el respeto a las partes, entre otros. Las sanciones por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos pueden ir de simples advertencias o multas económicas a traslados forzosos, suspensiones de hasta tres años y expulsiones. En estos tres últimos supuestos, la decisión corresponde al pleno, donde tiene que ser aprobada con mayoría absoluta. Es decir, al menos once de los veinte vocales más el presidente.

Además de estas sanciones disciplinarias, el órgano de gobierno de los jueces también puede acordar suspensiones cuando se procede contra un magistrado por la comisión de supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o cuando se le condena a inhabilitación para el cargo, lo que puede implicar la pérdida de la condición de juez y la obligación de participar en concursos para obtener una nueva plaza, para lo que debe contar además con una declaración de “aptitud” del CGPJ. Uno de los casos más conocidos es el de Baltasar Garzón, que fue, primero, suspendido de forma cautelar de sus funciones y, después, apartado en virtud de la condena a once años de inhabilitación que le impuso el Supremo por las "arbitrarias" escuchas a los abogados de la Gürtel.
Retrasos "injustificados"

El magistrado Manuel Arce ha sido el último expulsado de la carrera por motivos disciplinarios. El CGPJ acordó apartarlo el pasado 23 de septiembre por su bajo rendimiento. Por catorce votos a siete, el pleno aprobó su separación definitiva por una falta muy grave de desatención e incumplimiento de deberes tras haber sido sancionado hasta una decena de veces en los últimos años por acumular retrasos “injustificados” en sus diferentes destinos. La última, como titular del juzgado de primera instancia número 5 de Tarragona. Arce, que ya fue apartado del juzgado cuando arrancó la investigación a propuesta de la Comisión Disciplinaria, contaba con una media de tres sentencias al mes cuando la media por magistrado suele ser de 240 al año y acumulaba gran cantidad de asuntos sin resolver. Es la primera vez que el CGPJ expulsa definitivamente a un magistrado por este motivo.

Antes que él, otros cinco magistrados habían sido castigados con la máxima sanción disciplinaria, que es la expulsión definitiva, si bien el Supremo revocó tres de esas expulsiones. Los primeros magistrados en la historia del CGPJ en ser apartados por motivos disciplinarios fueron Jaime Rodríguez Hermida y Ricardo Varón Cobos, destinados en el Alto Tribunal y la Audiencia Nacional, respectivamente, por su implicación en el escándalo de la puesta en libertad del jefe de la camorra napolitana, Antonio Bardellino.

Aunque salieron absueltos de la vía penal —al entender los jueces que la decisión de Varón Cobos de poner en libertad a Bardellino fue legal— sí fueron castigados a la separación de la carrera judicial por parte del CGPJ en mayo de 1986. Casi dos años después, en enero de 1988, el Supremo confirmó la expulsión de Rodríguez Hermida pero permitió volver a la carrera judicial a Varón Cobos, a quien rebajó la sanción impuesta de falta muy grave a falta grave, con una sanción de 50.000 pesetas (300 euros). En su resolución, la Sala Tercera consideró probado que Rodríguez Hermida “ejerció presiones” a Varón Cobos para que excarcelara a Bardellino, un “delincuente peligroso y habitual buscado por el servicio de Interpol”.

Por una cuestión formal, el Supremo anuló en 2012 el castigo a José Antonio Martín Martín, otro juez separado de la carrera por favorecer supuestamente la excarcelación de un delincuente. En este caso, Rafael Bornia, uno de los narcos más relevantes de Europa. Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, después revocada por el Supremo, Martín dio instrucciones a un empresario amigo suyo sobre cómo debía actuar Bornia para que se le concediera la libertad con fianza en una vista en la que él sabía que iba a ser el presidente. Aunque fue absuelto por la vía penal, el CGPJ siguió adelante con la vía disciplinaria y le expulsó de la carrera en 2010 al considerar que había cometido cuatro faltas muy graves. Dos años después, en 2012, el Supremo anuló esa expulsión porque el CGPJ superó el plazo de seis meses para investigarlo.

También fue revocada por el Alto Tribunal la expulsión de la carrera de la magistrada Pilar Ramírez decretada por el CGPJ en el año 2000 por no abstenerse de asuntos en los que era parte el Ayuntamiento de Marbella a pesar de tener su padre y su hermano convenios urbanísticos con ese Consistorio. En 2002, el Supremo rebajó ese castigo de expulsión a suspensión durante tres años al entender que no era “proporcionado” con la lesión producida por la juez al principio de imparcialidad. Sí confirmó íntegramente la otra sanción de un año de suspensión que le impuso el CGPJ al quedar acreditado que el número de habitantes de Marbella no supera los 100.000 habitantes y, por tanto, no podía ejercer en esa población porque su familia tenía allí intereses económicos.

Sí fue ratificada por el Supremo la expulsión de una jueza, Adelina Entrena, que olvidó ordenar la libertad de tres presos. Uno de ellos pasó más de un año en la cárcel indebidamente, lo que provocó que la jueza fuera juzgada y condenada a un año de separación del servicio. No obstante, en el procedimiento disciplinario, el CGPJ acordó expulsarla de carrera en 2007 al estimar que había cometido cuatro infracciones muy graves de desatención de competencias judiciales. Tres de ellas por retrasos concretos en la excarcelación de presos y una cuarta por el “descontrol” de su juzgado. El Supremo ratificó en 2010 esa decisión. Entrena fue hallada muerta en su casa en 2014. 
Ejecución de condenas

Además de estas sanciones disciplinarias, el CGPJ también ejecuta las penas impuestas en sentencia firme contra jueces y magistrados. Es decir, acuerda separaciones de la carrera cuando media una condena penal de inhabilitación, lo que supone la pérdida de la condición de juez. Fuentes de la institución explican que, en este supuesto, para lograr la readmisión hay dos vías: la superación de cualquiera de los modos de ingreso, como cualquier otro ciudadano, o pedir la rehabilitación al órgano de gobierno.

Estas mismas fuentes explican, no obstante, que cuando la condena ha sido por delitos relacionados con la Administración de Justicia lo habitual es que esas peticiones de rehabilitación sean desestimadas. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de Francisco Serrano, exportavoz de Vox en Andalucía que fue condenado por prevaricación cuando era magistrado. El CGPJ rechazó en 2017 devolverle la toga aunque esa decisión fue también revocada por el Supremo.

La hemeroteca recoge multitud de casos de jueces apartados de la carrera por haber sido inhabilitados para el cargo. Entre los más conocidos está el citado de Baltasar Garzón, pero hay mucho más. Uno de los primeros magistrados expulsados tras ser condenado fue  Pascual Estevill, al que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya impuso una pena de 15 años de inhabilitación por dictar resoluciones injustas y extorsionar a empresarios y banqueros bajo amenazas de enviarles a prisión. El Supremo confirmó la sentencia en 2006.

Otros jueces apartados por el CGPJ en cumplimiento de sentencias judiciales son Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricar en el denominado caso Sogecable; Francisco Urquía, condenado por cobrar 60.000 euros a cambio de liberar a un imputado; Elpidio Silva, condenado por prevaricar al enviar en dos ocasiones a la cárcel al banquero Miguel Blesa; o Salvador Alba, condenado por conspirar contra la jueza en excedencia y actual delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell.

[47ronin]

El juez concluye sin procesamiento la causa por genocidio contra el líder del Frente Polisario Brahim Ghali


SENTENCIAS
06/10/2021

Poder Judicial  •

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la conclusión sin procesamiento del líder del Polisario Brahim Ghali en la causa por genocidio derivada de la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH). El magistrado considera que los hechos estarían prescritos.

En un auto, el magistrado cumple así con lo establecido por la Sala de lo Penal en el sentido de que, al tratarse de un delito de genocidio, la causa debe tramitarse como sumario y no como procedimiento abreviado y, por tanto, la decisión respecto al sobreseimiento debería tomarla la Sala y no el instructor.

Pedraz, en su resolución, justifica la conclusión de sumario sin procesar a Ghali en que los hechos de la querella se extienden desde el año 1974 hasta 1990, por lo que ya estarían prescritos de acuerdo con el Código Penal del 1973 que resultaría de aplicación al momento de los hechos como ley penal más favorable. Además, sin necesidad de analizar si los hechos podrían constituir delito de genocidio en el Código penal actual, el magistrado sí hace constar que las conductas expuestas en la querella “no integran todos los elementos del delito de genocidio”.

Respecto a los indicios de delito, el juez explica que basta la audición de las declaraciones prestadas para apreciar las contradicciones denunciadas por la defensa entre las afirmaciones de la querella sobre la participación de Ghali y el contenido de las declaraciones de los testigos.

También se aprecia, agrega, “una insuficiencia manifiesta de detalles relevantes sobre circunstancias de lugar y tiempo de los hechos, detalles concretos de la participación del querellado Brahim Ghali, descripción del cargo que ocupaba etc. Todo ello resta credibilidad a los testimonios prestados e impide mantener la imputación contra el querellado”.

Por todo ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda la conclusión del sumario sin procesamiento

[47ronin]

Las siglas de los jueces: mayoría absoluta de las asociaciones conservadoras y solo un 8% progresista

    Casi la mitad de los jueces están afiliados a la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, mientras que la progresista Juezas y Jueces para la Democracia acoge al 8% de la carrera. Un 44% no está afiliado a ninguna entidad
    — Las asociaciones conservadora y progresista copan el 60% de los nombramientos judiciales aunque sólo representan a un tercio de los jueces


Elena Herrera / Raúl Sánchez
11 de octubre de 2021 22:29h
@herrera_elena
@raulsanchezglez

Algo más de la mitad de los 5.341 jueces y magistrados en activo en España pertenecen a una de las asociaciones profesionales reconocidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Son 2.994, un 56% del total, según los últimos datos oficiales actualizados a septiembre de 2020. Este porcentaje ha experimentado un leve pero sostenido ascenso en los últimos años, pasando de un 53% en 2004, de cuando son los primeros datos que ofrece al CGPJ, al 56% actual.
Las asociaciones conservadora y progresista copan el 60% de los nombramientos judiciales aunque sólo representan a un tercio de los jueces
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Las asociaciones conservadora y progresista copan el 60% de los nombramientos judiciales aunque sólo representan a un tercio de los jueces

En otras palabras, casi la mitad de los jueces y magistrados del país no están afiliados a ninguna entidad. Entre los que sí lo están, una aplastante mayoría se inscribe en asociaciones que cubren el espacio ideológico de la derecha o el centro-derecha. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente agrupan al 47% de los jueces, mientras que el 8% está afiliado a Jueces y Juezas para la Democracia.

Se trata de organizaciones profesionales que velan por los intereses corporativos de sus afiliados, puesto que los jueces y magistrados tienen limitados por ley sus derechos políticos y sindicales y no pueden pertenecer a partidos o sindicatos.

La principal asociación por número de miembros es la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora. Cuenta en la actualidad con 1.345 miembros, el 25% de la carrera. Es decir, uno de cada cuatro jueces y magistrados que están actualmente en activo pertenecen a esta asociación que preside Manuel Almenar, magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Creada en 1980, su número de afiliados ha ido en ascenso en los últimos años. Ha pasado de 1.115 en 2004 a 1.345 en 2020. Es un incremento de alrededor del 20%. Teniendo en cuenta únicamente el número de jueces y magistrados asociados, su predominio es total: el 45% son de la APM.

La segunda por nivel de representación es la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) con 845 asociados, un 16% de la carrera. Su portavoz nacional es Jorge Fernández Vaquero, titular de un juzgado de primera instancia en Jerez de la Frontera (Cádiz). Fue creada como una corriente de opinión dentro de la conservadora de APM y acabó constituyéndose en asociación independiente en 1984. Aunque se ha estabilizado en los últimos años, su número de afiliados se ha incrementado estos últimos lustros pasando de 410 miembros en 2004 a los actuales 845. El 28% de los jueces asociados son de la AJFV.


La progresista Juezas y Jueces para la Democracia es la tercera asociación por número de miembros: 451, el 8% del total de jueces y magistrados en activo. Entre los asociados, su representación alcanza el 15%. Fue constituida en 1983 tras la experiencia que durante la dictadura franquista había proporcionado la organización Justicia Democrática. Su portavoz actual es Ascensión Martín Sánchez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Tras alcanzar los 530 asociados en 2015, esta asociación ha ido perdiendo afiliados desde entonces. Vivió su mayor crisis en 2017 —cuando perdió casi medio centenar de asociados— en un momento en el que algunos afiliados se mostraron críticos con la postura de la asociación con las decisiones judiciales respecto al procés.

La cuarta asociación por número de miembros es Foro Judicial Independiente (FJI), con 336 asociados, el 6% de la carrera, un porcentaje que se eleva al 11% teniendo en cuenta únicamente el volumen de jueces asociados. FJI fue creada en 2002 y su presidenta es Concepción Rodríguez, titular de un  juzgado de menores de Madrid. Su afiliación ha ido en ascenso en los últimos años, desde los 161 miembros de 2004 a los actuales 336, aunque sigue siendo la menor en número de asociados de las cuatro principales.

Un carácter muy minoritario tienen las otras dos asociaciones reconocidas por el CGPJ. Ágora Judicial, con 13 miembros en 2020, fue creada en 2018 principalmente por la sección en Catalunya de Jueces y Juezas para la Democracia críticos con la judicialización del proceso soberanista. Aunque en su presentación afirmaron que aspiraban a recabar apoyos de togados del resto de España, parecen no haberlo conseguido. Ágora Judicial ha pasado de tener 22 asociados en 2018 a los 13 del último registro oficial. Sólo cuatro miembros tiene en la actualidad la Asociación Nacional de Jueces (ANJ), fundada en 2002 y que se intentó reactivar en 2009 para dar aliento a la movilización contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo que afrontar la primera huelga de jueces en España.

Las asociaciones de jueces se financian por las cuotas de sus asociados y las subvenciones que reciben del CGPJ. Durante este mandato, que comenzó el 4 de diciembre de 2013, han recibido 3,1 millones de euros en subvenciones del órgano de gobierno. Estas ayudas se conceden para la realización de actividades de "interés para la justicia y la vida asociativa", para la financiación de actividades de formación y para sus "gastos de organización y funcionamiento". Además, hay una cuarta partida que se otorga  en función de los resultados obtenidos en las últimas elecciones a Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores.

La Asociación Profesional de la Magistratura es la que más fondos ha recibido —966.765 euros en este período—, seguida de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, con 826.902 euros; Juezas y Jueces para la Democracia, con 755.493 euros; y Foro Judicial Independiente, con 585.344 euros.
Poder Judicial

Las cuatro principales asociaciones judiciales están de acuerdo en reformar la ley para que doce de los veinte vocales del CGPJ —los que la Constitución exige que pertenezcan a la carrera judicial— "sean elegidos por los jueces según un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial", según un comunicado difundido de esta semana.

Según el modelo vigente, los jueces hacen una criba de nombres —los candidatos tienen que contar con el aval de una asociación o de 25 avales de miembros de la carrera— y a partir de esa selección los partidos eligen siempre que alcancen una mayoría de tres quintos en las Cortes. No obstante, entre los 12 vocales que pertenecen a la judicatura, la mayoría se presentan avalados por las asociaciones de jueces. Del Consejo actual, cinco están vinculados a la APM, tres a Jueces y Juezas para la Democracia y cuatro son no asociados.

Las cuatro asociaciones principales han pedido que se vuelva al sistema que estaba en vigor hasta 1985, en el que esos 12 vocales eran seleccionados directamente por sus compañeros mediante sufragio. Con este sistema, la candidatura de la APM —que era la única constituida hasta ese momento en el ámbito judicial— ganó en 1980 las elecciones al CGPJ y copó todo esos puestos a pesar de que había listas abiertas. Además de la APM, se presentaron la Candidatura Judicial Independiente y la Candidatura Independiente de Magistrados de Trabajo, según contó El País. De forma más reciente y tras una sucesión de excusas, el PP pone ahora como condición para pactar la renovación la vuelta a este sistema de elección a pesar de que no promovió ese cambio durante sus dos mayoría absolutas.

Las asociaciones también tienen un papel clave en la elección de los miembros más altos de la judicatura a través del Consejo General del Poder Judicial, que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y a los principales cargos de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores y las audiencias provinciales. Especialmente, la conservadora APM y la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, que copan el 60% de los nombramientos judiciales aunque sólo representan a un tercio de los jueces, según cálculos de elDiario.es. Por contra, los jueces no asociados, que suponen el 43% de la judicatura, sólo accedieron a un 30% de los puestos de designación discrecional que adjudicó el CGPJ entre 2014 y 2020.

La APM, que representa al 25% de los jueces, accedió a 78 nombramientos, el 37%. Mejor parada sale Jueces y Juezas para la Democracia, que aunque representa a un 8% de la carrera, fue segunda en nombramientos. Un total de 51 jueces vinculados a este colectivo de carácter progresista fueron nombrados entre 2014 y 2020, el 24,3% de las designaciones. La Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados con el 16% de la carrera, apenas accedió al 8% de los nombramientos, con un total de 17.

[Der Kaiser]

Las siglas de los jueces: mayoría absoluta de las asociaciones conservadoras y solo un 8% progresista

    Casi la mitad de los jueces están afiliados a la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, mientras que la progresista Juezas y Jueces para la Democracia acoge al 8% de la carrera. Un 44% no está afiliado a ninguna entidad
    — Las asociaciones conservadora y progresista copan el 60% de los nombramientos judiciales aunque sólo representan a un tercio de los jueces


Elena Herrera / Raúl Sánchez
11 de octubre de 2021 22:29h
@herrera_elena
@raulsanchezglez

Algo más de la mitad de los 5.341 jueces y magistrados en activo en España pertenecen a una de las asociaciones profesionales reconocidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Son 2.994, un 56% del total, según los últimos datos oficiales actualizados a septiembre de 2020. Este porcentaje ha experimentado un leve pero sostenido ascenso en los últimos años, pasando de un 53% en 2004, de cuando son los primeros datos que ofrece al CGPJ, al 56% actual.
Las asociaciones conservadora y progresista copan el 60% de los nombramientos judiciales aunque sólo representan a un tercio de los jueces
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Las asociaciones conservadora y progresista copan el 60% de los nombramientos judiciales aunque sólo representan a un tercio de los jueces

En otras palabras, casi la mitad de los jueces y magistrados del país no están afiliados a ninguna entidad. Entre los que sí lo están, una aplastante mayoría se inscribe en asociaciones que cubren el espacio ideológico de la derecha o el centro-derecha. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente agrupan al 47% de los jueces, mientras que el 8% está afiliado a Jueces y Juezas para la Democracia.

Se trata de organizaciones profesionales que velan por los intereses corporativos de sus afiliados, puesto que los jueces y magistrados tienen limitados por ley sus derechos políticos y sindicales y no pueden pertenecer a partidos o sindicatos.

La principal asociación por número de miembros es la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora. Cuenta en la actualidad con 1.345 miembros, el 25% de la carrera. Es decir, uno de cada cuatro jueces y magistrados que están actualmente en activo pertenecen a esta asociación que preside Manuel Almenar, magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Creada en 1980, su número de afiliados ha ido en ascenso en los últimos años. Ha pasado de 1.115 en 2004 a 1.345 en 2020. Es un incremento de alrededor del 20%. Teniendo en cuenta únicamente el número de jueces y magistrados asociados, su predominio es total: el 45% son de la APM.

La segunda por nivel de representación es la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) con 845 asociados, un 16% de la carrera. Su portavoz nacional es Jorge Fernández Vaquero, titular de un juzgado de primera instancia en Jerez de la Frontera (Cádiz). Fue creada como una corriente de opinión dentro de la conservadora de APM y acabó constituyéndose en asociación independiente en 1984. Aunque se ha estabilizado en los últimos años, su número de afiliados se ha incrementado estos últimos lustros pasando de 410 miembros en 2004 a los actuales 845. El 28% de los jueces asociados son de la AJFV.


La progresista Juezas y Jueces para la Democracia es la tercera asociación por número de miembros: 451, el 8% del total de jueces y magistrados en activo. Entre los asociados, su representación alcanza el 15%. Fue constituida en 1983 tras la experiencia que durante la dictadura franquista había proporcionado la organización Justicia Democrática. Su portavoz actual es Ascensión Martín Sánchez, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Tras alcanzar los 530 asociados en 2015, esta asociación ha ido perdiendo afiliados desde entonces. Vivió su mayor crisis en 2017 —cuando perdió casi medio centenar de asociados— en un momento en el que algunos afiliados se mostraron críticos con la postura de la asociación con las decisiones judiciales respecto al procés.

La cuarta asociación por número de miembros es Foro Judicial Independiente (FJI), con 336 asociados, el 6% de la carrera, un porcentaje que se eleva al 11% teniendo en cuenta únicamente el volumen de jueces asociados. FJI fue creada en 2002 y su presidenta es Concepción Rodríguez, titular de un  juzgado de menores de Madrid. Su afiliación ha ido en ascenso en los últimos años, desde los 161 miembros de 2004 a los actuales 336, aunque sigue siendo la menor en número de asociados de las cuatro principales.

Un carácter muy minoritario tienen las otras dos asociaciones reconocidas por el CGPJ. Ágora Judicial, con 13 miembros en 2020, fue creada en 2018 principalmente por la sección en Catalunya de Jueces y Juezas para la Democracia críticos con la judicialización del proceso soberanista. Aunque en su presentación afirmaron que aspiraban a recabar apoyos de togados del resto de España, parecen no haberlo conseguido. Ágora Judicial ha pasado de tener 22 asociados en 2018 a los 13 del último registro oficial. Sólo cuatro miembros tiene en la actualidad la Asociación Nacional de Jueces (ANJ), fundada en 2002 y que se intentó reactivar en 2009 para dar aliento a la movilización contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo que afrontar la primera huelga de jueces en España.

Las asociaciones de jueces se financian por las cuotas de sus asociados y las subvenciones que reciben del CGPJ. Durante este mandato, que comenzó el 4 de diciembre de 2013, han recibido 3,1 millones de euros en subvenciones del órgano de gobierno. Estas ayudas se conceden para la realización de actividades de "interés para la justicia y la vida asociativa", para la financiación de actividades de formación y para sus "gastos de organización y funcionamiento". Además, hay una cuarta partida que se otorga  en función de los resultados obtenidos en las últimas elecciones a Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores.

La Asociación Profesional de la Magistratura es la que más fondos ha recibido —966.765 euros en este período—, seguida de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, con 826.902 euros; Juezas y Jueces para la Democracia, con 755.493 euros; y Foro Judicial Independiente, con 585.344 euros.
Poder Judicial

Las cuatro principales asociaciones judiciales están de acuerdo en reformar la ley para que doce de los veinte vocales del CGPJ —los que la Constitución exige que pertenezcan a la carrera judicial— "sean elegidos por los jueces según un sistema democrático que asegure la representación de todas las categorías y sensibilidades existentes dentro de la carrera judicial", según un comunicado difundido de esta semana.

Según el modelo vigente, los jueces hacen una criba de nombres —los candidatos tienen que contar con el aval de una asociación o de 25 avales de miembros de la carrera— y a partir de esa selección los partidos eligen siempre que alcancen una mayoría de tres quintos en las Cortes. No obstante, entre los 12 vocales que pertenecen a la judicatura, la mayoría se presentan avalados por las asociaciones de jueces. Del Consejo actual, cinco están vinculados a la APM, tres a Jueces y Juezas para la Democracia y cuatro son no asociados.

Las cuatro asociaciones principales han pedido que se vuelva al sistema que estaba en vigor hasta 1985, en el que esos 12 vocales eran seleccionados directamente por sus compañeros mediante sufragio. Con este sistema, la candidatura de la APM —que era la única constituida hasta ese momento en el ámbito judicial— ganó en 1980 las elecciones al CGPJ y copó todo esos puestos a pesar de que había listas abiertas. Además de la APM, se presentaron la Candidatura Judicial Independiente y la Candidatura Independiente de Magistrados de Trabajo, según contó El País. De forma más reciente y tras una sucesión de excusas, el PP pone ahora como condición para pactar la renovación la vuelta a este sistema de elección a pesar de que no promovió ese cambio durante sus dos mayoría absolutas.

Las asociaciones también tienen un papel clave en la elección de los miembros más altos de la judicatura a través del Consejo General del Poder Judicial, que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y a los principales cargos de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores y las audiencias provinciales. Especialmente, la conservadora APM y la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, que copan el 60% de los nombramientos judiciales aunque sólo representan a un tercio de los jueces, según cálculos de elDiario.es. Por contra, los jueces no asociados, que suponen el 43% de la judicatura, sólo accedieron a un 30% de los puestos de designación discrecional que adjudicó el CGPJ entre 2014 y 2020.

La APM, que representa al 25% de los jueces, accedió a 78 nombramientos, el 37%. Mejor parada sale Jueces y Juezas para la Democracia, que aunque representa a un 8% de la carrera, fue segunda en nombramientos. Un total de 51 jueces vinculados a este colectivo de carácter progresista fueron nombrados entre 2014 y 2020, el 24,3% de las designaciones. La Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados con el 16% de la carrera, apenas accedió al 8% de los nombramientos, con un total de 17.