Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 190805 veces)

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2420 en: 18 de Enero de 2019, 18:04:01 pm »
https://youtu.be/unZcgZpmazI



Archivan la denuncia de María San Juan contra el juez que la llamó 'bicho' por basarse en una prueba ilícita



La grabación en la que se oye al magistrado de violencia de género referirse a la modelo en términos ofensivos vulneró el derecho a la privacidad.

18 enero, 2019 13:22

María Peral  @Maria_peral

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Ricardo Conde, ha archivado la denuncia que la modelo María San Juan (34 años) interpuso hace cuatro meses contra el magistrado Francisco Javier Martínez Derqui, titular de un Juzgado de Violencia contra la Mujer de Madrid, por los términos ofensivos con los que se refirió a ella durante una conversación privada con la fiscal y la letrada de la Administración de Justicia.

Martínez Derqui tramitaba la denuncia por maltrato y coacciones interpuesta por María San Juan contra su exmarido. Tras la celebración de la vista y una vez que todas las partes habían abandonado la sala de audiencias, el juez intercambió impresiones con la representante de la Fiscalía y la letrada de Justicia, utilizándose expresiones que denotaban que ninguno de ellos daba credibilidad a la denuncia.


"Está todo preparado"
La letrada de Justicia comentó, en referencia a la denuncia de San Juan, que "no sé yo si no está un poco preparado, ¿no?". "Todo", contestó el juez, que se refirió a la denunciante como "bicho" e "hija puta".

 Video insertado

Cadena SER

@La_SER
 🎥  VÍDEO |  Una víctima de violencia de género denuncia al juez que instruye su caso por llamarle "bicho" e "hija puta" http://cadenaser.com/ser/2018/10/03/sociedad/1538581619_584708.html … Informa @mariolalourido

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8:00 - 4 oct. 2018
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La conversación fue captada por el sistema de grabación instalado en la sala de audiencias, que no fue desconectado, como correspondía, al finalizar el acto judicial. San Juan accedió a ella al solicitar una copia de la grabación de la vista e interpuso una denuncia disciplinaria contra Martínez Derqui por trato desconsiderado.

El magistrado se abstuvo de dictar sentencia en el proceso iniciado por la modelo contra su expareja. La juez que le sustituyó, Inmaculada López Candela, archivó la denuncia de San Juan el pasado diciembre al no da por acreditados los hechos afirmados por la mujer, entre ellos que se encontraba "aterrorizada" por las supuestas amenazas de su exmarido.

La denuncia contra el magistrado también ha acabado en archivo. En una extensa resolución basada en la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional, el promotor de la acción disciplinaria explica que no le está permitido tener en cuenta la grabación para sancionar al juez porque es una prueba ilícita que no puede surtir efecto alguno.

El promotor afirma la "objetiva e incuestionable incorrección" de las expresiones utilizadas por el juez pero destaca que se produjeron en una "conversación privada", en un contexto de "indudable privacidad, convencidos [los interlocutores] de que los únicos receptores eran los allí presentes al haber finalizado el acto judicial y desalojada la sala".

Fueron manifestaciones "sólo explicables en un marco de estricta intimidad y confianza", por lo que su utilización como prueba en un procedimiento sancionador vulneraría el derecho fundamental a la privacidad, "que implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás".

"Dicho vídeo, como medio probatorio, carecería de validez en el seno de un expediente disciplinario al haberse obtenido con vulneración de derechos fundamentales", concluye el promotor de la acción disciplinaria, que señala que el hecho de ser una prueba ilícita "le priva de todo valor".

Recuerda, en este sentido, que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que "no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales".

Deterioro físico de la modelo
msj88 fotos
Las fotografías más impactantes de María Sanjuán
JALEOS
Como adelantó JALEOS, en exclusiva, el deterioro físico de la modelo durante el tiempo que ha durado el proceso ha sido notable en los últimos meses. El pasado mes de noviembre se la vio paseando con sus hijos (un niño de dos años y una niña de uno) por la zona de su casa después de que los pequeños hubieran disfrutado de unas horas con su padre.

Las fotos corresponden justo al momento después de que se produjese el intercambio de los menores. En ellas se observa cómo la modelo, de un tiempo a esta parte, ha sufrido una inquietante transformación física: desmejorada, visiblemente más delgada y con el rostro compungido.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2421 en: 01 de Febrero de 2019, 08:36:18 am »

La Fiscalía va a rechazar las querellas de Elpidio Silva contra Rajoy y Lesmes

El exjuez les acusó por impedir la investidura de Puigdemont y destinar a jueces “afines al PP” a la Audiencia Nacional

01/02/19access_time 1:02
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El martes, el registro de la Fiscalía General del Estado recibió el recurso de la Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles contra el archivo de las querellas contra Mariano Rajoy y Carlos Lesmes.

Pues bien. Según ha sabido Confidencial Digital, la Fiscalía ya tiene decidido que “desestimará” los escritos de esta asociación, que fueron redactados por el exjuez Elpidio Silva, y se adherirá al archivo que dictó la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Se trata de dos querellas interpuestas por dicha asociación por impedir la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y por designar a jueces afines al PP en “los órganos más sensibles de la pirámide jurisdiccional”.
Los miembros del CGPJ

La querella contra Lesmes y los vocales del CGPJ fue interpuesta ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por un delito continuado de prevaricación.

Según Silva, existía un plan perfectamente diseñado para colocar a magistrados afines al PP “en las Salas de Enjuiciamiento de las que se conocía habían recaído los procedimientos judiciales relacionados con la corrupción del partido”, modificando las normas de los tribunales para conseguirlo o con la creación de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que ocupan Enrique López, recusado del tribunal de la Gürtel, y Eloy Velasco.

También incluye el nombramiento de Concepción Espejel como presidenta de la Sala de lo Penal de la AN y a María José Rodríguez Duplá, presidenta de la Sección Segunda de dicha Sala.

Todo esto, incumpliendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Esta querella fue interpuesta en mayo.
Rajoy, los ministros y el TC

La segunda se presentó en agosto, también ante la Sala Segunda del Alto Tribunal, y acusaba a Mariano Rajoy, a su Consejo de Ministros y a los miembros del Tribunal Constitucional de prevaricación y de un delito contra los derechos cívicos por impedir la investidura de Puigdemont.

Silva alegó que el ex president fue el candidato elegido democráticamente en las elecciones del 21 de diciembre de 2017.

Puigdemont intentó presentarse a la investidura desde Bruselas, ya que huyó de España el 31 de octubre, ante su inminente detención por convocar un referéndum ilegal. De hecho, así sucedió con los ex consellers de la Generalitat.

El TC se lo impidió, prohibiendo el 27 de enero cualquier investidura no presencial, por medios telemáticos, por sustitución de otro diputado o por voto delegado.

Además, advirtió a Puigdemont que si quería presentarse presencialmente, debía hacerlo tras entregarse a la Justicia y con permiso del magistrado.

El TC actuó de esta manera tras pedir al Consejo de Estado que se pronunciara sobre la posibilidad de acudir al Tribunal para impugnar la investidura del ex president si no lo hacía de forma presencial.

Nada más conocer el dictamen del Consejo de Estado, el Consejo de Ministros  “ordenó en ese mismo día a la Abogacía del Estado que presentara impugnación ante el Tribunal Constitucional con expresa invocación del artículo 161. 2 de la Constitución española a sabiendas que con dicha decisión burlaban el resultado obtenido democráticamente en las urnas”.

El Supremo y la Fiscalía rechazaron las querellas en su momento, pero la asociación ha presentado sendos recursos de súplica ante la Fiscalía, que en breve hará público su desestimación de los mismos.


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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2422 en: 04 de Febrero de 2019, 07:11:19 am »

Cinco de los nueve funcionarios de la Sala Segunda de la Audiencia de Castellón piden la baja por las condiciones de trabajo "no adecuadas"

Desde la Conselleria de Justicia afirman no tener constancia de denuncias, pese a que confirman los traslados de funcionarios

Intersindical llama a investigar esta anomalía a pesar de no existir denuncias de los perjudicados “probablemente por temor a consecuencias que les puedan perjudicar”
Borja Ramírez
03/02/2019 - 20:42h

Hasta cinco funcionarios de los nueve destinados a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón han cursado baja y traslado, cuatro de ellos alegando motivos psicológicos, según denuncia el escrito que Intersindical Valenciana ha elevado a la Conselleria de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia para que inicien una investigación de oficio. Desde el sindicato piden que se examinen las causas del elevado número de bajas, mientras que fuentes del sindicato apuntan a un supuesto trato degradante hacia los funcionarios por parte de un superior como la causa.

Según fuentes de Intersindical, tras entrevistar al personal que ha solicitado la baja –cuatro son mujeres-, han detectado que este hecho podría deberse a un posible trato degradante por parte de un superior, que habría llegado a “chillarles menospreciando su trabajo con comentarios humillantes”. Junto a la baja, además, algunas de las funcionarias habrían solicitado el traslado a un nuevo destino, tras el cual han retomado con normalidad su actividad. Estos hechos han motivado la petición de investigación por parte Intersindical, pese a las afectadas no han interpuesto denuncia.

Esta problemática ya se había puesto en conocimiento del sindicato en otras ocasiones, pero la dificultad para conseguir que los afectados formalicen la denuncia ha hecho que hasta la fecha haya sido imposible actuar. “Nos encontramos con que las funcionarias, sobre todo si son interinas, tienen miedo a denunciar por las consecuencias que pudieran derivarse. No hay que obviar que estamos hablando de una sección de una Audiencia Provincial, que es un órgano jerárquicamente superior a nivel provincial”, declara un portavoz.

Desde la formación sindical animan a que se investigue y se tomen las medidas consideradas oportunas, aprovechando, además, la proximidad de una inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por ello también ponen en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Valencia la situación por la que atraviesa la Sección Segunda, a fin de evitar un informe negativo de los inspectores del CGPJ.

Atados de manos

Desde la Conselleria de Justicia confirman que se han producido los cinco traslados en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, presentando todos ellos el correspondiente informe firmado por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT). En dichos informes, los funcionarios alegan que no pueden seguir trabajando en la Sección Segunda y solicitan el traslado, si bien no especifican el motivo más allá de decir que “las condiciones en las que desempeñan sus funciones no son adecuadas”.

No obstante, fuentes de Justícia declaran que no consta ningún tipo de denuncia y que, por tanto, no pueden intervenir. La Administración únicamente tiene conocimiento del traslado y de los informes del INVASSAT, pero todavía no le ha llegado el escrito elevado por Intersindical. En el momento en que se reciba, declaran, se procederá a tomar las acciones pertinentes.



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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2423 en: 17 de Febrero de 2019, 08:20:37 am »
Recordemos lo que decía Gallardón: "es que hay EXCESIVA LITIGIOSIDAD" en la ciudadanía.






     

tras el cambio de criterio de las costas en 2011

La barrera del 'quien pierde paga': cada vez menos gente litiga contra la administración
Las demandas contra los gobiernos se han desplomado un 32% en los últimos ocho años y la cola judicial se ha vaciado a la mitad. ¿La razón? El temor a perder el juicio y tener que pagar las costas

Jesús Escudero

jescuderoma
María Zuil

16/02/2019 16:51 - Actualizado: 17/02/2019 04:56

Saltarse un stop conlleva una multa de 200 euros. Sin embargo, a un vallisoletano que conducía por Segovia, la broma le ha costado —por el momento— 760 euros: los de la sanción más otros 560 por haber perdido la demanda que presentó contra Tráfico al considerar injusta la infracción. "Se desplegaron medios técnicos para demostrar que el agente no podía haber visto la supuesta infracción, pero al final su palabra prevalece, gracias a la consabida presunción de veracidad de los agentes", explica el abogado que llevó la defensa del conductor.

La sorpresa vino una vez desestimada la demanda del conductor, cuando el abogado del Estado se impuso unos honorarios que triplicaban la propia sanción, tal y como informó 'El Norte de Castilla'. A raíz de las medidas de agilización procesal impulsadas en 2011 por José Luis Rodríguez Zapatero, el criterio para imponer costas en la jurisdicción contencioso-administrativa cambió del tradicional de la temeridad al del vencimiento. Es decir, se pasó del 'quien denuncia sin fundamento paga' a, directamente, 'quien pierde paga'. "El ciudadano no se puede defender cuando tiene que demandar a la Administración, pues sería de locos —como ya lo es hoy— intentar defenderse frente a actos de la Administración, muchas veces arbitrarios o abusivos", denuncia el letrado, que pide permanecer en el anonimato.

Cada año se registran casi dos millones de casos menos en la vía penal y, sin embargo, tardan un 45% más en resolverse y cada vez hay más gente con antecedentes, ¿por que?

A tenor de la información recopilada por El Confidencial de los anuarios de la Justicia Dato a Dato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), este conductor ha sido uno de los pocos valientes que en los últimos años se ha atrevido a batallar contra las instituciones en los tribunales. Desde 2011, los procedimientos presentados cada año en la vía del contencioso-administrativo han disminuido un 32% (de 290.000 a 196.000), lo que ha motivado a su vez que la cola judicial en esta jurisdicción se haya reducido a la mitad en estos ocho años (de 380.000 casos acumulados a 186.000). Ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios han sido los grandes beneficiados de las medidas para reducir la litigiosidad, ya que cada vez menos españoles se atreven a recurrir judicialmente las decisiones de la Administración ante el riesgo de ser condenados en costas.

La Ley 37/2011 se denominó 'Medidas de agilización procesal'. Y desde luego lo consiguió, "pero a base de que los ciudadanos renuncien a su derecho a reclamar, pues esas normas cercenan sus derechos haciendo cada vez más difícil al ciudadano normal su derecho de acceso a la Justicia", apunta el abogado. Y sentencia: "¿Quién discute una multa de 200 euros, cuando por 'pronto pago' (esto es, por no discutirla) se reduce a 100 euros; y encima si pierdes, el abogado del Estado, o sea, el Estado, cobra 560 euros más la multa en su totalidad? Pues alguien que esté completamente loco".

Todos en contra

Desde un primer momento, los abogados rechazaron el nuevo criterio del vencimiento para las costas por el carácter disuasorio que tendría para los ciudadanos, especialmente los económicamente más vulnerables. "Es seguro que la imposición de costas es el factor determinante y más importante en la disminución de asuntos, lo que resulta especialmente grave porque ello pone de manifiesto una auténtica desprotección del ciudadano frente a la actuación de la Administración y, por qué no decirlo, frente a los abusos de la Administración", señalan desde el Consejo General de la Abogacía Española, al tiempo que critican que el objetivo de la reforma de 2011 "fue reducir el número de procedimientos judiciales y con ello restringir el derecho de acceso a los tribunales".

Para algunos letrados se trata además de una doble imposición al ciudadano, puesto que se trata de un coste que el contribuyente ya está sufragando a través de sus impuestos. "A los abogados de la Administración ya les estamos pagando un sueldo entre todos. Además, muchas veces la administración contesta de manera totalmente automática, y hasta que no recurres no se miran los papeles. Te obligan a recurrir cuando podría ser mucho más eficiente", explica Mariola Aguilar, del Colegio de Abogados de Granada.

El rechazo masivo de los abogados al principio judicial del 'quien pierde paga' ha sido respaldado incluso por algún juez. Es el caso de José Ramón Chaves García, magistrado especialista de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, quien en su blog personal ha señalado la especial incidencia de este criterio en "los asuntos de menor cuantía, que casualmente son los que afectan al 80% de la población". Entre estos, Chaves cita las multas de baja cuantía, problemas tributarios menores, subvenciones denegadas o permisos de funcionarios.

Las costas surten un fuerte efecto disuasorio para un atemorizado David, mientras que el Goliat administrativo persistirá indiferente

Chaves García amplió estas críticas en su discurso de ingreso en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia en abril de 2015, al afirmar que "las costas desincentivan al particular, pero no al político ni a la Administración como persona jurídica". El magistrado recuerda que las administraciones afrontan el pago de las costas con cargo a los presupuestos públicos, sufragados a través de los impuestos. "Tal imposición de costas en asuntos de pequeña cuantía y para el ciudadano de economía media surte un fuerte efecto disuasorio para un atemorizado David, mientras que el Goliat administrativo persistirá indiferente", resumió el magistrado.

"Las grandes beneficiadas en este asunto son las administraciones públicas, que se han blindado con este sistema de costas, en detrimento de la tutela judicial efectiva. El Estado legisla desde el poder legislativo y protege al poder ejecutivo", añaden desde el Consejo General de la Abogacía. Y resumen: "A la postre se trata de dificultar que el ciudadano pueda defender sus derechos frente a la Administración".
Arbitrariedad de los honorarios

Hasta 2011 las condenas con pago de costas eran prácticamente marginales. Se reservaban para casos donde el ciudadano había recurrido con temeridad y mala fe. Pero además, aunque la medida lleva ya siete años en vigor, los abogados todavía no saben a qué atenerse si sus casos son condenados en costas, porque la cuantía de sus honorarios no está regulada y suelen imponerse las totales. "Es totalmente arbitrario. Tengo casos en la Audiencia Nacional que han tenido que pagar 800 euros de costas y otros hasta 1.500", explica la abogada Mónica Huerta, especializada en extranjería, precisamente uno de los grupos vulnerables a no recurrir por el riesgo de las costas.

No puede equipararse al abogado de la calle con los del Estado, que son funcionarios y tienen detrás toda la cobertura del Estado

Sin embargo, cuando es la propia Administración la que debe de pagar, sí se establece un límite a las costas que el ciudadano puede cobrar tras la sentencia: "Muchas veces no cubren para nada el coste del pleito, que puede haber durado años. No contempla ni los gastos del cliente en su defensa, ni el tiempo, ni el desgaste", añade Huerta. Esta abogada denuncia también que las costas se impongan en medidas cautelares y que, de nuevo, dependa del criterio de cada juez: "Es fácil saber, según el juzgado que te toque, si te va a mandar pagar costas o no. Al final, se convierte en un filtro".

"No puede equipararse al abogado de la calle", subraya el abogado de la multa de tráfico, "al profesional liberal, que tiene que mantener su propio despacho, con los abogados del Estado, que son funcionarios y tienen detrás toda la cobertura del Estado, y no se juegan nada".

Aparte de la disminución de casos judiciales contra las administraciones y el problema de la tasación de los honorarios, el criterio del vencimiento a la hora de imponer las costas ha tenido un tercer efecto colateral perverso: el porcentaje de sentencias en primera instancia dando la razón al ciudadano ha aumentado desde 2011. O como indica Mariola Aguilar, del Colegio de Abogados de Granada, "al final solo recurre el que está totalmente seguro de que va a ganar".
Reforma legal que morirá con la legislatura

Paradójicamente, el propio PSOE ha presentado una proposición de ley, bloqueada en la Comisión de Justicia y que morirá en las próximas semanas con el adelanto electoral, para volver a la situación anterior a la reforma legal impulsada por Zapatero en 2011 debido a "las reiteradas quejas de los trabajadores de las administraciones públicas y el trato desigual que recibían respecto de los trabajadores que llevan su demanda a la jurisdicción social, donde prácticamente no existe la condena en costas", expresa Juan Carlos Campo, portavoz socialista de Justicia en el Congreso.

"Entendemos que puede ser bueno introducir más elementos para determinar que no basta el vencimiento, sino que a él debe añadirse la necesidad de que la parte vencida haya actuado de manera dolosa o culposa, es decir, con mala fe o temeridad", añade.

Sin embargo, para el diputado andaluz la causa de la disminución de los asuntos judiciales en los últimos años hay que buscarla tanto en la implantación de tasas judiciales en 2012 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy como en la crisis económica y no tanto en el cambio de criterio aprobado en las postrimerías de la presidencia de Zapatero. "Queremos valorar si una hipotética condena en costas puede llegar a ser disuasorio para el ejercicio del derecho de acceso al proceso", apunta.

Desde el Consejo General de la Abogacía, en cambio, lo tienen claro: "Frente a los privilegios de la Administración, el ciudadano se encuentra en una posición de inferioridad y, al menos, se debe posibilitar —en realidad se debería facilitar— su acceso a los jueces y tribunales, que son los únicos que pueden protegerles frente a los abusos".





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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2424 en: 05 de Marzo de 2019, 07:30:23 am »

Trescientos jueces llevan al CGPJ ante el Supremo
Han recurrido por insuficientes las retribuciones variables fijadas por el tiempo dedicado a cada procedimiento

Fecha
05/03/19access_time 1:02

Con el anuncio de las elecciones generales del próximo 28 de abril, los jueces han cancelado las movilizaciones previstas contra el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, los magistrados continúan en pie de guerra. Según ha podido saber Confidencial Digital, una de las asociaciones judiciales, Foro Judicial Independiente, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo contra un acuerdo del CGPJ.
‘Fast food’ judicial

En concreto, el del 29 de noviembre pasado, en el que la Comisión Permanente aprobó las retribuciones variables de los jueces en función de su rendimiento.

Estas retribuciones se fijaron según el tiempo que el magistrado dedique a cada procedimiento judicial. El acuerdo asignó un tiempo medio de respuesta para cada tipo de asunto. Conforme se van resolviendo, se van sumando tiempos.

Si al final del semestre se supera el límite temporal marcado en el reglamento para cada destino, el juez consigue percibir un dinero extra.

Los magistrados necesitan llegar al 120% para conseguir un aumento de las retribuciones variables. Algo que Foro Judicial Independiente considera una ‘fast food’ de la Justicia.

1h y 45 minutos para una separación

Así, por ejemplo, debe dedicar dos horas a una orden de desahucio, tres a un robo, una hora y 45 minutos a una separación o divorcio, según el reglamento.

Según el Foro, se corre el riesgo de que los jueces dediquen menos tiempo del necesario a un asunto, empeorando la calidad de la Justicia en España.

La asociación asegura que cuenta con el respaldo del consejo consultivo de jueces europeos y con sentencias del Constitucional y del Supremo.


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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2425 en: 08 de Marzo de 2019, 07:23:35 am »

Los juzgados de Madrid, al borde del colapso por el 8-M


Una oleada de quejas de feministas contra jueces, acusados de dictar “sentencias patriarcales”, ha inundado las dependencias de Plaza de Castilla

08/03/19access_time 1:02

Varias asociaciones feministas han llamado a presentar quejas contra los jueces que hayan dictado sentencias o resoluciones “patriarcales”, en el marco de la huelga con motivo del día de la mujer.

Estas quejas contra jueces se pueden presentar ante la Comisión Disciplinaria del CGPJ a través de la página web del Consejo, del registro de cualquier organismo público, de las oficinas de Correos o de los propios juzgados.

Pues bien. Según ha sabido Confidencial Digital de funcionarios de los juzgados de Madrid, situados en plaza de Castilla, están recibiendo desde hace varios días “centenares” de reclamaciones de este estilo que amenazan con “colapsar” el registro.

El decanato de la Justicia madrileña no ha confirmado esta información que transmiten funcionarios de los juzgados de la capital.
Jueces señalados

Según aseguran estos funcionarios a ECD, estas quejas han sido interpuestas por mujeres contra varios jueces.

En concreto, contra los siguientes magistrados:

--Francisco Javier Martínez Derqui, ex titular del juzgado de violencia contra la mujer número 7 de Madrid, por llamar “hija de puta” a una denunciante de agresión machista.

--Ricardo González, magistrado de la Audiencia de Pamplona, por emitir un voto particular en la sentencia de La Manada pidiendo la absolución de los acusados.

--Carmen Molina, juez de violencia de género de Vitoria, por preguntar a una denunciante de violación si “había cerrado bien las piernas”.

--Juan Manuel Piñar, juez de lo penal de Granada, por condenar a Juana Rivas a cinco años de cárcel por secuestrar a sus hijos durante cinco meses.

--Francisco Vieira, juez de la Audiencia Nacional que cuando ejerció en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictó una sentencia en la que declaró que no hubo “ensañamiento” en el asesinato de una mujer a la que un conocido asestó 70 puñaladas.

También se han registrado quejas contra otros jueces por dictar “sentencias patriarcales”.
Motivo de las reclamaciones

El texto que acompaña las reclamaciones dice lo siguiente:

“Las mujeres sufrimos tratos injustos en los tribunales de justicia, por parte de jueces, magistrados y letrados. En la declaración la mujer víctima de violencia de género sufre grandes prejuicios y estereotipos de género por parte de los tribunales que hacen lo posible para que no sea creíble su testimonio.

Los tribunales especializados en delitos contra la mujer, carecen de formación. Rodeos semánticos son  utilizados para no llamar a las cosas por su nombre conduciendo así a sentencias injustas sin perspectiva de género.

Quiero asegurar una verdadera igualdad en los tribunales y una búsqueda de justicia que no defienda al agresor y criminalice a las mujer y por ello solicito:

Aplicación inmediata del Convenio de Estambul, ampliar el concepto legal de violencia de género a delitos contra la libertad sexual, stalking, sexting, acoso por razón de sexo cuando son contra mujeres; que el sistema judicial atienda un saber consolidado desde la Psicología, que lleva años estudiando las respuestas de las mujeres ante agresiones sexuales.

Eliminar la restricción de ser pareja o expareja en la definición de víctimas de violencia de género. Contemplar el uso de la terminología violencias machistas para los delitos cometidos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Tipificación del acoso callejero. Inclusión en todas las oposiciones que incorporen operadores jurídicos temas específicos de formación en género (y no solo Ley de Igualdad o Ley Integral).

Formación obligatoria en género (y evaluación de dichos conocimientos) a quienes estén en contacto directo con víctimas de violencia de género o violencias machistas en los tribunales y procesos judiciales.

Que los delitos de violencias machistas (en su definición ampliada) solo puedan ser juzgados por personas con formación exhaustiva (especializada y evaluada) en género.

Revisiones legislativas con enfoque de género. Formación transversal en género en todas las fases de la formación obligatoria, secundaria y universitaria en las distintas especialidades jurídicas, científicas y humanísticas”.



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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2426 en: 11 de Marzo de 2019, 06:48:25 am »

Juan Carrau./ Efe

Un fiscal anticorrupción será investigado como "instigador" de una presunta prevaricación judicial
La magistrada del Tribunal Superior de Baleares confirma la admisión de una querella contra Juan Carrau como supuesto inductor o cómplice de la incautación de móviles de periodistas.
11 marzo, 2019 02:23

María Peral @Maria_peral

La vieja doctrina de que sólo prevarican los jueces va camino del destierro. Una novedosa resolución de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Baleares Felisa Vidal ha rechazado el recurso en el que la Fiscalía impugnó la admisión a trámite de una querella contra el fiscal anticorrupción Juan Carrau como "inductor" de delitos de prevaricación e interceptación ilegal de las comunicaciones de periodistas que investigaban al caso Cursach.

El juez instructor de ese asunto, Miguel Florit, autorizó el pasado 11 diciembre -atendiendo una petición de Carrau- el registro por la Policía de las sedes de Diario de Mallorca y Europa Press para requisar los teléfonos y ordenadores de dos periodistas que el pasado julio publicaron un informe policial sobre supuestas defraudaciones fiscales de Bartolomé Cursach, un conocido empresario de actividades de ocio nocturno en Baleares.

Florit autorizó también el "volcado y posterior estudio" de los dispositivos incautados "a fin de detectar posibles envíos de datos filtrados por parte de los investigados", unos policías que en el pasado estuvieron a cargo de las pesquisas contra Cursach. Dos agentes fueron detenidos el 18 de diciembre y puestos en libertad.

En 40 años de vigencia de la Constitución ningún juez, salvo Florit, había resuelto quebrantar el secreto de las fuentes periodísticas protegidas también por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por la jurisprudencia de los tribunales en aras a garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, especialmente en casos de corrupción.

La actuación judicial motivó la protesta de periodistas de toda España. Los informadores de tribunales expresaron su queja a la fiscal general, María José Segarra, dado que la Fiscalía respaldó la incautación de los móviles, y dirigieron un escrito al Consejo General del Poder Judicial.
Juez y fiscal, investigados

El pasado 18 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares admitió a trámite la querella interpuesta contra Florit por el letrado Nicolás González-Cuéllar en defensa de los periodistas.

El 8 de febrero se admitió a trámite la ampliación de la querella por nuevos hechos contra el juez Florit y se incluyó como investigado a Carrau. La ampliación de la querella se produjo tras tener conocimiento de que la incautación de los móviles y ordenadores no fue lo único que el instructor del caso Cursach acordó. También -e igualmente a petición de Carrau- ordenó a la compañía telefónica la entrega de los listados de llamadas emitidas y recibidas, así como de los posicionamientos de los teléfonos de los periodistas desde enero de 2016.

La magistrada instructora del procedimiento, Felisa Vidal, ha rechazado el sobreseimiento y archivo de las diligencias que la Fiscalía había instado alegando que el 12 de diciembre -el mismo día que Europa Press y Diario de Mallorca anunciaron la presentación de una querella por prevaricación contra el juez- Florit ordenó a la Policía que llevara al Juzgado los móviles y ordenadores de los periodistas, "sin que se accediera a su contenido".

"Las meras afirmaciones no son suficientes para tener por cierto lo que se afirma", señala la instructora, que cree necesario "despejar las dudas que puedan existir" sobre el acceso a esos dispositivos y a la documentación en papel que también fue intervenida.

Vidal discrepa también del Ministerio Público respecto a que deba descartarse la comisión por el fiscal Carrau de un delito de prevaricación que por definición (dictar a sabiendas resoluciones injustas) sólo podría cometerse por los jueces.

La magistrada sostiene que "en el proceso de formación de la voluntad del órgano decisor pueden intervenir otros sujetos que podrían tener la cualidad de partícipes del delito si su intervención ha determinado la decisión del juez que, de otro modo, no se habría producido o hubiese sido distinta".

De esta forma, un fiscal podría "responder como partícipe [en el delito de prevaricación] a título de inductor cuando induzca directamente al juez a ejecutar el hecho; de cooperador necesario cuando coopere a su ejecución con un acto sin el cual no se hubiera efectuado; o de cómplice, cuando no hallándose comprendido en la categoría anterior, sin embargo, coopere a la ejecución del hecho".
"Zonas impunidad"

"El sentido de la ley es aquí no sólo sancionar la ejecución de la acción por parte de determinados autores, sino también, como en cualquier otro delito, el de prohibir a todos la participación en la conducta de aquellos. Es decir, sólo el juez o magistrado puede realizar como autor el delito de prevaricación judicial, pero a todos está prohibido participar con él para que lesione el bien jurídico protegido", explica la magistrada.

"Lo contrario supondría crear una zona de impunidad no admisible respecto del fiscal, que también está vinculado por el deber de contribuir a la correcta administración de justicia cuyo respeto impone el delito de prevaricación", sostiene.

Para Vidal, el hecho de que los informes del fiscal Carrau sobre las medidas adoptadas no fueran vinculantes para Florit no excluye su presunta participación delictiva sino que afectaría a la calificación de su participación, esto es, si puede ser considerado autor por inducción o cómplice.

En este sentido, recuerda que las medidas de investigación tecnológica acordadas requiere el informe preceptivo del fiscal y fueron acordadas por Florit "con el alcance que Carrau pidió".

"Se trata de determinar en esta fase de admisión de la querella si resulta posible que el órgano judicial acordase la entrada en las sedes sociales de la agencia de noticias y del periódico; la intervención de los móviles y el acceso a su contenido; y la intervención de las comunicaciones de los periodistas instigado decisivamente por la actuación del fiscal, lo que no puede descartarse de plano".

Apunta, a este respecto, que consta en las diligencias un atestado policial que refleja la "indignación" de Carrau con la filtración del informe económico sobre Cursach "solicitando al juez que se investigue".

Vidal considera "sintomático" que no conste en los informes de Carrau "un juicio de ponderación de los intereses en conflicto en lo relativo a la pugna entre la investigación del delito de revelación de secretos y el derecho al secreto profesional de los periodistas en su vertiente de protección de las fuentes".

En el informe de 27 de noviembre de 2018 "ni tan siquiera se menciona el secreto profesional de los periodistas y en el de 11 de diciembre siguiente se descarta suexistencia", señala la magistrada.


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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2427 en: 19 de Marzo de 2019, 06:43:54 am »

Guerra de jueces en Cataluña por las cargas del 1-O
Magistrados del TSJC acusan a la Audiencia de Barcelona de reabrir el caso por “motivaciones políticas”

19/03/19access_time 1:02

El pasado 5 de marzo, la Audiencia de Barcelona decidió reabrir la investigación de las cargas policiales del 1-O; en concreto, las que se produjeron en el colegio Estel de la cuidad condal.

Lo ha hecho al estimar un recurso del ayuntamiento interpuesto nada más dictarse el sobreseimiento del caso.

La ponente del auto, la magistrada Carmen Guil, aseguró que “es de común conocimiento que en algunos centros agentes de la autoridad procedieron a requisar urnas y papeletas sin incidente alguno y en otros centros en cambio se empleó una desmesurada violencia”.

Asimismo, señaló que la “violencia desproporcionada” de las cargas policiales no estaría “amparada por el cumplimiento de una orden aun cuando esta sea judicial”.

Los médicos forenses declararon heridas a 20 personas, 18 de ellas votantes y las otras dos, agentes de la Policía tras la jornada electoral.
Malestar en parte de la judicatura

Pues bien. Según ha sabido Confidencial Digital, esta decisión no ha sentado bien a todos los jueces catalanes. Es más, ha provocado revuelo entre los miembros de la carrera destinados en Cataluña.

Las fuentes consultadas por ECD explican que miembros del Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC) están disgustados con el auto.

En su opinión, se ha adoptado por “motivaciones más políticas que jurídicas”, ya que el auto de sobreseimiento estaba “bien fundamentado”.

En él, se aludía a los dos policías heridos para fundamentar la “violencia” que se estaba ejerciendo por parte de los propios votantes el día del referéndum.

Además, se refiere a la prohibición expresa de la consulta que hizo el Tribunal Constitucional, pese a la cual, la Generalitat continuó llamando a las urnas a los ciudadanos catalanes.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2428 en: 23 de Marzo de 2019, 08:03:31 am »


La Fiscalía General del Estado abre expediente al fiscal superior de Galicia y al fiscal jefe de Ourense

Han apartado al fiscal jefe de una causa en la que se investiga presunta prevaricación y malversación que podrían haber cometido, entre otros, el exalcalde Manuel Cabezas

También investiga al fiscal superior de Galicia por una "infracción grave de deberes" por no atender las quejas por abuso de autoridad contra el fiscal jefe
eldiario.es
22/03/2019 - 19:22h

La Fiscalía General del Estado ha abierto un expediente disciplinario al fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, por una falta disciplinaria grave en un caso por presuntos delitos de prevaricación y malversación que podría haber cometido, entre otros, el exalcalde popular Manuel Cabezas. También investiga al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, por una "infracción grave de deberes inherentes" a su cargo por no atender las quejas por abuso de autoridad contra Delgado, según ha informado Europa Press este viernes.

La decisión llega a raíz de una denuncia presentada por la abogada Elena Díaz Valverde -la letrada de la exconcejala socialista de Ourense Áurea Soto- por una falta disciplinaria grave por "retraso injustificado" en las diligencias abiertas en los juzgados ante una denuncia de Soto contra el exalcalde. La exconcejala se querelló en 2014 contra Cabezas y contra dos de sus ediles de Urbanismo (aunque uno de ellos fue liberado de su responsabilidad penitenciaria por haber prescrito sus posibles delitos). El Juzgado de Instrucción 3 de Ourense investiga un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos que podrían haber cometido varios integrantes de los gobiernos municipales de la ciudad entre 1998 y 2003, en los que era alcalde Cabezas. Durante esos años el Ejecutivo local dejó de exigir a varios proyectos urbanísticos (15, en concreto) el 10% del aprovechamiento, como exigía la ley, lo que tuvo como consecuencia una pérdida de unos 1,7 millones de euros para las arcas municipales.

En marzo de este año, la abogada denunció ante la Fiscalía Superior de Galicia la supuesta "inactividad" del fiscal sobre esa denuncia de 2014. Según asegura ella a Europa Press, el organismo gallego remitió el expediente al propio Florentino Delgado para que "se investigase a sí mismo". Ahora, la Fiscalía aparta a Delgado del caso abierto en los juzgados y nombra a un fiscal sustituto para este procedimiento en concreto, aunque no lo aparta de su cargo.

Según informa Europa Press, se valorará una falta disciplinaria muy grave de "abuso de la condición de Fiscal para obtener un trato favorable e injustificado de profesional" en el expediente en el que se analizaba su actuación. También analiza una falta muy grave "de inobservancia del deber de abstención" por "tener interés personal" en ese expediente, así como una "falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de deberes"; otra grave de "desconsideración respecto de abogado" y una muy grave por "inobservancia de deber de abstención" por "enemistad manifiesta con la parte acusadora popular".

En el caso de Fernando Suanzes, la apertura del expediente gira en torno a "una falta muy grave de desatención muy grave, o alternativamente una falta disciplinaria grave de infracción de deberes inherentes a la condición de fiscal", por "muy grave descuido" al dejar de atender las quejas por "abuso de autoridad cometidas" o "por no ejercer las facultades de dirección e inspectoras del cargo de Jefatura".

 

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2429 en: 04 de Abril de 2019, 07:37:46 am »

Manuel Moix, denunciado por organización criminal en el 'caso de los espías'

    El escrito de denuncia sostiene que Moix instó a que se cometiesen irregularidades en el juicio para proteger a los altos cargos del PP que habían ordenado el espionaje
    También se le acusa de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y delito continuado de falsedad documental

infoLibre
contacta@infolibre.es @_infoLibre
Publicada el 03/04/2019 a las 09:16 Actualizada el 03/04/2019 a las 11:21

El guardia civil José Luis Caro Vinagre, absuelto en el proceso judicial del llamado caso de los espías, episodio que se desarrolló durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid, ha denunciado al ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix —actualmente fiscal de Sala en el Tribunal Supremo— por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y delito continuado de falsedad documental en la instrucción de aquel juicio. Junto a Moix también han sido denunciados el comisario de la Policía Nacional, Jaime Barrado, y el exjefe de la UDEF, José Luis Olivera.

Tal y como informa este miércoles la Cadena Ser, la denuncia contra Moix, que ha sido presentados en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el aforamiento del que goza, detalla "múltiples irregularidades" durante el proceso judicial. Unas anomalías presuntamente ordenadas por Moix y Olivera, y cometidas por Barrado "atendiendo a los intereses políticos del Partido Popular".

Los abogados del denunciante aseguran que, por orden de Moix y en connivencia con los otros dos policías, se acusó de manera infundada a personas que no tenían nada que ver con el espionaje en la Comunidad de Madrid, para así proteger a los altos cargos del PP que realmente ordenaron ese espionaje.

En la denuncia, Caro Vinagre solicita que acudan a testificar Moix, Barrado y Olivera. También pide que el ex fiscal jefe Anticorrupción pague 250.000 euros de fianza con destino a "reparar los daños morales, psicológicos y afectivos causados", y que lo hagan con la misma cantidad los agentes Barrado y Olivera.
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« Respuesta #2430 en: 12 de Abril de 2019, 15:27:18 pm »


La Fiscalía General del Estado echa el freno a las acusaciones por delitos de odio


 En una circular dirigida a todas las fiscalías se exige probar que la intencionalidad del acusado por un delito de odio es discriminar a un colectivo concreto  Casos como el del cómico Dani Mateo, acusado por sonarse los mocos con una bandera, quedarían fuera de los nuevos límites marcados por la Fiscalía para imputar delitos de odio


El humorista Dani Mateo.
Por Gonzalo Cortizo
11 abr 201921:59

La Fiscalía General del Estado ha dado la primera instrucción por escrito para limitar las acusaciones por delitos de odio, cuyo registro ha aumentado en todos los indicadores por el uso de las tecnologías de la información y las redes sociales. El departamento que dirige María José Segarra ha elaborado una circular de 86 páginas en la que se analizan las pautas que deberán tomar en consideración a partir de ahora en la gestión de ese tipo de delitos.


Las memorias elaboradas por la Fiscalía llevan advirtiendo del incremento de este tipo de imputaciones desde hace dos años. Ahora, el departamento que dirige Segarra plantea matices que señalan que para apreciar este tipo de conductas delictivas no basta con analizar "el tenor literal de las palabras pronunciadas sino también el sentido o la intención con las que han sido utilizadas".   


El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, ha empezado a debatirse en la Junta de Fiscales de Sala y en él se plantea que para mantener una acusación por delito de odio se "exigirá probar no solo el hecho delictivo y la participación del acusado, sino también la intencionalidad del autor". 

El Ministerio Fiscal lleva un año reflexionando sobre esta tipología delictiva para plantear una respuesta penal "proporcionada" y adaptada al artículo 510 del Código Penal, que contempla penas de entre uno y cuatro años de cárcel para quien resulte condenado por este tipo de delitos.

La reflexión que la Fiscalía plasma ahora en su circular ya ha sido incorporada a los debates dentro del Gobierno, tras las críticas que España ha recibido de Estrasburgo por el uso extensivo de los tipos penales que castigan los delitos de odio en internet. El movimiento del ministerio fiscal se produce en paralelo a una reflexión dentro del ejecutivo en el sentido de cambiar las penas de cárcel para muchos de esos delitos por trabajos en beneficio de la comunidad.


La circular que en la que la Fiscalía sigue trabajando señala que "el carácter esencialmente valorativo de estas figuras delictivas aconsejan la utilización de criterios que denoten la presencia de un móvil de odio o discriminación". A partir de ahora no bastará con la publicación de un tuit para que alguien pueda ser acusado de estos delitos, sino que la intencionalidad discriminatoria "habrá de ser confirmada o descartada a través de la correspondiente investigación".

En otras palabras, los fiscales estarán obligados a acreditar que quien difunda mensajes de odio tenga intencionalidad manifiesta de generar daño y, por tanto, dirijan sus ataques a colectivos concretos a los que pretendan discriminar. Los fiscales tendrán en consideración que los mensajes por los que se persiga a los acusados "promuevan o favorezcan un clima de violencia, hostilidad o discriminación".  "Se trata de analizar -asegura la circular- si las conductas son susceptibles de generar o no una situación objetiva de peligro o riesgo de que se puedan cometer actos de violencia, hostilidad, discriminación u odio contra un determinado colectivo o una parte o individuo del mismo". 

El caso más reciente y mediático ha sido el del cómico Dani Mateo, a quien se llegó a llamar a declarar como imputado para responder por la posible existencia de un delito de odio tras un gag realizado en su programa de televisión, El Intermedio. Mateo simuló sonarse los mocos ante las cámaras con un bandera de España. Fue acusado por la organización Alternativa Sindical de Policía y el titular del juzgado número 47 de Madrid le tomó declaración en calidad de imputado. Finalmente el caso fue archivado a petición de la Fiscalía.

Las normas que ahora se van a difundir entre todas las escalas de la Fiscalía pretenden imponer el criterio que provocó el archivo del caso de Dani Mateo y establecer nuevas pautas de interpretación sobre los hechos que se pudieran calificar como delito de odio.


Pese al nuevo criterio, la Fiscalía advierte en su circular de que "la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al discurso del odio". 

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2431 en: 12 de Abril de 2019, 21:45:44 pm »
Y que va a ser ahora de la PMM? Se le van a hundir los palotes a los de la Unidad del Odio, que cosas oiga.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2432 en: 20 de Abril de 2019, 13:20:41 pm »
Pérez, el ex juez estrella del puticlub de Mallorca que imputó a Matas tras leer 28.000 folios en un día


Francisco José Pérez, antiguo juez sustituto de Palma, que fue cesado por unas polémicas imputaciones, detenido por presunta trata de blancas.
20 abril, 2019 03:03

 MALLORCA  PALMA DE MALLORCA  PROXENETISMO
David López Frías  @lopezfrias
Engañaban a las chicas colombianas. Les prometían un futuro mejor en España y así conseguían que volasen hasta Mallorca. Una vez en la isla, las esclavizaban. Las obligaban a prostituirse en un burdel de Sant Agustí, donde las humillaciones eran rutinarias. Las obligaban a realizar prácticas sexuales aberrantes. Las maltrataban. Ahora, la policía ha detenido a cinco hombres como presuntos autores de un delito de trata de blancas. Y uno de ellos, el administrador del negocio, es Francisco José Pérez, el exjuez sustituto de Mallorca que imputó a Jaume Matas en el Caso Ibatur.

La noticia la avanzaba en primicia Última Hora el pasado día 13: un juez sustituto había sido detenido en Mallorca, en el marco de una operación contra el tráfico de personas. Agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) habían arrestado el martes 9 de abril a dos varones rumanos, dos colombianos y un español, como responsables de la organización. Aunque el caso sigue bajo secreto de sumario, fuentes próximas a la investigación han confirmado a EL ESPAÑOL que el detenido de nacionalidad española es Pérez, tal vez el juez más controvertido que ha pasado por las islas en los últimos años.


Francisco José fue juez durante siete años y estuvo en el centro de la polémica porque el Consejo General del Poder Judicial lo cesó por su "falta de idoneidad para ser juez". ¿El motivo? Su facilidad para desenfundar cuando se trataba de imputar a rostros conocidos que le dieran notoriedad. Tres abogados le denunciaron en 2012 cuando Pérez ocupaba el cargo de juez sustituto de Palma, Inca y Manacor. Consideraban los letrados que el magistrado se estaba extralimitando. Le reprochaban que  "durante sustituciones de corta o muy corta duración adoptara decisiones en el seno de determinadas causas penales, algunas de gran relevancia y complejidad, de manera apresurada y poco ponderada" sostenía la denuncia.

Leer 28.000 folios en una tarde
Por ejemplo: aprovechó una sustitución de 4 días como juez sustituto en Palma para imputar al expresidente Jaume Matas y al exdelegado de Gobierno en Baleares en el Caso Ibatur, uno de los procesos por corrupción más importantes de cuantos se han juzgado en la isla en los últimos tiempos. Para dictar ese auto de imputación, Francisco José Pérez habría realizado un esfuerzo titánico… y poco creíble. 


“Algo humanamente imposible. Una hazaña”, apuntaban los abogados que lo denunciaron. Y es que la causa consta de 23 tomos y 80.000 folios, pero Pérez tomó la decisión de imputarlos en una sola tarde. El ya entonces juez sustituto habría leído hasta el folio 28.000, por lo que los denunciantes calcularon que para haber completado esa tarea, tendría que sostener un ritmo de lectura de 20 folios por minuto, sin ningún tipo de descanso. “Si es así, es un superdotado y sólo queda felicitarle”, ironizaron los denunciantes.

Inmueble de la calle Mitja Lluna número 3, en la zona de San Agustín, Mallorca
Inmueble de la calle Mitja Lluna número 3, en la zona de San Agustín, Mallorca
La denuncia prosperó y Francisco José Pérez acabó siendo destituido de su plaza de juez sustituto por “falta de idoneidad”. Una cese que fue acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en 2013 y refrendado por la Sala tercera del Supremo en 2015, cuya sentencia subrayaba que atribuyó a Pérez "una actuación y una forma de tomar decisiones caracterizadas por la falta absoluta del necesario estudio, análisis y reflexión", añadiendo que no es "excesivo o irrazonable colegir una suerte de inclinación o afección por tomar parte en los asuntos de interés mediático".

Desde entonces, Francisco ejerce la abogacía en Palma. Colabora, por ejemplo, con Bochika Bitata, un conocido letrado que en 2008 se convirtió en el primer policía de color de Calvià y ahora es abogado. Pero, al parecer, Francisco llevaba una doble vida oculta a su entorno. A todos les ha sorprendido ver a Francisco inmerso en un caso de trata de blancas. “Nunca te imaginas que una persona a la que conoces pueda estar implicada en algo tan gordo, pero desde luego Francisco no parecía responder a ese perfil. Es un tío tranquilo, con cara de bueno. Pusilánime casi…” comenta todavía sorprendido un mallorquín que lo contrató para un caso. “Yo por lo menos no me lo imagino al mando de una organización que tenga puticlubs”, concluye.

Un papel fundamental en la red
Pero la investigación no atiende a apariencias y el exjuez sustituto está acusado de conformar la organización junto a otros cuatro hombres. Es más: el papel que presuntamente desempeñaba Pérez, el único socio español de la trama, era determinante: Francisco José Pérez figura como administrador único del negocio basado en el número 3 de la calle Mitja Lluna, en la zona de San Agustín (Mallorca).

Allí, según la investigación, es donde prostituían a chicas. Principalmente colombianas captadas en zonas rurales de su país. Para ello era clave a participación de los dos socios colombianos de la organización. Ellos eran los encargados de ofrecerle unos puestos de trabajo a las jóvenes en España, sin precisarles que acabarían ejerciendo la prostitución.

Cuando las chicas llegaban a Mallorca, eran informadas de la deuda que habían contraído con sus captores. Para saldarla, las prostituían en el burdel durante jornadas de trabajo larguísimas y entre humillaciones constantes. Investiga también la UCRIF si las chicas eran obligadas a practicar determinados actos sexuales extremos. Todo ello, bajo un férreo control ejercido por la organización, en el que desempeñaban una labor esencial los dos detenidos rumanos.

Temor a que las chicas no testifiquen
Tanto Francisco como sus otros cuatro presuntos socios fueron detenidos el pasado 9 de abril y posteriormente puestos en libertad con cargos, con medidas como la retirada del pasaporte. El caso sigue bajo secreto de sumario, decretado por el Juzgado de Instrucción Número 12 de Palma de Mallorca.

Pero se ha sabido que en el entorno de la investigación existe cierto temor con respecto a los testimonios de las chicas. Las chicas se encuentran en una situación de extrema debilidad. Están solas y tienen miedo. Solamente quieren que se acabe la pesadilla. Temen los investigadores que sean presionadas para que abandonen la isla y no testifiquen contra la trama.

A pesar de los temores,  los acusados han sido puestos en libertad con cargos. También Francisco José, que ha sido contactado por EL ESPAÑOL pero ha declinado hablar con este periódico. Ahora tendrá que responder ante la justicia, esa misma que le sancionó por extralimitarse, acerca de un oscuro prostíbulo en la calle Mitja Lluna donde se explotaba y humillaba a mujeres que habían llegado a Mallorca buscando una vida mejor y acababan siendo esclavizadas y obligadas a practicar sexo extremo contra su voluntad.