Del poder judicial...

[Celestino]

Un Juez vendido al PP. Muchos tristemente

[Ragnar]

Un Juez vendido al PP. Muchos tristemente

¿Alguna prueba de lo qué dices? ¿ alguna condena o sanción a ese juez?

Hablando de jueces y condenas, recuerdo un tal Garzón que en su día fue en las listas del PSOE para las generales, de número dos por Madrid (el uno era  un tal Felipe González...), que en su día fue condenado por prevaricar en un caso con implicados del PP ¿te suena lo de ese juez SOCIALISTA?

Aparte de diputado por Madrid fué Secretario de Estado-Delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas en ese Gobierno del PSOE.

Juez SOCIALISTA...

La sentencia arremete contra el juez con una dureza extraordinaria, tachando a Garzón de “arbitrario” y “totalitario”, y le acusa de “laminar derechos” y ordenar prácticas “propias de sistemas políticos ya superados” al intervenir las comunicaciones en la cárcel de los corruptos con sus abogados.

[47ronin]

Una juez abre causa por una denuncia contra Pablo Iglesias por llamar “prevaricador” al instructor del ‘caso Dina’


Ha solicitado a la Fiscalía Provincial de Madrid que le remita su informe manifestando si aprecia delito o no antes de decidir si inicia una investigación

FECHA
14/09/22access_time 10:53

Agencias
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La titular del Juzgado de Instrucción Número 10 de Madrid, María Antonia de Torres, ha abierto diligencias previas a raíz de una denuncia presentada por una particular contra el ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por llamar "prevaricador" al juez que investiga el 'caso Dina', Manuel García Castellón.

La Fiscalía Provincial de Madrid estaba investigando este asunto, después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) se lo remitiera para que determinara si las palabras de Iglesias constituían o no un presunto delito de injurias o calumnias.


Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han explicado que la Fiscalía se ha desprendido de las pesquisas después de que una abogada de la Asociación de Juristas Europeos Prolege haya presentado una denuncia por calumnias en los juzgados de Plaza de Castilla por los mismos hechos.

Las citadas fuentes señalan que, de momento, la juez se ha limitado a abrir causa y ha solicitado a la Fiscalía madrileña que le remita su informe manifestando si aprecia delito o no antes de decidir si inicia una investigación, conforme ha avanzado okdiario.


Las declaraciones de Iglesias que De Torres tiene ahora sobre la mesa tuvieron lugar el pasado 19 de abril en el marco de la presentación de su libro, editado por el periodista Aitor Riveiro, sobre varias entrevistas con el ex líder de Podemos.

Iglesias aseguró que García Castellón no había logrado su objetivo de terminar con él. "La historia tiene que dirimir si pasa a la historia como un juez mediocre, que es lo que piensan buena parte de sus compañeros por la debilidad de sus instrucciones y las diferentes respuestas que obtuvo, o si por al contrario pasa a la historia como un prevaricador", dijo.

García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, es el encargado de investigar el 'caso Dina', la pieza número 10 del 'caso Villarejo' donde se intenta esclarecer el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de Dina Bousselham -ex asesora política de Iglesias- desde que le robaron el móvil en un centro comercial en 2015 hasta que parte de su contenido apareció publicado en la prensa.

[47ronin]

Sánchez, Sánchez, Sánchez...pero que coño es esto?


Pilar Llop asegura que cuando viaja en metro y autobús escucha a la gente hablar del bloqueo del CGPJ


El Gobierno espera que "en unos días" exista acuerdo del Consejo sobre el TC, al que esperará para nombrar a sus dos vocales




Venga, vamos a intentar ponerle a la patochada un poquito de humor.

[Ragnar]

Menuda ridícula...

[47ronin]

Lesmes empieza a buscar un despacho de 'juez raso' en el TS a la vista de la desidia de PP y Gobierno


Transcurridos 15 días desde que anunció la posibilidad de dimitir, esperaba que al menos los negociadores de la renovación del CGPJ se reunieran.
22 septiembre, 2022 02:43
María Peral  @Maria_peral

El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha empezado a buscar un despacho de magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a la que le corresponde volver cuando cese en su cargo actual.

[Ragnar]

Cosas de que la Fiscalía esté subordinada al Gobierno de turno.

El fiscal general del Estado asciende a Dolores Delgado, pese al rechazo de la mayoría del Consejo Fiscal

https://elpais.com/espana/2022-09-22/el-fiscal-general-del-estado-asciende-a-dolores-delgado-pese-al-rechazo-de-la-mayoria-del-consejo-fiscal.html

[47ronin]

La cúpula del Supremo reclama la renovación inmediata del Poder Judicial para evitar que Lesmes dimita


La Sala de Gobierno del alto tribunal señala al Congreso y al Senado como los responsables de cumplir la “obligación constitucional” de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces
Reyes Rincón
REYES RINCÓN
Madrid - 26 SEPT 2022 - 14:06 CEST

La cúpula del Tribunal Supremo ha reclamado este lunes la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar que Carlos Lesmes dimita. Así lo ha acordado la Sala de Gobierno ―que reúne, además de a Lesmes, a los presidentes de las cinco salas y a cinco magistrados elegidos por sus compañeros― después de que el presidente del Supremo y del CGPJ les haya entregado el informe elaborado por los técnicos que señala a Francisco Marín Castán, presidente de la Sala I (Civil), como su sustituto si finalmente opta por renunciar al cargo. La sala de Gobierno respalda a Lesmes y pone el foco en el Congreso de los Diputados y el Senado, a los que recuerda su “obligación constitucional” de propiciar la renovación del Consejo, cuyo mandato está prorrogado desde diciembre de 2018.

El texto firmado por la cúpula del Supremo este lunes después de escuchar a Lesmes tiene solo dos puntos y apenas 10 líneas, pero implica el apoyo unánime de la Sala de Gobierno a su presidente en una semana clave y cuando algunos vocales del CGPJ, especialmente los del grupo conservador, le están reprochando su amenaza de dimisión. “La Sala de Gobierno lamenta profundamente que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, al que respalda, pueda verse abocado a renunciar al cargo y aún confía en que el Congreso de los Diputados y el Senado cumplan sin más demora sus obligaciones constitucionales antes de llegar a este punto”, recoge el segundo punto del acuerdo suscrito por los magistrados después de que el presidente les diera cuenta del informe que él mismo solicitó al gabinete técnico sobre quién debe relevarle si, como anunció en el acto de apertura del año judicial, decide dimitir ante el bloqueo en la renovación del CGPJ.


Ese paso decidido de Lesmes hacia su renuncia no gustó a la mayoría de vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces, que consideran que el presidente va a abandonar el Consejo en pleno vendaval. Los vocales, tanto del sector progresista como del conservador, tampoco comparten la conclusión a la que han llegado los técnicos de que sea Marín Castán el nuevo presidente de ambos órganos. Para los consejeros elegidos a propuesta del PP, el sustituto de Lesmes deberían elegirlo los propios miembros del CGPJ en un pleno, porque así se elige al presidente al inicio de cada mandato. Los progresistas, sin embargo, creen que el sustituto de Lesmes al frente del órgano debe ser el vocal de más edad, en este caso, uno de los miembros destacados de este bloque, Rafael Mozo. Los técnicos no comparten ninguna de estas dos interpretaciones: señalan que el presidente del Supremo y del CGPJ debe ser la misma persona, consideran que el cargo debe recaer en el vicepresidente del alto tribunal (Marín Castán) y que, además, este tiene que asumirlo “de forma automática”, sin necesidad de ningún “acto o acuerdo” por parte del CGPJ.

Los reproches que ha recibido Lesmes en el seno del CGPJ contrastan con el respaldo transmitido por la cúpula del Supremo. Los magistrados (de diversas tendencias) le han mostrado expresamente su apoyo en su decisión de dimitir si ve que el acuerdo para renovar el CGPJ es imposible a corto plazo: la Sala de Gobierno considera que la renuncia es un paso al que Lesmes “puede verse abocado”. Además, al contrario de lo ocurrido en el Consejo, los magistrados del alto tribunal “comparten” el informe del gabinete técnico y así lo han dejado por escrito en el primer punto del acuerdo adoptado este lunes.

Ese acuerdo carga en el Congreso y el Senado la responsabilidad de propiciar la renovación del CGPJ, y prescinde de cualquier alusión a la falta de acuerdo entre los partidos o a la actitud obstruccionista del PP, a la que el propio Lesmes aludió en su discurso de apertura del año judicial. Fuentes de la sala de gobierno consultadas señalan que se ha hecho así para mantener la neutralidad y no entrar en argumentos políticos, y recuerdan que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPG) establece que son los presidentes del Congreso y el Senado quienes “deben adoptar las medidas necesarias” para que la renovación del Consejo se produzca “en plazo”. El propio Lesmes se ha dirigido en varias ocasiones a ambas Cámaras para apremiarles a propiciar la renovación, ya que fueron ellas quienes pusieron en marcha el proceso en 2018, antes de que expirara el actual mandato. No obstante, para que ese proceso salga adelante hace falta el voto de tres quintos de la Cámara (210 diputados en el caso del Congreso), lo que obliga a buscar un acuerdo entre el PSOE y el PP.

[47ronin]

Moix, el jefe Anticorrupción que dimitió por tener una 'offshore', dirigirá los expedientes disciplinarios de los fiscales


El actual fiscal de Sala en el Supremo, que dimitió en 2017 después de que este diario destapase que poseía parte de una sociedad panameña, se encargará de incoar y tramitar los expedientes disciplinarios en el Ministerio Público

infoLibre

30 de septiembre de 2022 19:32h
Manuel Moix, actual fiscal de Sala en el Tribunal Supremo (TS) que estuvo al frente de la Fiscalía Anticorrupción hasta que renunció por el escándalo de su participación en una sociedad offshore panameña desvelado por infoLibre–puedes consultar aquí todo el dosier del caso– ha sido designado nuevo Promotor de la Acción Disciplinaria del Ministerio Público. Eso sí, sin el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal.

Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, también se ha nombrado al fiscal de la Audiencia Nacional Manuel Campoy como su sustituto en dicho cargo. A partir de ahora, el ex fiscal jefe de Anticorrupción será el encargado de incoar y tramitar los expedientes disciplinarios en el Ministerio Público.


Thank you for watching

Las fuentes fiscales consultadas por Europa Press indican que la designación de Moix ha salido adelante tan solo con el apoyo de las dos vocales natas del Consejo Fiscal: el teniente fiscal del Tribunal Supremo y la inspectora jefe, María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz, respectivamente.

Ninguno de los nueve vocales electivos le han respaldado, ya que en su mayoría –los seis de la Asociación de Fiscales (AF) y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– se han decantado por Francisco Moreno, fiscal de sala que desempeña la Jefatura de la Unidad de Apoyo al fiscal general.

No obstante, cabe recordar que el Consejo Fiscal se limita a expresar su parecer en materia de nombramientos y finalmente es su presidente, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien decide. Las fuentes recalcan que se ha primado su conocimiento del derecho contencioso-administrativo.

El criterio del fiscal general también se impuso con la propuesta de nombramiento para cubrir la plaza de fiscal de sala de la Sala de lo Militar del TS, que fue adjudicada a su predecesora, Dolores Delgado, a pesar de que solo votaron a su favor las vocales natas y los dos vocales electivos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecieron tanto ella como su sucesor en el cargo.

Las citadas fuentes han indicado que entre los motivos que han pesado en los vocales electivos del Consejo Fiscal para no arropar a Moix destaca su salida de la Fiscalía Anticorrupción.

Una sociedad 'offshore'
Moix estuvo al mando de Anticorrupción apenas tres meses, de marzo a junio de 2017. Tuvo que presentar su renuncia "irrevocable por motivos personales" tras la polémica desatada después de que este diario desvelara que desde 2012 era dueño junto a sus hermanos del 25% de una sociedad offshore constituida en 1988 en Panamá con una propiedad inmobiliaria en Collado Villalba (Madrid).

Nacido en 1958 y de tendencia conservadora, defendió desde el primer momento que estaba al día con Hacienda y que ya declaró la propiedad de la vivienda, un chalet valorado en más de medio millón de euros que heredó de sus padres.

Esa última polémica estuvo precedida por otras referidas a la gestión del departamento y a varios enfrentamientos con algunos miembros de su equipo respecto de investigaciones que afectan al Partido Popular, como son los casos Púnica y Lezo.

En relación al último, este diario destapó, poco antes de hacer público lo de la sociedad panameña, que como fiscal de Madrid había impedido hasta en tres ocasiones que se investigara la trama societaria creada por el expresidente madrileño Ignacio González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal de Isabel II.

"Se llama Moix y es un tío serio y bueno", decía el exlíder del Ejecutivo madrileño sobre el fiscal a su amigo Eduardo Zaplana hace años en una charla telefónica. Una intervención, pinchada por la UCO de la Guardia Civil, que arrancaba así así: "Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal Anticorrupción, ¿sabes? Y... yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo".

[47ronin]

DROGAS, DINERO Y UNA RELACIÓN ÍNTIMA

Investigan a una jueza por dar un chivatazo a mafiosos rusos vinculados a cargos del PP


La Policía documenta en un informe la relación de la magistrada en Benidorm con criminales del este y las conversaciones de los investigados donde la aluden: "Ella está durmiendo en su casa"

Por Alejandro Requeijo
06/10/2022 - 05:00

La Policía Nacional denuncia en un informe los vínculos de una jueza de Benidorm (Alicante) con delincuentes de Europa del este, investigados por delitos de crimen organizado. El documento la sitúa en el origen de un chivatazo a una mafia rusa que tenía contactos en el PP y que ha sido recientemente beneficiada por un error judicial. Los agentes creen que no fue el único. En las escuchas registradas por los investigadores se documentan las conversaciones en las que se refieren a la magistrada, incluida una relación íntima con un delincuente serbio bajo el radar de las fuerzas de seguridad.

[47ronin]

CRISIS EN EL PODER JUDICIAL

Lesmes dimite y obliga al PSOE y al PP a activar la renovación del CGPJ


El cese anticipado ha logrado retratar al Gobierno y al PP como los responsables de la situación y obliga a ambos a reaccionar para romper la parálisis del órgano
Foto: El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE/Mariscal)
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. (EFE/Mariscal)
Por Beatriz Parera
10/10/2022 - 05:00
La paciencia de Carlos Lesmes se agotó este domingo. El grado de su hartazgo, que ha ido aumentando a lo largo de las últimas cuatro semanas, quedó resumido en unas pocas palabras de un discurso de despedida que quedará para la historia. Explicó que se va porque no quiere continuar siendo "cómplice" de una situación que "aborrece y que es inaceptable". Su cese anticipado ha logrado retratar al Partido Popular y al Gobierno como los responsables de una situación ya insostenible para el órgano de gobierno de los jueces y la Justicia en general. La decisión obliga a ambos a reaccionar, romper su parálisis y renovar, incluso en contra de su voluntad, el Consejo.
A pesar de que se ha tratado de un cese más que anunciado, que se ha ido desarrollando prácticamente a cámara lenta, los últimos movimientos del ya expresidente del Consejo General del Poder Judicial consiguieron desconcertar y, como resultado, su salida, anunciada en la tarde-noche de este domingo, llegó por sorpresa. La dimisión parecía inminente desde el pasado miércoles, pero la convocatoria de un pleno previsto para el próximo día 13 llevó a pensar a muchos que aplazaba su decisión. Nunca fue así. El presidente tuvo claro desde los primeros días de septiembre que su marcha, que había madurado durante el verano, era ya un hecho y si la demoró fue en la creencia de que los contactos discretos que mantenían socialistas y populares desde que se produjo la visita del comisario de la UE Didier Reynders podían dar algún fruto.
Foto: Carlos Lesmes. (EFE/Ballesteros)
La dimisión de Lesmes esta semana provocará "la descomposición" del CGPJ
Beatriz Parera
Una vez más, como tantas otras, la promesa de reactivación de las conversaciones quedó en palabras y no hubo hechos. Y Lesmes no quiso prolongar la agonía, consciente de que se le estaba utilizando como una pieza más del ajedrez de la política judicial. La presa a cazar era, en este caso, el Tribunal Constitucional. Los cazadores, el Ejecutivo y el PP. Si Lesmes seguía, el Gobierno mantenía viva la esperanza de lograr forzar una renovación del TC para alcanzar de forma inmediata el vuelco de la mayoría progresista. El pleno del 13 preveía hacer un último intento en ese sentido, tras la presión ejercida por el sector progresista frente al bloqueo que había impuesto el conservador. La elección de esos dos magistrados hubiera provocado, no obstante, un triunfo del plan del Ejecutivo, y los populares estaban dispuestos a responder perpetuando el bloqueo. La ecuación condenaba así al Consejo a permanecer maniatado para nombrar y en funciones lo que queda de legislatura. Su continuidad suponía, por tanto, perpetuar la crisis y no resolverla. Y su salida, sin embargo, abre una ventana para el pacto, a regañadientes y con la nariz tapada, entre los dos principales partidos, condenados ahora a entenderse. El anuncio actuó como revulsivo casi inmediato. Pocos minutos después de que se hiciera pública la renuncia, que tendrá efectos desde este mismo lunes, tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo movieron ficha y anunciaron un encuentro en la Moncloa. El Consejo sin Lesmes tratará de mantenerse, pero no lo logrará. Se espera que en las próximas semanas comience un baile de salidas que previsiblemente provocará la desaparición completa del actual órgano. Aquellos que se queden tendrán que enfrentarse a la presión social y de sus propias asociaciones de jueces.
La carta de dimisión
Los rescoldos del Consejo afrontan, además, nuevas tensiones en un órgano ya roto por todas las costuras. La nueva situación, la era después de Lesmes, comenzará con discrepancia. Fuentes jurídicas informan a El Confidencial de que la carta de cese ya está lista hace días, a falta solo de firma y envío. En ella, en un último párrafo, se informa a los destinatarios, entre ellos Felipe VI y las Cortes, de que el sucesor natural para relevarle tanto en el Supremo como en el CGPJ es el presidente de la Sala Primera del Supremo, Francisco Marín. En una situación en la que el puesto de vicepresidente se encuentra vacante hace años y no existe, por ello, el cargo natural para tomar el testigo, la sustitución de Lesmes en este cese anticipado es un nido de discrepancias. Una mayoría de vocales del Consejo no está dispuesta a asumir que sea Marín el que tome las riendas de los dos órganos y discute el criterio que quedó reflejado en un informe elaborado por la secretaría técnica.
"Muchos vocales creen que la presidencia del Consejo es independiente de la del TS y la responsabilidad de la decisión recae en ellos" Lesmes y su gabinete técnico defienden que tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial conciben la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial "como una titularidad conjunta e indisociable" que, por tanto, no puede ser ocupada por personas distintas. Concluyen así que Marín debe dirigir, de manera provisional y hasta que se renueve el órgano, las dos instituciones. Sin embargo, muchos vocales no comparten este criterio y creen que la presidencia del Consejo es independiente de la del TS y la responsabilidad de la decisión recae, en exclusiva, en ellos. "Al presidente del Consejo lo eligen los vocales", repiten constantemente. Consideran que, al menos de momento, la vacante debería quedar cubierta por el vocal de más edad, que es el progresista Rafael Mozo. Extraen esta interpretación del artículo de la LOPJ que especifica que es este vocal quien preside el pleno constitutivo cuando se forma un nuevo Consejo.
Sea quien sea su sustituto, el propio Lesmes le auguró un duro mandato en su discurso de renuncia. "Perdida toda esperanza de rectificación", la hasta ahora máxima autoridad del Poder Judicial abandona el cargo ante una situación que "debilita y erosiona cada vez más a las principales instituciones de la Justicia española", ante un manoseo político que golpea al mentón "de nuestro Estado de derecho".

[47ronin]

Román Cuesta 16 de octubre, 2022  Investigación

La familia de Juango Ospina, candidato a presidir el Colegio de Abogados de Madrid, vinculada al Cartel de Medellín


Juan Gonzalo Ospina lidera la candidatura de ‘Ahora Abogacía’, iniciativa impulsada por una treintena de abogados madrileños que aspiran, según sus propias declaraciones “…a movilizar a una amplia base de profesionales para formular propuestas de modernización y cambio en la abogacía madrileña.”
Por Román Cuesta

A Ospina, que compartió despacho con la abogada Virginia López Negrete, hecho que oculta en su curriculum, le avalan en esta aventura dos organizaciones que copian la estrategia de los ultras de “Manos Limpias” seleccionando casos “muy particulares” en los que personarse como acusación.

El “movimiento24DOS”, célebre por presentar junto a Vox una querella por prevaricación y usurpación de funciones ante los tribunales españoles contra el juez belga al que correspondió la demanda contra Pablo Llarena, que incluía al abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y también a la traductora que intervino en la redacción de la demanda.

Querella contra Fernando Simón

A esta organización pertenecen Nicolás González Cuellar candidato del PP al Tribunal Constitucional o Carolina Mata de la Torre, presidenta de la Asociación de Juristas Europeos Prolege, protagonista durante la pandemia de una querella contra Fernando Simón, bajo la cobertura de una supuesta asociación de víctimas (Adavic 19) que fue rechazada.

El objetivo es encontrar a todas las personas que “por acción y omisión” han sido responsables de las muertes y daños físicos de las personas que han sufrido la enfermedad. “No queremos que esto quede en el olvido” afirmaba Mata con ocasión de la presentación de la querella, naturalmente nunca cuestionó los protocolos de Ayuso.

La Asociación de Juristas Europeos PROLEGE, por su parte, se ha personado como acusación particular en el caso “Pegasus” (el supuesto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska) y recientemente presento en los Juzgados de Plaza de Castilla,  una denuncia por calumnias contra el ex vicepresidente Pablo Iglesias por cuestionar la labor del titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 6, García Castellón, en el Caso Dina, donde también están personados como acusación particular.


Foto Twitter Prolege
Sin olvidar ‘Kitchen‘, caso en el que también fueron admitidos por García Castellón, a pesar de que Cuellar y Carolina Mata habían compartido una candidatura anterior al Colegio de Abogados madrileños (2017) con Fco. Javier Iglesias Redondo, abogado vinculado a Maria Dolores de Cospedal, defensor de Álvaro Lapuerta en el caso Bárcenas y a quien los audios de Villarejo señalan como el enlace de las cloacas policiales con el ex presidente Mariano Rajoy.

Un breve paseo por la cuenta de Prolege, en Twitter, puede aclararles de qué va el asunto:




https://mobile.twitter.com/prolege2

Una de las últimas incorporaciones a la candidatura de Ospina, ha resultado ser la de Juan Ramón Montero Estévez, abogado de los Martínez-Bordiú, que realizaba estos comentarios a El País ante el rechazo del Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid, de prohibir la difusión del reportaje de Mediaset sobre el patrimonio de los Franco: Juan Ramón Montero Estévez, también aseguró que el juicio mostraba los fallos del sistema: desde su punto de vista, la petición de la fiscal de desestimar la demanda fue una intromisión poco habitual en un proceso civil, y debida a su “afinidad” con el Gobierno. “Depende de una fiscal general [Dolores Delgado] que fue Ministra de Justicia durante la exhumación de Franco”.


El candidato Ospina, joven promesa de la abogacía madrileña, mimado por el Partido Popular, pertenece a una familia colombiana de rancio abolengo, dedicada al negocio del café y supuestamente vinculada con el tráfico de cocaína.


Foto Lalintenaazul.info
Los hermanos Ospina Baraya: Javier, Rodolfo y Mariano, padre y tíos del candidato, aparecen vinculados por fuentes muy diversas al cartel de Medellín, que otorgan a Rodolfo Ospina Baraya `El Chapulín´ un papel destacado en la operación que acabo con la vida de Pablo Escobar.

Dediqué a este tema varios hilos donde pueden ampliar su información.

El primero recoge testimonio de diferentes personajes, autores y periodistas que relatan capítulos de la historia colombiana del narcotráfico, donde de una u otra manera aparece la familia Ospina.

También muestra la estrecha relación del abogado con el Partido Popular.


El Segundo aborda las relaciones de poder de la familia.


El tercero profundiza en la historia de “Chapulín” y su papel en la operación del denominado “Bloque de búsqueda” que acabo con Pablo Escobar.

[47ronin]

El exjuez corrupto Alba esquiva de nuevo la cárcel con otra triquiñuela admitida por el TSJC


El tribunal canario, que tardó más de cuatro meses en resolver definitivamente una recusación “temeraria” contra su presidente, no ha dictado la orden de busca y captura contra el condenado

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —
17 de octubre de 2022 21:19h

Actualizado el 17/10/2022 21:28h
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La defensa de Salvador Alba no desiste en su empeño de retrasar la entrada en la cárcel del exjuez. Este domingo, tres días después de que el Tribunal Superior Justicia de Canarias (TSJC) le concediera 24 horas de plazo para ingresar en un centro penitenciario, su abogado, Nicolás González-Cuéllar, firmaba un nuevo escrito para recusar por segunda vez al presidente de ese órgano judicial, Juan Luis Lorenzo Bragado, a quien ahora acusa de tener “una prisa inusitada” en hacer cumplir una condena (seis años y medio de prisión) que es firme desde el 17 de noviembre de 2021. Es decir, desde hace once meses, 334 días. 


La esposa del exjuez Alba dice que hace días que no sabe de él y que entrará el martes en la cárcel

SABER MÁS
Lo cierto es que esta última treta del exjuez corrupto ha logrado su primer objetivo. El TSJC no ha dictado este lunes la orden de busca y captura que preveía el auto notificado el pasado jueves en caso de que el penado no ingresara en la cárcel en el plazo de 24 horas.

La primera recusación tardó más de cuatro meses en resolverse definitivamente. El TSJC rechazó los argumentos esgrimidos por la defensa y, además, impuso a Alba el pago de las costas procesales y una multa de 3.000 euros al considerar su actuación “temeraria”.


Esta es la cronología del último episodio en el procedimiento de ejecución de la condena del juez que conspiró para perjudicar la carrera política y profesional de Victoria Rosell:


8 de junio. Alba recusa por primera vez al presidente del TSJC. Sostiene que ha perdido la imparcialidad objetiva y que, por ello, se debe apartar de la sala que decide sobre la ejecución de su pena. El argumento principal era que Lorenzo Bragado había contestado una semana antes en el Parlamento canario a una pregunta formulada por un diputado de Sí Podemos sobre la demora en el cumplimiento de esa pena. En esa comparecencia, que versaba sobre la memoria judicial de 2021, el máximo representante del alto tribunal canario defendió la “pulcritud” y el “absoluto respeto” a las normas procesales en esa ejecutoria y negó que se hubiera producido un trato diferente o privilegiado.

22 de junio. El magistrado Nicolás Acosta admite a trámite el incidente de recusación y la prueba documental propuesta por Alba, que consiste en la grabación de la comparecencia de Lorenzo Bragado en el Parlamento y el mensaje difundido por el responsable de comunicación del TSJC en un grupo de Whatsapp de periodistas sobre el tercer informe forense que descartaba que las enfermedades que alega el exmagistrado sean incompatibles con su ingreso en un centro penitenciario. Se acuerda la remisión a la Secretaría de Gobierno para que se constituya la sala que debe decidir sobre la recusación.

5 de julio. Alba toma conocimiento de la composición de la sala, de los nombres de los diez magistrados y magistradas que la conforman, con Lucía Déborah Padilla como ponente. El artículo 223.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la recusación (de los miembros del tribunal) deberá proponerse “tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde”. El plazo máximo para hacerlo es de diez días desde la notificación de la primera resolución en que se conozca la identidad de los jueces de la sala.


27 de julio. Un mes y medio después de que la defensa de Alba presentara el escrito, los magistrados deliberan y rechazan la recusación, llegando a calificar la maniobra del condenado de “temeraria”. Sin embargo, ese auto no se notifica aún las partes. Y es que ese mismo día, el abogado de Alba presenta otro incidente de recusación. Esta vez, contra una de las magistradas que formaban parte de esa sala, Gloria Poyatos. Le atribuye una relación de amistad con la víctima de sus delitos, Victoria Rosell, y para tratar de acreditarlo aporta unos “pantallazos de redes sociales” con imágenes de un acto en el que habían coincidido ambas el fin de semana anterior. 

Según ha explicado a este periódico el secretario de gobierno del TSJC a través del gabinete de comunicación, esta nueva recusación (contra Gloria Poyatos) suspendía “de inmediato” el procedimiento de ejecución de la pena contra Salvador Alba. Es decir, continuaba dejando paralizado el plazo para el ingreso voluntario en prisión, que el pasado 15 de febrero, a tan solo un día que expirara, se detuvo después de que el condenado pidiera su suspensión alegando una enfermedad incurable.

Para dar respuesta a esa segunda recusación, el TSJC llamó a otro magistrado para poder completar la sala, ya que Gloria Poyatos quedaba temporalmente apartada.


11 de octubre. La sala resuelve por extemporáneo el incidente de recusación presentado por Alba contra Gloria Poyatos. El auto recuerda que esa petición fue formulada el 27 de julio, 22 días después de que la defensa tuviera conocimiento de la composición de la sala y, por tanto, cuando ya habían transcurrido los diez días que tenía de plazo para hacerlo, según el artículo 223.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. “Solo entonces, al alzarse la suspensión, sigue la tramitación ordinaria del incidente principal de recusación (contra Lorenzo Bragado)”, afirma el secretario de Gobierno del alto tribunal canario.

13 de octubre. El TSJC notifica a las partes, más de dos meses después, el auto del 27 de julio que desestima la recusación de Alba contra el presidente del TSJC. “No se podía haber hecho mientras el procedimiento estaba suspendido”, asegura el secretario de Gobierno.

Una vez rechazado el incidente y, por tanto, el intento del condenado por apartarlo, Lorenzo Bragado ya puede formar parte de la sala para resolver el requerimiento de Alba para suspender su ingreso en prisión. Y ese mismo día, el TSJC dicta el auto que da al exmagistrado un plazo de 24 horas para entrar en un centro penitenciario. La resolución recuerda que el último informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife ha concluido que las enfermedades que padece no son incompatibles con su ingreso en una cárcel, que cuenta con servicios médicos que las pueden tratar.


Ese auto deja sin efecto la suspensión del plazo para el ingreso voluntario en prisión (le restaba tan solo un día) y advierte a Alba de que, en caso de que no entre en las siguientes 24 horas, se dictarán “las órdenes oportunas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que presten el auxilio que resulte preciso para la ejecución de la pena”.

A Alba se le notifica esta resolución en su domicilio el jueves sobre las 17.35 horas.

14 de octubre. El abogado Nicolás González-Cuéllar presenta, en nombre de su cliente, un incidente extraordinario de nulidad de actuaciones contra el auto del 27 de julio, notificado el día anterior. Sostiene, en síntesis, que el TSJC dictó esa resolución con una sala integrada por una magistrada que en ese momento estaba “ya recusada” (en referencia a Gloria Poyatos).

17 de octubre. Alba presenta la segunda recusación contra el presidente del TSJC. En este escrito, señala que solo transcurrió un minuto desde que la Sala de lo Penal rechazó el primer incidente hasta que dictó el auto que le daba un día para ingresar en prisión.

“Es materialmente imposible una deliberación, votación y fallo en menos de un minuto, por lo que, por pura lógica y matemática, la deliberación, votación y fallo se había producido con anterioridad a la comunicación a la sala de la resolución de la recusación de Juan Luis Lorenzo Bragado y, por tanto, estando aún recusado formalmente y suspendido el procedimiento”, argumenta el letrado del exmagistrado.

En ese escrito también alude a mensajes difundidos en redes sociales por Victoria Rosell que, a su juicio, revelan un “contacto extraprocesal” con el presidente del TSJC o a la difusión de ese auto a los medios de comunicación el mismo 13 de octubre, “provocando ello un sinfín de reacciones y daño” a su familia “que era innecesario y que evidencia un interés desmesurado del recusado en la presente ejecutoria que, sin duda, puede afectar a su imparcialidad subjetiva, pues esa resolución ni si quiera había sido notificada a esta representación procesal, cercenando de plano el derecho de defensa del recusante”.


EL TSJC no ha dictado este lunes la orden de busca y captura. La letrada de la Administración de Justicia, Teresa Lorenzo Establier, ha manifestado al periódico El País que Salvador Alba, su marido, con quien dice no tener contacto desde hace cuatro días, cumplirá “en tiempo y forma” y se personará en la cárcel este martes antes de las 15.00 horas.

[Heracles_Pontor]

Al final es retrasar lo inevitable. . .

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[47ronin]

Se busca juez...para ir al trullo.

https://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/tsjc-pone-busca-captura-exjuex-corrupto-salvador-alba_1_9631891.html

Lo nunca visto

[47ronin]

El exjuez Salvador Alba entra en prisión por una condena por conspirar contra Victoria Rosell


Se ha personado en la cárcel El Salto del Negro de Gran Canaria a las 10.00 horas, después de que el TSJC remitiera una orden de busca y captura

El exjuez Salvador Alba entra en prisión por una condena por conspirar contra Victoria Rosell
El exjuez Salvador Alba. | Elvira Urquijo (EFE)


Fran Serrato
@FcoSerrato
fs@theobjective.com
Publicado: 18/10/2022  •  12:33
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Salvador Alba ya está en prisión. El exjuez se ha personado este martes entorno a las 10.00 horas en la cárcel de El Salto del Negro, en Gran Canaria. Lo ha hecho después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) remitiera una orden de busca y captura al no haberse presentado voluntariamente en el plazo establecido, que expiró el viernes. Está condenado a seis años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación profesional por manipular una instrucción para perjudicar a la juez Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, cuando esta era diputada de Podemos.

Alba presentó en los últimos días nuevas alegaciones con la intención de regatear su ingreso en la cárcel, pero fueron desestimadas. Su abogado aducía a una serie de irregularidades que perjudicaban a su cliente. Entre ellas, que la magistrada que ha dictaminado su entrada en prisión es «amiga íntima» de la dirigente de Podemos y que no es competente para decidir sobre la recusación que han interpuesto contra el presidente del órgano judicial, Juan Luis Lorenzo Bragado.

La incomparecencia del juez en un centro penitenciario el viernes obligó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC a emitir este lunes una orden de busca y captura. El documento, de dos páginas y remitido esta misma mañana, insta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a su localización, detención e «inmediato traslado» al centro penitenciario más próximo. No hará falta porque Alba ya se ha personado en una prisión, concretamente en la de El Salto del Negro, conocida como Las Palmas I, en Gran Canaria, según confirman a THE OBJECTIVE fuentes del caso.

La condena a Alba
La perjudicada por la manera de proceder del exjuez, Victoria Rosell, ha manifestado en Twitter su satisfacción porque haya ingresado en prisión. «Ha entrado en Las Palmas 1. No sé por qué engañó a los medios, imagino que para evitar detención y foto. Pero entró a cumplir su pena, que es lo importante».


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Había sospechas de que Alba podría haberse fugado, pero su esposa, Teresa Lorenzo Establier, actual secretaria judicial del Decanato en Las Palmas de Gran Canaria, aseguró en una entrevista con El País que ingresaría en prisión este martes. No obstante, reconoció no saber nada del penado desde hace días. Lorenzo Establier también denunciaba el procedimiento seguido para la notificación de la ejecutoria. Afeaba que la Policía se personara en su domicilio, «donde está mi hija».

El TSJC condenó al exjuez en septiembre de 2019 como autor de los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad por manipular una instrucción penal para perjudicar a Rosell, que debió dejar su acta en el Congreso de los Diputados. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre. Alba tenía 10 días para ingresar en un centro penitenciario, pero la defensa lo demoró alegando problemas de salud del magistrado. Lo ha hecho casi un año después.


Victoria Rosell, la juez contra la que maniobró Salvador Alba. | Foto: Ricardo Rubio (EP)
Durante este tiempo, Alba ha recurrido a todo tipo de recursos, recusaciones y alegaciones para evitar la cárcel. Incluso ha argumentado una enfermedad para reclamar la suspensión de la condena. El antiguo magistrado paga mes a mes la multa de 12.500 euros que le fue impuesta, a pesar de que se declaró insolvente tras perder su condición de juez. El seguro con el que cuentan estos profesionales ha abonado a la víctima la indemnización de 60.000 euros a la que también fue condenado.

Los hechos se remontan a noviembre de 2015, cuando Alba toma posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para relevar a Rosell, que había solicitado una excedencia para dedicarse a la política. El condenado asumió a instrucción de la causa que atribuía al empresario Miguel Ángel Ramírez delitos contra la Hacienda Pública como administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), que hasta entonces había investigado la juez de Podemos.


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El juez Alba recusa al presidente del TSJC por su «prisa» en enviarlo a prisión
El juez Alba recusa al presidente del TSJC por su «prisa» en enviarlo a prisión
R.T.O.
Alba empezó a desviar el objeto de la causa. La investigación del entonces presidente de la UD Las Palmas comenzó a poner en entredicho la instrucción desarrollada por Rosell, iniciando una auténtica cruzada contra ella. Tanto, que el propio abogado de Ramírez propicia un encuentro entre este y el magistrado que lo investigaba. La reunión, que duró casi hora y media, sirvió para iniciar un conspiración que ha quedado acreditada en las grabaciones que realizó el propio empresario.

La intención del exjuez, según la sentencia, era demostrar que Rosell había intervenido en la causa a pesar de tener intereses económicos: unas supuestas relaciones comerciales entre su pareja y Ramírez. La Fiscalía llegó a abrir una investigación contra la dirigente de Podemos después de que el juzgado recibiese de forma anónima el contrato, aunque el caso finalizó con dos resoluciones favorables a Rosell.

Lorenzo Establier, esposa de Alba, presentó en marzo una petición de indulto para el exjuez. Además, denuncia varias irregularidades durante el proceso, como el informe que se remite al Ministerio de Justicia, que según ella no fue elaborado por el tribunal competente, lo que motiva que se demore el proceso. La jurista también ha solicitado la suspensión de la pena hasta que se tramite la medida de gracia.

[Heracles_Pontor]

Cómo no podía ser de otra manera. . .

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[47ronin]

Un sindicato demanda a la AP de Madrid por obligar a un abogado de baja a ir a juicio


El sindicato de abogados Venia exige que se reconozca el derecho de los letrados a estar de baja en igualdad de condiciones con el resto de trabajadores. "Si no nos dan la razón, iremos al Constitucional", declaran

Por Irene Cortés
23/10/2022 - 05:00
El sindicato de abogados Venia ha presentado una demanda contra la Audiencia Provincial (AP) de Madrid por haber negado la suspensión de un juicio a un abogado que estaba de baja médica. En la demanda, a la que ha tenido acceso El Confidencial, la agrupación pide que se declare nulo el acuerdo del presidente del tribunal madrileño de mantener la vista y se reconozca el derecho del letrado afectado a estar de baja "en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores públicos o privados".
En su escrito, la organización alega que, con esta decisión, se vulneran varios derechos fundamentales de los letrados, como el de la intimidad y la salud, además de infringirse algunos artículos de la Ley General de la Seguridad Social, que prohíbe a los trabajadores que están en situación de baja desarrollar labores profesionales so pena de cometer un fraude. Al negar una suspensión de una vista, el sindicato entiende que los tribunales fuerzan a los abogados a cometer ilegalidades, además de empeorar su salud.

Según explican desde Venia, el conflicto surgió tras la petición de suspensión de una vista ante la AP de Madrid. El abogado, Ángel Múñiz, presentó su parte de baja médica como justificación de la solicitud, pero el tribunal le exigió que aportase documentación "que especifique la dolencia o enfermedad que padece el señor letrado y sus consecuencias que le impidan la asistencia al juicio". El letrado se negó a facilitar esos datos, por lo que la AP emitió un informe médico forense en base a la información presentada en primer lugar, que se limitaba a informar que la baja se debía a un dolor de espalda.
Foto: Pere Vidal, hospitalizado después del accidente. (Cedida)
La insensibilidad de un juzgado con un abogado hospitalizado: "No tienen respeto"
Irene Cortés
En un escueto escrito, el médico señalaba que, a falta de más datos, el dolor de espalda "puede ser una patología incapacitante en determinados tipos de trabajo, fundamentalmente de carácter físico". La asistencia a juicio, sin embargo, "no implica ningún tipo de sobreesfuerzo que impida acudir, ya que una cosa es ir a trabajar y otra es acudir a un lugar en el que se va a estar sentado". Por último, concluye diciendo que, si bien el dolor de espalda puede impedir trabajar al abogado, "no tiene la envergadura suficiente como para impedirle acudir a las sesiones de juicio oral". Ante esto, el abogado acabó por presentar documentación médica más extensa que acreditaba su incapacidad para moverse, y el juicio fue suspendido. No contento con ello, el sindicato presentó una queja ante el presidente de la AP de Madrid alegando que la exigencia de la Sala de aportar un informe médico detallado supone una vulneración a la intimidad de sus datos médicos, dotados de especial protección según las leyes de privacidad. Además, instó al presidente a que adoptara las "medidas necesarias encaminadas a garantizar el derecho de los abogados trabajadores a recuperar su salud, debiendo suspenderse el procedimiento en que estuvieran personados, hasta su total recuperación".
Foto: Imagen del Juzgado de Primera Instancia nº. 3 de Madrid.
El TSJ de Madrid rechaza que los juzgados sigan con limitaciones de aforo por el covid
Irene Cortés
La Sala de Gobierno del tribunal, sin embargo, archivó la queja alegando que, cuando la solicitud de suspensión tiene consecuencias muy negativas para el buen desarrollo del proceso, "el tribunal está obligado a verificar que el defensor no puede formar parte en el juicio en la fecha de su señalamiento, y asegurarse de que la causa de suspensión invocada con base al informe de baja es real y existente".
Actuación "más propia de sistemas dictatoriales"
En la demanda, Venia defiende que requerir informes médicos complementarios para evaluar la dolencia de un letrado que pide la suspensión porque está de baja supone una vulneración de varios derechos fundamentales, como de la intimidad, la integridad y dignidad humana. Recuerda que, al hacer esta exigencia, los datos médicos del letrado quedan a merced de terceros no autorizados, que tendrían acceso al expediente sanitario.
Foto: Tres miembros del sindicato de abogados Venia, tras el juicio por la demanda del Colegio de Alcalá de Henares.
Un sindicato para abogados: el proyecto de una letrada que irrita a los colegios
Irene Cortés
Asimismo, subrayan que se trata de una petición excesiva, sobre todo teniendo en cuenta que los datos relativos a la salud gozan de un carácter especialmente protegido y solo pueden prestarse bajo varias condiciones. "La incorporación a autos de los informes médicos como exigencia del tribunal para poder suspender el acto de la vista del juicio oral vulneran tanto los derechos del letrado como la finalidad y el espíritu de las disposiciones de la Ley de Protección de datos de carácter personal, en una actuación más propia de sistemas dictatoriales que de un Estado social y democrático de Derecho", aseveran en la demanda. En la misma línea, recuerdan que la Ley de Enjuiciamiento Civil permite la suspensión de vistas en caso de enfermedad del letrado, integrante de tribunal o fiscal, sin necesidad de aportación de informes médicos. "A mi mandante se le exige injustificadamente, con claro abuso de Derecho y de la posición procesal que ostenta frente al Juez de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, información complementaria en la que conste antecedentes y patologías médicas, sin base legal y contraviniendo los derechos fundamentales y disposiciones normativas aplicables respecto al tratamiento de los datos de carácter reservado como son los datos médicos", critican.
Por último, critican la decisión del magistrado, que califican de "arbitraria", y agregan que supone una discriminación para los profesionales de la abogacía, ya que "si hubiera sido el caso de que algún magistrado o el fiscal se encontraran en situación de incapacidad laboral transitoria, no se le habrían pedido los mismos documentos e informes médicos", afean.

[47ronin]

45 días de suspensión al abogado de Juana Rivas por acusar a un juez de su “manifiesta parcialidad”


“Resulta francamente preocupante la interpretación que el Colegio ha realizado del Código Deontológico”, advierte el letrado sancionado



Publicado 18/10/2022

El Ilustre Colegio de Abogados de Granada ha acordado imponer una sanción de 45 días de suspensión del ejercicio de la abogacía a Carlos Aránguez, el letrado de Juana Rivas.

Según la entidad colegial, el abogado ha cometido una infracción grave prevista en el Estatuto General de la Abogacía Española al cuestionar públicamente la imparcialidad del Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Granada, Manuel Piñar, que instruyó el caso y condenó a su clienta a cinco años de prisión.


En septiembre de 2021, mediante una denuncia, el Magistrado-Juez alegó que Aránguez había incurrido en un “comportamiento desconsiderado e irrespetuoso” durante sus declaraciones a medios de comunicación y en las notas de prensa emitidas por su propio despacho, al acusar de “manifiesta parcialidad” al primero en repetidas ocasiones durante el transcurso del procedimiento judicial.


Por su parte, a finales del pasado mes de julio, el abogado de Juana Rivas presentó una querella criminal contra el juez Manuel Piñar, por un delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la integridad moral por sus “ilegales decisiones” durante la tramitación de la ejecutoria en este caso.
)

Según el abogado ahora sancionado, la querella se fundamentó, entre otros extremos, en que el Magistrado titular del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Granada, “careciendo absolutamente de competencia para ello”, tramitó en su día un expediente de indulto bajo la única finalidad de “informar negativamente sobre dicho beneficio, con absoluta parcialidad (alterando intencionadamente la realidad) y ocultando la propia existencia de ese expediente a la defensa”.

Sin embargo, esta denuncia no prosperó y el ICAGR decidió abrir un expediente disciplinario a Aránguez. Ahora, su Comisión Delegada de Deontología ha declarado que la conducta del abogado “ha de considerarse una falta de probidad, lealtad y respeto” al Magistrado-Juez.

“Todo jurista tiene derecho a expresar su opinión”
Aránguez, en un comunicado remitido a los medios, ha confesado que no durará en “llevar este caso ante el Tribunal Constitucional”, el cual “podrá pronunciarse sobre la parcialidad o no del Juez Piñar en el Caso Juana Rivas”.

“Quienes hemos superado unas pruebas de acceso a la Magistratura, no somos dioses, exentos de toda posibilidad de crítica”, razona el letrado que trabajó durante 14 años como Fiscal en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. “Por supuesto, siempre desde el respeto y con la debida motivación, se puede (e incluso diría que se debe) valorar desde un punto de vista técnico la actuación de los jueces”, añade.

A su modo de ver, “en una sociedad democrática todo jurista tiene derecho a expresar su opinión”. En otras palabras, “decir que un juez es «manifiestamente parcial» (lo dije y lo mantengo) y aportar múltiples argumentos que respaldan esa afirmación, no puede ser nunca objeto de sanción por un Colegio de Abogados”, valora Aránguez.


Juicio contra Juana Rivas en Granada. (Foto: Álex Cámara/Europa Press)

“Resulta francamente preocupante la interpretación que el Colegio ha realizado del Código Deontológico, que ha desembocado en el alineamiento con un juez y la sanción (provisional, porque la hemos recurrido) a un abogado colegiado por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Los colegios profesionales son una institución medieval, ya desaparecida en la mayoría de los países civilizados. Es ineludible y urgente luchar para que los que perduran y aún no lo han hecho, se adapten a las normas de las sociedades libres del S. XXI. Como abogado en ejercicio, reivindico mi derecho a expresar libremente mis opiniones sobre las actuaciones judiciales que considere oportuno, máxime si afectan a mis patrocinados. Se trata de un derecho y un deber, que el Colegio debería proteger en lugar de sancionar”, explica el abogado.

“Un jurista tiene todo el derecho del mundo a valorar la actuación de otro jurista”

Aránguez argumenta que un buen letrado debería defender “con vehemencia, rigor técnico y profesionalidad” a sus clientes. “Asumí la defensa de Juana Rivas pro bono, desde mi férreo compromiso con los valores constitucionales, el derecho a la igualdad y la defensa de las víctimas de violencia de género. Fue una decisión meditada, que tomé convencido de que podía ayudar a unos niños y a su madre, alejándolos de un maltratador”. Ahora, tras la decisión de suspensión de sus funciones durante un mes y medio, el afectado concluye que, por supuesto, “cualquier abogado que se precie, debe defenderse a sí mismo cuando se comete una injusticia como esta”.

 

[47ronin]

El PSOE pacta con el PP que los jueces que entren en política no puedan volver a la Justicia hasta dos años después de cesar


La intención de los negociadores es que la medida no tenga efecto retroactivo, por lo que no afectaría a los tres ministros jueces. El acuerdo para renovar el CGPJ prevé exigir una antigüedad de 20 años de “servicio activo en la carrera judicial” para ser nombrado magistrado del Supremo
— Gobierno y PP sondean ya a jueces ante el avance del pacto para renovar el Poder Judicial





Sánchez y Feijóo en una imagen de archivo.
Sánchez y Feijóo en una imagen de archivo. Eduardo Parra / Europa Press
Elena Herrera / José Enrique Monrosi

26 de octubre de 2022 21:46h

Actualizado el 26/10/2022 23:05h
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Los negociadores de PSOE y PP, al borde de cerrar el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han logrado pactar ya medidas para reformar el sistema judicial que van a facilitar el desbloqueo cuatro años después de que expirara el mandato. Las conversaciones que están a punto de desembocar en la renovación, paralizada durante esos cuatro años por los populares, incluyen cesiones relevantes por parte del PSOE. Según fuentes de la negociación, el PP ha logrado que los socialistas den el visto bueno a una de sus grandes apuestas en materia de “puertas giratorias”: que los jueces que hayan tenido alguna responsabilidad política no puedan ejercer tareas jurisdiccionales hasta dos años después de su cese.


El mandato de Lesmes aumentó el poder de jueces de su confianza y conservadores en la cúpula judicial

SABER MÁS
La intención de los negociadores es que la medida, que se plasmará en una iniciativa legislativa suscrita por socialistas y populares, no tenga efecto retroactivo. Pese a que la iniciativa ha generado inquietud en algunos miembros del Ejecutivo, en principio no afectará a los tres ministros jueces del Gobierno –Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Pilar Llop (Justicia)– de cara al regreso a sus plazas cuando dejen la política.

La preocupación dentro del Consejo de Ministros reside en que si finalmente la medida sí tuviera efecto retroactivo y los citados ministros quisieran asegurarse sus plazas de jueces previas a la entrada en el Ejecutivo, estos tendrían que renunciar a sus cargos gubernamentales antes de la aprobación de la nueva ley y Sánchez se enfrentaría a una crisis de Gobierno como resultado de su pacto con el PP. Robles y Grande-Marlaska tienen su destino en la Audiencia Nacional mientras Llop tiene plaza en un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Madrid.


Los interlocutores de la negociación han acordado, por el momento, que los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno no puedan poner sentencias en esos dos años, aunque sí cobrarán sus salarios y desempeñarán funciones jurídicas en instituciones del Estado. Lo harán con categoría de magistrados del Tribunal Supremo los que hayan desempeñado tareas en la Administración General del Estado y con categoría de magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia los que hayan desempeñado tareas en administraciones autonómicas o locales. La medida afectaría a todos los cargos con rango superior al de secretario general, según las fuentes de la negociación consultadas por elDiario.es.


El precedente de 1997
Este punto acordado entre PP y PSOE ya aparecía en la propuesta de reforma del Poder Judicial remitida por el principal partido de la oposición a principios del pasado verano. En ese documento, titulado ‘Propuesta para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España’, los populares exigían para sentarse a hablar del CGPJ condiciones como la llamada “Regulación de las puertas giratorias” para que los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno no puedan “reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos”. También planteaban los de Feijóo que “todos los altos cargos de la carrera judicial pasen a ser nombrados por mayoría de tres quintos”, otra propuesta que se ha acabado incorporando al acuerdo, según las fuentes consultadas.

El nuevo régimen de vuelta a la carrera judicial supondría dar un giro radical al marco actual, en el que el regreso a la judicatura de quienes han ejercido cargos políticos es casi automático. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que deben solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente al cese e incorporarse a su destino dentro de los 20 días inmediatamente siguientes. De no hacerlo, serían declarados en situación de excedencia voluntaria.

Es el procedimiento que siguió, por ejemplo, el anterior ministro de Justicia Juan Carlos Campo. Fue cesado el 10 de julio de 2021 y, tres días después, pidió volver a la carrera judicial. La Comisión Permanente del CGPJ acordó su reingreso al servicio activo con efectos del día 13 de julio y tomó posesión de su destino en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en agosto. En la redacción actual, la ley establece que a los jueces y magistrados en situación de servicios especiales se les computa el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, antigüedad y derechos pasivos y tienen derecho a la reserva de su plaza.


La propuesta del PP que ahora ha asumido el PSOE no es estrictamente nueva. En 1997, durante la primera legislatura de José María Aznar, los conservadores endurecieron las condiciones de regreso a la carrera judicial de los jueces que se dedicaban a la política e incluso de los que se hubieran limitado a presentarse en una lista electoral. La ley se reformó para imponer, en estos supuestos, la obligación de estar en excedencia forzosa y remunerada durante tres años tras el cese del cargo. La medida afectaba también a los jueces que hubieran concurrido en una lista electoral aunque no hubiesen sido elegidos. No se les reservaba su plaza y tenían que concursar para acceder a otra cuando pasaran el período fijado. El PP llegó a plantear la retroactividad de esta medida a través de una enmienda que fue rechazada.

Los conservadores dijeron entonces que se trataba de una propuesta que servía para la “regeneración democrática”. Sin embargo, detrás la propuesta subyacía la polémica generada por el regreso de Baltasar Garzón —desde su escaño de diputado en las listas del PSOE y su alto cargo en Interior— a la plaza de juez de la Audiencia Nacional, donde instruyó los sumarios sobre los GAL. En ese momento, el PSOE rechazó la medida al considerar que podía incluso vulnerar el derecho constitucional a participar en asuntos públicos e incentivar el fraude de ley y el abuso de derecho, según contó El País. Esta excedencia forzosa estuvo en vigor hasta 2001, con Aznar todavía en el Gobierno, cuando fue derogada en virtud del pacto de Estado que firmaron PP y PSOE.

20 años de experiencia para ser magistrado del Supremo
El acuerdo entre el Gobierno y el PP también prevé exigir una antigüedad de 20 años de “servicio activo en la carrera judicial” para ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo. Para hacer esa suma no se podrán computar los años de servicios especiales de cualquier tipo. Por ejemplo, en algún cargo de origen político. En la redacción actual se exigen 15 años de ejercicio en la carrera judicial y en ese periodo también cuentan los años en política. Con estos nuevos requisitos, por ejemplo, Carlos Lesmes no podría haber sido nombrado juez del Supremo: su experiencia previa a ese ascenso eran nueve años de fiscal, ocho años en el Gobierno de Aznar y solo ocho como magistrado.


El acuerdo entre el Gobierno y el PP incluye también que los nombramientos de los presidentes de las audiencias provinciales se hagan por una mayoría de tres quintos (13 de los 21 vocales), lo que supone seguir enmendado el modelo que el PP impuso en 2013 cuando gobernaba con mayoría absoluta. Entonces, la derecha utilizó su rodillo parlamentario para cambiar el sistema e imponer que las resoluciones del órgano, salvo que la ley orgánica exigiera de forma expresa otra cosa, se adoptaran por mayoría simple (más síes que noes).


Un lustro después, en 2018, ya con el PSOE en el Gobierno, la ley volvió a modificarse. Se regresó entonces al sistema de tres quintos para los nombramientos más relevantes: presidentes de sala y magistrados del Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y presidentes de los tribunales superiores de justicia. Y para el resto de decisiones –resto de nombramientos de la cúpula judicial, informes de anteproyectos de leyes…– se estableció la mayoría absoluta (11 de los 21 vocales). Ahora, los interlocutores han acordado que esa mayoría de tres quintos sea necesaria también para los nombramientos de los presidentes de las audiencias provinciales.