Del poder judicial...

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Esto sí que es una "rara avis"..un juez en el banquillo.


El TSJ de Canarias abre juicio oral al juez Alba, le añade un quinto delito y le impone una fianza de 85.000 euros


 El magistrado no ha dictado aún la sentencia del caso Faycán, a pesar de que el tribunal canario le descargó de trabajo para que se dedicara en exclusiva a resolver una causa en la que están procesados dos exalcaldes del PP

 El CGPJ no había recibido este jueves el auto de apertura de juicio oral. Cuando lo tenga, un órgano técnico elevará la propuesta de suspensión cautelar en sus funciones a la Comisión Permanente, que deberá adoptar la decisión definitiva. El caso de Alba se podría dirimir en la reunión del próximo jueves

Por Iván Suárez
10 may 201810:54

Un juez en el banquillo de los acusados. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decretado la apertura de juicio oral contra Salvador Alba, acusado de cinco delitos por una serie de actuaciones encaminadas a perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell y a favorecer la querella que contra ella había presentado José Manuel Soria, exministro de Industria, expresidente del PP canario y rival político de la jueza en las elecciones generales celebradas en diciembre de 2015.


La instructora, Margarita Varona, añade un delito, el de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, a los cuatro que figuraban en e l auto de transformación en procedimiento abreviado: prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho y revelación de secretos. Además impone una fianza de 85.000 euros al juez, que deberá pagar en un plazo de 24 horas, para hacer frente a las responsabilidades civiles en las que pudiera incurrir. Rosell, que ejerce de acusación particular en la causa en calidad de víctima, pide una indemnización de 80.000 euros.

Las diligencias contra Alba se abrieron en mayo de 2016 a raíz de unas grabaciones aportadas por el empresario Miguel Ángel Ramírez, al que investigaba por fraude fiscal. Esos audios desvelaron que el juez preparó en esa reunión, celebrada en su despacho de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, una declaración judicial del presidente de Seguridad Integral Canaria que nada tenía que ver con la causa que instruía contra él.  El objetivo de esta conspiración era incriminar a la jueza por las supuestas relaciones comerciales entre Ramírez y la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora.

El TSJC envía a juicio a Salvador Alba sin que el magistrado haya dictado  la sentencia de una de las mayores tramas de corrupción de las islas, el caso Faycán, con un total de 28 acusados (21 de ellos arrepentidos), entre los que se encuentran dos exalcaldes del municipio de Telde, Francisco Valido y María del Carmen Castellano, ambos del PP. El TSJC  había eximido al juez del reparto de asuntos en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas hasta el pasado 1 de mayo para que se pudiera dedicar en exclusiva a redactar la resolución de ese procedimiento.

Fuentes oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han informado este miércoles a Canarias Ahora que el auto de apertura de juicio oral no ha llegado aún al órgano de gobierno de los jueces. El TSJC debe remitir esta resolución para que un órgano técnico del CGPJ elabore la propuesta para suspender en sus funciones al juez, una decisión que, en último término, corresponde a la Comisión Permanente. Este órgano, compuesto por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y por otros siete magistrados, se reúne cada jueves, pero la situación de Salvador Alba no figura en el orden del día de la sesión de esta semana.

Si Alba es suspendido antes de dictar la sentencia del caso Faycán, el TSJC, según ha explicado en una nota de prensa, "adoptará la resolución que proceda" e intentará evitar la repetición del juicio. 

Como informó Canarias Ahora un día antes del inicio del juicio del caso Faycán, la designación de Alba como presidente del tribunal y ponente de la sentencia había generado numerosas incertidumbres en el procedimiento, ante la posibilidad de que fuera apartado en medio de la vista (estaba previsto que las sesiones se prolongaran hasta el 31 de mayo, aunque finalmente concluyó en marzo) o antes de que dictara la resolución.

Hasta trece años y medio de cárcel

La Fiscalía pide para el juez ya procesado una pena de diez años de cárcel y 29 de inhabilitación para el cargo, además de una multa de 40.500 euros y una indemnización, aún sin cuantificar, para Victoria Rosell por los daños morales ocasionados. La jueza, acusación particular, reclama para Alba trece años y medio de prisión, 41 de inhabilitación, 118.000 euros de multa y 80.000 de indemnización. También figuran como acción popular en la causa Podemos, partido con el que se presentó Rosell como independiente en las listas a las generales de 2015, y el periodista Carlos Sosa, pareja de la jueza, que piden penas que oscilan entre los doce años y trece años y tres meses de cárcel, 39 años y medio de inhabilitación y multas que van desde los 103.000 a los 135.000 euros.

El auto decreta el archivo provisional del delito electoral, del que le acusaba Podemos. Rosell se vio obligada a renunciar a presentarse de nuevo a las elecciones generales de junio de 2016 después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella - finalmente archivada- que contra ella había presentado José Manuel Soria. En esa decisión del alto tribunal español fue clave la remisión por parte de Alba de un informe que, según las acusaciones, contenía numerosas falsedades. Sin embargo, la instructora no aprecia ninguna conducta imputable al juez en relación a este delito.   

Cronología
3 de noviembre de 2015: El magistrado Salvador Alba toma posesión en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria en sustitución de Victoria Rosell, que se había presentado a las elecciones generales de diciembre en las listas de Podemos.

3 de diciembre de 2015. Los diarios El Mundo y La Provincia publican que la Fiscalía de Las Palmas investiga a Rosell por las relaciones comerciales entre su pareja y Miguel Ángel Ramírez. Según reconoce el propio Alba al empresario en la grabación realizada el 13 de marzo de 2016, en la víspera de esa primera publicación el juez almuerza en Madrid con el periodista de El Mundo Fernando Lázaro, redactor del artículo, en el restaurante El Pelotari. Lázaro ha sido propuesto como testigo en relación con el delito de revelación de secretos.

9 de diciembre de 2015: Alba remite a la Fiscalía, a petición de esta, un informe relatando supuestas irregularidades en la causa instruida por Rosell contra Ramírez. Algunos pasajes de ese informe reservado aparecen copiados literalmente en la segunda querella presentada por Soria contra la magistrada.

15 de febrero de 2016: Después de que la investigación de la Fiscalía contra Rosell fuera archivada, Soria transforma su querella por injurias y calumnias contra la magistrada en otra a la que sumó los delitos de retraso malicioso, cohecho y prevaricación.

16 de marzo de 2016: Alba se reúne en su despacho de la Audiencia Provincial de Las Palmas con el empresario Miguel Ángel Ramírez. Pacta una declaración judicial con el empresario sobre hechos ajenos a la investigación, sus relaciones comerciales pasadas (entre 2007 y 2009) con la pareja de la jueza. Como contrapartida, Alba le archivaría la causa penal en su contra por delitos fiscales.


23 de marzo de 2016: Se celebra la declaración pactada de Miguel Ángel Ramírez. El juez y la fiscal Evangelina Ríos le preguntan por los vínculos comerciales con el periodista Carlos Sosa, Tras esa comparecencia, Alba pide a los funcionarios del juzgado una copia del DVD. Dos días después, el periodista Fernando Lázaro reproduce en el diario El Mundo esa declaración.

3 de abril de 2016: El periódico La Provincia publica la declaración íntegra de Ramírez del 23 de marzo.

6 de abril de 2016: Alba remite al Consejo General del Poder Judicial un informe denunciando irregularidades en la instrucción de Rosell. Según las acusaciones en el procedimiento contra el juez, este informe contenía numerosas falsedades.

13 de abril de 2016: El Supremo pide un informe a Alba sobre la instrucción de Rosell en la causa contra Ramírez.

23 de abril de 2016: Alba remite el informe sobre la instrucción de Rosell al Supremo y relata en él las relaciones comerciales entre Ramírez y la pareja de la jueza. 

26 de abril de 2016: El Supremo admite a trámite la querella de Soria contra Rosell.

27 de abril de 2016: Rosell dimite como integrante de la Diputación Permanente del Congreso en aplicación del código ético de Podemos.

11 de mayo de 2016: Ramírez entrega en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria una grabación con la conversación que mantuvo con Alba en el despacho del juez el 16 de marzo para fabricar la declaración contra Rosell.

12 de mayo de 2016: El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anuncia la apertura de un expediente disciplinario contra Salvador Alba.

26 de mayo de 2016: El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) abre diligencias contra Salvador Alba.

22 de febrero de 2018. El TSJC concluye las diligencias contra Alba y las transforma en procedimiento abreviado, la antesala del juicio oral, imputando al magistrado la comisión de cuatro delitos (prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho y revelación de secretos).

23 de febrero de 2018. Salvador Alba presenta un recurso contra el auto de transformación en procedimiento abreviado y pide el archivo de la causa. 

Marzo de 2018. La acusación particular, ejercida por Victoria Rosell, y las acciones populares, representadas por Podemos y Carlos Sosa, presentan sus escritos de calificación, en los que reclaman penas de cárcel e inhabilitación.

5 de abril de 2018. El fiscal Vicente Garrido remite su escrito de calificación, en el que acusa a Alba de cuatro delitos por los que reclama diez años de cárcel y 29 de inhabilitación.

29 abril de 2018. La Sala de lo Penal desestima el recurso presentado por Salvador Alba contra el auto de procedimiento abreviado.

8 de mayo de 2018. El TSJC abre juicio oral contra Salvador Alba por cinco delitos.

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Sólo dos magistrados han sido expulsados de la carrera judicial en 38 años por motivos disciplinarios

    Desde su constitución en 1980, el CGPJ ha impuesto la máxima sanción disciplinaria a cinco miembros de la carrera judicial
    En tres de esos casos el Supremo revocó la decisión y acordó la readmisión de los expulsados

Yolanda González
Publicada 14/05/2018 a las 06:00 Actualizada 13/05/2018 a las 23:03
 
 

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El órgano de gobierno de los jueces cambiará a finales de año
La crisis de La Manada da la puntilla a la renovación de Lesmes al frente del CGPJ
Da por imposible una renovación y ya ha transmitido, en conversaciones con las altas instancias gubernamentales, que espera que el recambio se realice en plazo

Beatriz Parera
16.05.2018 – 05:00 H.

La crisis abierta por la sentencia de La Manada entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá repercusiones a medio plazo. El enfrentamiento supone el portazo definitivo a las ya escasas posibilidades de renovación de Carlos Lesmes como presidente del órgano de gobierno de los jueces. Las relaciones del también presidente del Tribunal Supremo con el Ejecutivo central no atravesaban por sus mejores momentos desde hace meses y esta última herida ha sido definitiva. Ha perdido las opciones de aspirar a un nuevo mandato y todo apunta a que habrá nuevo responsable al frente del Consejo.

Las fuentes consultadas señalan que el propio Lesmes da por imposible una renovación y ya ha transmitido, en conversaciones con las altas instancias gubernamentales, que espera que el recambio del CGPJ se realice en plazo. La fecha tope para la renovación es el próximo mes de diciembre, cuando se cumplen cinco años desde que fuera nombrado en 2013 para dirigir el órgano constitucional.

La renovación implica no solo la entrada de un nuevo responsable sino también la elección de nuevos vocales. Los candidatos a una y otra responsabilidad van tomando posiciones para la recta final fijada a finales de año y ya comienzan a circular quinielas de 'presidenciables' para suceder a Lesmes y también para ocupar una de las 20 plazas de vocales, solo siete de ellas de dedicación exclusiva tras la reforma que introdujo el exministro Alberto Ruiz-Gallardón.
Los 'presidenciables'

Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, en la carrera por la presidencia se encuentran ya posicionados varios magistrados del Tribunal Supremo. Entre los citados se encuentran Pablo María Lucas, magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y Luis María Díez-Picazo Giménez, nombrado en 2015 nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tras una agria polémica por la salida de su antecesor, José Manuel Sieira.

También tienen posibilidades la magistrada de la Sala de lo Penal Ana Ferrer, la miembro de la Sala de lo Social Lourdes Arastey, el presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo, Francisco Marín, y el magistrado de la Sala de lo Civil del TS Antonio Salas.

En la carrera por la presidencia se encuentran ya magistrados del Tribunal Supremo como Pablo María Lucas y Luis María Díez-Picazo

En cuanto a los vocales, las asociaciones de jueces ultiman sus propuestas. La Asociación Profesional de la Magistratura maneja nombres como el de su presidente en Cataluña, Luis Rodríguez Vega, y el del magistrado de La Rioja Carlos Orga. Jueces para la Democracia se plantea proponer a Carlos Hugo Preciado, magistrado del TSJ de Cataluña, mientras la Francisco de Vitoria baraja, entres otros candidatos, el nombre de Antonio Viejo, decano de los jueces de Madrid. Como independientes suenan el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella, y el decano de Guadalajara Jesús Villegas.

Los integrantes del CGPJ, nombrados por el Rey y elegidos por las Cortes Generales (Congreso y Senado) entre jueces y juristas de reconocida competencia, no pueden renovar para un segundo mandato ya que son nombrados por un período máximo de cinco años aunque el Consejo saliente continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo. Según su composición actual, solo siete de los 20 vocales integran la conocida como Comisión Permanente, y en ella también se incluye al propio presidente. La mayoría de los candidatos, 12, deben ser elegidos entre la carrera judicial mientras que otros ocho se escogen entre juristas con más de 15 años de ejercicio profesional.

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Archivada de plano la denuncia contra el juez que quiso absolver a La Manada


El Consejo General del Poder Judicial no puede actuar disciplinariamente contra él salvo que un tribunal superior censure las expresiones de su escrito discrepante.
17 mayo, 2018 12:07

 LA MANADA  CGPJ  JUECES
María Peral  @Maria_peral

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha archivado de plano la denuncia que Women’s Link Worlwide presentó el 27 de abril contra el magistrado Ricardo González, miembro del tribunal que ha juzgado a los miembros de La Manada y autor de un voto discrepante de la condena por abuso sexual a una joven durante los Sanfermines de 2016.
 
Primeras declaraciones del juez que pidió la absolución para 'La Manada'

La organización denunciante solicitaba que se sancionara al magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra por una falta disciplinaria grave consistente en la utilización de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas. Según la denuncia, el escrito discrepante de Gonzalez magistrado está "plagado de prejuicios y estereotipos de género".
La denuncia reproducía varios párrafos del escrito discrepante del magistrado, entre ellos el que afirma que "no aprecio en ninguno de los vídeos y fotografías signo alguno de violencia, fuerza o brusquedad ejercida por parte de los varones sobre la mujer. No puedo interpretar en sus gestos ni en sus palabras (en lo que me han resultado audibles) intención de burla, desprecio, humillación, mofa o jactancia de ninguna clase. Sí de una desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos, y, ciertamente, menor actividad y expresividad en la denunciante".
El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula las faltas cometidas por los jueces, establece expresamente que el CGPJ “solo procederá [por la infraccion denunciada] previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución y que conozca de la misma en vía de recurso”.
 
“Quedó excluido por el legislador que el CGPJ pueda proceder de oficio a exigir dicha responsabilidad”, señala el acuerdo de archivo, que añade que es notorio que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra aún no ha conocido del recurso contra la sentencia, “por lo que resulta del todo inviable entrar en el análisis del reproche disciplinario que se pretende promover”.
 
Women’s Link Wordlwide también solicitaba que el magistrado fuera sancionado por una falta muy grave de ignorancia inexcusable en el ejercicio de los deberes judiciales.
 
En este punto, el promotor, con base en la jurisprudencia que viene dictando el Tribunal Supremo, precisa que dicho artículo castiga comportamientos realizados por los jueces en su faceta de empleados públicos, pero no cuando ejercen funciones jurisdiccionales.
Conde añade que dictar una sentencia o emitir un voto particular constituye “la principal manifestación del ejercicio de su función jurisdiccional”. Además, recuerda que la actividad inspectora del CGPJ ha de respetar la exclusividad que, sobre el ejercicio de dicha potestad jurisdiccional, corresponde a jueces y magistrados según el artículo 117 de la Constitución.
 
El acuerdo de archivo, que ya ha sido notificado a los denunciantes y al magistrado, puede ser recurrido en alzada ante la Comisión Permanente del CGPJ.

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Ejerce en la Audiencia de Navarra

Asignan escolta al juez del voto particular de ‘La Manada’

El magistrado Ricardo González ha solicitado un refuerzo de seguridad tras recibir amenazas

La sentencia de ‘La Manada’ provocó una ola de indignación en toda España, con manifestaciones en todas las capitales de provincia para protestar contra el veredicto del tribunal. Especial revuelo causó el voto particular del juez Ricardo González, que pedía la absolución de los cinco jóvenes sevillanos.

18/05/2018 01:00

Según ha podido saber El Confidencial Digital, el magistrado “se ha visto obligado por las circunstancias” a solicitar un aumento de las medidas de seguridad, esto es, a que le faciliten escolta personal.

Se refiere al acoso al que se ha visto sometido desde que se conoció la polémica sentencia, el pasado 27 de abril. Además de las protestas frente a la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el juez González se ha visto coaccionado cerca de su domicilio, a las afueras de Pamplona.

Esta suerte de escraches y las numerosas pintadas que han aparecido en los últimos días en la capital foral contra el magistrado han inquietado al juez por el “tono agresivo” de las mismas, según afirman a ECD fuentes cercanas al magistrado.

González ha escuchado en alguna ocasión amenazas “violentas” de algunas personas que se han acercado a su domicilio y a las inmediaciones de la Audiencia de Navarra, para protestar por voto particular, amenazas que le han preocupado.

Por este motivo, ha solicitado al Ministerio del Interior un refuerzo de su seguridad con un escolta, al menos durante unos meses, previendo especialmente la celebración de los sanfermines, que tendrán lugar dentro de dos meses.

El juez González se convirtió en uno de los protagonistas de la actualidad los últimos días de abril: su carrera, historial médico, sanciones y apercibimientos se difundieron en los medios y en las redes sociales en cuestión de horas, llegando a cuestionarse, en tertulias y columnas de opinión, su capacidad de ejercer la profesión.

Más aún, cuando el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó en una entrevista que “este juez tiene un problema”. Según afirman las mismas fuentes a este confidencial, los ataques a González aumentaron desde entonces, aunque el magistrado se ha sentido “arropado” en todo momento por sus compañeros de profesión y el CGPJ.

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La Fiscalía denuncia por injurias al juez que llamó "terroristas uniformados" a la policía tras el 1-O

El juzgado de instrucción 13 de Barcelona, el mismo que investiga en otra causa los preparativos del referéndum, abre diligencias

El Poder Judicial multó en marzo al juez de lo contencioso Federico Vidal con 600 euros por sus comentarios en un foro corporativo en Internet
Oriol Solé Altimira Follow @@urisole
17/05/2018 - 20:22h

Lo que escriben los jueces sobre Catalunya cuando nadie les mira ha terminado en un juzgado. La Fiscalía ha denunciado por un delito de injurias graves a los cuerpos y fuerzas de seguridad al magistrado de lo contencioso administrativo Federico Vidal por llamar, en un foro de Internet, "terroristas uniformados" a los policías que cargaron contra los votantes del 1-O.

El juzgado de instrucción 13 de Barcelona –el mismo que indaga en otra causa los preparativos del referéndum– ha abierto diligencias de investigación. Por el momento, el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer no ha citado a declarar como imputado –investigado, según la nueva denominación– a Vidal, han informado fuentes judiciales. Antes quiere confirmar que es el juzgado competente para investigar al juez.

La polémica arrancó el pasado 4 de octubre, en plena resaca del 1-O, la huelga general contra la actuación policial y el duro mensaje del rey Felipe VI contra los líderes independentistas. Vidal, magistrado del juzgado de lo contencioso administrativo 17 de Barcelona, se refirió en los términos de "terrorismo policial" y  "terroristas uniformados" a la intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para evitar el referéndum.

"Hacemos como Su Borbónica Majestad y nos miramos el ombligo para no perder la plaza o nos enfrentamos con la dura realidad de forma valiente o, de lo contrario, sí vamos a tener problemas de verdad", apostilló Vidal. Sus palabras causaron un gran revuelo en el foro de magistrados. "Si se impusieran tus ideas, el que no pensara como tú sería obligado a llevar una estrella amarilla en su toga", le respondió un compañero de carrera. La rueda de mensajes críticos con el magistrado, que desveló eldiario.es, se alargó varios días.
Correo de Federico Vidal.

Correo de Federico Vidal.

La  Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) multó el pasado mes de marzo a Vidal con 600 euros al considerar los mensajes como una falta grave de desconsideración a los miembros de la policía judicial. Además, dio traslado a la Fiscalía Superior de Catalunya por si veía indicios de delito.

Los fiscales superiores derivaron el caso a la Fiscalía provincial de Barcelona porque consideraron que Vidal no escribió los mensajes en el ejercicio de sus funciones, y, por lo tanto, la competencia para investigar el caso era de los tribunales ordinarios. Los posibles delitos que cometen los jueces en sus resoluciones e instrucciones son investigados por el Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma debido a la condición de aforados de los magistrados.

La Fiscalía Provincial ha cerrado las diligencias y ha decidido que hay suficientes indicios de delito para denunciar a Vidal. En el escrito presentado ante el juzgado, al que ha tenido acceso este diario, el Ministerio público sostiene que en a la comisión del presunto delito el juez "habría utilizado la cuenta oficial de correo electrónico corporativo" para enviar los mensajes.

Ramírez Sunyer ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el auto por el que el alto tribunal catalán declaraba que la competencia para investigar los mensajes de Vidal era de un juzgado ordinario. A raíz de la denuncia de un particular, el TSJC argumentó que si bien los polémicos mensajes se emitieron en foro corporativo, fueron "extramuros de la función judicial". El TSJC ya ha enviado el documento a Ramírez Sunyer.

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Las comparativas siempre son odiosas.




Convocan todas las asociaciones
8.000 jueces y fiscales, a la huelga: "Cobramos menos que un jefe de Policía Local"

El mundo de la Justicia estalla contra el Gobierno en busca de mejoras labores y mayor independencia de los políticos

Alejandro Requeijo
22.05.2018 - 05:15

Más de 5.500 jueces y cerca de 2.500 fiscales de toda España están llamados este martes a una huelga que pretende ser histórica. Se trata de la primera vez que todas las asociaciones de ambos colectivos se unen para protestar contra el Gobierno. Entre las reivindicaciones, destacan la exigencia de una mayor independencia de la Justicia, libre de injerencias políticas, y una reclamación salarial que se arrastra desde el año 2010.

“Mi compañera, jueza de Trujillo, por ejemplo, cobra menos que el jefe de la Policía Local”, quien se queja de esta situación es el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado. En declaraciones a Vozpópuli denuncia que este escenario no se produce en otras profesiones de formación similar que precisan de una oposición tan exigente como los abogados del Estado, registradores o notarios.

Lo explica también el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández, quien deja claro que en este punto la reivindicación salarial es la misma. “En 2010 se nos bajó más que a nadie. A todo el mundo fue una media del 5%, pero a nosotros además un diferencial de otro 5%, un 10% en total. Se nos dijo que recuperaríamos ese diferencial, pero no se ha producido”, dice.
56 euros por siete días de guardia

Añaden estos colectivos, además, que ser juez o fiscal no permite compatibilizar con otros trabajos como sí ocurre en otros sectores. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, aporta otra cifra: “Un fiscal joven de últimas promociones cobra por una guardia de siete días 56 euros. No parece razonable que esto siga produciéndose”.

Otro punto de coincidencia en el que se fundamenta esta huelga es la exigencia de una mayor independencia que, según los jueces, empieza con la propia elección de su órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, recuerda que España se encuentra a la cola de los índices europeos de percepción de la independencia de sus jueces.

“Lo hemos visto en los últimos jueces nombrados en el Tribunal Supremo”, protesta. Se refiere a Vicente Magro, exsenador del PP y expresidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (que también secunda la huelga), y a Fernando Román, exsecretario de Estado del ministro de Justicia, Rafael Catalá. El propio ministro acudió a su toma de posesión en enero junto al presidente del Tribunal Constitucional o el fiscal general del Estado.   
Pacto de Estado por la Justicia

"Más que una reivindicación en concreto es manifestar el malestar ante la situación de la Justicia y la inacción de los sucesivos Gobiernos, parlamentos y CGPJ. Hace un año se consensuaron por parte de las asociaciones una serie de medidas y, un año después, seguimos igual. Eran medidas a mejorar el funcionamiento de la Justicia. Quizá es que la Justicia no vende o no da votos, lamentablemente", dice el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, Manuel Almenar, que pide un pacto de Estado por la Justicia.

Raimundo Prado ataca directamente al sistema de elección de los 20 integrantes del CGPJ, 12 de ellos a propuesta de las asociaciones de jueces y los ocho restantes por decisión del Congreso y el Senado sin necesidad de que sean de la carrera judicial. El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria dice que de facto la última palabra siempre la tienen los políticos. Ninguno de los encuestados reconoce haber sufrido una presión política de forma directa. “Si tu llevas 20 años siendo de izquierdas o de derechas, cuando alguien te elige para un puesto es por algo”, declara para decir que muchas veces no hace falta una llamada presionando para que la independencia se vea afectada.

Esta huelga pide que la elección la realicen íntegramente los jueces. También reclama unas cargas de trabajo saludables, más autonomía presupuestaria para la Fiscalía, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales o la eterna modernización, entre otros objetivos.
"Debe ser histórica"

Desde el Ministerio de Justicia, Rafael Catalá contesta a estas reclamaciones diciendo que se están estudiando, algunas de ellas en sede parlamentaria. Sin embargo, los afectados dicen que no ven ningún avance. “Debe ser una huelga histórica, es la primera vez que nos unimos las siete asociaciones sin fisuras ni escisiones”, comenta Fernández. “Llevamos mucho tiempo con una serie de peticiones y nadie nos hace caso, ni el Consejo, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo”, añade Prado.

Esta protesta se produce a las puertas de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Los jueces y fiscales han visto como, por ejemplo, el colectivo policial sí ha visto satisfechas sus reivindicaciones salariales. No es que hayan llegado tarde, es que no les han hecho caso, según dice Dexeus. “No estamos consiguiendo nada”, lamenta.

Jueces y fiscales llevan realizando paros desde el pasado 26 de abril y se han repetido cada jueves durante un mes. La semana que viene, las siete asociaciones convocantes se reunirán para analizar el seguimiento de esta huelga y estudiar las siguientes iniciativas a adoptar, según declara Emilio Fernández.

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¿Está justificado el corporativismo de los jueces?

El último caso ha sido la sentencia de ‘La Manada’. Si el polémico fallo provocó una ola de indignación en parte de la ciudadanía, casi fue aún mayor la reacción de los propios jueces, que en su práctica totalidad apoyaron sin fisuras a sus compañeros de toga. Algunos, sin haber leído el veredicto. Se trata de algo no poco frecuente en la carrera judicial. Es lícito preguntarse, ¿está justificado el corporativismo de los jueces?

26/05/2018 01:00

El diccionario de la Real Academia Española define el corporativismo como la  “actitud de defensa a ultranza de la solidaridad interna y los intereses de los miembros de un grupo o sector profesional”.

Desde hace años, se les viene reprochando esta postura a los jueces, al considerar que en ocasiones anteponen sus intereses profesionales al servicio público. ¿De qué forma? Fundamentalmente, según afirman fuentes conocedoras del asunto a El Confidencial Digital, en la desidia con que los dirigentes del poder judicial controlan la actividad de los magistrados y tramitan las quejas contra ellos.
Sanciones y control

En efecto, el órgano encargado de gobernar a los jueces, el CGPJ, está compuesto precisamente por jueces y juristas de reconocido prestigio. Los críticos con el funcionamiento del sistema recurren a la manida cuestión de quién vigila al vigilante.

Y aportan datos: en 2017, sólo 15 de los 5.500 jueces en España fueron sancionados por el CGPJ, mientras que de las 12.448 quejas recibidas, se dio traslado a 500 y sólo 34 terminaron en apertura de expediente disciplinario. De los cuales, 17 fueron archivados, según la memoria anual del Consejo. La mayoría de las denuncias van dirigidas contra jueces de primera instancia y de instrucción.

Para paliar esta situación, que viene repitiéndose desde hace décadas, el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón creó en 2013 la figura del promotor de la acción disciplinaria, quien se encarga de tramitar los procedimientos leves. Los graves o muy graves son gestionados por la comisión disciplinaria por decisión del promotor. Sólo los casos de extremada gravedad ascienden al pleno y son resueltos por los veinte vocales del Consejo.

Sin embargo, cuatro años después, las cifras siguen siendo muy parecidas.
Presión y presiones

Fuentes del CGPJ consultadas por ECD aseguran que “el sistema funciona, quizá con más lentitud de la deseable, pero funciona”. De hecho, el reglamento contempla una serie de recursos que se pueden elevar a la comisión permanente del Consejo “precisamente para evitar los retrasos”.

También señalan la complejidad de las tareas de los magistrados, algo que en su opinión justifica las pausadas gestiones de los órganos disciplinarios. “Ningún poder del Estado es tan vulnerable como el judicial y a la vez tan necesario”, sentencian, “porque somos los garantes de que la ley se cumple”.

En este sentido, estas fuentes consideran que es necesario extremar las precauciones al tratar sobre las sanciones a los jueces. Cabe el peligro, afirman, de que se utilicen las medidas disciplinarias de forma parcial para apartar a un magistrado de un caso o incluso de la carrera profesional.

Así lo ilustran: “no es raro que lleguen al CGPJ quejas contra un juez en la que, al rascar un poco más, ves que fundamenta muy pobremente su denuncia y terminas encontrando a alguien que es parte en un procedimiento y que ha podido utilizar esta queja para alejar al juez de un caso en el que puede verse perjudicado como parte”, explican.

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La juez de Vigilancia Penitenciaria de Lugo echa las cartas del tarot y el CGPJ la investiga


 La magistrada María Jesús García Pérez, quien supuestamente se saca un sobresueldo echando las cartas del tarot. El Progreso.
INICIOMUNDO JUDICIAL
por Confilegal | 31 mayo, 2018
María Jesús García Pérez, de 55 años, y con 25 años de antigüedad en la carrera judicial, magistrada del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 3 de Galicia, con sede en Lugo, cobra entre 15 y 20 euros la hora por echar las cartas, según el diario “El Progreso”, de Lugo. .

Tras tener conocimiento de esta actividad, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) incoó diligencias informativas, al tener conocimiento de ello, y dio traslado al promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde (pAD), tras ser informado de que la magistrada colocaba propaganda en los coches para promocionar a una vidente, que resultó ser ella misma.

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Conde ha decidido esta mañana abrir una investigación (diligencias informativas) para determinar la naturaleza del trabajo de pitonisa de la magistrada y concluir si tal actividad puede ser objeto de algún tipo de sanción disciplinaria contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La magistrada García Pérez ha venido hasta ahora leyendo el tarot en un piso de la avenida de Ramón Ferreiro de esa ciudad; ella misma es la que cobra el dinero de la consulta. Entre 15 y 20 por persona, afirma el diario.

García Pérez utiliza como nombre profesional de pitonisa el de “María”.

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Aunque la magistrada lo ha negado, uno de los dos periodistas que firman la información se hizo pasar por un cliente durante una sesión de adivinación de la jueza para comprobar que era ella de verdad la que lee las cartas y no su “asistente”, como después afirmó la mujer.

En la sesión mencionada, la magistrada respondió al “cliente” sobre sus problemas judiciales “sin percatarse de que estaba adivinando sobre una historia falsa, inventada sólo para la comprobación periodística de que ella es quien echa las caras y no su asistente”, cuenta El Progreso.

Durante ese “servicio”, la juez-pitonisa preguntó el nombre del abogado del caso, se interesó por la posición de la Fiscalía y dio su visión sobre el asunto: “Esto va a ser una fuente de follones y vamos a ver si la Justicia…”.

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Los rumores comenzaron a dispararse en Lugo cuando la magistrada y el hombre que la acompaña comenzaron a distribuir propaganda, en la que se anunciaba un servicio de “tarotista y vidente”, por locales de hostelería y a dejar en los limpiaparabrisas de los coches aparcados alrededor de la Audiencia Provincial y los juzgados .

En la misma se facilitaba un teléfono móvil y se anunciaba un precio “económico”.

Empezó a 15 euros la consulta, “Sin límite de tiempo en consulta. Fines de semana incluidos”.

Y luego subió a 20 euros, por el mismo servicio.

Los autores de la información, M. Olarte y J.M. Freire, afirman haber sido testigos de cómo lo hacían “a plena luz del día y sin ocultarse de abogados, procuradores, funcionarios de justicia, jueces y ciudadanos que acudían por diversos motivos a los juzgados”.

Esta circunstancia empujó al presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, a ponerlo en conocimiento de su inmediato superior, Miguel Ángel Cadenas Sorbiera, presidente del TSXG, quien, a su vez, incoó las diligencias informativas e informó de las mismas al pAD del CGPJ.

Entre las  funciones jurisdiccionales de la magistrada, desde 2016, se encuentra la de controlar los permisos de libertad de más de mil presos de tres prisiones en Lugo y Ourense, Bonxe, Monterroso y Pereiro de Aguilar.

Los jueces y magistrados tienen un régimen de incompatibilidades muy estricto. Le corresponde a la Comisión Permanente del CGPJ autorizar autorizar actividades extrajudiciales. Sólo son admisibles las de formación y las publicaciones.


Sobre estas líneas, las octavillas que repartía con el primer precio, 15 euros la hora, y el segundo, 20 euros. El Progreso.
ANTECEDENTES
En 2012 la magistrada ocupó los titulares de la prensa de Santiago de Compostela por el malestar existente entre los abogados porque, como titular del Juzgado de lo Penal 1 de esa ciudad, iba a las vistas con su gato.

“El decano del Colegio de Abogados de Santiago, Evaristo Nogueira, calificó” entonces de «deplorable» la actitud de la juez, porque considera que ofrece ‘una pésima imagen de la Justicia’. ‘No es posible que donde se va a decidir si una persona entra o no en prisión la jueza esté con el gato'”, informaba en 2012 La Voz de Galicia.

“Un funcionario del juzgado, sin embargo, restó (…) importancia a la presencia del gato y recalcó que los trabajadores están muy contentos con la jueza y que es en realidad la pareja de la magistrada, que asiste habitualmente a los juicios, el que está con el gato. Los abogados también critican la presencia del compañero de la jueza, que, aseguran, entra y sale del juzgado con el gato en un hombro”, añadía el periódico.

En 2011, justo antes de ser destinada a Santiago, también fue sancionada en Bilbao con una falta leve, porque fumaba en la sala de vistas entre juicio y juicio cuando era titular del Juzgado de lo Penal 6.

El órgano de gobierno de los jueces consideró que la magistrada mantuvo un comportamiento indebido e infringió la legislación que prohíbe consumir tabaco dentro de edificios públicos o centros de trabajo.

Dos de los denunciantes, un letrado y un testigo, protestaron porque, al entrar en la sala donde se celebran las sesiones, se encontraban con una “gran” nube de humo. Uno de ellos acusó a García Pérez de exhibir sobre su mesa un cenicero con colillas.

En 2009 el CGPJ la sancionó 3.000 euros por unas declaraciones que realizó al diario El Mundo Hoy, de Cantabria, cuestionando la Ley de Violencia de Género cuando era titular, precisamente, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1, de Santander, puesto que ocupó desde 2006.

García Pérez aseguró en aquella entrevista que formaba parte de los jueces que estaban en contra de esa ley y que entró en el Juzgado de Violencia únicamente para tener experiencia y para verlo desde dentro.

Además, subrayo que “la orden de protección no sirve para nada”, que los rumanos  “si no pegan a la mujer parece que les falta algo” o que las mujeres colombianas “le toman el pelo a todo el mundo”.

El CGPJ también la sancionó cuando ejercía en Madrid por no acudir a una declaración porque se había ido al gimnasio.

[pindongo]

 

[47ronin]

Medios de comunicación protestaron por esa actuación

El CGPJ pide sancionar a medio centenar de secretarios judiciales por no dar información

Se negaron a facilitar datos sobre el seguimiento de la huelga de jueces y fiscales y serán expedientados

La huelga de jueces y fiscales del pasado martes, calificada de éxito por los convocantes, ha obligado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, a volver a sentarse con las asociaciones judiciales para negociar las condiciones salariales y laborales que le exigen. Además, ha provocado una controversia en el CGPJ.


Fachada del Tribunal Supremo. Fachada del Tribunal Supremo.

01/06/2018 01:00

Se trata de la queja de los presidentes de todos los tribunales superiores de justicia, salvo el del País Vasco, por la actuación de los secretarios judiciales, que se negaron a facilitar información sobre el número de actuaciones suspendidas por los paros. Esta queja también ha sido interpuesta por periodistas que requirieron los mismos datos a secretarios de instancias judiciales inferiores.

Tanto éstos como los presidentes de los tribunales superiores de justicia no recibieron respuesta. A algún medio de comunicación, según ha podido saber El Confidencial Digital, le llegó la negativa expresa de estos letrados de la administración de Justicia.

Los presidentes de los tribunales enviaron un escrito conjunto a la comisión permanente del CGPJ, que a su vez ha difundido un comunicado sobre el asunto,  criticando la conducta de estos secretarios y anunciando que pedirán al ministro Catalá que tome medidas sobre ellos por “el clima de desconfianza institucional, insólito hasta el momento”, que han provocado.

Según ha podido saber ECD, los miembros de la comisión permanente han mantenido contactos informales con Catalá para que sancione a estos secretarios judiciales. Alegan que han podido incurrir en una falta grave del reglamento del cuerpo, la negligencia o el retraso injustificado en el incumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo.

El reglamento recoge como órganos competentes para sancionar a estos funcionarios al secretario de gobierno, al secretario coordinador provincial y al ministro de Justicia.

En este sentido, vocales del CGPJ se han puesto en contacto con altos cargos del Ministerio, conminándoles a abrir expediente sancionador a los secretarios involucrados, que ascienden a cerca de sesenta, según afirman a este confidencial fuentes cercanas al asunto. Por el momento, no han recibido respuesta.

Las mismas fuentes advierten de que esta situación tensa sobremanera las ya de por sí maltrechas relaciones entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ. “Si Catalá quiere mejorarlas, debería tomarse en serio el asunto y abrir expediente a estos secretarios”, afirman.

[47ronin]

Le denegaron el ‘habeas corpus’

Querella contra un juez por mantener dos días en prisión a la persona equivocada

Detenido en Barajas por una orden de búsqueda cancelada, el juez de guardia no comprobó que ya no estaba en vigor

Un ciudadano español ha anunciado una querella contra la juez de guardia que desestimó el habeas corpus solicitado por su defensa tras ser detenido por error en el aeropuerto de Barajas. Después de permanecer veintinueve horas arrestado, ha decidido interponer un recurso de amparo y una querella contra la magistrada y los agentes.

01/06/2018 01:00

Según ha podido saber El Confidencial Digital, el afectado fue detenido la mañana del domingo por dos agentes de la Policía en el aeropuerto de Barajas, después de aterrizar de un vuelo internacional.

Orden de búsqueda… cancelada

Le informaron de que el juzgado de instrucción número 5 de Leganés había librado una orden de búsqueda contra él por un presunto delito de estafa y que desde ese momento pasaba a disposición judicial.

El detenido se puso en contacto con su defensa, del despacho Ospina Abogados, quienes aseguraron a los agentes que dicha orden de búsqueda había sido retirada en marzo, cuando su cliente compareció en el juzgado.

De hecho, después de declarar, el afectado había viajado al extranjero en dos ocasiones, en marzo y en abril, sin haber tenido problemas con los agentes de seguridad en los controles.

Sin embargo, los policías indicaron al detenido y a sus abogados que debería permanecer bajo arresto “hasta el lunes o el martes”, comparecer ante el juez de Leganés. El afectado fue trasladado al calabozo de la comisaría de Policía del aeropuerto, en la terminal 4. Allí permaneció hasta cerca de las 22h, cuando fue trasladado a los juzgados de Plaza de Castilla.
Habeas corpus

Allí, sus abogados interpusieron a las 22.45h una demanda de habeas corpus, al que ha tenido acceso ECD, exigiendo la comparecencia inmediata de su cliente ante el juez para que éste determinara la legalidad del arresto. Fue admitida en el juzgado de instrucción número 53 de Madrid, que se encontraba de guardia.

La respuesta no llegó hasta las tres de la madrugada. La magistrada desestimó el habeas corpus manifestando “que no queda claro que esa búsqueda estuviera cancelada y que era una detención ilegal”. El fiscal se adhirió a la resolución. Por tanto, el detenido fue llevado de nuevo al calabozo de la comisaría de Barajas.

Queja en el Ministerio del Interior

Sus abogados se personaron entonces en la sede policial y contactaron a media mañana con el agente instructor, quien les indicó que el detenido sería conducido el día siguiente, martes, al juzgado de Leganés para prestar declaración ante el magistrado. Los letrados decidieron poner una queja ante el Ministerio del Interior y pidieron hablar con el inspector jefe, quien accedió a atenderles.

Una vez le expusieron la situación, el agente se puso en contacto con el juez de Leganés que había instruido la causa cancelada. Éste le remitió los documentos que probaban la suspensión de la búsqueda del detenido. Sólo entonces fue puesto en libertad.
Recurso de amparo y querella

La defensa del afectado ya ha anunciado la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la desestimación del habeas corpus. Además, el detenido presentará una querella por prevaricación contra la juez, delito recogido en el artículo 446 del código penal, y contra los dos agentes de Policía por detención ilegal, tipificado en el artículo 530 del citado código.

Los abogados se han mostrado reticentes con esta medida, pero manifiestan a este confidencial que interponer la querella o no es una decisión de su cliente, que deben atenerse a su derecho de defensa y que estiman que existe viabilidad jurídica para hacerlo.

Afirman que la resolución en la que la magistrada desestima el habeas corpus no está suficientemente motivada y no entró a valorar el fondo de la cuestión, ya que la base de datos de la Policía recogía la cancelación de la orden de búsqueda. Critican el “automatismo” de la juez, que en este caso ha terminado perjudicando la tutela judicial efectiva.

En cuanto a la querella contra los dos policías, los abogados alegan que en ningún caso existieron motivos para detener a su cliente. Será presentada la semana que viene en los juzgados de Plaza de Castilla.

[47ronin]

María José Segarra se perfila como nueva fiscal general del Estado


El nombramiento de Segarra, fiscal jefe de Sevilla desde 2004, se hará oficial en las próximas horas

[47ronin]

La Fiscalía recurre la condena de Alsasua al entender que la agresión a dos guardias civiles fue terrorismo



EUROPA PRESS

14.06.2018 - 12:43
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la sentencia que condena a ocho jóvenes de Alsasua (Navarra) por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el 15 de octubre de 2016, al entender que los hechos sí deben ser calificados como terrorismo, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.


El Ministerio Público pedía para los ocho acusados penas de entre 12 años y medio y 62 años y medio de cárcel por delitos de lesiones y amenazas terroristas, pero finalmente la Sección Primera de la Sala de lo Penal les condenó a entre 2 y 13 años por atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

Aunque los magistrados impusieron las penas más altas contempladas para los citados delitos, no creen que deban ser penados por los delitos terroristas porque que "no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA".

El Tribunal está de acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones particulares y populares con que la agresión de Alsasua no fue una mera pelea de bar, pero no estima que los condenados "tuvieran la clara intención y finalidad de llevar a cabo alguno de los postulados que tuviera la banda terrorista ETA ni que hubieran asumido en aquella época tales postulados".

"Por lo tanto, no resulta probado que tuvieran intención subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública o provocar el terror en la gente en la localidad de Alsasua", explica la Sala en su sentencia.

[47ronin]

Entrevista | Pedro Horrach (fiscal del caso Nóos)
"Creo que los políticos independentistas no cometieron un delito de rebelión"

El fiscal del caso Nóos reconoce que el rey Juan Carlos hubiese tenido que ser llamado a declarar: "La inviolabilidad de la Monarquía es un privilegio difícil de entender"

Horrach critica la política de "dispersión" de los políticos presos y defiende que la decisión de acercarles a cárceles catalanas no corresponde al juez sino a  Instituciones Penitenciarias
Neus Tomàs
15/06/2018 - 20:31h

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Pedro Horrach (Sa Pobla, Mallorca, 1966) es el fiscal que sentó en el banquillo a Iñaki Urdangarin. El  caso Nóos sacudió la monarquía española como nada lo había hecho  hasta entonces. La imputación del marido de la infanta Cristina, sumada a otros escándalos, obligaron a la Casa del Rey a tomar medidas para evitar un mayor desgaste de la institución. No era para menos, estaba en riesgo la supervivencia de la Corona. Horrach está satisfecho por el trabajo hecho, sigue defendiendo la inocencia de la infanta, y está convencido de que, por más que se especule, su marido se pasará una buena temporada en la cárcel. 

Ahora Horrach ha abandonado la fiscalía y ejerce de abogado. Eso ayuda a que pueda hablar con mucha más libertad de otros casos polémicos. Y si hay uno controvertido por encima de cualquier otro es el proceso abierto contra los líderes independentistas. Horrach, al contrario de lo que ha defendido hasta ahora la fiscalía general del Estado, considera que estos políticos y activistas no cometieron un delito de rebelión, que puede implicar una condena de hasta 30 años de cárcel.

En el informe interno que envió en el 2011 al fiscal jefe de Anticorrupción Antonio Salinas escribió que por la primera documentación que había visto del Instituto Nóos estaban ante un pelotazo de libro. ¿Tan evidente era?

Literalmente puse que era una malversación de libro. Fue al inicio. Envié el informe a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid y tras analizar las facturas y otra documentación relativa a la utilización de los fondos públicos que había recibido el Instituto Nóos mi impresión fue que era malversación de libro.

¿En ese momento ya fue consciente de que Iñaki Urdangarín podía estar implicado?

No. Porque el único que aparecía en los contratos suscritos entre el Instituto Nóos y el Gobierno balear a través de la fundación Illesport y la Consejería de Turismo era Diego Torres. De la documentación, a pesar de que aparecía colateralmente la empresa Aizóon, de titularidad de Iñaki Urdangarin, no había indicios suficientes como para poder imputarlo en ese momento.

¿Cuándo se da cuenta de que se podrá imputar a Urdangarin?

Fue tras los registros judiciales que se desarrollaron en Barcelona, donde encontramos documentación solvente relativa a los hechos que estábamos investigando. Era documentación que implicaba al señor Urdangarin. Y al día siguiente cuando tomamos declaración al señor Torres quedó confirmado que había que citarle.

La estrategia de Diego Torres fue la de 'no iré solo a la cárcel' y probar que Urdangarin también era culpable. ¿Eso ayudó a su imputación?

Claro que ayudó. Comentaba antes la declaración de Torres al día siguiente a los registros, en el 2011. En esa declaración policial, Torres contestaba muy vagamente o se negaba a contestarlas cuando le preguntábamos por la intervención de Urdangarin. Eso ayudó y dio pie a su imputación.

¿Es cierto que cuando el juez Castro le explicó de manera informal que iba a citar a declarar a Cristina de Borbón usted pensó que estaba bromeando?

Sí, es cierto. No me lo acababa de creer porque no se había planteado hasta ese momento. La única parte que lo había planteado hacía un año era el sindicato Manos Limpias y el propio juez de instrucción había descartado la imputación porque entendió que no veía indicios. Yo ya había informado de que no había indicios y la abogacía de la Comunidad, que estaba personada, se había posicionado en el mismo sentido.

No acababa de entender el porqué, si no había ocurrido nada durante ese año que pudiese hacer variar la situación, no se había aportado a la causa ningún indicio respecto a la vinculación de Cristina de Borbón con el Instituto Nóos. No me lo acababa de creer.

Si no había ninguna motivación jurídica, ¿cuál era la motivación del juez?

Esa fue una conversación profesional y civilizada en la que él dijo que tenía esta intención y yo le comenté que no estaba de acuerdo y que la recurriría. Quedamos en que la Audiencia Provincial ya decidiría. ¿Cuál fue la motivación? No lo sé, pero sí que expuse en más de un informe dirigido al juzgado que las decisiones podían estar condicionadas por la presión mediática del momento. Había una presión mediática que luego se trasladó a la opinión pública respecto a la necesidad de llamar a declarar a Cristina de Borbón como imputada.

Todavía hoy una parte de esa opinión pública interpreta que hubo un trato de favor respecto a ella.

He dicho y repito que en todo caso hubo un trato discriminatorio contra ella. Es la primera vez que yo he visto en este país, y mire que hay miles y miles de casos similares, en el que un socio por el hecho de ser socio, sea llamado como imputado cuando no tienes ningún indicio de que haya participado directa o lateralmente en la gestión de una sociedad.

Durante la instrucción de la causa, antes de que fuese pública, nos trasladamos a Barcelona en muchísimas ocasiones para tomar declaración a aquellas personas que pudiesen tener algún tipo de vinculación con el Instituto Nóos o con las sociedades relacionadas con Nóos. Las preguntas eran siempre las mismas: ¿Cristina de Borbón ha tenido alguna intervención en la gestión? El 99% de las personas, si no más, ni siquiera la conocían. Y el que la conocía solo la había visto en una ocasión acudir al Instituto a buscar a su marido para ir a una actividad de sus hijos.

Cristina de Borbón figuraba como socia de una de las empresas que se desvió fondos públicos y formaba parte de la Junta Directiva de Nóos. Y apareció como una mujer que firmaba pero no sabía qué estaba firmando.

Eso pasa todos los días.

¿No era una estrategia de defensa?

Es que pasa todos los días. Hay una parte de los medios de comunicación que han perdido de vista la realidad. En cientos y cientos de procesos en los que he participado o he visto un cónyuge viene a denunciar al otro porque le ha ocultado algo. Pasa cada día. Que algo tan normal lo conviertan en algo anormal me parece que es surrealista.

Cuando Rajoy dijo aquello de que a la Infanta le iría bien, también contribuyó a que mucha gente pensase que podía haber algo oscuro. Al final a la infanta le ha ido bastante bien.

Es una frase desafortunada y no ayudó, evidentemente, porque dio la impresión que había una confabulación del aparato estatal para proteger a la monarquía. Ahora bien, también es una contradicción que en algunos medios pongan de manifiesto que la actuación del juez Castro y la mía desestabilizó la institución hasta el punto de que abdicó Juan Carlos I y a la vez se me impute que estoy intentando salvar a la monarquía. Y otra contradicción absurda: el caso Palma Arena fue iniciado por la fiscalía anticorrupción, concretamente por mí. La pieza 25 del caso Nóos, también. La petición del secreto de actuaciones la solicité yo. La de registros domiciliarios, incluido Aizóon, la hice yo.

¿La infanta Cristina es la responsable de que el juez Castro y usted, que eran amigos, se distanciaran?

No. El detonante fue que se pusiese en entredicho en alguna resolución judicial que la actuación de la fiscalía y de otros intervinientes como la Agencia Tributaria no estuviese motivada por el correcto ejercicio profesional sino por 'pseudoconfabulaciones'. Desde el momento en que se puso en duda mi actuación profesional reaccioné mal.

¿Han recuperado la amistad?

No.

Citaba a Hacienda. Juan Carlos donó 1,5 millones a Cristina para comprar la casa de Pedralbes. Declararon que era un préstamo y no una donación. ¿El rey emérito defraudó a Hacienda?

Era una escritura de préstamo. En un momento determinado entendimos que existía la posibilidad de que bajo este préstamo se escondiese una donación. Es el donatario quien tiene que tributar, no el donante. En este caso se planteó si era delictivo el hecho de haber simulado una donación a través de un préstamo, y analizamos si la cuota defraudada podía superar los 120.000 euros. Si no supera esta cifra no es delictivo y nos quedamos en el ámbito de la infracción administrativa, respecto a la cual yo no tenía competencia. Como no superó esa cifra no tenía posibilidades de ir más allá.

Entonces, quien hubiese defraudado era Cristina, ¿no?

Exacto.

¿Si Juan Carlos no fuera inviolable hubiese tenido que declarar?

En aquel momento no lo planteó nadie, ni el juez ni ningún operador. No lo planteamos por la inviolabilidad. Ahora bien, probablemente sí [hubiese tenido que declarar] porque tomamos declaración a todas las personas vinculadas de alguna manera al Instituto Nóos o a los miembros de Nóos. Pero a toro pasado es fácil de decir.

Estamos en el 2018. ¿Cree que se entiende que existan aún privilegios como este?

La inviolabilidad es un privilegio difícil de entender. Es verdad que tiene su razón de ser en preservar al jefe del Estado de denuncias malintencionadas. Pero hay determinados hechos delictivos graves que no deberían estar bajo el amparo de la inviolabilidad.

Si hubiese podido interrogar al Rey, ¿tiene clara alguna de las preguntas que le hubiese formulado?

No. De verdad que no. Porque tendría que reflexionar sobre este tema y no lo he hecho.

Antes de que  Urdangarin y Torres entren en la cárcel ya se especula con que estarán dentro solo unos meses. ¿Eso puede pasar?

Creo que no va a ser así. Mi experiencia en los casos de delitos económicos relacionados con la corrupción es que no pasan dentro solo unos meses. En principio el cumplimiento de las penas es íntegro. Después, la clasificación de un grado u otro depende de Instituciones Penitenciarias. Es verdad que esta decisión puede ser recurrida, pero por mi experiencia en este tipo de casos no pasan dos días en la cárcel.

Estamos en Catalunya, donde uno de los temas de debate es la situación de los políticos independentistas que están en la cárcel. Usted, que ha sido fiscal, ¿considera que la fiscalía debería retirar los cargos por rebelión?

Para mí es muy difícil hacer una valoración adecuada si no conozco el procedimiento, si no he leído un solo documento ni he visto que pruebas hay. No sé cómo va a terminar. Dependerá del fiscal que esté encargado del caso y yo no estoy en su cabeza.

Pero con el nuevo Gobierno hay un  relevo al frente de la Fiscalía General del Estado. ¿El fiscal debería cambiar de criterio respecto a la acusación del delito de rebelión, que es uno de los más cuestionados?

Están cuestionados todos por parte de las defensas. ¿Mantener o no el delito de rebelión? En mi opinión no debería mantenerlo. Pero no es mi punto de vista el que tiene que considerarse si no el del fiscal que lleve el caso.

¿Por lo tanto usted cree que no hubo rebelión?

Desde mi punto de vista, no. Pero es un punto de vista subjetivo y sin tener todos los elementos en la mano.

Respecto al acercamiento de los presos a cárceles catalanas estamos asistiendo a un debate entre el Gobierno y el juez sobre quien es competente para tomar la decisión.

Es competencia de Instituciones Penitenciarias. Lo lógico es que, si se mantiene la prisión preventiva, estén en centros penitenciarios próximos a sus familiares. Esto es lo lógico, no entiendo la dispersión.

Aproveche. ¿Alguna petición para la nueva ministra de justicia?

Lo que deseo es un cambio en el sistema de instrucción que implique la desaparición de la figura del juez instructor y se convierta en un juez de garantías, que vele por los derechos de todos los que están interviniendo. Un juez que instruye queda contaminado, no puede ser imparcial. El juez lo único que tiene que hacer es juzgar y ejecutar lo juzgado. No se trata de quitarle poder sino de darle uno: el que lo otorga la Constitución.

¿Qué es lo más difícil de pasar de ser fiscal a abogado?

Es la noche y el día. Es verdad que el objeto sobre el que tratamos es el mismo, cuestiones jurídicas, fácticas y procesales, relativas a temas civiles o penales, pero la posición es muy distinta. Cuesta un poco.

No sé si como abogado será una de las llamadas 'togas de oro'. ¿Qué piensa de los abogados estrella? Da la sensación que quien pueda pagarse la minuta de uno de esos abogados lo tendrá más fácil para ganar su caso.

El prestigio profesional se gana trabajando, trabajando mucho, lo mejor posible y más que los demás. Si no, no se llega. Si determinados abogados han llegado a un determinado éxito profesional lo que tenemos que hacer es felicitarlos porque habrán hecho muy bien su trabajo. Y no necesariamente tienen que ganar todos los casos.

[47ronin]

maría jesús garcía pérez

La peculiar vida de la 'jueza pitonisa': ganó al CGPJ para ser 'stripper' en Canarias

La magistrada que echa las cartas en Lugo ya tuvo conflicto de intereses en Las Palmas. Pero tuvo razón. Actuar en un local de manera altruista era reprochable, pero compatible


La jueza María Jesús García, a la izquierda. (Foto: El Progreso de Lugo)

Autor
David Fernández

@dfernandez1975
17.06.2018 – 05:00 H.

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investiga el curioso pluriempleo de María Jesús García Pérez, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, con sede en Lugo. La magistrada cobra por leer las cartas del tarot en un piso de la localidad gallega, como publicó 'El Progreso de Lugo'. El pastel se descubrió cuando su señoría comenzó a distribuir por la calle publicidad en la que se anunciaba como "tarotista y vidente" y periodistas del diario se personaron en su 'consulta' haciéndose pasar por clientes. El CGPJ ha incoado diligencias informativas para establecer la veracidad de los hechos y determinar si incumple las incompatibilidades previstas para los jueces.

La Ley Orgánica del Poder Judicial regula las pocas actividades en las que puede trabajar un juez: la docencia o investigación jurídica, la producción y creación literaria, artística y científica, y la administración de empresas que gestionan patrimonio familiar. Nada más. Y para todo ello debe pedir permiso al Poder Judicial, como dictamina el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial. Con la normativa en la mano, ser pitonisa y cobrar por ello no es compatible con impartir justicia. No obstante, será el Poder Judicial quien determine si ha cometido alguna irregularidad o no. Otra vez. Según ha podido saber El Confidencial, María Jesús García ya tuvo un conflicto de intereses cuando estaba destinada en Canarias que tuvo que dirimirse en el seno del CGPJ. Y ganó la magistrada.
La jueza pitonisa de Lugo, bajo la lupa por sus responsabilidades disciplinarias
Beatriz Parera
El Promotor de la Acción Disciplinaria encargado de este cometido en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incoado diligencias informativas

María Jesús García Pérez ingresó en la carrera judicial en 1992. Su primer destino fue Laredo (Cantabria). De ahí pasó en 1996 al municipio madrileño de Collado Villalba, donde ya tuvo algún problema con sus superiores. Su tercer destino fue Las Palmas de Gran Canaria, donde su vida personal fuera de lo juzgados llamó la atención del CGPJ. Fuentes judiciales señalan a El Confidencial que el servicio de inspección del Poder Judicial tuvo que desplazarse a la isla ante una denuncia interna que había llegado: por las noches la magistrada García Pérez actuaba puntualmente en un local de 'striptease' de un amigo. "Se abrieron diligencias informativas", explican las mismas fuentes, que estuvieron presentes en todo el proceso para esclarecer qué estaba ocurriendo. Nos remontamos al año 2001.

El asunto tuvo su miga. ¿Lo que hacía la jueza en sus ratos libres era una falta disciplinaria?, ¿vulneró las incompatibilidades de la Ley Orgánica del Poder Judicial? La jueza argumentó que no cobraba por ello y que lo hacía en su tiempo libre, como una especie de 'hobby'. "Su actitud era reprochable, pero compatible porque no tuvo encaje como actividad incompatible", concluyen las mismas fuentes. En esta ocasión se libró. No hubo ningún tipo de sanción y su caso se archivó. También salió airosa cuando la Dirección General de Justicia, dependiente del Gobierno canario, llegó a reclamarle unos 6.000 euros en llamadas telefónicas a números del tarot. Según ha publicado la prensa canaria, ella se defendió achacando las llamadas a los funcionarios del departamento.


Imagen del folleto publicitario que supuestamente repartía la jueza de Lugo. EFE

Antes de llegar a Las Palmas, en 1999, el Poder Judicial le había impuesto ya un año de suspensión de empleo por una falta disciplinaria muy grave. ¿El motivo? Desatención injustificada de sus deberes. La sanción fue confirmada por el Tribunal Supremo. La magistrada decidió no acudir a su puesto cuando estaba de guardia y no tramitar la puesta a disposición judicial de un detenido acusado de un robo con fuerza. Estaba en el gimnasio. La verdad es que en Collado Villalba se hizo famosa. Abogados y funcionarios comentaban en tono de broma que debía hacer "actos de hechicería" debido al estado del suelo del juzgado. "Tenía todo el suelo de madera de la sala de vistas quemado por las velas. Iguales condiciones tenía el suelo de la casa que tenía alquilada en esa localidad. Su sucesora fue a alquilar también el mismo y se encontró con el panorama", señalan compañeros de profesión.

No acabaron aquí sus excentricidades. Tras Las Palmas fue destinada en 2006 al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santander. Aquí fue sancionada por el CGPJ con una multa de 3.000 euros por conceder una entrevista al diario 'El Mundo', en la que criticaba este tipo de juzgados, la ley contra la violencia de género y llegaba a cuestionar a las víctimas y ridiculizar muchos de los casos que juzgaba: "Una cantidad de ridiculeces que considero innombrables; mujeres que vienen porque les han dado un mensajito en el móvil, a las que, en un calentón, les han podido decir una palabra mas alta que otra, mujeres que les pegan a ellos (aquí han venido hombres arañados, golpeados y tirados de los pelos que se creen que, porque sea una mujer la que se lo ha hecho, no la pueden denunciar y se lo tienes que explicar), gente que se cree que esto es el divorcio exprés".s

En su siguiente destino, el Juzgado de lo Penal número 6 de Bilbao, también sumó otra sanción, una falta leve por fumar dentro de la sala de vistas. García Pérez admitió el hecho, que al parecer se produjo en un descanso entre juicio y juicio. Se justificó argumentando que así no perdía tiempo en salir a la calle. En julio de 2011 fue destinada al juzgado de lo Penal número 1 de Santiago de Compostela. Más problemas. Los abogados se quejaron de que solía llevar un gato a las vistas. De Santiago pasó al juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Cantabria, con sede en Santander y en septiembre de 2016 a su puesto actual, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia, con sede en Lugo, donde ha empezado a echar las cartas del tarot. El Confidencial ha intentado sin éxito hablar con la magistrada.

[47ronin]

La jueza pitonisa, expedientada por una falta disciplinaria que le puede costar la carrera


El Consejo General del Poder Judicial abre un expediente por una posible infracción muy grave a la magistrada de Lugo María Jesús García, que echa las cartas del tarot y cobra por ello. 
19 junio, 2018 14:23
 CGPJ  LUGO (PROVINCIA)  TRIBUNALES
María Peral  @Maria_peral
El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario a la magistrada María Jesus García Pérez, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo, por una posible falta muy grave consistente en el ejercicio de actividades incompatibles con el cargo de juez establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El PAD, Ricardo Conde, abrió el pasado 31 de mayo unas diligencias informativas a García Pérez para investigar una comunicación recibida del Tribunal Superior de Galicia en la que se alertaba de que esta jueza se estaba dedicando a echar las cartas el tarot y cobrar por ello.


Previamente, el presidente de la Audiencia Provincial de Lugo había puesto en conocimiento del TSJ gallego que había tenido conocimiento de que la magistrada “de forma pública reparte octavillas publicitarias (…), anunciándose como tarotista y vidente con gran experiencia en echar cartas de tarot”.


Octavilla presuntamente repartida por la jueza./  E.E.

Los hechos fueron desvelados por el periódico El Progreso, cuyos periodistas acudieron al consultorio en el que García Pérez les atendió de forma personal y les cobró. Los periodistas han comparecido en las diligencias informativas abiertas por el PAD, ratificando su información.

La jueza lo niega
En las mismas diligencias informativas, el promotor de la acción disciplinaria pidió un informe a la magistrada, que negó los hechos. María Jesús García afirmó que es su compañero de piso, y no ella, la que echa las cartas. Pero esta afirmación se ha relevado incompatible con otros elementos probatorios de los que dispone el PAD, que ha decidido abrir el expediente disciplinario para que, con todas las garantías y de forma contradictoria, se depuren los hechos.

 
Una jueza de Lugo que es también pitonisa

García Pérez, de 55 años, ya ha sido sancionada en tres ocasiones anteriores por el órgano de gobierno de los jueces, una vez por irse al gimnasio demorando la puesta en libertad en un detenido, otra por fumar en la sala de vistas y una más otra por criticar la ley de violencia de género y faltar al respeto a mujeres denunciantes.

Cuando fue sancionada por esa falta García Pérez era jueza de violencia de género. Afirmó en una entrevista que la Ley de Violencia de Género "no vale para nada" y manifestó que "hay muchas mujeres, sobre todo sudamericanas, que irían en este grupo de las que vienen aquí con una sonrisa en la boca, de oreja a oreja, tomándonos el pelo a todo el mundo, diciendo 'ahora quiero retirar la denuncia, ahora quiero arreglarme, reconozco que soy yo la que le pegué'".

En un anterior destino que tuvo en Galicia -el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago de Compostela- los abogados se quejaron de que solía llevar un gato a los juicios y vistas.

En el supuesto de que el nuevo expediente acabara en sanción, García Pérez podría ser expulsada de la carrera judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial considera incompatible con el cargo de juez el "ejercicio de toda actividad mercantil, por sí o por otro" y lo tipifica como una falta muy grave. Las faltas muy graves están sancionadas con la suspensión en el ejercicio jurisdiccional, el traslado forzoso o la separación de la carrera.

[47ronin]

El CGPJ abre diligencias a la jueza Mercedes Alaya por sus críticas a jueces y fiscales

La exinstructora de los ERE, en el punto de mira del promotor de la acción disciplinaria del órgano de gobierno.
20 junio, 2018 03:21

María Peral @Maria_peral

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ha abierto unas diligencias informativas a la magistrada Mercedes Alaya, primera instructora del caso de los ERE y actualmente destinada en la Audiencia Provincial de Sevilla, por distintas declaraciones realizadas en las últimas semanas en las que ha criticado al propio órgano de gobierno de los jueces, al fiscal general del Estado, a magistrados que fueron nombrados en su día para reforzar su Juzgado e incluso a los jueces del Tribunal Supremo, que según ella "se elijen por afinidad política".

El promotor ha actuado tras recibir una queja por escrito de la Fiscalía General, aludida por Alaya en una intervención que protagonizó el pasado 4 de junio en el Club Siglo XXI. La magistrada se mostró en contra de atribuir a los fiscales la investigación de los delitos y sostuvo que hacerlo sería “un hachazo a la independencia judicial”. En casos de corrupción equivaldría a "tener al lobo metido dentro del gallinero”, afirmó.

Mercedes Alaya añadió que para el puesto de fiscal general del Estado no se elige a personas por su excelencia profesional sino por afinidad política, personas "dispuestas a cumplir las directrices de los partidos políticos de turno", dijo. Indicó que el fiscal general "nombra a todos los fiscales jefes y es el que le puede dar directrices directamente impartidas por el Gobierno", lo que "puede afectar a cualquier procedimiento judicial".

Entrevista Audiencia Provincial de Sevilla

La Fiscalía General se ha dirigido al promotor de la acción disciplinaria por si las manifestaciones de Alaya tienen algún tipo de relevancia. La Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a los jueces dirigir censuras a autoridades o funcionarios invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición.

Conde ha abierto unas diligencias informativas y ha pedido a Alaya que se pronuncie sobre la queja de la Fiscalía General. Además, el Consejo Fiscal, órgano de representación de la carrera, hizo público un acuerdo unánime rechazando las manifestaciones de la jueza, que, a su juicio, "suponen un absoluto desconocimiento" de lo que es el Ministerio Público y "ponen en entredicho, con el menosprecio que las mismas lleva implícito, la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y sus integrantes".

Lo cierto es que en los últimos meses Alaya se está prodigando en comparecencias públicas y en los medios de comunicación con manifestaciones muy críticas hacia sus propios compañeros de Sevilla y en las que ha sostenido que sufrió "injerencias políticas" durante la instrucción de los ERE, aunque en su día no las denunció.

En una entrevista concedida al diario ABC, Alaya dijo que "los altos cargos de la cúspide judicial se eligen por afinidad política. A mí me consta que a los miembros del Supremo les preguntan qué harían en determinados procedimientos judiciales".
"Burdo engaño"

También manifestó que fue objeto de un "burdo engaño" para dejar el Juzgado de Instrucción y pasar a la Audiencia de Sevilla. Según ella, se le había asegurado que podría acceder a la Audiencia provincial pero continuar con la instrucción de los ERE y después de pedir la plaza "tanto a los vocales del PP como los del PSOE en el CGPJ votaron unánimemente, con el informe favorable del TSJA, para que yo no siguiera con la investigación de dichos procedimientos".

Las críticas que Alaya ha vertido en diversos foros fueron objeto de una pregunta del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, a Damián Álvarez durante la comparecencia de este magistrado ante la Comisión de Calificación del CGPJ el pasado 12 de junio. Álvarez opta a ser reelegido para un tercer mandato como presidente de la Audiencia de Sevilla.

Lesmes preguntó al candidato -único que se presenta al cargo, por lo que su nuevo nombramiento está asegurado- si a la vista de las "ya reiteradas" y "poco apropiadas" manifestaciones públicas de Alaya había tomado alguna medida. Álvarez contestó que no había querido "hacer sangre" y que tanto él como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, estaban esperando "a ver si el Consejo hace algo al respecto".

La Sala de Gobierno del TSJ andaluz tomó este martes nota de un escrito de queja suscrito por los jueces de instrucción de Sevilla -que han expresado su "profundo malestar" con la exinstructora de los ERE- y añadió una consideración dirigida a Alaya en el sentido de que "es obligación de todo juez asumir un compromiso activo con el buen funcionamiento del sistema judicial, así como promover en la sociedad una actitud de respeto y confianza en el Poder Judicial, debiendo conducirse de manera prudente, moderada y respetuosa con todos los poderes del Estado".

[Heracles_Pontor]

Esta termina buscando un despacho de abogados de prestigio y cuelga la toga.....

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[47ronin]

Clausurado el Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla por una plaga de insectos
MADRID

        LUIS F. DURÁN
        Madrid
   
    23 jun. 2018 02:26


CSIF denuncia el mal estado del edificio y la falta de inversiones

Los trabajadores de los juzgados de lo Penal han estado dos días trabajando con 32 grados de temperatura

La Comunidad asegura que se han invertido 1,1 millones de euros en mejorar la climatización de las sedes judiciales

El Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla, ubicado en los sótanos del edificio, fue clausurado ayer por la mañana a primera hora por culpa de una plaga de insectos. Todos los trabajadores fueron trasladados a su juzgado habitual, el número 44 que estaba de guardia de instrucción.

CSIF señaló ayer que se trata de otro «ejemplo más de las condiciones en las que tienen que trabajar los funcionarios de justicia como consecuencia de la falta de inversión de años pasados». «El problema surgido en el Juzgado de Guardia puede poner en serio peligro la salud de todos los trabajadores. No es un caso aislado, hace años, en las mismas instalaciones del Juzgado de Guardia sufrieron una plaga de chinches. Incluso se llegó a hospitalizar a un funcionario por una reacción alérgica a las picaduras», añadió CSIF que volvió a pedir un plan de mejora de las infraestructuras judiciales.

Desde la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid confirmaron el cierre del juzgado ayer por la mañana debido a que habían pasado mosquitos de la zona ajardinada de la calle al interior al abrirse las ventanas. «Se trata de un problema que viene de fuera. Lo que ha ocurrido es que con el calor y el desbroce de los jardines han surgido mosquitos que han entrado. No se trata de ninguna plaga de chinches», añadieron. También explicaron que ayer viernes se fumigó el interior del juzgado y que hoy volverán a hacerlo.

Juzgados de lo Penal

Asimismo, CSIF también denunció ayer que los trabajadores de los Juzgados de lo Penal de Madrid, de la calle Julián Camarillo 11, amenazaron con cesar su actividad laboral si la Comunidad no arreglaba la avería en el sistema de aire acondicionado que ha provocado que desde el pasado lunes 18 de junio «superen desde primera hora de la mañana los 32 grados». La Central Sindical Independiente y de Funcionarios explicó que el «el calor sofocante hace imposible el desarrollo normal de la actividad de los juzgados». «Se está poniendo en peligro la salud de los trabajadores, ciudadanos y profesionales», añadieron desde el sindicato.

Fuentes de la Consejería de Justicia explicaron a Efe que la falta de aire acondicionado «sólo ha afectado a algunas partes de los juzgados» y que la causa ha sido la «colocación de maquinaria nueva».

Según Justicia, la instalación comenzó el pasado miércoles, por lo que el problema ha sido de dos días, «que es el tiempo que se ha tardado en instalarse la nueva maquinaria y retirar la antigua». «Hoy -por ayer- al mediodía ya estaba funcionando; por la mañana ha venido a ponerlo en marcha la empresa instaladora» y los sindicatos «están perfectamente informados de lo que se estaba haciendo», agregaron.

Desde la Consejería de Justicia aclaran que la Comunidad de Madrid va a invertir este año cerca de 1,1 millones de euros para mejorar la climatización de las sedes judiciales tanto en Madrid capital como en el resto de la región.