Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 255846 veces)

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2460 en: 04 de Agosto de 2019, 21:20:09 pm »
Pués si es cierto todo lo que aquí de dice . . . un verdadero infierno el que ha vivido tu vive ésta mujer.

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2461 en: 29 de Agosto de 2019, 07:30:52 am »


La escalada de delincuencia en Barcelona golpea a los jueces: “no damos abasto”


Denuncian que los tiempos establecidos y el auge de los delitos no les permite entrar al fondo de los asuntos y dictar sentencias condenatorias

Varios mossos identifican a un carterista en Barcelona.
photo_cameraVarios mossos identifican a un carterista en Barcelona.
29/08/19 access_time 1:03
La escalada de delincuencia en Barcelona no sólo está pasando factura a los habitantes de la ciudad condal y a los turistas. También está comenzando a afectar de manera seria a los jueces que ejercen en la capital catalana.

Confidencial Digital ha contactado con varios magistrados que han ofrecido su testimonio personal del ejercicio de la carrera en estos momentos, cuando el número de robos con violencia ha aumentado un 31% durante el primer semestre de este año (del 58,6% acumulado en tres años), según publicó El Periódico de Cataluña.

Sólo entre enero y junio, se presentaron 67.276 denuncias por hurto en Barcelona, sin contar los robos con y sin violencia u otros delitos como las agresiones o las agresiones sexuales.

El reparto de la carga de trabajo
Los jueces contactados por ECD se muestran “preocupados” por una opinión cada vez más generalizada según la cual la Justicia no castiga lo suficiente a los delincuentes y en especial a los reincidentes, ya que muchos de ellos quedan en libertad tras pasar a disposición judicial.

Estos magistrados señalan que se trata de una opinión infundada, ya que se les aplica la ley “como al resto de detenidos” en otras circunstancias, cuando el número de delitos era menor en Barcelona.


Sin embargo, a la vez señalan que la escalada de delincuencia les está dificultando el trabajo, hasta el punto de que algunos días han llegado a quejarse: “no damos abasto con tantos asuntos”.

Achacan la situación a una circunstancia muy concreta: el reparto de las cargas de trabajo, que en algunos casos, les obliga a “dedicar no más de diez minutos a un procedimiento” si se quiere cumplir con los estándares aprobados por el CGPJ.

“Si otros años la situación ya era preocupante, ahora que las denuncias no dejan de aumentar, es peor todavía”, manifiestan a este confidencial.

Los reincidentes
Lo ilustran con un ejemplo: “quizá lo más alarmante de Barcelona es el fuerte carácter de reincidencia de muchos de los delincuentes”, que se sienten impunes “porque no les enviamos a prisión” y por tanto vuelven a delinquir.

“Se nos echa la culpa porque no les mandamos a prisión”, explican estos jueces, “pero para que podamos ordenar su ingreso en un centro penitenciario, debe haber necesariamente tres condenas firmes por los mismos delitos en los últimos seis meses”.

Según cuentan a este confidencial, “al ritmo que vamos, eso es imposible”. “Si tenemos que alcanzar un mínimo de asuntos resueltos para mantenernos en los estándares y poder mejorar en la carrera, es inviable”, aseguran.

Este nivel de eficacia no les deja más remedio que “elegir entre enfermar o resolver con la puesta en libertad y confiar en que la detención haya surtido efecto y les disuada de volver a delinquir”, algo que no suele ocurrir.

“Es la pescadilla que se muerde la cola”, lamentan, ya que una sentencia condenatoria exige “un estudio más serio, lógicamente, que el de un auto”, y el ritmo de trabajo les impide “entrar al fondo del asunto y fundamentar bien la pena de prisión”.

Denuncias ante el Supremo y la AN
Las quejas por la sobrecarga de trabajo no son nuevas en la carrera judicial. A finales de julio, Jueces y Juezas para la Democracia denunció al CGPJ y al Ministerio de Justicia ante la Inspección de Trabajo por la situación laboral de los jueces de lo social de Barcelona, Tarragona y Reus.

Además, está pendiente la sentencia de la Audiencia Nacional tras la denuncia presentada por las asociaciones judiciales contra el CGPJ por este mismo asunto.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia y Foro Judicial Independiente ampliaron la denuncia a Justicia y a las comunidades autónomas con la competencia transferida.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2462 en: 10 de Septiembre de 2019, 13:46:02 pm »


El juez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por conspirar contra Victoria Rosell


El Tribunal Superior de Justicia de Canarias le atribuye los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficialEl magistrado deberá pagar además 60.000 euros a la actual diputada de Podemos por los daños morales ocasionados como consecuencia de lo que la Fiscalía describió como "un acuerdo corrupto"


El juez Alba, junto al abogado Pedro Ayala, en la tercera sesión del juicio. (EFE)
Por Canarias Ahora
10 sep 2019 12:37

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al juez Salvador Alba a seis años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación por conspirar contra la también magistrada y actual diputada de Podemos Victoria Rosell durante los meses en los que la sustituyó al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.


En una sentencia notificada este martes a las partes, la Sala de lo Penal del alto tribunal canario atribuye al magistrado, suspendido de funciones desde julio de 2018,  los delitos de prevaricación, en concurso con el de cohecho, y falsedad en documento oficial. El magistrado suspendido queda absuelto del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y de la revelación de secretos.

Alba deberá además indemnizar a Rosell con 60.000 euros por los daños morales ocasionados como consecuencia de esta operación. La actual diputada de Podemos tuvo que renunciar a la Diputación Permanente del Congreso después de que el Tribunal Supremo admitiera, gracias a un informe de Alba ahora declarado falso, la querella que el exministro José Manuel Soria había presentado contra ella.

La Fiscalía pedía diez años de cárcel y 29 de inhabilitación para el magistrado por lo que describió como “un acuerdo corrupto” para desacreditar a la jueza Rosell.


Alba se reunió de forma clandestina el 16 de marzo de 2016 en su despacho de la Audiencia Provincial de Las Palmas con Miguel Ángel Ramírez, empresario a quien investigaba por fraude fiscal, para maquinar una declaración en sede judicial del entonces presidente de Seguridad Integral Canaria para desvelar la supuesta existencia de vínculos comerciales  con sociedades del periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la jueza que había instruido su causa desde 2014. Negocios que, "de haberlos habido", se remontarían a 2009, cinco años antes de que la actual diputada de Podemos abriera diligencias contra Ramírez, según manifestó la fiscal Evangelina Rios en la vista. 

Ese acuerdo pretendía un doble objetivo: el archivo del procedimiento por un supuesto incumplimiento del deber de abstención de la jueza y alimentar la querella del exministro Soria contra Rosell, que había pedido la excedencia para concurrir a las elecciones generales de diciembre de 2015 en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas.

La condena implica la pérdida definitiva de la condición de juez para Alba, que puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El TSJC ha denegado además la autorización al magistrado para interponer una querella por calumnias contra Miguel Ángel Ramírez, el empresario que grabó y entregó en los juzgados la conversación que ambos mantuvieron en el despacho de Alba, en la que se pactaron los términos de la operación para perjudicar a Rosell. En su declaración como testigo, el expresidente de Seguridad Integral Canaria (SIC) comparó los métodos del ahora condenado con los propios de "la mafia de Chicago en los años 30".

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2463 en: 17 de Septiembre de 2019, 17:22:41 pm »

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2464 en: 20 de Septiembre de 2019, 20:12:17 pm »


ABREN JUICIO AL JUEZ DE BALEARES QUE REQUISÓ Y ORDENÓ INVESTIGAR TELÉFONOS DE PERIODISTAS   





El juez Miguel Florit a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Baleares. | Europa Press
CASO CURSACH
Abren juicio al juez de Baleares que requisó y ordenó investigar teléfonos de periodistas
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El Tribunal Superior de Justicia de Baleares abre juicio al magistrado Miguel Florit por varios presuntos delitos cometidos al ordenar la requisa de móviles de dos periodistas, en el marco del caso Cursach.

   
POLÍTICA 20.09.2019 15:16 EFE
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha acordado la apertura de juicio oral contra el magistrado Miguel Florit por varios presuntos delitos cometidos al ordenar la requisa de móviles de periodistas y el control de sus comunicaciones en el marco del caso Cursach.

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En un auto notificado esta mañana, el TSJIB también abre juicio oral contra el Estado como responsable civil subsidiario y fija una fianza para el juez de 60.166 euros, para asegurar las responsabilidades pecuniarias a que pudiera haber lugar en esta causa, ha informado el TSJIB.

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Las acusaciones, que son la editora de Diario de Mallorca, los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, la Agencia EFE, Europa Press, y la Asociación de Medios de la Información, calificaron los hechos en sus escritos de acusación como prevaricación, delito contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del secreto profesional y el derecho a la intimidad y de interceptación ilegal de comunicaciones.

En el auto, la magistrada Felisa Vidal asegura que de lo actuado "se infiere que los hechos investigados revisten los caracteres de delito y que existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado".

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2465 en: 30 de Septiembre de 2019, 06:35:24 am »




Pone un detective al juez que falló en su contra y descubre que tiene una relación con su exmujer

Dura sanción del Consejo General del Poder Judicial al magistrado: un año y medio de suspensión de empleo y sueldo.

30 septiembre, 2019 02:49
María Peral @Maria_peral


Un juez destinado en un pueblo de Ávila ha sido suspendido en el ejercicio del cargo por el Consejo General del Poder Judicial por intervenir en un pleito de familia fallando en contra del padre -al que aumentó el importe de la pensión de alimentos y redujo los días de visita a su hija- mientras mantenía una amistad íntima con la madre.

La relación del magistrado con la mujer fue descubierta por el exmarido, que encargó una investigación a un detective privado el mismo día que conoció la resolución por la que el juez S.A. incrementaba de 200 a 450 euros mensuales la pensión que el padre debía pagar a la menor dando por buena la alegación de la madre de que el progenitor había visto incrementado su poder adquisitivo, lo que no era cierto.

El juez también suprimió la estancia de la niña con su padre los martes por la tarde basándose en la afirmación de la madre de que pasaba el tiempo con los abuelos y no con el progenitor.

Ambas medidas contrarias al padre fueron anuladas posteriormente por la jueza que sustituyó a S.A., al considerar que se habían acordado pese a la "carencia de cualquier soporte probatorio", indicaba la magistrada en la resolución.
La denuncia

El expediente disciplinario fue iniciado por el órgano de gobierno de los jueces a raíz de una denuncia del padre en la que exponía su asombro al conocer la decisión del juez S.A. de estimar parcialmente una demanda de modificación de medidas presentada por su exesposa, modificación "absoluta y sorprendentemente injusta".

Ese mismo día contrató a un detective habilitado por el Ministerio del Interior con el encargo de "investigar, en el ámbito de la custodia de mejores, a doña [exmujer] en cuanto a la diligencia en el cuidado de la menor, el tiempo que la madre dedica a su estancia con su hija, ocio y rutinas y el tiempo que pasa en compañía de los abuelos maternos".

El detective se encontró con un varón -que resultó ser el juez S.A.- "paseando con la demandante, besándose, acudiendo al colegio de la menor, subiendo a la menor al propio coche de S.A. con la madre, junto al domicilio de los abuelos maternos o interactuando con la niña (....), situaciones que no dan lugar a dudas de una relación sentimental, de confianza y creada con suficiente tiempo para poder estar familiarizado y asumido por el entorno de la familia" de la mujer.

A la vista del informe del investigador privado, la defensa del demandado dirigió un escrito al Juzgado en el que, entre otros extremos, proponía la declaración del detective como testigo. Fue entonces cuando S.A. supo que había una investigación sobre la exmujer del demandado que podía comprometerle, aunque no pudo conocer su contenido en ese momento porque, debido al volumen del documento, no fue admitido por el sistema de comunicación electrónica Lexnet.
Las fotos

El informe del detective llegó al Juzgado cuatro días después. En él figuraban fotos del juez y la exmujer del demandado.

Éste entregó, además, una imagen de ambos en una celebración oficial en Ávila que había tenido lugar justo el mismo día en que S.A. dictó el auto modificando, en contra del progenitor, las medidas paterno-filiales. Manifestó que unos conocidos se la habían enviado al teléfono.



Foto del juez y su exmujer aportada por el demandante./ E.E.

El mismo día en que la investigación del detective entró en el Juzgado, el magistrado dictó una resolución para "poner en conocimiento de las partes y del Tribunal correspondiente que se solicita la abstención del presente procedimiento, habida cuenta que, se ha quedado varias veces con la actora [la demandante] en concreto los días 5, 6, 7 y 11 de junio del 2018, para tratar temas relativos al trabajo que sobre violencia de género vengo realizando, y que si bien aún no concurre la causa de abstención relativa a amistad íntima, sí que es cierto que podría verse comprometida mi objetividad a la hora de enjuiciar el asunto (...)". Esas eran justo las fechas en las que el informe del detective había fotografiado al juez y la demandante juntos.

"Resulta impropio y humillante, no solo para mí, sino también, para la Administración de Justicia, (...) que el mismo día en que se dictó el auto por el que se limitaban los derechos de mi hija y míos, posteriormente declarado nulo, el magistrado firmante del mismo estuviera con la demandante en una reunión social y posaran felices ante las cámaras, sin importar el daño que me estaban causando, a mi y a mi hija, al privarle de su derecho a estar en mi compañía", se quejaba el demandante en la denuncia presentada al CGPJ.
La Audiencia pide explicaciones

A la Audiencia Provincial de Ávila le pareció "confuso" el escrito de abstención del magistrado, entre otros motivos porque "no aporta ningún tipo de acreditación de la
realización del referido trabajo o, al menos, algún material de cualquier índole que evidencie su desarrollo, aun incipiente”.

El tribunal acordó requerir al juez para que "completara" su escrito de abstención. En un nuevo escrito, S.A. explicó que se encontró con la demandante en un bar "con posterioridad" a la modificación de las medidas "y tras una charla distendida se mostró conforme en colaborar con el trabajo sobre violencia de género", tanto ella como sus padres. Por ello acudió a su domicilio, aunque en alguna ocasión "también tomamos algo y pasamos la tarde" y después han quedado "en diversas ocasiones".

Ello había generado una relación "de confianza, empatía, cariño y feeling" , "concurriendo a día de la fecha una causa de subjetiva de abstención de carácter sobrevenido por existir una relación de afinidad", indicó el magistrado.

La Audiencia aceptó la abstención y encomendó el procedimiento a otra juez, que anuló lo hecho por su compañero y desestimó las pretensiones de la demandante.

Para la magistrada que sustituyó a S.A., las pruebas aportadas "evidencian que no se trata de una mera relación de amistad o colaboración [entre el juez y la demandante], sino más bien una relación íntima, de complicidad y sentimental" y "si bien es cierto que todos los hechos relatados son posteriores a la celebración de la vista y al dictado del auto controvertido, no es menos cierto que tales hechos ponen de manifiesto que la relación entre ambos está consolidada en el tiempo y que presumiblemente es previa al presente proceso, como justifica la parte demandada, quien contrató a un detective privado".
Deber de abstención

De la misma opinión han sido tanto el fiscal como el promotor de la acción disciplinaria. Éste argumentó en su propuesta de sanción que "a pesar de la acreditada existencia de una relación entre el magistrado y doña X ─demandante en un litigio del que conocía el propio magistrado y sobre el que expresamente llegó a resolver─, no procedió a formular su abstención hasta veintiún días después del dictado del auto de modificación de medidas y con posterioridad a que tuviera noticia de que dicha demandante había sido objeto de seguimiento e investigación por un detective privado".

El fiscal pidió para S.A. seis meses de suspensión en la función judicial por una falta muy grave de "inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas". El promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, elevó a dos años su propuesta de suspensión. La Comisión Disciplinaria ha impuesto al juez un año y medio de suspensión.

La decisión sancionadora, unánime, puede ser recurrida.


   

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2466 en: 25 de Octubre de 2019, 16:47:04 pm »
Franco ya salió del valle...ahora solo resta sacarlo de las Instituciones.


La máxima autoridad judicial de Castilla y León cree que la exhumación de Franco convierte en "rencor" la "concordia" del 78


El presidente del Tribunal Superior de Justicia autonómico asegura que el traslado de los restos del dictador es consecuencia de la "perversa" ley de memoria históricaJosé Luis Concepción dice en una entrevista en 'El Norte de Castilla' que esa ley trata de convertir en "vencedor" de la Guerra Civil a quien perdió la contienda de 1939


José Luis Concepción, presidente del TSJ de Castilla y León. EFE
Por eldiario.es
25 oct 2019 15:42

José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, asegura que la exhumación de Francisco Franco es un acto que "cambia o que transmuta en rencor la concordia que ha existido en este país desde 1978" y que es la consecuencia de la "perversa" ley de memoria histórica.


En una entrevista en El Norte de Castilla, el magistrado subraya que esa norma, aprobada en 2007 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, "reverdece el odio" entre españoles y trata de "reescribir la historia" y convertir en "vencedor" de la Guerra Civil a quien perdió la contienda de 1939.


Concepción valora "con tristeza" la exhumación de los restos del dictador cuarenta y cuatro años después de que fuera enterrado con honores militares en el Valle de los Caídos y asegura que, el de ayer, no fue "el día de la alegría que se pinta en todas partes".

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2467 en: 25 de Octubre de 2019, 17:05:03 pm »
Se equivoca y lo peor es que lo sabe pero le da igual.


Patético personaje

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2468 en: 28 de Octubre de 2019, 06:36:56 am »

Por qué el anuncio de Ayuso de renunciar a nombrar un juez para el TSJM es una "cortina de humo"

El gobierno de la Comunidad de Madrid ha propuesto renunciar a la designación de jueces para el TSJM en aras de "despolitizar" la justicia


Carlos Frías
   
Publicado 28.10.2019 - 05:15


El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha lanzado una "cortina de humo" esta semana. El Ejecutivo regional que lidera la popular Isabel Díaz Ayuso ha propuesto renunciar a la designación de un juez para el Tribunal Superior de Justicia de la Región en aras de "despolitizar" el órgano de los magistrados.

"No estamos cuestionando la independencia del poder judicial en España, sino afirmándola para robustecerla y que no se dé la apariencia de parcialidad como consecuencia del origen del nombramiento de los magistrados", justificó el pasado martes el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López.

Pero lo cierto es que conseguir esto es complicado. Primero se debería aprobar en la Asamblea de la Comunidad de Madrid un proyecto de ley por mayoría absoluta. Por ahora este intento de desligarse del nombramiento de jueces sólo cuenta con los 30 votos del PP y con los 26 de Ciudadanos, socio de legislatura de Ayuso.

De ahí se remitiría como proposición de ley al Congreso de los Diputados, pues se está planteando es una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). De salir adelante, este cambio afectaría a todos los parlamentos autonómicos y, por ende, a todos los Tribunales Superiores.

    "Una asamblea de una comunidad no puede decir que no lo va a hacer, porque es que la ley le obliga”

Raimundo Prado, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria
"No tienen potestad para hacerlo"

Es en la LOPJ donde encallaría la propuesta. Como explica a Vozpópuli el portavoz nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, "ninguna asamblea regional tiene potestad para hacer lo que le están vendiendo a la gente".

Según la legislación, los parlamentos de las comunidades autónomas mandan una terna al Consejo General del Poder Judicial una terna de candidatos, y es el órgano de Gobierno de los magistrados quien escoge a uno para ocupar la sala civil y penal del Tribunal Superior correspondiente.

"Una asamblea de una comunidad no puede decir que no lo va a hacer, porque es que la ley le obliga". Prado recuerda que en la última reforma de esta ley orgánica, que se produjo en el diciembre pasado, ningún partido quiso cambiar esta figura por la que los gobiernos de las comunidades proponen a un juez.

Otras fuentes de la misma asociación apuntan que lo que realmente despolitizaría la justicia es que todos los jueces fuesen elegidos entre todas estas organizaciones, sin intermediación de los políticos.

 
 

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2469 en: 31 de Octubre de 2019, 07:00:35 am »
   
 
   
"FALTA MUY GRAVE"
Suspenden dos meses a la 'jueza pitonisa' de Lugo por conceder indultos a tres presos

"El expediente resuelto por la Comisión Disciplinaria está relacionado con varias resoluciones dictadas por la magistrada en el marco de la tramitación de expedientes de peticiones de indulto"


Imagen de archivo de la jueza María Jesús García Pérez. (EFE)

Autor
Pablo Gabilondo
Contacta al autor
@p_gabilondo


30/10/2019 17:18 - Actualizado: 30/10/2019 17:58

La magistrada María Jesús García Pérez, más conocida como la 'jueza pitonisa' por echar las cartas del tarot, ha sido suspendida de sus funciones durante dos meses por conceder indultos parciales a al menos tres presos cuando se trata de una competencia exclusiva del Gobierno. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial considera que incurrió en una "falta muy grave de ignorancia inexusable" entre noviembre de 2016 y junio de 2019, cuando ejercía como titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Lugo. "El expediente resuelto por la Comisión Disciplinaria está relacionado con varias resoluciones dictadas por la magistrada en el marco de la tramitación de expedientes de peticiones de indulto a internos en centros penitenciarios", explica el CGPJ en un comunicado.

La jueza saltó a los titulares en 2018 tras conocerse que, además de ser titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de LUgo, cobraba por leer las cartas del tarot en un piso de la localidad gallega. García distribuía incluso publicidad en la que se anunciaba como "tarotista y vidente", lo que llevó a periodistas de 'El Progreso de Lugo' a personarse en su 'consulta' haciéndose pasar por clientes. El CGPJ incoó diligencias informativas para establecer la veracidad de los hechos y determinar si incumplía las incompatibilidades previstas para los jueces, pero terminó por archivar el expediente en octubre de 2018 al considerar que la prueba que se obtuvo contra ella fue obtenida a través de una cámara oculta situada en el domicilio de la magistrada y que por lo tanto tenía un origen ilícito.

Pese a ello, el CGPJ no tardó en volver a poner el foco en ella. La noticia se conoció el pasado agosto, después de que le abrieran un nuevo expediente por conceder indultos cuando es competencia exclusiva del Gobierno a través del Consejo de Ministros. El órgano de gobierno de los jueces informó entonces de que se le investigaba por al menos tres indultos, pero en el comunicado facilitado este miércoles no concreta el número exacto que concedió. "La Comisión Disciplinaria ha acordado imponer a la magistrada María Jesús Pérez García una sanción de dos meses de suspensión en el ejercicio de sus funciones por entender que cometió una falta muy grave de ignorancia inexcusable, prevista en el art. 417.14 de la LOPJ", explica el comunicado.

Del bar de 'striptease' a pitonisa

María Jesús García Pérez ingresó en la carrera judicial en 1992. Su primer destino fue Laredo, en Cantabria, y de ahí pasó en 1996 al municipio madrileño de Collado Villalba. Tras abandonar este puesto, pasó a Las Palmas de Gran Canaria, donde su vida personal fuera de lo juzgados llamó la atención del CGPJ. Como adelantó El Confidencial, el servicio de inspección del Poder Judicial tuvo que desplazarse a la isla ante una denuncia interna que había llegado: por las noches la magistrada actuaba puntualmente en un local de 'striptease' de un amigo. Dicha polémica se remonta al año 2001.

La jueza argumentó que no cobraba por ello y que lo hacía en su tiempo libre, como una especie de 'hobby', lo que le libró de sanción alguna por parte de sus superiores. También salió airosa cuando la Dirección General de Justicia, dependiente del Gobierno canario, llegó a reclamarle unos 6.000 euros en llamadas telefónicas a números del tarot. Según publicó la prensa canaria, ella se defendió achacando las llamadas a los funcionarios del departamento. Tras librarse también de una sanción por leer las cartas del tarot en Lugo el año pasado, la jueza ha terminado con una sanción por la conceder indultos entre 2016 y 2019.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2470 en: 01 de Noviembre de 2019, 07:10:37 am »

Un descuido del juzgado ha provocado el retraso en el juicio de ‘El Chicle’, según los expertos
Se pasó por alto que algunos de los miembros del jurado que acaban de renunciar estaban a punto de cumplir la edad límite establecida por la ley

01/11/19access_time 1:01

El juicio a José Ignacio Abuín, ‘El Chicle’, por el asesinato de Diana Quer fue retrasado esta semana. La vista, prevista para el pasado martes, 29 de octubre, se ha tenido que trasladar al próximo 11 de noviembre debido a los problemas que ha encontrado el juzgado para formar el jurado popular.

La Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, exige que se presenten, al menos, 20 personas para iniciar el proceso de constitución del jurado. Al juicio contra ‘El Chicle’ se presentaron 21 de las 36 posibles. Sin embargo, cuatro de los elegidos se han tenido que retirar alegando distintos motivos, incluyendo motivos de salud, edad y “falta de imparcialidad”.

Según fuentes consultadas por Confidencial Digital, la legislación, “prevé casos para asegurar que los miembros elegidos para ser jurado no estén ʻcontaminadosʼ”. Así, la ley del Tribunal del Jurado especifica en su artículo 12 que podrán excusarse para actuar como jurado “los mayores de sesenta y cinco años (...)” o “los que aleguen (...) cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado”, entre otras circunstancias.

En concreto, el miembro que ha sido rechazado por motivos de edad tiene 67 años, lo que superaría el límite de edad marcado por la ley. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia han declarado a ECD que esta persona “optó por ocultar el detalle hasta más tarde”. Pero Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista, ha recordado que el juzgado “debe tener la garantía de que el jurado no cumpla los 65 años a lo largo del juicio”. Según Ospina, puede darse la circunstancia de que, en un juicio que se alarga en el tiempo, las personas que formen parte del jurado cumplan la edad límite establecida.

El juicio contra ‘El Chicle’ ha quedado aplazado al próximo 11 de noviembre. Fuentes del TSJ de Galicia no creen que este aplazamiento por la formación del jurado vaya a retrasar de alguna manera la firma de la sentencia, prevista para el mes de diciembre.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2472 en: 06 de Noviembre de 2019, 18:35:05 pm »
Otra hostia más al gobierno español......esta vez la responsable de darla ha sido Gran Bretaña y ya van unas cuantas.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2473 en: 06 de Noviembre de 2019, 19:16:15 pm »
Están los indepes para hablar de la independencia de las Instituciones.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2475 en: 07 de Noviembre de 2019, 15:20:32 pm »

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2476 en: 10 de Noviembre de 2019, 07:22:16 am »

instructora del caso pokemon entre otros
Apartan a la jueza de las macrocausas gallegas por "falta de supervisión"
Pilar de Lara pierde la plaza de Lugo tras rechazar su recurso el Consejo General del Poder Judicial por el expediente que tenía abierto


Foto: La magistrada Pilar de Lara, en Lugo. (EFE)

Autor
Pablo López. Vigo
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10/11/2019 05:00

De nada le ha servido el recurso que presentó en mayo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desestimado las alegaciones de la jueza de Lugo, Pilar de Lara, la de las macrocausas y los sumarios contra la corrupción, y confirma la sanción que la comisión disciplinaria le impuso en marzo de siete meses y un día sin empleo y sueldo, lo que conlleva la pérdida de destino. El organismo instructor le atribuye "descontrol y falta de supervisión" de los asuntos bajo su jurisdicción y "persistencia de la conducta infractora durante más de tres años". Agotada la vía administrativa, la magistrada más mediática de Galicia ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo.

La resolución, que confirma la comisión de una falta muy grave prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, está repleta de duras acusaciones contra De Lara, a la que recrimina "el número de asuntos afectados" y "la injustificada paralización de las actuaciones durante años", lo que a entender de la comisión "pone de manifiesto la intencionalidad" de su actitud. También le reprocha la negativa repercusión de este proceder "en derechos fundamentales ajenos, la perturbación ocasionada en el funcionamiento de la Administración de Justicia y en su imagen, así como su trascendencia y su repercusión social".

La "necesidad de poner remedio mediante la adopción de medidas de refuerzo (lo que de por sí implica un perjuicio) y la falta de competencia demostrada para la gestión de la instrucción" son otros argumentos a los que apela el Poder Judicial, que los considera "factores que agravan la culpabilidad, contribuyen a apreciar ese superior nivel de reprochabilidad que caracteriza a la falta muy grave y justifican la proporcionalidad de la sanción impuesta con su medida accesoria, de ineludible aplicación".

Responsable de instrucciones como las Pokemon, Pulpo, Cóndor, Cebra, Garañón y parte de la Campeón, Pilar de Lara acapara los focos desde que irrumpió en 2009 con la Carioca, una actuación contra una supuesta red de prostitución y corrupción con más de 80 detenidos, entre ellos guardias civiles, policías y responsables de Extranjería. Una década después, la instrucción sigue abierta y la fiscalía quiere reducir a tres los encausados. Desde su pequeño juzgado de Lugo se impulsaron otras macrocausas que han implicado a conocidos empresarios, alcaldes, 'conselleiros' de la Xunta y a su propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, que se libró finalmente por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El Consejo General del Poder Judicial le abrió expediente el 31 de octubre de 2018 por "retrasos injustificados" y "decisiones que han ocasionado un ficticio incremento del volumen de trabajo". En su comparecencia ante la comisión que vio su caso, en noviembre de 2018, el abogado de la jueza, Agustín Azparren, apeló a la falta de medios y a las deficientes condiciones en las que desarrolla su trabajo, insuficientes en su opinión para el volumen de macrocausas que atiende su juzgado, el número 1 de la capital lucense. Azparren también culpó de las dilaciones a los tiempos de espera de informes y documentos que deben aportar otros organismos, entidades bancarias o incluso países extranjeros.

Su defensa apeló a la falta de medios y a las deficientes condiciones en las que desarrolla su trabajo, insuficientes para el volumen de causas

La jueza detalló en un auto, relativo a la Pulpo —sobre supuestas irregularidades en un programa de la Diputación y acoso laboral—, la situación en la que trabaja. Así, relató que el juzgado dispone "de una máquina multifuncional, que sirve las funciones de impresora, fax, fotocopiadora y escaneadora, que se atasca continuamente y se estropea con elevada frecuencia", y carece de sistemas que le permitan fotocopiar y digitalizar más de 20 folios al mismo tiempo. El propio CGPJ reconoció en 2013 que el juzgado de Lugo necesitaba al menos cuatro funcionarios adicionales y un segundo juez de refuerzo mientras no se concluyesen la Carioca y la Pokemon, pero ni se atendieron esas peticiones ni se han cubierto las sustituciones por las bajas.

Todos los argumentos de la jueza han sido en vano. En una resolución de más de 100 folios, la comisión del CGPJ lamenta la "conducta reprochable" de la jueza, porque "desde mediados de 2015 se aprecian en cada una de las causas que tramitaba disfunciones", como paralizaciones o largos periodos de inactividad, ausencia de resolución sobre diligencias de instrucción y ausencia de dictado de resoluciones procedentes en plazos mínimamente razonables, entre otras. "No se sanciona un especial método de llevar la instrucción, sino precisamente la ausencia de método alguno en atención a los fines que persigue la instrucción, por la dejación de funciones inherentes al cargo de juez instructor", añade.

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Atribuye además la comisión disciplinaria a De Lara el incumplimiento del deber de emitir informes mensuales, "lo que solo hizo desde abril de 2017, tras ser advertida". En el periodo de la "conductora infractora sancionada", desde junio de 2015 hasta la apertura del expediente, la titular del juzgado número 1 de Lugo "apenas avanzó la tramitación y resolución de las causas complejas, aunque algunas diligencias fueran archivadas", expone el órgano judicial

Pese a que la sanción conlleva la pérdida de la plaza en Lugo, De Lara seguirá al frente del juzgado en tanto no se resuelva su recurso ante el Tribunal Supremo. La jueza tratará de cerrar las principales causas que instruye, como la Carioca o la Pokemon —contra la supuesta corrupción en distintos ayuntamientos— antes del mes de enero, cuando se calcula que el TS decidirá sobre su sanción. Su abogado explicó que agotará el plazo para la presentación del recurso, para retrasar así al máximo la resolución judicial. "Cuantas menos macrocausas queden pendientes, mejor", señaló Azparren. "Vamos a intentar acabar todo lo que tenga y para eso tenemos este margen de tiempo". En todo caso, la sanción no implica la nulidad de ninguna de las instrucciones de De Lara, que, de confirmarse la sanción, pasarían al juez que ocupe la plaza.



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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2477 en: 10 de Noviembre de 2019, 11:44:18 am »


El retiro soñado por el juez García de Dios


"El magistrado fue objeto de algún expediente y alguna sanción por parte del Consejo del Poder Judicial, nada tan grave como para impedirle jubilarse tranquilamente y poder dedicarse a ver vídeos de policías cometiendo delitos, tal y como dijo en TV3"...

Soy un firme defensor de nuestro sistema judicial y, sobre todo, de los que forman parte de su engranaje. Durante estas tres últimas décadas de ejercicio del periodismo de sucesos y tribunales he tenido ocasión de tratar con muchos jueces, fiscales y funcionarios, casi siempre anónimos, que con su trabajo diario hacen funcionar eso que llamamos Estado de Derecho. Los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, son el ejemplo perfecto de esto, del primer escalón de la Justicia. Allí nadie quiere convertirse en estrella, casi todos reman en la misma dirección y procuran no poner palos en las ruedas. Aunque siempre hay excepciones. En Plaza de Castilla, concretamente en el Juzgado de Instrucción 6, ejerció como magistrado Ramiro García de Dios, jubilado el pasado año.

Su labor como juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) le valió el Premio de Derechos Humanos 2016, otorgado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), "por su valiente y decidida labor de garantía y defensa". García de Dios, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, ha hecho gala, siempre que ha tenido ocasión, de su ideología, que tiene como único eje cuestionar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que él siempre ha envuelto con la cobertura del "garantismo".

El programa de TV3 'Preguntes Freqüents' no podía desaprovechar la ocasión y entrevistó el pasado sábado, 3 de noviembre, al magistrado, que, cumpliendo el guion previsto, dio a su público y al del programa lo que esperaban. Así, el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el que coincidió como juez de instrucción en Bilbao, "era un juez mediocre y autoritario, complaciente con el subsistema policial (sic), lo que le permitió convertirse en ministro del Interior". Preguntado por los disturbios en Cataluña, el ex juez dijo que había visto muchos vídeos en los que Policía y Mossos habían cometido "actos presuntamente delictivos, especialmente delitos contra la integridad moral". No se le oyó ni una sola palabra sobre las decenas de agentes heridos –alguno de ellos sigue hospitalizado- ni sobre la violencia con la que se emplearon una buena parte de los manifestantes. García de Dios, ante un público y una entrevistadora entusiasmados con su discurso, no quiso defraudar y sugirió que la Policía manipula pruebas, por ejemplo, colocando "una bolsita con un pedrusco" a alguien que lo "único que ha hecho ha sido no correr lo suficiente". La receta para evitar estos abusos es, según el exjuez, "tener una sana y prudente desconfianza del aparato policial".

Esta "sana desconfianza" llevó hace unos años al entonces juez a negarle al Grupo de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid un mandamiento para solicitar a una empresa de telefonía el tráfico de llamadas y los posicionamientos del móvil de una prostituta desaparecida. Los agentes le insistieron en que la desaparición era de alta riesgo, que esa información era importantísima para poder averiguar, por ejemplo, quién había sido su último cliente o dónde había podido ser capturada. Nada convenció al magistrado García de Dios, que invocó a su habitual garantismo para denegar las peticiones de la Policía. Días después, apareció el cadáver de la prostituta, tal y como avisaron los investigadores. La actitud del juez provocó una queja de la entonces comisaria de la UDEV Madrid al Consejo General del Poder Judicial, que salvaguardó la independencia del juez.


La jubilación de García de Dios llegó pocos meses después del asesinato de Jenny, una dominicana que murió el 18 de septiembre de 2017 de un disparo en la cabeza cuando salía de su casa en Vallecas (Madrid). El Grupo de Homicidios solicitó al juez el registro del domicilio de la víctima y un mandamiento para conocer el tráfico de llamadas del teléfono de la mujer asesinada, madre de un hijo. El juez, haciendo valer su "sana desconfianza" y garantizando los derechos de no se sabe muy bien quién, denegó todo. Nada más jubilarse, en febrero de 2018, su sucesor dio el visto bueno a las mismas peticiones de la Policía, que a día de hoy continúa trabajando para detener al asesino.

En los casi 20 años que García de Dios estuvo al frente del juzgado 6 de Madrid, se sucedieron episodios de comedia bufa. En una ocasión, suspendió un juicio porque los policías que acudieron como testigos iban de uniforme –estaban en su turno de trabajo-. Según el juez, lo hacían para "amedrentar al detenido". El magistrado fue objeto de algún expediente y alguna sanción por parte del Consejo del Poder Judicial, nada tan grave como para impedirle jubilarse tranquilamente y poder dedicarse a ver vídeos de policías cometiendo delitos, tal y como dijo en TV3. Ni siquiera él hubiese soñado con un mejor retiro

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2478 en: 10 de Noviembre de 2019, 17:58:13 pm »
Este ciervo absolvió a un acusado de conducir ebrio que ni siquiera se presentó a juicio.


Menudo impresentable, él es el que adolecía de la más mínima profesionalidad.

Ahora que se dedique a decir sandeces que el mundo judicial es mejor sin él.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2479 en: 13 de Noviembre de 2019, 07:15:56 am »

La rebelión de las togas: los jueces no quieren trasladarse de sede
Los magistrados se oponen a marcharse a un nuevo edificio donde la Comunidad de Madrid quiere aglutinar todos los juzgados de primera instancia

Juan Diego Quesada
Madrid 13 NOV 2019 - 00:18 CET   

Los expedientes rebosan los archivos. Los funcionarios revisan sentencias apiñados. Los abogados, los jueces, los letrados, los procuradores, se mezclan entre los pasillos en un ambiente que tiene un punto de promiscuidad. Sin embargo, no quieren irse de este viejo edificio de la plaza de los Cubos, en la calle Princesa. Casi una veintena de magistrados han firmado una carta dirigida al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid en contra del traslado de este órgano judicial a una nueva sede. "Se ha decidido manu militari", se quejan en un escrito largo y combativo repleto de referencias a su especialidad, las leyes.

Los jueces consideran que el cambio de sede, a la calle Rosario Pino, en las inmediaciones de la plaza de Castilla, es arbitraria y "manifiestamente errónea". Al recibir los planos se dieron cuenta de que el nuevo edificio, donde se reunirán los 36 juzgados de primera instancia de Madrid para facilitar la asistencia al ciudadano, no cuenta con el espacio suficiente. Su interpretación es que no hay suficientes armarios para guardar los dossiers judiciales, lo que puede ser un grave problema para cumplir la Ley de Protección de Datos.

Los despachos, además, tienen apenas 12 metros cuadrados. "No pocas veces es necesario mantener entrevistas con las partes y sus abogados. Ahora va a ser físicamente imposible", lamentan los magistrados. Otro inconveniente para ellos: no hay suficientes plazas de garaje para todos, lo que va a obligarles a cargar con los expedientes de papel en transporte público.

El cambio, que todavía no tiene fecha concreta, ha soliviantado el día a día de los trabajadores del juzgado. "Yo ya he pedido el cambio a otro juzgado que sí se queda en estas instalaciones. Y como yo, muchos otros", explica una funcionaria sentada en su mesa, frente a una montaña de papeles. "Yo tampoco me quiero ir", añade su compañera de mesa. En el despacho de uno de los magistrados firmantes, presidido por una foto del Rey y una imagen de la Virgen, el juez camina de un lado a otro para ejemplificar los pocos metros que tendrán a partir de ahora. Sus cálculos le dan que dispondrá de un espacio la mitad que el actual, que en ocasiones, como le ocurre ahora, debe compartir con una jueza en prácticas. 

Las quejas por la situación de las dependencias judiciales han sido una constante desde la anterior legislatura, explica un portavoz de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid. En 2017 se puso en marcha un plan de modernización y concentración para los 21 partidos judiciales que hay en la región. La idea es que los ciudadanos no tengan que desplazarse de una punta de la ciudad a la otra. Ese plan debe durar los cuatro siguientes años y conlleva una inversión mínima de 100 millones de euros. "El edificio de Rosario Pino es nuevo, moderno y está mejor equipado para la labor que tiene que hacer el personal. La concentración beneficia a los trabajadores, jueces, funcionarios, a todos. Además, la Comunidad tiene que pensar en los ciudadanos. Es mejor que todos estén unidos y no desperdigados", razona el portavoz.

La concentración, añade, supone un ahorro económico a la administración y al propio ciudadano. A su modo de ver, el cambio no debe ser una sorpresa para los jueces porque del plan se informó a la sede del gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a su presidente y a la decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco.

La propia del Barco, por teléfono, deja claro que no está contenta con el cambio. "Es un edificio pequeño para tantos juzgados que van a ir allí, 36. El día que esto se votó en sala de gobierno no pude estar presente, no me pude oponer", cuenta. La decana hizo una propuesta alternativa que consistía en no trasladar todos los juzgados, sino unos escogidos. Más tarde, con una futura Ciudad de la Justicia en Valdebebas, un viejo sueño del Gobierno del PP que ha encallado entre la falta de financiación y las corruptelas, aglutinar todas las sedes. ¿Hay algo que hacer? "Nada. La Comunidad ha tomado su decisión definitiva y es quien tiene las competencias", sentencia del Barco.

Los magistrados, pese a su escrito beligerante, ¿tomarán más medidas? ¿Habrá insubordinación? ¿Lo llaman democracia y no lo es? ¿Obedecerán los que están acostumbrados a mandar aunque sea con el librillo de la ley? Uno de los firmantes lo tiene claro: "No, al final cumpliremos con lo que nos manden. ¡Nadie se quiere jugar su carrera judicial!".