Del poder judicial...

[Celestino]

Aquí la justicia no es independiente y eso sí que es un peligro para la democracia

[47ronin]

Un vocal progresista del CGPJ pide desconvocar el pleno contra la amnistía al considerarlo "ilegal"


EL CGPJ contesta al vocal progresista que pedía desconvocar el pleno contra la amnistía: este sigue en pie
Según Álvaro Cuesta, el pleno "es manifiestamente ilegal" y ha amenazado con no asistir. De no hacerlo, deja en bandeja a los vocales conservadores la aprobación del texto

Ana Carvajal

Publicado: 05/11/2023 12:18

Actualizado: 05/11/2023 21:32

El vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta ha pedido que se desconvoque el pleno extraordinario programado para este lunes por el presidente del órgano, Vicente Guilarte, para debatir una propuesta de declaración institucional contra la amnistía. Desde el organismo han contestado al vocal que esta se mantiene en pie.

"Es manifiestamente ilegal", ha subrayado Cuesta en un comunicado publicado este domingo en el que ha anunciado que no asistirá en caso de que siga adelante el pleno, que considera "contrario al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales" del CGPJ. Si se mantiene firme y no asiste, dejará en bandeja la aprobación del texto al haber, con su silla vacía, una mayoría conservadora.


"No seré yo quien contribuya a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes en 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio de 2023, colocando sus nombres al lado de decisiones que mancillan el nombre de este CGPJ, una vez que está fuera de órbita competencial y temporal, al haber expirado su mandato, aunque siga en funciones después de diez años", ha expuesto.

Cuesta ha advertido de que la convocatoria de Guilarte es "improcedente e ilegal" por "no reunir todos los requisitos del artículo 600.2 de la LOPJ". Este indica que puede celebrarse sesión extraordinaria solo para el ejercicio de algunas de las competencias referidas en el artículo 599.


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Entre ellas no se considera "ni informar eventuales o desconocidas proposiciones de ley, ni pactos políticos, ni otras iniciativas legislativas o parlamentarias de los grupos, ni intenciones o programas de Gobierno o de investidura, ni aprobar proclamas o declaraciones políticas partidarias", ha recordado el vocal progresista.

Asimismo, ha destacado que la convocatoria de pleno no es legal "por interferir en la autonomía del Parlamento, en las previsiones constitucionales, sobre el debate de investidura del presidente del Gobierno".


A su juicio, con esta sesión se "conduce al CGPJ a una desleal confrontación institucional con el presidente del Gobierno, los Grupos Parlamentarios y el Congreso de los Diputados".

Cuesta también ha cuestionado la pretendida proclama del CGPJ por suponer una "muy grave irresponsabilidad" que podría "contribuir, fomentar, promover o incitar la crispación política, social o institucional, generando alarma social, ataques a las instituciones democráticas o desórdenes públicos".


Además, ha alertado de que podría "usurpar atribuciones de fiscalización que no le corresponden al CGPJ, interfiriendo de forma grosera en el debate de investidura y, en su caso, condicionando la independencia y actividad de los jueces y tribunales".

"No tiene competencia para pronunciamientos"
En este contexto, ha apuntado que el CGPJ "no tiene competencia para emitir pronunciamientos sobre proposiciones de ley, salvo que así se lo haya pedido el Congreso" y, ha añadido, "ni la Constitución, ni el sistema jurídico, ni la LOPJ obligan al Parlamento a pedir informe previo sobre el contenido de estas proposiciones".


"La Unión Europea tampoco pide ni exige a España, ni a sus miembros, que las iniciativas parlamentarias de reforma en materia de Amnistía, Justicia, Estatuto judicial, Organización, Procedimientos o Derechos Fundamentales se sometan previamente a informe de los Consejos Superiores de la Magistratura", ha agregado.

Por último, ha incidido en que el CGPJ "no tiene título competencial para interferir en la tramitación previa de una proposición, ni puede atribuirse competencias o funciones de censor, guardián de las esencias, juzgador de la constitucionalidad o emisor de certificaciones previas de calidad de las iniciativas parlamentarias, de los diputados o senadores y de sus Grupos, antes de que se pronuncien las Cámaras o el propio Gobierno".


"El CGPJ no tiene el monopolio de la defensa del Estado de Derecho ni puede convertirse en el poder preeminente frente al resto de poderes y órganos constitucionales. El CGPJ no es el Poder Judicial, no representa a los jueces y magistrados, no ejerce ninguna función jurisdiccional", ha sentenciado.

[47ronin]

El riesgo para la democracia no es la amnistía, es el CGPJ



Juan Manuel Alcoceba Gil, Amaya Arnáiz Serrano y Javier Truchero Cuevas

3 de noviembre de 2023 20:28h
Actualizado el 04/11/2023 06:00h
El Consejo del Poder Judicial es, a día de hoy, la mayor vergüenza de nuestro sistema democrático. Resulta impensable que quienes integran el órgano encargado de velar por la independencia del Poder Judicial, según el artículo 122 de la Constitución, decidan participar directamente del debate político censurando a otros poderes del Estado, ya sea a cuenta de la anunciada ley de amnistía o de cualquier otra. Pero es que, encima, el pronunciamiento que parte de sus vocales pretende sacar adelante versa sobre una futura proposición de ley que ni siquiera ha sido aún objeto de aprobación o discusión parlamentaria y que, por ende, queda totalmente fuera del elenco de normas sobre las que el artículo 560 de la Ley Orgánica del Poder Judicial les permite “opinar”. Para colmo, pretenden hacerlo casi 5 años después de expirado su mandato y con buena parte de sus plazas vacantes. Solo quedan 16 vocales de los 20 que debían ser, lo que ya de por sí les resta toda legitimidad, incluso para el ejercicio de las atribuciones que sí le son reconocidas por el ordenamiento jurídico.

Si a esto le sumamos las soflamas apocalípticas en que basan su posición, totalmente impropias de una institución representativa del pluralismo presente en nuestra sociedad, que es lo que debería ser el CGPJ según la Sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, la maniobra en curso no puede tildarse de otra cosa más que de antidemocrática.

Resulta, cuanto menos, paradójico que precisamente quienes dicen defender el Estado de Derecho sean tan contumaces en la flagrante violación de las normas que lo sustentan. De forma cada vez más explícita, se declaran rebeldes al orden constitucional. El CGPJ nació con un doble propósito: velar por la independencia judicial como garantía de la división de funciones y aportar legitimidad democrática a un poder del Estado que carecía de ella debido a su patente desconexión de la soberanía popular. Hoy no cumple ninguno de las dos. De hecho, más bien pareciera que, desde hace algún tiempo, los pisotea en cuanto tiene oportunidad.

Si algo caracteriza a ese Estado de Derecho que los vocales erigidos en salvadores de la patria dicen defender, es la misma separación de poderes a la que vapulean con su activismo. Una construcción teórica difícil de aplicar a rajatabla que, sin embargo, resulta imprescindible como ideal regulativo de toda democracia liberal. Si esa división no se da en plenitud, dada la tendencia del poder a concentrarse, al menos debe garantizarse formalmente, o de lo contrario se incurre en el riesgo de que nuestro sistema político-representativo pierda toda credibilidad.

El CGPJ nació con un doble propósito: velar por la independencia judicial como garantía de la división de funciones y aportar legitimidad democrática a un poder del Estado. Hoy no cumple ninguno de los dos

Por eso, mediante el impulso de campañas propagandísticas como la que hoy pretenden llevar a cabo los vocales conservadores del CGPJ, no solo se perjudica la imagen del Poder Judicial, sino que también se exponen obscenamente las costuras de nuestra democracia. Se evidencia un nivel de degradación institucional difícilmente digerible para la ciudadanía. Y se fomenta la desafección hacia el modelo de Estado que propone nuestra Constitución. Estamos ante un golpe al sistema constitucional en toda regla.

Ya no se trata de que el bloqueo a su renovación impida considerar legítimo al órgano en su actual composición, tal y como advierte la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 22 de junio de 2023. Ahora, además, están tratando de que actúe totalmente fuera de sus competencias. La operación está coordinada desde Génova, lo que se evidencia por el mimetismo absoluto entre argumentarios. Y cuenta con otras patas como el asociacionismo judicial conservador, de lo que es muestra el amenazante comunicado hecho público por la Asociación Profesional de la Magistratura.

Se pretende así culminar la conversión del Consejo y, por extensión, del Poder Judicial, en un ariete contra el Gobierno, o al menos eso es lo que creen sus instigadores. Pero lo peor del asunto es que se están equivocando: el impacto va dirigido contra las bases del Estado democrático, no del Ejecutivo. Sobre todo, porque el daño causado a los cimientos de la arquitectura constitucional permanecerá mucho más allá de lo que dure este Gobierno. Una vez convertido el órgano en un arma política, perderá irremediablemente toda función que no sea la de ser arrojado contra el adversario y, con el tiempo, sólo quedará sacrificarlo.

Así las cosas, no podemos dejar de insistir en que no hay Estado social y democrático de Derecho que pueda funcionar sin un mínimo respeto por su Justicia. Por eso, cultivar la imagen democrática e independiente del Poder Judicial, obrando con autocontención a la hora de buscar en sus instituciones un aliado político, va en interés de todos los agentes que integran esta democracia imperfecta. Actuar, por el contrario, como si el Poder Judicial fuera un martillo con el que aplastar al rival sin miramientos, pensando que la sociedad española seguirá confiando en el modelo constitucional donde se integra, es tan presuntuoso como irresponsable.

_______________________

Juan Manuel Alcoceba Gil y Amaya Arnáiz Serrano son profesores de Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y Javier Truchero Cuevas es abogado y socio de Iuslab.

[Heracles_Pontor]

El CGPJ nació con un doble propósito: velar por la independencia judicial como garantía de la división de funciones y aportar legitimidad democrática a un poder del Estado. Hoy no cumple ninguno de los dos.

Esta frase lo resume todo. . .

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[47ronin]

Ya han sacado si declaración institucional...Los jueces haciendo política.

https://twitter.com/EnriqueSantiago/status/1720043127371698570?t=_nKlUMXBD0uHYFSxiF3Iig&s=19

[47ronin]

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTYKcV_TPUU4_Mtcj12Xhz3WbrHXFKQYBAwOxZCEMxPtUWew/viewfo

MANIFIESTO. JURISTAS POR LA AMNISTÍA, LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA

[Celestino]

Qué puta vergüenza de jueces

[47ronin]

El.juez recibió el.informe de 200 folios, se lo leyó en 48 horas y emitio un auto de 34 páginas sin consultar la opinión del Fiscal....luego tardan doce años en una causa.

[Heracles_Pontor]

El CGPJ siempre ha estado en la batalla política, por eso lleva 5 años sin renovarse, porque está secuestrado por el PP, ese partido que dice ser defensor y garante de la Constitución. . . pero sólo para lo que le interesa. . . da qué pensar, eh?

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[Celestino]

Cuánto tienen Jueces a sueldo y a policías destruyendo pruebas de su corrupción vamos por muy mal camino, ya puede pedir Puigdemot la Luna bañada en miel que antes de que entren con los fascistas al Gobierno que se lo den, que le den TODO lo que pida Puigdemot pero que no entren al Gobierno.

[carax]

Como dicen algunos ciudadanos votantes socialistas " a mi, me da igual que me roben los míos, yo siempre los voy ha votar".

[Heracles_Pontor]

Eso lo dirán los votantes del PP, partido político condenado por corrupción a título lucrativo. . . o es que ya se nos ha olvidado la boda de la hija de Aznar y de cuántos de sus invitados están en la cárcel?. . . o de las ranas de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid?. . . y de Valencia, del pitufeo, de los trajes, del bigotes. . . venga va, si alguien vota con la nariz tapada es el votante del PP, ese que todavía no sabe quién es M.Rajoy de los papeles de Bárcenas. . .

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[carax]

Como dicen algunos ciudadanos votantes socialistas " a mi, me da igual que me roben los míos, yo siempre los voy ha votar".

No te engañes, declaraciones en un canal de TV, creo que 4

[Celestino]

Este espécimen es la vergüenza de la democracia y pone en entredicho la independencia judicial, luego nos extrañamos de que Catalanes y Vascos quieran segregarse de España, de la España rancia heredera de Franco y lacaya de los Borbones. Cualquiera con un mínimo de inteligencia querría.

La Fiscalía recurre el auto del juez al considerar "insuficientes" los indicios para imputar a Puigdemont por terrorismo

[47ronin]

El juez García Castellón contra los “enemigos” de España


El intento de imputación de Puigdemont en plena negociación para la investidura devuelve el protagonismo al magistrado en los meses previos a su jubilación, después de haber intentado investigar a Pablo Iglesias y de que la Fiscalía le acusara de trazar una “línea roja” de protección alrededor de Rajoy y Cospedal
— La Fiscalía alega que García Castellón tergiversa, hace suposiciones y omite datos para imputar a Puigdemont





GCastellón
Pedro Águeda

11 de noviembre de 2023 22:21h
16

SEGUIR AL AUTOR/A
Cuando Manuel García Castellón abandone la Audiencia Nacional el próximo mes de junio podrá decir en sus cenas con el antiguo dueño de Intereconomía, Julio Ariza, y otros prebostes de la extrema derecha que al menos él lo intentó. Probó a imputar a Pablo Iglesias, icono de la 'izquierda radical' para los conservadores, y lo intenta ahora con Carles Puigdemont, el máximo exponente del independentismo catalán. A su jubilación, García Castellón se llevará el empeño personal que ha ejercido contra los “enemigos” de España y también el secreto que mejor guarda: por qué regresó, con 65 años, a la complicada plaza que tenía en propiedad en la Audiencia Nacional si disfrutaba de un destino dorado en Roma.

En aquella primavera de 2017, el Partido Popular tenía un problema en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En realidad, dos: los casos Púnica y Lezo. El juez que dirigía entonces el juzgado, Eloy Velasco, había ordenado detener en 2014 a Francisco Granados y, poco antes de que le ascendieran, haría lo propio con Ignacio González. A Esperanza Aguirre ya no le quedaban antiguas manos derechas sin imputar.

[Heracles_Pontor]

Que triste. . .

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[47ronin]

https://twitter.com/JudgeTheZipper/status/1723395464240799917?t=o6hoaE87zRS_HpUABJbrdw&s=19

[carax]

Más razón que un santo.

[Celestino]

El juez García Castellón contra los “enemigos” de España


El intento de imputación de Puigdemont en plena negociación para la investidura devuelve el protagonismo al magistrado en los meses previos a su jubilación, después de haber intentado investigar a Pablo Iglesias y de que la Fiscalía le acusara de trazar una “línea roja” de protección alrededor de Rajoy y Cospedal
— La Fiscalía alega que García Castellón tergiversa, hace suposiciones y omite datos para imputar a Puigdemont





GCastellón
Pedro Águeda

11 de noviembre de 2023 22:21h
16

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Cuando Manuel García Castellón abandone la Audiencia Nacional el próximo mes de junio podrá decir en sus cenas con el antiguo dueño de Intereconomía, Julio Ariza, y otros prebostes de la extrema derecha que al menos él lo intentó. Probó a imputar a Pablo Iglesias, icono de la 'izquierda radical' para los conservadores, y lo intenta ahora con Carles Puigdemont, el máximo exponente del independentismo catalán. A su jubilación, García Castellón se llevará el empeño personal que ha ejercido contra los “enemigos” de España y también el secreto que mejor guarda: por qué regresó, con 65 años, a la complicada plaza que tenía en propiedad en la Audiencia Nacional si disfrutaba de un destino dorado en Roma.

En aquella primavera de 2017, el Partido Popular tenía un problema en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. En realidad, dos: los casos Púnica y Lezo. El juez que dirigía entonces el juzgado, Eloy Velasco, había ordenado detener en 2014 a Francisco Granados y, poco antes de que le ascendieran, haría lo propio con Ignacio González. A Esperanza Aguirre ya no le quedaban antiguas manos derechas sin imputar.

Este tipo es vomitivo 

[47ronin]

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