Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 193959 veces)

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1300 en: 19 de Enero de 2012, 12:16:49 pm »
Eso no me vale, si hicieran el 800 a día de hoy, el 95% de la plantilla no lo pasaba.

Creo que es más del 5% de la plantilla la que todos o casi todos los años hacemos el TAF.
Pero no muchos más...

La Policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos...

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1301 en: 19 de Enero de 2012, 16:49:53 pm »
....ni de cuidarte un poco tampoco.

Todo depende del concepto que cada uno tenga de "cuidarse".

El "homo sapiens" está dejando de ser "sapiens"...regresando al mono del que no debió salir.

"Herederos"...infelices sois.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1303 en: 22 de Enero de 2012, 16:50:09 pm »
Justicia?...gran palabra...vacía de contenido.

Los jueces subordinan su independencia para ascender, según una ONG
 

Europa Press | Madrid
 
Actualizado sábado 21/01/2012 12:42 horas
 
Los jueces españoles subordinan su "plena independencia" a "ciertos compromisos políticos" si quieren ascender a la cúpula judicial, según un informe de la organización Transparencia Internacional (TI), que destaca que la irresponsabilidad, la corrupción y la ineficiencia de los magistrados no es suficientemente sancionada.

Los resultados provisionales del Proyecto ENIS-España, recogidos por Europa Press, dibujan una judicatura que actúa "normalmente" con ética, responsabilidad y rigor, aún cuando las malas prácticas no sean castigadas como deberían.
 
La ONG, con sede en Berlín, señala como un punto fuerte de los integrantes de la carrera judicial su independencia -"reconocida de forma expresa" en la Constitución- aunque censura que su órgano de control está "fuertemente politizado" y que los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia se nombran con una "relativa influencia política".
 
"En suma, existe un cierto incentivo para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores de sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos", advierte.
 
Entre los puntos débiles, el estudio apunta a la falta de recursos y a la sobrecarga de trabajo de los magistrados, así como la "débil rendición de cuentas existente en la práctica, no tanto en la norma, donde existen regulaciones mejorables, pero suficientes".
 
Sorteo para elegir a los vocales del CGPJ
 
Transparencia Internacional recomienda aprobar "una Ley de responsabilidad judicial", que contemple la comparecencia anual del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las Cámaras y una regulación "más eficaz" de las responsabilidades por errores y dilaciones indebidas.
 
Para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, sugiere que sus vocales sean elegidos "por sorteo" entre magistrados calificados y abogados y juristas de reconocido prestigio, que afronten "una entrevista selectiva pública posterior" en el Parlamento.
 
En el ámbito de la Justicia, la organización también propone reforzar la independencia del Ministerio Público respecto al Gobierno. "Desde luego la Fiscalía Anticorrupción necesitaría de alguna manera reforzar la protección de su independencia", señala.
 
La organización internacional también emplaza a eliminar los privilegios de personas que gozan de la condición de aforados, como son diputados, senadores, miembros del Gobierno central o integrantes del CGPJ, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o de la Audiencia Nacional.
 
"La posibilidad de conseguir un magistrado especial y protección extra son demasiado evidentes como para permanecer impasibles frente a esta realidad", señala en referencia a los aforados. Además, insta a crear un código ético del diputado y a actualizar la normativa de incompatibilidades y conflictos de interés.
 
La ONG también hace referencia a instituciones como el Defensor del Pueblo, de la que destaca su independencia aunque matiza que su gestión interna es "poco transparente".
 
Bipartidismo 'omnipotente'
 
Los resultados provisionales de Transparencia Internacional resaltan que la "omnipresencia del bipartidismo" conduce a que "todas las ideologías del espectro político" no estén representadas en los medios de comunicación.
 
"Estos partidos, a través de los gobiernos que controlan, son además los que otorgan las licencias o concesiones de servicios audiovisuales, y la concesión no es, en esta lógica existente, apolítica", añade el estudio.
 
El hecho de que la democracia española esté "excesivamente" controlada por los dos grandes partidos, reduce y desincentiva la participación de los ciudadanos en el espacio público, según TI. El grupo también pone de relieve la "enorme" influencia de los bancos en los grupos políticos.
 
"Las consecuencias de todo este modelo para el NIS no son positivas. La independencia de las instituciones se halla siempre en peligro, pues la presión de los dos grandes partidos, sobre todo del que tiene el Gobierno, sobre el legislativo, el judicial (en menor medida) y sobre todos los órganos constitucionales y regulatorios es muy fuerte cuando se tocan sus intereses más preciados", concluye.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1304 en: 22 de Enero de 2012, 17:43:20 pm »
Pero en manos de quienes estamos?
REPORTAJE: UN JUZGADO POLÉMICO

"Inestable para juzgar"

El Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario a la magistrada Coro Cillán, que instruye la reapertura del caso del 11-M. Tras precintar una discoteca, nombró administrador a quien, según una fiscal, es su novio. Una secretaria y dos fiscales del juzgado dicen que puede tener problemas con el alcohol


J. A. HERNÁNDEZ 22/01/2012




Un juzgado de Madrid se ha convertido en una olla a presión que puede poner punto final a la carrera de Coro Cillán. Es la magistrada que reabrió en 2009 el caso de los atentados de los trenes de Atocha del 11 de marzo de 2004, un asunto que ya sentenció el Tribunal Supremo en 2008. Aun así, esta misma semana la juez ha interrogado a media docena de funcionarios de Renfe para preguntarles por qué fueron desguazados los trenes y, si al hacerlo, pudieron haberse destruido elementos útiles para la investigación.

La juez Cillán puso 18.000 euros de sueldo a un amigo

El fiscal Conrado Saiz ha comentado a los inspectores que la juez, en ocasiones, manifiesta síntomas de embriaguez
 
Unos agentes protagonizaron un enredo en una discoteca, después el lío se trasladó al juzgado
 
La inspección del Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario contra ella por tres faltas muy graves y una grave. Una secretaria y dos fiscales del juzgado atribuyen a Cillán actuar bajo la ingesta de bebidas alcohólicas que transforman en "irascible" su conducta y le provocan incluso "confundir personas y delitos". En concreto, el expediente del Consejo es por graves irregularidades en la tramitación de una causa, la de la discoteca madrileña Moma, que nada tiene que ver con sus investigaciones del 11-M pero que ponen de manifiesto supuestas arbitrariedades en sus decisiones. Cillán ya fue sancionada en 1999 por retrasos injustificados y graves cuando estaba destinada en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. En esa ocasión fue suspendida durante dos años, pero más tarde el Tribunal Supremo anuló la sanción por una cuestión de plazos en el procedimiento.

La tensión entre la juez, los fiscales y las dos secretarias del juzgado es máxima. Casi ni se hablan. Coro Cillán niega las acusaciones y ella también culpa. A la secretaria judicial Sacramento Fernández le achaca continuas ausencias del juzgado ("viene cuando le da la gana"). Y asegura que está acostumbrada a "las faenas" que le hace la fiscal Soledad García. Una de las secretarias acusa por su parte a Cillán de ocultar bajo llave, impidiéndole hacer su trabajo, algunas de las causas más candentes que se instruyen en este juzgado.

Los hechos son muy serios: los inspectores del Poder Judicial han realizado sus propias pesquisas e interrogado a todos los funcionarios, a los fiscales, a dos secretarias y a la propia magistrada. El detonante del embrollo ha sido la intervención de Cillán, estando de guardia en Madrid, en el procedimiento judicial en torno a la famosa discoteca madrileña Moma.

La elitista calle de José Abascal, de Madrid vivió el pasado septiembre una escena que resultaría cómica si no fuera cierta.

Entrada la noche, en un Madrid sosegado, comienzan a llegar a las inmediaciones de Moma - discoteca y restaurante- coches policiales con sus destellos de neón. A la carrera, uno tras otro, los zetas se van deteniendo a la altura del número 56 y bajan de ellos agentes prestos a intervenir. A las puertas, un gran revuelo. Los dueños del local discuten. Están enfrentados. Todos dicen ser los dueños auténticos de Moma y reclaman para sí la gestión y control del club. Cada socio lleva sus propios guardias de seguridad. Todos vocean y exigen a los demás que quiten los candados. Porque cada uno ha llevado cerrajeros y candados propios.

¿Qué hace allí tanta policía? En la refriega verbal, cada socio ha telefoneado a sus amigos que están de patrulla. Los agentes empiezan a discutir entre ellos. "Este no es vuestro distrito, ¿qué hacéis vosotros aquí?", se preguntan los unos a los otros. El de mayor galón policial entre los concentrados toma por fin las riendas y pone orden, mandando a los empleados de seguridad que salgan del local, y a los policías llegados desde distintos puntos de la ciudad, que sigan patrullando. Un símil de la película Air Bag, pero real.

El asunto no pasó a mayores en ese momento, pero el embrollo de Moma trasladó posteriormente su lío al juzgado de Cillán.

Los inspectores del Consejo del Poder Judicial atribuyen a la magistrada actuaciones anómalas en este procedimiento: supuestamente habría favorecido a una de las partes; en concreto, a un "amigo íntimo", según las pesquisas del Poder Judicial. Estando ella de guardia, uno de los socios de Moma se presentó en el juzgado y denunció a éste por "administración desleal"; y reclamó a la juez, como medida cautelar, el precinto del local. Ocurrió la noche del pasado 21 de septiembre. Alberto Vos, el denunciante, reclamó apartar de la gestión del local a Fernando Robes, al que acusó de apoderase de Moma en detrimento de sus otros socios. Robes, al ver que le quitaban la gestión, denunció a la juez ante el Consejo del Poder Judicial y tildó su intervención de parcial.

Paralelamente, otro juzgado de Madrid, el número 32, lleva un asunto sobre supuestas mafias entre los servicios de seguridad de discotecas de la capital. La Brigada de Policía Judicial de Madrid, en un informe fechado el pasado 19 de diciembre, sitúa a Robes como supuesto testaferro y blanqueador de dinero de procedencia ilegal. Incluso fue detenido por ello.

Del lado de Alberto Vos en el caso de Moma, y en contra de Robes, estaría el supuesto "novio" o "amigo íntimo" de la magistrada, Javier Caballero. La fiscal del juzgado, Soledad García, que estaba de guardia con Cillán ese día, afirma que la noche en que se pidió la cinta adhesiva para acordonar el Moma, la juez fue a su despacho y le pidió opinión sobre si debía precintar el local. La respuesta de la fiscal a Cillán, asegura García, fue que no, porque antes era necesario comprobar la veracidad de la denuncia. "No lo veo, primero habrá que investigar, y me da la impresión de que lo está conociendo otro juzgado", ha asegurado la fiscal a los inspectores del Consejo.

Según Soledad García, su opinión enfadó a Cillán, que rompió una providencia que había encima de la mesa para trasladar el asunto a reparto del decanato, y le soltó: "Por mis santos cojones se precinta Moma". "Coro, te estás metiendo en un lío", asegura la fiscal que le respondió.

Cillán se fue del despacho acompañada del abogado que había interpuesto la denuncia. Según la fiscal y la secretaria, que han contado al Consejo los problemas que están teniendo en las guardias, poco después de que la juez decretara el precinto la vieron en el restaurante Portobello cenando con algunos de los denunciantes de Moma. Las normas de reparto de los juzgados de Madrid obligan a enviar al decanato para su reparto las causas que entren en la guardia aun cuando en ellas se pidan medidas cautelares. Se lo advirtió a la juez uno de sus funcionarios, pero la magistrada le cortó. "Es nuestra".

Cillán, por su parte, en su escrito de alegaciones al Consejo, niega que cenase con los denunciantes de Moma y señala que el restaurante Portobello es un lugar donde coinciden personas del mundo jurídico porque está a escasos metros de los juzgados, y que son habituales los saludos de cortesía entre profesionales, que no comprometen su independencia.

Tras negarse la fiscalía a apoyar el precinto, según los inspectores, la juez ladeó de estas diligencias al ministerio público, precintó el local y cambió a los administradores por otros. A uno de ellos, también "amigo" de la juez según el Consejo, le puso un sueldo de 18.000 euros (de los que solo llegó a cobrar 7.700). Éste acabó renunciado a ese cometido y entonces la juez nombró administrador a Javier Caballero, con un sueldo de 2.500 euros. Caballero es su supuesto "novio", según la fiscal Soledad García.

"La magistrada me ha hablado durante casi un año de un compañero sentimental, llamado Javier Caballero, que es abogado en Alicante, y que cuando a viene a Madrid se aloja en su casa", ha relatado la fiscal a la inspección. "Recientemente me lo ha presentado personalmente, y a la secretaria judicial (Celia), aunque al momento de la presentación no aludió a la relación de noviazgo". El Juzgado 43 tiene una secretaria en comisión de servicio, Sacramento Fernández, que a veces se sirve de otra colega, Celia García, como apoyo en determinados asuntos. Sacramento Fernández también ha contado a los inspectores lo del novio de la juez, algo que Cillán niega. A personas de su entorno, la magistrada ha confiado que actuará contra quienes la han difamado y que se va a realizar varias pruebas que acreditarán que ni tiene pareja ni problemas relacionados con el alcohol.

El fiscal Conrado Saiz, que es el que lleva junto con Cillán la causa sobre el 11-M, discrepa de esta última afirmación, aunque precisando que él no es perito en temas de alcohol. Sobre la juez ha contado a los inspectores: "Alguna vez, en las guardias de diligencias, rápidos y detenidos, durante la tarde manifiesta síntomas de consumo de bebidas alcohólicas; así, en las declaraciones confunde a las personas a las que se dirige, así como el delito; cambia de conversación con falta de coherencia y presenta un carácter irascible, por lo que él suele tomar la palabra cuando antes para no acrecentar el problema", señala la inspección.

Sáiz zanja: "Entiendo que la magistrada no tiene capacidad para llevar el juzgado porque presenta una inestabilidad preocupante". El asunto está ahora en manos del instructor designado por el Poder Judicial, un juez del Tribunal Superior de Madrid, de superior rango que Cillán. Según fuentes del Consejo, ya la ha citado a declarar. Será él quien se encargue de indagar el polvorín que se cierne sobre el juzgado de Madrid que ha reabierto el atentado de los trenes de la muerte.
 

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1305 en: 22 de Enero de 2012, 19:47:04 pm »
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La elitista calle de José Abascal, de Madrid vivió el pasado septiembre una escena que resultaría cómica si no fuera cierta.

Entrada la noche, en un Madrid sosegado, comienzan a llegar a las inmediaciones de Moma - discoteca y restaurante- coches policiales con sus destellos de neón. A la carrera, uno tras otro, los zetas se van deteniendo a la altura del número 56 y bajan de ellos agentes prestos a intervenir. A las puertas, un gran revuelo. Los dueños del local discuten. Están enfrentados. Todos dicen ser los dueños auténticos de Moma y reclaman para sí la gestión y control del club. Cada socio lleva sus propios guardias de seguridad. Todos vocean y exigen a los demás que quiten los candados. Porque cada uno ha llevado cerrajeros y candados propios.

¿Qué hace allí tanta policía? En la refriega verbal, cada socio ha telefoneado a sus amigos que están de patrulla. Los agentes empiezan a discutir entre ellos. "Este no es vuestro distrito, ¿qué hacéis vosotros aquí?", se preguntan los unos a los otros. El de mayor galón policial entre los concentrados toma por fin las riendas y pone orden, mandando a los empleados de seguridad que salgan del local, y a los policías llegados desde distintos puntos de la ciudad, que sigan patrullando. Un símil de la película Air Bag, pero real.

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De ser esto así, me parece muy grave que algunos se muevan de servicio por un interés personal.


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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1306 en: 22 de Enero de 2012, 19:54:34 pm »
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La elitista calle de José Abascal, de Madrid vivió el pasado septiembre una escena que resultaría cómica si no fuera cierta.

Entrada la noche, en un Madrid sosegado, comienzan a llegar a las inmediaciones de Moma - discoteca y restaurante- coches policiales con sus destellos de neón. A la carrera, uno tras otro, los zetas se van deteniendo a la altura del número 56 y bajan de ellos agentes prestos a intervenir. A las puertas, un gran revuelo. Los dueños del local discuten. Están enfrentados. Todos dicen ser los dueños auténticos de Moma y reclaman para sí la gestión y control del club. Cada socio lleva sus propios guardias de seguridad. Todos vocean y exigen a los demás que quiten los candados. Porque cada uno ha llevado cerrajeros y candados propios.

¿Qué hace allí tanta policía? En la refriega verbal, cada socio ha telefoneado a sus amigos que están de patrulla. Los agentes empiezan a discutir entre ellos. "Este no es vuestro distrito, ¿qué hacéis vosotros aquí?", se preguntan los unos a los otros. El de mayor galón policial entre los concentrados toma por fin las riendas y pone orden, mandando a los empleados de seguridad que salgan del local, y a los policías llegados desde distintos puntos de la ciudad, que sigan patrullando. Un símil de la película Air Bag, pero real.

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De ser esto así, me parece muy grave que algunos se muevan de servicio por un interés personal.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xZwUp7TverY[/youtube]

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1307 en: 22 de Enero de 2012, 19:56:22 pm »
Que bonito es querer tener una placa para enseñarla en las discotecas.... (y yo aqui, me cago en los psicotécnicos y las entrevistas personales)


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« Respuesta #1308 en: 22 de Enero de 2012, 19:58:19 pm »
A parte de los socios, los afines a los socios, las copas por el morro y las placas fuera del bolsillo....más preocupante es el Juez.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1309 en: 22 de Enero de 2012, 19:59:32 pm »
No te quito razón, pero me preocupa mucho también este aspecto


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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1310 en: 22 de Enero de 2012, 20:02:29 pm »
A parte de los socios, los afines a los socios, las copas por el morro y las placas fuera del bolsillo....más preocupante es el Juez.

 . . .  preocupante es todo en general, cada uno a su nivel, la jueza tiene lo suyo, pero lo de los locales de ocio y los funcionarios de policía  también . . . la linea roja es muy delgada y es tan fácil traspasarla . . . pero vamos, esto no es nuevo y viene de muy antiguo . . .

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1311 en: 23 de Enero de 2012, 00:15:31 am »
......que casualidad que quieran cargarse ahora a esa jueza.
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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1312 en: 23 de Enero de 2012, 00:17:32 am »
Que bonito es querer tener una placa para enseñarla en las discotecas.... (y yo aqui, me cago en los psicotécnicos y las entrevistas personales)

Tixe, ésto es muy muy viejo, y a un nivel bastante alto..........inspecciones.............y a los dos minutos, los distritos se agrandan.
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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1313 en: 23 de Enero de 2012, 02:15:13 am »
......que casualidad que quieran cargarse ahora a esa jueza.

Pues nada sigamos con la conspiración y le damos todo nuestro apoyo.

http://es-es.facebook.com/pages/Apoyo-a-la-gran-juez-Coro-Cillan/225321347534332

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« Respuesta #1314 en: 23 de Enero de 2012, 10:20:36 am »
Yo no he dicho eso, solo digo que ni creo en las casualidades.
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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1315 en: 23 de Enero de 2012, 11:33:51 am »
Pero en manos de quienes estamos?
REPORTAJE: UN JUZGADO POLÉMICO

"Inestable para juzgar"

El Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario a la magistrada Coro Cillán, que instruye la reapertura del caso del 11-M. Tras precintar una discoteca, nombró administrador a quien, según una fiscal, es su novio. Una secretaria y dos fiscales del juzgado dicen que puede tener problemas con el alcohol


J. A. HERNÁNDEZ 22/01/2012




Un juzgado de Madrid se ha convertido en una olla a presión que puede poner punto final a la carrera de Coro Cillán. Es la magistrada que reabrió en 2009 el caso de los atentados de los trenes de Atocha del 11 de marzo de 2004, un asunto que ya sentenció el Tribunal Supremo en 2008. Aun así, esta misma semana la juez ha interrogado a media docena de funcionarios de Renfe para preguntarles por qué fueron desguazados los trenes y, si al hacerlo, pudieron haberse destruido elementos útiles para la investigación.

La juez Cillán puso 18.000 euros de sueldo a un amigo

El fiscal Conrado Saiz ha comentado a los inspectores que la juez, en ocasiones, manifiesta síntomas de embriaguez
 
Unos agentes protagonizaron un enredo en una discoteca, después el lío se trasladó al juzgado
 
La inspección del Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario contra ella por tres faltas muy graves y una grave. Una secretaria y dos fiscales del juzgado atribuyen a Cillán actuar bajo la ingesta de bebidas alcohólicas que transforman en "irascible" su conducta y le provocan incluso "confundir personas y delitos". En concreto, el expediente del Consejo es por graves irregularidades en la tramitación de una causa, la de la discoteca madrileña Moma, que nada tiene que ver con sus investigaciones del 11-M pero que ponen de manifiesto supuestas arbitrariedades en sus decisiones. Cillán ya fue sancionada en 1999 por retrasos injustificados y graves cuando estaba destinada en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. En esa ocasión fue suspendida durante dos años, pero más tarde el Tribunal Supremo anuló la sanción por una cuestión de plazos en el procedimiento.

La tensión entre la juez, los fiscales y las dos secretarias del juzgado es máxima. Casi ni se hablan. Coro Cillán niega las acusaciones y ella también culpa. A la secretaria judicial Sacramento Fernández le achaca continuas ausencias del juzgado ("viene cuando le da la gana"). Y asegura que está acostumbrada a "las faenas" que le hace la fiscal Soledad García. Una de las secretarias acusa por su parte a Cillán de ocultar bajo llave, impidiéndole hacer su trabajo, algunas de las causas más candentes que se instruyen en este juzgado.

Los hechos son muy serios: los inspectores del Poder Judicial han realizado sus propias pesquisas e interrogado a todos los funcionarios, a los fiscales, a dos secretarias y a la propia magistrada. El detonante del embrollo ha sido la intervención de Cillán, estando de guardia en Madrid, en el procedimiento judicial en torno a la famosa discoteca madrileña Moma.

La elitista calle de José Abascal, de Madrid vivió el pasado septiembre una escena que resultaría cómica si no fuera cierta.

Entrada la noche, en un Madrid sosegado, comienzan a llegar a las inmediaciones de Moma - discoteca y restaurante- coches policiales con sus destellos de neón. A la carrera, uno tras otro, los zetas se van deteniendo a la altura del número 56 y bajan de ellos agentes prestos a intervenir. A las puertas, un gran revuelo. Los dueños del local discuten. Están enfrentados. Todos dicen ser los dueños auténticos de Moma y reclaman para sí la gestión y control del club. Cada socio lleva sus propios guardias de seguridad. Todos vocean y exigen a los demás que quiten los candados. Porque cada uno ha llevado cerrajeros y candados propios.

¿Qué hace allí tanta policía? En la refriega verbal, cada socio ha telefoneado a sus amigos que están de patrulla. Los agentes empiezan a discutir entre ellos. "Este no es vuestro distrito, ¿qué hacéis vosotros aquí?", se preguntan los unos a los otros. El de mayor galón policial entre los concentrados toma por fin las riendas y pone orden, mandando a los empleados de seguridad que salgan del local, y a los policías llegados desde distintos puntos de la ciudad, que sigan patrullando. Un símil de la película Air Bag, pero real.

El asunto no pasó a mayores en ese momento, pero el embrollo de Moma trasladó posteriormente su lío al juzgado de Cillán.

Los inspectores del Consejo del Poder Judicial atribuyen a la magistrada actuaciones anómalas en este procedimiento: supuestamente habría favorecido a una de las partes; en concreto, a un "amigo íntimo", según las pesquisas del Poder Judicial. Estando ella de guardia, uno de los socios de Moma se presentó en el juzgado y denunció a éste por "administración desleal"; y reclamó a la juez, como medida cautelar, el precinto del local. Ocurrió la noche del pasado 21 de septiembre. Alberto Vos, el denunciante, reclamó apartar de la gestión del local a Fernando Robes, al que acusó de apoderase de Moma en detrimento de sus otros socios. Robes, al ver que le quitaban la gestión, denunció a la juez ante el Consejo del Poder Judicial y tildó su intervención de parcial.

Paralelamente, otro juzgado de Madrid, el número 32, lleva un asunto sobre supuestas mafias entre los servicios de seguridad de discotecas de la capital. La Brigada de Policía Judicial de Madrid, en un informe fechado el pasado 19 de diciembre, sitúa a Robes como supuesto testaferro y blanqueador de dinero de procedencia ilegal. Incluso fue detenido por ello.

Del lado de Alberto Vos en el caso de Moma, y en contra de Robes, estaría el supuesto "novio" o "amigo íntimo" de la magistrada, Javier Caballero. La fiscal del juzgado, Soledad García, que estaba de guardia con Cillán ese día, afirma que la noche en que se pidió la cinta adhesiva para acordonar el Moma, la juez fue a su despacho y le pidió opinión sobre si debía precintar el local. La respuesta de la fiscal a Cillán, asegura García, fue que no, porque antes era necesario comprobar la veracidad de la denuncia. "No lo veo, primero habrá que investigar, y me da la impresión de que lo está conociendo otro juzgado", ha asegurado la fiscal a los inspectores del Consejo.

Según Soledad García, su opinión enfadó a Cillán, que rompió una providencia que había encima de la mesa para trasladar el asunto a reparto del decanato, y le soltó: "Por mis santos cojones se precinta Moma". "Coro, te estás metiendo en un lío", asegura la fiscal que le respondió.

Cillán se fue del despacho acompañada del abogado que había interpuesto la denuncia. Según la fiscal y la secretaria, que han contado al Consejo los problemas que están teniendo en las guardias, poco después de que la juez decretara el precinto la vieron en el restaurante Portobello cenando con algunos de los denunciantes de Moma. Las normas de reparto de los juzgados de Madrid obligan a enviar al decanato para su reparto las causas que entren en la guardia aun cuando en ellas se pidan medidas cautelares. Se lo advirtió a la juez uno de sus funcionarios, pero la magistrada le cortó. "Es nuestra".

Cillán, por su parte, en su escrito de alegaciones al Consejo, niega que cenase con los denunciantes de Moma y señala que el restaurante Portobello es un lugar donde coinciden personas del mundo jurídico porque está a escasos metros de los juzgados, y que son habituales los saludos de cortesía entre profesionales, que no comprometen su independencia.

Tras negarse la fiscalía a apoyar el precinto, según los inspectores, la juez ladeó de estas diligencias al ministerio público, precintó el local y cambió a los administradores por otros. A uno de ellos, también "amigo" de la juez según el Consejo, le puso un sueldo de 18.000 euros (de los que solo llegó a cobrar 7.700). Éste acabó renunciado a ese cometido y entonces la juez nombró administrador a Javier Caballero, con un sueldo de 2.500 euros. Caballero es su supuesto "novio", según la fiscal Soledad García.

"La magistrada me ha hablado durante casi un año de un compañero sentimental, llamado Javier Caballero, que es abogado en Alicante, y que cuando a viene a Madrid se aloja en su casa", ha relatado la fiscal a la inspección. "Recientemente me lo ha presentado personalmente, y a la secretaria judicial (Celia), aunque al momento de la presentación no aludió a la relación de noviazgo". El Juzgado 43 tiene una secretaria en comisión de servicio, Sacramento Fernández, que a veces se sirve de otra colega, Celia García, como apoyo en determinados asuntos. Sacramento Fernández también ha contado a los inspectores lo del novio de la juez, algo que Cillán niega. A personas de su entorno, la magistrada ha confiado que actuará contra quienes la han difamado y que se va a realizar varias pruebas que acreditarán que ni tiene pareja ni problemas relacionados con el alcohol.

El fiscal Conrado Saiz, que es el que lleva junto con Cillán la causa sobre el 11-M, discrepa de esta última afirmación, aunque precisando que él no es perito en temas de alcohol. Sobre la juez ha contado a los inspectores: "Alguna vez, en las guardias de diligencias, rápidos y detenidos, durante la tarde manifiesta síntomas de consumo de bebidas alcohólicas; así, en las declaraciones confunde a las personas a las que se dirige, así como el delito; cambia de conversación con falta de coherencia y presenta un carácter irascible, por lo que él suele tomar la palabra cuando antes para no acrecentar el problema", señala la inspección.

Sáiz zanja: "Entiendo que la magistrada no tiene capacidad para llevar el juzgado porque presenta una inestabilidad preocupante". El asunto está ahora en manos del instructor designado por el Poder Judicial, un juez del Tribunal Superior de Madrid, de superior rango que Cillán. Según fuentes del Consejo, ya la ha citado a declarar. Será él quien se encargue de indagar el polvorín que se cierne sobre el juzgado de Madrid que ha reabierto el atentado de los trenes de la muerte.
 


De lo más lamentable que he visto en mucho tiempo.

¡¡¡Mira que no conjuntar los zapatos y el bolso!!!


La Policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos...

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1316 en: 23 de Enero de 2012, 15:45:45 pm »
......que casualidad que quieran cargarse ahora a esa jueza.

Pues nada sigamos con la conspiración y le damos todo nuestro apoyo.

http://es-es.facebook.com/pages/Apoyo-a-la-gran-juez-Coro-Cillan/225321347534332
Ya tenemos a un moro condenado por dos testigas de dudosa honestidad.

P´aque queremos saber mas, "hoygan", si ya nos contaron una "verdad".

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1317 en: 24 de Enero de 2012, 13:47:25 pm »
......que casualidad que quieran cargarse ahora a esa jueza.

Pues nada sigamos con la conspiración y le damos todo nuestro apoyo.

http://es-es.facebook.com/pages/Apoyo-a-la-gran-juez-Coro-Cillan/225321347534332
Ya tenemos a un moro condenado por dos testigas de dudosa honestidad.

P´aque queremos saber mas, "hoygan", si ya nos contaron una "verdad".
Pues nada sigue hablando en plural y da tu "afecto" incondicional.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1318 en: 27 de Enero de 2012, 13:31:04 pm »
Los jurados populares cargan con el peso de mandar a un asesino a la calle o a un inocente a prisión. Les pagan 67 euros diarios, deliberan totalmente aislados y permanecen vigilados por la Policía hasta cuando van al baño
27.01.12 -

María Ángeles conoció el peso de la justicia en 2001, cuando el Estado le encargó un veredicto sobre la culpabilidad o inocencia de Gabriel Munteanu. Su nombre había salido elegido para ejercer de jurado popular en el proceso en el que se acusaba a este rumano de haber degollado a Danielle Taillefert, una asistente social que lo había acogido en su casa de Logroño. Cuando la entrevistaron para el puesto, le preguntaron si prefería ver a un inocente en la cárcel antes que a un asesino en la calle. No dudó en responder: «Un asesino en la calle». Intentó librarse de la responsabilidad: «Les dije que mi marido estaba enfermo y mi hijo también y me respondieron que me mandarían a casa una enfermera», comenta esta matrona riojana, ya jubilada, de 68 años. Tuvo que ver las fotos de la mujer degollada y soportar las miradas amenazantes del acusado. «Fue un caso muy duro, pero lo peor fue la responsabilidad de no ser un profesional de la justicia y tener que soltar o mandar a la cárcel a alguien... ¿Y si yo no había entendido bien algo? ¿Y si nos equivocábamos?». María Ángeles aún recuerda «aquellos días horribles» en los que soñaba con equivocarse, a pesar de que el acusado era un asesino confeso. Por eso resulta fácil entender las que tuvieron que pasar los nueve españoles que decidieron durante 26 sesiones el futuro de Francisco Camps y Ricardo Costa. Esta es la vida de los hombres y mujeres a los que les toca ser jueces por un día.

La tarea no es nueva, ni es una costumbre tomada de películas como 'Doce hombres sin piedad', de Sidney Lumet. En 1888, algunos delitos de prensa en España ya se juzgaban por jurado popular y la experiencia se repitió en la Segunda República. La actual Constitución Española recomendaba que se proclamara una Ley del Jurado, que no llegó a fraguar hasta 1995. Meses antes, el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja hizo el primer ensayo. Ignacio Espinosa era el juez de un proceso que seguía también un tribunal popular sin decisión vinculante. Fue un ensayo divertido, pero empezó solo regular. Juzgaban a un hombre por conducir ebrio: Espinosa lo declaró culpable; el jurado, no.

- ¿Son más duros o más blandos que un tribunal profesional?
- Depende de la cuestión -responde Espinosa-. Suelen ser más severos en los delitos de sangre o violentos porque se ponen muchas veces en el sitio de la víctima. En cambio, en otros delitos como los que van en contra de la seguridad en el tráfico tienden a mostrarse más benévolos y a pensar que le puede pasar a cualquiera.

Desde 1995, miles de personas han pasado por este trago. Y mañana le puede tocar a usted mismo. Cada dos años, la mano ciega de la Justicia señala con un dedo los nombres entre los españoles mayores de edad.

En cada Audiencia Provincial se eligen a cincuenta personas por cada juicio con jurado popular previsto en los siguientes 24 meses. En Madrid, hace dos años los seleccionados fueron 5.000.

Cuando el tribunal decide que necesita un jurado para una vista oral, convocan a 50 personas de esa 'bolsa'. No argumente que no tiene ni idea de leyes, porque de eso se trata: todos deben ser legos en Derecho, es decir, quedan excluidos abogados, jueces, fiscales... Si tiene suerte, se puede librar por varias razones: ser mayor de 65 años, vivir fuera de la ciudad, estar incapacitado física o mentalmente o haber sido condenado. De lo contrario, tendrá que presentarse en la sala, sí o sí. También puede ser recusado por una de las partes si tiene relación con el acusado o con el caso que se enjuicia. «Si pertenece a una asociación a favor de la castración de los agresores sexuales no puede juzgar a un asesino violador, es obvio», explica Ignacio Espinosa.

Cinco contra cuatro

De la 'bolsa' de cincuenta elegirán a nueve titulares (en el juicio de Camps fueron tres mujeres y seis hombres) y a dos suplentes (que harán de todo menos votar el veredicto). Acuden a las vistas, escuchan a las partes y deliberan hasta tomar una decisión que, a diferencia de Estados Unidos, no tiene por qué ser unánime. En el caso del juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana, cinco lo declararon 'no culpable'; cuatro pensaban lo contrario. Para poder condenarlo habrían necesitado ser siete contra dos. El 'gol average' de la inocencia funciona así: menos de siete 'culpables'... a la calle. O sea, con cinco, cuatro o menos votos en contra, el acusado se libra. ¿Y si son seis 'culpables' contra tres 'no culpables'? Pues no vale... Tendrían que seguir deliverando y repetir el voto. Tampoco sirve abstenerse por no tener clara la decisión: implica una multa y en un borrador de la Ley se consideró incluso la pena de cárcel por no pronunciarse.
Los tribunales profesionales se reservan las causas más complicadas. Un jurado popular no puede juzgar cualquier tipo de delito, solamente algunos como asesinatos, homicidios, los cometidos por funcionarios públicos (malversación de caudales públicos), los que van contra el honor (calumnias e injurias), incendios forestales... El resto del Código Penal (cientos de infracciones como las agresiones sexuales, la amplia gama de delitos contra la propiedad, el tráfico de drogas, o los actos terroristas) son tratados por profesionales.

Las sesiones sí que tienen algo de película de Hollywood. Lo sabe bien el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que admite que en el juicio dependen de «la habilidad, la capacidad de comunicación y el discurso» del abogado y del fiscal. «Cuentan la empatía y la capacidad para conmover».

Jurados 'impopulares'

Con todo, deciden nueve personas y deliberar nunca es fácil. A veces, las sesiones se alargan. En ese caso, sus improvisadas señorías deben hacer noche en un hotel concertado por la Audiencia. No pueden tener contacto con el exterior, ni acceso a internet, ni prensa, ni televisión, ni radio. Les quitan los móviles. Están controlados por la Guardia Civil o la policía autonómica, que no les deja ni a sol ni a sombra. Y si tienen que acudir al baño les acompaña un agente. Todo tiene que ver con cierto 'fairplay' jurídico: si existe alguna duda, llaman para resolverla al presidente de la sala, al que acompañan el fiscal y el abogado de la defensa a modo de 'vigilantes'.

La vida del jurado popular no es un camino de rosas (a los cinco que han declarado 'no culpable' a Camps les han dicho de todo en la internet), pero al menos está pagada. Si le toca, le caerán 67 euros por jornada (de nueve a nueve, doce horas) más el transporte y la comida. Los del juicio de Camps se han levantado un pellizquito por sus 26 sesiones en 45 días: 1.742 euros.
Que sean justicia por un día no significa que sean jueces. Solo los magistrados pueden declarar a una persona inocente. Ellos se limitan a un 'no culpable'. En algunos casos, la tormenta mediática posterior puede ser de órdago. Las hemerotecas recuerdan errores estrepitosos. En 1999, Dolores Vázquez fue declarada culpable por un jurado popular de la muerte de Rocío Wanninkhof. Una instancia superior anuló la sentencia por no estar motivada la condena y ordenó repetir el juicio con el resultado ya conocido.

«Quizás la relevancia del acusado pueda hacer que la gente ya tenga una opinión», admite Espinosa, que pese a todo se declara «un juradista convencido»: le da al pueblo «la opción de participar en los tres poderes, también en el judicial».

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #1319 en: 28 de Enero de 2012, 15:03:02 pm »
El juez Marchena, que busca condenar a Garzón, libró al ministro ‘aznarista’ Josep Piqué de ser juzgado

El periodista José Martí Gómez ha hecho un perfil hoy en la SER del juez Manuel Marchena, que forma parte del tribunal contra Baltasar Garzón en el proceso por las escuchas a la trama Gürtel y que lleva a cabo la instrucción contra el magistrado por los cobros en Nueva York. Martí Gómez ha definido a Marchena como un juez "sin prestigio", "muy conservador", y ha recordado que se plegó a los intereses del Partido Popular durante el Gobierno de José María Aznar al salvar al entonces ministro Josep Piqué de ser juzgado. Artículos relacionados

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•La prensa internacional, espantada por la "caza de brujas" contra Garzón

En el programa A vivir que son dos días, Martí Gómez recuerda que fue Marchena quien en su día salvó al ministro aznarista Josep Piqué de ser juzgado como una de los responsables de que "Ercros, una de las empresas ligadas a De la Rosa, se liquidara después de volatizarse 20.000 millones de pesetas".

Muy conservador

Martí Gómez califica a Marchena de juez "muy conservador", y recuerda que fue nombrado "por el ultraconservador fiscal general del Estado Jesús Cardenal, fiscal jefe de secretaria de la Fiscalía General".

Marchena evitó que se juzgara a Piqué

"En aquella época, Carlos Jiménez Villarejo presentó por indicios racionales de criminalidad una querella contra el ministro Josep Piqué. Los 15 fiscales de sala fueron rotundos, que se debía procesar a Piqué y el hombre que, supongo siguiendo las órdenes de Cardenal [fiscal general del Estado], elevó un dictamen diciendo que no se podía procesar fue precisamente Marchena. El fiscal que llevó aquel caso, Bartolomé Vargas, que defendía delante de todo el leno fiscal la necesidad de interrogar a Pique fue degradado ".

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El desprestigio de Marchena

Martí Gómez afirma que cuando Cardenal "cayó", el juez Marchena también "cayó bastante", y tanto fue "su desprestigio que es el único fiscal jefe que no se le hizo después fiscal de sala". En su opinión, Marchena "ha llegado a magistrado del Tribunal Supremo por esa cosa absurda que todo el mundo dice de ser conocido como jurista de reconocido prestigio, un prestigio que no se le reconoce por ninguna parte".

Marchena quiere juzgar a Garzón por los cursos en Nueva York

Este viernes, se ha conocido el auto del juez Marchena sobre la causa contra Garzón por los cursos en Estados Unidos. El magistrado del Supremo le acusa de obtener de importantes empresas y bancos españoles fondos para patrocinar una serie de conferencias que dirigió durante su estancia en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. Garzón podría tener que sentarse en el banquillo por esta causa.