Los jueces españoles, de los que más cobran en la UE y los que menos casos resuelven
El Gobierno español destina 1.612,63 millones de euros a la justicia y, sin embargo, aún quedan 3.225.063 de casos pendientes de resolución
Elsa S. Vejo
La mejora y la optimización de la justicia española comienzan a ser una quimera. Nadie duda de la buena intención y voluntad política, así como del esfuerzo de una importante parte del aparato judicial español; sin embargo, los resultados todavía dejan mucho que desear. Así lo reconocen los propios políticos, que siempre que llegan al poder luchan por cambiarlo, y el mismo Consejo General del Poder Judicial, que identifica en la carencia de medios materiales y humanos y en la actual crisis económica nacional los principales motivos de la ineficiencia que desde hace años caracteriza a la justicia española: 3.225.063 de casos pendientes de resolución en el ejercicio de 2010, el triple de los que había en 2001.
Una cifra realmente elevada si la comparamos con la de nuestros colegas europeos. Tal y como se recoge en el último informe bienal de evaluación de los sistemas judiciales (2010) del Consejo de Europa, España, con 81,7 puntos, tiene el índice más bajo de casos resueltos en la Unión Europea, en relación con los recibidos, sustancialmente por debajo del teórico nivel 100 de equilibrio. Lejos de países como Francia (94,3), Italia (94,8), Portugal (99,1) y sobre todo de Noruega (105,1), que obtiene la mejor nota.
España tiene el índice más bajo de casos resueltos en la UE
Según los últimos datos disponibles en la página web del CGPD, que datan de hace más de un año y medio -una muestra más de la lentitud de nuestras instituciones, puesto que ya tendrían que estar publicados los de 2011-, en 2010 se registraron 9.355.526 de nuevos casos (a los que habría que añadir los pendientes de años anteriores), fueron resueltos 9.217.395, y quedaron en trámite al final de año 3.225.063. Es decir, casos acumulados cuya resolución dependerá del tipo de delito y de la jurisdicción y que puede oscilar entre los seis meses y los tres años.
“Son muchos”, reconocen fuentes del Consejo General del Poder Judicial a ESTRELLA DIGITAL. “Pero hay que tener en cuenta las circunstancias actuales”, continúan las mismas fuentes, muy convencidas de que la crisis económica ha agravado la situación. Según explican desde el Consejo, con la crisis han aumentado los casos denunciados ante los tribunales, sobre todo civiles y sociales, por impagos, expedientes de regulación de empleo y despidos. Sin embargo, las plantillas se han mantenido, produciéndose un importante tapón, cada vez más difícil de digerir año tras año.
Ante esta situación, los magistrados reclaman desesperadamente reformas. Por un lado, agilizar al máximo los procesos judiciales sin poner en peligro las garantías jurídicas de los ciudadanos. Y por otro lado, ajustarse a las nuevas tecnologías. Un asunto en el que puso especial empeño el anterior Gobierno, con su Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia. Un proyecto para eliminar el papel físico en la Administración y agilizar así la gestión, que puso Zapatero en marcha en 2010 y que costó 218 millones de euros al erario público. “Se ha invertido mucho esfuerzo y dinero”, insisten en Justicia, aunque la realidad aún revela importantes carencias, defectos y un anquilosamiento en algunos de sus procedimientos y rutinas que conducen a la ineficacia de la que hablábamos al principio.
El CGPJ reclama agilizar los procesos judiciales y modernizar los sistemas
Desde el Consejo General del Poder Judicial, aseguran a ESTRELLA DIGITAL que son “conscientes de las dificultades por las que atraviesa la economía española”. De hecho, en los últimos Presupuestos Generales del Estado, la partida destinada a Justicia ha sido una de las más bajas: 1.612,63 millones de euros, un 5,9% menos que en 2011. “No hay dinero para más”, así lo ha manifestado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en varias ocasiones cuando se le ha preguntado sobre las cuentas públicas del 2012. Y bajo esta premisa, el ministro del ramo, Alberto Ruiz Gallardón, ha decidido actuar.
En este sentido, el titular de Justicia ya adelantó hace unos meses en el Congreso de los Diputados, las consecuencias que acarrearía esta reducción. Desde el Ejecutivo se han vendido como reformas necesarias para hacer del sistema judicial “un instrumento competitivo”. Pero la realidad se traduce en el establecimiento de nuevas tasas para los ciudadanos que recurran a los Tribunales. Según el ministro, un mal funcionamiento de la justicia tiene siempre “consecuencias económicas”, y por ello se deben de “evitar abusos”. Así pues, desde el Ministerio de Justicia se entiende que una de las mejores opciones para evitar la “litigiosidad ficticia” y ahorrar costes es establecer tasas judiciales para las partes que recurran un fallo en segunda instancia. Desde el Consejo, aunque reconocen que sí sería positivo evitar los recursos innecesarios que colapsan los tribunales, se han posicionado en contra de la iniciativa gubernamental, puesto que consideran que el pago de tasas “perjudica el acceso a la justicia”.
Los sueldos de los jueces no varían, a pesar del recorte en Justicia
Al final, y como siempre suele ocurrir en estos casos, son los ciudadanos los que acabarán pagando los platos rotos. Unos ciudadanos cada vez más desencantados con el sistema judicial. De hecho, y según apuntó el CIS en su último barómetro, la mitad de la población opina que los juzgados funcionan mal o muy mal. La respuesta desde el Consejo es clara: “En España invertimos un 0,4% del PIB en Justicia, mientras que la media europea se sitúa en el 2% del PIB. Y eso se nota”. No obstante, los sueldos de los magistrados -a los que se dedica una buena e importante parte del presupuesto del Ministerio- no bajan. Es más, siguen siendo uno de los más altos de la Unión Europea. Según consta en un informe elaborado en 2010 por el Consejo de Europa, España es uno de los países en los que más rentable resulta ser magistrado, únicamente superados por los británicos (de los 176.899 euros de los norirlandeses a los 212.083 de ingleses y galeses y los 214.165 de los escoceses); luxemburgueses (140.201) e irlandeses (257.872).
En España invertimos un 0,4% del PIB en Justicia, mientras que la media europea se sitúa en el 2% del PIB
Los datos en el Consejo de Europa aún no han sido actualizados, pero según consta en los registros oficiales, la situación -a pesar de la crisis- no ha debido de variar mucho. En el caso español, y según se refleja en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 23 de diciembre de 2011, el presidente del CGPJ cobra 10.531,19 euros mensuales brutos, los vocales de la institución 9.020,75 euros mensuales brutos y el secretario general, 8.819,15 euros mensuales brutos. El sueldo de los asesores del Consejo, que según han especificado a este diario fuentes oficiales son ocho, no ha sido especificado.
En el caso del Tribunal Constitucional, compuesto de 12 miembros, el presidente cobra 10.279,43 euros mensuales brutos, el vicepresidente 9.662,29 euros mensuales brutos y los magistrados 8.716,81 euros brutos. Y en lo que al Tribunal Supremo respecta, el presidente cobra 8.820,70 euros mensuales brutos, mientras que los magistrados se embolsan 8.599,89 euros mensuales brutos.
Todas ellas, cantidades muy superiores a la media salarial que actualmente recibe un español, según la OCDE, de 20.645 euros anuales netos (1.676 euros mensuales), escandalosamente inferior a lo que ganan los estadounidenses (2.576 euros al mes), los luxemburgueses (2.432 euros al mes) y los irlandeses (2.421 euros al mes). Éste último, un país rescatado por la Unión Europea.
