Del poder judicial...

[Celestino]

Asociaciones de jueces defienden “la legalidad” de los pagos de Indra pero admiten que puede dañar su imagen

    "La legalidad es absoluta", asegura el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero
    Conrado Gallardo, del Foro Judicial Independiente, considera que no haber pedido la compatibilidad "perjudica" la imagen de independencia de los jueces

Es una PUTA VERGÜENZA.

[47ronin]

Justicia se gasta 113.000 euros en pagar el parking a los jueces del Tribunal Supremo

Los funcionarios se sienten discriminados por el Ministerio que dirige Rafael Catalá. Se costean 84 plazas en dos aparcamientos cercanos a la sede del Alto Tribunal. Margarita Robles ha solicitado pagar de su bolsillo su estacionamiento... 


Lío en la sede del Tribunal Supremo. El Ministerio de Justicia tiene previsto sufragar las plazas de aparcamiento de 84 magistrados. Una operación que costará 113.490 euros de dinero público. Los funcionarios de distintas categorías que trabajan allí están que trinan por lo que consideran un caso evidente de discriminación. Por ello, denuncian lo decidido y esperan que haya tiempo para remediar la situación. De hecho, la conocida magistrada Margarita Robles se ha solidarizado con los empleados enviando una misiva en la que tacha esta situación como ejemplo de "desigualdad absolutamente inaceptable".

Más en concreto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector Justicia, ha denunciado en un comunicado que el departamento que dirige Rafael Catalá va a sufragar el coste de esta iniciativa. En total, se pagarán 57 plazas para magistrados del Tribunal Supremo en el parking Villa de París y de otras 27 plazas del parque móvil en el aparcamiento del edificio Colón, próximo a la nueva sede de la Audiencia Nacional. Una operación que costará, según dicen, 113.490 euros y que, a su juicio, "discrimina al conjunto de funcionarios".

    El sindicato de funcionarios denuncia que Justicia adopta ahora "una medida con fondos públicos discriminatoria, dado que en el Tribunal Supremo no sólo desempeñan su labor los magistrados"

Dicho sindicato recuerda que el Gobierno viene sometiendo a la Administración de Justicia a un "ajuste económico radical" y, sin embargo, desde el Ministerio se adopta ahora "una medida con fondos públicos discriminatoria, dado que en el Tribunal Supremo no sólo desempeñan su labor los magistrados". Por ello, rechazan "las medidas para permitir el estacionamiento de los vehículos particulares únicamente a unos pocos y de categorías superiores, en perjuicio de la mayoría de funcionarios que prestan sus servicios en el Tribunal Supremo con salarios muchos menores". Y recuerdan que dichos trabajadores públicos "se verían obligados renunciar a la utilización de sus vehículos o alquilar una plaza de aparcamiento, con el perjuicio económico y para la conciliación de la vida laboral y familiar que ello conllevaría".

Los funcionarios afectados, a través de CSIF, no denuncian que haya menos plazas en el parking, pero sí que se les excluya a ellos de las mismas. Y, por ello, exigen que se elimine "esta desigualdad inaceptable" y que se permita el estacionamiento en estas plazas a "todos los trabajadores de la Administración de Justicia destinados en el Supremo que lo soliciten, sin distinción de categorías, permitiéndose el estacionamiento de los vehículos autorizados por estricto orden de llegada y hasta la completa ocupación del recinto de aparcamiento".

Margarita Robles se solidariza

La magistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles ha remitido una carta a la citada central sindical para mostrar su apoyo a los discriminados. En la misiva, muestra su "solidaridad y apoyo" en relación a los comunicados del sindicato respecto a la gestión de las plazas de aparcamiento en el Alto Tribunal. Como se ha dicho, CSI-F denunció la discriminación que sufren los funcionarios que trabajan en esta sede judicial respecto al reparto de 84 plazas sólo para magistrados en dos aparcamientos cercanos al Supremo.

    La exsecretaria de Estado de Interior también señala que ha hecho llegar su disconformidad con el hecho de que el Ministerio de Justicia no ayude a todos los que prestan servicio en el tribunal

Robles, magistrada de la Sala Tercera del Supremo, indica en su carta que desde septiembre de 2014 viene reclamando a la Sala de Gobierno del Alto Tribunal la adopción de medidas no discriminatorias para todos cuantos trabajan en esta sede y que necesitan acudir al trabajo en sus vehículos particulares. La exsecretaria de Estado de Interior también señala que ha hecho llegar su disconformidad con el hecho de que el Ministerio de Justicia, "con el dinero de los ciudadanos, haga efectivo el importe de 57 plazas para magistradas/os, sin dar respuesta a las necesidades del resto de personas que prestan servicio en este Tribunal".

Margarita Robles, que califica este hecho de "desigualdad absolutamente inaceptable", afirma en la carta que ha solicitado que se le diga la manera de hacer efectivo el importe de su plaza de aparcamiento. "Cuentan con todo mi apoyo en las reivindicaciones que puedan hacer para dar respuesta a un problema que no es menor y que afecta de lleno a las condiciones de trabajo y a la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral, sin olvidar el contexto de falta de transparencia como se ha gestionado el tema", concluye la misiva dirigida a los sindicalistas y hecha pública por ellos.

[nocheuid]

No veo la polemica...el comisario aparca en la puerta de la comisaria o en una plaza, el oficial tiene plaza reservada, los mandos tienen plazas reservadas y asi sucesivamente.... Logico. Igual que el durector general de una empresa tiene plaza reservada... Hay aue estudiar mas.

[flip]

No sabía yo que en las condiciones laborales del grupo A, venía incluída la plaza de parking.

[tixe]

No sabía yo que en las condiciones laborales del grupo A, venía incluída la plaza de parking.

En movilidad hasta los c1 que deberían ir de azul y no se ponen el uniforme desde hace años la tienen....

[47ronin]

AL PODER JUDICIAL LE ESTÁ SALIENDO UN GRANO MUY GORDO


El Gobierno madrileño pagó 27.000 euros a jueces por cuatro reuniones


Tres jueces y seis secretarios forman un comité para la digitalización de la justicia

Por este trabajo cobraron en 2014 dietas extra por importe de 3.000 euros cada uno


José Antonio Hernández   Madrid  25 FEB 2015 - 21:18 CET

Los nueve juristas que constituyen el denominado Comité Permanente de seguimiento de la digitalización de los juzgados y tribunales de Madrid (integrado por tres jueces y seis secretarios, dos de ellos de alto rango) cobraron en 2014 dietas extra por importe de 3.000 euros cada uno (27.000 en total). Recibieron ese dinero por haber asistido a cuatro reuniones que se celebraron en la biblioteca del Tribunal Superior de Madrid. El citado comité se encarga de “revisar y validar” la evolución de la renovación informática que se acomete desde finales de 2011 en los juzgados madrileños para reducir las esperas y agilizar los trámites justiciales.

Este grupo reducido de juristas (entre ellos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Francisco José Vieira; y seis secretarios, incluidos los dos máximos responsables de la secretaría) también cobró la misma cantidad en 2013, según fuentes de la Comunidad de Madrid. En total, 54.000 euros en dos años entre los nueve.

Los pagos fueron (el comité permanente sigue en funcionamiento este año) por los trabajos derivados de estar en un órgano cuyo cometido es analizar y resolver los problemas que puedan ir surgiendo tras la implantación de las nuevas herramientas informáticas en los juzgados donde ya funcionan en periodo de pruebas.
 
A finales de 2011, y en cumplimiento de la Ley 18/2011, de 5 de julio, que regula la denominada agenda digital, la Comunidad decidió abordar un proyecto informático para renovar y mejorar el sistema informático de los juzgados y tribunales de Madrid. El proyecto se llama Iusmadrid y consta de tres fases que han sido nutridas un con total de 6 millones. Indra ha sido la adjudicataria del proyecto como ganadora de los sucesivos concursos públicos. El proyecto está inmerso ahora en la tercera fase, en la que trabajan 24 juristas entre jueces, secretarios y fiscales, según la Comunidad de Madrid. Estos juristas también cobran sus primas de este organismo a través de la tecnológica Indra, pero Justicia no ha facilitado el dinero que han recibido en primas. En los trabajos de la segunda fase, que concluyó a finales de 2013, participaron menos juristas, 14 (entre jueces, fiscales, secretarios y funcionarios). E Indra, por indicación de la Consejería de Justicia, les pagó un total de 93.000 euros: el que menos, cobró 3.000, y los que más 9.000, en función del número de asistencias a las reuniones con los técnicos de Indra. El Comité Permanente inició su andadura en 2013. De hecho, constan pagos a sus miembros en ese periodo por importe de otros 27.000 euros.

En la actualidad, el Comité Permanente lo componen nueve juristas (aparte de los 24 antes citados que trabajan con los técnicos de Indra en sus nuevas herramientas digitales). Los miembros de este comité (los que percibieron el año pasado 3.000 euros cada uno) son el presidente del Tribunal Superior de Madrid, Francisco Vieira; José Palazuelos (secretario de gobierno del Tribunal Superior), José Gayo (secretario coordinador), José Manuel Yuste (magistrado), Juan López (magistrado), Luis Fernando Pareja (secretario), María Isabel Lama (secretaria), Rosa María Mariscal de Gante (secretaria) y Cristina García Aranguena (secretaria). También figura como miembro del comité permanente el fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix. Pero Moix no ha cobrado. En 2014, según datos facilitados por la Comunidad de Madrid, estos nueve juristas se reunieron “una vez cada tres o cuatro meses”.
 

Las primas de la discordia

◾EL PAÍS adelantó el lunes que una treintena de juristas (entre ellos el jefe de los jueces de la Comunidad, Francisco José Vieira,y al menos otros ocho magistrados más, aparte de secretarios, fiscales y funcionarios) han cobrado desde 2011 y hasta la fecha más de 200.000 euros en primas que la Consejería de Justicia paga a través de la firma Indra (una empresa privada). Los pagos son por participar en las comisiones formadas en las distintas jurisdicciones (Social, Contenciosa, Civil etcétera) para a orientar a los técnicos de Indra sobre cómo han de construir los programas digitales de los juzgados.

◾Los jueces, alegando que realizaban el trabajo fuera de su jornada laboral y que el cometido es ajeno a la función judicial, exigieron cobrar. La Comunidad acudió a Indra como adjudicataria (en concurso abierto) de las distintas fases del proyecto para que se hiciera ella cargo del pago de las primas.

◾El promotor disciplinario del Consejo del Poder Judicial abrió el lunes una investigación para aclarar estos pagos, ya que los jueces tienen restringido por ley recibir retribuciones de empresas privadas. El martes citó a declarar al jefe de los jueces de Madrid, Francisco Vieira, uno de los jueces que han percibido estos pagos. Vieira reconoció que no pidió permiso al Consejo para realizar estos trabajos remunerados.

◾El proyecto digital de los juzgados consta de tres fases. Solo por la segunda fase, la treintena de participantes cobró de Indra un total de 93.000 euros.

◾Tanto Indra como la Comunidad se han remitido al pliego de adjudicación de las distintas fases (en concurso abierto) para explicar por qué los jueces están percibiendo primas. Coinciden en que ahí se establecen los pagos, puesto que el pliego obliga “al cliente o usuario” (Justicia) a “revisar y validar” las nuevas herramientas. En ningún punto de los pliegos se especifica que Indra esté obligada a pagar a los jueces.
 
Fuentes de la Comunidad de Madrid no han precisado si los 3.000 euros que percibieron en 2013 los miembros del comité permanente van aparte o están incluidos en las remuneraciones que consta recibieron al menos cinco de ellos que, también, formaron parte de las comisiones de jueces, secretarios y fiscales creadas para la segunda fase de la renovación digital, y que supuso a Indra el desembolso de 93.000 euros. El presidente Vieira, por ejemplo, ha cobrado 6.600 euros por su intervención en la segunda fase (según el cuadro de retribuciones al que ha tenido acceso este periódico), y además le consta un pago de 3.000 euros ese mismo año por su pertenencia al Comité Permanente. La Comunidad ignora sí cobró por ambos conceptos o esa cantidad está descontada. ¿Cómo y por qué cobran los juristas por hacer este cometido? Según fuentes del Gobierno de Ignacio González, fue una exigencia de los magistrados. En nombre de ellos negoció su presidente, Vieira. En la Comunidad recuerdan su insistencia en que, al tratarse de un cometido ajeno a la función judicial, debía ser remunerado o no habría participación de los jueces, lo que habría imposibilitado construir las herramientas digitales en los juzgados.

Auque paga Indra, de todo el operativo de Iusmadrid (y, en concreto, de facilitar a Indra la relación de jueces a los que hay que retribuir y con qué cantidades) se encargó Mar Macarrón, subdirectora general de la agencia ICM. Todo lo que ejecuta la consejería en materia de informática judicial, lo hace a través de su agencia pública ICM que se rige por un consejo de administración que preside el consejero de turno, desde 2011 Salvador Victoria (PP).

ICM está en la lupa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de la trama Púnica (35 detenidos entre los que destaca el otrora número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre Francisco Granados, ahora en la cárcel). Y lo está por sus relaciones contractuales con Indra. El juez sospecha que en el pasado entre ambas empresas hay contratos y facturación falsas. ICM tiene este año un presupuesto de 155 millones (que llegó a ser de 200 antes de la crisis económica).

[47ronin]

Para mi estuvo claro desde el principio que le iban a dar con lo "gordo", y asi ha sido.



El Poder Judicial suspende tres años al juez de la Constitución catalana
El pleno rechaza la propuesta de expulsión de Santiago Vidal


Reyes Rincón Madrid 26 FEB 2015 - 21:59 CE

Tras más de siete horas de debate, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó este jueves expulsar de la carrera al magistrado de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal por participar en la redacción de un borrador de Constitución para cataluña. El pleno se opuso al castigo máximo que proponía la autoridad disciplinaria del consejo, Antonio Fonseca-Herrero, y acordó, por 12 votos a nueve, una sanción intermedia: apartar al juez durante tres años, el plazo máximo de suspensión previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El castigo implica también la pérdida de su plaza en la Audiencia de Barcelona, por lo que si el juez, de 61 años, volviera a la carrera una vez cumpla su pena, tendría que concursar por un nuevo destino. La decisión del pleno es recurrible ante la Sala tercera del Tribunal Supremo. Vidal tiene dos meses para presentar su recurso y, mientras tanto, según fuentes del consejo,podrá seguir ejerciendo. Si opta por impugnar y pide la suspensión cautelar del castigo, podrá también continuar en su puesto mientras el tribunal decide si se la concede o no.
más información

Después de un intensísimo debate, el acuerdo para apartarle de la carrera salió adelante solo con los votos de los 12 miembros conservadores del pleno. Según fuentes presentes en la reunión, la mayoría conservadora, encabezada por el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, estaba dispuesta a apoyar al inicio de la sesión la tesis de la máxima autoridad disciplinaria del consejo, que consideraba a Vidal responsable de dos faltas muy graves y propuso la expulsión del magistrado.

Pero durante el debate, que se extendió en sesión de mañana y tarde, algunos miembros conservadores plantearon que la expulsión podía ser un castigo excesivo y se mostraron partidarios de suavizarlo. Ahí surgió la opción de acordar una suspensión de funciones para el juez, una vía que los progresistas se mostraron dispuestos a debatir. El ponente de la propuesta que se discutía en el pleno, Rafael Fernández Valverde (vocal a propuesta del PP), sugirió reemplazar la sanción de expulsión por la de suspensión por dos años del magistrado. Sin embargo, la decisión de los conservadores de optar por el plazo máximo de suspensión, de tres años, dejó definitivamente fuera del acuerdo a los siete vocales del PSOE, la de IU y el del PNV, que consideran que este castigo sigue siendo excesivo. Estos vocales han anunciado un voto particular.

Antes de fijar y votar la sanción, el pleno había decidido ya excluir por asentimiento (sin necesidad de votación) una de las dos faltas muy graves de las que tanto el promotor de la acción disciplinaria como el fiscal consideraban autor a Vidal: la prevista en el artículo 417.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (“vulneración del deber de observancia del régimen de incompatibilidades”). Finalmente, el juez ha sido sancionado como responsable de una infracción disciplinaria muy grave, prevista en el artículo 417.14 de la ley (“ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales”), a la que también se opusieron los vocales progresistas.

La propuesta del promotor justificaba la expulsión de Vidal por considerar probado que ha participado “activamente, y al margen de cualquier cobertura”, en un grupo de trabajo que tenía por objeto elaborar y redactar una Constitución catalana. En opinión de la autoridad disciplinaria, esta actuación, junto su apoyo explícito a la consulta independentista, no pueden quedar amparadas bajo el derecho fundamental de libertad de expresión porque choca con “la dignidad, integridad e independencia del Poder Judicial”.

El acuerdo del pleno, aunque sanciona a Vidal, supone un nuevo varapalo para la máxima autoridad disciplinaria del Poder Judicial, que, por segunda vez, ve cómo los miembros del consejo se oponen a su propuesta de castigo máximo al juez Vidal. Ya le ocurrió cuando propuso suspender cautelarmente al magistrado mientras se tramitaba el expediente contra él. En aquella ocasión, el asunto se debatió en la comisión disciplinaria del consejo y fue el vocal conservador Vicente Guilarte el que se apartó de la opción defendida por el promotor y por Carlos Lesmes y votó junto a los progresistas en contra de la suspensión. En el pleno de ayer, la propuesta de Fonseca-Herrero fue suavizada tanto respecto a las faltas apreciadas (él sostenía que hubo dos y el pleno las dejó en una), como en la sanción.

Los vocales llevaron a cabo hasta cinco votaciones distintas, algunas de cuestiones técnicas y otras más de fondo. La mayoría evidenciaron la ruptura entre los 12 miembros del llamado bloque conservador (todos vocales propuestos por el PP) y los nueve restantes. Solo en dos de las votaciones se rompió este esquema y en los dos casos fue del lado progresista, en el que la vocal Mar Cabrejas votó con el sector mayoritario para rechazar que el expediente estuviera prescrito y para descartar la indefensión alegada por Vidal, cuestión a la que también el progresista Álvaro Cuesta.

[47ronin]

Por David Placer
13/04/2014 20:49

Excesiva litigiosidad
 

 
Las tasas para personas físicas, a la papelera

Mariano Rajoy entierra las tasas judiciales, el último gran patinazo de la era Gallardón

La subida de las tasas judiciales, al basurero. El último vestigio del paso de Ruiz-Gallardón por el Ministerio de Justicia acaba de ser sepultado. Apenas quedará rastro de una gestión caracterizada por los errores y la polémica.

El Congreso ratificó este jueves la propuesta de Mariano Rajoy de suprimir las tasas judiciales a lo largo de este año. Una desafortunada iniciativa de Alberto Ruiz-Gallardón que puso en pie a todo el estamento judicial español; magistrados, secretarios, letrados y usuarios. Un auténtico patinazo que Rafael Catalá, su sustituto en el Ministerio, ha tenido que modificar raudamente.

Las tasas, de esta forma, pasan abruptamente al olvido. Mucho empeño puso en su momento Gallardón en explicar que la subida no afectaría en realidad al ciudadano común, sino que se trataba de un paso para aliviar de peso excesivo a los juzgados, sobrepasados y desbordados con causas de escasa enjundia. Es decir, que para su impulsor, se trataba de una medida que pretendía aligerar de pleitos a los tribunales. Nunca se entendió así. Las tasas ya existían, siempre han existido, pero para las empresas, no para los ciudadanos de a pie. Y además, el entonces ministro, prácticamente las duplicó. Su aplicación resultó tumultuosa y agitada.

Pero el anterior titular de Justicia ha sido pródigo en llevar a cabo iniciativas polémicas que, posteriormente, han debido corregirse o, sencillamente, han pasado al baúl de los recuerdos. En algunas, acertó, como en su compromiso en cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La propuesta era elogiable. Serían los propios jueces quienes designaran a una parte de los miembros de su 'gobierno'. Se trataba de un paso en la dirección correcta y que superaba el pacto por la Justicia suscrito entre el PP y el PSOE en 1985. Pero lo que ahora denominan 'bipartidismo imperante' no lo permitió y Gallardón, muy a su pesar, hubo de embaularse su reforma entre sonrisas de circunstancias y ante la mal disimulada decepción de los profesionales y de buena parte de las fuerzas políticas y, desde luego, la sociedad. Una gran oportunidad de regeneración perdida.

Tampoco logró redondear su proyecto de crear la figura del fiscal instructor, dentro de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una medida aplaudida en este caso por la profesión pero sumamente criticada por jueces y magistrados. No obtuvo consenso, volvió a producir una fractura en el ámbito de la Justicia y tuvo que dar de nuevo marcha atrás.

La ley del aborto

Pero su momento cumbre fue el entierro de su proyecto de reforma de la ley del aborto de Rodríguez Zapatero. Gallardón, en este punto, actuó con lealtad y sensatez. Su ley abandonaba los plazos y volvía a los supuestos, es decir, a la que funcionó sin polémica en los gobiernos de González y de Aznar. Pero una movilización política y social de enorme magnitud, una gestión escasamente hábil de la propuesta y un bombardeo inclemente de las propias filas echó por tierra esta iniciativa que había sido ideada y hasta defendida, en su periodo inicial, por el propio presidente. Al cabo, se trataba de una promesa electoral incluida en el programa del PP. Pero no hubo tal y, al tiempo, se llevó por delante al propio Gallardón, a quien Rajoy había retirado su confianza desde mucho tiempo atrás.

Con la retirada de las tasas desparece, pues, el último vestigio del paso de Ruiz-Gallardón por un Ministerio en el que, pese a su condición de fiscal, nunca encajó. Tuvo problemas con toda la familia judicial. Incluso terminó tarifando con su fiscal general del Estado, con altos cargos de su departamento y, desde luego, con medio Gobierno. El autodefinido como 'verso suelto' del PP, alcalde de alocado gasto y deuda indecente, se vio forzado a abandonar la política activa. Se refugió en los acogedores despachos del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, un chiringuito huero de sentido alguno que propicia jugosos emolumentos a políticos periclitados que por allí aterrizan. Desde hace unas semanas, además, Ruiz-Gallardón ya puede ejercer como abogado. Muchos bufetes se lo disputan. Pero tendrá que esperar un tiempo, para no incurrir el pecado de puerta giratoria.

[pindongo]

Medida electoralista... Luego veremos si ganan, si no la clavan de nuevo, con un nombre a lo gavioto.

[47ronin]

Medida electoralista... Luego veremos si ganan, si no la clavan de nuevo, con un nombre a lo gavioto.

"La segunda oportunidad", quizás?


 

[pindongo]

Digitalización trasparente. Quedaría fino. porque Telaclavofijo, quedaría bolchevique.

[47ronin]

El Ejecutivo se corrige a sí mismo
El Gobierno aprueba la 'contrarreforma Gallardón'

    Exime de tasas judiciales a los particulares y rectifica el diseño del CGPJ hecho en 2013



El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto-ley por el que, rectificando al anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, exime del pago de tasas judiciales a las personas físicas en todas las instancias.

No es la única medida en la que el Gobierno se corrige a sí mismo a raíz de iniciativas de Gallardón. Veinte meses después de haberla puesto en marcha, el Ejecutivo propone cambiar la ley que regula el Consejo General del Poder Judicial para ampliar de cinco a siete los vocales que tendrán dedicación exclusiva. Con ello se matiza uno de los ejes del nuevo modelo de CGPJ, que se basaba en un núcleo muy reducido de consejeros a tiempo completo por razones de eficacia y de austeridad.

La corrección del diseño del CGPJ se incluye en una modificación parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con la que el ministro Rafael Catalá, con planteamientos más realistas, pretende introducir mejoras concretas: respuestas judiciales más ágiles en los asuntos que más proyección social y mediática tienen (violencia de género, macrocausas contra la corrupción o asuntos repetitivos de relevancia), medidas que compensen la desigualdad en el reparto de asuntos, la reforma del recurso de casación contencioso-administrativo, decisiones judiciales más previsibles a través del mecanismo de los plenos no jurisdiccionales de magistrados, potenciación de los procuradores y de los secretarios judiciales (que pasarían a llamarse letrados de la Administración de Justicia).

Junto al anteproyecto de reforma de la LOPJ, el Consejo de Ministros dio ayer el visto bueno a la tramitación de un cambio parcial de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, entre otras modificaciones, persigue incrementar el uso de las nuevas tecnologías.

Ambos anteproyectos son presentados por el Ministerio de Justicia como iniciativas técnicas y sin carga ideológica o política. Buscan con ello tener el acuerdo de la oposición parlamentaria y, particularmente, del PSOE, lo que facilitaría que estas leyes fueran aprobadas en los escasos meses que restan de legislatura.

Los principales cambios impulsados por Catalá pueden sintetizarse así:
TASAS

Los particulares no pagarán tasas judiciales en ninguna instancia a partir de la inminente publicación del real decreto-ley aprobado ayer. La medida era un clamor entre los profesionales del Derecho y se anticipa a una posible declaración parcial de inconstitucionalidad de la ley de tasas de Ruiz-Gallardón por parte del Tribunal Constitucional.
AGILIDAD EN LOS JUZGADOS

La reforma de la LOPJ incluye cuatro medidas para intentar que los ciudadanos obtengan respuestas judiciales más rápidas. De un lado, el CGPJ va a tener la facultad de especializar de forma temporal determinados juzgados para que atiendan de forma exclusiva materias que, coyunturalmente, generan un gran número de asuntos (por ejemplo, para resolver los pleitos por las preferentes).

De otro, los jueces que tramitan macrocausas podrán ser auxiliados por otros jueces que, sin realizar funciones jurisdiccionales, les podrán hacer propuestas, asesorar, desbrozar documentación, etcétera.

En tercer lugar, las salas de Gobierno podrán modificar las normas de reparto para equilibrar el reparto de asuntos entre los juzgados del mismo orden jurisdiccional. Esta medida no se propone para los juzgados de Instrucción con el fin de que no suscitar recelos sobre cambios de juez en concretos procesos penales.

Finalmente, los jueces de violencia sobre la mujer tendrán competencia territorial comarcal, por lo que habrá una respuesta especializada a más asuntos.
TECNOLOGÍAS

A partir del 1 de enero de 2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán obligados a emplear medios electrónicos para remisión de documentos.

[47ronin]

Para mi estuvo claro desde el principio que le iban a dar con lo "gordo", y asi ha sido.



El Poder Judicial suspende tres años al juez de la Constitución catalana

Jueces para la Democracia califica de “autoritaria” la expulsión del juez que redactó la Constitución catalana

    "El CGPJ confirma su nula credibilidad como institución encargada de velar por la independencia judicial y se muestra como un órgano al servicio del poder político", asegura el juez Joaquim Bosch
    El magistrado añadió que la sanción "supone un retroceso a los peores tiempos de intolerancia institucional hacia las opiniones ajenas"

infolibre Actualizada 27/02/2015 a las 18:50   

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, definió este viernes como "inadmisible, de sesgo autoritario, que ataca la libertad de expresión y de creación jurídica" la expulsión por un periodo de tres años del juez de la Audiencia de Barcelona Santiago Vidal, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó el pasado jueves por doce votos frente a nueve, como responsable de una falta disciplinaria muy grave relacionada con su participación en los trabajos de redacción de una Constitución para Cataluña.

"Se trata de una sanción que parte de una interpretación extremadamente forzada, que vulnera el principio de legalidad, al no estar prevista la prohibición de los hechos imputados a Vidal en el estatuto disciplinario de los jueces", argumentó Bosch.

El portavoz de la asociación de jueces también recordó que "no se acusa a Vidal de haber vulnerado la Constitución en ninguna de las miles de sentencias que ha dictado a lo largo de su carrera profesional", sino que "se le sanciona por realizar un análisis jurídico que está en desacuerdo con el actual modelo territorial de nuestro país y con el presente marco constitucional". "Pretender silenciar con sanciones a quien no comparte el actual marco constitucional supone ignorar los beneficios de un debate abierto sobre todos estos problemas", aseguró Bosch.

El magistrado también consideró "preocupante" que se haya impuesto "por primera vez" una suspensión "por razones meramente ideológicas" y argumentó que la división de votos en el Poder Judicial –12 a favor frente a nueve en contra– es "una muestra clara del carácter escasamente jurídico de esta decisión".

"Consideramos que resulta legítimo que posiciones independentistas se puedan defender en una sociedad democrática", apuntó Bosch, que añadió que "la sanción supone un retroceso a los peores tiempos de intolerancia institucional hacia las opiniones ajenas". "Con decisiones de esta naturaleza, el CGPJ confirma una vez más su nula credibilidad como institución encargada de velar por la independencia judicial y vuelve a mostrarse como un órgano al servicio del poder político", sentenció el magistrado.

[Heracles_Pontor]

Cómo se acercan las elecciones suprimo las tasas para los particulares . . . en fin, debería de haber elecciones todos los años, visto lo visto hasta puede que nos fuera mejor.

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[47ronin]

Prohibida la entrada a los medios de comunicación

 Gallardón recibe 'clandestinamente' la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort


Domingo, 1. Marzo 2015 - 23:33


Rafael Catalá, presidió el jueves la imposición a su antecesor de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida por el Gobierno en diciembre. El acto fue cerrado a los medios.

 

El distintivo premia 'el mérito a la Justicia y recompensa hechos distinguidos o servicios relevantes, de carácter civil, en el campo del Derecho'.

Gallardón, ministro de Justicia desde diciembre de 2011 hasta septiembre de 2014, ocupa en la actualidad el cargo de consejero permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, a ocho mil euros al mes, en su calidad de expresidente de la misma. 'A lo largo de su extensa carrera política ha ocupado otros cargos de la máxima responsabilidad, como el de alcalde de Madrid', según se indicó en el acta de concesión del distintivo.

Según informa Confilegal, en el acto, que tuvo lugar en el Palacio de Parcent, se impusieron también otras condecoraciones, medallas, como la concedida por el  Gobierno a Fernando Román García, que fue secretario de Estado de Justicia en el periodo de Ruiz-Gallardón. El tandem Gallardón-Román fue el impulsor de la introducción de las tasas de forma generalizada, tanto a personas físicas como a pymes.

El Consejo de Ministros del 27 de febrero suprimió las tasas para las personas físicas 'con eficacia inmediata', rectificando así la política implementada por Ruiz-Gallardón, que ha sido ampliamente contestada por los colectivos profesionales, y, de forma especial, por la llamada "Brigada Tuitera", movimiento compuesto por más de 10.000 juristas de toda España.

Román García había desempeñado, hasta esa fecha, el cargo de magistrado jefe del gabinete técnico del Tribunal Supremo. Anteriormente ocupó distintos puestos en el Consejo General del Poder Judicial, como jefe de la Sección de Recursos, jefe de la Sección de Estudios e Informes del Gabinete Técnico y director del Gabinete Técnico.

[tixe]

Menuda patraña son los premios y el politiqueo

[47ronin]

Un vocal del CGPJ envía a un juzgado un documento con los nombres de 20 jueces expedientados

    Para pedir la suspensión de un juicio, el vocal del CGPJ Vicente Guilarte remitió a un juzgado un escrito en el que se incluían los nombres de 20 jueces a quienes se había abierto o archivado expedientes disciplinarios

    El abogado de un caso contra una registradora denunció a Guillarte ante el Consejo por prevalerse de su cargo y por vulnerar la Ley de Protección de Datos

    Un informe del CGPJ lo niega y asegura que la divulgación de los nombres de los jueces no es “imputable” al vocal

[47ronin]

El presidente del TSJM al Gobierno de Madrid: si no se paga a los jueces no asesorarán a los informáticos

Justicia llegó a pensar en pagar con fondos de la formación de los funcionarios, después de que Javier Vieira dijera que aconsejaría a los jueces que no participaran si no les pagaba

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, dijo en una reunión sobre el nuevo programa informático de la Justicia que si no se pagaba el trabajo extra él no participaría e invitaría al resto de compañeros a no hacerlo. El presidente del TSJM pronunció estas palabras durante una sesión del grupo para la implantación del nuevo sistema procesal sobre el que trabaja la Comunidad de Madrid.

La Agencia de Informática del Gobierno regional y la Consejería de Justicia están preparando desde hace años un nuevo sistema de información procesal. El objetivo es agilizar, en la medida de lo posible, los procedimientos con las últimas aplicaciones informáticas.


Los magistrados estaban muy molestos con la Comunidad de Madrid porque ya se había formado hace años una comisión informática cuyas reuniones no sirvieron para nada

El diario El País publicó hace algunos días que una quincena de jueces habían cobrado de una empresa privada por los trabajos de asesoramiento de este nuevo sistema informático. Los jueces y secretarios habrían recibido alrededor de 200.000 euros en los últimos años que pagó Indra. Los jueces estaban muy molestos con la Comunidad de Madrid porque ya se había formado, en tiempos del consejero Alfredo Prada, una comisión informática y después de muchos meses de trabajo aquellas reuniones no sirvieron para nada.  En aquella ocasión, como en esta, una empresa pagó a los jueces y secretarios.

Cuando se montó la actual comisión informática, la ex consejera de Justicia, Regina Plañiol, se comprometió a que se retribuiría el trabajo de estos profesionales de la judicatura. No había problema entre el personal auxiliar, funcionarios del Gobierno regional, ya que iban a recibir un dinero extra por conceptos como el de prolongación de jornada. Los jueces cobran del Estado, por lo que la Comunidad no les podía pagar. Pero cuando se estudió cómo retribuir a los jueces surgieron los problemas, según ha sabido este periódico. Fuentes de la Comunidad de Madrid indicaron que el año 2008 se pagó a través de una empresa interpuesta que abonaba las cantidades a los secretarios judiciales y otros miembros de la carrera.


Fuentes de la Comunidad de Madrid indicaron que el año 2008 se pagó a través de una empresa interpuesta que abonaba las cantidades a los secretarios judiciales y otros miembros de la carrera judicial

Se llegó a plantear, durante una de las reuniones, la posibilidad de abonar las retribuciones a través de los fondos del Plan de Formación para los empleados públicos. Sin embargo, ese trabajo no tenía nada que ver con este concepto, ya que se trataba de informar a los técnicos de cómo querían los programas informáticos. Para poder pagar estos fondos hay que acreditar los cursos. Es decir, la Comunidad podría haber cometido una falta muy grave al pagar a los jueces y secretarios con dinero de la formación.

Responsabilidades

Alguno de los presentes en las reuniones llegó a decir que si se optaba por esa vía se podría estar incurriendo en alguna responsabilidad, incluso penal. Hubo alguien que insinuó que el sistema no se podría mantener durante mucho tiempo porque provocaría “problemas”. Se llegó a pensar en dar forma al pago con iniciativas como “unas jornadas” diseñando un programa para poder incluirlo dentro de este Plan de Formación. Incluso se pensó en que los jueces fueran los profesores y pagarles 300 euros o más.

En todo momento se decidió que había que pagar a jueces y resto de personal de la judicatura para no discriminarlos frente a los auxiliares. Además se consideró que si no se retribuía el trabajo con los técnicos de informática “no habría voluntarios” para participar en el diseño de los nuevos programas.

[Heracles_Pontor]

Y lo paga una empresa privada? . . . que supongo yo que lo habrá metido en la factura, por lo tanto se paga con fondos públicos al fin y al cabo . . . entonces porque hacerlo así?   . . . será legal, no lo dudo, pero queda feo.

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[47ronin]

Algunos jueces opinan que Ruz deja la Audiencia Nacional rozando la prevaricación

Los socialistas preparan una interpelación al Gobierno en el Congreso

El juez Pablo Ruz tiene los días contados en la Audiencia Nacional, camino de un juzgado de Móstoles, y su carrera no se ha visto empañada, todo lo contrario, por una administración arbitraria de la Justicia: sigue considerado por sus amigos como un profesional serio y riguroso, que no se casa con nadie, y de costumbres austeras. Sin embargo, algunas de sus últimas decisiones relacionadas directamente con el PP le han sembrado algunas enemistades en la carrera judicial, con opiniones bastante controvertidas dentro también del propio Consejo del Poder Judicial.

Una de sus resoluciones más criticadas ha sido la petición a la Agencia Tributaria de que cuantifique cuanto tendría que haber pagado en impuestos el PP por las donaciones recibidas en 2008. Hubiera sido algo natural y lógico, aseguran a este Buscón fuentes jurídicas, si la Agencia no se hubiera pronunciado con anterioridad en dos ocasiones sobre esta cuestión, trasladándole por escrito a Ruz que este tipo de ingresos no están sujetos a tributación de acuerdo a lo establecido en la ley de Financiación de Partidos. Si este es el criterio de la Agencia Tributaria, ¿qué sentido tiene que calcule lo que el PP habría dejado de ingresar?

En medios jurídicos se critica a Ruz porque Hacienda no ha negado, en realidad, el auxilio judicial. Su obligación es emitir un criterio técnico-jurídico sobre este contencioso y es, justamente, lo que ya han hecho sus funcionarios en tres ocasiones. Primero se lo trasladaron a Ruz en un informe motivado fechado el 25 de septiembre de 2013 y, con posterioridad, en otro informe con fecha de 17 de octubre de 2014. Por último, ratificaron el mismo criterio durante su comparecencia ante el juez el pasado 11 de febrero.

La opción de los peritos privados

En otra secuencia del procedimiento, cuando la Agencia Tributaria ha apreciado un posible delito fiscal que recae sobre la empresa que realizó obras para el PP, decidió personarse como perjudicada en la causa a través de la Abogacía General del Estado. Con estos antecedentes, hay jueces que opinan, en contra de las consideraciones de Ruz, que la Justicia no puede forzar ni condicionar estos criterios de Hacienda, aunque el juez tiene todo el derecho del mundo a pedir las opiniones que quiera a cuantos expertos estime oportuno. Esto es, precisamente, lo que a juicio de algunos juristas debería hacer Ruz, escudarse en peritos privados si de lo que se trata es de contradecir a Hacienda. Y en ello también está el Partido Socialista, que prepara una interpelación al Gobierno en el Congreso colocando de nuevo a la Agencia Tributaria en su diana.

Algunos juristas llegan a comentar en privado que Ruz se arriesga a que alguien le acuse de prevaricador. La definición de este delito es clara: una autoridad, juez u otro servidor público que dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que es una resolución injusta.