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Los datos del CGPJ concluyen que tres de cada cuatro revisiones del ‘sí es sí’ rechazan reducir la condena


 Las 31 Audiencias Provinciales que han aportado información completa han revisado hasta el momento 1.572 casos y han decretado 402 rebajas de pena a agresores sexuales
 En La Rioja solo se ha producido una reducción de 55 asuntos revisados, mientras que en Madrid el porcentaje de rebajas es del 15,7%
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Un grupo de personas participa en una manifestación por el 8M en Madrid en 2022.

Un grupo de personas participa en una manifestación por el 8M en Madrid en 2022. Carlos Luján / Europa Press
Álvaro Sánchez Castrillo

2 de marzo de 2023 21:11h
@AlvaroSanCas
Los cinco primeros meses de vigencia de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual han provocado una enorme y comprensible alarma social por la larga ristra de reducciones de condenas a agresores sexuales. Pero lejos de lo que pueda parecer, la nueva norma no ha provocado una rebaja generalizada de las penas. Sólo hay que echar un vistazo a Madrid. En esta comunidad autónoma, la Audiencia Provincial ha dictado disminución de condena en menos de dos de cada diez casos revisados. La misma proporción que en València o en Huelva. En otras regiones, como Baleares, esa cifra escala a cuatro de cada diez. Es la primera fotografía, aunque todavía incompleta, del Consejo General del Poder Judicial sobre los efectos de la conocida como ley del sólo sí es sí. Y pone un dato importante sobre la mesa: tres de cada cuatro casos revisados han mantenido el castigo.

Thank you for watching

El órgano de gobierno de los jueces acordó a comienzos de febrero pedir a los diferentes órganos judiciales –Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales o Tribunal Supremo– información sobre el proceso de revisión de sentencias que se había iniciado tras la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. El objetivo era "hacer un análisis detallado" y "poder ofrecer datos contrastados de manera transparente", después de meses de información circulando a cuentagotas desde los diferentes Tribunales Superiores de Justicia. Y la publicación de los mismos se había convertido en los últimos días en motivo de enfrentamiento entre conservadores y progresistas en el seno del Poder Judicial. De hecho, en los últimos días nadie daba datos de forma oficial, pero sí que circulaban entre algunos medios.

Al final, y después de muchos tiras y aflojas, la información se ha hecho pública finalmente este jueves. Según las cifras recopiladas, en las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Supremo se han producido un total de 721 reducciones de condena y al menos 74 excarcelaciones. Pero esos dos números no muestran por sí solos la fotografía completa. Una imagen que tampoco refleja en su totalidad la información recopilada por el Consejo General del Poder Judicial. Del medio centenar de Audiencias Provinciales, 19 no han entregado todos los datos que se les requería desde el órgano de gobierno de los jueces: tanto la cifra de casos revisados como las rebajas decretadas por sus magistrados.


No obstante, los datos de las que sí han aportado todos los elementos permiten hacer una primera aproximación sobre las consecuencias reales de la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí, cuya reforma ya se ha planteado desde el PSOE. En estas 31 Audiencias Provinciales se han revisado desde el pasado mes de octubre, según la información facilitada por el CGPJ, 1.572 asuntos. De ellos, se han decretado 402 reducciones de condena. Eso quiere decir que en esa treintena de órganos judiciales que han facilitado la información completa las rebajas de pena a agresores sexuales se han producido en un 25,5% de los casos. En definitiva, que en tres de cada cuatro sentencias revisadas los magistrados han decidido que la condena no se toca.

Un 15,7% de rebajas en Madrid, un 90% en Zamora
La Audiencia Provincial de Madrid es, hasta el momento, la que más casos ha repasado: 451. Y, de ellos, se ha dictado reducción para el agresor sexual en 71, lo que representa el 15,7% del total. Cuando se remitió la información, de hecho, en la capital ya se habían tramitado el 84% de las resoluciones susceptibles de revisión de las que tenían constancia. Tras Madrid, es València la que acumula una mayor cifra de casos ya despachados: 193, de las cuales se dictaron 23 rebajas de penas, lo que equivale al 11,9%. El podio lo completa la Audiencia Provincial de las Illes Balears, que hasta el pasado martes había repasado ya 111 casos, dictando 46 rebajas de penas, lo que se corresponde con el 41,1% de los casos revisados.

Las diferencias son enormes dependiendo del territorio. La Rioja, a la que tanto ha mirado desde el principio el Ministerio de Igualdad, es un caso a resaltar. El pasado mes de noviembre, su Audiencia Provincial decidió que seguiría el criterio de la Fiscalía y mantendría condenas si las penas impuestas pudiesen aplicarse también con la nueva ley en la mano. De ahí que, hasta la fecha, solo en uno de los 55 casos revisados se haya decretado una reducción de condena. Fue a comienzos de enero, cuando se dictó un auto por el que se rebajaba de 10 a 8 años la pena de cárcel a un hombre por una agresión sexual cometida hace dos décadas. En ese caso, no tuvo más remedio porque entonces se le impuso la pena máxima por los hechos, que ahora es menor.


Teruel es otro ejemplo de mantenimiento de penas. De 16 casos revisados hasta la fecha por la Audiencia, solo se ha dictado una rebaja. Fue a mediados de febrero, cuando se redujo de seis a cuatro años el castigo contra un hombre que obligó a tener relaciones sexuales a su pareja, si bien aquella decisión contó con el voto en contra de una de las magistradas. Del mismo modo, apenas se han registrado cambios en Huesca. Su Audiencia Provincial sólo ha tocado a la baja dos sentencias de entre 18 revisadas, lo que representa que en un 89% de los asuntos se ha mantenido el castigo que había sido impuesto. Y lo mismo sucede en Huelva, donde se han rebajado siete de los 60 casos repasados por sus magistrados, lo que representa un 11,1% del total.

En el extremo contrario, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, se encuentran Zamora, Ourense, Lugo, Lleida y Cuenca. En la primera, se han dictado rebajas en un 90% de los casos despachados por sus magistrados, frente a un 10% de penas que se ha decidido no tocar. En la segunda y tercera se han reducido en un 75% y 71%, respectivamente. Y en las dos últimas, en un 66,6% de los casos revisados. De hecho, la Audiencia Provincial de Lleida fue la que, a finales de enero, decretó una rebaja de condena y la posterior excarcelación de un depredador sexual con más de una quincena de ataques violentos contra mujeres a sus espaldas.

Cuando el 'solo sí es sí' habría castigado al agresor con mayor dureza: cuatro casos prácticos
Cuando el 'solo sí es sí' habría castigado al agresor con mayor dureza: cuatro casos prácticos

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Un juez de Ávila acusa al presidente del Alto Tribunal de Castilla y León de sugerirle que pida una baja médica para “sacar sentencias”

Historia de Juan Navarro García • Ayer a las 16:44

El juez Tomás Sánchez, de Ávila, ha acusado al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, de sugerirle que pida una baja médica para avanzar trabajo en los congestionados juzgados abulenses. “¿Y por qué no te pides una baja médica, y aprovechas para sacar sentencias?”, asegura el magistrado que le planteó Concepción cuando le hizo saber la “sobrecarga” en Ávila, tendencia habitual en otras sedes judiciales. Sánchez ha denunciado en Twitter esta oferta de “fraude de Ley laboral para sortear un problema que por pereza colectiva no queremos afrontar, el de la sobrecarga de juzgados y tribunales”.

Concepción cuenta con múltiples polémicas recientes, pues llegó a comparar al Partido Comunista con los nazis. El Consejo del Poder Judicial investigó pero no sancionó que acusara a Podemos de “poner en solfa la democracia” por su presencia en un Gobierno. También cuestionó el estado de alarma durante la pandemia.

La versión del juez se encuentra minuciosamente relatada en el perfil de Twitter de Sánchez, que reconoce que el jefe del alto tribunal autonómico se puede querellar contra él porque no tiene pruebas, más allá de la conversación telefónica presuntamente mantenida, sobre lo que expone. “Él y yo sabemos que fue así”, sostiene el titular del juzgado de primera instancia e instrucción 4 de Ávila, encargado de asuntos civiles. EL PAÍS ha solicitado una declaración por parte de Concepción para aclarar lo ocurrido, pero portavoces del TSJCyL han negado que se vaya a pronunciar sobre las acusaciones del juez.

Los mensajes de Sánchez en Twitter cuentan con fotografías de su despacho, abarrotado de carpetas y papeles, de quien según su versión cuenta con un “rendimiento acreditado del 180%” pero “casi 50 sentencias civiles con más de un año de retraso y otras 40 con menos de un año”. Tomás Sánchez alude a “ejecuciones hipotecarias empantanadas” y tilda de “retrasos preocupantes” los que padece en algunos casos de violencia de género, de cuyas resoluciones puede depender el bienestar de las denunciantes.

El juez ha descrito en un largo hilo cómo la conciliación laboral se ve frustrada por este altísimo nivel de trabajo que ni él ni sus colegas de oficio pueden sacar adelante. Así, narra cómo no tiene tiempo ni para cambiarse de tarifa telefónica, acudir a sus revisiones dentales o posterga la adquisición de una casa. Además, lamenta que otros togados supeditan sus vidas personales a su profesión y llegan a aplazar la decisión de formar una familia. “El Consejo General del Poder Judicial lo sabe, el ministerio de Justicia lo sabe; te esfuerzas en señalar los juicios pronto, confiando en que atenderán las reclamaciones de refuerzo, y no hacen nada, confían en que tú solo solventes un problema que es de su competencia”, escribe Sánchez, que admite que magistrados como él no dan de sí “con productividades del 200% o 250%, así de sencillo y así de claro”.

Por tanto, se propician “artimañas particulares para sobrevivir” y que la Administración judicial omita estos trucos porque si no es imposible mantener el ritmo. El ejemplo que pone el exjuez en Mahón (Menorca) consiste en que llega a firmar digitalmente autos de aprobación de cuentas sin leerlos tras recibirlos de los funcionarios judiciales ni cerciorarse de que lo haya aprobado el fiscal. Sánchez Puente denunció a finales de 2022 en el Diario de Ávila que la situación era “insostenible”.

El magistrado ha desarrollado sus críticas en 44 tuits en los que ha terminado afirmando que efectivamente se va a coger una baja médica, pero no para “sacar sentencias”, como le sugería el presidente del TSJCyL, sino para cuidar su “salud psíquica, que bastante tute lleva”.

Polémicas de José Luis Concepción
Estas acusaciones sobre el máximo responsable judicial de Castilla y León se suman a varios episodios controvertidos de este alto cargo. Concepción llegó a ser investigado por el Consejo General del Poder Judicial, aunque sin castigo final, por señalar que la presencia de Unidas Podemos en un Gobierno “pone en solfa” la democracia. El juez no fue sancionado porque se amparó en su “libertad de expresión”.

Las declaraciones de este magistrado recogen frecuentes críticas hacia los partidos de izquierdas, pues ha llegado a comparar al Partido Comunista con el partido nazi, y cuestionó el estado de alarma impulsado durante la pandemia del coronavirus. Concepción, en 2019, se posicionó en contra de la Ley de Memoria Histórica y contra la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos (Madrid), medida que para él “reverdece el odio”.

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La doble vara del CGPJ: mudo con los chats del presidente de la Audiencia Nacional e implacable con Podemos


El Poder Judicial se desentiende del compadreo entre José Ramón Navarro y el ex número dos de Interior en plena investigación de 'Kitchen': "Es una cuestión jurisdiccional"
 El órgano de gobierno de los jueces evita emitir un comunicado sobre lo sucedido, lo que contrasta con los duros reproches que ha lanzado en otras ocasiones contra los miembros 'morados' del Ejecutivo

Álvaro Sánchez Castrillo

9 de marzo de 2023 21:29h
@AlvaroSanCas
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pasa de puntillas por una de las últimas derivadas vinculadas al caso Kitchen. La Comisión Permanente, núcleo duro del órgano de gobierno de los jueces, ha decidido este jueves ponerse de perfil en relación con el cruce de mensajes entre el presidente de la Audiencia Nacional y el ex número dos de Interior en plena investigación de la causa centrada en la operación de espionaje contra el extesorero del PP Luis Bárcenas. Una postura que contrasta con la dureza del propio órgano constitucional, en funciones desde hace cuatro años, ante polémicas declaraciones públicas realizadas tanto por miembros del Gobierno –en concreto, por su ala morada– y otros cargos institucionales como por algunos integrantes de la propia judicatura.

El ex número dos de Interior Francisco Martínez y el jefe de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, intercambiaron durante casi un año mensajes en los que el primero pedía al magistrado información relativa a la investigación en su tribunal sobre la supuesta operación de espionaje urdida contra el extesorero conservador para hacerse con pruebas que pudieran incriminar al PP en Gürtel. Martínez pidió consejos, detalles sobre interrogatorios o un auto para poder preparar su "defensa". Entonces, las pesquisas eran secretas. Navarro ni cortó la comunicación ni se negó a las peticiones, limitándose a responder con frases como "me entero y te digo" o "te cuento en cuanto sepa".

Aunque se disponía de toda esa información desde hace casi tres años, la cadena de mensajes, registrada entre el 14 de febrero de 2019 y el 23 de enero de 2020 y desvelada por la Cadena Ser, no se incorporó al sumario hasta hace pocas semanas. Y a pesar de que el presidente de la Audiencia Nacional haya negado haber facilitado información alguna al ex número dos de Interior, lo cierto es que el asunto ya se abordó de manera informal la pasada semana en el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, el Poder Judicial decidió incorporarlo oficialmente en el orden del día de la Comisión Permanente de esta misma semana. El objetivo, hacer una "valoración" de las "informaciones periodísticas" que se habían ido sucediendo.

Del encuentro, no obstante, no ha salido más que un párrafo en el que el CGPJ se desentiende del asunto: "Teniendo presente que no se ha presentado ante este Consejo denuncia, queja o solicitud alguna, la Comisión Permanente considera, a la vista únicamente de la información periodística de la que se ha tenido conocimiento, que nos encontraríamos ante una cuestión jurisdiccional, reservada para las partes, sobre la que este órgano constitucional carece de atribución alguna". Es decir, deja todo en manos de los posibles afectados, que son a quienes corresponde decidir si lo ponen o no en conocimiento de los tribunales. Por el momento, ya lo ha hecho el exchófer de Bárcenas, procesado en Kitchen, que considera que Navarro pudo obstaculizar la investigación.

Un asunto prescrito
Desde el órgano de gobierno de los jueces, cuyo pronunciamiento se ha producido por unanimidad, explican que no tenían margen de maniobra para abrir ningún tipo de investigación. Si el caso se hubiera enviado directo al Promotor de la Acción Disciplinaria, éste no habría tardado en darle carpetazo. Básicamente, porque la posible infracción cometida ya estaría prescrita. El artículo 416 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses". Y el último mensaje de la cadena está fechado a finales de enero de 2020, justo cuando el magistrado instructor de Kitchen, Manuel García Castellón, decidió imputar a Martínez. Es decir, hace más de tres años.

Pero el órgano de gobierno de los jueces tampoco ha aprovechado la reunión de la Comisión Permanente para emitir ningún tipo de comunicado valorando el contenido de los chats conocidos o pronunciándose sobre la actuación del jefe de la Audiencia Nacional. Algunas fuentes pulsadas dentro del Poder Judicial rechazan que se deba hacer cualquier pronunciamiento de este tipo cuando se trata de "un tema jurisdiccional que además está sometido a la reserva del sumario". Es más, ni siquiera entienden que el asunto se haya metido en el orden del día sin que existiese "petición" alguna, lo que califican de "insólito e inaudito". "¿Para qué se ha incluido, sin que nadie lo pida, si ya se sabía que el examen era imposible?", se pregunta uno de los vocales.

El Consejo General del Poder Judicial no ha dudado en los últimos años en recurrir en múltiples ocasiones a la vía del comunicado para reprender públicamente a cargos institucionales e, incluso, a algunos miembros de la judicatura. La única diferencia es que en este caso todo parte de unas conversaciones privadas de Whatsapp incluidas en un caso que se encuentra judicializado, no de unas declaraciones públicas realizadas en redes sociales o en entrevistas con medios de comunicación.

Media decena de reproches a los morados
Varios de estos comunicados se han dirigido contra el ala morada del Gobierno, la que representan los miembros de Unidas Podemos. En enero de 2020, la Comisión Permanente lanzó una declaración institucional apelando a la "moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional" para evitar la "utilización política de la justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad o la profesionalidad de los jueces y magistrados que integran el poder judicial". Un escrito con el que se respondía a unas declaraciones en Antena 3 del entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que señalaba que el hecho de que tribunales europeos "quiten la razón a algunos jueces españoles" dejaba en "mal lugar" a "nuestra justicia".

Este no fue el único encontronazo con quien fuera número dos del Ejecutivo. Un par de meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenaba a la diputada morada Isabel Serra por un delito de atentado durante la protesta contra un desahucio. Iglesias criticó la decisión: "Me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso". Y, de nuevo, la Permanente emitió un duro comunicado: "Estas afirmaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, pues más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de juzgados y tribunales".

Aquel mismo verano, el núcleo duro del Poder Judicial lanzó un tercero. En esta ocasión, no tenía destinatario concreto, pero su emisión coincidió con las críticas de algunos dirigentes de la formación de izquierdas a la decisión del juez Juan José Escalonilla de imputar a Podemos en el marco del conocido como caso Neurona. La Comisión Permanente recordaba que "el respeto a la independencia" de la justicia "es un elemento clave del Estado de Derecho y de la propia democracia" y que la "confianza de los ciudadanos" en dicha independencia "es la mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos". En aquella ocasión, el comunicado contó con el voto en contra de tres de los vocales progresistas.

También la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la de Igualdad, Irene Montero, han sido objeto de reprimendas por parte del CGPJ. La primera, por cargar, utilizando el término "prevaricación", contra la sentencia del Supremo que condenaba al diputado morado Alberto Rodríguez. La segunda, por las críticas sobre la aplicación de la llamada ley del solo sí es sí. "Estas manifestaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados", rezaba el primer comunicado, que salió adelante con el voto en contra de los tres vocales progresistas.

Pero no solo los miembros del Ejecutivo central han recibido tirones de orejas públicos por parte del órgano de gobierno de los jueces. En febrero de 2018, la Comisión Permanente también reprochó al entonces presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, el discurso dado durante una entrega de premios en el Colegio de Abogados de Barcelona, en el que hizo referencia a la existencia de "presos políticos" en España. "Afirmar la existencia de presos políticos, y en especial por un representante institucional, es una descalificación muy grave de la función judicial, que trasciende al propio Poder Judicial, atacando frontalmente a nuestro modelo de convivencia basado en el respeto a la Ley", respondió la Permanente, reunida en sesión extraordinaria un sábado.

El CGPJ también ha reprochado en los últimos años declaraciones a miembros de la judicatura. En mayo de 2020, por ejemplo, el presidente del órgano envió una carta al jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, en la que le afeaba que hubiera acusado al Ejecutivo de utilizar "la paralización de un país para fines distintos que salvar a la gente de la enfermedad". Unos meses después, el mismo magistrado volvería a estar bajo el foco por decir que la democracia estaba "en solfa" por la presencia del Partido Comunista en el Gobierno y por comparar a esta formación con los nazis. En ambos casos, se libró de sanción. El Poder Judicial consideró que sus palabras se encontraban amparadas en el derecho a la libertad de expresión.

[47ronin]

Dimite la vocal progresista del CGPJ Concepción Sáez ante la "insostenible" situación del órgano


El CGJP debía haberse renovado el 4 de diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años de sus 20 vocales, pero la incapacidad de PP y PSOE para llegar a un acuerdo lo ha impedido
Dimite la vocal progresista del CGPJ Concepción Sáez ante la  Vocal del CGPJ

VOZPÓPULI
PUBLICADO 22/03/2023 23:07
ACTUALIZADO 22/03/2023 23:07

La vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez ha presentado su dimisión ante la situación "insostenible" del órgano, según ha adelantado 'ElDiario.es' y han confirmado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

La vocal ha trasladado su decisión al presidente interino del Consejo, Rafael Mozo, a través de una carta. Según las citadas fuentes, Sáez llevaba valorando la dimisión desde hace al menos dos meses.

El CGJP debía haberse renovado el 4 de diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años de sus 20 vocales, pero la incapacidad de PP y PSOE para llegar a un acuerdo lo ha impedido, después de varios intentos.

El actual CGPJ se conformó el 4 de diciembre 2013 con 20 vocales que actualmente son 17, tras la dimisión de Sáez, porque en estos 9 años uno de ellos, Rafael Fernández Valverde, se ha jubilado, y otra, Victoria Cinto, falleció. A ello se suma la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Consejo y del Tribunal Supremo (TS) el pasado 9 de octubre, precisamente para forzar la renovación. Además, la situación podría empeorar porque el presidente interino del órgano, Rafael Mozo, también se jubilará el próximo año.

[Celestino]

Un facha de mierda.


El CGPJ abre un expediente disciplinario por falta muy grave al juez que condenó a Juana Rivas


El promotor de la Acción disciplinaria del Consejo considera que el juez Manuel Piñar ha podido cometer dos infracciones por sus manifestaciones en redes sociales en contra de jueces, sindicatos, mujeres y colectivos de migrantes.

MADRID, 23/03/2023 17:35 ACTUALIZADO: 23/03/2023 17:56 ANA MARÍA PASCUAL
El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado incoar un expediente disciplinario al juez Manuel Piñar, magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, por una posible falta muy grave y otra grave ante las manifestaciones "ofensivas y vejatorias" que realiza en redes sociales hacia sus compañeros de la judicatura y otras  autoridades, y de tinte racista respecto de otros colectivos.

En concreto, el CGPJ le achaca la vulneración del artículo 418.5: "El exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial". 

Y también la posible vulneración del artículo 417.14: "La ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales"; una falta muy grave. 

Esta decisión del promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo llega tras el cierre de las diligencias informativas abiertas al juez Piñar en septiembre pasado ante la denuncia del letrado de Juana Rivas, la mujer condenada a cinco años de prisión por sustracción de sus dos hijos menores, indultada posteriormente por el Gobierno.

Según el escrito que presentó Carlos Aranguez, el letrado de Juana Rivas, al CGPJ, Piñar plasma en redes sociales expresiones difamatorias contra las mujeres y personas racializadas, "excediéndose en su derecho a la libertad de expresión, que ampara cualquier opinión siempre que no sea formalmente injuriosa, y si cumple o no con el decoro exigible a quien tiene la responsabilidad de impartir justicia".

De esta manera, realiza manifestaciones irrespetuosas hacia miembros de confesiones religiosas, incluyendo al Papa Francisco, y hacia los colectivos de migrantes o minorías étnicas, usando con frecuencia el término 'moro'. Los sindicatos y partidos de izquierdas también suelen ser el blanco de sus mofas. En cuanto a las mujeres, se refiere a ellas, parapetado en su alias en las redes sociales, "Jefe en magistratura", en algunas ocasiones como "feminazis", según se explica en la denuncia.

El CGPJ ha comunicado este martes pasado al letrado de Juana Rivas que, tras las incoación del expediente disciplinario, le hará llegar el resultado del mismo cuando se haya alcanzado una resolución.

[Heracles_Pontor]

Mira que lleva enredando este asunto tiempo. . . no termina nunca. . .

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Y si les digo que "nai cojones"?


La maniobra del bloque progresista abre la última posibilidad para renovar el CGPJ antes de las elecciones


La percepción entre los asistentes a la reunión de este viernes es que la cascada de dimisiones puede ser la "salida", pero algunos miembros del grupo no terminan de verlo claro
 "Lo que está ocurriendo en un deterioro galopante de un órgano constitucional que sólo sirve a los intereses de la derecha y en el que los progresistas sólo somos comparsas, cuando no coartadas", señalan voces dentro del grupo


Álvaro Sánchez Castrillo

24 de marzo de 2023 21:45h
@AlvaroSanCas

El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) empieza a mover ficha para intentar forzar la renovación de un órgano que lleva ya cuatro años en situación de interinidad. Más de la mitad del grupo ha mantenido este viernes una reunión de urgencia para estudiar la posibilidad de hacer caer con una cascada de dimisiones al órgano de gobierno de los jueces y obligar así a los grupos políticos a que se metan de lleno en su sustitución. No hay, por el momento, ninguna decisión tomada. La percepción entre los asistentes a la reunión es que esa maniobra puede ser "la salida". Sin embargo, algunos compañeros no lo acaban de ver claro. Y sin un abandono del bloque al completo el plan se iría al garete.

La maniobra planteada evoca episodios del pasado. En 1996, el entonces presidente del CGPJ, Pascual Sala, se vio obligado a disolver el órgano de gobierno de los jueces después de aceptar la dimisión de seis de sus vocales. Entonces, la situación era menos grave que en la actualidad. En aquel momento, el Poder Judicial apenas llevaba en funciones cinco meses, frente a los más de cuatro años que ahora acumula como consecuencia del bloqueo del PP a la renovación. "Después de las elecciones a las Cortes ya tenían la posibilidad de renovar y se lo hice notar. Pero me dieron largas y entonces dimitieron los vocales necesarios para dejar inservible el Consejo, e inmediatamente las Cortes renovaron la institución", recordaba Sala este viernes en una entrevista con El País.

Quizá con ese recuerdo en la cabeza, uno de los vocales del bloque progresista abrió este jueves el melón de un abandono coordinado. Lo hizo a través de un mensaje enviado al chat grupal que mantienen los miembros de este sector. "Nuestra obligación, a la vista de las circunstancias, es abrir el debate sobre la situación del CGPJ y la posible dimisión de los vocales", escribió Álvaro Cuesta. La propuesta, que en cuestión de minutos comenzó a circular como la pólvora por los medios de comunicación, agarró por sorpresa a algunos de los compañeros de grupo. Y se puso sobre la mesa pocas horas después de conocerse que Concepción Sáez, vocal nombrada a propuesta de Izquierda Unida, había planteado ya su renuncia al presidente del CGPJ, Rafael Mozo, que es quien en último término decide si la acepta.

En el seno del grupo se ha celebrado este viernes una primera reunión en la que se ha analizado la "insostenible" situación en la que se encuentra el órgano constitucional y los "posibles escenarios y las posibilidades y consecuencias jurídicas de nuevas renuncias". Al encuentro, celebrado en el despacho del presidente del Poder Judicial, han asistido cinco de los ocho miembros del sector progresista: Mozo, Cuesta, Sáez, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda, esta última de forma telemática. Los problemas de agenda, ante la premura de la cita, han impedido la asistencia al completo. Una primera "toma de contacto" a la que seguirá el próximo martes una reunión más amplia en la que se continuará con el análisis y se tomarán las decisiones.

Fuentes jurídicas conocedoras del contenido del encuentro señalan que ha habido cierta unanimidad entre los asistentes: "Se tiene la percepción de que la dimisión puede ser la salida, que no es poco". Lo que pasa es que aún hay algunas voces dentro del grupo que no lo acaban de ver con buenos ojos. Y eso supone un problema. Según el artículo 600 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que pueda funcionar el Pleno es necesaria la presencia "como mínimo" de diez vocales y el presidente. Es decir, que para dejarlo inactivo sería necesario que renunciasen los ocho miembros progresistas, sector en el que se suele incluir también al vocal propuesto por el PNV, Enrique Lucas. En definitiva, el bloque al completo.

La amenaza penal
La posibilidad de una catarata de dimisiones que termine por dejar inservible el órgano de gobierno de los jueces también está previsto que se aborde durante el Pleno que celebrará la próxima semana, implicando de esta manera al ala conservadora del Poder Judicial. Sin embargo, parece improbable que miembros de este grupo puedan sumarse a la maniobra. Fuentes de este sector pulsadas por infoLibre creen que el plan propuesto no llegará a buen puerto. Y no lo hará porque suponen que buena parte de los vocales no están dispuestos a dar un paso que, sostienen, podría tener consecuencias penales. "Es posible que Cuesta, que tiene carnet del PSOE, esté dispuesto a arriesgarse, pero me cuesta creer que los demás se vayan a desgraciar la vida, y menos los jueces", dice un vocal.

Se refieren, en concreto, al artículo 409 del Código Penal, que castiga a las "autoridades o funcionarios" que participen en el "abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial" con "grave perjuicio de éste o de la comunidad". Aunque pensado para huelgas ilegales de funcionarios, algunos expertos como el catedrático de Derecho Procesal Julio Banacloche consideran que este precepto podría aplicarse a este caso. Otros, como el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós no lo ven tan claro: "Esto no tiene nada que ver con el abandono de un servicio público esencial". En el sector progresista, además, insisten en que las renuncias, en caso de llevarse a cabo, serían individuales, nunca colectivas.

La opción de una cascada de dimisiones no es nueva. De hecho, es algo que se ha puesto sobre la mesa en repetidas ocasiones. Sáez ya planteó, aunque sin mucho éxito, una renuncia de este tipo cuando se frustró el acuerdo de 2018 para la renovación del Poder Judicial. Y un par de años después, en diciembre de 2020, cinco de los vocales progresistas –Sáez, Cuesta, Martínez de Careaga, Mozo y Sepúlveda– firmaron un voto particular en respuesta a una resolución sobre la reforma para limitar las funciones del CGPJ con el mandato caducado en el que volvían a plantear una salida colectiva para forzar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. "Sería conveniente acordar la renuncia en bloque de los miembros de esta institución", apuntaba el voto particular.

"Comparsas, cuando no coartadas"
Una de las voces que apuesta por esta opción dentro del grupo se muestra contundente: "Lo que está ocurriendo es un deterioro galopante de un órgano constitucional que sólo sirve a los intereses de la derecha y en el que los progresistas sólo somos comparsas, cuando no coartadas". En su carta de renuncia, adelantada por elDiario.es, Sáez ponía de manifiesto que su "paciencia" se había agotado y que su continuidad ya resultaba "inútil" en un escenario de "radical" y puede que "irreversible" degradación de la institución. Además, sostenía que si hasta ahora se había mantenido en el puesto no era por otra cosa que por su "excesivo y quizá equivocado sentido de la responsabilidad".

A la espera de lo que se decida finalmente en el encuentro de la próxima semana, fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que aunque una renuncia en bloque de estas características desactivaría el Pleno, lo cierto es que el Consejo General del Poder Judicial seguiría funcionando provisionalmente a través de la Comisión Permanente, algo así como su núcleo duro, para cuya composición la normativa no fija un número mínimo de miembros –como sí se hace, por ejemplo, con la Comisión Disciplinaria–. De hecho, eso fue justamente lo que sucedió en 1996, en la etapa de Pascual Sala. Al fin y al cabo, el órgano constitucional, completan esas mismas fuentes, deberá seguir con las licencias, permisos, bajas de maternidad, compatibilidades o sanciones.

Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado este viernes que comprende que haya vocales con la "sensibilidad" de querer dimitir para acabar con la situación "insostenible". Pero comentó:  "Esa no es la solución, la solución es que Feijóo cumpla la Constitución, la ley y lo que pacta, porque llegamos a un acuerdo para renovar el Consejo".

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Y si les digo que "nai cojones"?


La maniobra del bloque progresista abre la última posibilidad para renovar el CGPJ antes de las elecciones

El rechazo de los vocales progresistas a dimitir en bloque sentencia la renovación del Poder Judicial


La tesis mayoritaria entre los consejeros elegidos a propuesta del PSOE y PNV es que una renuncia colectiva no forzaría una salida al bloqueo que el Partido Popular mantiene desde 2018 en el órgano de gobierno de los jueces


Elena Herrera
28 de marzo de 2023 21:03h
Actualizado el 29/03/2023 08:00h

La posibilidad de una dimisión en bloque de los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se desvanece. Y, con ello, lo hace también la expectativa de una renovación del órgano que debería haberse producido hace más de cuatro años y que no ha sido posible por el bloqueo del Partido Popular. Los ocho consejeros elegidos en su día a propuesta de PSOE, IU y PNV se reunieron este martes para abordar las consecuencias de una posible renuncia colectiva y la principal conclusión de esa cita es que no hay unanimidad en el grupo sobre la conveniencia de llevar ahora a cabo este movimiento, confirman varios de los asistentes a elDiario.es. La tesis mayoritaria es que una renuncia en grupo no forzaría la renovación.

La única vocal que, hasta el momento, ha dado pasos en firme para su dimisión es Concepción Sáez, elegida a propuesta de IU. De hecho, la publicación de la carta en la que recogía su voluntad de marcharse ante la “insostenible” situación de la institución reabrió el debate sobre la permanencia en el órgano del resto de vocales. Fue entonces cuando otro consejero progresista, Álvaro Cuesta, puso encima de la mesa la idea de la renuncia en bloque y pidió al presidente Rafael Mozo que reuniera a todo el grupo para abordar “la situación del CGPJ y la posible dimisión de los vocales”. Lo hizo sin consultarlo con el resto del vocales del ala progresista, algo que le reprocharon algunos de sus compañeros en la reunión de este martes. Un encuentro en el que Cuesta no desveló si finalmente presentará su dimisión, según las fuentes consultadas.

La tesis que expuso este vocal es que la salida de ocho vocales dejaría inservible el órgano por ausencia de quórum para tomar decisiones. Y se evidenciaría, de esa forma, la necesidad de su renovación. La ley del Poder Judicial exige “la presencia de diez vocales y el presidente” para que el pleno pueda ser constituido de manera válida. En la actualidad, el órgano está conformado por diez vocales elegidos a propuesta del PP, seis del PSOE, una de IU —que ya ha anunciado su dimisión— y otro del PNV, al que se suele ubicar en el sector progresista. De acuerdo a este artículo, en caso de dimisión en bloque de los ocho progresistas, el pleno no se podría conformar de manera válida.

Pero esta es una posibilidad que se había ido desvaneciendo en los últimos días y que se reveló como imposible tras la reunión de este martes. En un encuentro celebrado el viernes al que asistió parte del grupo, los vocales ya coincidieron en que las renuncias, de producirse, serían “individuales y no colectivas”. Esta última reunión dejó claro que entre los progresistas la tesis mayoritaria es que una renuncia en grupo no forzaría la renovación en un momento político complejo, con varias citas electorales por delante. Es lo que sostuvieron los otros cinco consejeros propuestos por el PSOE —Roser Bach, Mar Cabrejas, Clara Martínez de Careaga , Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda— y el vocal elegido a iniciativa del PNV —Enrique Lucas—. “Si la dimisión de [Carlos] Lesmes [como presidente, el pasado octubre] no tuvo efecto alguno, ¿por qué lo iba a tener la nuestra?”, dice uno de estos vocales.

Lo cierto es que tras la dimisión de Lesmes se produjo una rápida reanudación de las negociaciones entre el PSOE y el PP. Pero Alberto Núñez Feijóo voló todos los puentes cuando el acuerdo era inminente con la excusa de la reforma del delito de sedición. Desde entonces no ha habido ningún avance. Y la semana pasada el propio Pedro Sánchez admitió desde Bruselas que da por perdida la renovación en esta legislatura. El PP, por su parte, parece dispuesto a mantener un bloqueo ante la expectativa de una hipotética victoria electoral en las generales que le permita negociar otra composición de mayoría conservadora. Tampoco es la primera vez. Los conservadores ya bloquearon la renovación del CGPJ en 1995 y 2006 para prolongar una mayoría que habían perdido en las urnas.

Exprimir las competencias 
Ante este escenario, los vocales más reticentes a estas salidas esgrimen que sus hipotéticas renuncias serían desfavorables para la izquierda judicial. Sostienen que supondría dejar en manos de los conservadores la gestión del CGPJ por mucho que ahora sus atribuciones sean muy limitadas como consecuencia de su situación interina. Además, la comisión permanente, que es el principal órgano de poder y que no requiere un quórum para configurarse, seguiría funcionando. Estos consejeros defienden que los vocales elegidos a propuesta del PP no desaprovecharían la oportunidad de exprimir al máximo las competencias que pudieran seguir ejerciendo.

Recuerdan, en este sentido, que algunos miembros del grupo mayoritario defienden que hay base legal para que el CGPJ “culmine” los nombramientos que se encontraban en trámite cuando entró en vigor la norma que regula la interinidad del órgano. Es una vía que por el momento no se ha explorado. Si bien hay vocales que creen que esa opción podría reactivarse y que, de ocurrir, los progresistas deben estar en el CGPJ para hacerle frente.

Algunos vocales también especulan con la idea de que el órgano pudiera mantenerse en funciones con los diez vocales de la mayoría conservadora. Y que, tras una hipotética victoria del PP en las generales, se aprobara un cambio legal para recuperar los nombramientos en la cúpula judicial y que estos se llevaran a cabo optando por jueces de su órbita ideológica. 

La posibilidad de que los vocales renunciaran para forzar la renovación se abordó sin éxito en un pleno celebrado en diciembre de 2020, en plena bronca con los partidos que sustentan al Gobierno a propósito de la reforma que acabó quitando competencias al CGPJ interino. Entonces, Cuesta planteó una propuesta de resolución para que todos sus miembros anunciaran su “renuncia” a partir del 1 de enero, cuando ya se habían cumplido de largo dos años con el mandato caducado. Esa iniciativa, sin embargo, solo fue respaldada por otros cuatro vocales del sector progresista —Martínez de Careaga, Mozo, Sepúlveda y la propia Sáez— y nunca llegó a fraguarse en una iniciativa concreta.

Ahora, la única vocal que ha dado el paso de manera formal es Sáez, que el pasado 13 de marzo envió una carta al presidente presentándole su renuncia. En esa misiva, califica de “inútil” su continuidad en lo que considera un escenario de “radical y puede que ya irreversible degradación de la institución”. Y explica que la “incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias” del órgano “al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones” [en alusión a la pretensión de algunos vocales de pedir la derogación de la ley que le impide nombrar jueces] han terminado por agotar su “paciencia”. Sáez mantiene su disposición a marcharse y ya prepara su despedida para después del pleno de este jueves.

[Heracles_Pontor]

Están esperando a que vuelva el PP al Gobierno. . .

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[47ronin]

Están esperando a que vuelva el PP al Gobierno. . .

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Y volverá.. a mi no me queda ya ninguna duda.

Podemos desaparecerá en Madrid en las municipales y autonómicas y quedará reducido a un grupusculo en las generales....y Sumar, pues ya veremos como vuelan esos cuchillos.

Todos se preparan ya para agasajar al nuevo gobierno....y a Vox, porque lo habrá absolutas en las generales y quizás la única que la consiga sea la "inefable libertad".

[47ronin]

Puffff....


El CGPJ exige a Moncloa que ni mossos ni ertzainas controlen información confidencial


Considera especialmente "negativo" que estos actores tengan competencia en materia reservada y avisa al Gobierno de que los 65 años de plazo para desclasificar que recoge el primer texto son "excesivos"

GEMA HUESCA
PUBLICADO 31/03/2023 04:45
ACTUALIZADO 31/03/2023 04:50

El CGPJ también se opone a que la policía autonómica tenga competencia para controlar información confidencial. El Poder Judicial ha emitido su dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Información Clasificada que presentó originalmente el Gobierno para reformar la actual Ley de Secretos Oficiales de 1968. Aunque el Poder Judicial ha analizado el texto inicial que ya está siendo modificado por Moncloa, insiste en que este aspecto que se espera derogar "incide negativamente" en todo lo relativo a la clasificación de información.

Este era uno de los puntos más polémicos que incluía el anteproyecto de Moncloa antes de su estudio. Tanto es así que órganos como el Consejo Fiscal ya avisaron del "peligro" de que un número de autoridades y policías autonómicas (como pueden ser los mossos o la Ertzaintza) tuvieran competencias en una materia tan sensible. Ahora el CGPJ se suma a estas críticas y advierte que, de mantener el Gobierno su texto inicial, estos asuntos quedarían "en manos de una amplia y heterogénea lista de autoridades civiles y militares".

"Más allá de esta ruptura entre los elementos requeridos y del hecho de que la necesidad de tal elenco de sujetos competentes no aparece ni explicada ni justificada en la exposición, la marcada amplitud de autoridades diversas incide negativamente en una aplicación del acto clasificatorio", reza el informe del CGPJ al que ha tenido acceso Vozópuli. El documento, del que ha sido ponente el vocal Wenceslao Olea, fue aprobado por unanimidad en el Pleno de este jueves aunque cinco vocales anunciaron que formularán voto recurrente.

Solo clasifica el Gobierno

Además, el CGPJ también plantea sus dudas sobre la facultad que tendrían los nuevos actores de delegar su competencia. Por ello lo que proponen es que se mantenga el esquema actual según el cual solo el Consejo de Ministros siga manteniendo el control de la información clasificada. En todo caso, se podría autorizar a estas "autoridades civiles y militares" a elevar propuestas de restricción a determinada información pero dejando al Gobierno "la potestad indelegable" de clasificar la información pública.

"Por ello, sin perjuicio de que determinadas autoridades con competencias específicas atribuidas en el ámbito de la Seguridad y Defensa nacionales puedan tener conocimiento de información, la competencia debe limitarse  la potestad indelegable de clasificar información pública a los miembros del Gobierno, esto es, al Presidente, los vicepresidentes y a los ministros con competencias", reza el CGPJ, el cual recuerda que ya defendió este mismo criterio en su informe de 1996.

La regulación sobre la desclasificación se mantiene en un nivel genérico y falto de determinación, siendo contrario a las exigencias de claridad
Con todo, el Poder Judicial ha valorado un texto antiguo ya que Moncloa, ante las críticas de diversos grupos parlamentarios, estaría modificando el anteproyecto original en lo que respecta a dos puntos. Según informó el diario ABC, Presidencia habría declinado otorgar a las autonomías estos poderes de proteger información y, además, recortaría en cinco años el límite de plazo que un documento secreto puede estar clasificado.

Varapalo del CGPJ a los plazos
Precisamente, este punto también ha sido objeto de reproche del CGPJ. El órgano cuestiona la nueva regulación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para clasificar, desclasificar y reclasificar materia reservada y confidencial. El CGPJ advierte "una marcada indeterminación" en los requisitos que establece la nueva norma. Se debe concretar los motivos y la proporcionalidad que llevan a un Ejecutivo a restringir el acceso de la información a la ciudadanía.

"La regulación proyectada se mantiene en un nivel genérico y falto de determinación en lo que a parámetros de objetividad y proporcionalidad se refiere, siendo contrario a las exigencias de claridad y seguridad jurídica indispensables en el ámbito de un proceso de restricción del derecho constitucional", argumenta.

No obstante, en lo que respecta a la desclasificación, el texto valora positivamente que se introduzcan plazos automáticos para levantar la restricción de una materia. Ahora bien, considera que los tiempos contemplados en el anteproyecto son "excesivos" y que no se argumenta el por qué de este cambio. En su texto inicial Moncloa establecía para la categoría de alto secreto un total de 50 años prorrogable por 15 más y para el material catalogado como "secreto" un total de 40 años prorrogable 10 más.

Evitar el abuso
El CGPJ valora que, además de no motivarse, contrasta con la horquilla temporal que la reforma legal establece para las categorías de confidencial y restringido (entre 7 y 10 años y 4 y 6 años respectivamente). Así pues concluye que, aunque la división en plazos es positiva porque da libertad en la desclasificación, avisa de que se debe adoptar un criterio más proporcional (sobre todo en lo que respecta a la restricción de 65 años) que permita salvaguardar la seguridad del Estado sin mermar el derecho de la ciudadanía a acceder a dicha información.

Del mismo modo el Poder Judicial también cuestiona las categorías de clasificación (alto secreto, secreto, confidencial y restringido) y corrige en que lo que debe proteger esta reforma legal no son "los intereses de España" en abstracto, sino "la seguridad y defensa del Estado". "Se confunde este bien jurídico con la generalidad de los intereses públicos", sostiene. Además, para evitar que el Gobierno pudiera abusar de la facultad de clasificar información, el Poder Judicial hace hincapié en que debe existir una incidencia directa de la materia en cuestión con el bien jurídico que se quiere proteger, esto es, la seguridad del Estado.

[Heracles_Pontor]

Se abrió el melón. . .

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[47ronin]

La Fiscalía del Supremo pide el archivo de la querella contra el presidente de la Audiencia Nacional en un escrito plagado de errores y omisiones


La fiscal Consuelo Madrigal incurre en errores graves en el relato de hechos expuesto en su texto y omite información para exonerar al presidente de la Audiencia Nacional de los delitos de revelación de secretos y cohecho por sus mensajes de WhatsApp con el exsecretario de Estado con el PP, Francisco Martínez, en plena investigación secreta de la operación Kitchen

Fachada del Tribunal Supremo.

Miguel Ángel Campos

Cadena SER
30/03/2023 - 20:54 h CEST
La Fiscal del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, ya ha presentado al juez del Alto Tribunal, Leopoldo Puente, su informe sobre la querella interpuesta por el exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, contra el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, por delitos de revelación de secretos y cohecho debido a sus WhatsApp con el exsecretario de Estado de Seguridad con el PP, Francisco Martínez, en plena investigación Kitchen. En el escrito al que ha tenido acceso la SER, Madrigal pide el archivo de la querella contra el presidente de la Audiencia Nacional en un texto plagado de errores y omisiones de los hechos bajo sospecha.


Sin haber realizado diligencia alguna ni tener acceso a todos los whatsapp que se prolongaron durante un año, la Fiscal Consuelo Madrigal sostiene que “no hay elementos, siquiera indiciarios”, que permitan investigar al presidente de la Audiencia por aconsejar al exsecretario de Estado con el PP, Francisco Martínez, en plena operación secreta Kitchen. Sostiene la fiscal Madrigal que el presidente de la Audiencia “nunca menciona con quién podría hablar” de la causa, pero la fiscal omite que Navarro sí alude a las siglas “Ab”, como alguien de la Audiencia Nacional con quien habla, y está supuestamente relacionado con el procedimiento.


El Ministerio del Interior con el PP espió a periodistas en busca de filtraciones

Dice también la fiscal que “desde el 11 de mayo” de 2019, Navarro no contesta a Martínez hasta que ha transcurrido un mes. Pero es falso. Navarro le llama tres días más tarde para hablar, supuestamente, de su imputación, y en esos 30 días en los que según la fiscal no hay comunicaciones, se constatan hasta 8 mensajes enviados por el presidente de la Audiencia. La fiscal también incurre en errores al afirmar que Martínez solo pregunta a Navarro “por su imputación”, pero el exsecretario de Estado además reclama información por declaraciones de otros imputados, testigos y hasta pide un auto que se encuentra bajo secreto de sumario. Por cierto, la fiscal duda incluso de que la causa esté bajo secreto en el momento en el que sucedieron los hechos y también aquí yerra porque las conversaciones se prolongan desde febrero de 2019 hasta enero de 2020 y no es hasta septiembre de ese año cuando fue levantado parcialmente el secreto sumarial por el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

La fiscal Madrigal añade que no hay ni en las palabras de Navarro ni en las de Martínez, indicio alguno de que hubiera intervenido en la causa. Pero ambos mantienen el flujo de mensajes durante un año, y cuando Martínez realiza una petición, añade en varias ocasiones que agradecerá su respuesta “como siempre”, de lo que se deduce que “siempre” se producía respuesta. Bien a través de WhatsApp o por otros medios, como queda de manifiesto al aludir a reuniones o conversaciones telefónicas de cuyo contenido no hay constancia en los chats de mensajería. Para la fiscal, José Ramón Navarro no da información alguna a Francisco Martínez, a quien Anticorrupción pide 15 años de cárcel por la operación Kitchen, y asevera que se limitó a darle “largas” durante un año. Idéntico argumento al expresado a la SER por el propio Navarro. Sostiene que las respuestas de Navarro se limitan a “llamadas a la serenidad” y que demoran “indefinidamente cualquier información a un momento ulterior” que “nunca llega”. Para Consuelo Madrigal, estos WhatsApp de Navarro a Martínez son un “apoyo meramente afectivo y moratorio” que se presta “a un amigo” y no puede considerarse delictivo ni permitir la apertura de una investigación penal.

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Los fiscales de Toledo salen en apoyo de su fiscal jefe frente a las acusaciones de una compañera expedientada


Hasta 32 fiscales firman un comunicado mostrando su "rotundo apoyo" a su jefe ante las afirmaciones "injuriosas" vertidas por su compañera

Rosalina Moreno
31/3/2023 13:31
Actualizado: 31/3/2023 14:00

Hasta 32 fiscales de Toledo, que suponen prácticamente la totalidad de su plantilla, respaldan a su fiscal jefe, Antonio Huélamo Buendía, ante las acusaciones de una compañera de esa Fiscalía que tras ser expedientada por la Inspección Fiscal, por retrasos en su trabajo, ha vertido una serie de acusaciones contra su superior ante lo que considera «una gravísima situación de acoso por razón de género».

En un comunicado, difundido hoy, niegan que el fiscal jefe se caracterice por conductas constitutivas de “acoso o discriminación laboral de género”, ni de ninguna otra índole.

Muestran su «estupor e indignación» por la «obtención desleal» por parte de la fiscal expedientada de una grabación de una conversación privada entre fiscales en la sede de Fiscalía de Toledo, y que la misma haya sido utilizada para «tergiversar de forma injusta e insidiosa la realidad y desprestigiar al fiscal jefe de Toledo».

Y recalcan que Antonio Huélamo se limitó a gestionar una situación anómala consistente en retrasos «excesivos e injustificados» por parte de esta fiscal.

Concluyen el comunicado cerrando filas con su jefe, mostrando públicamente su «rotundo apoyo» a Huélamo «ante las afirmaciones injuriosas vertidas en medios de comunicación y redes sociales, las cuales erosionan no solo su imagen, sino también la de toda la Carrera Fiscal».

El comunicado lo firman los fiscales José Ignacio Hernández García, Angel Demetrio de la Cruz Andrade, José Muncharaz Muncharaz, Montaña Díaz Fraile, María del Mar Cea Sanguino, Silvia Casasús Valero, Joaquín López Gallego, Isabel Albendea Córdoba, Aranzazu García Morán, Ana Núñez Solana, Justo Gallardo Monzó, Miriam Fernández Camacho, Laura Calvo Valmorisco, José Luis Gómez Rivera, Elena López Forcada, Sandra Ramos Villasevil, Melania Enrique Ruiz, Alba Tenorio Gontán, Sara Martín Escudero, Ana Isabel Martín Llorente, Aranzazu Echeandía Esteban, Margarita María Alaiz Gudín, Laura Trigo Fernández, Sara Martínez Bueno, Paola Tejada Llorente, Marta Holgado Madruga, Juan Luis Ortega Calderón, Cristina Martínez Arrieta-Marquez de Prado, Rebeca Loranca Luján, Silvia Nogales Vara, Julia González Pernía y Asunción Estrada Alvarez.

Antonio Huélamo ingresó en la Carrera Fiscal en febrero de 1990. Entre 1990 y 2012 estuvo destinado en la Fiscalía Provincial de Toledo, desempeñando los cargos de fiscal delegado de Menores de la Fiscalía de Toledo y de la de Fiscalía de Castilla-La Mancha.

En abril de 2012 fue nombrado fiscal adscrito a la fiscal de Sala Coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado, y desde julio de 2013 desempeñó cargos de fiscal delegado de Extranjería y de fiscal delegado de Menores de la Fiscalía Provincial de Toledo.

En octubre de 2018 fue nombrado fiscal jefe.

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Estas "momias" esperan a su anhelado PP para que siga la fiesta...

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El Poder Judicial abre expediente al juez Vázquez Taín por ejercer “actividades incompatibles” con una productora

Historia de Elena Herrera • Ayer a las 16:57

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través del Promotor de la Acción Disciplinaria, ha abierto un expediente sancionador al juez José Antonio Vázquez Taín por llevar a cabo "actividades presuntamente incompatibles" con la actividad judicial, según ha adelantado la Cadena Ser y confirma a elDiario.es un portavoz del órgano de gobierno de los jueces. Fuentes de la institución amplían que estas actividades estarían relacionadas con sus negocios en el ámbito audiovisual. En concreto, con la productora Amarola Producciones SL, que administra su mujer y en la que él consta como socio.

La institución aprecia indicios en la actuación del magistrado que podría incurrir en “una falta muy grave o grave” por la realización de actividades presuntamente incompatibles con su cargo de juez. Las faltas graves son sancionadas con multas de entre 501 y 6.000 euros. Pero en el caso de que el órgano de gobierno de los jueces considerara a Vázquez Taín responsable de una falta muy grave, podría ser suspendido de sus funciones hasta tres años o ser obligado al traslado forzoso, con la consiguiente imposibilidad de concursar.

Vázquez Taín, actual titular del Juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña, es un juez mediático, habitual de tertulias y programas de televisión. Es autor de siete libros. Fue instructor de casos de cierto trascendencia como el del robo del Códice Calixtino o el del asesinato de la niña Asunta. También fue el encargado de enviar a prisión al narco Marcial Dorado.

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Estrasburgo condena a España por ignorar las quejas de seis jueces en su litigio por el bloqueo del Poder Judicial


El TEDH acuerda en una ajustada votación que hubo una vulneración del derecho a la tutela judicial de seis aspirantes al órgano de gobierno de los jueces

Elena Herrera

22 de junio de 2023 10:58h

Actualizado el 22/06/2023 11:31h

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado a favor de seis jueces españoles que denunciaron una vulneración de la Convención Europea de Derechos Humanos en su litigio por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una situación que se remonta a diciembre de 2018. En una sentencia conocida este jueves, la Corte con sede en Estrasburgo condena a España por ignorar las quejas de estos magistrados y reconoce su derecho a “un procedimiento legal para el examen oportuno de sus candidaturas”. El caso se refiere a una denuncia presentada por seis jueces que fueron avalados por la Asociación Francisco de Vitoria en 2018 para ser candidatos a formar parte del órgano de gobierno de los jueces.

En su impugnación, los magistrados alegaron ante el TEDH que el 4 de septiembre de ese año se remitió al Parlamento el listado de los 50 jueces en activo que se presentaban candidatos para renovar el CGPJ. Y que, desde entonces, no se ha convocado ninguna sesión parlamentaria para cumplir con esta obligación constitucional. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la renovación de los veinte vocales tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales.

Además, alegaron que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial porque, “frente a la pasividad de las instituciones”, el 14 de octubre de 2020 presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para quejarse de la falta de diligencia del Parlamento. Ese recurso fue inadmitido.

Ahora, el TEDH concluye en una ajustada votación —por 4 votos a 3— que hubo una violación del articulo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que establece que “toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial”. Lo creen así porque el tribunal de garantías español rechazó por extemporáneo la admisión a trámite de su recurso de amparo sin razonar las fechas que había tomado como referencia para calcular el plazo máximo de admisión, fijado en tres meses.

“Hubiera sido razonable esperar que la desestimación de su recurso de amparo fuera motivada. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no dio ni la más básica de las justificaciones de las dos fechas [4 de diciembre de 2018 y 4 de diciembre de 2019] a las que se refirió al rechazar el recurso de amparo de los demandantes”, dice la sentencia.

En consecuencia, dice Estrasburgo, los jueces no pudieron saber de qué forma se “interpretó y aplicó” en su caso la ley que fija los plazos de admisión de recursos. Y eso vulneró la “esencia” misma de su derecho de acceso a la Justicia que, en este caso, también está relacionado con “garantizar el respeto del procedimiento legal” para la renovación del CGPJ y con el “debido funcionamiento del sistema de Justicia”.

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En la resolución, el TEDH señala que la Convención Europea de Derechos Humanos no garantiza el derecho a “ser nombrado” o “promovido” para un puesto dentro de la función pública, pero sí garantiza el derecho a un procedimiento legal. Y, en este sentido, cree que los jueces que presentaron la demanda sí tenían derecho a participar en el procedimiento para ser elegidos miembros del CGPJ y a que sus candidaturas fuesen examinadas por las Cámaras de una manera “oportuna”.

Estrasburgo también rebate la argumentación de la Abogacía del Estado, que alegó que la disputa se refería a un derecho “político” y no “civil” y que, en consecuencia, no entraba dentro del alcance del artículo 6 del Convenio. Pero el TEDH sostiene que la reclamación de los demandantes no implicaba ninguna “obligación política” ni el ejercicio de ningún “derecho político”, pues estaba relacionada con la parte del procedimiento que precede a cualquier votación de los miembros del Parlamento.

[47ronin]

Comportamiento inapropiado hacia la Policía Nacional

3 julio, 2023
 
En este caso, se trata de un litigio en el que se impuso una multa a un juez sustituto por su comportamiento inapropiado hacia la Policía Nacional. El Tribunal Supremo emitió una sentencia, la 780/2023 de 12 de junio, en la que se abordó el asunto y se realizaron diversas consideraciones.

El conflicto se originó cuando la Policía Nacional comunicó al Juzgado que se iba a proceder al traslado de los detenidos a una determinada hora. Sin embargo, pasada esa hora y sin que los funcionarios policiales se presentaran, los funcionarios de guardia realizaron una llamada telefónica para conocer los motivos del retraso y obtener una nueva previsión de hora para organizar el servicio de guardia.

En este contexto, el juez sustituto también realizó dos llamadas telefónicas. En la primera llamada, efectuada a las 13:30 horas, manifestó que daría cuenta a los responsables si los detenidos no se presentaban «cagando leches». Luego, en una segunda llamada a las 14:10 horas, expresó que contribuiría a la mala prensa de la Policía Nacional, que no pasaría más detenidos a disposición judicial a partir de las 11:00 horas y que era inútil hablar con ellos. Cabe destacar que, en el momento de estas llamadas, los detenidos ya se encontraban bajo custodia judicial desde las 13:59 horas.

Multado un juez por comportamiento inapropiado hacia la Policía Nacional

El Tribunal Supremo analizó el caso y concluyó que el juez no podía excusar su actuación en el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de los dos ciudadanos detenidos, ya que estos ya se encontraban en sede judicial. Por lo tanto, consideró irrelevante si las expresiones utilizadas por el juez tenían la intención de ofender a la Policía Nacional y a los miembros concretos que intervinieron en el caso. La falta se enmarca en un ámbito ajeno a las ofensas al honor.

En cuanto a la proporcionalidad de la sanción impuesta, el Tribunal Supremo afirmó que no existía vulneración del principio de igualdad entre los jueces sustitutos y los de carrera. Aunque la sanción para los jueces sustitutos incluía una consecuencia adicional, como la exclusión de ser llamados nuevamente, se argumentó que esto no constituía discriminación, ya que los estatus jurídicos de ambos tipos de jueces son diferentes.

Fallo del tribunal | falta grave de respeto

El Tribunal Supremo determinó que el juez sustituto cometió una falta grave de respeto hacia los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que intervinieron en el traslado de los detenidos a la sede judicial. Su actitud menospreció la labor de la policía y utilizó un lenguaje inapropiado. Por lo tanto, el tribunal confirma la sanción mínima de multa de 501 euros y se deniega la solicitud del juez de volver a nombrarlo juez sustituto

Esta decisión se basó en la falta de aptitud e idoneidad del juez para ejercer ese cargo, debido a su comportamiento reprobable y su falta de cortesía

[47ronin]

El Poder Judicial no sancionará al juez que condenó a Juana Rivas por sus comentarios machistas en Facebook


El juez Manuel Piñar, que dictó la primera condena contra Juana Rivas, no será sancionado por usar en su cuenta de Facebook términos como "feminazi", criticar las políticas de igualdad o mostrar "desprecio" hacia partidos políticos o confesiones religiosas. El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, encargado de estudiar este tipo de expedientes, ha decidido archivar la denuncia presentada contra él al entender que no se identificaba como magistrado cuando escribió esos comentarios y que, por tanto, lo hizo "a título particular como mero ciudadano" y no como miembro de la judicatura.

[47ronin]

EN LA RIOJA

Cazan bebido al volante tras un accidente al juez que condenó a la Manada


El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, José Francisco Cobo Sáenz, chocó con otro vehículo el sábado y dio positivo en alcoholemia
Foto: José Francisco Cobo Sáenz. (Europa Press TV/EC)
José Francisco Cobo Sáenz. (Europa Press TV/EC)
Por Alejandro Requeijo
08/08/2023 - 05:00
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El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, José Francisco Cobo Sáenz, protagonizó el sábado un accidente de tráfico en el que impactó su coche con otro vehículo. Según informan a El Confidencial fuentes policiales, cuando la Guardia Civil acudió al lugar de los hechos, sometió al magistrado a un test de alcoholemia y dio positivo. Este juez, de 64 años, presidió el tribunal que juzgó y condenó en 2018 por un delito de abuso sexual a los miembros de la Manada de San Fermín, un fallo que generó un amplio rechazo social al no calificar los hechos de violación.