Verdad o mentira?
Francisco Caamaño: «Ni fuerzas policiales ni fiscales ni jueces diferencian un color político de otro»
Caamaño atiende a Diario de Ibiza tras almorzar en es Cavallet con el presidente del TSJB, Antoni Terrassa, el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, y otras autoridades
El ministro de Justicia atendió a Diario de Ibiza en el restaurante de la playa de es Cavallet.
«Sería bueno despejar las incertidumbres de Sortu». Pitiusas y Baleares Francisco Caamaño (1963, Cee, A Coruña) atiende a Diario de Ibiza tras almorzar en es Cavallet con el presidente del TSJB, Antoni Terrassa, el fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, y otras autoridades, como la consellera Pilar Costa y el presidente del Consell, Xico Tarrés. Defiende insistentemente la independencia de los órganos judiciales y rehúsa dar su opinión sobre el caso Eivissa Centre. «El ministro de Justicia nunca se pronuncia sobre asuntos que están ´subjudice´», subraya.
IBIZA | EUGENIO RODRÍGUEZ —¿Usted habría visitado el lugar donde se construirán los nuevos juzgados si dentro de dos meses no hubiera elecciones?
—Sí, sin ninguna duda. Estaría hoy [por ayer] aquí porque la programación de las infraestructuras de Justicia y la relación de trabajo que mantenemos con la Comunitat Autònoma para el traspaso de las competencias nos hubieran obligado igualmente.
—¿Qué le parece la reforma de la Ley Electoral que impide a partir de ahora las inauguraciones de obras? Lo que se ha conseguido es que se haya concentrado todo en los últimos días.
—Ha sido una modificación legal y razonable desde el punto de vista de que se pretende ahorrar gastos de campaña. Y me parece bien en una situación como la actual. Es una interpretación de la Junta Electoral central que, como no puede ser de otra manera, vamos a respetar. Es bueno para todos que existan reglas claras de juego en estos temas.
—¿Ha tenido la oportunidad de visitar el edificio actual de los juzgados?
—No he podido visitarlo personalmente aunque sí he podido saludar a algún representante de la junta de personal, al igual que a los jueces, abogados y procuradores con los que he estado. Hemos hablado de lo importante que es para Ibiza el nuevo edificio judicial. A pesar de los ajustes presupuestarios, hemos planificado una inversión para una ciudad como Ibiza de 18 millones de euros. Es una buena inversión. Queríamos solventar no solo el problema de la sede judicial en Ibiza, sino también pensar en el futuro y se pueda ampliar; es decir, que no se quede pequeña dentro de 10 ó 15 años. También queremos que el edificio sea una expresión de la arquitectura de la ciudad. Por eso, lo primero que haremos será licitar un concurso de ideas para que los arquitectos intenten expresar la realidad de Ibiza y sea un edificio emblemático.
—Poco después de que usted asumiera el cargo, a principios de 2009, su Ministerio reconocía que la situación de los juzgados de Ibiza era «lacerante». ¿Por qué no se ha resuelto antes este problema al margen del traspaso de las competencias?
—Precisamente porque como muy bien saben los ciudadanos de Ibiza hubo un pequeño problema respecto a la calificación y cesión de los terrenos al Ministerio de Justicia. Para nosotros el principal problema era disponer de ese suelo. Al parecer, hubo cierto conflicto entre la anterior presidencia del Consell y la decisión del Ayuntamiento y también la catalogación del colegio como Bien Catalogado. Medió una sentencia de la Audiencia Provincial... Todas estas incidencias han hecho que no pudiésemos acometer la obra cuando nos hubiese gustado, que sería hace algún tiempo.
—¿No se ha visto bloqueado por el traspaso de las competencias?
—No. En absoluto.
—¿Por qué no se ha podido cerrar en los últimos cuatro años el traspaso de las competencias de Justicia dada la afinidad política del Gobierno central y el Govern balear? ¿Qué lo está dificultando tanto?
—Algunas cuestiones que son importante que se sepan. En primer lugar, la pretensión muy razonable de la Comunitat Autònoma de asumir estas competencias con unos servicios fuertes y capacidades presupuestarias que le permitan ejercerlas en las debidas condiciones. Y es cierto que las infraestructuras judiciales en las islas no eran las mejores. No es solo un problema de dinero, que, por cierto, tras largas negociaciones, la cifra ha basculado en beneficio de la Comunitat Autònoma. En este debate nos hemos encontrado con un sistema de modernización sin precedentes en la Justicia basado en la aplicación básicamente de las nuevas tecnologías, que suponen gastos adicionales en estructuras de red totalmente distintas y que llevamos a cabo. Y, por otra parte, la nueva forma de organización que es la oficina judicial. Me parece razonable que las autoridades de la Comunitat quieran ver la experiencia de la nueva oficina de Palma para poder hacer una evaluación y tener datos sobre las consecuencias que supondrá asumir la Justicia con esta nueva formas de trabajar.
—¿Si el 22 de mayo se produce un cambio de gobierno en Balears, se ralentizará el proceso?
—Por voluntad del Ministerio no será. De hecho, este año hemos transferido las competencias a una comunidad gobernada por el PP, que es La Rioja, y nos parece excelente. Hemos cerrado otra, y se da la casualidad que también es del PP (Murcia), pero nos ha pedido seis meses de demora porque por razones presupuestarias suyas no podían asumirla ahora.
—¿Pero en qué situación se encuentra la negociación del traspaso?
—Creemos que la evaluación de infraestructuras está cerrada. Nos falta ver los cálculos de aplicativos de nuevas tecnologías y la experiencia, que resulta fundamental, sobre todo para las autoridades de la Comunitat, de la nueva oficina en Palma. Al menos que ruede un poco.
—¿Cuáles son sus previsiones?
—Nosotros queremos poner en marcha la oficina judicial de Palma en el segundo semestre de este año y, por tanto, creo que podríamos tener estimaciones sobre su funcionamiento hacia finales de año para que los equipos puedan cerrar los costes correspondientes.
—¿Va a mejorar el servicio de Justicia con el traspaso de competencias? ¿En qué lo van a notar los ciudadanos?
—Nosotros creemos que sí...
—¿Habrá más medios?
—El traspaso aporta elementos, pero, al asumir la competencia, la Comunitat podrá, desde sus presupuestos, mejorar esas infraestructuras, incrementarlas, reforzar el personal... Son decisiones que ya adoptará la Comunitat Autònoma con su propio presupuesto.
—¿Pero tendrá el Govern una mayor capacidad presupuestaria que la que el Ministerio destina ahora a Balears?
—Por supuesto. Nosotros debemos de estar en torno a los 60 y tantos millones de euros, que pasarían directamente a la Comunitat para que esta pueda gestionar sobre el terreno las necesidades de Justicia. Mejora bastante la gestión desde el punto de vista de los ciudadanos. Así ha ocurrido en otros lugares.
—¿Se podrá resolver el problema de la lentitud de la Justicia? ¿Es una cuestión de falta de medios?
—No es solo una cuestión de medios. Actualmente la inversión en Justicia por habitante en España supera a países como el Reino Unido o Francia y está por encima de la media europea. Pero tenemos una organización judicial del siglo XIX incapaz de absorber la demanda de los ciudadanos del XXI. La estructura judicial no está pensada para los tiempos actuales. De ahí, que se cree la nueva oficina judicial. Luego, existen unos procedimientos judiciales muy antiguos que no están pensados para el uso de las nuevas tecnologías. Vamos a cambiarlo. Pero falta otra pieza clave, que es la propia estructura de los partidos judiciales. Se va a tramitar una ley para que progresivamente se vayan sustituyendo los juzgados por tribunales u órganos colegiales. Hoy un juzgado se compone de un juez, un secretario y siete u ocho funcionarios que tienen que hacerlo todo. Con esta nueva ley, que es el salto lógico de la nueva oficina, habrá un conjunto de funcionarios, entre 80 y 200, agrupados en unidades especializadas (atención al ciudadano, tramitación...) que servirán a un colegio de jueces. Esto provocará que la sustitución de jueces, y esto en Balears es muy importante, se puedan hacer entre ellos mismos y no haya tantas vacantes por la movilidad del personal. Por último, lo que perseguimos es acabar con la imagen de que el juez del juzgado número 1 diga una cosa distinta que el del juzgado número 2 siendo los asuntos prácticamente iguales. Los ciudadanos no acaban de entender cómo la independencia judicial puede llevar a interpretaciones tan distintas de la ley.
—¿Se plantea el Ministerio modificar la Ley de Demarcación y Planta Judicial para que sea posible crear unos juzgados en Formentera?
—Hemos pedido un informe de carácter general sobre esta ley. La reflexión de este informe tiende más a agrupar que a crear nuevos partidos judiciales. Es verdad que si aplicamos las nuevas tecnologías y nos dirigimos hacia organizaciones colegiales, sería posible que Formentera pudiera tener una buena oficina judicial, aunque el colegio de jueces tuviese otra sede y no obligase a crear necesariamente un nuevo partido judicial. Dicho esto, y aunque el informe gira en esa dirección, siempre hay que tener muy presente el hecho insular. Habrá que ponderar esta cuestión en función del número de jueces que lo puedan conformar y la realidad de la nueva oficina.
—¿Qué opina usted en concreto?
—Con toda sinceridad, tendría que tener el análisis de toda la situación para ver cómo se podría organizar. Es decir, cuáles son las necesidades reales. La isla no tiene muchos habitantes; es cierto también que si queremos una Justicia rápida y estructurada no debemos incurrir en un modelo decimonónico de partido judicial con juzgados de ocho personas. Pero dadas sus peculiaridades, si tuviéramos alguna forma de atención en la isla, algún sistema de desplazamiento de jueces o un sistema de oficina judicial que evite que los ciudadanos tengan que desplazarse... Creo que en el caso de las comunidades insulares se debe tener muy presente y valorar esta variable.
—¿Qué le parece que el expresidente Jaume Matas asegure que la petición de cárcel de la Fiscalía se debe a que estamos en periodo preelectoral?
—Quiero subrayar que este Gobierno se ha tomado muy en serio la lucha contra la corrupción. No solo hemos incrementado los efectivos de la Fiscalía Anticorrupción y hemos dicho a los fiscales que investiguen todo tipo de corrupción allí donde ocurra, sino que además hemos modificado el Código Penal para que este tipo de delitos supongan penas de cárcel. Las declaraciones a las que nos tienen acostumbrados algunos dirigentes del PP ponen de relieve lo malo que es para cualquier responsable público intentar tapar casos que están en los tribunales y en los que supuestamente puede haber indicios de corrupción. En lugar de hacer lo que debería todo responsable público, que es denunciar y estar con los jueces, fiscales y la policía, intentan utilizar una doble vara de medir: en aquellos casos de corrupción que les afectan a ellos, la culpa es de los fiscales, los jueces y la policía y, cuando les afecta a los demás, acusan a los mismos de que no actúan. Dejemos trabajar a los profesionales del Derecho y a la policía y, mientras, los responsables públicos debemos defender el Estado de derecho.
—Precisamente, el PP sostiene que el caso Eivissa Centre, por el cual está imputado el presidente y candidato del Consell, entre otros dirigentes socialistas, es un ejemplo de la distinta vara de medir. Este caso salió a las puertas de las pasadas elecciones, y cuatro años después, aun no se ha cerrado siquiera la fase de instrucción. ¿Qué le parece?
—Que los tiempos de la Justicia nunca son los de la política. Es algo que deberíamos tener todos presentes. Ni los cuerpos de las fuerzas de seguridad ni los fiscales ni los jueces diferencian entre un color político u otro. Quiero un Estado en el que se investigue, provenga de donde provenga, cualquier indicio de la comisión de un delito tan grave como la corrupción, porque mina los cimientos de la democracia. Y si se acredita su comisión, que esas personas sean juzgadas y, tal como dice el Código Penal actual, vayan a la cárcel. Creo que es lo prudente y lo que queremos todos los españoles y para eso debemos respetar los tiempos de la Justicia y no intentar hacer política en una u otra dirección con estas cuestiones.
—¿Deberían aumentar en Balears los medios para luchar contra los delitos de corrupción?
—Hemos aumentado en los últimos años el número de fiscales en 15, algunos de ellos especializados en la lucha contra la corrupción. La Fiscalía General del Estado puede establecer medidas de refuerzo. El Ministerio pondrá todos los medios necesarios si así lo demandan.
—¿Piensa que el presidente Zapatero ya ha agotado su ciclo?
—En mi opinión, no. Pese a que hay cierto debate sobre la sucesión, el presidente Zapatero está trabajando con mucho ahínco en algo que me parece fundamental, que es consolidar la salida de la crisis. Se empiezan a ver los éxitos de su Gobierno. Hay que respetar algo que forma parte del derecho de cualquier presidente, que es fijar los tiempos de si quiere presentarse o no a una futura reelección. En mi opinión no está agotado, sino que está haciendo un muy buen trabajo en una época muy difícil para todos los gobiernos democráticos. Si se volviera a presentar, para mí sería el mejor de los posibles candidatos.
