Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 258486 veces)

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2260 en: 15 de Septiembre de 2017, 13:14:53 pm »
Como este asunto se les vaya a los jueces de las manos . . .

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2261 en: 29 de Septiembre de 2017, 09:14:04 am »

Archivan todas las denuncias a políticos y jueces


Cristina Cifuentes, junto al presidente del TSJM, Francisco Javier Viera. COMUNIDAD DE MADRID

La memoria de la Fiscalía refleja también un repunte de violencia de bandas latinas

PABLO HERRAIZ  QUICO ALSEDO   Madrid
28 SEP. 2017 21:09
Casi un mes después de la apertura del año judicial en España, Madrid celebró este jueves la suya propia. En el acto, al que acudieron todas las autoridades judiciales, políticas y policiales de la Comunidad de Madrid, se presentó también la memoria de la Fiscalía del año pasado. Entre los datos que ofreció el fiscal superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, llama la atención el de las denuncias contra jueces, fiscales y políticos, que cifró en 119 a lo largo de 2016. Sin embargo, explicó, «ninguna de esas denuncias pasó de la fase de admisión a trámite», lo que a su modo de ver refleja el uso que en ocasiones se hace de la Justicia, interponiendo denuncias por discrepancias de criterio.

En otro orden de cosas, el número de diligencias penales abiertas ha bajado en un porcentaje altísimo, principalmente por el cambio legal que hace que los delitos sin autor conocido queden en comisaría y no se envíen al juzgado directamente para abrir diligencias. Sin embargo, hay otro tipo de cifras que sí han bajado: los homicidios dolosos fueron 38, de los que 26 fueron esclarecidos. Ocho de esos homicidios fueron casos de violencia de género y tres, de bandas latinas. Respecto a los pandilleros, Klink recordó que además han protagonizado otros ocho delitos de homicidio en grado de tentativa, y 85 de sus miembros fueron detenidos.

En cuanto a la violencia de género, el fiscal superior dijo que hay 22 fiscales dedicados en exclusiva a esto, y que el año pasado se abrieron casi 22.000 diligencias por estos delitos. Entre los delitos que causan más alarma están los que atentan contra la libertad sexual. En 2016 se produjeron más de 1.800. En cambio, hubo una bajada de en torno al 50% en los delitos contra el patrimonio, aunque este descenso tan vasto se debe seguramente a ese cambio legal en el que las denuncias sin autor conocido no llegan al juzgado.


Son más preocupantes los datos relacionados con menores de edad. Por una parte, ha habido un aumento de delitos cometidos por menores de 14 años, que por otro lado son inimputables por la Ley del Menor, así como de menores de entre 14 y 18. En gran parte, son chicos muy jóvenes que forman parte de las principales bandas latinas: Dominican Don't Play, Ñetas y Trinitarios. Este año, sin embargo, su actividad ha bajado mucho como consecuencia de varios reveses policiales. Las denuncias por acoso escolar han subido de 130 en 2015 a 230, aunque Klink dijo que muchas terminana archivadas. En cuanto al abuso sexual a menores, ha habido un preocupante incremento de 69 asuntos a 146.

Tanto el fiscal superior como el presidente del TSJM, Francisco Javier Viera, destacaron la falta de medios con la que trabajan, y por eso ambos pidieron más efectivos, mejoras en los edificios y más presupuesto para que el sistema funcione mejor. Vieira elogió la labor de todos los juzgados, con hincapié en el que se encarga de las cláusulas suelo y de los que han luchado contra la corrupción en el final de su discurso, para concluir que la Justicia está para apoyar a todos y que se cumpla la Ley.

Llegó a citar a Kennedy para mostrar su apoyo a los funcionarios de Cataluña que estos días están ocupándose del tema del referéndum. El fiscal superior tampoco les olvidó, y dijo que la Fiscalía mostraba todo su apoyo a los jueces, fiscales y demás funcionarios que «están sufriendo presiones» en estos días por defender la legalidad.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2262 en: 21 de Octubre de 2017, 11:32:26 am »

Defienden su postura ante el conflicto catalán

Los jueces gritan Basta Ya! ante la presión mediática y popular en su contra


Todas las asociaciones de jueces coinciden en que son independientes, actúan según la ley en la crisis catalana y no se someterán a nadie.
JOSÉ LUIS GARCÍA
Sábado, 21 Octubre 2017, 05:00
   
   
   
   
   
Indignación frente a silencio: así ven los catalanes la detención de 'los Jordis
Manifestaciones en  Cataluña en favor de los Jordis.
Los jueces españoles están pasando su particular su particular calvario como consecuencia del conflicto secesionista catalán. Manifestaciones con velas en las que se habla de presos políticos para pedir la liberación de los presidentes de la ANC y Ómnium (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) ante la orden de prisión preventiva decretada por una juez de la Audiencia Nacional, las críticas de políticos como Pablo Iglesias y Ada Colau, las reclamaciones de Amnistía Internacional o la campaña de comunicación orquestada desde el ala independentista, son entre otras las afrentas a las que se enfrenta el estamento judicial.

Es por ello que los jueces en España gritan también su particular Basta Ya! Lo hacen desde todos los espectros ideológicos defendiendo su independencia y criticando tanto la politización de la justicia como la judicialización de la política. Todo el ámbito judicial ya firmó de forma conjunta un manifiesto en defensa de su compromiso constitucional.

Las asociaciones de jueces dejan claro que la crítica hacia las resoluciones judiciales, en un Estado de Derecho no sólo es lícita, sino legítima, y permite el desarrollo del derecho fundamental a la libertad de opinión. Pero alertan de que cuando esas protestas exceden los límites y encierran otros objetivos y mensajes de ataque al propio sistema democrático traspasan la crítica legítima.


"Las manifestaciones son bochornosas, son un intento de amedrentar al Estado de Derecho. Siempre hay resoluciones que perjudican a otros, pasa en todas las causas, hasta en las particulares, pero estos ataques siempre se vuelven en contra de los ciudadanos". Los jueces tienen claro que harán lo que tengan que hacer, pero "las presiones sociales no son buenas. ¿Se imagina alguien que cuando se actúe contra un partido salgan sus millones de votantes a la calle a decir que la decisión es política?", señala Raimundo Prado, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

Desde esta asociación se considera que se están recibiendo presiones políticas indirectas cuando se convoca a la ciudadanía ante un tribunal de Justicia y se impide la entrada y salida (en condiciones de seguridad para las personas) del edificio judicial, se amenaza al juez o resto de funcionarios de Justicia o se vierten injurias y calumnias que pretenden influir en el juez. También tienen claro que constituye una clara presión política indirecta "la creación de la Comisión de Derechos Fundamentales por parte del Govern de Cataluña".

"Las resoluciones judiciales pueden estar sometidas a la crítica, que es otra forma de control, pero estamos en un sistema garantista, y las resoluciones están motivadas y fundadas en derecho. Hay posibilidad de interponer recursos, hay que contestar dentro del derecho", confirma Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia.

De la misma opinión es Celso Rodríguez Padrón, magistrado y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura que considera que "cualquier presión que pretenda debilitar el juramento en defensa de la Constitución está destinada al más rotundo fracaso".

El problema de base puede ser la falta de cultura democrática de una España en la que esta es aún joven. Es lo que considera Prado que "no se imagina estas manifestaciones en EEUU, en Gran Bretaña o en Alemania". Cree que estas sí son propias de los Estados Populistas y no de un Estado de Derecho con garantías. "Aquí los jueces no obedecen consignas políticas. Estamos viviendo un paso atrás significativo y peligroso en nuestra democracia".

Prado defiende que estamos en un país en el que siempre cabe acceder a un tribunal superior para defenderse si se considera que una resolución es injusta, pero "las caceroladas y las manifestaciones pretenden socavar el Estado de Derecho y recuerdan a otros regímenes".

Recuerdan los jueces que el respeto entre poderes es sustento del orden público y del Estado de Derecho. No ven aceptable que se arengue a la ciudadanía a cercar, acosar o entorpecer el normal desarrollo de la función jurisdiccional (con intención de influir en ella), puesto que esta acción excede de la libertad de expresión, que todas las organizaciones respetan la máximo.

También defiende Vega esa opinión al considerar que los jueces son celosos de su independencia, son profesionales y son capaces de resistir todas las presiones. "Es cierto que la no política ha llevado a la justicia al primer plano", pero al final hablamos de temas judiciales. El artículo 155 es un tema jurídico.



La política es una cosa, el derecho, otra

¿Tienen en cuenta el contexto los jueces a la hora de emitir una sentencia? Los jueces consideran que siempre hay que dar respuesta desde el derecho no desde la política.

Prado considera que "se puede emitir una sentencia antes o después de unas elecciones por prudencia, pero las decisiones se toman. En el caso, por ejemplo, de Trapero, si se ha considerado que no debe estar en la cárcel es porque no hay indicios. La Audiencia Nacional no trabaja para el Gobierno". La opinión en este sentido es unánime.

Tienen claro los jueces que jamás tienen en cuenta las circunstancias sociales o políticas para adoptar la resolución judicial correspondiente. El juez resuelve, dentro del plazo procesal oportuno, conforme a criterios estrictamente jurídicos basados en los hechos que se le presentan y conforme a las pruebas o indicios existentes.

Sí, reconocen que el artículo 3 del código civil establece que las leyes deberán interpretarse conforme a la realidad social del momento en el que han de ser aplicadas, lo cual significa que, el legislador, en ocasiones, deja un margen estrecho pero real a los jueces para poder interpretar la legislación de forma acorde a la sociedad. Pero nada más.

La Asociación Profesional de la Magistratura, por su parte, considera la aplicación judicial del Derecho no puede fundamentarse en "la situación política" y cree también, como el resto de asociaciones que la Ley se aplica en el seno de un proceso con todas las garantías, desde los principios de igualdad, legalidad, defensa, presunción de inocencia... "Esa es la única sumisión a la que nos debemos los Jueces. La política y sus desarrollos se deben a otro escenario"

En cuanto a la labor de los medios, desde la Francisco de Vitoria se destaca que la falta de formación específica de algunos periodistas induce a confusión al público y señala que "contribuyen al desprestigio del poder judicial si las opiniones se basan en ideología". Desde la APM se considera que lo importante "es dar información veraz", y hacen un llamamiento a los políticos para que dediquen a la justicia la atención y los esfuerzos que merece. Mientras ellos seguirán trabajando por salvaguardar el interés general.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2263 en: 22 de Octubre de 2017, 13:28:59 pm »
El nivel de independencia judicial de España, por debajo del de Kenia, China o Arabia Saudí

Actualizada 18/10/2017 a las 19:07

Se sitúa en el lugar 58, al nivel de Botsuana, según un informe del Foro Económico Mundial

España se sitúa al nivel Botsuana en independencia judicial, según el último estudio del Foro Económico Mundial. El informe, publicado el pasado 26 de septiembre, elabora un índice que mide como de independiente es el sistema judicial de un país de las influencias por parte de gobiernos, personas o empresas. Así, para encontrar al Estado español hay que bajar hasta la posición 58, de 137 países analizados, con un índice del 4,2, por debajo de Kenia, China, Arabia Saudí, Malta o Egipto.

El índice de independencia judicial de España es dos puntos inferior al Canadá y Luxemburgo, y se sitúa lejos de los estados punteros: Finlandia (6,8), Nueva Zelanda (6,7), Noruega (6,6) y Suiza (6,5).

Alemania obtiene un 5,5, Francia un 5,3 y Portugal un 4,9.

El Foro Económico Mundial reafirma los datos publicados por la Comisión Europea el abril pasado, que también dibujaron un panorama poco alentador con respecto a la independencia judicial en España. Así, una encuesta de la CE determinó que el 58% de los españoles consideran "mala" (39%) o "muy mala" (19%) la independencia judicial, porcentaje que sitúa a España en la cola de los países europeos, sólo por delante de Bulgaria, Croacia y Eslovenia.

España, en el lugar|sitio 34 en competitividad

El índice de competitividad, creado por el Foro Económico Mundial, sitúa España en el lugar|sitio 34 en competitividad, por detrás de Chile, Tailandia o la República Checa. Lideran el ranking Suiza (5,86 de nota media), Estados Unidos (5,85) y Singapur (5,71).

España recibe una nota media de 4,70 puntos. Aprueba en infraestructuras (5,88), salud y educación (6,29) o medida|tamaño de mercado (5,42) y suspende claramente en innovación (3,72), instituciones (4,10) y desarrollo de los mercados financieros (4,01).

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2264 en: 03 de Noviembre de 2017, 21:17:29 pm »

La Asociación Profesional de la Magistratura en Catalunya: "¡Basta ya! No son presos políticos"



El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena Conde EFE
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03.11.2017 - 20:43
"¡Basta ya! No son presos políticos". Este es el título del comunicado de la sección de Catalunya de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, sobre el encarcelamiento de Oriol Junqueras y otros siete exconsellers del Govern.


La APM explica, en el citado comunicado que, "entiende el dolor" que provoca en el entorno de los investigados su encarcelamiento provisional. Pero considera que "es consecuencia de la 'ilusión de impunidad' creada por el independentismo durante estos últimos años".

"Es imprescindible que esa fantasía se disipe de una vez por todas para que podamos valorar de forma objetiva la enorme responsabilidad que puede llegar a suponer llamar a una parte del pueblo a tomar la calle y rebelarse contra la Constitución", indican los magistrados.

"Es indudable que las resoluciones judiciales pueden y deben ser criticadas, y lo que es más importante, pueden ser recurridas ante un tribunal superior que revisará la legalidad de la decisión", recuerda la APM.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2265 en: 03 de Noviembre de 2017, 22:10:45 pm »

La Asociación Profesional de la Magistratura en Catalunya: "¡Basta ya! No son presos políticos"



El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena Conde EFE
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03.11.2017 - 20:43
"¡Basta ya! No son presos políticos". Este es el título del comunicado de la sección de Catalunya de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, sobre el encarcelamiento de Oriol Junqueras y otros siete exconsellers del Govern.


La APM explica, en el citado comunicado que, "entiende el dolor" que provoca en el entorno de los investigados su encarcelamiento provisional. Pero considera que "es consecuencia de la 'ilusión de impunidad' creada por el independentismo durante estos últimos años".

"Es imprescindible que esa fantasía se disipe de una vez por todas para que podamos valorar de forma objetiva la enorme responsabilidad que puede llegar a suponer llamar a una parte del pueblo a tomar la calle y rebelarse contra la Constitución", indican los magistrados.

"Es indudable que las resoluciones judiciales pueden y deben ser criticadas, y lo que es más importante, pueden ser recurridas ante un tribunal superior que revisará la legalidad de la decisión", recuerda la APM.
SON POLITICOS PRESOS, al igual que los corruptos del PP y del PSOE van a la carcel, también otros que malversan fondos de TODOS, pueden pisarla aunque les pese a los de  PODEMOS que se decidieron a estudiar la carrera de Ciencias Políticas y Sociología ( La ciencia política también abarca todo lo relacionado con el marketing político, cuya necesidad es importante para quienes participan de la contiendas electorales), en la que no debe de haber asignatura de responsabilidades. Que les apliquen tambien el 510, haber que opinan

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2266 en: 05 de Noviembre de 2017, 09:35:17 am »
 La juez encarceló el jueves a 8 miembros del Ejecutivo catalán
Jueces y expertos cuestionan la actuación de Lamela y la Fiscalía contra el Govern

Cuestionan la competencia de la Audiencia Nacional, la existencia de rebelión y hasta la pertinencia de la prisión preventiva contra los exconsellers
Manuel Altozano
domingo, 05 noviembre 2017, 05:00


El envío a prisión preventiva del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y ocho miembros más del Gobierno catalán destituido gracias a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, dista de ser una decisión pacífica. Jueces, catedráticos e incluso uno de los autores de la regulación actual del delito de rebelión en el Código Penal, el exdiputado de IU y después del PSOE Diego López Garrido, consideran que el proceso que ha llevado a la cárcel a los gobernantes autonómicos, impulsado por la Fiscalía y dirigido por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela está, cuando menos, forzado y apuntan a algunos de sus puntos débiles.

Uno de ellos es la competencia de la Audiencia Nacional. Fiscalía ha considerado que era ese tribunal el competente al haber cesado los exconsellers por el Gobierno central gracias a la activación del 155. Sin embargo, entre los expertos en Derecho Procesal, la cuestión no está clara. Entre los que cuestionan que fuera ese el tribunal indicado se encuentra el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco Iñaki Esparza -coautor del único tratado sobre aforamientos escrito en España- que considera que, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de autonomía de Cataluña, la causa tendría que haber correspondido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El catedrático sostiene que, pese a que al presentarse la querella contra el Ejecutivo cesado, sus miembros ya no estaban aforados, todos ellos habrían cometido sus supuestos delitos "en el ejercicio de sus funciones".

Otra de las posibles fallas del caso es la propia apreciación del delito de rebelión por la ausencia de violencia. A su inexistencia se ha referido esta semana uno de los redactores del artículo del Código Penal que recoge ese delito, el exdiputado de IU y después del PSOE y catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido. El exparlamentario ha recordado cómo, durante la tramitación del código en 1995, el proyecto de ley inicial no recogía la necesidad de que existiera violencia para que se pudiera producir ese delito, castigado con hasta 25 años de cárcel. Fue el PNV el que introdujo ese elemento al presentar una enmienda que fue aprobada gracias a los votos de todos los grupos salvo el PP. A juicio de López Garrido, esa violencia "física y material", no ha existido en el procés.

El artículo 472.5 del Código Penal, que no ha sufrido ninguna modificación desde entonces, quedó redactado como sigue: "Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes (...) Declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

El propio Tribunal Supremo, en la causa paralela que sigue su Sala Penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que, con su voto, dieron trámite a la declaración unilateral de independencia, ha abierto la puerta a dejar la rebelión en una "conspiración" para cometerla, "al no superar los conspiradores la fase propiamente preparatoria", lo que rebajaría las penas a los 10 años. Sin embargo, Lamela, acogiendo el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, valoró que el delito de rebelión imputado se habría consumado, por lo que llevaría aparejada una pena de hasta 25 años. La gravedad del castigo justificaría para la juez el incremento del riesgo de fuga que, entre otros criterios, la llevó a decretar la prisión provisional contra los nueve exconsejeros catalanes el pasado jueves.

Diferencia de trato

Tanto el instructor de la causa del Supremo, Pablo Llarena, como Lamela citaron a sus querellados -los parlamentarios en un caso, los exgobernantes en el otro- el pasado 2 de noviembre, con apenas tiempo para preparar sus declaraciones. Sin embargo, solo el primero aceptó la petición de los abogados de los imputados de suspender una semana la comparecencia para permitirles que estudiaran el caso.

La decisión de Lamela de desatender esa solicitud y seguir adelante ha sido criticada por la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia (JpD). "Resulta difícil de explicar la diferencia de trato de la misma querella en dos tribunales distintos, donde en uno se ha considerado que había vulneración del derecho a la defensa y se ha otorgado a los querellados una semana para preparar la declaración, mientras que en el otro tribunal se les cita en un festivo y 24 horas antes de declarar", ha asegurado ese colectivo en un comunicado.

Esa misma asociación ha cargado contra la propia decisión de enviar a medio Govern destituido a prisión. JpD sugiere que los argumentos manifestados por la juez para tomar esa decisión no están suficientemente "explicitados e individualizados" y recuerda que existen otras medidas menos graves que el encarcelamiento preventivo para asegurar que los querellados no escapen "que van desde la prestación de fianza" a la "retirada de documentos de viaje, vigilancia policial o comparecencias periódicas". 

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2267 en: 06 de Noviembre de 2017, 14:23:57 pm »


Jueces progresistas cuestionan a Lamela por encarcelar a ocho exconsellers



Carmen Lamela, jueza de la Audiencia Nacional CGP
EFE
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06.11.2017 - 13:07
La asociación Jueces para la Democracia (JdP) cuestiona la interpretación "extensiva" del derecho penal de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela al enviar a prisión provisional sin fianza a ocho exmiembros del Govern catalán, pues esta medida, recuerdan, es excepcional y debe estar suficientemente acreditada.


MÁS INFO

Carmen Lamela: una juez no asociada que no va por libre
Carmen Lamela: una juez no asociada que no va por libre
Tras dejar claro que "con pleno respeto a la independencia de los jueces" y de que no suelen pronunciarse sobre asuntos judiciales en trámite, la asociación, en un comunicado publicado en su pagina web, muestra su preocupación por los autos de prisión incondicional dictados el jueves por la juez Lamela para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete exconsellers por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

"La prisión provisional, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, tiene carácter excepcional y la regla general debe ser la de que las personas investigadas estén en libertad salvo que se justifique un fin constitucionalmente legítimo, como el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y destrucción objetiva de pruebas durante la fase de instrucción", recuerda Jueces para la Democracia.

En su opinión, estas situaciones deben "estar acreditadas y suficientemente explicitadas e individualizadas en la resolución judicial" que acuerde una medida "tan gravosa" como es la prisión provisional, ya existen otras medidas menos extremas para vincular al investigado al proceso penal.

Jueces para la Democracia también cuestiona la "diferencia de trato" de una querella, la presentada ante la Audiencia Nacional, con la del Tribunal Supremo, que aplazó hasta el próximo jueves las comparecencias de la presidenta del Parlament Carme Forcadell y los miembros de la mesa citados después de sus mesas solicitaran dicho aplazamiento para preparar su defensa.

Y concluyen: "La mera aplicación de las leyes no va a solucionar el conflicto actual, por lo que instamos a los partidos políticos a que sigan buscando medios para solucionar el problema existente en Cataluña".

Con este comunicado, Jueces para la Democracia se desmarca del resto de asociaciones en este asunto, pues el resto -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente- remitieron otro escrito a los medios de comunicación en el que, de forma conjunta, reiteran su apoyo y reconocimiento a todos los jueces.

"Magistrados y Jueces podemos adoptar las medidas cautelares previstas en la ley que se consideren pertinentes, siempre que concurran los presupuestos y requisitos legalmente exigidos", señalan las tres asociaciones que recuerdan que esas decisiones no sólo pueden ser susceptibles de crítica, sino también impugnadas por los interesados y revisadas por un órgano superior para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y el de defensa.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2268 en: 11 de Noviembre de 2017, 16:49:51 pm »
Ya no viajará más......


Fallece el expresidente del Tribunal Supremo Carlos Dívar





LOS VIAJES A MARBELLA
 
UPyD cree que Dívar debe dimitir porque no puede escudarse en que es presidente de CGPJ "las 24 horas"
EUROPA PRESS 31/05/2012

El portavoz adjunto de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Carlos Martínez Gorriarán, considera que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, debe dimitir de su cargo tras la polémica por los gastos de viaje a Marbella (Málaga) porque no puede escudarse en que ocupa su cargo "las 24 horas".
 
En declaraciones a Europa Press, Gorriarán ha insistido en que Dívar no se puede refugiar en que estos viajes eran de carácter reservado porque, según ha recalcado, "se pagaban con fondos públicos".
 
"No se pueden escudar en excusas como decir que él es presidente del Consejo del Poder Judicial las 24 horas", ha apostillado el responsable de la formación magenta, quien cree que no son suficientes las explicaciones dadas por Dívar este jueves ante la prensa.
 
No se puede  tolerar

Dicho esto, Gorriarán ha criticado la reticencia de Dívar de dar cuenta al Congreso sobre las sospechas de una supuesta malversación de fondos públicos, un actitud que, según ha dicho, "no se puede tolerar".
 
Así las cosas, el 'número dos' del grupo parlamentario de UPyD considera que Dívar no parece reunir las condiciones para seguir al frente del órgano de gobierno de los jueces y que, por esa razón, debería haber presentado su dimisión.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2269 en: 17 de Noviembre de 2017, 10:33:20 am »


'Caso Moix'
El TCJ15M sigue dando batalla en el Supremo para que se investigue a Moix

    Presenta un incidente de nulidad contra la decisión del Supremo de desestimar la querella criminal que el colectivo interpuso contra el ex fiscal Anticorrupción por los presuntos delitos de prevaricación y encubrimiento
    El escrito, al que ha tenido acceso infoLibre, denuncia que el Supremo está impidiendo una "investigación efectiva" de los hechos denunciados

Álvaro Sánchez Castrillo
Publicada 16/11/2017 a las 06:00 Actualizada 16/11/2017 a las 09:37
 

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2270 en: 19 de Noviembre de 2017, 02:15:44 am »
Ha fallecido el Fiscal general del Estado por una infección renal cuando estaba de viaje en Argentina

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2271 en: 19 de Noviembre de 2017, 08:36:36 am »
Maza, el fiscal superior que enfrentó la crisis independentista catalana

Jurista de reconocido prestigio, como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Maza Martín trató asuntos como los recursos presentados por el juez Garzón en los procedimientos que se le abrieron; examinó el caso del preso común que lleva más tiempo en prisión en España y redactó un voto particular en la sentencia contra el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz

Vozpópuli

18.11.2017 - 21:27

José Manuel Maza Martín, fallecido este sábado de forma repentina en una clínica de Buenos Aires en la que estaba siendo atendido de un proceso de infección, llevaba poco más de un año al frente de la Fiscalía Superior del Estado, órgano desde el que afrontó con contundencia la crisis soberanista catalana.

Maza fue propuesto por el Gobierno fiscal general del Estado el 11 de noviembre de 2016 en sustitución de Consuelo Madrigal, quien después de dos años en el cargo había cesado.

Nacido en Madrid, el 23 de octubre de 1951, él afirmaba sentirse segoviano, de donde es toda su familia. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid desde 1973, era además, diplomado en Criminología por la misma universidad.

En 1976 ingresó en la carrera judicial y como juez prestó sus servicios en los juzgados de Cangas (Pontevedra), Alacuás (Valencia), Alcorcón número 1 (Madrid) y en el juzgado de distrito número 9 de Madrid.

En junio de 1988 ascendió a magistrado y fue nombrado presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid, donde permaneció hasta su nombramiento, el 23 de enero de 2002, como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Maza Martín fue elegido por doce votos, frente a los ocho que obtuvo Margarita Robles, para cubrir una vacante en la citada Sala.

    Jurista de reconocido prestigio, como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, examinó el caso del preso común que lleva más tiempo en prisión en España

Jurista de reconocido prestigio, como magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Maza Martín trató asuntos como los recursos presentados por el juez Garzón en los procedimientos que se le abrieron; examinó el caso del preso común que lleva más tiempo en prisión en España y redactó un voto particular en la sentencia contra el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz.

En cuanto a Garzón, Maza Martín defendió en febrero de 2012 la sentencia condenatoria para el exjuez Baltasar Garzón por entender que este decidió investigar los crímenes del franquismo a sabiendas de que no podía.

Por ello, discrepó del resto de sus compañeros y les advirtió de que, con esa resolución, podía dar lugar a que los jueces puedan ampararse en la protección de las víctimas para imponer su voluntad al margen de la ley.

Un año después, votó en contra de otra sentencia del Tribunal Supremo, la que dejaba en libertad al etarra Igancio Pujana por anulación de la doctrina Parot. Lo mismo que hizo en mayo de 2014 cuando emitió su voto en contra en la sentencia del Supremo que confirmaba la absolución del etarra Txeroki por el atentado de Denia.
Fiscal General del Estado desde 2016

Tras las elecciones generales de junio de 2016, en noviembre fue propuesto como fiscal general y el día 25 de esa misma fecha, el Consejo de Ministros confirmó su nombramiento como fiscal general del Estado, una vez recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y tomó posesión del cargo el 29.

En su año como fiscal general del Estado destacaron las querellas que presentó en la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y 13 exconsejeros del Govern por rebelión, sedición y malversación; y en el Supremo, por esos mismos delitos, contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2272 en: 19 de Noviembre de 2017, 23:59:40 pm »
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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2273 en: 24 de Noviembre de 2017, 16:20:02 pm »
El Gobierno elige a Julián Sánchez Melgar para sustituir a Maza en la Fiscalía General

El candidato propuesto por el Gobierno procede de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y en su currículum destaca su participación como ponente de la doctrina Parot

Sánchez Melgar fue uno de los cinco magistrados que admitió a trámite la querella de Maza contra la Mesa del Parlament 



Menos de una semana después de  la muerte de José Manuel Maza, el Gobierno ya tiene nombre para renovar el liderazgo en la Fiscalía General del Estado. El elegido es Julián Sánchez Melgar, cuya propuesta para el cargo será aprobada hoy por el Consejo de Ministros.

Sánchez Melgar es un magistrado de perfil conservador. Fue el  ponente y principal defensor de la doctrina Parot, pensada para imponer el cumplimiento íntegro de las penas a etarras y otros condenados por delitos graves. La doctrina Parot sería anulada posteriormente por el Tribunal de Derechos Humanos de Estraburgo.


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Nacido en Palencia en 1955, Melgar fue aupado al Supremo con el apoyo de Ángel Acebes, que después ocuparía el Ministerio de Justicia. Acebes era alcalde de Ávila en el tiempo en el que Melgar presidía la Audiencia provincial en esa ciudad.

El nuevo fiscal general tiene experiencia en manejo de información de Estado. Hasta la fecha era uno de los magistrados del Supremo dedicados al control del CNI: autorizando las intervenciones y al tanto de las informaciones procedentes del espionaje en operaciones como la lucha contra el terrorismo internacional.

El candidato a la Fiscalía General fue uno de los cinco magistrados que votaron a favor de admitir a trámite la querella presentada por Maza contra la Mesa del Parlament. Firmó el auto de admisión que abría la puerta a rebajar el delito de rebelión a uno de conspiración y que apuntaba a que la causa podría ser juzgada solo en el Supremo.

Muy bien valorado en todos los ámbitos ideológicos del mundo judicial, Melgar llevaba más de 15 años en la Sala de lo Penal del Supremo.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2274 en: 26 de Noviembre de 2017, 07:28:17 am »

Presos mediáticos: ¿Abusan los jueces de la prisión preventiva?


El Supremo podrá revisar la prisión provisional de los 'jordis' y los 'exconsellers' tras asumir toda la causa del 'procés'. ¿Se abusa de esta medida en los casos mediáticos como denuncian algunos letrados?

Diego Molpeceres



26.11.2017 - 05:05

La disparidad de criterio mostrada entre el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena -que este viernes asumía toda la causa del 'procés'- y la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, a la hora de investigar a los miembros del Govern cesado y a los de la Mesa del Parlament por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación avivó el debate acerca la prisión provisional, la medida cautelar más dura contemplada en el sistema judicial antes de que exista una sentencia firme.

Desde ciertos ámbitos se pone en cuestión el uso y la duración que los magistrados hacen de ella en casos de especial trascendencia mediática. "¡Puigdemont, a prisión. Puigdemont, a prisión!" era el grito que inundaba las manifestaciones en favor de la unidad tras el referéndum ilegal del 1-O y la declaración de independencia. Pero, ¿ceden alguna vez los jueces a la presión de la calle? ¿Existe un hipotético 'efecto castigo' para calmar a la opinión pública ante la lentitud de los procesos judiciales?

Hace exactamente seis meses que el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell ingresó en prisión preventiva también por orden de la juez Lamela, acusado de quedarse con 6,5 millones de euros de la venta de derechos audiovisuales de partidos de la selección brasileña. Su abogado, Pau Molins, denunciaba esta semana "un abuso de la prisión provisional" en comparación con casos como el del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, que apenas pasó unos días en la cárcel de Soto del Real por el presunto desvío de fondos de la institución.

Además de a Rosell, Molins representa a Santi Vila, el único exconsejero que pudo abandonar la prisión tras abonar su fianza. Además, su socio de despacho ejerce la defensa de los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull, que aún permanecen en la cárcel. Este sábado, Molins cuestionaba en una entrevista con La Vanguardia la imparcialidad de los jueces que llevan las causas de mayor repercusión social: "La diferencia en los casos mediáticos es que hay una presión ambiental muy fuerte para que se decida en un determinado sentido y es fácil que dicha presión acabe haciendo mella en algunos magistrados, incluso de manera inconsciente".
El castigo anticipado

El portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Justicia en el Congreso, Eduardo Santos, se muestra cercano a esta tesis: "Quien consigue imponer un relato social mayoritario condenando una actividad, logra de alguna manera que un juez sea más proclive a dictar prisión preventiva para calmar esa ansiedad social o ese deseo primario de la gente de asociar la justicia rápida y efectiva con el efecto estigmatizador que supone la prisión".

Pero lo cierto es que la privación cautelar de libertad debe estar muy bien justificada por parte del juez, pues se trata de una medida excepcional que afecta a uno de los principales derechos fundamentales. Por norma general, no excede de dos años aunque puede prolongarse durante cuatro en los casos más graves. Los magistrados siempre actúan a instancias de una de las partes de la acusación, habitualmente de la Fiscalía, y toman en cuenta tres aspectos principalmente: el riesgo de fuga, el riesgo de alteración o destrucción de pruebas; y la posible reiteración delictiva.

    El juez tiene en cuenta el riesgo de fuga, el riesgo de alteración o destrucción de pruebas y el de reiteración delictiva

Por alguno o varios de esos motivos han pasado por prisión preventiva en los últimos años personajes tan relevantes como el extesorero del PP Luis Bárcenas (1 año y siete meses), Jordi Pujol Ferrusola (lleva 7 meses), Mario Conde (2 meses), el expresidente de Ausbanc, Luis Pineda (lleva 19 meses), el exsecretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad (8 meses) o el fallecido Miguel Blesa (19 días). También el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (2 años y medio antes de cumplir condena) o los exconsejeros de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (7 meses) y Francisco Granados (2 años y medio). A diferencia de los penados, el carácter preventivo impide gozar de los permisos habituales.
La alarma social

A pesar de la notoriedad de todos estos preventivos y de los que no han llegado a serlo (Iñaki Urdangarin, Rodrigo Rato), la Ley determina que los jueces nunca pueden dejarse guiar por la denominada 'alarma social' que despiertan los casos en los que se ven envueltos. "Como estándar, ningún juez cede a la presión. El juez está preparado para soportarla y cuando toma su decisión no mira lo que va a salir al día siguiente en los periódicos", defiende el portavoz de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo.

Este diputado y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial ha pasado 28 años de su carrera como juez de apelación revisando las motivaciones de los autos de jueces de instrucción. Su experiencia le dice que en casi todos los casos, la prisión provisional suele estar bien 'atada'.

En este sentido, la tasa preventivos en el sistema penitenciario español ha caído a la mitad en los últimos diez años mientras que el número de la población reclusa general apenas ha bajado poco más de un diez por ciento, según la estadística de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En septiembre había 8.637 preventivos por un total de 59.608 encarcelados mientras que en 2007 la cifra de provisionales era de 16.057 frente a 66.612 presos. Nada que ver, en cualquier caso, con el año 1980, cuando el porcentaje de preventivos alcanzaba el 56,03%.

Francisco Granados, en el banquillo.
Francisco Granados, en el banquillo. VP

Por su parte, un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de España basado en treinta entrevistas con letrados, sostiene que la 'alarma social' sí se encuentra entre los "criterios extrajurídicos" tenidos en cuenta por los magistrados. "Muchas veces se retuerce la motivación respecto a las causas que sí están recogidas en la Ley para justificar cuestiones que son extralegales. Eso pasa muchísimo en los casos más mediáticos", apunta Santos.

"Cuando uno examina autos -sin hacer una crítica general- algunos tienen una carencia de motivación palmaria, en el sentido de que los jueces y muchas veces la Fiscalía se remiten sólo a las diligencias policiales que cortan y pegan o bien a resoluciones judiciales sin motivarlas o adecuarlas al caso concreto. A veces simplemente incluyen frases genéricas que no hacen sino repetir lo que ya se establece en la Ley", prosigue el también secretario general de Podemos Navarra, que recuerda casos como el de la agresión a los guardias civiles en Alsasua, juzgado como delito de terrorismo por la Audiencia Nacional.
La 'oportunidad' política

El otro gran eje de la polémica sobre la encarcelación provisional de parte del exGovern catalán fue la repercusión que podía tener a nivel político una decisión judicial de tal magnitud. El auto de la juez Lamela fue interpretado como un flaco favor a los intereses del Gobierno de Mariano Rajoy en Cataluña, ante la proximidad de las elecciones del 21-D. El exvicepresidente y líder de ERC Oriol Junqueras, podía terminar convertido en un mártir en un momento en que la movilización independentista parecía desactivada.

"La Justicia sólo puede actuar bajo el criterio de legalidad. Por tanto, los tiempos de la Justicia y los de la política raramente coinciden. No se puede pedir a un juez que tenga en cuenta lo que puede ser políticamente oportuno. Adoptará la medida que considera ajustada al caso, con las repercusiones que tenga. Ese es el compromiso del Poder Judicial con la ciudadanía", sentencia Campo.

Los exmiembros del Govern.
Los exmiembros del Govern. EFE

Esta próxima semana será clave para despejar la incógnita sobre el futuro que les espera a los exmiembros del Govern. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, reconocía el viernes en rueda de prensa desde Moncloa que podrían abandonar la cárcel de Estremera si sus defensas y las de 'los jordis' piden que se reconsidere su situación o si son llamados a declarar y deciden responder, pudiendo apreciarse un cambio de las circunstancias que inicialmente motivaron su encarcelamiento preventivo.

De momento, los exconsellers a excepción de Junqueras y el resto de los de ERC (Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa) han acatado de forma explícita el artículo 155 de la Constitución en los recursos con los que solicitaban su excarcelación a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Si finalmente son puestos en libertad, el juez del Supremo podrá fijar una serie de medidas cautelares como fianzas, retirada del pasaporte o la obligación de comparecer de forma periódica ante el juzgado.

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« Respuesta #2275 en: 27 de Noviembre de 2017, 12:38:11 pm »
Muere el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada
Lo ha anunciado a través de las redes sociales el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
27 noviembre, 2017 08:24

María Peral @Maria_peral

José María Romero de Tejada, Fiscal Superior de Cataluña, ha muerto durante la madrugada según ha informado la mañana de este lunes  en Twitter el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Romero de Tejada ha fallecido con 69 años tras cuatro al frente de la fiscalía. Lo compaginaba con su puesto docente en la Universidad de Barcelona en la que estudió. En la Fiscalía trabajaba desde 1974, cuando ocupó el cargo de Teniente Fiscal del Tribunal Superior de Justicia.

Estuvo el jueves en el funeral de José Manuel Maza, fallecido hace nueve días, y volvió al viernes por la mañana a Barcelona. Se encontraba mal y le diagnosticaron una neumonía que le afectó los dos pulmones. Fue ingresado en la UCI y sufrió un paro cardíaco que ha provocado su muerte. Tenía un problema de bajada de defensas desde hace tiempo lo que ha provocado que la infección pulmonar le afectase de manera tan grave.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado su "sentimiento y pesar" por el fallecimiento de José María Romero de Tejada, a quien ha descrito como "un notable servidor público".

En un desayuno de Nueva Economía Forum, en el que ha presentado al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, Rajoy ha iniciado su intervención manifestando su pésame por este fallecimiento y ha deseado que Romero de Tejada "descanse en paz".

En 2013 fue nombrado Fiscal Superior de Cataluña tras la dimisión forzada de Martín Rodríguez Sol por apoyar la celebración de la consulta independentista.

El pasado 23 de septiembre envió al responsable de Policía catalana, Josep Lluis Trapero, una orden para coordinarse con la Guardia Civil y la Policía Nacional en los operativos sobre el referéndum secesionista.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2276 en: 07 de Diciembre de 2017, 09:23:19 am »
No eres mi tipo

Cada vez me resulta más común leer sentencias y resoluciones judiciales en las que el relato de hechos parece contener elementos de cierta ficción o posverdad

No defiendo a presuntos rebeldes o presuntos terroristas, de lo que voy a ser acusada inmediatamente. Defiendo la pureza del sistema legal, defiendo la seguridad jurídica
Elisa Beni
06/12/2017 - 20:53h

ALEJANDRO RAMOS

“¿Sabes lo que le dijo la conducta a la ley penal? No eres mi tipo” Es un chiste malo que me han contado a la hora del desayuno, pero que viene pintiparado para la preocupante deriva que se observa en la Justicia española y que debe ser puesta de relieve no sólo por los casos particulares a los que afecta sino porque constituye un signo claro del deterioro que ha sufrido el sistema. La cuestión no es el resultado que tal deriva produce en una acción jurídica, sino si estamos aceptando que las reglas del juego se retuerzan y se estiren hasta conseguir una apariencia de legalidad suficiente sólo porque los objetivos que buscan les parecen justos a muchos. Esta tendencia, que apareció en escena de forma clara en lo que dimos en llamar lucha contra el terrorismo, se ha ido extendiendo a otros ámbitos que tienen relevancia política o que pretenden instaurar actitudes represoras ante la complacencia de grandes masas de público y profesionales que consideran que la mano dura es necesaria para que las cosas no se desmanden y que no reparan en que permitir usos maleables de las normas sustantivas y procesales es un riesgo que podría volverse contra todos. No me obligo a citar de nuevo a Niemöller.

No eres mi tipo. Cada vez me resulta más común leer sentencias y resoluciones judiciales en las que el relato de hechos parece contener elementos de cierta ficción o posverdad para la que es preciso tener predispuesto el espíritu de cierta manera. No debería suceder así. Los hechos y su calificación jurídica nos deberían ser más o menos aceptables a todos. No siempre sucede. Uno lee relatos de rebeliones con explosiones violentas que llevan en su interior gérmenes de más violencia futura, cometidas por organizaciones criminales integradas por parlamentos o sectores sociales completos y no termina de identificarlas con los acontecimientos que ha vivido en directo. Menos si como ya expliqué en  “Insurrección (versión Beta)" desde el primer momento se era consciente de que asistíamos a una fórmula nueva y no prevista de insurrección. No prevista. Eso en el contexto penal ya saben lo que significa. Podrían plantearse modificar el Código Penal o incluir estas nuevas formas pacíficas de violar las normas. Hasta ahí de acuerdo. En todo caso hay una división profunda sobre esta cuestión.  Cien profesores de Derecho Penal y magistrados, no de todo signo, comparten esta preocupación. No decimos que los del procès no hayan podido delinquir sino que no han cometido ese delito concreto.

No eres mi tipo. Oigo en Youtube un montón de raps que, a mi que soy amante del género, me producen cierta decepción por su calidad pero que a un grupo de jóvenes les van a costar dos años y un día de condena, con ese día malicioso que parece pensado para ingresarles en la prisión. La cárcel. Leo un relato de hechos y luego una condena por enaltecimiento del terrorismo para unos chavales en la que se afirma que “no es inequívoco que toda obra artística quede extramuros del Código Penal” y ya me pongo a temblar.  La propia presidenta del tribunal manifiesta discrepar profundamente con esta resolución y lo hace hasta con cierto mordiente hacia sus compañeras cuando afirma que estas “criaturas” han “ensalzado” a una organización terrorista inexistente y “alabado” a unos terroristas muertos cuando ellos aún llevaban pañales, para llamar la atención. ¿Podremos escribir una novela con un terrorista como protagonista que cause empatía o resulte un héroe? Se escriben sentencias en estos días que no hubieran tenido cabida a finales del siglo pasado.
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Tampoco tu eres mi tipo. En la agresión del bar de Alsasua, ni la juez de instrucción ni la Audiencia Provincial de Navarra vieron delito de terrorismo. La conducta era típica pero de otra cosa. Hasta que intervino la Fiscalía desde arriba y, con un relato y una calificación que tampoco soy capaz de reconocer, les arrebató el caso y lo llevó como terrorismo ante la Audiencia Nacional. Utilizaron para ello una reforma realizada pensando en el terrorismo yihadista, por la que no hace falta pertenecer a una organización terrorista para cometer actos de terrorismo, pero se la aplican a unos jóvenes en relación con ETA. Algo que nunca hubiera sido posible con la legislación que siempre se aplicó a la banda. Llevan un año internados en FIES como presos peligrosos y a sus abogados ni siquiera les han admitido probar que la asociación a la que pertenecen nunca ha estado ni siquiera próxima de la banda armada.

Todos los casos siguen la misma tónica. En varios ha habido magistrados y fiscales que han considerado que los delitos cometidos eran diferentes a los que finalmente han llevado a la Fiscalía a arrebatárselos. Ni el TSJC ni el TSJN, ni sus respectivas fiscalías, vieron ni por asomo los delitos que ahora en los órganos centrales se dilucidan. Ahora es cuando comprobamos qué y cuánto interés tenía controlar los nombramientos judiciales. La Sala Segunda era un gran objetivo. Reconozcamos que si existen varias formas de interpretar el Derecho, cada vez quedan menos intérpretes de un signo en los tribunales estratégicos.

Dice el artículo 3.1 del Código Civil que las normas se interpretaran según el sentido propio de sus palabras -así que los alzamientos violentos deberían ser claramente alzamientos violentos-, en relación con el contexto, los antecedentes legislativos -y ya sabemos por López Guerra por qué se introdujo la violencia y conocemos también por qué el enaltecimiento intentaba acabar con los homenajes a etarras-,la realidad social del tiempo y atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Los tipos penales no pueden ser chicles sino clichés inamovibles por los que los ciudadanos sepamos a priori qué conductas concretas están penalizadas.

No defiendo a presuntos rebeldes o presuntos terroristas, de lo que voy a ser acusada inmediatamente. Defiendo la pureza del sistema legal, defiendo la seguridad jurídica para todos los ciudadanos, sean quienes sean o quienes seamos. También por eso defendí la estrategia procesal de acudir a Bruselas. En cualquier caso las cosas terminarán llegando a Estrasburgo, como sucedió con la utilitaria doctrina Parot, y no deja de ser triste tener que poner las esperanzas en que se haga Justicia tan lejos.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2277 en: 15 de Diciembre de 2017, 07:59:55 am »
"La diputada Montero por una inquieta bragueta va con Tania al Gallinero": la sátira machista de una asociación de jueces

La revista de la asociación Francisco de Vitoria de jueces publica un poema irónico en el que cosifica a la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos

El artículo firmado con pseudónimo da a entender que Podemos elige a sus representantes en función del "apetito inconstante" de Pablo Iglesias

La dirección de Francisco de Vitoria se desmarca de "la opinión de un afiliado que no representa la filosofía del colectivo"


rtículo satírico de la revista de la asociación de jueces Francisco de Vitoria.

"La diputada Montero/ expareja del 'coleta'/ ya no está en el candelero/ por una inquieta bragueta/. Va con Tania al gallinero". Es el verso definitivo de una poesía satírica incluida en el último número de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, que representa a más de 800 magistrados. El poema, titulado De Monjas a Diputadas, ataca a la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos por ser la pareja del líder del partido, Pablo Iglesias.

Todo el artículo escrito por uno de los magistrados asociados a la Francisco de Vitoria y que firma bajo el pseudónimo El Guardabosques de Valsain utiliza el mismo tono para aludir a Podemos. El texto, que va encabezado por una fotografía de Montero, cosifica a las diputadas de Podemos y da a entender que tanto la actual portavoz parlamentaria como Tania Sánchez Melero, la anterior pareja de Iglesias, deben sus responsabilidades en la organización a los "apetitos inconstantes" del líder del partido. Los dos primeros versos dicen así:   
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"Cuentan que en España un rey/ de apetitos inconstantes/ cuyo capricho era ley/ enviaba a sus amantes/ a ser de un convento grey/. Hoy los tiempos han cambiado/ y el amado timonel/ en cuanto las ha dejado/ no van a un convento cruel/ sino a un escaño elevado".

El portavoz de la asociación, Raimundo Prado, atribuye en conversación telefónica con eldiario.es el artículo a "un texto de opinión de un afiliado que no representa la filosofía del colectivo". "Pedimos disculpas. La asociación Francisco de Victoria tiene un comité de igualdad y si alguna de las personas mencionadas en ese artículo se siente menospreciada no tenemos ningún problema en pedirle perdón. Trataremos de poner los medios para que textos de ese tipo no se vuelvan a publicar en la revista de la asociación".

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2278 en: 02 de Enero de 2018, 07:46:40 am »
“Fabricamos jueces. Entran universitarios y salen jueces”
Actores, simulaciones, cárceles y redes sociales: el día a día en el MIR de los jueces
La Escuela Judicial, en Barcelona, forma desde hace 20 años a los jueces que sacan la oposición. Entramos en una institución desconocida por la que pasa todo el que lleva una toga

Rafael Méndez. Barcelona

02.01.2018 – 05:00 H. - Actualizado: 7 H.

Desde fuera, la sede de la escuela judicial del Poder Judicial parece un hotel. O una residencia de estudiantes. Incluso un convento. Está en Vallvidrera, con Barcelona a sus pies, una zona rica de carretera serpenteante por la que uno se pierde fácilmente. A la entrada, una pista de baloncesto y una piscina dan impresión de lugar de ocio. Pero tiene explicación. “Es que era un centro de menores que cedió la Generalitat. Por eso la piscina, que no se hizo a propósito”, advierte Gemma Espinosa, directora de la Escuela Judicial. Por aquí han pasado desde hace 20 años todos los jueces que han aprobado la oposición. “Fabricamos jueces. Entran universitarios que han estudiado mucho y aprobado una oposición y salen jueces”, explica José Villodre, juez y profesor de Penal. Es como un MIR en el que durante dos años los jueces se enfrentan a actores que simulan declaraciones extremas ante un juez para ver cómo reaccionan, siguen juicios en streaming y debaten sobre qué puede decir un juez en las redes sociales. Esta es una aproximación a su día a día.

María Asunción Izquierdo pasó cinco años rodeada de apuntes. Literalmente. Estaba preparándo la oposición a juez. "Me levantaba entre 7.30 y 8.00 y estudiaba de nueve a tres de la tarde, hacía una pausa para comer y seguía de cuatro a siete u ocho. Luego hacía algo de deporte. Tenía un día de descanso a la semana". Lo más duro, cuenta, es "no perder la fe" y lo más importante, no tener presiones externas. "Tienes que creer mucho en ti. Al tercer o cuarto año ya estaba preparada pero fueron años de convocatorias de jueces muy cortas. Ella mantuvo la esperanza. Tras haber estudiado Derecho y ADE y sabiéndose muy disciplinada decidió seguir. Con la crisis, las convocatorias de 400 plazas para jueces y fiscales pasaron a la historia y la última promoción fue de apenas un centenar. Al final aprobó y hoy es juez en prácticas.

“Fabricamos jueces. Entran universitarios que han estudiado y aprobado una oposición y salen jueces”

En la misma oposición aprobó Javier Ramos de la Peña. Él cuenta que tuvo más suerte y solo tardó dos años en sacar la plaza. "En 2015 cambiaron muchas leyes, hubo una diarrea legislativa, y a la gente que llevaba más tiempo preparando la oposición le perjudicó", explica. Él tiene 25 años ahora, y cuenta que en su curso ha habido varios en la misma situación.

Hace dos décadas, María Asunción y Javier habrían pasado unas breves prácticas e inmediatamente habrían sido lanzados a su juzgado ya con la toga. Es lo que le ocurrió a Gemma Espinosa, directora de la escuela y magistrada de Familia. "Antes, por las mañanas ibas con un juez a ver su trabajo y por las tardes a la escuela. No había ni bases de datos. Te daban unos tomos de jurisprudencia del Supremo y te tenías que apañar. Yo tuve tres meses de escuela en Madrid y llegabas al juzgado y no sabías por dónde te daba el aire. Es verdad que ahora es más complejo: contratos bancarios, productos financieros, legislación europea…", cuenta en su despacho.

Hace poco más de 20 años, el Estado decidió que para una profesión tan crítica había que crear una especie de MIR, que cantar 'chorrocientos' temas de derecho no garantizaba el conocimiento práctico de llevar un juzgado. Después ha habido intentos de hacer algo parecido con los profesores pero nunca ha cuajado. La Escuela Judicial fue a Barcelona y el Centro de Documentación Judicial (Cendoj) fue a San Sebastián, los dos dependientes del Consejo General del Poder Judicial. Así se descentralizó algo la madrileñizada justicia. Jorge Jiménez, número dos de la escuela y uno de los primeros alumnos que ha acabado dando clase, recuerda que al principio hubo quien lo vio como algo innecesario: "Había gente que decía que eso no era necesario. 'Si ya he aprobado la oposición, ya me lo sé'. Ahora esta formación es la envidia. Cuando llegan los jueces enseguida se dan cuenta de lo mucho que les falta".

La escuela incluye clases pero lo más importante son los aspectos prácticos. "Igual que los médicos hacen un MIR esto es lo mismo. Les damos las herramientas para ser jueces. Aquí no hacemos teoría, esa ya la saben toda porque han aprobado un temario durísimo: 90 temas de civil, 60 de penal, constitucional y de la UE, procesal civil, procesal penal… todo teórico. Ya conocen las leyes. Aquí les damos casos reales cuya dificultad se va incrementando porque el primer día no saben ni ver un procedimiento. El primer día se les da un caso sencillo y con un profesor al lado van viendo cómo es un juicio". Para completarlo, hay simulaciones de juicios, pero para los casos duros cuesta que se metan en el papel.

Por eso para lo que aquí llaman "declaraciones críticas", la escuela contrata actores: "Este año tuvimos una actriz que hacía de mujer violada que está alterada". ¿Cómo se le toma declaración para conseguir un relato de hechos sin hacerla pasar otra vez por esa situación? Javier recuerda esa práctica. "Me tocó hacer de fiscal en un juicio de una violación. La actriz lo hacía muy bien. Tenías que preguntar cuestiones técnicas pero sin hacerle pasar a la víctima por una victimización secundaria, que no empeore su situación traumática. Antes supongo que no se les enseñaba. La actriz lo hacía tan bien que me costó meterme con rigor jurídico, ahora creo que lo haría mejor".

Historias de superación en las oposiciones: "No podía pagar la luz y estudiaba con velas"
Paula Cantó
Estudiar para las oposiciones es una experiencia muy dura pero no imposible. Estas son las experiencias personales de quienes ya son jueces o fiscales

Su compañero de promoción Jesús de Abajo también valora estás prácticas: "Cada dos semanas hacíamos una simulación y para buscarle un mayor realismo venían actores. Son muy buenos actores y te meten en situaciones extremas, a veces te ponen contra las cuerdas. El agresor que intenta abalanzarse contra su mujer, un señor que venía esposado y estaba muy violento, saber si tenías que quitarle o no las esposas...".

Otra práctica consiste en seguir un juicio real desde el día que el asunto entra en los juzgados. "También tenemos comunicación directa con juzgados de media España y nos dan copia el día que entra el asunto y el día de juicio lo vemos en directo con ese juzgado, nuestros alumnos hablan con el juez antes de la vista y luego se vuelven a comunicar y el juez les explica por qué ha hecho tal cosa o la otra", explica la directora. Las instalaciones están cuidadas y con unas envidiables cristaleras con una imponente vista sobre Barcelona. Hay aulas que simulan una sala de vistas de un juzgado, una completa biblioteca y un parque en el que cada promoción planta una encina. Aquí, algo apartados del jaleo, vivió el procés el futuro de la carrera judicial española.

Profesores de la Escuela Judicial de Barcelona. La directora, Gemma Espinosa, cuarta por la izquierzda. R. M.
Profesores de la Escuela Judicial de Barcelona. La directora, Gemma Espinosa, cuarta por la izquierzda. R. M.

Además de la práctica hay mucha cuestión menos tangible. Un grupo de profesores reunidos en una sala narran las reacciones cuando tratan otros aspectos que incluye ser juez y que van más allá del temario. Rafael Bustos, profesor de Constitucional, lo resume: "Ser juez es una responsabilidad exclusivamente individual. Eres tú, con tu nombre y apellidos, el que resuelve, sin poder esconderte en un colegio o colectivo, y aciertas o metes la pata. Y es una responsabilidad muy alta para alguien que llega además generalmente sin experiencia laboral previa. Es un salto complicado para cualquiera que se preocupe por su trabajo, y este es el caso generalmente. Yo les digo: 'Jugáis con lo más peligroso: la libertad, la propiedad y la familia'. Y te tienes que enfrentar tú solito con 28 o 29 años. Yo no les envidio”.

Una de las cosas que tratan es el uso de redes sociales y la delimitación entre la vida pública y privada. ¿Puede un juez en un pueblo estar de copas cada dos por tres? ¿Y tener amistad con un abogado? Las respuestas no son sencillas, según explica José Villodre, magistrado y profesor de Penal. "Un debate que tenemos todos los años es qué puede hacer un juez y qué no, y más en un pueblo muy pequeño. Alguno dice: 'Yo soy juez mis horas pero luego soy un ciudadano'. Y eso no es exactamente así. Eres juez 24 horas. Yo he estado ejerciendo en La Mancha más profunda y la gente te caza enseguida. Y se preguntan: '¿Qué horas son estas para el juez? ¿Y con quién está? ¿Y ese amigo suyo es abogado? Que mañana yo tengo juicio con él".

"Un juez tiene que ser muy cuidadoso con su proyección pública. Les decimos: 'Ahora sois jueces, ya no sois sujetos privados"

Con las redes sociales pasa algo parecido. "Vienen de Google les explican cómo va a quedar aquello que pongan en la Red y ven cómo perdura lo que digan. Les cuentan las consecuencias que tiene", relata Miriam de la Rosa Palacio, jefa de Relaciones Externas de la Escuela. Y Rafa Bustos, un profesor de Constitucional con voz ronca y al que le gusta dar clase al aire libre, interviene: "Un juez tiene que ser muy cuidadoso con su proyección pública. Les decimos: 'Ahora sois jueces, ya no sois sujetos privados. No sois sacerdotes, esto no es una religión, pero cuando la gente te ve ve la Justicia y cualquier cosa que colguéis va a estar siempre en la red. Además, nunca sabes qué casos te van a llegar en el futuro". Al final, "muchos acaban diciendo: 'Yo lo de Facebook... como que ya no lo voy a usar", tercia Villodre.

La escuela trata también de poner los pies en el terreno a los jueces en prácticas. Van a una cárcel donde hacen el ingreso como si fueran un preso normal. De Abajo recuerda los tres días de paso en la prisión Brians II: "Un día estás visitando el módulo de mayor peligrosidad y de régimen semiabierto, otro un módulo de la unidad psiquiátrica, otro día visitabas el patio y te entrevistabas con los presos. Ves las aulas, las celdas, el mercado, reuniones con presos. Viene bien saber cómo funciona adonde vas a mandar a tanta gente". También acuden al levantamiento de un cadáver, a despachos de abogados, a un control de alcoholemia, incluso a veces con un periodista a ver cómo es su tarea. Para gente que ha estado años entre un temario de apuntes es un gran cambio. Cuentan que la cárcel les impresiona mucho. El olor, la entrada ahí. El funcionario les cierra y los deja en una celda un rato. Es imposible saber lo que es la cárcel, pero que la idea es que tengan algún contacto con ella y que se lo piensen antes de mandar a alguien allí un tiempo. La escuela también tiene un cine fórum, donde alguna vez ha acudido el exfiscal general del Estado y gran cinéfilo, Eduardo Torres Dulce, pero también David Trueba y Javier Cercas recientemente. 'Único testigo', 'El mercader de Venecia' y 'El caso Winslow', son de las últimas proyecciones.

Escuela Judicial de Barcelona.
Escuela Judicial de Barcelona.

Nuria Alonso, profesora de Civil, cuenta que conforme avanza el curso los alumnos van notando la responsabilidad: "Yo les digo: 'Pensad en los médicos. Cuando están de guardia y les llega una urgencia. Aquí por lo menos cabe recurso. Hay otros que lo tienen peor. Un médico se tiene que enfrentar a esos miedos igual'. Recuerdo como si fuera hoy la sensación de responsabilidad de sentarme en la silla de mi primer juzgado y sentir la responsabilidad como un peso físico real. Una compañera que me decía: tardas como tres meses en estar cómoda en la silla. Al principio la responsabilidad te impacta. El primer preso te lo llevas a casa, de ese no te olvidas, ni del primer cadáver".

Después de un año en la escuela, los jueces en prácticas pasan a prácticas tuteladas en un juzgado y después a un juzgado con mucha carga de trabajo como jueces de sustitución o refuerzo. Al terminar ese periodo deben recibir su destino, influido por la nota que obtengan en los ejercicios finales de la escuela. En total, dos años de formación con un sueldo de 1.260 euros. Además, son años en los que los alumnos vuelven a socializar y a salir después de años enclaustrados. "La escuela cumple una función de resocialización. Vienes de muchos años enclaustrado. Y llegas con compañeros de tu edad que han estado enclaustrados como tú y te entiendes. El año de Barcelona además de la formación y mucho trabajo aprovechas para viajar y volver a salir y creo que esa función es muy importante", opina De Abajo, que se sacó la oposición después de tres años en los que solo tuvo libre de temas los domingos por la tarde.

Dos tercios de los que aprueban la oposición son mujeres. "Es una proporción que se cumple como la ley de la gravedad".

En estos 20 años, el principal cambio que han notado en la escuela es que ahora hay una clara mayoría de mujeres, que ahora son normalmente dos tercios de las promociones y un año llegaron a ser el 75%. En las orlas, menguantes en tamaño en los últimos años de la crisis, se observa perfectamente. Los profesores sostienen que la escuela no es elitista y que la oposición podrá tener otros problemas pero la endogamia no es uno de ellos. Solo el 6% de los que han pasado por aquí tenía algún familiar juez. "Yo soy profesor de universidad y la endogamia en la universidad está muy por encima que en la carrera judicial", responde Ramón Casas, profesor de Civil en la escuela. Y añade: "A veces comentamos cuando nos pasan de entrada el perfil de la promoción comentamos que es el perfil de la clase media española perfecto, salvo por esos dos tercios de mujeres y uno de hombres que se cumple con más rigor que la ley de la gravedad. Una clase media que se puede permitir pagar tres o cuatro años de estudio sin becas, eso sí".

Porque con la crisis las comunidades que tenían becas para opositores las cortaron o las rebajaron (otro palo más al engranaje del ascensor social). Los consultados no creen que haya habido una deriva hacia la derecha en estos años. "Ideológicamente es muy abierto. Pero todos los juristas, aunque digamos lo contrario, somos conservadores, no en el sentido político del término, sino de una estructura mental determinada", admite Casas. Gente de orden, de ley, capaz de pasar en su juventud miles de horas ante un temario del Código Penal. Y eso marca.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2279 en: 11 de Enero de 2018, 09:42:12 am »
Sí, una jueza puede avisar a El Mundo Today de que les denunciará... si no presume de su posición

El aviso de una jueza a El Mundo Today por un artículo satírico sobre los pastores de ovejas despierta el debate sobre si un magistrado puede enviar advertencias de ese tipo

"Es bueno que los jueces también puedan ser personas normales que se quejan o ponen denuncias siempre que no hagan ostentación", señala el jurista Carlos Sánchez Almeida



Un juez puede sentirse ofendido por algo que hayas hecho o dicho y amenazar con denunciarte, más allá del recorrido judicial que tenga el caso. Pero jamás puede hacerlo desde su posición de magistrado o avisándode que lo es para que tengas más miedo de las consecuencias. Esta es la respuesta al debate despertado en las redes tras las advertencias por email  de una jueza de Bilbao a El Mundo Today por un artículo satírico sobre los pastores de ovejas. Una polémica que también ha provocado un "efecto Streisand" sobre una pieza de humor que fue publicada en abril de 2017.

"A nivel del código penal no hay nada que se pueda reprochar a cualquier juez que haga una advertencia de ese tipo", señala el abogado Carlos Sánchez Almeida en conversación con eldiario.es, que apunta que quien debería determinar si esa magistrada se ha excedido es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Todo cambiaría si hubiese firmado el email con su posición de jueza, pero en este caso no veo nada sancionable", destaca Almeida.

En conversación con eldiario.es, uno de los responsables de El Mundo Today ha insistido en que se remiten a su comunicado de este martes, en el que condenan los métodos de la jueza. La identidad de ésta ha sido desvelada por el diario El Correo, que asegura que se trata de Ana María Martínez Navas, magistrada del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 6 de Bilbao. Según el periódico vasco, Martínez Navas ya ha estado envuelta en otras polémicas relacionadas con su desempeño profesional.

Tampoco tiene recorrido alguno la supuesta denuncia con la que la jueza ha amenazado a El Mundo Today. Según ha explicado en Twitter el catedrático de Derecho Penal Jacobo Dopico, la publicación del vídeo satírico sobre los pastores no incurre en ningún delito de injurias o de otro tipo.

Lo que sí es cierto es que los jueces no tienen una libertad absoluta, al regirse por el reglamento del Consejo General del Poder Judicial y el Código Penal. "No pueden dirigirse a los poderes, autoridades o funcionarios públicos en términos de felicitación o crítica. También tienen limitado su derecho de reunión y de participación política. Por ejemplo, si van a concurrir a unas elecciones, directamente piden la excedencia", explica Carlos Sánchez Almeida.

Además, los magistrados suelen ser más precavidos con sus opiniones sobre distintas cuestiones. "Les puede tocar tomar decisiones sobre cualquier tema. Por eso muchos de los que opinan en redes sociales lo hacen bajo pseudónimo", aclara Almeida, que señala que "es bueno que los jueces también puedan ser personas normales que se quejan o ponen denuncias siempre que no hagan ostentación". "Hasta pueden participar en charangas o chirigotas", dice el jurista.
Otro "efecto Streisand"

El artículo que ha motivado las quejas de la jueza Martínez Navas fue publicado en abril de 2017. Se trata de un vídeo alojado en la plataforma de Atresmedia Flooxer, que cuenta con una sección del medio satírico, pero que El Mundo Today publicó también en su web. Una pieza que ha visto incrementado su tráfico de manera notable tras conocerse lo ocurrido.

Esto contrasta con la fecha en la que se publicó el contenido, ya que entonces apenas tuvo visitas, según señalan desde EMT a eldiario.es. "Además,  nuestro comunicado ha sido leído más de 100.000 veces", apuntan.

Lo que ha ocurrido en este caso es un "efecto Streisand", un fenómeno por el cual la difusión de un contenido cualquiera en internet se multiplica después de que alguien pida que se retire o advierta con acciones legales al autor del mismo si no lo elimina. Y eso sin conocer los datos de visualización del vídeo, a los que tiene acceso Flooxer.