Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 258538 veces)

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2020 en: 06 de Marzo de 2015, 16:16:39 pm »
Promocionado un juez pese a que la mujer con la que competía estaba 1.160 puestos por delante en méritos

Seis vocales del CGPJ señalan que el nombramiento de un juez situado 1.160 puestos por debajo de la magistrada en la lista de méritos "es una discriminación en razón de su sexo". Aseguran que la experiencia de la magistrada es "infinitamente" superior a la de él.

El Poder Judicial ha nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) a un juez que está 1.160 puestos por debajo en el escalafón respecto a la magistrada Pilar Alonso Saura, a quien el órgano de gobierno de los jueces discriminó por ser mujer, según un grupo de vocales críticos.

Los citados vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que constituyen una minoría crítica de orientación progresista dentro del órgano de gobierno de los jueces, han firmado dos votos particulares contra el nombramiento, a los que ha tenido acceso la agencia Efe. Han sido redactados por la presidenta de la Comisión de Igualdad en el CGPJ, Clara Martínez de Careaga.

El magistrado Miguel Pascual del Riquelme Herrero fue nombrado nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) el pasado mes de enero. Los seis vocales del órgano de gobierno de los jueces críticos, liderados por la ya citada magistrada del Supremo y vocal Clara Martínez de Careaga, consideran dicha decisión como una "discriminación en razón de su sexo" contra la aspirante femenina.

Esta mujer, la magistrada Pilar Alonso Saura, está situada en el escalafón de la carrera judicial 1.160 puestos por encima del hombre nombrado, por lo que los vocales críticos consideran que situar a Riquelme al frente del TSJ de Murcia "bordea la arbitrariedad".


"El magistrado nombrado nunca ha ocupado un destino en un órgano colegiado", asegura el grupo de vocales críticos

En el escrito contrario al nombramiento, Careaga señala que la decisión "no respeta los principios de mérito y capacidad, incumple los requisitos anunciados en la convocatoria" y constituye una "desviación de poder". El escrito crítico recuerda que el primer criterio fijado por las bases de la convocatoria para el nombramiento era el tiempo de servicio activo: la aspirante femenina "es una de las más antiguas en la carrera judicial" y supera en casi diez años en este aspecto a Riquelme.

Experiencia "infinitamente" superior

El segundo criterio era el ejercicio en civil y penal: ella ha estado 23 años en la Audiencia Provincial de Murcia, con competencias civiles y penales, mientras que él solo ha sido juez de instrucción. Precisamente en este sentido se produce otra diferencia clara entre ambos, puesto que el tercer criterio era el tiempo de ejercicio en órganos colegiados (tribunales formados por más de un magistrado que tienen mayor rango de responsabilidades).

Aquí la experiencia de la magistrada es "infinitamente" superior a la de él, dice el escrito. "Y no decimos infinitamente como una licencia expresiva, sino en términos rigurosamente matemáticos", añade, antes de concretar que la experiencia de ella es de 23 años y la de él "exactamente cero. Y el resultado de dividir por cero cualquier número natural, es infinito".


Acusan a la mayoría conservadora del CGPJ de "censura" en el nombramiento de Pascual del Riquelme

"El magistrado nombrado nunca ha ocupado un destino en un órgano colegiado", remacha el escrito crítico antes de poner en contraste las 34 resoluciones de especial relevancia jurídica firmadas por la magistrada frente a las cinco dictadas por delitos menores por él.

"Prestigio sobrado"

En nuestro país solo hay una mujer que presida un Tribunal Superior de Justicia pero "cuando una magistrada con antigüedad y prestigio sobrados para ocupar una de esas presidencias lo solicita, se ve relegada por un candidato varón", lamenta Careaga.

Los vocales críticos han firmado además un segundo escrito de queja porque no se les notificó a tiempo la formalización del nombramiento, circunstancia que ha sido usada luego por la mayoría conservadora en el CGPJ para tratar de impedir que oficializaran su voto particular, con el argumento de que lo habían presentado de manera extemporánea. Por esta razón acusan a la mayoría conservadora en el CGPJ de "censura". Toda esta situación constituye "una desconsideración a más del cincuenta por ciento de la carrera judicial, integrada por mujeres, a las que no solo se discrimina en los nombramientos, sino que se deja sin voz", lamentan.

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« Respuesta #2021 en: 06 de Marzo de 2015, 16:21:12 pm »
La judicatura necesita también que se le de una vuelta . . .

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2022 en: 07 de Marzo de 2015, 16:05:22 pm »

Ya lo decía Gallardón....en España hay una alta litigiosidad.


Toma "litigiosidad"  :ded;

El fin de las tasas judiciales provoca un efecto llamada entre los pequeños inversores para demandar a Bankia

Ahorradores que habían comprado títulos por valor de 1.000 euros, o incluso menos, están acudiendo a los bufetes para presentar demandas civiles ante la eliminación de la tasa por el Gobierno. La desaparición de este pago también reactivará varias demandas colectivas, que podrían haberse suspendido por el pago de este impuesto

El informe de los peritos del Banco de España abrió la espita de muchos pequeños ahorradores para poder recuperar la inversión realizada en la salida a Bolsa de Bankia. Sin embargo, la existencia de las tasas judiciales impuestas por Alberto Ruiz Gallardón, en su etapa al frente de Justicia, había retraído de cualquier acción judicial a aquellos cuya inversión era inferior al pago que tendrían que efectuar por este gasto. Su desaparición no sólo determinará la viabilidad de determinadas demandas colectivas acumuladas que preparan ya varios bufetes de abogados sino que está animando a aquellos que invirtieron volúmenes en el entorno de los 1.000 euros en la compra de títulos de Bankia.

Tras la anulación de las tasas judiciales, diferentes despachos de abogados confirman a este medio que se está produciendo un incremento de estos pequeños inversores que solicitan información para emprender una acción por la vía civil. Un elevado porcentaje de los más de 300.000 clientes minoristas que acudieron a la salida a Bolsa invirtieron cantidades pequeñas, entre 1.000 y 3.000 euros de media, y el pago de tasas judiciales, en muchos casos, había disuadido a estos afectados a la hora de reclamar la devolución de su inversión en acciones. De hecho, el gasto en tasas para interponer una demanda por la vía civil oscilaba entre los 1.700 a 2.000 euros, según explican desde varios bufetes.

Bankia anunció una provisión de 780 millones de euros para hacer frente a las demandas civiles por la salida a Bolsa. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, explicó hace una semana, durante la presentación de resultados anuales de la entidad, que los 780 millones estimados como coste probable de las reclamaciones (repartidos finalmente al 60/40 por BFA y Bankia) provienen de un análisis muy riguroso y son una cifra "muy conservadora", que ha sido validada por un KMPG como experto independiente. El cálculo que maneja la entidad es que finalmente el coste alcance los 500 millones para la entidad y el Estado.

Sin embargo, en el análisis efectuado por Bankia, basado en la experiencia judicial de las participaciones preferentes, no se han contemplado que reclamen aquellos ahorradores que invirtieron 1.000 euros o una cifra inferior. Así, de confirmarse que este perfil de pequeños inversores comienzan a acudir a la vía civil, la provisión de 312 millones para hacer frente a las condenas podría ser revisada al alza.


El gasto en tasas para interponer una demanda por la vía civil alcanzaba un mínimo de 1.700 euros, lo que retraía a aquellos que hubieran invertido por debajo de esa cantidad

Bankia acumula ya 5.245 reclamaciones por su salida a bolsa, 933 demandas civiles interpuestas por inversores particulares, ya sea de forma individual o agrupada, en contra de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones realizada por la entidad en 2011, según consta en los informes de auditoría de la entidad, y 4.312 reclamaciones extrajudiciales.

De las demandas civiles, que son las recibidas hasta diciembre de 2014, se encuentran "vivas" 860, asegura Bankia, antes de precisar que el número de sentencias dictadas hasta la fecha y el sentido de las mismas "no son indicativos" de la "tendencia" de las resoluciones en el futuro.

Sin embargo, la auditoría de Bankia incluye un párrafo de énfasis de Ernst & Young en el que se alude precisamente a la incertidumbre acerca del resultado de las distintas demandas por la salida a Bolsa. En concreto, el auditor alude a "las incertidumbres asociadas al resultado final de los litigios relacionados con la OPS llevada a cabo en 2011 con ocasión de la salida a Bolsa de Bankia" y "a las provisiones registradas por el grupo para cubrir el coste estimado de los mencionados litigios". Ernst & Young precisa en todo caso que este párrafo de énfasis no cambia su opinión acerca de las cuentas analizadas. La advertencia se realiza "sin que esta cuestión modifique la opinión del auditor", asegura.

Despachos como Zunzunegui Abogados, que trabaja en una primera demanda colectiva de 1.000 afectados por la OPV de Bankia, estaban a la espera de la decisión del ministro Catalá sobre la eliminación de las tasas judiciales para determinar si esta acción era posible. Según Ricard Torres, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de productos financieros (Apabanc), la medida recientemente adoptada por el Consejo de Ministros “supone que numerosos afectados por las preferentes pero sobre todo por la oferta de suscripción de acciones de Bankia, puedan reclamar por la vía judicial”.

Buena parte de los despachos consultados por este medio aconsejan a los afectados acudir a la vía civil. El procedimiento penal, a su juicio, es de muy dudoso resultado y, además, se alargan los plazos de posible recuperación del dinero invertido. En cuanto a la vía administrativa, abogados como Zunzunegui consideran que es “complicado” que se condenen a los supervisores financieros, como ha sucedido en anteriores precedentes como en los casos Fórum Filatélico o Afinsa.

La vía civil abre una solución más rápida para los afectados, según los letrados consultados. De media, en España, los procedimientos judiciales de este tipo necesitan de un orden de 270 días para quedar resueltos.

Los diferentes bufetes consideran que el aluvión de demandas se producirá a lo largo del primer trimestre de 2015. De hecho, el mes de mayo parece ser la fecha límite, según defienden, para presentar cualquier tipo de acción penal ya que existen tres años para tomar medidas desde que se conocen la falsedad de las acciones. “Nosotros pensamos que esto sucede desde la publicación de los informes de los peritos, hace apenas unas semanas. Los abogados de los demandados mantendrán que el plazo comienza desde que el nuevo equipo gestor de Goirigolzarri reformula las cuentas”, mantiene Fernando Zunzunegui. Sin embargo, otras fuentes aseguran que no hay motivo para acelerar la presentación de demandas ya que el caso, al estar investigándose ya en la Audiencia Nacional, ya no prescribe.


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2023 en: 10 de Marzo de 2015, 08:25:14 am »
El Gobierno compatibilizó a Gallardón y grandes bufetes le ofrecen más de 250.000 euros al año

Ruiz-Gallardón puede aceptar cualquier oferta para abogado que le hagan: el 21 de enero fue ‘compatibilizado’ por el Gobierno para ejercer la abogacía, y al menos una decena de despachos se lo rifan a precios superiores a los 250.000 euros.
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Alberto Ruiz-Gallardón se deja querer antes de decidirse por un bufete de abogados.

El pasado 21 de enero de 2015 el Gobierno declaró compatible que el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pudiera realizar cualquier actividad en el ejercicio de la abogacía. Con esa decisión, publicada en el correspondiente registro de Autorización de compatibilidad, Ruiz-Gallardón podía decir sí a cualquiera de la decena de ofertas que se estarían estudiando desde otros tanto grandes bufetes nacionales e internacionales. El precio de salida, según afirman a Vozpópuli fuentes jurídicas próximas al exministro, sería de unos 250.000 euros al año en el caso de aceptar como consejero, más de tres veces más de lo que ganaba en el Gobierno.

Ruiz-Gallardón dimitió como ministro de Justicia el 23 de septiembre de 2014, en una rueda de prensa convocada después del anuncio por parte de Rajoy de la retirada de la nueva propuesta de ley del aborto apadrinada por el propio Gallardón. Pero poco le duró el paro al exministro, porque, dado que fue presidente de la Comunidad de Madrid, el 27 de septiembre, es decir, cuatro días después de su dimisión, se acogió a la posibilidad de integrarse como consejero permanente en el Consejo Consultivo de la Comunidad, con un sueldo mensual próximo a los 8.000 euros.

Fuentes del mundo jurídico que le conocen bien cuentan a Vozpópuli que Ruiz-Gallardón se sintió traicionado por Rajoy y que durante sus primeros meses como exministro echó en falta llamadas de políticos y juristas que antes hacían profesión de fe gallardonista. Pero su soledad no fue completa: recibió llamadas de algunos amigos empresarios con los que continuó compartiendo mesa y mantel con cierta asiduidad: Florentino Pérez, Alfonso Cortina y Fernando Fernández Tapias. Los mismos empresarios que trabajaron bien y a gusto en las etapas de Gallardón como presidente autonómico y luego como alcalde.

En esos primeros tiempos, y pese a cobrar esa suculenta subvención del Consejo Consultivo por no hacer prácticamente nada, Gallardón pidió al Gobierno que le compatibilizara el ejercicio de la abogacía. La Ley de Conflictos de Interés de los Miembros de la Administración de 2006 establece al respecto un periodo de travesía del desierto, pero el Gobierno decidió compatibilizarle el 21 de enero de este año, con lo cual Gallardón puede ejercer como y donde quiera.

En ese sentido, según esas fuentes jurídicas próximas al exministro, de la decena de despachos que habrían mostrado interés por contratar sus servicios –un exministro de Justicia en un bufete de abogados es de lo más cotizado-, Gallardón habría recibido al menos dos ofertas concretas como consejero con un sueldo que rondaría los ya comentados 250.000 euros. Pero las habría declinado,

De momento se siente arropado con su puesto en el Consejo Consultivo, pero quienes lo conocen dicen que está pendiente de entrar en alguna gran empresa, sobre todo ahora que es compatible. Hay quien admite que si en vez de realizar labores de consejero desempeñara labores más directas de gestión y decisión, su retribución podría elevarse a más de un millón de euros. Tal vez ésa sea la causa de la espera.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2024 en: 10 de Marzo de 2015, 13:57:41 pm »
Compran sus contactos . . . no sus conocimientos jurídicos . . . este no va a ir a ningún pleito, pero si a muchas cenas . . . y si hay pelotis y pibitas mejor que mejor.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2025 en: 11 de Marzo de 2015, 08:14:56 am »
Compran sus contactos . . . no sus conocimientos jurídicos . . . este no va a ir a ningún pleito, pero si a muchas cenas . . . y si hay pelotis y pibitas mejor que mejor.

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El trasvase de cargos hacia la empresa privada funciona a todo gas

Los grandes bufetes se rifan para sus asesorías jurídicas a altos cargos que quedan cesantes



Desde el inicio de la legislatura, en enero de 2012, un total de 84 exaltos cargos han conseguido que el Gobierno les compatibilice para poder ejercer en empresas que, en muchos casos, hacen grandes negocios con las administraciones públicas. Pero, sobre todo, determinados excargos son muy cotizados por bufetes de abogados para que ejerzan como asesores, o más directamente como conseguidores. Incluyendo al exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que actualmente está siendo tentado por una decena de bufetes como ha contado Vozpópuli, en el último año cinco excargos han sido fichados como asesores por grandes despachos de abogados como Roca, Albiñana o Pérez-Llorca.

Sólo en el último año, un total de 15 exaltos cargos de la Administración General del Estado o la autonómica han conseguido que el Gobierno de Rajoy les compatibilice, lo que quiere decir que tienen permiso para saltarse el periodo de al menos dos años para poder ejercer en sectores privados que contraten con la Administración. De estos, cinco han fichado por grandes bufetes de abogados, para lo cual obtuvieron permiso, según se refleja en el listado de Autorizaciones de compatibilidad para actividad privada de puestos incluidos en la ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.

La primera en ser compatibilizada, con fecha 2 de junio de 2014, fue Marina Serrano González, que había cesado el 7 de octubre de 2013 como consejera de la Comisión Nacional de la Energía y que consiguió el permiso para incorporarse al bufete Pérez-Llorca Abogados, SLP y Cía. Sin duda, el mercado de la energía es muy boyante y mueve gran cantidad de dinero.

El 29 de agosto de ese mismo año, el Gobierno compatibilizó a otra mujer que había desempeñado elevados cargos en la Administración valenciana con diversos presidentes autonómicos: Paula Sánchez de León, que había cesado tan sólo unos días antes –el 13 de agosto- como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana para fichar por el Despacho Good Law Levante, SL, uno de los grandes de la comunidad levantina. Sánchez de León representa un gran fichaje para cualquier bufete, dado su enorme conocimiento de las administraciones autonómica y local, y no sólo las levantinas.

El 1 de septiembre de 2014, el Gobierno también autorizó a Rosa Sanz para que fichara por el Despacho Roca-Junyent, SLP. Lo curioso en este caso es que la afectada cesó ese mismo día como directora general de Recursos Humanos y secretaria general del Consejo de ADIF, dependiente del Ministerio de Fomento. Es obvio que el cese en el cargo y la compatibilidad para ejercer en el sector privado iban parejos, porque Sanz pasó directamente de un cargo oficial a un puesto en un gran bufete.

Por fin, el 17 de noviembre de 2014 el Gobierno autorizó a Cristina Coto del Valle a fichar por el despacho de abogados Albiñana-Suárez de Lezo. Coto había cesado tres meses antes –exactamente, el 2 de agosto- como directora de Gabinete del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Es de comprender que su fichaje fuera muy cotizado por los principales bufetes, porque a su profesión como abogada del Estado se sumaba la experiencia acumulada en el Ministerio de Justicia.

Por cierto, que otro alto cargo de Justicia, José Manuel López Rodrigo, que había cesado el 4 de octubre de 2013 como director de la Fundación Pluralismo, también fue compatibilizado por el Gobierno para dirigir el Centro de Estudios Sociales y Económicos de la Fundación Tomillo.

Otras compatibilizaciones para trabajar en su sector

No todos los exaltos cargos que cesan en la Administración General del Estado están igual de cotizados, naturalmente, pero muchos encuentran salida en sectores que han tenido que ver directa o indirectamente con su actividad. Ahora bien, todo bajo el signo de la legalidad, dado que previamente consiguen la compatibilidad por el Gobierno.

El caso más concreto al respecto es el del teniente general Fernando Sacristán Ruano, que en 2011 fue nombrado Jefe del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Cesó el 2 de agosto de 2014, según figura en la web de la transparencia en Moncloa, pero el 9 de enero de 2015 el Gobierno le compatibilizó para ostentar cargos en tres empresas concretas, relacionadas de alguna manera con la defensa: Tecnobit, Bess-Beyond Soluciones y Servicios SA y la suya propia Hornet Consulting.

Tecnobit pertenece al Grupo Oesía que preside Luis Furnells, grupo empresarial español especializado en los sectores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de Oesía Networks, SL, con sus filiales IaSoft, y en los sectores de Aviónica y Seguridad Nacional a través de su filial Tecnobit, que cuenta con una presencia destacada en el mercado español e internacional por sus productos sobre Seguridad Nacional y en el área de las Tecnologías de doble uso. Tecnobit, líder en ingeniería electrónica desde hace más de 30 años, ofrece una tecnología avanzada en sectores de Defensa, Seguridad, Espacio, Transporte y Telecomunicaciones. En este mismo grupo figura la empresa HOMSEC 2015, líder en España en los sectores de Defensa y Seguridad.

Otra de las empresas para las que ha sido compatibilizado Fernando Sacristán es Bess-Beyond Soluciones y Servicios, SL, del Grupo Bess, cuyos clientes, según anuncia en su propia página web, son: “Ministerio de Defensa, Estado mayor de defensa, Ejercito de tierra, Armada Española, Ejercito del aire, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Real, Instituto Social Fuerzas Armadas, Colegio Huérfanos Armada”. Como se ve, lo más próximo posible a un teniente general.

En cuanto a Hornet Consulting SL, se trata de una empresa que comenzó sus operaciones en Madrid el 8 de octubre de 2014 para “consultoría, asesoramiento, formación, elaboración de estudios e informes, intermediación, comercialización, publicidad y promoción empresarial en materia de comercio, exportación, importación, logística, transporte, energía, petróleo y derivados, inmuebles, construcción, telecomunicaciones…”. Según el Registro Mercantil, Fernando Sacristán es apoderado y administrados único.

Los citados no son los únicos casos, claro está: hay 84 compatibilizados desde el inicio del actual periodo de sesiones, en 2012; y 15 de ellos desde enero de 2014. Algunos han recalado en grandes empresas europeas, como el diplomático Carlos Basterreche, que fue embajador en Francia y ha sido captado por Airbus Group. Y es que los diplomáticos también están muy cotizados por las empresas privadas dado su nivel de contactos nacionales e internacionales. Otro ejemplo en este campo es Iñigo de Palacio, que fue embajador en Chile y el Gobierno le ha compatibilizado para que pueda ejercer en Indra Sistemas, SA.


La famosa ‘puerta giratoria’ para los altos cargos que dejan la Administración y se pasan a la empresa privada funciona a todo gas. Pero quienes más buscan a los ‘talentos’ salientes del Gobierno son los grandes bufetes de abogados.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2026 en: 11 de Marzo de 2015, 08:17:29 am »
Pues eso . . . una puta vergüenza.

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« Respuesta #2027 en: 11 de Marzo de 2015, 09:18:11 am »
La lentitud de la justicia es injusticia


España es el tercer país de la UE en donde más se desconfía de la independencia judicial
Teresa Blanco madrid.
10/03/2015 - 6:00

    España es el tercer país de la UE que peor valora la 'libertad' de sus jueces, mientras sigue a la cola en número de togados

España es el tercer país de la Unión Europea cuyos ciudadanos tienen una peor percepción en cuanto a la independencia judicial, según se deriva de la última edición del Cuadro de Indicadores de Justicia de la UE 2015 que ayer publicó la Comisión Europea.

Y ello a pesar de que en el resto de países -a excepción de España, Bulgaria y Eslovaquia- la percepción ha mejorado o permanece estable según explicaba la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad, Vera Jourova.

Lo cierto es que la caída es constante. En concreto, según los datos de Bruselas, en la edición 2014 España obtuvo un 3,2 de nota en la percepción de la independencia judicial, un 4 en 2013 y un 3,7 en 2012. Y es que según el estudio -que se incluye en el marco del llamado Semestre Europeo-, la Justicia española se encontraba, el año pasado, en el puesto 22 dentro de la Europa de los Veintiocho.

Así, en este último Indicador, solo Eslovaquia y Bulgaria tienen una opinión peor de sus autoridades, con un 2,3. En el lado opuesto, Eslovenia es el país con mejor nota, si bien pasa de un 3,6 a un 3,4.

La comisaria Jourova reconoció ayer "no tener explicación" para lo ocurrido en el caso español, si bien adelantó que en los próximos meses su departamento estudiará más en profundidad los datos para extraer conclusiones y proponer soluciones que corrijan "esta falta de confianza".

La Justicia más lenta

Por si fuera poco, del informe de Bruselas se deriva también que en España se resuelven menos casos al año de los que se abren, o que un caso administrativo, civil o de consumo necesita de media 473 días para resolverse, situándose España entre los cinco países más lentos en la resolución de conflictos. Por detrás, Portugal, Malta, Grecia y Chipre.

Además, como ocurría el año pasado nuestro país está en las últimas posiciones de la UE por número de jueces, con 11 por cada 100.000 habitantes (menor que la media de 19 por cada 100.000 habitantes de la UE). Una cifra que sólo es más baja en Irlanda, Dinamarca, Malta, Francia, Reino Unido e Italia, según los datos barajados por la UE.

El documento también incluye datos como que el 11,7 por ciento de los jueces en España son mujeres.

Precisamente, y ya en las conclusiones generales del estudio relativas a todos los países miembros de la UE, dice la Comisión que "cuanto más alto es el órgano jurisdiccional, menor es el porcentaje de juezas". Así, y aunque el porcentaje de juezas profesionales de primera y segunda instancia indica una tendencia positiva, a los tribunales supremos de la mayoría de los Estados "les queda mucho camino por recorrer para alcanzar una proporción entre mujeres y hombres del 40/60 por ciento".

Bruselas también avanza que se observa una "mejora de la eficiencia de los sistemas judiciales" y una mejora "en los esfuerzos por fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información" si bien aún existen importantes "carencias" en el uso de las TIC en varios Estados europeos.

 

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2028 en: 11 de Marzo de 2015, 21:46:58 pm »
Es que no me lo puedo creer...... pffffff


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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2029 en: 12 de Marzo de 2015, 07:19:24 am »
La Audiencia de Madrid pondrá en marcha en abril un proyecto de mediación penal
s.l. @ABC_Madrid / madrid
Día 12/03/2015 - 00.49h
Se aplicará en los casos con más posibilidades de éxito, que son los delitos económicos (estafas y apropiaciones indebidas, principalmente) y de lesiones con deformidad

La Audiencia Provincial de Madrid pondrá en marcha en los primeros días del próximo mes de abril un proyecto de mediación penal en cuatro de las secciones del tribunal madrileño con el objeto de impulsar la justicia restaurativa y de reparación del daño a las víctimas y perjudicados sin necesidad de llegar a juicio, ha informado el TSJM en un comunicado.

El proyecto ha sido presentado por el presidente de la Audiencia, Eduardo de Porres, en una jornada informativa a la que se dieron cita los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez y Rafael Mozo, además de cerca de un centenar de asistentes entre magistrados, secretarios, fiscales, abogados, mediadores y demás representantes de los operadores jurídicos.

Según se recoge en el protocolo de implementación del proyecto presentado por Porres, que se encuentra en una avanzada fase de elaboración, la mediación en asuntos penales en el que es el mayor tribunal colegiado de España comenzará en los primeros días de abril. Un equipo formado inicialmente por diez mediadores de la asociación Signum iniciará su trabajo en una oficina habilitada para ello en el edificio.

Está previsto que el proyecto de mediación, que se desarrollará por espacio de un año, se aplique en los casos con más posibilidades de éxito, que son los delitos económicos (estafas y apropiaciones indebidas, principalmente) y el delito de lesiones con deformidad. No obstante, en la hoja de ruta se refleja la posibilidad de abrir esta opción procesal a otros supuestos penales.

La experiencia se pondrá en marcha en cuatro de las quince secciones penales del tribunal madrileño; en concreto serán las secciones 7ª, 15ª, 17ª y 29ª las que inicien el programa. La presidencia del Tribunal prevé que se trabajará sobre una estimación de entre 100 y 120 asuntos. Este importante volumen de expedientes, y su trascendencia en materia penal, darán como fruto «conclusiones muy significativas y relevantes en este campo», en palabras del propio Eduardo de Porres.
Protocolo de actuación

El protocolo de actuación está prácticamente concluido, si bien está considerado aún como un documento de trabajo abierto a las iniciativas de los magistrados, secretarios, fiscales o cualquier otro operador jurídico que desee realizar sus aportaciones técnicas. Dicho documento contempla un plazo de un mes para que se pongan las bases del consentimiento del proceso de mediación y otros treinta días para la mediación propiamente dicha. Dependiendo de las características del asunto, estos plazos pueden variar. Igualmente, se trabaja sobre la posibilidad de que se señale el juicio o no mientras se desarrolla el plan de mediación en un asunto concreto.

El proyecto de mediación penal en la Audiencia Provincial de Madrid comenzó a gestarse hace más de un año cuando su por entonces presidenta, Ana Ferrer, hoy en día en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, comenzó las reuniones de trabajo con la Asociación Signum, una entidad especializada en la mediación, y cuya responsable es Rosa Mijangos.

Esta ambiciosa iniciativa se ha visto respaldada en su gestación por el CGPJ, con la responsable del Servicio de Mediación, Ana María Carrascosa al frente; por la Fiscalía de la Audiencia madrileña, cuya coordinadora será Ana Belén Vargas y por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, también a través de su Centro de Mediación, dirigido por Fernando Bejarano.
Una herramienta «eficaz» y «necesaria»

El plan para introducir la mediación penal antes de la vista oral en la Audiencia Provincial se presentó mediante una serie de conferencias explicativas en la biblioteca de la sede, que se quedó pequeña ante la gran afluencia de interesados en conocer sus detalles en primera persona. El profesor de Derecho Penal en la Universidad de Comillas (ICADE) y mediador, Julián Ríos, explicó con varios ejemplos los beneficios procesales y humanos de la aplicación de la justicia restaurativa.

Su experiencia en encuentros con víctimas de ETA y los miembros de la banda, así como con un condenado por el 11-M y heridos de aquellos atentados, sirvieron para ilustrar gráficamente que «la mediación es una herramienta procesal eficaz» gracias a la cual «la Justicia funciona de principio a fin».
Cambio de mirada

Por su parte, la magistrada del Juzgado de Instrucción nº 32 de Madrid, Rosa Freire, quien ha tutelado numerosos acuerdos de mediación, apostó decididamente por esta figura para facilitar «un cambio de mirada» de la administración de justicia y destacó los elevados índices de satisfacción de los usuarios del servicio, así como el importante número de acuerdos alcanzados, que se estima entre un setenta y un ochenta por ciento del total.

Freire ha recordado a los asistentes que el primer caso documentado de mediación en materia penal tuvo lugar en 1974 y sirvió para resolver eficazmente un asunto de vandalismo juvenil. Además, ha destacado que esta figura procesal está recogida en un importante número de resoluciones de la ONU y del Consejo de Europa y, en concreto, en el Estatuto europeo de la Víctima de 2012.

Respecto al ordenamiento jurídico español, la magistrada apeló al artículo 21.5 del Código Penal, sobre la prevención y la reparación del daño causado, que permite expresamente aplicar el atenuante muy cualificado en este tipo de casos, y a la vez apuntó a otras fórmulas para certificar un acta de conformidad tras el proceso de mediación.

En resumen, Freire, con su dilatada experiencia en este campo, concluyó que la «mediación es un elemento muy valioso para aliviar el sistema judicial» al funcionar de «un modo muy positivo frente a los paradigmas clásicos que propone la justicia retributiva y de resocialización».

Como la gran mayoría de los ponentes subrayaron, la mediación penal ya se aplica con éxito en el País Vasco y Cataluña y, aunque en los juzgados de instrucción y de lo Penal de la capital también se ha puesto en práctica, principalmente a instancias de la Fiscalía, no se ha hecho con el empuje que esta eficaz herramienta procesal requiere.

Finalmente, todos los participantes, ponentes y asistentes, coincidieron, con carácter general y a modo de conclusión, en la necesidad de incorporar de forma paulatina la mediación penal en las administración de justicia madrileña, venciendo las resistencias lógicas a que debe hacer frente todo proceder novedoso y articulando una «cultura de la mediación» que suponga un avance para profesionales y ciudadanos.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2030 en: 17 de Marzo de 2015, 14:59:08 pm »
Ruiz-Gallardón ficha por una universidad online: será profesor de Derecho Procesal

El exministro de Justicia compaginará su labor en el Consejo Consultivo de Madrid con la docencia en la Universidad Internacional de La Rioja, donde se estrenará con un ciclo de clases magistrales en las que analizará algunos recientes fallos jurisprudenciales.

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón ha sido contratado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para formar parte del claustro de la Facultad de Derecho, dentro del área de procesal, y este mismo mes comenzará a dar clases sobre jurisprudencia.

Ruiz-Gallardón forma parte en la actualidad del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, labor que compaginará con la docencia en UNIR, donde aportará "todos sus conocimientos y experiencia en temas jurídicos", según ha informado esta universidad en un comunicado, recogido por la agencia Efe.

El exministro ha estado durante 30 años dedicado a la política, donde ha ocupado puestos de gran responsabilidad como ministro de Justicia, presidente de la Comunidad de Madrid y alcalde de la capital de España, y este mes comenzará su trabajo en la UNIR con un ciclo de clases magistrales en las que analizará algunos recientes fallos jurisprudenciales.

UNIR es una universidad "online" que sigue un modelo pedagógico propio por el que los alumnos reciben clases en directo a través de la red; cuenta con más de 22.000 alumnos, 1.050 docentes e investigadores e imparte 17 Grados y 37 másteres.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2031 en: 18 de Marzo de 2015, 08:44:23 am »
Despiden a tres jueces británicos por ver pornografía en el trabajo

lainformacion.com

miércoles, 18/03/15 - 07:52

    Tres jueces británicos han sido despedidos por ver material pornográfico a través de sus ordenadores en el trabajo, en Reino Unido.
    Aunque no se trataba de contenido ilegal de por si, el Lord Jefe de Justicia y el Lord Canciller concluyeron que se trataba de algo "inexcusable".

Tres jueces británicos han sido despedidos esta semana por ver material pornográfico a través de sus cuentas oficiales, ha asegurado la Oficina de Investigación de Conducta Judicial. Aunque el contenido que visionaron no era ilegal de por sí, según aseguró un portavoz, tanto el Lord Canciller como el Lord Jefe de Justicia concluyeron que se trataba de un mal uso "inexcusable" de sus cuentas oficiales y una "conducta completamente inaceptable para alguien de una oficina judicial". Un cuarto juez dimitió antes de que terminara la investigación, informa la BBC.

Se trata del juez de distrito Timothy Bowles, el juez de migración Warren Grant y el segundo juez de distrito Peter Bullock, que han sido retirados de sus puestos. No tienen relación entre si. Trabajaban, respecticamente en Romford, Taylor House, en Londres y en el Circuito Noreste. El cuarto juez, Andrew Maw, trabajaba en Lincoln. 

Según informa la BBC, el despido de jueces es algo altamente inusual en el país, por lo que este caso marca precedentes. Además, el hecho de que dichos jueces tenían altos cargos y antiguedad en el puesto ha supuesto un duro golpe a la reputación del sistema judicial. Como recalca la BBC, no cometieron algo ilegal, y si no lo hubieran hecho en el trabajo no habría razón por el despido. El argumento detrás de este castigo es que usaron cuentas oficiales pagadas por el contribuyente.

Uno de los jueces implicados Warren Grant, ha asegurado que cuando ocurrieron los hechos por los que ha sido despedido sufría de una "severa depresión no diagnosticada".

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2032 en: 18 de Marzo de 2015, 12:52:40 pm »
Pero los jueces allí no son funcionarios?

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2033 en: 21 de Marzo de 2015, 12:06:52 pm »

El extraño ‘enemigo’ de Ruiz Gallardón que no quiere que le den ‘la Raimunda’

Por lo que le cuentan a El Chivato, Alberto Ruiz Gallardón se encuentra perplejo ante el inesperado recurso interpuesto contra la concesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, que se le otorgó por el consejo de ministros con motivo de su cese en el Gobierno.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contra el Real Decreto 1028/2014 del ministerio de Justicia, de 5 de diciembre, por el que se le concedió esa distinción, también conocida popularmente como 'la Raimunda'.

El asunto ha recaído en la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de lo Contencioso-Administrativo, y ha sido designado ponente el magistrado Wenceslao Olea, que es también vocal del Consejo del Poder Judicial.

Por lo que le llega a El Chivato, la perplejidad de Ruiz Gallardón tiene que ver con dos circunstancias. En primer lugar, que la concesión siguió todos los trámites, es decir: propuesta del ministro de Justicia, deliberación y aprobación por el consejo de ministros. La Sala Tercera solicitará el expediente administrativo y, tras comprobar que así se ha hecho, previsiblemente archivará tras escuchar a la Abogacía del Estado.

La segunda circunstancia es la propia personalidad del recurrente. Por lo visto, se trata de una persona de apellido extranjero, incluso parece que tiene que ver con algún nombre ruso, y Ruiz Gallardón no tiene la menor idea de quién puede ser ese 'enemigo' suyo que se opone de esa manera a que le den 'la Raimunda'.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2034 en: 21 de Marzo de 2015, 14:38:16 pm »
Tiene tantos enemigos por lis cadáveres que ha ido dejando en los armarios de los despachos que ha ocupado . . . que puede ser el hombre de paja de cualquiera de ellos.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2035 en: 24 de Marzo de 2015, 07:36:24 am »

Un letrado denuncia ante la UE los ‘enchufes’ en el Tribunal de Cuentas
Inspectores europeos están analizando el funcionamiento del órgano fiscalizador
Una sentencia del Supremo cuestiona el nombramiento de un hermano del vicepresidente
José Antonio Hernández Madrid 23 MAR 2015 - 20:48 CET

Un escrito de ocho folios, en los que se ponen de manifiesto casos de nepotismo y enchufismo, ha puesto en un atolladero al Tribunal de Cuentas de España y causado un profundo malestar entre sus 12 consejeros. El informe lo suscribe un funcionario que es letrado y técnico de auditoría del Tribunal, Fernando Clemente, y lo ha elevado al Tribunal de Cuentas de Europa justo cuando este órgano fiscaliza a su homónimo español tras el escándalo sobre nepotismo que salpica a esta institución. La inspección que desarrolla el citado tribunal de la UE responde a la batería de medidas antinepotismo y en pro de la transparencia que anunció el pasado 8 julio, durante su comparecencia extraordinaria ante el Congreso, el presidente del Tribunal de Cuentas Ramón Álvarez de Miranda.
Primera inspección

    Una comisión de expertos del Tribunal de Cuentas de la UE y del Tribunal de Cuentas de Portugal ha visitado varias veces Madrid para fiscalizar a a su homónimo español, salpicado por el escándalo del nepotismo que anida en su plantilla.
    Es la primera vez que el tribunal español se somete a fiscalización.

Lo hizo tras desvelar EL PAÍS que más de un centenar de los 650 empleados del órgano fiscalizador eran familiares entre sí y/o de altos cargos. Entre ellos, el propio presidente (que tiene a un sobrino y a su cuñada en el tribunal) y su vicepresidente, Javier Medina, cuyo hermano, hermana, esposa y una pariente de esta forman parte de la plantilla. Además, los dos máximos responsables del comité de empresa de los últimos años (de UGT), acumulan 16 parientes, entre esposas, exesposas, hijos, cuñadas, primos y amigos. Los puestos del Tribunal de Cuentas son muy codiciados porque sus sueldos están entre los más altos de la Administración.

Álvarez de Miranda se comprometió entonces a algo que nunca antes había sucedido: someterse a la fiscalización de expertos europeos. Para ello se ha formado una comisión con miembros del Tribunal de Cuentas de la UE y otros del portugués. Los consejeros del tribunal español (siete propuestos por el PP y cinco por el PSOE; uno de ellos consensuado con IU) no esperaban que aflorase el tema del nepotismo y no han ocultado su nerviosismo, según fuentes del tribunal. Sus colegas irlandeses, belgas y portugueses se han entrevistado con numerosos empleados y altos cargos de la institución y se han llevado abundante documentación para analizarla antes de emitir un informe.

Fuerte polémica por nombrar subdirector a un hermano del vicepresidente

Uno de los temas objeto de análisis es la gestión del personal. Y es aquí donde ha puesto el acento, mediante la entrega del citado escrito de ocho folios, el letrado Fernando Clemente, uno de los entrevistados por estos inspectores europeos. Clemente desgrana en su escrito, entre otros, el nombramiento en 2012 de Enrique Medina (hermano de Javier, número dos del Tribunal de Cuentas de España tras Álvarez de Miranda) como subdirector del área de Presidencia. Y señala que este asunto está judicializado en el Tribunal Supremo (como también lo estuvo el nombramiento de una hermana del exconsejero socialista Ciriaco de Vicente).

Medina fue gerente del Tribunal de Cuentas hasta 2012, cuando se renovó el pleno del tribunal que aupó a la presidencia a Álvarez de Miranda; y este decidió apartarle de la gerencia. Y se le buscó la citada plaza de subdirector. Pero este nombramiento ha estado plagado de polémica. Lo último es una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 4 de febrero (posterior a la entrega del escrito presentado por Clemente) que declara nula una corrección de errores que hizo el Tribunal de Cuentas con la finalidad de ajustar la citada plaza al perfil de Enrique Medina y evitar que otros con más méritos la pidieran. Inicialmente se puso como requisito para acceder a ella que el aspirante debía saber inglés y francés, entre otros requisitos. Pero al percatarse el tribunal de que el exgerente los incumplía se eliminó. La plaza, además, se habilitó con carácter de urgencia, a pesar de que no existía tal premura, según destaca en un demoledor informe el Abogado del Estado del Tribunal de Cuentas, Javier Borrego, quien describe a lo largo de 26 folios la cadena de irregularidades cometidas para adaptar esa plaza a Medina. El tribunal de Cuentas está a la espera de que el Supremo resuelva otros tres recursos (de momento sólo se ha pronunciado sobre uno de ellos, el antes citado) relacionados con el caso Medina.

Los expertos europeos se han reunido con numerosos empleados

El nombramiento de Medina para esa plaza fue objeto de tensión y debate en un pleno del Tribunal de Cuentas celebrado el pasado 20 de diciembre. La ponente de este asunto, la consejera a propuesta del PSOE Enriqueta Chicano (junto a su colega María Antonia Lozano) se negó a ratificar el nombramiento, y ambas emitieron votos particulares en contra. La mayoría de consejeros, no obstante, sí acabó apoyando a Medina para esa plaza. La carrera de Medina fue meteórica (llegó hasta gerente) a partir del nombramiento de su hermano como consejero en 2001 a propuesta del PP.

Fuentes del Tribunal de Cuentas explican así lo ocurrido: “Era necesario darle un acomodo, venía de ser gerente, y hay sentencias del Supremo que obligan a mantener en el tribunal y facilitar un puesto equivalente a quien deja de tener una responsabilidad”. “Eso no es verdad. Vale que se le busque una plaza tras dejar la gerencia, pero no tiene que ser en calidad de subdirector, hay otros puestos”, señalan fuentes del Supremo.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2036 en: 24 de Marzo de 2015, 10:38:49 am »
Que puta vergüenza.

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2037 en: 24 de Marzo de 2015, 10:39:38 am »
Como está Venezuela ¡¡¡

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2038 en: 24 de Marzo de 2015, 10:46:28 am »
Viva Honduras!!!!

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Re: Del poder judicial...
« Respuesta #2039 en: 02 de Abril de 2015, 14:31:04 pm »


Suspendido un juez de paz por negarse a tramitar matrimonios e incumplir el horario de audiencia porque "no venía nadie"
 

lainformacion.com

jueves, 02/04/15 - 10:44

El sancionado dejó de celebrar 19 juicios y 52 actos de conciliación y provocó que varios casos prescribieran
   
 

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión durante el plazo de un año y la imposición de una sanción de 600 euros impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a un juez de paz que se negó a tramitar expedientes previos a la celebración de matrimonios y fijó una hora semanal de audiencia pública seis meses después de su incorporación que acabó por no cumplir porque "no iba a venir nadie".

El juez, destinado en la localidad madrileña de Griñón, tomó posesión de su cargo en enero de 2012. Un año después, tras la llegada de una nueva secretaria al juzgado, se constata que, en ese plazo, se han dejado de celebrar 19 juicios de faltas y 52 actos de conciliación. El juez "tenía en su propia mesa de despacho la totalidad de estos procesos y no acordó nunca su señalamiento" lo que provocó la extinción de responsabilidad penal por prescripción en 14 casos.

En cuanto a los actos de conciliación, celebró el primero de ellos cuando ya llevaba un año en el cargo a pesar que bastaba con que dictara su admisión y fijara una fecha para celebrarlos.

"ACUDAN A LA POLICÍA"

El responsable del Juzgado de Paz de Griñón decidió, además, no estar presente en la audiencia prevista en los expedientes de matrimonio civil y colocó un cartel en que se avisaba que este trámite debía hacerse "única y exclusivamente ante la secretaria". "Si se negase a realizar el acto, por favor acudan a la policía", añadía.



Su actitud provocó que algunas de las comparecencias tuvieran que suspenderse y que, en algún caso, los contrayentes renunciaran a tramitar allí su matrimonio.

Pese a haber tomado posesión de su cargo en enero, el sancionado no fijó horario de audiencia hasta el verano y lo hizo tras una denuncia interpuesta por un funcionario. Previó entonces atender durante una única hora a la semana pero no acudía en todas las ocasiones y si iba se marchaba al poco tiempo.

El juez dejó de acudir a la sede judicial después de que la secretaria judicial se diera de baja. Tras recibir una comunicación de la alcaldesa del municipio sobre el perjuicio que provocaba su actitud, alegó: "Tengo bastante claro que si hubiera encontrado otro trabajo, yo ya me habría largado de aquí".

El juez de paz es el órgano jurisdiccional un municipio que carece de juzgado de primera instancia y suele ocuparse de asuntos de poca relevancia. Tienen a su cargo los registros del estado civil, nacimientos o defunciones. El único requisito para ser nombrado como tal por el consistorio es ser mayor de edad y no tener antecedentes penales.

(EuropaPress)