Del poder judicial...

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  Interior 

El ?olvido? del fiscal de citar a un testigo provoca la absolución de una etarra 

Madrid- La Audiencia Nacional absolvió ayer a la etarra Dolores López Resino, ?Lola?, de la colocación de explosivos en dos restaurantes y una cafetería del Puerto Olímpico de Barcelona, en agosto de 1993. El tribunal esgrime que la Fiscalía no citó a una testigo clave para que declarase en el juicio y que hubiese podido corroborar las declaraciones inculpatorias que realizó el también etarra Felipe San Epifanio, ya condenado por estos hechos, quien inculpó a ?Lola? en esas acciones terroristas.

Durante la instrucción de la causa, esa testigo reconoció a López Resino como la moradora de un piso que su madre había alquilado, ?lo que coincide con lo declarado por San Epifanio y hubiera supuesto un elemento de corroboración adicional sobre la verosimilitud general de las declaraciones de éste?.

Por ese motivo, los magistrados no otorgan valor inculpatorio a esas manifestaciones del etarra ya condenado, toda vez que esa testigo ?no fue propuesta para declarar en la vista oral ni introducidas de otro modo sus manifestaciones en el plenario?.

Se repite un caso similar

El fiscal Ignacio Gordillo solicitó para ?Lola? un total de 159 a?os de cárcel, quien aludió a la manifestación en sede policial del etarra San Epifanio, quien declaró entonces que López Resino fue una de las personas que participó junto a él en los hechos enjuiciados. Sin embargo, el tribunal concluye que ese reconocimiento no es suficiente para condenar a la acusada.

Con esta sentencia, la Audiencia Nacional aplica la reciente doctrina del Tribunal Supremo, quien recientemente absolvió del asesinato de un policía al miembro del Grapo Marcos Martín Ponce, también porque una testigo que presenció el asesinato y le identificó no fue localizada, y, por tanto, no acudió a declarar en el juicio.

Precisamente, Martín Ponce fue condenado ayer por la Audiencia Nacional a seis a?os de cárcel por el atraco a una entidad bancaria de Valladolid, en 1.999. La misma pena ha sido impuesta a María Ángeles Ruiz Villa. El primero de ellos amenazó con una pistola al director del banco y a otra empleada, tras lo cual se apoderó de 66.000 euros.

 
 salu2

 

[efemerides]

Estos "errores" no se pueden tolerar

[alvarocnp]

Vaya vergüenza de justicia ,, jueces, fiscales y demas que trabajan en ella   

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  Tribunales 

La Justicia acumula 2,4 millones de casos pendientes de resolver 

Cada órgano judicial cerró 2007 con casi 700 causas abiertas de media. La Jurisdicción Penal supera por primera vez el millón de procedimientos en manos de jueces y tribunales, según el CGPJ.

Los juzgados espa?oles se enfrentaron a 300.000 causas más el pasado a?o por el aumento del número de litigios.
 
 
F. Velasco

Madrid- Los juzgados espa?oles vieron cómo el pasado a?o las causas aumentaban de forma más que notable respecto al anterior; en concreto, han sido 300.000 las nuevas causas. Esta circunstancia ha influido decisivamente en que los órganos judiciales no hayan podido ni siquiera resolver los mismos casos que ingresaron, lo que ha derivado en que el número de asuntos pendientes de resolver al finalizar el a?o se sitúe en 2.400.000. Estas cifras significan un aumento de 68.000 respecto a 2006, pese al aumento de la planta judicial y a que cada órgano judicial haya pasado de resolver en el último a?o de 2.333 a 2.395 asuntos.

2007 comenzó con 2.328.818 asuntos que se encontraban en trámite de resolución, a los que hay que sumar los 8.343.687 que registraron los juzgados en ese a?o. Al finalizar ese período, los más de cuatro mil jueces espa?oles lograron resolver 8.259.781 -el 98,9 por ciento-. Como media, cada órgano judicial logró solventar 2.395 causas.
El resultado de todas esas cifras refleja que 2008 comenzó con 2.401.180 asuntos que esperan una solución en los juzgados o tribunales espa?oles, o, lo que lo que es lo mismo, que cada uno de esos órganos tenía casi 700 causas sobre las que de decidir, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial.

En lo que se refiere a las distintas jurisdicciones, la del orden Penal, al igual que ocurría en 2006, es la que tenía más procedimientos en tramitación. En concreto, 1.022.293 frente a los 982.091 que se encontraban en esa situación al inicio del período, es decir, a principios de 2007. Se ha roto, por tanto, la barrera psicológica del millón de asuntos pendientes en una jurisdicción.

Casi la mitad de esos procedimientos se encuentran en los juzgados de Primera Instancia e Instrucción -489.109-, seguidos de los Juzgados de Instrucción -con 319064-.

Tras el orden Penal, es la Jurisdicción Civil la que se encuentra con más asuntos pendientes de resolver. En este orden destaca los más de 378.000 que esperan una decisión en los juzgados de Primera e Instancia, y los más de 7.200 recursos que esperan la última decisión de la Sala Civil del Tribunal Supremo. Esta jurisdicción comenzó 2007 con 886.150 asuntos en tramitación.

En el orden Contencioso-Administrativo, los procedimientos que se encontraban en esa situación a 31 de diciembre de 2006 eran 330.225, lo que representa un aumento de unos cinco mil respecto al a?o anterior. En este apartado merecen una especial atención los casi 15.000 que esperan la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Por comunidades autónomas, los juzgados de Madrid fueron los que más asuntos ingresaron por cada mil habitantes, con 217, seguidos de los de Andalucía, con 212,9, y Valencia, con 210,9. Baleares, Canarias y Murcia también superaron la media nacional. En el lado opuesto se sitúan.

Reformas pendientes

Respecto a la tasa de pendencia, es decir, la relación entre asuntos pendientes/resueltos, Castilla La Mancha es quien presenta un índice más negativo, seguida de Canarias y Galicia. Por contra, Navarra es la que ostenta esa relación más baja.

Por otro lado, el CGPJ considera que esta situación de la Justicia evidencia la necesidad de afrontar de una vez las reformas legales y procesales pendientes. Así, el portavoz del Consejo, Enrique López se?aló al respecto que ?como no se ha desarrollado la Oficina Judicial y no se han creado nuevos sistemas de gestión procesal, al juez no se le ha descargado de trabajo que tiene que asumir el secretario judicial, y así es imposible mejorar el sistema?. El problema, a?adió, es que ?no se ha desarrollado el modelo de gestión? que se dise?ó en la reforma de 2003, ?donde se hacía un reparto de papeles entre el juez y el secretario judicial y se introducía un sistema que modernizaba nuestra Justicia?. Por ello, entiende que lo fundamental es que ?tras cuatro a?os perdidos, el Ministerio de Justicia se ponga a trabajar de una vez y saque adelante las reformas legales y procesales pendientes?.

salu2

 

[Cactuss]

Cuando os toca a vosotros y se pone de moda sacar vuestros trapos sucios, malos tratos en comisarías, el caso roquetas, "telecirco" haciendo de las suyas, bien que os fastidia que se generalice, pues por la parte que me toca os lo recuerdo, porque yo no doy vergüenza.

[Cactuss]

Valencia: Más de 23.000 sentencias con pena de cárcel permanecen sin tramitar 
viernes, 25 de abril de 2008 
El Gobierno no aumenta los juzgados, ni el Consell los funcionarios. La situación de los juzgados de Orihuela y Benidorm se acerca al caos. Asuntos que podrían resolverse en un mes se demoran hasta 12

www.elpaís.com

Los juzgados de Valencia, Benidorm y Orihuela son los que concentran las 23.000 sentencias con pena de cárcel que no han iniciado su tramitación. En la ciudad de Valencia hay tres juzgados de ejecutorias. A ellos van a parar todas las sentencias que se dictan desde los juzgados de Violencia sobre la Mujer (tres), desde los de Instrucción (21), desde los de Lo Penal (12 de los 15 existentes, los otros tres son los especializados precisamente en ejecutorias) y desde las cinco secciones penales de la Audiencia Provincial de Valencia. El modelo es igual en todas las grandes capitales. Antes, cada juzgado se ocupaba de que las sentencias se hicieran efectivas
El cambio estuvo en sintonía con el dise?o de la nueva oficina judicial, aún pendiente de ponerse en marcha, y que contempla un servicio único para el trámite de hacer efectivo el cumplimiento de una pena. Pero el volumen de trabajo superó las previsiones marcadas en 2005. En Valencia, desde el principio (no entraron en funcionamiento todos a la vez), se observó la imposibilidad de sacar adelante el volumen de causas. Costó que la Consejería de Justicia aumentara los funcionarios (entre los tres suman 81, muy por encima de la media de entre diez y 14), y costó que se aprobaran desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y desde el Ministerio de Justicia los refuerzos de jueces y fiscales que ahora tienen. Pero las causas son demasiadas.

En el caso de Benidorm y de Orihuela, llueve sobre mojado. La situación de los juzgados de esos partidos se acerca al caos porque la carga de trabajo en muy superior a la media y el número de oficinas judiciales penales muy escaso: dos en Benidorm y una en Orihuela. Ambos partidos judiciales registran miles de asuntos al a?o.
El resto de las ejecutorias pendientes ha iniciado su tramitación, pero como el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano, Juan Luis de la Rúa, reconoce a través de su gabinete de comunicación, "los tiempos son muy largos". Hay asuntos que pudiendo resolverse en un mes, se demoran hasta nueve o 12.

- Los juzgados. La media de asuntos en los juzgados valencianos supera los 3.000 asuntos de entrada, nuevos, al a?o. A esos se suma la ejecución de las sentencias, civiles y penales, que se impongan. En ellos, no existen equipos específicos para dedicarse a la ejecución, salvo en los tres de Valencia, que cuentan cada uno con dos jueces y dos secretarios. Pero los trámites de ejecución son especialmente complejos: localizar a la persona, instar una búsqueda si no se le encuentra; liquidar con el interesado la pena (no siempre es prisión, puede ser de trabajos en beneficio de la comunidad, lo que requiere la búsqueda del servicio más adecuado...).

- Ausencia de detalle. El TSJ reconoció ayer que el sistema por el que recoge la información de la actividad de cada juzgado no le permite saber el detalle de las ejecutorias pendientes. Por tanto, no se sabe cuáles corresponden a violencia sobre la mujer, a tráfico, a condenados que puedan estar libres cuando además están requeridos por otro juzgado espa?ol, a penados por delitos muy graves.

- Consecuencias. La primera consecuencia del enorme atasco en la ejecución de las sentencias es que el autor de una falta o delito, que ha sido juzgado y al que de forma ya definitiva se le impone un castigo, está viviendo como si eso no ocurriera. Nada altera su cotidianeidad hasta que el juez abre un expediente para que cumpla la pena impuesta, se le localiza y comunica. Pero, además, el cumplimiento de las penas prescribe. Nadie puede estar esperando eternamente una vez se ha celebrado juicio. En términos generales, las condenas por faltas y por delitos leves prescriben al a?o; las menos graves, a los cinco; y las graves, a los diez. De hecho, penas por delitos contra la seguridad del tráfico han prescrito en la ciudad de Valencia por el atasco en los juzgados de ejecutorias.

- El TSJ. Juan Luis de la Rúa pide cada a?o en la memoria más juzgados como forma para afrontar con más garantía de eficacia la carga de trabajo. Para este a?o, pide 60. La situación de colapso que ahora ha estallado, la viene denunciando desde 2006. El delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, defendió ayer el ritmo de creación de oficinas judiciales: 22 previstas para este a?o.

- El Gobierno. Tiene competencias en la creación de los juzgados. Bernabé invitó ayer a la Consejería de Justicia a que dotara a los juzgados de medios materiales y humanos para agilizar las causas pendientes, y le recriminó que no cumpliera con sus competencias. El consejero de Justicia, Fernando de Rosa, negó la mayor y dijo que no vale de nada poner más funcionarios si no hay más jueces.

- Consejería de Justicia. Culpó ayer de todos los males al Gobierno de Zapatero, al que reprochó la política de "discriminación" frente a otras comunidades durante los últimos cuatro a?os y le exigió más juzgados.

Recorrido de las reivindicaciones
- Memoria de 2005. Juan Luis de la Rúa, como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), recoge en el balance la necesidad de abordar el colapso que se empezó a detectar en los juzgados de ejecutorias. Esa reflexión se ha incluido en las sucesivas, hasta la de 2007 presentada el pasado día 17.

- Queja al CGPJ y al ministerio. De la Rúa envío un detallado informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en enero de 2007, y al Ministerio de Justicia. Alertaba de la acumulación de sentencias penales sin ejecutar y proponía un nuevo modelo. No se lo concedieron.

- Consejería. Ese mismo a?o, Fernando de Rosa, ahora consejero y entonces secretario autonómico, endureció sus reivindicaciones. Pidió 20 juzgados y le fueron concedieron 17, en teoría para 2007, pero 15 de ellos el Gobierno los puso en marcha el 28 de diciembre pasado. Para este a?o, se comprometió electoralmente a 25 (cien para los cuatro a?os de legislatura). El Gobierno le concede 23 (uno en abril, dos en junio, y el resto en diciembre). De Rosa protesta por los tiempos. El calendario de entrada en funcionamiento es el mismo (junio y diciembre) que cuando gobernaba el PP en el conjunto del Estado. Y De Rosa protesta por la proporción entre una fecha y la otra.

 
 

[pete]

No creo que esto sea un trapo sucio porque en ningun momento se echa la culpa a los trabajadores sino a los medios con los que estos cuentan... y la noticia es una realidad nos guste o no.

[Cactuss]

La noticia por supuesto, yo iba por lo de vergüenza de justicia y los que trabajan en ella..

[MASAM]

pues por la parte que me toca os lo recuerdo, porque yo no doy vergüenza.

Si en algun momento ha parecido que yo generalizaba en este terreno te pido disculpas.

Y en tu ultima afirmacion.... COMPLETAMENTE DE ACUERDO.

[pindongo]

Cuando os toca a vosotros y se pone de moda sacar vuestros trapos sucios, malos tratos en comisarías, el caso roquetas, "telecirco" haciendo de las suyas, bien que os fastidia que se generalice, pues por la parte que me toca os lo recuerdo, porque yo no doy vergüenza.

Exactamente así es. Bien que nos fastidia... 

Llevas toda la razón, NO PODEMOS/DEBEMOS GENERALIZAR.

 

[mamvc]

CAOS JUDICIAL

Los juzgados de lo Penal tienen 270.000 sentencias pendientes de ejecutar

* La peor situación se da en Catalu?a, donde hay 56.000 sentencias pendientes de ejecutar
* Aconsejan medidas de refuerzo, un sistema informático propio y menos plantilla interina

EUROPA PRESS | EFE

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concretado en datos el caos judicial que viven los juzgados de causas penales. Un informe del órgano de gobierno de los jueces cifra en 269.450 las sentencias de lo penal que están pendientes de ser aplicadas en Espa?a, basándose en los datos recabados en los Juzgados de lo Penal Ordinario y los Órganos Especializados en esta materia de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián (las seis ciudades que cuentan con estos juzgados especializados).

Se trata de un exhaustivo informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ tras el 'caso Mariluz' ?de cuya muerte se acusa a Santiago del Valle, quien pese a tener varias condenas se encontraba en libertad?. El informe será discutido el próximo jueves en la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces.

De las cerca de 270.000 sentencias que se encontraban pendientes al finalizar 2007, un 70,25% (189.280) corresponden a los Juzgados de lo Penal y el 29,74% restante (80.125) a los Juzgados Especializados.

Según el informe, "la carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales de Ejecutorias indicados en este informe, durante el trienio 2005-2007 excede ampliamente el módulo previsto" en estos para este tipo de Órganos: 2.655 expedientes.

Pero la media de sentencias pendientes duplica estas previsiones: 5.723 ejecutorias por cada órgano especializado. Por cada Juzgado de lo Penal ordinario, la media es de 795 ejecutorias.

La peor situación se registra en Catalu?a, donde hay 56.000 sentencias pendientes de ejecutar, seguida de la Comunidad Valenciana, con 40.000 y la Comunidad de Madrid con 37.500.

La situación de las Comunidades Autónomas que no tienen órganos especializados en sentencias ejecutorias es muy variable. Mientras los juzgados de Cantabria, Navarra o Murcia presentan ratios de más de un millar de expedientes atascados por órgano, Castilla y León y Extremadura están entre las comunidades con menos pendencia (con 368 y 428 ejecutorias, respectivamente).

Reformas necesarias

A la luz de estas cifras, el informe reconoce que hay que tomar medidas para normalizar el funcionamiento de los juzgados penales. El CGPJ estima que "los anteriores datos inducen a pensar la necesidad de implantar toda una batería de medidas tendentes a obtener la plena normalización de estos Órganos" para que puedan cumplir con los deberes constitucionales de "Tutela Judicial Efectiva" y evitar "dilaciones indebidas".

Así, el estudio propone medidas de refuerzo para los juzgados más saturados y que tanto el Ministerio de Justicia como las comunidades autónomas con competencias en esta materia implanten un sistema informático de gestión procesal propio para estos órganos. "La ausencia de un sistema informático que permita controlar las distintas fases procesales de las Ejecutorias incide de manera muy negativa en el funcionamiento de estos Juzgados", a?ade el CGPJ.

También en la plantilla han de realizarse cambios, según el informe. "Determinadas circunstancias (elevadísima movilidad funcionarial, lo que ha determinado que entre el 10 al 90 por ciento de la plantilla esté cubierta por personal interino; falta de experiencia del personal; cierta descoordinación entre el personal titular a la hora de desarrollar su actividad) han impedido la obtención de una optimización en el desarrollo de la actividad", a?ade.

Por ejemplo, en los Juzgados de Ejecutorias de Madrid (los números 2, 4, 7 y 12) la mayoría de los funcionarios son interinos y "carecen, por regla general, de la formación jurídico-procesal necesaria para desarrollar su actividad".

El informe propone que se cubran esas plazas con personal titular o bien que se facilite a los interinos la formación necesaria.

Finalmente, el informe propone la elaboración de un estudio de estos órganos durante este a?o para controlar su funcionamiento.

salu2

 

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'UNAS EN TIEMPOS NORMALES Y OTRAS EN TIEMPOS ANORMALES'

El CGPJ dice que las causas penales 'pendientes' ya están ejecutándose

EFE | ELMUNDO.ES


MADRID.- Para algunos miembros del órgano de gobierno de los jueces, una sentencia que figura como "pendiente de ejecución" puede significar que la pena "se está cumpliendo" o "tramitando". Otra cosa es que esa sentencia se ejecute "en tiempos normales" o "en tiempos anormales".

La distinción la han hecho el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, y los vocales Javier Martínez Lázaro y Carlos Ríos, para quienes los 400.000 asuntos penales que figuran como pendientes en sus estadísticas ?de los que, según un informe conocido el martes, 269.405 corresponden a Juzgados especializados en ejecutorias penales? en realidad ya están ejecutándose.

Tanto el portavoz del CGPJ, como los vocales Martínez Lázaro ?adscrito al sector progresista del órgano de los jueces? y Ríos ?del sector conservador? han admitido además en declaraciones a Efe que "desconocen" el número de asuntos que no han comenzado a ejecutarse a pesar de haberse dictado sentencia.

"La expresión 'pendientes de ejecución' no quiere decir que la sentencia no se esté ejecutando, sino que la ejecución se encuentra en trámite, lo que implica en la mayoría de los casos que la pena se está cumpliendo", afirma Martínez Lázaro en un escrito dirigido a la Comisión Permanente del CGPJ, que el jueves analizará el informe del Servicio de Inspección sobre los Juzgados Penales de Ejecutorias.

Este vocal a?ade que "la ejecución permanece abierta en numerosas ocasiones hasta que la pena se cumple totalmente y se ejecuta la responsabilidad civil (penas de prisión mientras éstas se cumplen, multas a plazos, retiradas del permiso de conducir, pago a plazos de responsabilidad civil, vigilancia a las medidas adoptadas en violencia de género, etcétera)".

'Tiempos normales' y anormales

En el mismo sentido se ha pronunciado Carlos Ríos, que ha aclarado que las 400.000 sentencias penales pendientes de ejecutar se refieren a asuntos muy diversos -menores, violencia de género, Juzgados de Instrucción- y que "todas" están en trámite.

También el portavoz del CGPJ, Enrique López, ha dicho que todas esas sentencias se están ejecutando. "Lo que pasa es que algunas están siendo ejecutadas en tiempos normales y otras en tiempos anormales en función de la carga de trabajo del Juzgado", ha se?alado.

Según López, el retraso es especialmente acusado en los Juzgados especializados en la ejecución de sentencias, motivo por el que el Consejo ya adoptó medidas de refuerzo para estos órganos en Madrid y en Barcelona.

Sobre esas medidas, Martínez Lázaro pide en su escrito una "investigación exhaustiva" de las causas que han provocado que en algunos Juzgados que han sido reforzados la situación no haya mejorado.

Investigar al juez que denunció el colapso

El vocal se refiere, concretamente, a seis Juzgados de Madrid, entre ellos el Juzgado de Ejecuciones número 2, del que es titular el magistrado Eduardo López-Palop, que el pasado 28 de abril denunció en declaraciones a 'El País' la sobrecarga de trabajo que sufre, lo que llevó al presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, a encargar el informe que la Comisión Permanente verá ma?ana.

Martínez Lázaro asegura que, pese a contar con refuerzos, López-Palop no ha cumplido en 2005, 2006 y 2007 el módulo mínimo que se exige a cada Juzgado, cuando el suyo "es el que menos ingreso de trabajo tiene de todos los Juzgados especializados en ejecución penal".

Esta situación, dice, contrasta con la de otros juzgados de toda Espa?a, cuyos titulares, en los dos últimos a?os, han resuelto muchas más sentencias ejecutorias de las que ingresaron. Así, en 2006 ingresaron 343.431 sentencias y se resolvieron 414.957, quedando en trámite de ejecución 417.420, mientras que en 2007 entraron 348.597 y se resolvieron 425.850, quedando en trámite de ejecución 403.591.

Los abogados pintan un panorama sombrío

Las matizaciones del CGPJ se producen el mismo día en que se ha difundido los resultados de una encuesta del Consejo General de la Abogacía Espa?ola (CGAE) según la cual el 71% de los abogados cree que la Justicia espa?ola funciona mal o muy mal.

El sondeo, presentado el miércoles por el presidente de la CGAE, Carlos Carnicer, revela que los letrados espa?oles valoran "negativamente" la situación actual de la Justicia espa?ola y que su percepción empeoró un 6% desde 2005.

Carnices aseguró, además, que si en la justicia penal hay 269.405 sentencias pendientes de ejecución, según datos del CGPJ, la cifra podría elevarse hasta el millón en el conjunto de las jurisdicciones de lo civil, social y contencioso-administrativo.

El informe llega tarde

Por su parte, Juan José Cortés, padre de la ni?a Mari Luz, presuntamente asesinada en enero pasado por el pederasta Santiago del Valle, aseguró el miércoles, en declaraciones a Servimedia, que el que existan 269.405 sentencias de lo penal por ejecutar "pone de manifiesto cómo está la Justicia espa?ola". "Es un caos total", afirmó.

A este respecto, Cortés a?adió que si el CGPJ hubiera realizado antes su informe sobre los retrasos judiciales "quizás se habría salvado la vida" de su hija.

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[Cactuss]

Alguien nos escucha..yo a veces pienso que so?e el aprobado..

Casi dos mil opositores de Justicia aprobados llevan un a?o sin plaza
Publicado el 08/05/2008, por Marga Castillo Grijota | Actualizado 18:14 h.

Cerca de 2.000 opositores a la Administración de Justicia ya aprobados denuncian que llevan más de un a?o esperando empezar a trabajar, mientras los juzgados están en situación de colapso. Los afectados denuncian al canal de Función Pública de Expansión.com que este Ministerio lleva más de cuatro a?os sin incorporar funcionarios de carrera cualificados.

Dos millares de opositores de  los Cuerpos de Personal al Servicio de la Administración de Justicia ?Auxilio y Tramitación Procesal- ya aprobados llevan más de un a?o esperando que les den trabajo en la Administración de Justicia.?Mientras, las autoridades competentes se lamentan de que no hay personal cualificado para sacar adelante el trabajo en los juzgados?, cuenta Carlos Álvarez, uno de los afectados, al canal de Función Pública de Expansión.com.

?Hay casi dos mil opositores aprobados tras superar un proceso selectivo bastante duro, parados y desesperados por empezar a trabajar, y si sumamos los opositores de Gestión Procesal, que ahora están inmersos en un interminable proceso selectivo, estaríamos hablando de unos 3.000?.

Este opositor explica que en marzo se hicieron oficiales las listas de aprobados en las últimas convocatorias para provisión de funcionarios de justicia convocadas en 2006 (Orden de JUS/2978/2006), tras superar un concurso-oposición consistente en dos ejercicios tipo test y una segunda fase de evaluación de méritos. ?Este sistema es de carácter excepcional?, detalla Álvarez, ya que hasta 2003 sólo se exigía aprobar el examen tipo test. ?Sabíamos que íbamos a hacer de ?conejillos de indias?.

Daniel Iglesias, otro de los perjudicados, a?ade que, además, desde este a?o hasta esta última convocatoria de 2006, la Administración no ha vuelto a publicar ningún proceso selectivo, de forma que ?lleva casi cuatro a?os sin incorporar funcionarios de carrera cualificados?. Ambos opositores explican esta circunstancia: las bolsas de trabajo para interinos están agotadas, lo que ha obligado a la Administración a contratar a inscritos en el INEM, ?gente que en muchos casos no tiene ningún tipo de conocimiento sobre el trabajo?, aseguran.

Después de publicarse las listas, los opositores deben realizar un curso teórico-práctico que les permita incorporarse a la plaza, hecho, que ocasiona nuevas demoras, afirman, que tiene una duración de un mes, en el caso de Auxilio, y de dos en Tramitación.

Caos y desorden
Iglesias hace hincapié en el ?caos desorganizativo de la Administración?, a la que confiere ?una planificación nula?. ?En un principio se dijo que haríamos un curso en marzo y el otro en abril; después, que los dos se harían en mayo, y que los que hemos aprobado tendríamos que optar por uno de ellos y hacer el otro en caso de nos siguiese interesando, en la siguiente convocatoria?.

Después de numerosas quejas, los futuros funcionarios han logrado que el curso comience el día 19 de este mes para las plazas de Auxilio, ?pero el curso de Tramitador Procesal no empieza hasta septiembre u octubre, aún sin fecha fijada. Y de Gestión ni hablamos, porque este domingo tenemos el último examen, a lo que hay que a?adir la posterior baremación de méritos y la correspondiente publicación de listas oficiales, por lo que la incorporación a la plaza ya no será hasta finales de a?o o primeros del que viene?.

Iglesias subraya que aunque han conseguido que el curso de Auxilio comience ya, el trabajo acumulado en cuanto a tramitación de asuntos lo realizan principalmente tramitadores y gestores, ?de forma que aunque los auxiliares son necesarios en un Juzgado, es esencial incorporar a los demás?, explica. Y si se cumple el peor de los presagios, es posible que no nos incorporemos al puesto hasta finales de a?o?, augura Iglesias. Recapitulando, ?estamos inmersos en un proceso selectivo que se va a extender desde septiembre del 2006 hasta, quizá, 2009?.

Trato ?vejatorio y degradante?
Estas demoras indignan todavía más a los opositores teniendo en cuenta que las Bases de las oposiciones exigen acabar los procesos en un plazo máximo de 12 meses desde que se hizo el primer ejercicio, y sólo en caso de fuerza mayor o motivo legítimo se podrían exceder de dicho plazo.

?Hemos aprobado, pero aún no nos han nombrado funcionarios en prácticas, y estamos sin destino y sin cobrar. Todo este desorden nos está provocando a muchos de nosotros perjuicio en nuestra economía, estamos parados y sin poder programar nuestras vidas?, a?ade Álvarez.?Hemos aprobado, pero aún no nos han nombrado funcionarios en prácticas, y estamos sin destino y sin cobrar?.

?Los problemas en la Administración de Justicia no se inician en los juzgados, sino en la organización desastrosa de los procesos de oposición y en el trato vejatorio y degradante que se les da a los futuros funcionarios de carrera cualificados?, sentencia este opositor.

[47ronin]

Y para que vais a entrar... para que os vayais a tomar café a las 10... hasta las 14? 

El engranaje es así... y luchar contra él es una pérdida de tiempo y esfuerzo... podrás picotearle un poco, pero jamás vencerle. 

[Cactuss]

Sii, y creo que también dedicaré el tiempo a lavar el coche..
 

[47ronin]

 

[MAIGRET]

Pumpido promete "perseguir a los terroristas, a quienes los amparan y a quienes facilitan o aplauden su acción"El candidato a la reelección como fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se comprometió hoy en el Congreso de los Diputados a "perseguir a los terroristas, a quienes los amparan y a quienes facilitan o aplauden su acción", y garantizó que esta actuación se desarrollará con "un respeto escrupuloso a las reglas básicas del Estado de Derecho".
                  

Ayyyyyyyy, que me troncho.......            
                  
A este paso me voy a parecer al mercenario

[Shin-Chan2]

Con lo de los aplausos se ha pasado de voluntarista.

Salud y suerte.

[mamvc]

ENDURECER LAS PENAS

La fiscal superior de Catalu?a quiere acabar con la 'impunidad' de ladrones profesionales

lunes 12/05/2008 14:43 (CET)
EFE
BARCELONA.- La fiscal superior de Catalu?a, Teresa Compte, ha alertado de la "sensación de impunidad" que existe sobre los "profesionales" del hurto reiterado, para los que, en la mayoría de ocasiones, una multa ya no resulta eficaz, por lo que aboga por un cambio en las medidas judiciales contra ellos.

"Son auténticos profesionales, con 40 ó 50 detenciones, y cuando una persona reitera, reitera y reitera, la multa -que es la pena habitual que se les aplica- deja de ser una medida eficaz".

Según la fiscal superior, la mayoría de los hurtos en tiendas, en la calle o en el metro acaban en una simple multa para sus autores, pese a que acumulen una gran cantidad de delitos similares.

Esa situación, al final, resulta ser "un incentivo para que los ladrones reincidan", por lo que, a su juicio, se necesita "cambiar la respuesta" para acabar con la "sensación de impunidad" que existe en la sociedad sobre esos delincuentes que, no obstante, "causan alarma en la población".

Ese es uno de los aspectos que denunciará en la memoria que presentará en el Parlament, en una de las nuevas tareas que le atribuye el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que entró en vigor recientemente y que dio lugar a la figura del Fiscal Superior en cada una de las Comunidades Autónomas.

Otra de las reclamaciones que ya ha realizado Compte, en este caso a la Generalitat, es un aumento de los recursos informáticos y un incremento de plantilla para poder hacer una "dirección efectiva" de la Fiscalía Superior.

"Sólo para solventar la situación de emergencia harían falta unos 20 fiscales, mientras que para reforzar la violencia organizada, el medio ambiente y la protección de menores hará falta unos sesenta [fiscales] en toda Catalu?a", ha asegurado la fiscal.

Muestras de ADN obligatorias para violadores
Otra de las reformas que propone Compte es introducir cambios en la denominada Ley de ADN para que sea obligatorio que los violadores que salgan de la cárcel faciliten sus datos, con el fin de poder controlar así la reincidencia.

Es una de las propuestas que elaboró una comisión de expertos, presidida por el ex fiscal jefe de Catalu?a José María Mena, que defendía, además, un inhibidor hormonal, voluntario y reversible, y la libertad vigilada para que los violadores no reincidan.

Compte aprueba todas esas medidas, pero además a?ade la necesidad de que estos delincuentes con cargos graves, al igual que los asesinos, cumplan íntegramente las penas a las que han sido condenados.

La responsable de los fiscales defiende la 'doctrina Parot' -conocida así porque fue impuesta por el Tribunal Supremo (TS) al etarra francés Henri Parot -, según la cual los beneficios penitenciarios se restan del total de la pena impuesta, con lo que se asegura que se cumpla el plazo máximo de cumplimiento permitido por ley.

salu2

 

[pindongo]

 

?A que va a resultar que algun mangi ha reincidido con ella?