Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 258310 veces)

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1940 en: 13 de Octubre de 2014, 13:41:47 pm »

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1941 en: 26 de Octubre de 2014, 04:33:28 am »
Los contratos del CGPJ están plagados de irregularidades

 
 El Tribunal de Cuentas realiza observaciones críticas en la fiscalización del órgano
 
 El Consejo defendió la 'estricta legalidad' de su actuación

 'Es un requisito ineludible' motivar las adjudicaciones, lo que no se hizo

 Detecta una ausencia de documentos que expliquen la necesidad del gasto

El Tribunal de Cuentas ha detectado "carencias de control interno" y "deficiencias" de entidad en el régimen de contratación del Consejo General del Poder Judicial y las ha reflejado en el primer informe de fiscalización de la actividad económico-financiera del órgano de gobierno de los jueces, referido a 2010.

Inexistencia de manuales que garanticen el cumplimiento de la normativa reguladora de la contratación pública; falta de previsión de los contratos, que ha conducido a prácticas inadecuadas; ausencia de motivación de las adjudicaciones; falta de control en la ejecución... Toda una enmienda a la totalidad de la gestión del CGPJ, cuestión que deja en pañales las observaciones en torno al "elevado importe" y "excesiva discrecionalidad" de los gastos de viajes y de representación del anterior Consejo, ya corregida con una regulación más dura.

El Tribunal de Cuentas decidió inspeccionar las cuentas del Consejo General del Poder Judicial tras el escándalo de los gastos de viajes del ex presidente de la institución Carlos Dívar, que fue sometido por el propio órgano fiscalizador a un procedimiento de responsabilidad contable. El asunto se archivó en noviembre del pasado año, después de que Dívar reintegrara cerca de 3.000 euros correspondientes a los ocho únicos viajes en los que el Tribunal de Cuentas apreció una ausencia total de justificación.

Mandato controvertidoCarlos Dívar mira a cámara en 2008, antes de la primera sesión plenaria que presidió durante su mandato en el CGPJ, que ha resultado uno de los más controvertidos en la historia del órgano de gobierno de los jueces. La presión de la opinión pública obligó a Dívar a dimitir en junio de 2012 después de que la denuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez revelase que cargó a la institución viajes de asueto personal. Ahora, el Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades en la contratación Las observaciones que el informe de fiscalización realiza respecto a los gastos de viaje y a los fondos destinados a atenciones protocolarias y representativas se han visto muy mitigadas, porque tanto el anterior Consejo -en junio de 2012- como, sobre todo, el actual -nada más empezar su mandato- introdujeron modificaciones normativas relevantes que ahora obligan al presidente, Carlos Lesmes, a los vocales y otros cargos del CGPJ a especificar la razón del gasto. El actual Consejo ha aplicado, además, a sus cuentas niveles de transparencia desconocidos en cualquier otra institución pública.

"Este Tribunal de Cuentas considera muy adecuadas esas modificaciones", señala el informe, aprobado a finales del pasado julio. El órgano fiscalizador, que ciñe a 2010 el examen de la actividad económico-financiera del CGPJ, deja constancia, no obstante, de la "insuficiente regulación" que antes había de esos gastos -"no privativa del CGPJ"- y de su "excesivo grado de discrecionalidad".

Al Tribunal de Cuentas le llamaron la atención, además, los "importes tan elevados" dedicados a atenciones protocolarias y representativas (523.400 euros, de los cuales 91.722 fueron liquidados por los altos cargos del Consejo) y a gastos relacionados con los viajes (583.257 euros en desplazamientos, alojamiento y manutención).

Respecto a los gastos de representación, el informe indica que, pese a que en 2010 ya existía un formulario en el que se pedía una "breve descripción del motivo" del gasto, solo dos vocales lo cumplimentaron en todos los casos y otros dos consejeros en la mitad de ellos. Los 15 restantes (uno de ellos no gastó nada) "se limitaron a realizar indicaciones genéricas tales como 'reunión de trabajo' o 'comida de trabajo', sin concretar el objeto de dichas reuniones o los participantes". La interventora del CGPJ no puso pega alguna, destaca el Tribunal de Cuentas.

Semana caribeña
El informe atribuye el cuantioso importe de los gastos de viaje "principalmente" al hecho de que 14 de los miembros del anterior Consejo tenían su residencia familiar fuera de Madrid. Este tipo de desplazamientos "se realizó en períodos que abarcaban el fin de semana y días previos y posteriores, indicándose que, al ser vocales territoriales, tenían reuniones de carácter oficial en la localidad de su residencia familiar los viernes o los lunes". Las cantidades anuales empleadas en desplazamientos a la vivienda familiar "oscilaron entre 3.700 euros y cerca de 20.000".



Tanto en viajes oficiales como a la residencia familiar, los desplazamientos en tren o avión "fueron en clase club, preferente o business", constata. Ello se produjo en un año, 2010, en el que España estaba ya inmersa en una grave crisis.


El Tribunal de Cuentas reclamó la documentación relacionada con una muestra aleatoria de viajes oficiales de los miembros del anterior Consejo. Aunque sólo dos de ellos aportaron la documentación acreditativa de las reuniones y actos a los que asistieron, "las comunicaciones recibidas del presidente y los vocales y otras informaciones ponen de manifiesto que, aun cuando en contados viajes pudiera llegar a cuestionarse que algún gasto derivara de obligaciones propias de la función de alto cargo, no hay elementos de juicio que permitan afirmar que las comisiones de servicio llevadas a cabo no hayan cumplido ese requisito".

Las observaciones más críticas se refieren a la gestión de la contratación. Pese a que el CGPJ dedicó a este capítulo buena parte de las alegaciones que presentó al anteproyecto de informe, expresando su discrepancia con las apreciaciones de los fiscalizadores y defendiendo la "estricta legalidad" de su actuación, el Tribunal de Cuentas no matizó sus reproches.

Los inspectores seleccionaron una muestra de 34 contratos por importe de 5,8 millones de euros. Tras su examen, el informe habla de "carencias en materia de control interno" y "deficiencias atinentes al cumplimiento de la normativa reguladora de la contratación".

Entre las primeras destaca la "ausencia de manuales que faciliten y garanticen la observancia y cumplimiento de las disposiciones aplicables". No se cumplieron las obligaciones de comunicación de los contratos adjudicados al Registro Público de Contratos y hubo "insuficiencias" en la información incluida en la memoria elevada a las Cortes.

Se ha constatado una "falta de previsión y ausencia de planificación" que ha hecho que se recurra a "prórrogas extemporáneas, modificaciones contractuales, a la contratación menor e incluso a la convalidación del gasto", añade.

La falta de previsión "se extiende a la presupuestación de algunos contratos, en los que no se han realizado estudios económicos que permitieran la determinación de unos presupuestos ajustados a los precios de mercado".

Esas deficiencias en la fase de preparación de los contratos "han podido conducir a una inadecuada selección de los procedimientos de adjudicación", acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o a la contratación menor "cuando podría haberse tramitado un único procedimiento abierto".

En algunos expedientes se ha observado "la ausencia de informes o documentación suficientemente explicativos de la necesidad del contrato para el cumplimiento y realización de los fines institucionales del CGPJ".

En otros casos se apreció una "insuficiente definición del objeto del contrato, lo que ha ocasionado deficiencias en el control de su ejecución o el recurso a contratos menores para suplir las carencias derivadas de aquella indefinición inicial".

"Ha resultado frecuente" que en los pliegos de condiciones no se especifiquen los elementos de baremación relativos a los criterios de adjudicación que dependían de un juicio de valor, una concreción que "constituye una garantía de cumplimiento de los principios de objetividad y transparencia que deben presidir la contratación pública".

Por contra, en la mayor parte de los expedientes se requería la celebración de una entrevista con responsables del CGPJ en fecha anterior a la formulación de la oferta económica, sin determinar los fines de ese encuentro ni su objeto ni las condiciones de su realización y de cuyo contenido efectivo no quedaba constancia documental en el expediente. El Tribunal subraya que esa entrevista "carece de soporte legal" y resulta "difícilmente compatible" con los principios de "publicidad y transparencia y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos".

Además, en ninguno de los expedientes analizados se hizo constar de forma expresa la motivación de las adjudicaciones, lo que "constituye un requisito legalmente ineludible", recuerda el Tribunal de Cuentas, ya que cumple la "función esencial" de asegurar el principio de transparencia y posibilita el control del acto.

Expedientes cuestionados

Seguro de Responsabilidad. "Falta de rigor justificativo". Uno de los expedientes de contratación examinados fue la polémica suscripción de una póliza colectiva de seguro de responsabilidad civil para los jueces. Se adjudicó por procedimiento abierto y costó 223.551 euros, destinados a hacer frente a las indemnizaciones que deben abonar los jueces cuando son condenados por dolo o culpa. "No deja de ser un asunto controvertido", señala el informe del órgano fiscalizador, ya que, si bien el CGPJ alegó que la póliza es un instrumento de refuerzo y garantía de la independencia judicial, "puede entrar en conflicto con el principio de responsabilidad de los jueces". Con esa póliza no son ellos, sino el CGPJ con dinero público, el que cubre los daños y perjuicios que causan. El Tribunal de Cuentas "echa de menos" un «mayor rigor justificativo" de ese gasto en los documentos del expediente. Además, "no se determina correctamente el valor estimado del contrato" ni se hicieron estudios para la fijación del presupuesto base de licitación, que fue de 450.000 euros.


Ausencia de control. En 2010, el CGPJ decidió hacer una campaña institucional en prensa y radio para "prestigiar a los jueces" ofreciendo "una imagen positiva de su trabajo". Se gastó 203.831 euros. El Tribunal de Cuentas señala que la ley de publicidad institucional (que no es de aplicación directa al CGPJ, "pero sí sirve de punto de referencia") "prohíbe las campañas que tengan por finalidad destacar los logros de gestión", ya que las campañas institucionales deben servir "a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve". El pliego de prescripciones estableció que la empresa adjudicataria se encargaría de evaluar la eficacia de la campaña una vez finalizada. "No consta esta evaluación", indica el tribunal. Cuando el fiscalizador la pidió, el CGPJ entregó un documento que "se limita a una mera descripción del trabajo realizado", pero no el alcance de la campaña, «lo que hace imposible la valoración de su impacto".

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1942 en: 28 de Octubre de 2014, 10:51:41 am »
Recordemos lo que decía Gallardón: "es que hay EXCESIVA LITIGIOSIDAD" en la ciudadanía.

Por cierto, les llevo escuchando lo de "agilizar" casi 35 años y cada vez se crean más juzgados y la lentitud por contra crece...debe ser por la "excesiva litigiosidad" esa.



Entrevista al Juez decano de Madrid Antonio Viejo: «Los Juzgados de la Plaza de Castilla están anclados en los años 70»

TATIANA G. RIVAS / madriD
Día 28/10/2014 - 01.38h
Agilizar el día a día de la justicia de la capital y racionalizar las cargas de trabajo son sus grandes objetivos


El decano de los jueces de Madrid, Antonio Viejo, tras la entrevista

A su padre no le gustó la idea de que se convirtiera en juez. «Veía esta figura como la de una persona seria, triste y metida en un despacho todo el tiempo. ‘Tú eres capaz de relacionarte, hijo’, me decía». Pero Antonio Viejo lo tenía claro y se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. A sus 54 años le sigue apasionando su carrera, aunque en junio aparcó la jurisdicción para emprender un nuevo viaje, el de la gestión. Se convirtió, con una aplastante mayoría, en el nuevo Decano de los jueces de Madrid como candidato por la Asociación Francisco de Vitoria.

Le gusta describir los momentos de la vida como paisajes. El suyo ahora se parece a un valle. «No estoy en el mejor momento de mi vida, ése fue con el nacimiento de mis hijos», afirma seguro en su despacho del Decanato cuando termina esta entrevista. Aún no ha llevado nada personal a esta sala de la primera planta de los Juzgados de Plaza Castilla. Está tal cual la dejó su predecesor, José Luis González Armengol. Hasta le sigue guardando las espaldas Juan Carlos I. Amable y cercano, atiende a ABC en la primera entrevista que concede tras llegar al cargo en el mes de junio.

—Tras cuatro meses al frente del Decanato. ¿Ya ha hecho balance? ¿Qué es lo que más urge a la Justicia madrileña?

—Lo que mayor problema plantea a la organización de los juzgados y el desarrollo de la actividad jurisdiccional en parte son las tasas de entrada y registro. Soportan unas cargas de trabajo muy relevantes y eso hace que el nivel de dedicación tenga que ser muy elevado. Se necesitan refuerzos para aquellos juzgados con mayor carga de trabajo.

—¿Cuántos jueces necesita Madrid?

—Lo ideal serían 64 juzgados.

—¿Qué peticiones tiene como decano para las administraciones?

—El principal problema que se va planteando en el día a día de juzgados y tribunales es atender las vacantes y refuerzos, porque no se puede tirar de los jueces sustitutos. Con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2012 se nos obliga a no llamar a los jueces que no son de carrera, y el número de jueces de adscripción territorial pasa de más de 70 a ocho para todo Madrid. La cobertura de las bajas por enfermedad y de las plazas vacantes hace que sean muy difíciles de atender por parte de los jueces de sustitución, por la carga de trabajo.

—Veo que la lista de adversidades es bastante larga...

—Sí. Otro problema es el de la dispersión de sedes judiciales. Estoy firmemente convencido de que la Ciudad de la Justicia implicaría una mejor gestión de los recursos. No habría que estar desplazándose de un lugar a otro.

—¿La ve posible a corto plazo?

—Me la empezaré a creer si se licita el proyecto antes de las elecciones. Creo que la Comunidad tiene una apuesta firme y decidida por un sistema de gestión económica que puede facilitar la construcción, pues los costes los asumen las compañías.

—¿En qué año está anclada la justicia madrileña, teniendo en cuenta todas sus variantes?

—Algunas instalaciones son adecuadas y dignas, pero hay sedes que exigen una rehabilitación, como Plaza de Castilla, que es un edificio viejo y se ha quedado anclado en los 70 o mediados de los 80. Nos falta espacio para depositar con seguridad documentación judicial que no tiene que estar en los archivos judiciales.

—Arrasó en las elecciones para el Decanato con 115 de los 161 votos emitidos, ¿por qué cree que le eligieron?

—No lo sé a ciencia cierta. Llevo años en esta casa relacionándome con los compañeros de instrucción y he tenido relación con otros compañeros por responsabilidad asociativa. Creo que lo que le pasó a mi compañera para esa diferencia de resultado fue que se presentó en segunda instancia después de que se presentara otro y renunciara a la candidatura. También puedo decir que mi campaña electoral fue magnífica (sonríe).

—¿Qué relación cree que mantiene la sociedad con la institución que usted representa?

—Eso lo tendrían que decir los madrileños. Tenemos que dar una imagen fiel y real del funcionamiento de la justicia, que tiene que ser próxima al ciudadano. No quiere decir que tengamos que darles la razón en todo caso, sino actuar conforme a los procedimientos, manteniendo una proximidad.

—¿Se refiere a empatizar con la ciudadanía?

—Los jueces no están ajenos a la situación que se vive. Su función es aplicar la ley y adecuar sin que se produzcan situaciones de desigualdad flagrante. Pero claro, la función no es legislar. Se ha producido una crisis económica que ha provocado un número de ejecuciones hipotecarias terrible, gente que se ha quedado en la calle, en el paro... Hay que equilibrar dentro del margen que la ley permite determinadas interpretaciones peyorativas y en su caso, cuando no se permite, poner en conocimiento de los legisladores que hace falta una revisión para que no se produzcan debacles sociales.

—¿Cuál ha sido el caso más duro al que se ha enfrentado?

—Un doble asesinato en los años 90. Un hostal de Madrid donde se mató a tiros a dos personas. El Hostal Reyes Católicos. Fue muy truculento. Una de las víctimas sobrevivió después de que le cortaran el cuello.

—¿Y el más apasionante?

La pasión del juez está muy disminuida. La pasión está directamente ligada al número de asuntos que te permita meterte a estudiarlos sin que se retrasen.

—¿Le han intentado comprar alguna vez?

—Si lo han intentado no me he enterado. Soy poco perspicaz para eso. Te hacen halagos, pero no tiene nada que ver con eso. Ni ofrecimiento de dádivas ni regalos. Los máximos regalos, por Navidad estando de guardia.

—¿Y ha pasado miedo?

—No. Recuerdo el caso de una mujer para la que se valoraba un internamiento involuntario en un centro psiquiátrico, que se lanzó hacia mí para clavarme un bolígrafo en la cara. Desde entonces aprendí que nunca había que sentarse con la pared pegada a la espalda, porque impide escapar. Excepcionalmente, también, los detenidos que dicen que te van a matar.

—¿Qué cambiaría del sistema judicial español?

—La primera ley que debe cambiar es la de Enjuiciamiento Criminal. Es una exigencia inaplazable, con total independencia del sistema de instrucción. Que establezca de forma taxativa el tipo de medidas cautelares que se pueden adoptar, por qué delitos, qué tipo de medidas restrictivas de libertad deben tomarse. Los alemanes prevén por ejemplo el aseguramiento de los testigos hasta la celebración de un juicio. La actual ley supone inconvenientes con la cooperación internacional. Está desactualizada y genera problemas de agilidad de la investigación.

—Parece que la figura del decano puede desaparecer con la reforma de la ley de los Tribunales de Instancia. ¿Cómo lo ve usted?

—Los decanos de los órganos unipersonales tienen que subsistir con las mismas características y funciones que tienen y que permiten controlar y hacer un servicio hacia los órganos judiciales. La diferencia fundamental es que los presidentes de los tribunales de instancia no serían electos. Desaparecían las juntas de jueces. Sería un cambio hacia más posibilidad de designación discrecional que la que hay ahora. Sería menos participativo. —Si fuera el último decano, ¿cómo le gustaría que le recordasen?

—Si se lograse que los edificios judiciales se aúnen en la Ciudad de la Justicia, donde se dimensionen adecuadamente las necesidades de espacio, se doten correctamente las dependencias judiciales con funcionarios y se reorganice toda la justicia de Madrid capital sería estupendo, y si además se hubieran racionalizado las cargas de trabajo, sería magnífico.

—¿Son buenas las nuevas tasas judiciales para disminuir la carga?

—Tienen que reestudiarse para que no se conviertan en un obstáculo y se racionalice el uso de la tasa lo mínimo indispensable para que no se quebrante la posibilidad de acceder a la tutela efectiva de los tribunales. No creo que deban eliminarse, pero sí revaluarse de lo que han supuesto.

—Va a finalizar la instrucción del incidente de tráfico de Aguirre. ¿Cree que hubo delito de desobediencia?

—Cuando termine la instrucción el juez determinará qué procedimiento ha de seguirse. No puedo decir más. Hay que conocer bien la causa y no solo por los medios de comunicación. Es una muestra del principio de igualdad para una persona que ha tenido unas responsabilidades ejecutivas tan importantes.

—El fiscal pide cuatro años a Miguel Ángel Flores por las cinco muertes del Madrid Arena. Hay gente que la ve escasa. ¿Qué explicación tiene?

—Las muertes que se producen de forma intencional no tienen nada que ver con las que se producen por actos imprudentes. No sería razonable que se sancionara con mayor resultado punitivo. No sé si es justo o no pero es la previsión normativa. No tiene por qué acercarse al concepto ideal de justicia.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1943 en: 13 de Noviembre de 2014, 17:23:08 pm »
Demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
 
Los jueces demandan al Ministerio de Justicia y al CGPJ por la sobrecarga de trabajo
 
La sobrecarga afecta especialmente a causas 'complejas' como las de corrupción

EUROPA PRESS Madrid 
Actualizado: 13/11/2014

La asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha presentado una pionera demanda por conflicto colectivo en la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la sobrecarga de trabajo y la falta de un plan de prevención de riesgos laborales en los juzgados.

El portavoz de la asociación, Joaquim Bosch, ha advertido a las puertas de la Audiencia Nacional de que el colapso y la falta de medios de los juzgados afecta a causas complejas como los sumarios sobre corrupción. "Las tramas corruptas disponen de más medios para eludir la acción de la Justicia y esto no es aceptable", ha añadido.

En este sentido, ha defendido el "firme compromiso" de los jueces en la lucha contra la corrupción aunque se ha quejado de la escasa inversión del Gobierno para que puedan desarrollar su trabajo. Tampoco es admisible, a su juicio, que más de 14.000 millones de euros estén retenidos en los juzgados y no puedan contribuir a dinamizar la economía

Jueces para la Democracia ha presentado esta demanda sin precedentes ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que incluye como partes interesadas al resto de asociaciones judiciales, para denunciar que más de la mitad de los juzgados sobrepasan en un 150% la carga de trabajo que fue fijada por el CGPJ y recuerda el caso del juez de lo Social de Madrid Ángel Luis del Olmo, que falleció en julio de 2013 en su despacho como consecuencia de un infarto.

Jueces para la Democracia denunció entonces en la Inspección de Trabajo que Del Olmo falleció en su lugar de trabajo en julio de 2013 afectado por una carga de trabajo del 206% en relación con los módulos fijados por el CGPJ, el día de su fallecimiento tenían señalados 19 juicios y solía permanecer en el despacho hasta las 10 de la noche.

La asociación considera que "es momento de pasar del talante a los hechos" y recuerda en su demanda que desde el Convenio de Creación y Seguimiento de un Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y de Vigilancia de la Salud de los miembros de la Carrera Judicial suscrito entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia en diciembre de 2010 no se ha contratado un servicio para esta área ni se han evaluado los riesgos para la seguridad y salud de la Carrera Judicial.

Apunta que el CGPJ aprobó un reglamento en 2011 que garantiza el derecho de los jueces a contar con una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de sus funciones y añade que el Ministerio de Justicia es titular junto a las comunidades autónomas de los centros de trabajo y medios materiales, así como del abono de las retribuciones de los magistrados.

A pesar del transcurso de los años, la asociación lamenta que el Ministerio de Justicia y el CGPJ han "incumplido" sus obligaciones y el colectivo judicial como empleados públicos están en la "más absoluta desprotección". Por ello, solicita que se declare la obligación de ambos órganos de acometer dichas actuaciones y adoptar medidas de protección adecuadas a los módulos de productividad aprobados en enero de 2013.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1944 en: 13 de Noviembre de 2014, 19:45:43 pm »


. . .  .ca;

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1945 en: 14 de Noviembre de 2014, 18:26:49 pm »

La Policía trasladará al CGPJ el malestar de sus agentes, obligados a declarar a cara descubierta en el juicio de Segi

 
Hace 1 horas  - EUROPA PRESS, MADRID
 
Agentes de Información que han testificado en la Audiencia Nacional denuncian que se les ha sometido a un "riesgo desmedido"

La Dirección General de la Policía va a trasladar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la queja que le han hecho llegar los agentes de Información del Cuerpo por tener que declarar a cara descubierta en las sesiones del juicio contra 28 miembros de Segi, seguido desde el pasado septiembre en la Audiencia Nacional.

Los agentes de Información, que siguen estando operativos en sus labores de la lucha antiterrorista, entienden que se les está sometiendo a un "riesgo desmedido" y denuncian el "paseíllo" que se le obliga a hacer ante familiares y amigos de los acusados por integrar una organización considerada la cantera de ETA y declarada terrorista por el Tribunal Supremo en 2007.

Ha sido la Confederación Española de la Policía (CEP) la que ha canalizado este malestar y ha informado al Departamento que dirige Ignacio Cosidó de la multitud de quejas recibidas.

"SIN NINGUNA PROTECCIÓN"

Según ha informado este sindicato a Europa Press ha informado a la Dirección General de "la profunda preocupación por cómo se está viendo comprometida la imagen de decenas de policías nacionales, profesionales del área de Información, que están siendo obligados a declarar a cara descubierta, sin ninguna medida de protección que impida su identificación".

El juicio comenzó en la sede con la que cuenta la Audiencia Nacional en el municipio madrileño de San Fernando de Henares el pasado 22 de septiembre. En este proceso se juzga a 28 acusados de integrar Segi. Fueron detenidos por las brigadas de Información del País Vasco y Navarra en diciembre de 2009.

El juicio ha estado acompañado de una fuerte campaña mediática impulsada por el entorno proetarra y a lo largo de estas semanas son decenas los funcionarios del Cuerpo de Policía que han prestado declaración. La Fiscalía pide para los procesados penas de seis años de prisión.

Los agentes de Información manifestaron sus primeras quejas desde el inicio y la CEP se lo comunicó tanto al coordinador de Terrorismo de la Audiencia Nacional y a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía. "Pero no ha sido suficiente y nos siguen llegando quejas", informa el sindicato.

Por ello han recurrido a un estamento superior, a la Dirección General, que ya ha contestado que dará cuenta de este malestar al máximo órgano de gobierno de los jueces.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1946 en: 20 de Noviembre de 2014, 09:23:17 am »





El 'tasazo' de Gallardón cumple dos años con 5 recursos en el TC y dos modificaciones
EUROPA PRESS Madrid
Actualizado: 20/11/2014 08:06 horas

La polémica Ley de Tasas Judiciales cumplirá este jueves dos años habiendo recibido en este periodo hasta cinco recursos y varias cuestiones de inconstitucionalidad en su contra en el Tribunal Constitucional, una modificación legislativa a los cinco meses de entrar en vigor y con el horizonte de experimentar una nueva reforma en lo que queda de legislatura.

La ley 10/2012 de las tasas judiciales fue de las pocas que logró aprobar el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con el voto en solitario del PP en las Cortes Generales y con la oposición unánime de profesionales, sindicatos y consumidores, que llegaron a unirse en la Plataforma 'Justicia para Todos' en su contra.

La norma, aprobada la jornada de la huelga general de 2012, fue suavizada a través de un real decreto-ley en abril del año siguiente tras las recomendaciones de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien evitó recurrirla ante el Constitucional como requería el sector.

Ese decreto reducía el tramo variable de la tasa, adelantaba la entrada en vigor de los efectos de la ley de justicia gratuita pero no tocaba la parte fija de la tasa.
1.200 euros por ir al Supremo

Esta cuantía fija lleva aparejada el pago de 800 euros por recurrir en apelación y hasta de 1.200 euros por acudir a casación ante el Tribunal Supremo. Y es que las tasas de Gallardón se extendieron más allá de las personas jurídicas -como bancos o grandes empresas- para alcanzar a las personas físicas en todas las jurisdicciones, salvo la penal.

Gallardón justificó las tasas en que financiarían la justicia gratuita pero lo cierto es que los profesionales y las comunidades autónomas denuncian que la recaudación de más de 500 millones de euros no se ha destinado al turno de oficio y su gestión corresponde a Hacienda y no Justicia.

Precisamente, el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, está recopilando datos sobre el impacto que las tasas han tenido en la litigiosidad para estudiar si un "ajuste" aunque no su derogación. Y se verá condicionado por el proyecto de ley de justicia gratuita, íntimamente relacionado con las tasas, cuyos efectos entraron en vigor aunque todavía en tramitación como proyecto en el Congreso de los Diputados.
Reunión y 'batalla' en Twitter

Los abogados siguen batallando contra esta norma desde el día de su aprobación y para este jueves se reunirán con grupos parlamentarios, entre ellos PSOE, UPyD y Ciudadanos, leerán un manifiesto y pondrán el broche final a la jornada con la campaña #NocheAntiTasas en las redes sociales.

Muchos juristas activos en las redes sociales han formado 'La brigada tuitera', que ya consiguió que las tasas fueran tendencia -trending topic- en tan solo cuatro minutos el día en que Catalá presentó sus líneas de actuación en el Congreso, denunciaban la barrera que suponía para el acceso a la Justicia y la desigualdad entre ricos y pobres.

Otras instituciones han demostrado también su rechazo a la norma y prueba de ello son los cinco recursos que el Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat de Cataluña, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo adoptó un acuerdo no jurisdiccional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en recursos de suplicación y casación.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1947 en: 27 de Noviembre de 2014, 17:12:33 pm »

El Milagro.

24 noviembre, 2014 

Permitidme, señores, que os refiera al asombroso milagro acontecido en la Villa y Corte de Madrid el 24 de noviembre del año del señor de dos mil catorce.

“Era una noche de invierno, noche cruda y tenebrosa, noche sombría, espantosa, noche atroz, noche de infierno…” (Una guardia cualquiera de Procedimiento abreviado en Madrid Capital, de esas que duran desde el viernes hasta el domingo y que te dejan hecho un higo)


Dos figuras taciturnas, aguardaban emboscadas en las sombras de unos soportales que se apagasen las luces de una casa en la que pretendían colarse para desvalijarla, sin saber que sus actividades habían despertado el interés del grupo de investigación de delitos patrimoniales de la Guardia Civil que llevaban siguiéndoles de cerca quince días, y que esperaban que empezasen el escalo para pillarles con las manos en la masa.

En el momento de ser detenidos nuestros dos protagonistas albaneses trataban de colarse por la ventana de un tercer piso, escalando por las rejas de los locales. -Quizás no fue muy inteligente que uno de ellos llevase al cuello una cruz de Caravaca –proviniente de otra de sus aventuras nocturnas- de medio kilo al cuello –más si tenemos en cuenta que el legítimo propietario había tenido la feliz ocurrencia de grabar una dedicatoria en la parte posterior de la misma-.

Naturalmente, los amigos de verde prepararon un bonito dossier fotográfico de las peripecias de los ladronesque no pretendían vender al ¡Hola! Y que el Juez y el Fiscal encontraron de lo más interesante.

En la Vistilla de detenidos el pescado estaba todo vendido, y en menos de un cuarto de hora, los dos chavales estaban camino de Meco y yo, como abogado estaba ya preparando mentalmente el recurso que pretendía dejar presentado antes de los tres días del plazo.

Y he aquí que durante la noche sucedió un hecho maravilloso, asombroso, sin duda milagroso, que pasará a los anales de la historia jurídica como un hecho sin precedentes y que probablemente no se repita en muchos, muchos años.

EL juez reformo el auto de prisión. De oficio. Sin necesidad de presentar el recurso de reforma, sin llorar, sin sobornar a nadie. Él solito.

Que si, que ocurre. Mirad aquí está la prueba.



Lo primero que he hecho es llamar al obispado para dar cuenta al señor obispo del magno milagro, a lo que me han contestado “niño, deja ya de joder”.

Después he llamado al juzgado para comprobar que el juez no se hubiera equivocado de procedimiento, que no hubiera sufrido algún tipo de enajenación o que hubiera pasado más tiempo del acostumbrado desayunando en el bar, pero esta tarde he recibido la llamada de un par de pajaros en libertad tremendamente agradecidos y asombrados por mi pericia como abogado defensor.

Así de bueno soy.

http://www.bloj.net/tow/el-milagro/


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1948 en: 27 de Noviembre de 2014, 20:13:39 pm »
A vueltas con la ciudad de la justicia





Así será la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid


adrián delgado @ABC_Madrid  / madrid 

Día 27/11/2014 - 13.31h

Este macro complejo judicial reunirá en Valdebebas a 354 juzgados por los que pasarán 25.000 personas de media al día
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado esta mañana el anteproyecto de la Ciudad de la Justicia. Un macrocomplejo de más de 200.000 metros cuadrados que aglutinará en Valdebebas los 356 juzgados y tribunales que actualmente están repartidos por toda la región en 28 sedes dispersas. Así lo ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Salvador Victoria, que ha explicado que reunirá una media de 25.000 personas al día en sus instalaciones, la población equivalente a la ciudad de Soria o Huesca.

«Este proyecto supone la creación de una ciudad dentro de la ciudad», ha dicho Victoria. Un espacio judicial único cuya ejecución llevará asociado el desarrollo de una zona de servicios con espacios de restauración, farmacias y comercios.

«Para agilizar los trámites, gestionarán como Proyecto de Alcance Regional», ha añadido el portavoz regional. Unos trámites que hoy mismo han acomenzado con el envío del anteproyecto a la Consejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Madrid. A partir de ahí, se abrirá un plazo de alegaciones con el objetivo de que en la segunda quincena de enero se pueda convocar el concurso público que deberá estár adjudicado antes de julio de 2015.

El proeycto ya fue avanzado por el presidente de la Comunidad de Madrid en el Debate del Estado de la Región de septiembre y que, ayer mismo, confirmó de nuevo. El proyecto, que retoma el fallido intento del Campus de la Justicia, impulsará la iniciativa judicial «más ambiciosa de España». Frente al anterior, que quedó en 2009 en el limbo por la crisis, este apostará más por la «funcionalidad» que por la «estética», aseguran desde el Gobierno regional. «Iniciamos este proyecto porque, ahora, tenemos dinero y queremos hacer mucho más eficaz, ágil y rápida la Justicia», expresó González. Para ello,la nueva Ciudad de la Justicia aglutinará a 6.500 personas del sector que actualmente se reparten en diversos edificios de toda la Comunidad con el «consecuente gasto en desplazamiento y pérdida de eficiencia».
 
División en tres grandes áreas

En cuanto a la organización de la Ciudad de la Justicia, estará dividida en tres grandes bloques: penal, civil y administrativo e institucional. Así, el primer bloque albergará los juzgados de lo penal, incluyendo el de Guardia, situado al principio del recinto para facilitar su funcionamiento las 24 horas, los 365 días al año; los juzgados de instrucción; secciones penales de la Audiencia Provincial; Vigilancia Penitenciaria; Violencia sobre la Mujer; juzgados de Menores, y Fiscalía.

El segundo bloque estará destinado a los juzgados de lo Civil, incluyendo los de Primera Instancia y secciones civiles de la Audiencia Provincial, los juzgados de lo Social y Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), juzgados de lo Mercantil y sección mercantil de la Audiencia Provincial (AP), juzgados de los Contencioso Administrativo; Sala de los Contencioso Administrativo del TSJM y Registro Civil.

El tercerbloque estará formado por un edificio institucional, que albergará las sedes del TSJM, el área de Administración Pública y las Salas Civil y Penal del TSJM. A estos hay que sumar el Instituto de Medicina Legal (IML), ya construido en el inmueble popularmente conocido como «el donut».

A partir de esta distribución por jurisdicciones, cada edificio podrá plantearse de manera aislada o construir un único edificio con pasarelas que interconecten todos los espacios de un mismo área como ocurre en la T4. En ambos casos, la prioridad será que no sean inmuebles estancos sino que prime la conexión y, sobretodo, que tengan posibilidad de adaptarse a las necesidades que pueda requerir los cambios en la planta judicial.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1949 en: 28 de Noviembre de 2014, 16:44:38 pm »
Lesmes pide la marcha de la vocal que entró por Andorra con 9.500 euros

Pigem, miembro del Poder Judicial a propuesta de CiU, alega que el dinero se lo dio su madre

Reyes Rincón   Madrid  28 NOV 2014 - 16:04 CET230

 
Mercè Pigem. / JOAN SANCHEZ

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha pedido este mediodía la renuncia de Mercè Pigem, vocal a propuesta de CiU del órgano de gobierno de los jueces, que fue sorprendida hace dos semanas en la frontera de Andorra con 9.500 euros. Según publica hoy El Periódico de Catalunya y ha confirmado la propia Pigem, la vocal viajaba en un coche con su hermana, que llevaba 10.360 euros.

Lesmes había citado para una reunión urgente a Mercè. Según ha informado el Poder Judicial al término del encuentro, el presidente ha pedido la renuncia a la vocal, que se ha comprometido a estudiar la solicitud y tomar una decisión "a la mayor brevedad posible". "Después de hablar con la vocal Doña Mercé Pigem y de que me confirmara los extremos de esas informaciones, que no suponen la comisión de ningún delito ni infracción administrativa, le he comunicado que, pese a ello, considero que debe renunciar a su cargo por entender que el CGPJ, como máximo órgano de gobierno de los jueces, debe ser expresión de ejemplaridad y generar confianza en los ciudadanos; valores que podrían verse comprometidos por esta situación", señala en el comunicado remitido tras reunirse con la vocal el presidente del Poder Judicial, que anunció el pasado miércoles en el Congreso nuevas medidas para luchar contra la corrupción.

El límite permitido de entrada de dinero efectivo sin declarar en España es de 10.000 euros, por lo que la vocal no lo superaba y, según ha declarado ella misma esta mañana a los medios de comunicación, no le abrieron expediente en la frontera. Sí se lo abrieron a su hermana, que excedía el tope permitido. Ese expediente se envía al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Seplac), que es el encargado de determinar si hay que investigar la procedencia del dinero.

El presidente del Poder Judicial no tiene potestad para destituir a los vocales, que son nombrados por la carrera judicial o por el Congreso y el Senado. En el caso de Pigem, la nombró el Senado a propuesta de CiU. El reglamento del CGPJ sí contempla la posibilidad de que el pleno fuerce la salida de un vocal si así lo votan tres quintas partes de sus miembros. Fuentes del Poder Judicial señalan qu este mecanismo solo se preve para cuando el vocal haya cometido una mala práctica en el ejercicio de sus funciones, por lo que no sería aplicable en el caso de Pigem. De esta forma, la única opción que le queda a Lesmes hoy era pedirle la renuncia voluntaria.

Pigem, abogada especializada en Derecho Matrimonial y de Familia, fue diputada de CiU hasta su nombramiento como vocal del Poder Judicial en diciembre de 2013. Es también miembro de la Comisión Permanente de CGPJ. Según la información publicada por El Periódico de Catalunya, el dinero se lo dio su madre, que reside en Andorra, para hacer compras de Navidad.

La propia Pigem ha confirmado a Europa Press la veracidad de esta información si bien ha insistido en que a ella no se le ha levantado ninguna acta administrativa porque la cantidad que llevaba encima no superaba dicho límite. En el caso de su hermana, a la que sí se levantó acta, se superaban en 360 euros el tope de 10.000. La vocal se ha mostrado "muy sorprendida" por la publicación, e insiste en que ella no ha cometido ninguna irregularidad, ni siquiera una infracción de carácter administrativo.

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« Respuesta #1950 en: 30 de Noviembre de 2014, 09:34:09 am »
Lesmes pide la marcha de la vocal que entró por Andorra con 9.500 euros

Pigem, miembro del Poder Judicial a propuesta de CiU, alega que el dinero se lo dio su madre

Reyes Rincón   Madrid  28 NOV 2014 - 16:04 CET230

 
Mercè Pigem. / JOAN SANCHEZ



Dimite la vocal del CGPJ sorprendida con 9.500 euros en Andorra
Mercè Pigem dice no sentirse "capaz" de seguir tomando las decisiones que su cargo le exige

María Fabra Madrid 30 NOV 2014 - 00:38 CET311

Mercè Pigem, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que fue sorprendida intentando entrar en España desde Andorra con 9.500 euros, presentó ayer su renuncia al presidente del organismo, Carlos Lesmes, que el viernes había pedido su dimisión. En el escrito que remitió a Lesmes, Pigem afirma: “No me siento capaz de seguir tomando las decisiones a que mi cargo me obliga, todas ellas de una gran trascendencia y sensibilidad para el gobierno de los Jueces”.

La vocal, elegida a propuesta de CiU, da esta versión de los hechos: “El pasado 15 de noviembre, en un control en la Aduana de salida de Andorra, declaré ante la Guardia Civil ser portadora de un dinero regalado por mi madre, que tiene su residencia oficial en el Principado de Andorra. No se levantó acta alguna sobre mí porque los hechos no suponen ninguna irregularidad, aunque por su apariencia es indudable que era susceptible de ser instrumentalizada, como así ha sido”. Pigem portaba 9.500 euros. El límite permitido para introducir dinero en efectivo sin declarar es de 10.000 euros. La hermana de Pigem, que la acompañaba, llevaba 10.360 euros.

“Me enfrento a una situación muy difícil, con sentimientos encontrados: por una parte, la conciencia de que nada hay de irregular en mi actuación. Por otra, debo gestionar la situación, amplificada por ensañamiento de los medios”, explica la vocal. “Me duele enormemente que se haya solicitado mi renuncia, pero comprendo también el recelo que puede provocar la utilización de esta situación para dañar una vez más la confianza de la ciudadanía en una institución que ya es frágil en este sentido”. Durante el día de ayer, antes de conocerse la renuncia, los responsables de CiU evitaron pronunciarse sobre Pigem. La federación nacionalista decidió no hacer declaraciones sobre este caso, pero apuntó que la vocal, en razón de su cargo, ni siquiera es ya militante convergente.

Tras la renuncia CiU se queda por primera vez sin representante en el órgano de gobierno de la Justicia ya que Pigem será sustituida por el primer suplente, propuesto por el PP, por lo que los conservadores reforzarían su amplia mayoría en esta institución. Hasta hace dos años, antes de ser nombrada miembro del Consejo General del Poder Judicial, fue diputada en el Congreso durante cuatro legislaturas. Se da la circunstancia de que como portavoz adjunta de Justicia de CiU fue ponente en la reforma del Código Penal para endurecer las penas por delito fiscal. En una de sus últimas intervenciones, en concreto en el pleno del 30 de octubre de 2012, declaró: “Nuestro grupo parlamentario está comprometido en la lucha contra el fraude fiscal”.

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« Respuesta #1951 en: 03 de Diciembre de 2014, 20:12:54 pm »

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« Respuesta #1952 en: 05 de Diciembre de 2014, 09:48:57 am »
Los jueces vascos prefieren a la Policía Nacional para identificar a los delincuentes

    Los magistrados consideran que la base de datos del Cuerpo es más completa que la de la Ertzaintza

    David S. Olabarri
    @dolabarri

5 diciembre 201400:48

Los jueces vascos quieren evitar que un delincuente con causas abiertas vuelva a ser puesto en libertad por un error en su identificación. Los magistrados de Bilbao se han cansado de la polémica abierta entre la Ertzaintza y la Policía Nacional sobre las distintas bases de datos que utiliza cada cuerpo para reseñar a los extranjeros indocumentados o a los delincuentes con identidades falsas, lo que provoca constantes rifirrafes e importantes errores de coordinación. Cada organización policial defiende las bondades de su sistema. Pero los jueces no quieren nuevos errores y se han decantado por los bancos de datos que utiliza la Policía Nacional a la hora de reseñar a los individuos que pasan por sede judicial.

Las polémicas por esta cuestión entre la Policía Nacional y la Ertzaintza han sido recurrentes. Y, lo que es más grave, han producido graves errores de coordinación. En enero de 2013, Bogdan Gwaj, uno de los asesinos más buscados de Polonia, fue puesto en libertad por la Policía autonómica horas después de ser detenido por hurtar una sudadera en un centro comercial de Barakaldo. Gwaj presentó ante la Ertzaintza documentación falsa que le identificaba como Pawel Grzegorz Wesolkowski y fue puesto en libertad. Las alarmas saltaron cuando desde la Policía Nacional, competente en materia de extranjería, analizaron sus huellas y les informaron que bajo esa identidad se escondía un hombre en busca y captura por un doble asesinato. Gwaj permaneció en la calle varios días hasta que fue detenido otra vez por la Policía vasca.


"John McClane"

Este mismo problema se repitió en agosto en San Sebastián. Dos peligrosos delincuentes de Europa del Este, que acumulaban un gran número de identidades falsas, fueron puestos en libertad por un juez a pesar de que pesaba sobre ellos una orden de ingreso en prisión por secuestrar y robar con violencia a un empresario del sur de España. Los individuos no portaban documentación al ser detenidos por robar en una vivienda y se presentaron como 'John McClane' (el nombre utilizado por el actor Bruce Willis en la película 'Jungla de Cristal') e 'Ivanovic'. Horas después, sin que se conociese su verdadera identidad, fueron puestos en libertad con cargos en sede judicial, aunque afortunadamente no tardaron en volver a ser detenidos.

¿Cómo es posible que se llegue a una situación semejante? Cada implicado en este desaguisado despeja balones fuera. Pero todos coinciden en señalar como la principal fuente del problema a los "distintos números ordinales" que se utilizan para agrupar las huellas y las distintas identidades que ha utilizado un delincuente. La Policía Nacional insiste en que la Ertzaintza es la única fuerza de seguridad que usa "unos códigos de identificación distintos" a los suyos. Esto provoca -insisten- que en muchas ocasiones no coincidan las identidades que figuran en sus bases de datos o que estén incompletas. Fuentes de la Policía vasca, sin embargo, reclaman una mayor capacidad de acceso a bases de datos generales e insisten en que muchas veces no obtienen respuestas rápidas a sus peticiones de información.

Este problema ha vuelto a rondar el proyecto de la oficina de comparecencias 'apud acta' prevista en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cuya puesta en marcha fue anunciada en octubre como una herramienta para comprobar si las personas imputadas tienen asuntos pendientes en otros juzgados. Este instrumento, desarrollado con la colaboración de las fuerzas de seguridad, posibilita a los jueces saber si las personas que pasan por los juzgados son quienes dicen ser. Y, en esta ocasión, el debate era qué base de datos utilizar en los juzgados, porque ambas instituciones policiales siguen defendiendo las bondades de sus formas de trabajar. Finalmente, los jueces de Bilbao aprobaron una resolución en la que, para simple cuestión operativa, se decantaron por las identificaciones de la Policía Nacional, ya que las consideran más completas porque tiene en cuenta los delitos que pueden haberse cometido en otras partes de España. En este contexto, reclamaron que en los registros judiciales se incorporen los códigos de identificación (denominado número perpol) que proporciona la Policía, con independencia de que en los atestados también aparezca las identidades recogidas por la Ertzaintza. Algo que ya se ha empezado a hacer.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1953 en: 05 de Diciembre de 2014, 16:27:29 pm »


Siete vocales del Poder Judicial piden que el pleno vea la continuidad de Ruz


La comisión permanente prevé decidir el martes si el magistrado sigue en la Audicencia

Reyes Rincón   Madrid   5 DIC 2014 - 15:38 CET

Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial han presentado un escrito en el que piden que la decisión de si se renueva o no al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, en el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional se tome en un pleno y no, tal y como estaba previsto, en la comisión permanente del próximo martes 9 de diciembre. Los vocales argumentan que la Ley orgánica del Poder Judicial atribuye al pleno “todos los nombramientos o propuesta de nombramientos que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos”.

El escrito va dirigido al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y está suscrito por los vocales a propuesta del PSOE Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Rafael Mozo; Consepción Sáez, propuesta por IU; y Rafael Mozo, del PNV. Estos vocales entienden que sería una “gran irresponsabilidad” que la continuidad de Ruz se resolviera en la comisión permanente, cuya decisión podría ser recurrida por las partes implicadas en los procedimientos que instruye Ruz, algo que no ocurriría si la decisión la toma el pleno del Poder Judicial.

La comisión permanente está formada por seis miembros con mayoría conservadora gracias al voto de calidad que del presidente, Carlos Lesmes. Este órgano decidirá previsiblemente sacar a concurso 282 plazas de jueces aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros. El Poder Judicial podría incluir en este paquete la plaza del juzgado 5 de la Audiencia que Ruz ocupa en comisión de servicios desde 2010. Si se decanta por esta opción, el magistrado dejaría la Audiencia Nacional a finales de año.

El Consejo General del Poder Judicial concedió a Ruz una prórroga de seis meses el pasado 24 de junio en la que destacaba su “excelente rendimiento” y justificaba la decisión en que “cualquier cambio en la comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el juzgado”. El órgano de gobierno de los jueces puede aceptar una última prórroga para Ruz y mantenerlo durante otros seis meses al frente del juzgado para que que cierre alguna de las piezas de las investigaciones que tiene más avanzadas y sacar la plaza en junio de 2015. En julio se cumplen dos años de la actual comisión de servicios de Ruz en el juzgado 5 de la Audiencia y la ley no permite renovar las comisiones de servicio más allá de 24 meses.

Aunque, según fuentes del Poder Judicial, cabría una tercera posibilidad y es que se nombre a un nuevo juez titular para ese juzgado pero se permita a Pablo Ruz quedarse como juez de refuerzo para trabajar en exclusiva en el caso Gürtel.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1954 en: 10 de Diciembre de 2014, 06:30:52 am »
Las mareantes cifras de la Ciudad de la Justicia de Madrid
m. j. álvarez@mariajo_abc / Madrid
Día 10/12/2014 - 01.19h

Abrirá en 2019, albergará un Archivo Central Digitalizado y las sedes «crecerán» una planta. Los 483 millones que costará, su mantenimiento y equipamiento lo pagará la concesionaria

El Instituto de Medicina Legal, el "donut", el único que está acabado por fuera

La Ciudad de la Justicia avanza paso a paso. La Comunidad de Madrid saca hoy a información pública el anteproyecto del contrato de concesión de obra pública de complejo situado en Valdebebas, muy cerca de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y de la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. El plazo para presentar alegaciones concluirá el 10 de enero.
206.000 m2 frente a los 154.000 de hoy

Diez años después de que se aparcara, el Gobierno regional ha retomado y ha pisado el acelerador de un ambicioso proyecto que prevé aglutinar las 28 sedes judiciales desperdigadas por la capital en 206.000 m2 construibles situados en una parcela de 300.000 m2 de superficie, frente a los 154.000 m2 existentes en la actualidad. No se construirá en todo el terreno.

De los 60.000 m2 de uso terciario se dejarán 10.000 m2 para usos asociados, es decir, básicos: farmacias, oficina de correos, estancos, cafeterías, reprografías, etc. Y, si la concesionaria quiere asumir riesgos, podrá construir en el resto. Así lo indicó este martes Salvador Victoria, consejero de Presidencia y Justicia.
Concesión durante tres décadas

En febrero la Comunidad convocará el concurso de obra pública y la licitación se producirá el 1 de julio, después de las elecciones si el futuro gobierno no lo impide. El verano de 2019 la «City judicial» abrirá sus puertas. Esa es la hoja del ruta del Gobierno regional.

La fórmula elegida es la de la concesión por un periodo de 30 años. La adjudicataria del complejo pagará, euro a euro, los 483 millones que le costará levantar los catorce edificios previstos y por los que se licitará el concurso, que se agruparán en tres bloques: Penal, Civil y Administrativo, con un edificio libre para proyectos futuros.

La concesionaria no solo pagará el diseño y la construcción sino también el mantenimiento (seguridad, limpieza...) y el equipamiento, salvo los equipos informáticos, con el consiguiente ahorro para las arcas regionales. Todo ello se traducirá en que al contribuyente no le costará ni un solo euro este gigante judicial.

Los cuatro primeros años, es decir, durante el tiempo de duración de las obras, la Comunidad no pagará nada. Lo hará en el verano de 2019, una vez que la «city» comience a funcionar.
Partida anual de 400 millones en Justicia

El canon será de un máximo de 45 millones al año, una cifra muy inferior a la que ahora destina cada año a los alquileres y servicios de las 28 sedes judiciales de la ciudad, de las que 19 son de alquiler, precisó Victoria. Con ello, se sufragrá esa cantidad.

Además, los fallos o deficiencias en el mantenimiento de los edificios se descontarán de la cantidad a abonar en el siguiente ejercicio siguiente, incluyendo, incluso, el «coste 0».

Al finalizar el periodo de la concesión, que comenzará a contar en 2015, la Administración regional será la propietaria de la Ciudad de la Justicia.

Las arcas públicas crecerán, dado que cada año a Justicia se le destina una partida de 400 millones de euros que no incluyen el pago de nóminas del personal: jueces, fiscales, etc, precisó el político. Todo lo ahorrado se invertirá en la Administración de Justicia.
6 millones en luz, 15 en correos, taxis...

La factura judicial es muy cara. Solo en electricidad la Comunidad desembolsa 6 millones al año, otros 15 en envíos postales, correos o taxis, debido a la dispersión de las sedes, que obliga a los profesionales a moverse de punta a punta de la ciudad.

A ello hay que sumar los gastos derivados de la seguridad, limpieza energía, transportes, que se verán mermardos sensiblemente, al estar concentrados en la misma zona. El ahorro será cuantioso, indicó Victoria.
La «City» crecerá en altura

En el boceto de la futura «City judicial» la Comunidad ha reflejado su diagnóstico sobre las necesidades de la Justicia madrileña y los parámetros de construcción. Ahí, establece que las sedes judiciales puedan crecer en función de las futuras necesidades hasta una planta. Esto será posible preparando de forma adecuada la cimentación de los edificios.

«La unificación del conjunto se mantendrá y permitirá gastar menos», indicó el consejero de Presidencia y Justicia. Se prevé que los inmuebles no superen las seis alturas y sean idénticos, para abaratar costes.

Serán edificios «ni low cost» ni «higt cost»: atractivos, modernos y funcionales pensados para moverse por ellos con escaleras mecánicas más que en ascensor.
Archivo digitalizado para la «City»

La que será, la Ciudad de la Justicia más grande de Europa, según Victoria, no tendrá papeles. Todos los documentos estarán digitalizados y se habilitará un archivo centralizado y electrónico para toda la «City». Con ello, pasarán a la historia las estampas actuales de documentación y expedientes en pasillos y hasta en los baños.
La agilidad de la Justicia superará el 20%

La unificación de sedes ahorrará no solo dinero sino también tiempo en desplazamientos, lo que permitirá que la Justicia sea, al menos, un 20% más rápida, según las estimaciones realizadas por el Ejecutivo autonómico. En ello ayudará también disponer de más salas para celebrar las vistas ya que cada Juzgado con su propia sala de vistas, no como sucede hasta ahora que la comparten.
40.000 empleos y una décima de PIB

La Ciudad de la Justicia tendrá un gran impacto económico será de casi 500 millones de euros y su construcción aportará cuatro décimas al PIB regional. A todo ello cabe añadir la creación de unos 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos, unos 9.000 cualificados, según las estimaciones de la Comunidad. Por el complejo pasarán cada día 25.00 personas entre trabajadores, profesionales de la justicia y ciudadanos.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1955 en: 13 de Diciembre de 2014, 08:39:40 am »

Expedientado el juez que condenó a los sicarios del abogado Díaz Moñux
El magistrado Cruz Torres se expone a la expulsión de la carrera judicial
Reyes Rincón Madrid 12 DIC 2014 - 21:24 CET6


El Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario al magistrado que presidió el juicio contra ocho sicarios acusados de matar en 2008 al abogado Alfonso Díaz Moñux. Según fuentes del Poder Judicial, el promotor de la acción disciplinaria considera que el juez Eduardo Cruz Torres pudo cometer una falta muy grave “de ignorancia inexcusable o desatención” por su actuación en el juicio contra los sicarios, celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid y en el que Cruz Torres actuó como presidente del jurado popular.

La Audiencia condenó a los acusados a penas de hasta 24 años y medio de prisión, pero todos fueron puestos en libertad el pasado mes de septiembre después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenara repetir el juicio. En su sentencia, el tribunal dio un fuerte rapapolvo al magistrado Cruz Torres, al que achacó las “numerosas irregularidades” detectadas en la redacción del fallo. Según el tribunal autonómico, la narración de los hechos en los que se basa el veredicto contra los sicarios fue “confusa”, “sin determinación concreta en el tiempo”, carente de motivación y con importantes “contradicciones”, por lo que los acusados vieron lesionado el derecho de defensa.

Una juez de Badajoz que dio concursos a su marido, también amonestada

El propio tribunal superior ordenó informar de lo ocurrido al promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial, Antonio Fonseca-Herrero, que abrió diligencias previas y que, tras investigar el caso, ha decidido abrir expediente contra el juez. La falta de la que el promotor acusa al magistrado (“ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales”) está recogida en el artículo 417 de la ley orgánica del Poder Judicial como “muy grave” y puede ser castigada con el traslado forzoso de juzgado, la suspensión de hasta tres años e, incluso, la expulsión de la carrera judicial.
más información

    Tiroteado un hombre en su garaje en la zona de Chamartín
    24 años y seis meses de prisión para los dos asesinos del abogado Moñux
    En libertad ocho sicarios condenados por asesinar al abogado Díaz Moñux

Fonseca-Herrero informó de su decisión en la última reunión de la comisión disciplinaria, en la que, según fuentes del Poder Judicial, el promotor dio cuenta de la apertura de otros dos expedientes. El primero de ellos, también por una posible falta muy grave, afecta a la juez de lo Mercantil de Badajoz Esther Sara Vila, contra la que el Poder Judicial ha recibido varias quejas por, supuestamente, nombrar a su marido como administrador concursal de varias empresas en quiebra, entre ellas al CD Badajoz de fútbol. El promotor de la acción disciplinaria abrió diligencias previas contra la juez y ha decidido expedientarle por una posible falta muy grave de inobservancia del deber de abstención en un procedimiento concursal.

Como en el caso del juez del caso Moñux, la juez Vila se expone a la expulsión de la carrera judicial si prospera el expediente. Según las quejas recibidas en el Poder Judicial, la magistrada no se abstuvo en ninguno de los procedimientos en los que intervenía el despacho de abogados de su marido, especializado en la administración concursal.

El último de los expedientes abiertos por el Poder Judicial cuestiona la labor de la juez Ana Manella González, titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Arrecife, por su labor en la instrucción del llamado caso de los hoteles ilegales, en el que se investiga una supuesta trama de concesión de licencias ilegales para la construcción de establecimientos hoteleros en el municipio canario de Yaiza. Fonseca-Herrero cree que la instructora pudo cometer una falta muy grave de desatención, o una falta grave de retraso, o leve de incumplimiento de los plazos de la resolución de este caso.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1956 en: 15 de Diciembre de 2014, 21:51:00 pm »


Los jueces decanos reclaman una Ley de Segunda Oportunidad para las personas insolventes

Presentan un informe que dice que la legislación actual no funciona y provoca la ‘muerte civil' de los ciudadanos que más han sufrido la crisis. Reclaman un sistema de quitas para que los afectados puedan reanudar sus vidas, a semejanza de otros países
 
JULIA PÉREZ / GUILLERMO GUZMÁN Valencia 03/12/2014 14:30 Actualizado: 03/12/2014 17:37
 
Los 47 jueces decanos de España se han reunido en Valencia y han aprobado un documento en el que reclaman una Ley de Segunda Oportunidad para las personas que se han visto abocadas a una situación de insolvencia a causa de la crisis por las ejecuciones hipotecarias y los embargos que no han podido hacer frente.

Los jueces decanos (los únicos elegidos directamente por sus compañeros), que recogen el sentir de la carrera judicial y las experiencias adquiridas en miles de causas que se juzgan en estos momentos, han concluido que el sistema de insolvencia que rige en España para las personas particulares no funciona y provoca su "muerte civil" ya que los requisitos son "inalcanzables".

Las medidas que se proponen van en la línea de igualar a España con legislaciones como las de Alemania, Francia o Estados Unidos. Este tipo de legislaciones (denominadas fresh start o de rehabilitación) permiten al deudor cumplir con la deuda hasta donde le sea posible, y extinguir el resto de la deuda para permitir al ciudadano empezar de nuevo. "Eso sí, siempre que se trata de deudores honestos, que cumplan determinadas condiciones y bajo el control judicial", apuntan.


De esta manera, aconsejan que España elabore una Ley de Segunda Oportunidad para las personas físicas insolventes con el fin de que puedan reanudar sus vidas, una vez satisfecha sus deudas hasta donde ha sido posible.


 



 
En su XXIV reunión anual, los jueces decanos han recalcado la necesidad de "introducir en nuestro país un adecuado tratamiento de la insolvencia y el sobreendeudamiento personal y familiar". Se lamentan de lo costoso de los procesos actuales que, dicen, suponen un agravio comparativo cuando se trata de personas jurídicas y de personas físicas.

Mientras que una persona jurídica, una empresa, acude a un proceso concursal y tiene la oportunidad de empezar de nuevo, una persona física, cualquier ciudadano, "queda siempre condenada al ostracismo civil y mercantil para toda su vida". Esta ley tiene como objetivo, por tanto, proporcionar un "punto y aparte" en la vida del deudor para permitirle incorporarse a la sociedad con plenas capacidades.

Los decanos proponen una reflexión acerca de lo que debe ser un "deudor honesto" o "de buena fe", señalando que hay deudores que lo son por causas externas a ellos (fallecimiento familiar, desempleo, divorcio o la insolvencia de un cliente, por ejemplo), o que directamente son víctimas de "las consecuencias de una crisis económica despiadada". "Tenemos ante nosotros una normativa concursal inadecuada para los pequeños deudores que es necesario mejorar", sentencian.

Con la ley actual se hace prácticamente imposible recurrir a este proceso si se es una persona física. En España se dieron sólo 900 concursos de personas físicas en 2011, mientras que en Francia se dieron 173.000 y en Alemania 105.000, durante el mismo año.

Conclusiones de los jueces decanos de España by Público.es
   
http://www.publico.es/559815/los-jueces-decanos-reclaman-una-ley-de-segunda-oportunidad-para-las-personas-insolventes

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1957 en: 18 de Diciembre de 2014, 13:56:21 pm »

Dimite Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado por "motivos personales"

http://www.rtve.es/noticias/20141218/eduardo-torres-dulce-como-fiscal-general-del-estado/1070720.shtml

Bueno, no se si la fiscalía entra en este hilo... si hay otro mejor, movedlo.
Que digo yo, que si no podían haber aprovechado el portal de la transparencia y estrenarlo diciendo la verdad, o como poco, acotando los motivos personales; para que no pensemos que esos motivos personales no son tales, para que no pensemos que son lo que parece.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1958 en: 18 de Diciembre de 2014, 14:19:51 pm »
La no independencia de la Justicia


Si bien el fiscal general dimitido ha alegado razones personales, todo parece indicar que la “falta de reflejos” y pésima sincronía con los deseos del Gobierno, en especial en todos aquellos asuntos que han golpeado de lleno al Partido Popular estarían detrás de una dimisión por otro lado hace tiempo descontada.

Con la forzosa dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, queda de nuevo patente, no ya el nulo progreso en materia de regeneración democrática –acaso debiera decirse “generación” a secas-, sino el imparable deterioro institucional en el que seguimos incursos.

Y es que, si bien el fiscal general hoy dimitido ha alegado razones personales, todo parece indicar que la “falta de reflejos” y pésima sincronía con los deseos del Gobierno, en especial en todos aquellos asuntos que han golpeado de lleno al Partido Popular, tal cual es el “caso Gürtel” o la crisis del ébola, entre otros espinosos temas, estarían detrás de una dimisión por otro lado hace tiempo descontada. Puede que Eduardo Torres-Dulce no fuera el fiscal general idóneo, incluso para democracia con todas las garantías. Pero tampoco se habría salvado. Porque ese, a todas luces, no es el problema.

La tan necesaria independencia de la Justicia era una de las promesas estrella del actual Ejecutivo. Formaba parte de ese lote de grandes propósitos con los que el Partido Popular hizo campaña y que, una vez lograda la mayoría absoluta, por aquello de las urgencias, quedó en el jergón de los trastos inútiles a la espera de tiempos mejores sin que prácticamente nadie se lamentara por ello.

Es norma de obligado cumplimiento en la España política, bajo pena de ostracismo, distinguir entre dos crisis distintas: la económica y la política, para así poder argumentar que la segunda es consecuencia de la primera. De esta forma se da por sentado que, en cuanto la crisis económica quede resuelta, la otra crisis, la política, se solucionará sola, si acaso con la ayuda de algunas reformas cosméticas. Y ese es el libreto que manejan en Moncloa los Arriolas de turno desde el minuto uno de la actual legislatura.   

Pero no es cierto que nuestro modelo político e institucional sea la víctima propiciatoria de un empobrecimiento sin precedentes, fruto de una crisis financiera importada de Estados Unidos, que al poco devino en económica. Transcurridos casi ocho años del crack financiero de 2007, no puede caber en cabeza alguna que los graves males que hoy nos aquejan tengan su razón de ser en la avaricia de un puñado de brokers del otro lado del Atlántico. Y es que, de haber sido España una nación institucionalmente sana, esta crisis habría sido historia mucho tiempo antes de la fatua Declaración de La Granja.

Pese a toda evidencia, el Gobierno no variará el rumbo. Y por más que dentro del propio partido cunda el nerviosismo, Mariano Rajoy se presentará sin variar un ápice su discurso a las próximas Elecciones Generales. Hasta entonces, seguirán rodando cabezas.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #1959 en: 19 de Diciembre de 2014, 10:17:35 am »
Injerencias?

Escrito de los jueces
http://vozpopuli.com/actualidad/54581-jueces-del-supremo-se-rebelan-piden-a-lesmes-que-les-defienda-de-las-injerencias-del-gobierno


Jueces del Supremo se rebelan: piden a Lesmes que les defienda de las injerencias del Gobierno


Día negro para Rajoy: primero dimitió Torres-Dulce como fiscal general del Estado, y luego 13 magistrados del Supremo han denunciado las injerencias del Gobierno por la excarcelación de etarras.
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Los magistrados del Supremo están muy molestos con la vicepresidenta y con el ministro del Interior

Los magistrados del Supremo están muy molestos con la vicepresidenta y con el ministro del Interior - Foto EFE

En un escrito remitido al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, trece magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo se han rebelado este jueves y, por primera vez, han elevado una protesta en la que piden oficialmente al máximo representante judicial que se dirija al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que haga cesar las injerencias de varios ministros respecto al cómputo de las penas de los terroristas de ETA.

Según el documento al que ha accedido Vozpópuli, estos trece magistrados del Supremo están especialmente molestos con las declaraciones del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, a un determinado medio de comunicación, pero aún lo están más con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien el pasado viernes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, con un tono airado contradijo al Supremo y dijo que lo correcto sería que los jueces no descontasen a los etarras las condenas que les impusieron los tribunales franceses.

    Es la primera vez que los magistrados de la Sala Penal elevan una protesta tan directa como dura

Frente a esas injerencias, el escrito de los 13 magistreados del Supremo es espectacular, no sólo por el día en el que se ha conocido –el momento en el que ha dimitido el fiscal general del Estado, supuestamente por injerencias del Gobierno-, sino también porque es la primera vez que los magistrados de la Sala Penal elevan una protesta tan directa como dura.

No quieren estos jueces que el poder ejecutivo se inmiscuya en los expedientes de resolución de varios recursos de presos de ETA de los que depende su excarcelación. Tampoco quieren que se les critique en su labor jurisdiccional ante otros expedientes anteriores sobre la vuelta o no a prisión de históricos de ETA como Santi Potros, liberado recientemente por la por la Audiencia Nacional.

Muy dolidos con las declaraciones de Fernández Díaz y de Sáenz de Santamaría

Lo que más ha dolido a estos magistrados, según el escrito remitido a Lesmes, son unas declaraciones de Fernández Díaz sobre la excarcelación de etarras en las que dijo que le “parece lamentable desde todos los puntos de vista también jurídicamente”, además de otras consideraciones sobre un “posible delito de prevaricación” o cuestiones semejantes.

Los magistrados argumentan al respecto en su escrito que “quienes suscribimos este documento, sin añadir calificación alguna a ese comportamiento de un miembro del Gobierno [sic], interesamos de la Presidencia de esta Sala Segunda, que haga saber al Presidente del Tribunal Supremo nuestra desazón por tales manifestaciones. Así como que interese del mismo que, si considera que las mismas no son adecuadas, ni guardan el debido respeto a este Tribunal, lo haga saber al Presidente del Gobierno, recabando de éste la reacción institucional que ponga coto a manifestaciones los las que denunciamos”.