Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 257659 veces)

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2380 en: 05 de Octubre de 2018, 09:06:43 am »
Nadie soportaría una conversación grabada entre compañeros después de muchas intervenciones, quien no quiera ver esto es que no está en la realidad de este mundo.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2381 en: 06 de Octubre de 2018, 10:05:50 am »

Juristas Themis denuncia al juez del voto particular de 'la manada' por sus expresiones "injuriosas y vejatorias"

La Asociación de Juristas Themis denuncia ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial a Ricardo González por las expresiones contenidas en su voto particular

La queja no tiene que ver con su posición a favor de la absolución de los acusados, sino expresiones que consideran "manifiestamente ofensivas para la víctima, así como innecesarias e improcedentes desde el punto de vista del razonamiento jurídico"

La asociación asegura que este tipo de expresiones están tipificadas como falta en varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que penaliza "la falta grave de consideración con los ciudadanos" y el uso de expresiones "innecesariamente ofensivas o irrespetuosas"
Ana Requena Aguilar
05/10/2018 - 11:34h

Manifestación feminista contra la sentencia de 'la Manada' en Santander. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

La Asociación de Juristas Themis ha interpuesto este viernes una denuncia por "responsabilidad disciplinaria" contra el magistrado de la sección número 2 de la Audiencia Provincial de Navarra Ricardo González, que emitió el  voto particular en  la sentencia de 'la manada', "por los contenidos injuriosos y vejatorios" incluidos en el mismo. La denuncia, presentada ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, asegura que incurrió en infracciones recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La asociación asegura que su posición a favor de la absolución de los acusados no es el objeto de su denuncia, ni tampoco las argumentaciones estrictamente jurídicas, sino las expresiones contenidas en su voto particular, que consideran "injuriosas, vejatorias y manifiestamente ofensivas para la víctima, así como innecesarias e improcedentes desde el punto de vista del razonamiento jurídico".

Algunas de las expresiones a las que se refiere la queja son las que juzgan que la mujer no mostró "el más mínimo signo de pudor, ni ante la exhibición de su cuerpo o sus genitales, ni ante los movimientos, posturas y actitudes que van adoptando" o que "la expresión de su rostro es en todo momento relajada y distendida y, precisamente por eso, incompatible a mi juicio con cualquier sentimiento de miedo, temor, rechazo o negativa".

"No puedo interpretaren sus gestos, ni en sus palabras (en lo que me han resultado audibles) intención de burla, desprecio, humillación, mofa o jactancia de ninguna clase. Sí de una desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos, y, ciertamente, menor actividad y expresividad en la denunciante", decía el juez Ricardo González en su voto particular.

Este tipo de expresiones, argumenta Themis, están recogidas como falta en varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esos artículos describen "la falta grave de consideración con los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la administración" y también el uso en las resoluciones judiciales de expresiones "innecesarias o improcedentes, extravagantes o innecesariamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico".

Juristas Themis considera que estas expresiones "injuriosas y vejatorias" ocasionan un "daño inmenso a la víctima" y una revictimización "que está vedada en nuestro ordenamiento", "así como que la ciudadanía desconfíe de la justicia".

"Además de este trato peyorativo hacia la víctima, innecesario en la argumentación del voto particular, existen en el voto otros pasajes que son ofensivos para la ciudadanía, poniendo de manifiesto una falta de respeto y de consideración hacia el resto de los miembros del Tribunal y a trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia y a agentes de la autoridad. El magistrado del voto particular se erige en abogado defensor de los acusados, adentrándose en juicios morales sobre la intimidad de la víctima", señala la asociación.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2382 en: 07 de Octubre de 2018, 11:47:58 am »
Lo que le han hecho es una putada... nos podría pasar a cualquiera.



¡Hija de puta!


 Es sarcástico poner un don ante todo nombre en las sentencias y luego descojonarte nada más darse la vuelta de seres humanos que están sometidos a tu poder

Elisa Beni
06 oct 201821:09


Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones".

Cervantes. Don Quijote de la Mancha



¡Venga! ¡Reconozcan que han tenido un mohín de sorpresa si no de desagrado al leer el título! En efecto, son tres palabras bien poco aptas para ese sitio. No es un titular refriega de gañanes ni aspaviento de tasca ni alarido dolorido en casa propia. No, no es buen sitio un titular para escribir: ¡Hija de puta!  Les hablaba el otro día de las palabras porque las palabras no sólo significan, sino que tienen su hábitat. En realidad, como saben, ese "hija de puta" no me pertenece, es todo d el magistrado Francisco Javier Martínez Derqui y de las dos soplagaitas que le rieron la gracia. Esa palabra sí es mía. No puedo decir otra cosa de la fiscal y la letrada de la Administración de Justicia que acompañaban en la orgía de falta de profesionalidad al juez. Soplagaitas, por no decir otra cosa peor.

Los tres denigraron las togas que vestían. Los tres mancillaron la sala en que se sentaban bajo un retrato del Rey. Lo del juez aún fue más sangrante. Él, además, vulneró su deber de imparcialidad. Hay funciones, como la de administrar justicia, que exigen un plus de ética y de contención. Sancho tuvo mejor maestro que estos tres. Miren que no estoy mencionando el hecho de que se tratara de un caso de violencia de género porque ni siquiera es necesario. Ningún justiciable merece ser sometido a befa nada más dar la espalda. Nadie. Ni el peor de los asesinos. Es sarcástico poner un don ante todo nombre en las sentencias y luego descojonarte de seres humanos que están sometidos a tu poder nada más darse la vuelta. Hay funciones sociales que precisan, más allá de una preparación técnica, una preparación personal y moral. La gravedad de lo que se hace no puede verse reducida a una conversación de peluquería de barrio en sede oficial y aún revestido de los hábitos que pretenden resaltar la dignidad de lo que haces.

Inaceptable más allá de la cuestión técnica de si el magistrado perdió su imparcialidad, porque lo que perdió fue su dignidad y la de la función que ejerce. Lo mismo que hicieron las dos profesionales que no sólo no le reconvinieron su actuación, sino que participaron con frivolidad en el escarnio. No crean que les pido nada que no exija para mí, pero les aseguro que un periodista que fuera cazado partiéndose el eje a costa de una víctima del terrorismo o de cualquier otro delito nada más terminar de entrevistarla, no tendría gran futuro. Quiero pensar que cualquiera que estuviera a su lado le hubiera reprochado su actitud. Como no quiero que me digan que consideran ético que cuando nos anestesian y nos meten a un quirófano se produjera un corifeo de cirujanos, enfermeras y auxiliares chanceándose con palabras gruesas de nuestro aspecto físico o frivolizando sobre aquello que nos van a hacer o las consecuencias físicas que tendrá para nosotros. Y si alguno lo hace, simplemente es nefando.

Resulta tremendo que algo que es tan nítido, tan evidente, no haya sido considerado lo suficientemente claro por parte de las asociaciones judiciales que han elegido o bien callar o bien, como es el caso de Juezas y Jueces para la Democracia a la que pertenece el ilustrísimo elemento, salir a templar gaitas hablando de la poca fortuna de las frases. El corporativismo es, sobre todo, no hacer sangre con otros por si algún día puedo evitar que la hagan conmigo. Y en este caso da un poco de miedo pensar que haya muchos jueces que piensen que podrían verse en algo así, cuando creo que puedo asegurar que tal desvergüenza no es nada común.

En Francia, un país que aún nos lleva tanto por delante, la presidenta de la segunda asociación en número de magistrados del país se sentará en el banquillo en diciembre por el conocido como "Affaire, Le mur des cons".  El caso "muro de los gilipollas" se refiere a un corcho que el Syndicat de la Magistrature (SM) tenía en la pared de su sede en el que se pinchaban fotos de políticos, personajes públicos y otros magistrados con comentarios jocosos y una advertencia: "Antes de añadir un gilipollas, verifique que no está ya". La insolente decoración fue grabada por un periodista que acudió al local a hacer una entrevista. Ahora la presidenta del sindicato de magistrados progresistas va a ser juzgada por injurias públicas.

Juzgar no es un juego. Antes de meterse en ello hay que ser consciente de la gravedad de la misión. Las consecuencias para la imagen de la Justicia y de la judicatura de cada uno de estos incidentes es demoledora. Fui durante cinco años directora de Comunicación de los casi novecientos jueces de Madrid. Intenté explicarles enecientas veces que mucho más que la propaganda del hacer diario, cuya utilidad se presupone, ayuda el evitar crisis como ésta. Es mucho más útil evitar estos puñetazos a la imagen ya tan deteriorada del servicio público de Justicia y si suceden saber gestionarlos que hacer enternecedores videos o post en redes sociales para explicarnos todo lo bueno que hacen cada día. Esto cuesta levantarlo más que un quintal. Últimamente he tenido que llegar a oír de magistrados que este diario y sus periodistas, yo columnista incluida, estamos inmersos en una astral e increíble conjura para desacreditar al Poder Judicial por el hecho de hacer nuestro trabajo y sacar a flote sus trapos sucios. Ahora verán que ellos mismos se bastan y se sobran para ello.

Tampoco cabe la comparación de esta indignante conversación con la filtrada sobre la comida de la ministra con Villarejo. Entenderán que no me preocupe tanto que entre iguales se pongan verdes, se insulten o se critiquen a las espaldas. Que no me escandalice de que exageren o inventen chascarrillos. Eso sí que es algo muy común y he sido testigo de ello. Es la relación de poder del juez con el que espera su decisión la que hace innoble la cháchara del juzgado. Tampoco es comparable el origen ni la proximidad. Aquí es el propio juzgado el que graba y difunde la conversación, sin duda alguna sobre su licitud ni veracidad, y ésta sucede ahora mismo, sin que esas personas puedan decirnos que las circunstancias o su yo verdadero ha mutado desde que esto pasó. Y, al fin con esto llego a lo grave, porque es su cara verdadera la que descubren en esas expresiones y es una cara fea.

Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencio. Aristotélicos como somos a fin de cuentas. Es perfecto poder marchar a espíritu libre siempre y cuando éste sea tan límpido que no ofrezca ningún problema pero, de no ser así, recuerden que la contención es virtud hermana de la prudencia y que junto con la justicia, la fortaleza y la templanza se vuelven cardinales máxime en un juzgador.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2383 en: 07 de Octubre de 2018, 20:27:02 pm »
Elisa Beni nunca se ha tirado un pedo, eso es denigrante en una señorita.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2384 en: 08 de Octubre de 2018, 00:50:20 am »
Claro, Elisa Beni... :carcaj :carcaj :carcaj

Ser la ex de un juez no te hacer tener idea de Derecho...como demuestra cada dia esta imprudente (por hablar con tanta vehemencia de lo que no sabe).

Posiblemente la tertuliana más idiota e ignorante de la actualidad.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2385 en: 12 de Octubre de 2018, 14:19:14 pm »
La Fiscalía denuncia que los juzgados incoan los actos de odio como delitos leves “sistemáticamente” y “sin practicar diligencia alguna”


Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantabria, y Rafael de la Sierra, consejero de Justicia, en una imagen de archivo
 Pilar Jiménez Bados, fiscal superior de Cantabria, y Rafael de la Sierra, consejero de Justicia, en una imagen de archivo
 eldiariocantabria.esELDIARIOCANTABRIA10/10/18
La Fiscalía Superior de Cantabria ha denunciado que los juzgados siguen incoando "sistemáticamente" los actos de humillación o menosprecio como delitos leves y "sin practicar diligencia alguna", pese a que la reforma del Código Penal de 2015 ha tipificado expresamente como delito menos grave y no leve las acciones que lesionan la dignidad de las personas por diversos motivos, entre ellos el racismo, la ideología, las minusvalías, la religión o la orientación sexual. En su memoria anual, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía señala que esta "clásica actuación" de los Juzgados debe modificarse a partir de la reforma del Código Penal, porque la creación de los llamados "delitos de odio" con la finalidad de tutelar los derechos fundamentales de los colectivos que sufren algún tipo de discriminación social exige "investigar con rigor los indicadores de odio, y adecuar el reproche penal a los mismos". Explica que con la finalidad de tutelar adecuadamente a las víctimas, el legislador "ha sido sensible a la inquietante mundialización del odio" y ha considerado a las víctimas de los delitos de odio como personas en riesgo, con las que hay que adoptar, como afirma el Estatuto de la Víctima, medidas y reconocimiento de su necesidad de protección especial, medidas que "se adoptan en pocos casos", asegura.

La Fiscalía traslada las "dificultades de sensibilización" que encuentra en este ámbito, y expone procedimientos concretos como el de una agresión a un chico con una minusvalía física del 75%, en el que el juzgado calificó los hechos como delito leve, y tras estimarse el recurso del fiscal, continuó en tramitación por delito menos grave. La Fiscalía explica que se ha tratado de sensibilizar a las fuerzas de seguridad del Estado y se solicitó incluir en la Comisión Provincial de Policía Judicial esta materia de forma que, entre otros aspectos, se de difusión a los criterios recogidos en la Guía práctica de persecución de los delitos de odio elaborada por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Además ha dictado una nota interna "al constatar que muchas de las acciones de humillación y menosprecio que lesionan la dignidad de las personas por diversos motivos, entre ellos el racismo, la xenofobia, la diferente ideología, las minusvalías, la religión o la orientación sexual, motivan la incoación de procedimiento por delito leve "sin practicar diligencia alguna". Así, recuerda que a partir de la reforma del Código Penal de 2015, el artículo 510 contempla como delito la lesión de la dignidad de las personas mediante ese tipo de acciones, por lo que, "sin perjuicio de la decisión final, deberán practicarse las diligencias que se estimen necesarias para acreditar el motivo de la acción y la existencia, en su caso, de indicadores de odio".

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2386 en: 12 de Octubre de 2018, 14:37:13 pm »
Si es que son una milonga.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2387 en: 14 de Octubre de 2018, 10:56:43 am »


La Fiscalía recuerda a policías locales que no pueden sancionar por dañar lazos en zonas públicas

CATALUÑA

        GERMÁN GONZÁLEZ
       
    11 oct. 2018 12:14

Ambiente durante la jornada de la Diada de Catalunya, que reclama la independencia y la Republica Catalana. Lazo amarillo pintado de rojo en Barcelona Alberto di LolliEL MUNDO
5 comentariosVer comentarios

El ministerio fiscal archiva la investigación a los policías de la Ametlla por identificar a Espada al pintar un lazo de rojo.

El juez archiva la causa contra 14 activistas acusados por los Mossos de delito de hurto de esteladas

La Fiscalía superior de Catalunya ha archivado parte de la investigación abierta por identificar a una docena de personas, entre ellas el periodista Arcadi Espada, en la Ametlla de Mar el pasado 25 de agosto por pintar de rojo un lazo amarillo.

El Ministerio Público mantiene abiertas diligencias por identificación de personas que quitaban lazos amarillos y símbolos independentistas días antes de agosto en otras localidades de la provincia de Tarragona.

En su escrito, el fiscal remarca que los agentes locales de la Ametlla que actuaron en la identificación de Espada y otras siete personas los multaron por estacionar mal en la rotonda y deslucir un bien público, como era el lazo situado cerca de la estátua Braços i Rems colocada en este sitio. Sin embargo el fiscal Pedro Arixe cree que la actuación de los agentes de la Policía Local es "manifiestamente incorrecta e inadecuada" ya que el lazo amarillo no lo colocó el Ayuntamiento de la localidad por lo que no se puede considerar bien público.

Fiscalía afea a los agentes que debían conocer que el lazo metálico fue colocado por particulares en zona pública y que no lo tuvieron en cuenta para pedir una multa a los identificados. "Los funcionarios policiales municipales actuaron con una preocupante desatención a su deber de objetividad e imparcialidad en el ejercicio de las relevantes funciones que tienen asignadas" remarca el fiscal y pide que esta acción sea "desterrada como práctica habitual en el futuro". El Ministerio Público detalla que las autoridades deben mantener una "necesaria neutralidad" del espacio público.

Pese a esto considera que la acción de los agentes se debe a un "malentendido celo profesional" y no constituye delito. Por eso archiva su investigación.

En el atestado policial los agentes hicieron constar que preguntaron a Espada la razón de pintar el lazo de rojo y el periodista respondió "así queda más bonito". Los policías detallan que el monumento había sido pintado en otras ocasiones durante las últimas semanas de rojo, sin que conste autoría.

De momento no consta que la Región Policial de Terres de l'Ebre haya iniciado un proceso sancionador por esta denuncia.



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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2388 en: 14 de Octubre de 2018, 16:45:44 pm »
Pues en esta ocasión el exceso de celo ha hecho que hayan rozado el larguero, para la próxima quizás les metan un gol por la escuadra por ese exceso de celo.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2389 en: 18 de Octubre de 2018, 06:40:06 am »


La jueza pitonisa de Lugo no será sancionada porque las pruebas contra ella provienen de una cámara oculta

El Consejo General del Poder Judicial ha considerado ilícitas las evidencias a en la que se basaba la incoación del expediente: una grabación realizada en el domicilio de la magistrada
EUROPA PRESS
17/10/2018 - 18:36h


    El CGPJ abre diligencias informativas sobre la actividad de la jueza como pitonisa

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado, por 4 votos a 3, archivar el expediente incoado por el Promotor de la Acción Disciplinaria a la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Galicia (con sede en Lugo), María Jesús García Pérez, investigada por supuestamente cobrar por echar las cartas del tarot, como falta muy grave.

Según ha informado el CGPJ, la Comisión Disciplinaria ha considerado "ilícita" la prueba en la que se basaba la incoación del expediente: una grabación con cámara oculta realizada en el domicilio de la magistrada.
El CGPJ abre diligencias informativas sobre la actividad de la jueza como pitonisa

Han votado a favor del archivo los vocales Roser Bach, Victoria Cinto, Vicente Guilarte y Enrique Lucas; mientras que se han pronunciado en contra los vocales Ángeles Carmona, Carmen Llombart y Wenceslao Olea.

Ya en julio, la Comisión Disciplinaria rechazó, por cinco votos a dos, acordar la suspensión provisional de funciones de María Jesús García Pérez mientras se resolvía este expediente.

Según informó en su momento el TSXG, en el trámite de alegaciones, la Fiscalía había solicitado la suspensión provisional de la magistrada por un periodo máximo de seis meses, igual que había pedido el promotor de la acción disciplinaria, en el marco del expediente incoado a la jueza. Por su parte, la magistrada se había opuesto a la adopción de la medida cautelar.

A mediados de junio, el CGPJ abrió un expediente disciplinario a esta jueza por la supuesta comisión de una falta "muy grave" por anunciarse como tarotista y vidente y llevar a cabo estas prácticas.

El proceso contra la jueza se inició después de que el TSXG trasladase un escrito del presidente de la Audiencia Provincial de Lugo en el que comunicaba que había tenido conocimiento de que la magistrada "de forma pública reparte octavillas publicitarias (...) anunciándose como tarotista y vidente con gran experiencia en echar las cartas de tarot".

Este escrito dio lugar a unas diligencias informativas por parte del promotor de la acción disciplinaria, a las que se unieron varias informaciones periodísticas en las que se afirmaba que la propia magistrada realizó la citada actividad. Concretamente, el periódico 'El Progreso' de Lugo narró en sus ediciones en papel la experiencia de incógnito en una sesión de tarot, así como 'La Voz de Galicia', que también publicó esta práctica.

La polémica ha rodeado a esta jueza en varias ocasiones, puesto que según publicó 'El Confidencial' el pasado mes de junio, el CGPJ abrió diligencias a María Jesús García en 2001 por "bailar como 'stripper' en un local de Canarias, donde tenía su destino profesional entonces. En su momento, según esta misma publicación, alegó que era un 'hobby'.

Entonces, fuentes del poder judicial confirmaron a Europa Press que en los últimos cuatro años y medio esta jueza no había contado con ninguna otra diligencia abierta. No obstante, en Galicia, la jueza también tuvo como destino Santiago de Compostela y llegó a motivar una queja pública del Colegio de Abogados compostelano por llevar a las vistas a un gato.

 

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2390 en: 19 de Octubre de 2018, 08:18:19 am »

El CGPJ concluye que la filtración de datos de la víctima de 'La Manada' obedece a un fallo de "carácter sistémico"


El Consejo acordó en mayo abrir un periodo de diligencias informativas tras la filtración de los datos personales de la víctima

El informe concluye que la filtración obedeció a un conjunto de circunstancias que propiciaron un fallo de "carácter sistémico"

Insta a los órganos judiciales y a las administraciones a adoptar las medidas necesarias para que las resoluciones judiciales se difundan en un contexto de seguridad técnica
 
Europa Press

18/10/2018 - 21:18h

Uno de los lemas de la concentración que clama contra la actuación judicial en el juicio contra "la manada".

 La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves un informe del Gabinete Técnico sobre la sentencia por abuso sexual contra los miembros de 'la Manada' dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra que concluye que la filtración de datos de la víctima obedece a un fallo de "carácter sistémico".

 El CGPJ acordó el pasado mes de mayo abrir un periodo de diligencias informativas tras tener conocimiento a través de las noticias publicadas en varios medios de comunicación de la filtración de los datos personales de la víctima de los hechos enjuiciados y, más en concreto, del acceso producido vía código seguro de verificación contenido en la resolución.
 
Una vez terminado el proceso, el informe concluye que la filtración obedeció a un conjunto de circunstancias que propiciaron un fallo de "carácter sistémico" que "afecta a todas las esferas y ámbitos de competencia involucrados en el proceso de comunicación de la sentencia y divulgación de su contenido".

 Entre otros motivos, cita la urgencia en la comunicación de la sentencia, la falta de medios técnicos que facilitaran la disociación de datos y la ausencia de medidas de seguridad adicionales que impidieran acceder al contenido íntegro de la resolución.

 Por ello, insta a los órganos judiciales y a las administraciones a adoptar las medidas necesarias para que las resoluciones judiciales se difundan en un contexto de seguridad técnica y de respeto a la normativa de protección de datos y ha anunciado que elaborará una guía de recomendaciones dirigida a la Carrera Judicial para la aplicación de la normativa en esta materia.

Causas concretas

 En concreto, el informe apunta a la urgencia en la comunicación de la sentencia y la necesidad de la pronta divulgación de su contenido debido al "interés público y la trascendencia del proceso y de su resolución", lo que explica "la inmediatez con la que la responsable de la Oficina Judicial fue requerida por el tribunal para efectuar el traslado de la sentencia a la oficina de comunicación apenas hubo sido notificada a las partes".

 En este sentido, explica que fue en ese contexto en el que se produjo la remisión de la sentencia de la Oficina Judicial a la Oficina de Comunicación con el Código Seguro de Verificación (CSV) que posibilitaba el acceso a su contenido íntegro en la web de la Sede Judicial Electrónica del Gobierno de Navarra.

 Igualmente, apunta como motivo la no adopción, con anterioridad a dicha remisión, de medidas de seguridad adicionales a las que ya tiene la Sede Judicial Electrónica para que "quedara deshabilitada la consulta del documento judicial y el acceso a su texto sin disociación de datos de la víctima, como se hizo con posterioridad".

 También señala que no consta "con el necesario grado de certeza" que en la formación sobre firma electrónica facilitada a los integrantes del órgano judicial "se hubiese advertido expresamente de la posibilidad de acceder --a través del CSV-- al texto íntegro de la sentencia, sin disociación de los datos de la víctima", o que contasen con "los medios técnicos precisos para poder deshabilitar tal acceso a
 través del CSV y, en consecuencia, asegurarse de que el acceso al contenido de la sentencia lo era siempre y en todo caso al contenido con la pertinente disociación de los datos, especialmente sensibles, de la víctima".

 Tampoco consta "que el sistema de gestión procesal facilitase la confección del documento electrónico que contenía la sentencia que había de ser objeto de comunicación y divulgación con la pertinente disociación de datos personales, en paralelo al documento que contenía el texto íntegro de la resolución".

 Por último, el informe constata "la existencia de acuerdos gubernativos y de instrumentos como el Protocolo de Comunicación de la Justicia vigente en el momento de los hechos que pudieran haber generado dudas sobre las concurrentes competencias y obligaciones de los diferentes agentes que intervienen en el proceso de comunicación y divulgación de las resoluciones judiciales".

 En relación con este punto, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, presentó el pasado 27 de septiembre al Pleno de este órgano un nuevo Protocolo de Comunicación que clarifica el marco de actuación en el proceso de divulgación de la información, para adecuarlo a los requerimientos
 que se derivan de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las normas
 sobre protección de datos.

 "Todo este conjunto de circunstancias, que presentan una similar relevancia causal en la divulgación de los datos personales de la víctima y que han contribuido en similar grado a tal indeseado resultado, evidencia que el fallo que lo ha propiciado tiene un carácter sistémico que, como tal, afecta a todas las esferas y ámbitos de competencia involucrados en el proceso de comunicación de la sentencia y divulgación de su contenido, aquí especialmente relevante desde el punto de vista de la efectividad del derecho constitucionalmente consagrado en el artículo 20.1 d) de la Constitución", añade el informe.

 En vista de las conclusiones, la Comisión Permanente ha acordado instar a las instancias judiciales —a través de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia— y a las instancias administrativas —Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia— para que "adopten las medidas que sean precisas para procurar que quienes tienen encomendadas las distintas responsabilidades en materia de publicidad, comunicación y difusión de las resoluciones judiciales puedan ejercerlas en un contexto de seguridad técnica y de respeto a la normativa de protección de datos".

 Además, el CGPJ llevará a cabo "las actuaciones precisas para elaborar una guía de recomendaciones en la aplicación de la normativa sobre protección de datos de carácter personal dirigida a los integrantes de la Carrera Judicial", tal y como acordó la propia Comisión Permanente en su reunión del pasado 11 de octubre.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2391 en: 26 de Octubre de 2018, 07:35:13 am »

La contratación pública
Un retraso judicial malogra una causa por fraude de 7 millones en la Alhambra

    La Audiencia anula un año de investigación, incluyendo más de 20 detenciones, por agotarse el plazo para abrir una 'macrocausa'
    La decisión acerca el caso al archivo, lo que se sumaría a la leve sentencia por el fraude con las entradas al monumento

Á. M.
amunarriz@infolibre.es @angel_munarriz
Publicada el 24/10/2018 a las 16:00 Actualizada el 24/10/2018 a las 19:30

El error judicial puede salir muy caro. La Audiencia de Granada ha declarado la nulidad de todas las diligencias practicadas en el último año en el caso sobre la supuesta adjudicación irregular de contratos públicos en la Alhambra, incluyendo la detención de una veintena de personas el pasado mayo. También ha ordenado que se dé por concluida la fase de instrucción. El motivo es que el auto que declaró compleja la causa se dictó fuera del plazo establecido. La Audiencia, en un auto de 22 de octubre, ha estimado un recurso interpuesto por la defensa de la exdirectora de la Alhambra, María del Mar Villafranca. Todo el caso corre ahora peligro. Está por ver incluso si llega a la fase de juicio oral, cosa que fuentes judiciales consideran improbable ya que los implicados no han podido defenderse durante la instrucción. Sería difícil enviarlos al banquillo sin que pudiera entenderse que se ha producido una vulneración de sus garantías. Hay 28 investigados entre anteriores gestores del monumento, trabajadores y empresarios.

El auto judicial anula todas las diligencias desde del 3 de octubre del año pasado. El magistrado que instruye el caso en el juzgado 4 de Granada deberá dar por concluida la instrucción con arreglo a las actuaciones que se hubieran hecho hasta entonces. Una posibilidad es que archive el caso. La mayoría de los investigados, concretamente 23, fueron detenidos el pasado 8 de mayo en la llamada operación Colina Roja II, que tuvo gran repercusión mediática y política en Granada, con el PSOE en el punto de mira. El Patronato de la Alhambra y el Generalife está adscrito a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE.

La Policía Nacional cifró entonces en cerca de 7 millones de euros el importe supuestamente defraudado por las irregularidades en la adjudicación de contratos en el monumento desde 2007 hasta 2015. Entre los arrestados estaban la exdirectora de la Alhambra María del Mar Villafranca, que fue secretaria de Educación y Cultura del PSOE, la exsecretaria general del monumento Victoria Chamorro y el que fuera jefe de la Sección Económica y de Contabilidad del Patronato de la Alhambra, José María Visedo.

Graves irregularidades

Esta investigación derivó de la iniciada en 2015 sobre presuntas irregularidades en la adjudicación y gestión del contrato de audioguías de la Alhambra por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. A juicio de la Policía, estos hechos delictivos "no son aislados, sino que las irregularidades se extenderían a un número de empresas que se estarían beneficiando de la adjudicación irregular de contratos por parte del Patronato de la Alhambra".

La auditoría que la Intervención General de la Junta de Andalucía realizó a petición de la Consejería de Cultura en agosto de 2015 en el patronato detectó "importantes debilidades" en los procedimientos de gestión y control del monumento que, según se exponía, "han permitido la existencia de graves irregularidades en los expedientes tramitados". Estas irregularidades habrían significado que "determinadas personas y empresas" accedieron a "múltiples contratos públicos mediante el incumplimiento reiterado de los principios básicos de la contratación administrativa de publicidad, transparencia y concurrencia". A ello se sumaba la posibilidad de "un importante menoscabo de ingresos públicos en beneficio de determinadas empresas adjudicatarias". Así consta en el extenso informe de 200 folios de la Intervención General de la Junta y que fue remitido en su día al juzgado. La auditoría abarcaba de 2011 a 2014.

10 condenados, 40 absueltos

Diversas irregularidades en la Alhambra ya han sido enjuiciadas. La Audiencia de Granada condenó en febrero a diez de los cincuenta acusados en el llamado caso Alhambra al considerar acreditado que se produjo un fraude en las entradas al monumento entre 2002 y 2005 por parte de guías turísticos y trabajadores del recinto nazarí mediante prácticas ilegales que favorecieron el fraude y el enriquecimiento de determinadas personas. El máximo condenado, Francisco C. J., fue condenado por estafa siete meses de prisión, por falsedad en documento mercantil a 10 meses y a indemnizar a la Alhambra con 58.000 euros.

Los otros nueve condenados pagan penas algo menores por delitos similares. Las condenas de entre 17 y tres meses de prisión tenían la aplicación de la atenuante de dilación extraordinaria o indebida. El fallo fue interpretado como una minicondena para una macrocausa, que llegó a acumular casi ochenta imputados. La Audiencia no consideró que existiera una gran red, como se había planteado durante la fase de instrucción. Fueron absueltos la mayoría de guías turísticos, empleados de agencias y trabajadores de la Alhambra. Todo ello tras un proceso de 13 años. Falta aún el fallo del Supremo.

A instancias de la Fiscalía

Porque lo ocurrido está por aclarar. Las primeras miradas se dirigieron hacia el juzgado instructor. No obstante, fuentes judiciales señalaban: "La solicitud de prórroga le corresponde al fiscal". Estas fuentes apuntan al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras su reforma de 2015, que señala que las diligencias de instrucción se practicarán durante un máximo de seis meses desde el auto de incoación de las diligencias previas. Para ampliar el plazo hay que declarar la causa compleja. "Antes de la expiración de ese plazo, el instructor a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes, podrá declarar la instrucción compleja". Esto amplía el plazo a 18 meses.

Las mismas fuentes judiciales señalan que durante la instrucción hubo una disputa entre los juzgados 5 y 9 de Granada para ver cuál se encargaba del caso, lo cual ha enmarañado el procedimiento.

Reacciones políticas

El auto de la Audiencia dejó este miércoles en shock al mundillo político y periodístico granadino. La parlamentaria del PP Marifrán Carazo afirmó que "la sombra de la corrupción" sigue planeando sobre la gestión del patronato. "El PSOE ha gestionado la Alhambra desastrosamente", añadió.

"No lo puedo creer. Aquí en Granada los errores nos cuestan muy caros. Fíjate lo que pasó con un error de la Junta por el caso Nevada, que vamos a tener que pagarle entre todos una fortuna a un promotor", señalaba Francisco Puentedura, portavoz de IU, que lamentó que la administración de justicia esté "más preocupada por salvarle la papeleta a los bancos" que por "investigar la corrupción".
 


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2392 en: 03 de Noviembre de 2018, 07:06:56 am »

Jueces y fiscales vuelven a la carga: amenazan con una nueva huelga en noviembre

Las asociaciones se plantan ante la falta de compromiso del Gobierno y apuntan en el calendario el 19 de noviembre para secundar una segunda jornada de parones que se prevé histórica

Carlos Frías

03.11.2018 - 05:15

Jueces y fiscales preparan nuevas movilizaciones para el próximo 19 de noviembre. El acuerdo alcanzado entre todas las asociaciones llevará a una huelga al mundo judicial, y no se descartan más parones futuros si no se cumplen sus expectativas. La de este mes será la segunda huelga en el mismo año, un hecho excepcional.


“Las dos huelgas han sido contra Gobiernos de distinto color, para que luego no digan”, bromea el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, que deja claro que su causa no depende de quién se siente en la Moncloa.

    Las reclamaciones van desde una mayor independencia de la Justicia, libre de injerencias políticas, y una reclamación salarial

Las reclamaciones que hacen desde la judicatura son las mismas que en mayo, entre las que destacan la exigencia de una mayor independencia de la Justicia, libre de injerencias políticas, y una reclamación salarial que se arrastra desde el año 2010.

La eterna promesa de alcanzar una independencia real de la Justicia ha visto una nueva piedra en el camino en los últimos días. El PSOE, el PP y Podemos han reformado la norma para repartir los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que debe renovarse antes de que se acabe el presente año. Ciudadanos ha denunciado el cambio, que los excluye de la elección de jueces por el actual reparto de sillones en el Congreso.
Huelgas históricas

En España hay más de 5.500 jueces y cerca de 2.500 fiscales. A finales de mayo secundaron la huelga el 65% de jueces y el 52 de fiscales, datos históricos que las asociaciones esperan repetir el próximo día 19.

Las asociaciones convocantes han recibido un aldabonazo de los jueces decanos, que las últimas Jornadas Nacionales celebradas en Melilla, en las que llamaron a nuevas movilizaciones, debido a la falta de respuestas del Gobierno central a las 14 medidas propuestas acordadas por las asociaciones de jueces y fiscales.

    Esta será la segunda vez en la que todas las asociaciones se pongan de acuerdo para salir a la calle y reclamar sus reivindicaciones

Esta será la segunda vez en la que todas las asociaciones se pongan de acuerdo para salir a la calle y reclamar sus reivindicaciones. Y lo hacen en un momento clave de negociación de los Presupuestos Generales del Estado, en los que sí se van a ver satisfechas la petición de los cuerpos policiales de equiparar su sueldo a los agentes autonómicos.

El pasado 27 de octubre tuvo lugar la reunión de la Mesa de retribuciones, que no se reunía desde 2003. Según las asociaciones supuso más problemas que soluciones. "Parece que lo quieren retrasar todo", afirma Prado. Al encuentro se acercó una responsable de Hacienda, que les dijo que se podría hacer algo si el Gobierno quería y hacía una subida en los Presupuestos. "No hay ninguna partida alcrespecto", sentencia Prado.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2393 en: 05 de Noviembre de 2018, 15:54:16 pm »
Recorrido?


Barcelona se querella contra seis jueces franquistas que condenaron a gays, lesbianas y trans por serlo


 "Invertido", "bujarra", "invertido sexual" o "condenado por su condición de sujeto homosexual", son algunas de las expresiones incluidas en las sentencias

 El consistorio, junto a colectivos LGTBI, se querella contra los seis jueces de Barcelona que encarcelaron a centenares de personas por su orientación sexual

 La mayoría de sentencias que se han llevado ante la Justicia fueron dictados a partir del año 1970, aunque también hay de mediados de los 50


Presentación de la querella en el Ayuntamiento de Barcelona AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Por Oriol Solé Altimira
05 nov 201814:00

"Invertido", "bujarra", "invertido sexual" o "condenado por su condición de sujeto homosexual". Son solo cuatro expresiones de los expedientes "de peligrosidad" por los que gays, lesbianas y transexuales de Barcelona fueron condenados por su orientación sexual durante el tardofranquismo. Pese al paso de los años, el Ayuntamiento de Barcelona se ha querellado por delitos de lesa humanidad contra los seis jueces franquistas que ejercieron en la capital catalana encargados de estos procedimientos.

En una rueda de prensa junto a colectivos LGTBI, el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este lunes la querella contra los seis magistrados. La iniciativa penal busca depurar responsabilidades a los funcionarios del régimen franquista que condenaron a un mínimo de 550 personas sólo en Barcelona, según los cálculos municipales, por su orientación sexual. "La ciudad está en deuda con el colectivo LGTBI porque no podremos acabar con la homofobia del presente sin combatir la impunidad del pasado", ha afirmado el teniente de alcaldía Jaume Asens.

La abogada Laura Parés, que representa al consistorio en el procedimiento, ha reconocido que la querella se enfrenta a un recorrido con muchas complejidades. Para empezar, se tendrá que determinar si los seis jueces franquistas querellados todavía están vivos o si murieron. "La represión franquista por motivos políticos ha sido muy tratada, pero no la de por motivos sexuales. El colectivo LGTBI es el gran olvidado", ha sostenido Parés.

El segundo obstáculo a salvar será la ley de amnistía aprobada ya en democracia y que atenuó o indultó a los condenados por delitos políticos. En este caso, el consistorio sostiene que la ley de amnistía no es aplicable porque las condenas se produjeron por la orientación sexual de los acusados, no su ideología. "Es un delito de lesa humanidad, la persecución sistemática a un colectivo por su orientación sexual, que es en lo que se centra únicamente la motivación de las sentencias", ha aseverado Parés.

La prueba, en este caso, está en las propias sentencias, plagadas de expresiones homófobas. La mayoría de sentencias que se han llevado ante la Justicia fueron dictados a partir del año 1970, aunque también hay de mediados de los 50. Los jueces que las dictaron formaban parte de órganos judiciales unipersonales, los llamados juzgados especiales para la aplicación de la ley de vagos y maleantes, reconvertidos a partir de 1970 en los juzgados de peligrosidad y rehabilitación social.

La querella inicialmente se ha interpuesto contra los seis togados, pero si se admite a trámite y se abre una investigación a fondo, como pretende el consistorio, no se descarta incluir a forenses, psiquiatras y otros funcionarios que participaron en la ejecución de las sentencias. Al ser considerados un peligro social, además de la prisión en muchas ocasiones los condenados eran sometidos a tratamientos psiquiátricos brutales.

Uno de los testimonios que ha comparecido en rueda de prensa ha dado cuenta del calvario que vivió el colectivo esos años. Sílvia Reyes ha explicado que, nada más llegar a Barcelona procedente de Canarias en 1972, se vio abocada a la prostitución porque nadie la quería contratar por ser transexual. "En los burdeles la Policía hacia batidas, nos detenían a todas, nos llevaban a comisaría y después a la Jefatura Superior durante tres días, de viernes a lunes, durmiendo en el suelo sin y comer. Los policías y los jueces que nos condenaron han quedado impunes", ha recordado Reyes.

La querella se ha registrado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que debe decidir se se admite a trámite. Es en el alto tribunal donde se instruyen las causas relacionadas con las decisiones tomadas por los jueces en el ejercicio de sus funciones. Asens ha hecho un llamamiento a que todas las personas represaliadas por su orientación sexual en Barcelona durante el franquismo se sumen a la iniciativa del consistorio y se personen en la causa como acusación particular.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2394 en: 05 de Noviembre de 2018, 16:40:15 pm »
Estamos cayendo en un revisionismo que lo único que hace es darle alas a la derecha más rancia y recalcitrante.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2395 en: 07 de Noviembre de 2018, 06:44:52 am »

indignación ante la decisión por 15 a 13 votos
Un Supremo roto salva a la banca y "destruye la confianza en la Justicia"
El cuestionado Picazo fuerza un vuelco en los minutos finales del pleno de las hipotecas mientras arrecia la teoría de que se ha cedido a las presiones de las entidades


Beatriz Parera

@beaparera

 
07/11/2018 05:00 - Actualizado: 07/11/2018 05:37

Un Supremo roto confirmó en la noche de este martes los peores presagios de los últimos días y provocó la indignación generalizada de la sociedad y de la propia carrera judicial. La decisión sobre el impuesto de las hipotecas, adoptada en un volantazo de última hora que nadie esperaba, salvó a la banca por solo dos votos de diferencia y gracias a la intervención clave del presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis Díez-Picazo, cuya actuación está bajo cuestión desde hace semanas junto a la del propio presidente del Supremo, Carlos Lesmes. El descrédito ante la opinión pública es ya irreparable y proporcional a una destrucción de la imagen y de la confianza en la Justicia ante la que no se encuentran explicaciones, consideran numerosas fuentes jurídicas consultadas.

El Supremo da la razón a la banca

La crisis alcanza proporciones similares a la desatada con la sentencia de La Manada. Durante días, la actuación del alto tribunal en un caso que afecta directamente al bolsillo de millones de familias se interpretó como el pago de un peaje al sector bancario. Nada podrá ya desactivar la idea de que se ha respondido a las presiones de las entidades. La estrecha mayoría de 15 a 13 que saldó la discusión con un regreso sin consenso al criterio anterior, y que obliga al cliente a afrontar este coste, no lo permite. Los calificativos lanzados sobre la deriva van desde el "escándalo", al "bochorno" y la "vergüenza". Se alzan ya voces que piden la dimisión inmediata de ambos presidentes.

De principio a fin, lo sucedido en el Supremo es rocambolesco, opinan algunos. Nada se ha hecho bien en este caso, que arrancó el pasado 18 de octubre cuando se hizo pública la decisión de un grupo de seis magistrados de tumbar la jurisprudencia tradicional y determinar que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados correspondía a las entidades. La decisión, adoptada por una sola sección, se encontró con el cuestionamiento casi automático de Picazo, que actuó empujado por la presión de Lesmes y, con poco acierto, convocó esta reunión que parecía ideada para tumbar el nuevo criterio y salir al rescate de los bancos. Es evidente que no solo lo parecía, ya que los acontecimientos posteriores han transformado esa percepción en realidad, avisan algunos magistrados.

Los ciudadanos no perdonan
José Antonio Zarzalejos
El presidente del Supremo y del CGPJ debe convocar este órgano de gobierno de los jueces para rendir cuentas y dar explicaciones a los ciudadanos perplejos y cabreados

A pesar de todo, no fue hasta el último tramo del pleno maratoniano de dos días cuando se produjo el vuelco. Aunque la deliberación arrancó con patente división, la mayoría de los magistrados de lo Contencioso confiaban en alcanzar un acuerdo y salvar las discrepancias, dejando el pago a los bancos pero delimitando la retroactividad a cuatro años para evitar una avalancha de reclamaciones que hicieran tambalear las finanzas autonómicas. Llegó a votarse una propuesta transaccional en este sentido que no alcanzó mayoría pero que abría la posibilidad de continuar trabajando para llegar a una solución.

Pero no fue posible por decisión, otra vez, de Picazo. El presidente decidió que no se iba a continuar deliberando y que debía votarse algo definitivo. Hasta una decena de los presentes protestaron, entre ellos el expresidente José Manuel Sieira. Pese a tener la llave para alargar el debate y acortar las distancias, Picazo prefirió votar y pasó a reforzar el desempate, que protagonizó Jorge Rodríguez-Zapata, y rematar la cuestión sumándose a la estrecha mayoría.

Su acción ahonda una herida que lo aisla, más aún, de los magistrados de su sala. Muchos magistrados se sienten traicionados. Creyeron las maniobras para apaciguar los ánimos que desplegó su presidente en los últimos días y que prometían una mayoría cualificada para adoptar el fallo. Hasta en eso hubo torpeza. La ausencia de tres jueces dejó a 28 para la decisión final, un número par. Uno de los ausentes fue autorizado a hacer un viaje al extranjero pese a la convocatoria del pleno. "Un voto más o menos pesa mucho, como se ha demostrado", dice una de las fuentes consultadas.

Y luego se preguntan por qué crece el populismo
Carlos Sánchez
El pleno del Supremo ha dado oxígeno al populismo. Su decisión en favor de los bancos es el mejor caldo de cultivo para que crezcan quienes sospechan de las instituciones

Daños colaterales

Esta trama, que "parece sacaba de un 'thriller" —comenta otra fuente—, tiene dos víctimas. El consumidor, que pierde en unos casos la posibilidad de recuperar el dinero que invirtió en este impuesto en la concesión de su hipoteca y en otros de ahorrarse el gasto suplementario en el futuro, y el propio Supremo. El alto tribunal, que se encuentra a unos meses de arrancar el juicio por el 'procés', ofrece la sensación de ser permeable a la presión de los poderes económicos y políticos. La pérdida de confianza se extenderá también a su actuación en la causa contra los políticos catalanes, avisan algunos.

Las asociaciones de consumidores califican la sentencia del Supremo de ''aberrante''

En cuando al primer perjudicado, el hipotecado, tiene muy difícil forzar una decisión diferente. La vía del recurso ante Europa está muy limitada. La puerta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está cerrada, ya que debe ser el propio TS el que plantee una cuestión prejudicial, y es evidente que ya no va a hacerlo. El camino hacia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el de Estrasburgo, también se complica, ya que antes de cualquier recurso deben agotarse las vías en España, lo que obliga a que el Constitucional decida si alguien se anima a reclamar su amparo.

Además, la decisión no desactiva que los recursos continúen llegando a modo de avalancha. Abogados consultados por El Confidencial anuncian que pleitearán a través de la vía civil apoyándose en las tres sentencias que dejaban el pago al banco, y que son firmes, y en la forma en que fueron enmendadas. También anuncian acciones legales para investigar los vinculos de los jueces de esta sala con los bancos. Mientras, Podemos e IU convocan una manifestación el próximo fin de semana. El ruido y la furia arrecian.



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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2396 en: 12 de Noviembre de 2018, 19:11:26 pm »
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Las Asociaciones de Jueces lamentan "la mala imagen" de la Justicia que da el acuerdo PP-PSOE para nombrar a Marchena



Las principales organizaciones coinciden en señalar que se incumplen las previsiones constitucionales que establecen que son los vocales y no los partidos quienes eligen este cargo por votación
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Publicada el 12/11/2018 a las 16:04Actualizada el 12/11/2018 a las 16:15FacebookTwitterEnvíalo a un amigoImprimirComentarios
Manuel Marchena en una fotografía de archivo de septiembre de 2018

Manuel Marchena en una fotografía de archivo de septiembre de 2018 EFE
Las tres principales organizaciones de jueces y magistrados han criticado este lunes la "mala imagen" de la Justicia que da el acuerdo alcanzado por el PP y el PSOE para nombrar al nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo porque de nuevo, se incumplen las previsiones constitucionales que establecen que son los vocales y no los partidos quienes eligen este cargo por votación.


"Es un mal comienzo para este nuevo Consejo", señala en declaraciones a Europa Press el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González, quien incide en que "transmite una mala imagen de la justicia" que sean los partidos quienes, nuevamente, elijan al nuevo presidente, en este caso, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena. Para esta organización, Marchena es "un gran profesional" y se trata de un hecho "indiscutible", aunque ellos apostaban por otro tipo de perfil: "Nosotros hubiésemos elegido a una mujer y de perfil progresista".


Por su parte, Raimundo Prado, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, insiste en que es "un procedimiento ilegal porque está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial" que son los vocales quienes designan al presidente. "Que ya se sepa quién va a ser presidente sin que se sepa quiénes son los vocales y sin que los vocales hayan votado, nos parece una aberración. El sistema se perpetúa y volvemos a tener otros cinco años con sombras sobre la independencia de la justicia en España", ha apostillado en declaraciones a Europa Press.


Mientras, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez, ha lamentado que "desde el primer mandato en 1985" no se ha respetado el sistema que a su juicio, debería regir "por pura coherencia constitucional" y es que "la designación tanto de los vocales como de su presidente sea impulsada por la carrera judicial". Sobre la figura en sí de Marchena, que está adscrito a esta organización, Rodríguez pone el acento en que se trata de un profesional "de prestigio indiscutible" dentro y fuera de España y cuya autoridad dentro del Supremo y dentro del conjunto de la carrera judicial y la comunidad jurídica es reconocida desde hace años, como también es reconocida su apuesta en defensa de la democracia y también en sus contribuciones doctrinales y jurisprudenciales a la hora de unificar doctrina en temas tan sensibles como la lucha contra el terrorismo".

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2397 en: 12 de Noviembre de 2018, 22:16:33 pm »
Menos mal que los podemitas estaban en contra de instituciones como esta....., sigamos con la hipocresía podemita.....

Citar
Albert Rivera acusa al PP de dar la mayoría del Poder Judicial a Podemos


La formación de Pablo Iglesias critica que el presidente del CGPJ no sea una mujer

Madrid 12 NOV 2018 - 16:17   CET

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado este lunes el pacto alcanzado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre el PSOE y el PP porque "da la mayoría en el órgano a Podemos", algo de lo que ha culpado a los populares. "El Poder Judicial no es un supermercado", se ha quejado Rivera. Ciudadanos se ha autoexcluido de la negociación sobre los vocales del poder judicial, porque discrepa del método y defiende que de los 20 vocales, 12 sean designados directamente por los jueces y los ocho restantes por el Congreso y el Senado. Ahora los veinte asientos del Consejo se eligen por las Cortes.

El Gobierno y el PP han llegado a un acuerdo sobre la renovación del Poder Judicial. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, y por tanto también presidente del Tribunal Supremo, será, si sale adelante este pacto, Manuel Marchena, actual máximo responsable de la Sala de lo Penal, que dejará esta responsabilidad y no dirigirá el juicio a los líderes del procés. A cambio de ceder la presidencia a una persona de línea conservadora, el PSOE se ha garantizado una mayoría progresista dentro del poder judicial, según confirman fuentes del Gobierno y del PP. Los socialistas y sus socios de Podemos tendrán 11 vocales. Los populares, solo nueve.

En una entrevista en Telecinco, el líder de Ciudadanos ha tildado el acuerdo de "pacto contra natura", ya que achaca al PP haber aceptado que Podemos "tenga la mayoría" en el órgano. A la formación de Pablo Iglesias le critica que protestara frente al Supremo este fin de semana, por el asunto del impuesto de las hipotecas, y ahora "pongan a dedo a jueces". Para Rivera es un "escándalo que forma parte del pasado y supone volver al siglo XX". "Que en la actualidad se elija a dedo a los jueces me parece una vergüenza. Si queremos recuperar la credibilidad del Poder Judicial, esto es lo contrario de lo que había que hacer", ha asegurado.

La elección de Marchena ha sido criticada también por Podemos, que defienden que su única exigencia al Gobierno de Pedro Sánchez había sido que se eligiera a una mujer como presidenta del CGPJ. "El presidente habla de consejo de ministras, de paridad, pero después de un año en el que las sentencias judiciales han machado a las mujeres, este no debe ser el camino", ha asegurado Noelia Vera, portavoz de Podemos. "Esto no es un acuerdo cerrado, las conversaciones siguen. Y creemos que los vocales son los que deben elegir al presidente, no en pactos de despacho entre el PP y el PSOE", ha defendido Vera, pese a que ha reconocido que su formación lleva semanas negociando con el PSOE. "Solo hemos exigido que lo coordine una mujer", ha recalcado en varias ocasiones negando que su formación haya puesto nombres o cupos sobre la mesa, aunque otras fuentes de la negociación aseguran que tratan de consensuar tres o cuatro de los futuros miembros del órgano de gobierno de los jueces.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha asegurado a través de su portavoz, Marta Vilalta, que la decisión de nombrar a Marchena "es un premio y un pago a los servicios prestados" por "la represión contra el independentismo catalán". En cuanto a JuntsxCat, su portavoz adjunto en el Parlament, Eduard Pujol, ha lamentado "la enorme facilidad que tienen PP y PSOE para ponerse de acuerdo en los temas que les interesa". Pujol ha criticado que el PSOE "demasiadas veces va del brazo del cerebro ideológico de la represión en Cataluña".

El PSOE justifica el acuerdo

“Exigíamos una mayoría progresista”, ha señalado este lunes en rueda de prensa Esther Peña, portavoz de comité de acción electoral del PSOE. Los socialistas justifican el acuerdo con el PP en que con la renovación se “pretende la salida del bloqueo en que estaba la justicia” así como “recuperar la normalidad institucional y devolver la credibilidad a la justicia”, después de sentencias tan polémicas como la de las hipotecas del Tribunal Supremo. “El debate, más allá de cómo es la elección, que es parlamentaria y democrática, debe centrarse en que los jueces sean independientes (…) No hemos pedido el carnet a nadie”, ha dicho Peña.

La renovación de los vocales del CGPJ supone el primer acuerdo de calado entre PP y PSOE en un año, aunque no conlleva una mejora de las relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. La Moncloa las dio por rotas después de que el líder del PP llamara golpista al presidente del Gobierno el mes pasado en una sesión de control en el Congreso. “La distancia es un hecho”, ha zanjado la portavoz socialista.


https://elpais.com/politica/2018/11/12/actualidad/1542015788_931324.html

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2398 en: 13 de Noviembre de 2018, 08:10:41 am »

Los jueces y fiscales mantienen la huelga del 19 tras reunirse con Justicia

Los secretarios judiciales también se movilizan el martes en busca de una adecuación salarial

Europa Press


12.11.2018 - 21:55

Las asociaciones de jueces y fiscales han confirmado la convocatoria de huelga para el próximo día 19 de noviembre tras concluir sin éxito la reunión mantenida este lunes con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para estudiar sus demandas.

La reunión ha contado por la presencia de representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), de la Asociación de Fiscales (AF) y de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Por parte del Ministerio, además de Delgado, han estado presentes el secretario de Estado, Manuel Jesús Dolz; el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo.
Reformas

Durante el encuentro, desde Justicia se han recordado las iniciativas planteadas para solventar esta situación como el compromiso para la derogación del 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que mantienen paralizada los grupos de la oposición, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que recupera derechos sociales para jueces y fiscales como los permisos y licencias, o la creación de 80 nuevas plazas de fiscal y 75 nuevas unidades judiciales.

Igualmente, en materia salarial, el Ministerio ha reiterado su propuesta del pasado día 7, es decir, que sus condiciones retributivas se enmarcan en el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo -que afecta a todos los funcionarios de la Administración General del Estado- firmado el pasado 9 de marzo, meses antes de que se produjera el cambio de Gobierno.

Pese a ello, los colectivos convocantes de la huelga han insistido en su necesidad de tener un marco salarial diferenciado respecto del resto de la función pública.

Ante la intención de mantener la jornada de huelga, Justicia ha comunicado a las asociaciones convocantes que descontará el salario correspondiente a la jornada de huelga a todos aquellos jueces y fiscales que acudan a la convocatoria. Por ello, les ha expuesto la necesidad de establecer un sistema de recuento de todos aquellos miembros que vayan a secundar el paro.
Servicios mínimos

El Ministerio también ha avanzado que este mismo lunes enviará una comunicación oficial al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado para proponerles que establezcan los servicios mínimos para la jornada de huelga.

Según ha informado en un comunicado el departamento que dirige Dolores Delgado, las asociaciones de jueces y magistrados les han asegurado que el paro no se ha organizado "contra el actual equipo ministerial".

No es la primera huelga que realizan los jueces y fiscales este año, pues el pasado mayo ya pararon el "incumplimiento y falta de atención" por parte del anterior gabinete ministerial dirigido por Rafael Catalá. Un paro general en el que participó la actual ministra.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia también afronta otra movilización, la de los letrados de la Administración de Justicia, que harán un paro parcial este martes, entre las 10.00 horas y las 12.00 horas, para reclamar una adecuación salarial al incremento exponencial de funciones y responsabilidades asumidas desde el año 2009.

Con el fin de evitar este paro y para estudiar estas reclamaciones el Ministerio se reunió el pasado jueves con las asociaciones de los anteriormente denominados secretarios judiciales. Un encuentro al que no asistió la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) al considerarla "tardía y vacía de contenido", ya que Delgado no ha hecho ninguna oferta concreta.




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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2399 en: 14 de Noviembre de 2018, 07:46:08 am »

Rosell, la juez de Podemos, se cae del CGPJ por el veto de Marchena
El futuro presidente del Supremo puso como condición para aceptar el cargo retirar la candidatura de la magistrada
photo_camera
La jueza Victoria Rosell.
Fecha
13/11/18access_time 13:27


Según ha podido saber Confidencial Digital, la juez Victoria Rosell, ex diputada de Podemos candidata a vocal del CGPJ y cuyo nombramiento ya había sido pactado por PP y PSOE, se acaba de caer de las lista.

El motivo es el veto del designado para presidir el Consejo y el Tribunal Supremo, el magistrado conservador Manuel Marchena. Las fuentes consultadas por ECD aseguran que el actual presidente de la Sala de lo Penal del TS exigió explícitamente que se retirara la candidatura de la juez canaria.

Es más. Marchena puso como condición para aceptar el cargo, que considera “un caramelo envenenado”, la desaparición de Rosell de la lista de jueces propuestos para el CGPJ.
Otra sorpresa

Se trata de un nuevo e inesperado giro en las negociaciones políticas para la renovación del CGPJ. El domingo, el PP descartaba a Marchena para presidir el Consejo, pero a primera hora del lunes se desmintió la noticia y se anunciaba un pacto PP-PSOE para auparle a la dirección del poder judicial.

A cambio de nombrar a un candidato ‘popular’, el PSOE asumía un vocal más. A su vez, lo cedería a Podemos, que conseguía d esta manera colocar a Rosell, en la lista de candidatos desde el inicio de la renovación, y al juez de la sentencia de la Gürtel, José Ricardo de Prada.

El veto de Marchena ha vuelto a cambiar la situación, dejando al partido de Pablo Iglesias con un puesto menos en el CGPJ. El anuncio ha causado bastante sorpresa en las filas moradas y en entornos judiciales.
Marchena, Soria y Rosell

Las mismas fuentes señalan la mala relación personal de ambos magistrados canarios, que se recrudeció cuando Rosell y el ex ministro de Industria, José Manuel Soria, se enzarzaron en disputas legales.

En noviembre de 2015, la Fiscalía recibió una denuncia anónima en la que se acusaba a Rosell de retrasar la instrucción de un caso en el que estaba relacionado su marido, el periodista Carlos Sosa. El Ministerio Público inició una investigación y Rosell acusó a Soria de haber presentado la denuncia para dañar su imagen y perjudicar la campaña de las elecciones de diciembre de ese año.

A los pocos días, Soria se querelló contra Rosell ante la Justicia canaria por delitos de injurias y calumnias. En diciembre, la Fiscalía archivó la denuncia contra Rosell. Ésta obtuvo un escaño por Podemos tras las elecciones del 20 –D. Soria contraatacó en febrero, cuando presentó una nueva querella contra la juez, esta vez ante el Tribunal Supremo, ya que Rosell había pasado a ser aforada. La acusaba de retrasar a sabiendas una investigación penal en la que tenía intereses personales.

El caso fue asumido por Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, amigo de Soria y conocido de Rosell. La juez no volvió a presentarse a las elecciones de junio de 2016, ya que el código ético de Podemos impedía concurrir a los imputados.

Marchena terminó dictando un auto en el que consideraba que el Supremo no era competente para instruir el caso, inhibiéndose a favor del TSJ de Canarias. Este tribunal terminó archivando la querella de Soria.