Autor Tema: Servicios y unidades de inteligencia  (Leído 87557 veces)


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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #601 en: 20 de Abril de 2022, 09:06:35 am »


El Gobierno ofrece diálogo pero el Govern lo congela por el espionaje de Pegasus


Aragonès exige una reunión con Sánchez y La Moncloa se abre a reactivar ya la mesa
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, comparece en el Palau para valorar el caso de espionaje a 60 independentistas.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, comparece en el Palau para valorar el caso de espionaje a 60 independentistas.
KIKE RINCON (EUROPA PRESS)
CARLOS E. CUÉCAMILO S. BAQUERO
Madrid / Barcelona - 20 ABR 2022-05:40 CEST
La guerra y la inflación siguen y el Gobierno acumula, además, un nuevo problema político: una inesperada tensión con la Generalitat por el caso del espionaje al president, Pere Aragonès, y hasta a 60 líderes independentistas desde 2017 hasta 2020, ya con Pedro Sánchez en el poder —llegó en junio de 2018—. El Ejecutivo multiplicó este martes mensajes públicos y gestiones privadas discretas para intentar reconducir la situación y aplacar el malestar de los independentistas, y está abierto a cualquier tipo de formato que permita recuperar la confianza, entre ellos reactivar la mesa de diálogo, que ya tenía los trabajos previos bastante avanzados aunque no había fecha cerrada.


Sin embargo, la Generalitat ha decidido suspender las “relaciones políticas” con el Ejecutivo y, por tanto, cualquier posibilidad de diálogo o de reactivar la mesa, hasta que -pidió Aragonès- “se inicie una investigación interna con supervisión independiente, para aclarar responsabilidades” sobre el caso del espionaje. El Gobierno insiste en que ellos no tienen nada que ver con este asunto, y aseguran que en España no hay escuchas sin orden judicial, pero la Generalitat recuerda que esta tecnología solo se vende a Gobiernos, por lo que duda de la palabra del Ejecutivo.

Fuentes del Gobierno señalan que Sánchez está dispuesto a reconducir la situación y entre el lunes y el martes ha habido un contacto permanente entre los equipos de los dos presidentes, pero de momento no se ha cerrado aún un formato —reunión entre los líderes o mesa de diálogo— ni una fecha.


El Gobierno lanzó varios mensajes en privado y en público a la Generalitat para recordarle que sigue con la mano tendida y para reivindicar los pasos dados hasta ahora, como la mesa de diálogo o los indultos, aunque no llegaron a citarlos expresamente. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, recordó que desde que Sánchez está en La Moncloa las cosas han cambiado de forma notable en Cataluña y la relación ya no es la misma que con los Gobiernos del PP. “En Cataluña el Gobierno ha trabajado en la desjudiciali zación del conflicto”, señaló Rodríguez. “Gracias al empeño de la sociedad y a la determinación del Gobierno, la situación no se parece en nada a la de 2017 o 2019. El Gobierno ha dado muchas muestras de compromiso en Cataluña”.

El Ejecutivo y la Generalitat no han roto puentes en ningún momento y, de hecho, los trabajos para preparar la convocatoria de la mesa de diálogo ya estaban casi ultimados, según fuentes del Gobierno. El PSOE y Unidas Podemos han tratado de cuidar en todo momento la relación con los independentistas, en especial con ERC, socio clave en la mayoría de la investidura, y van a intentar por todos los medios que este nuevo escándalo no la enturbie.

La Generalitat, por el contrario, subió mucho el tono. Su respuesta al escándalo del espionaje será congelar las relaciones políticas con el Gobierno central hasta que este ponga en marcha una investigación interna sobre el caso y se depuren responsabilidades. Así lo anunció el president, Pere Aragonès, que compareció este martes acompañado de todos sus consejeros, asegurando que “las cosas no pueden seguir igual” tras conocerse el monitoreo a los móviles.


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Ni Aragonès ni el vicepresident Jordi Puigneró especificaron cómo sería esa congelación, aunque aclararon que seguirán “las reuniones de carácter técnico” entre los dos Ejecutivos. El también líder de ERC, que está en la lista de espiados y denunció que no tenía la seguridad de que sus comunicaciones sean privadas, anunció que presentará una denuncia por violación a su derecho a la intimidad. “La muestra de que hay un conflicto político en Cataluña es que nos han estado espiando”, añadió Aragonès. Para el president, la confianza mínima construida en los últimos años con Sánchez ha quedado gravemente tocada y solo la “transparencia” puede reconstruirla, aseguró.

Se verán afectadas reuniones de carácter más político como las de la comisión bilateral o la conferencia de presidentes, aunque Aragonès recordó sus dudas sobre este último foro. Las reuniones sectoriales continuarán. El Govern, dijo, no se levanta de la mesa de diálogo. La posición intenta sintetizar la idea de Junts de romper con el Gobierno ante la evidente falta de confianza y la voluntad de ERC de que el diálogo continúe, para enviar un mensaje de seriedad a la comunidad internacional.

Aragonès condicionó el regreso a la normalidad a que Sánchez inicie una investigación interna, con supervisión independiente, para depurar responsabilidades dentro del Gobierno y muy especialmente en el CNI, el órgano al que los independentistas señalan como responsable. También que en el Congreso se apruebe una comisión de investigación que propondrán los partidos nacionalistas. “Queremos saber qué responsabilidades tienen y quién autorizó el espionaje”, puntualizó. El Gobierno ofrece como solución que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparezca en el Congreso para dar explicaciones, algo que ya ha solicitado.


La Moncloa, según Aragonès, no ha ofrecido ninguna explicación sobre el monitoreo de los móviles, por ejemplo, de los últimos tres presidentes de la Generalitat. “La pelota está en el tejado del Gobierno”, insistió el líder de ERC, que instó a Sánchez a tener una reunión “cara a cara” para que se explique cuál ha sido la participación del Estado. Según Citizen Lab, el observatorio canadiense que destapó el espionaje, el teléfono de Aragonès fue intervenido en enero de 2020, mediante un mensaje de SMS que simulaba ser el enlace a un medio de comunicación. En octubre de 2019, hay registros de otro intento de entrada, que no funcionó.

El Gobierno vive con preocupación esta inesperada tensión con la Generalitat, pero confía en poder reconducir la situación e incluso pactar una reunión de la mesa de diálogo. Ya se vivió una crisis parecida con la detención de Carles Puigdemont en Italia, y finalmente pudo ser resuelta. El Ejecutivo mantiene muchas leyes importantes en cartera y una situación económica delicada y no puede permitirse ahora una fractura de U frágil  mayoría.

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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #602 en: 21 de Abril de 2022, 08:08:46 am »
Con Pegasus....y sin él.


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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #603 en: 21 de Abril de 2022, 17:27:25 pm »

El PSOE pide desbloquear la Comisión de Secretos del Congreso para investigar el 'Catalan gate'


Archivo - La portavoz del PSOE en el Senado y exportavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados. Foto de archivo
Archivo - La portavoz del PSOE en el Senado y exportavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados. Foto de archivo David Zorrakino - Europa Press - Archivo
EP

BARCELONA —
21 de abril de 2022 11:39 h
0

Granados critica que “se hagan denuncias sin tener pruebas” y recomienda ir a los tribunales


BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)


La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha instado a los grupos parlamentarios del Congreso a desbloquear la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara baja para poder investigar el caso de presuntos espionajes a políticos y activistas independentistas, conocido como 'Catalan gate'.

“Tenemos un problema dentro de la representación de la soberanía del país. La comisión necesita de mayorías cualificadas para constituirse. Hay algunos grupos que no quieren que haya otros grupos en la comisión y no se ponen a ello”, ha criticado Granados en referencia al PP, en una entrevista este jueves en Ser Catalunya recogida por Europa Press.


La portavoz socialista ha defendido que todos los grupos del Congreso estén representados en esta Comisión y ha pedido poner el foco en esta cuestión y no en responsabilizar al Gobierno central del presunto espionaje: “Me incomoda que se hagan denuncias sin que se tengan pruebas y dando por hecho quién ha hecho estos espionajes”.

EL GOBIERNO “NO TIENE NADA QUE VER”


Granados ha lamentado que el independentismo acuse al Gobierno y al CNI de estar detrás de estos casos de presunto espionaje, ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “no tiene nada que ver”, y ha recomendado que las personas que se hayan visto afectadas vayan a los tribunales a denunciarlo.

“Es fácil imputar al CNI actuaciones porque no se puede defender”, ha afirmado Granados, que ha insistido que se debe poner el foco en el control parlamentario y en constituir la Comisión de Secretos, donde la directora del CNI podría dar todas las explicaciones y comparecer sin cortapisas, ha dicho textualmente la portavoz socialista.

Granados también ha apostado por “tejer confianzas y responsabilidades” entre el Gobierno y el Govern, y ha confiado en que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puedan reunirse o mantener una conversación telefónica para hablar sobre este caso, tal y como ha reclamado el presidente catalán.

La portavoz socialista considera que Aragonès tiene voluntad para seguir construyendo y colaborando con las reformas que impulsa el Gobierno central, y ha constatado las diferencias que hay entre Junts y ERC en este sentido: “Hay voluntad en una parte del independentismo y en la totalidad del Gobierno” para restablecer la confianza, ha zanjado.


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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #604 en: 24 de Abril de 2022, 08:03:25 am »

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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #605 en: 26 de Abril de 2022, 18:30:50 pm »

El Congreso desbloquea la comisión de secretos oficiales y reduce la mayoría para poder incorporar a ERC y Bildu


Batet presenta una resolución en la Mesa y la Junta de Portavoces que será apoyada por la mayoría de ambos órganos “ante la imposibilidad del acuerdo” para formar la comisión por los vetos cruzados
— ERC amenaza con tumbar el decreto de medidas frente a la guerra por el espionaje
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet
La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet Marta Fernández Jara - Europa Press
Iñigo Aduriz

26 de abril de 2022 11:44 h
Actualizado el 26/04/2022 13:26 h
0

El Congreso de los Diputados desbloqueará este martes la constitución de la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, conocida comúnmente como la comisión de secretos oficiales, que lleva sin reunirse tres años por los vetos cruzados entre los grupos a la hora de votar su composición. Hasta ahora era necesario que la entrada de los distintos grupos fuese aprobada por tres quintos –210 diputados– de la Cámara Baja.


El Gobierno asume la gravedad del espionaje al independentismo pero sus medidas no convencen a sus aliados

SABER MÁS
Pero la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ateniéndose al artículo 32.2 del Reglamento de la Cámara, ha presentado esta mañana ante la Mesa y la Junta de Portavoces una resolución para reducir el requisito a una mayoría absoluta. Una vez concluido el Pleno de este martes se reunirán de nuevo ambos órganos para votar acerca del cambio del reglamento, que saldrá adelante por la mayoría que ostentan en ambos el Gobierno y los socios que le apoyan.

El Gobierno podrá cumplir así con uno de los compromisos adquiridos el domingo por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con la Generalitat de Catalunya, para incluir en la citada comisión a los partidos que conforman el Govern catalán, ERC y Junts, así como otros partidos vetados por la derecha, como EH Bildu. Y todo ello a raíz de la polémica generada por la información hecha pública por los investigadores de Citizen Lab acerca del espionaje a 66 dirigentes independentistas a través del sistema Pegasus que solo pueden adquirir los gobiernos.

“La Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados debería haberse constituido desde el inicio de la legislatura”, ha recordado Batet en una comparecencia ante los medios. “Es por tanto una anomalía democrática que dos años y medio después del inicio de la misma, la comisión no se haya podido constituir por falta de los acuerdos necesarios”, ha recalcado. Su “voluntad”, ha dicho, “ha sido conseguir que esta constitución pudiera llevarse a cabo”, y para ello se ha reunido con varios grupos, aunque ha constatado la imposibilidad de conformar la comisión.


Batet ha recordado la Resolución de la Presidencia de 11 de mayo de 2004 que “establece, en primer lugar, que el Gobierno facilitará la información recabada” en materia de secretos oficiales “a un diputado por cada Grupo Parlamentario”, por lo que “prevé la representación de todos los grupos parlamentarios” en la comisión. También ha dicho la presidenta del Congreso que “la regulación actual es fruto de la clara voluntad de que todos los grupos parlamentarios cuente con un diputado que pueda acceder a la información clasificada como secreta”.

“En este momento, los vetos de diferentes grupos parlamentarios impiden constituir la Comisión de Gastos Reservados, al incumplir ese mandato fundamental de la resolución. En consecuencia, el Parlamento no puede asumir el control de los secretos oficiales y de los gastos reservados, dejando así sin efecto el mandato constitucional de control de la actividad del Gobierno, lo cual creo que debe ser una prioridad: el Parlamento está para controlar al Gobierno”, ha añadido.


Con todo, “con el ánimo de superar el bloqueo actual, hacer posible el cumplimiento de las funciones constitucionales del Congreso y a la vez mantener el principio fundamental de la normativa actual de acceso de todos los grupos parlamentarios con el que se llevaron a cabo las resoluciones anteriores”, Batet ha justificado la “propuesta de nueva resolución para recabar el parecer favorable, de modo que la elección de los representantes de los grupos parlamentarios para formar parte de la misma pase a ser por mayoría absoluta”.

“Se trata de una modificación coherente con las modificaciones anteriores, movidas todas ellas por la finalidad de garantizar el pluralismo político de la Cámara, el principio de representación y el principio de participación, con clara voluntad de que todos los grupos parlamentarios tuvieran representación en dicha Comisión. Se trata, en fin, de conciliar, de un lado, la exigencia de que sea el Pleno el que elija los diputados habilitados para acceder a la información clasificada mediante una mayoría cualificada y, por otro lado, el que cada Grupo Parlamentario cuente con un diputado”, ha concluido

Ante la “imposibilidad” del acuerdo
Fuentes de la Presidencia del Congreso han explicado a elDiario.es que el cambio del reglamento se promulga por parte de Batet “ante la imposibilidad de que haya acuerdo” entre los grupos para lograr esos tres quintos necesarios para aprobar los integrantes de la comisión de secretos oficiales.

La modificación, insisten, se realiza en base al artículo 32.2 del reglamento, que establece que “corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión”. “Cuando en el ejercicio de esta función supletoria se propusiera dictar una resolución de carácter general, deberá mediar el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces”, apunta el texto.

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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #606 en: 02 de Mayo de 2022, 10:30:46 am »

El Gobierno denuncia que Sánchez y Robles han sido espiados con Pegasus


Pedro J. Gallardo
02/05/AM
Foto: Europa Press
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha confirmado que la justicia ya tiene conocimiento de dos informes que detallan el hackeo de sus teléfonos móviles.
Accedieron al terminal de Sánchez en mayo de 2021; al de Robles, un mes después.

EUROPA PRESS / MADRID
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha anunciado que el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido infectados con el software Pegasus.

Bolaños ha señalado que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional en los que se detallan los hechos.


Así lo ha manifestado este lunes el ministro Bolaños durante su intervención en una convocatoria de urgencia este lunes 2 de mayo en La Moncloa, junto a la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez.

El ministro ha destacado que se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente del Gobierno en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. "No hay pruebas de ninguna intrusión posterior a estas fechas", ha afirmado.

El software Pegasus, según ha explicado Bolaños, permite acceder al contenido de los teléfonos móviles.


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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #607 en: 02 de Mayo de 2022, 21:32:54 pm »
Que casualidad...


El Gobierno denuncia que Sánchez y Robles han sido espiados con Pegasus


Pedro J. Gallardo
02/05/AM
Foto: Europa Press
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ha confirmado que la justicia ya tiene conocimiento de dos informes que detallan el hackeo de sus teléfonos móviles.
Accedieron al terminal de Sánchez en mayo de 2021; al de Robles, un mes después.

EUROPA PRESS / MADRID
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha anunciado que el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido infectados con el software Pegasus.

Bolaños ha señalado que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional en los que se detallan los hechos.


Así lo ha manifestado este lunes el ministro Bolaños durante su intervención en una convocatoria de urgencia este lunes 2 de mayo en La Moncloa, junto a la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez.

El ministro ha destacado que se han producido dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente del Gobierno en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. "No hay pruebas de ninguna intrusión posterior a estas fechas", ha afirmado.

El software Pegasus, según ha explicado Bolaños, permite acceder al contenido de los teléfonos móviles.

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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #608 en: 03 de Mayo de 2022, 09:48:45 am »
De un Centro sin control parlamentario durante tres años...


La Audiencia Nacional ve un "escaso recorrido" a la denuncia por el espionaje a Robles y Pedro Sánchez


Aunque se constate el 'hackeo', la dificultad de conocer a sus responsables puede conducir al archivo del caso.
3 mayo, 2022 04:20GUARDAR
 AUDIENCIA NACIONAL CNI ESPIONAJE GOBIERNO DE ESPAÑA MARGARITA ROBLES PEDRO SÁNCHEZ
María Peral  @Maria_peral
La Audiencia Nacional incoará este martes diligencias sobre la denuncia interpuesta por la Abogacía del Estado en relación con la infección de los móviles oficiales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el programa de ciberespionaje Pegasus.



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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #609 en: 03 de Mayo de 2022, 13:34:44 pm »

PSOE y PP tumban la comisión de investigación de Pegasus en el Congreso


María Muñoz Morillo
03/05/PM
Sánchez junto a Feijóo. Alberto Ortega / Europa Press.
Cs y Vox también han votado en contra de la comisión, propuesta por Podemos y otras nueve formaciones.
Pedro Sánchez sí se verá obligado a comparecer en la Cámara por este caso sobre el posible espionaje a políticos.

EUROPA PRESS/MADRID
El PSOE ha rechazado este martes, con apoyo de PP, Vox y Ciudadanos, debatir en el Congreso la comisión de investigación pedida por su socio de Unidas Podemos y otros nueve partidos sobre el supuesto espionaje a independentistas catalanes. Sin embargo, no ha podido evitar que el presidente Pedro Sánchez comparezca ante el Pleno por este asunto.

La comisión de investigación, registrada tras publicarse en 'The New Yorker' el informe de 'Citizen Lab' sobre espionaje con el programa 'Pegasus' a políticos llevaba también la firma de ERC, Junts, PDeCAT, Bildu y la CUP, partidos directamente afectados, así como otros aliados parlamentarios del Ejecutivo de coalición, como el PNV, Más País-Equo y Compromís, y también el BNG. En la Junta de Portavoces de este martes, los partidos proponentes intentaron que la comisión pudiera debatirse en el Pleno de la próxima semana, pero el PSOE se ha opuesto y se ha salido con la suya al sumar los votos del PP, de Vox y de Ciudadanos.


El portavoz socialista, Héctor Gómez, ha explicado en rueda de prensa que la intención del Gobierno es esperar primero a las explicaciones sobre este asunto que va a ofrecer esta semana la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban López, en la recién constituida comisión de Gastos Reservados.

Pero en la misma reunión se ha votado la petición de los partidos independentistas, junto con Más País y Compromís, para que el presidente del Gobierno compareciese en el Pleno del Congreso por el caso del espionaje, y aunque en este caso el PSOE y Unidas Podemos han votado juntos, no han podido evitar la citación de Sánchez, que sí ha sido apoyada por el PP. Queda pendiente de poner fecha, pero el PSOE insiste en que es mejor esperar a las explicaciones prometidas del CNI y de Defensa.

En todo caso, el presidente del Gobierno ya tiene pendiente otra comparecencia ante el Pleno del Congreso para hablar de las consecuencias de su apoyo al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, que fue aprobada hace una semana en la Junta de Portavoces y en la que podría incluirse este asunto, a tenor de la práctica habitual de Moncloa.


Además, este miércoles está prevista la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para informar sobre la aprobación de la Brújula Estratégica de la Unión Europea. En su día, el Gobierno ofreció que Robles diera cuenta de la polémica de las escuchas en esa sesión.


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« Respuesta #610 en: 04 de Mayo de 2022, 18:39:07 pm »
Me vale...



Caso Pegasus

La "policía patriótica", la brigada del PP que Sánchez no depuró y que podría estar detrás del espionaje


El Gobierno baraja dos hipótesis por el espionaje: Marruecos o las "cloacas del Estado". No se descartan vestigios de la "policía patriótica", una brigada que operó de forma ilegal con Rajoy que el PSOE no depuró de raíz.

El comisario Villarejo, integrante de esta brigada conocida como "policía patriótica".   Europa Press
Por Andrés Actis (Madrid)
04/05/2022
El Gobierno maneja dos grandes hipótesis sobre los autores del espionaje contra los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles: Marruecos o las "cloacas del Estado". Ambas especulaciones son muy incómodas. En ambas posibilidades, el PSOE paga un alto coste político.

Si el hackeo llegó desde Rabat, el Ejecutivo está obligado a romper unas relaciones diplomáticas que acaba de recomponer (de apostar de forma estratégica) tras su brusco giro en el Sáhara Occidental.

Si las infiltraciones las hicieron las "cloacas del Estado" -término utilizado para definir el poder clandestino que, desde hace décadas, opera en los subsuelos del Palacio de la Moncloa-, el Ejecutivo está obligado a reconocer que no depuró un "mal" que prometió desterrar.

Marruecos o las "cloacas del Estado": las hipótesis que maneja el Gobierno sobre el espionaje

En las charlas de pasillo, algunos barones socialistas le dan credibilidad a los cabos sueltos atados por Podemos. ¿Con qué objetivo Marruecos va a espiar a los líderes catalanes?, preguntan desde la formación morada, que ponen a este interrogante como prueba para debilitar la hipótesis de Rabat.

Para UP, hay "un actor" con capacidad e interés en concretar este doble espionaje (Gobierno e independentistas): la "policía patriótica", una brigada paraestatal del PP que operó de forma ilegal durante la primera legislatura de Mariano Rajoy que Sánchez nunca depuró de raíz.

Si las infiltraciones las hicieron las "cloacas del Estado", el Ejecutivo está obligado a reconocer que no depuró un "mal" que prometió desterrar

Se trata de parte de la excúpula del Cuerpo Nacional de Policía, un grupo de agentes de confianza de Jorge Fernández Díaz (en ese momento titular de la cartera de Interior) al servicio de intereses oscuros y clara vinculación política. El más conocido: el comisario José Villarejo.


 Mariano Rajoy junto a Jorge Fernández Díaz, su ministro del Interior.

Uno de los supuestos cometidos por esta brigada -de ahí su nombre- era obtener datos sobre casos de corrupción de dirigentes catalanes independentistas. Sus actuaciones ilegales se destaparon a raíz de las grabaciones e intervenciones telefónicas del caso del pequeño Nicolás, el joven estudiante de Derecho que entre 2012 y 2014 se infiltró en las altas esferas del poder político y económico español.

¿Por qué los servicios secretos no evitaron el espionaje a Sánchez? La bronca de Moncloa con el CNI

La banda también espió a Podemos, según las pruebas ventiladas en el juicio (2020) en el que sentaron dos sus principales integrantes: Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía y su subordinado el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano. Un juez los investigó por el espionaje realizado contra Jordi Pujol Ferrusola, empresario e hijo del expresidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Pujol.

Según desveló hace tiempo el diario Público, Pino fue el encargado de gestionar la compra en 2014 del software Pegasus, adquirido ilegalmente con fondos reservados. "Esta hipótesis me cuadra más", admitió el exvicepresidente Pablo Iglesias al hilvanar todos estos datos.

Podemos exige a Sánchez cambios en el CNI para retener a ERC y salvar el bloque de investidura

"Me cuadra más porque no es la primera vez que pasa. Patriotas de uniformes saltándose la ley para proteger a España de un Gobierno que ministros de Podemos que te quieren expropiar la casa de la playa y de los separatistas que quieren romper la patria. Es verosímil porque ya ha pasado. De hecho es un continuo de los dos últimos siglos", argumentó el exlíder de Podemos. Y agregó: "Si esto es así, y puede ser así, por dignidad la ministra de Defensa y el ministro del Interior se tienen que ir".

Según desveló hace tiempo el diario Público, esta brigada compra en 2014 del software de espionaje Pegasus, adquirido ilegalmente con fondos reservados

Sobre Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior) recayó la responsabilidad de depurar "cualquier resquicio" de esta brigada ilegal. "Está destapando la policía patriótica y por eso le atacan", lo defendió tiempo atrás Pedro Sánchez cuando el PP lo atacó durante la gestión de la pandemia.

Marlaska nunca destapó toda la cacerola. El espionaje a su jefe político podría ser consecuencia de esa inconclusa tarea

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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #611 en: 10 de Mayo de 2022, 10:53:13 am »
Destituida la directora del CNI.

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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #612 en: 10 de Mayo de 2022, 11:14:20 am »
Era la cabeza más fácil de cortar, la cuestión es saber si esa cabeza será suficiente para satisfacer a ERC. . . veremos. . .

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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #613 en: 10 de Mayo de 2022, 17:14:46 pm »
Menudo sinvergüenza Antonio Sánchez.

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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #614 en: 10 de Mayo de 2022, 19:36:04 pm »

DIVISIÓN EN EL TRIBUNAL

El Supremo rechaza expulsar de urgencia a Yolanda Díaz de la comisión del CNI


Tres de cinco magistrados rechazan la suspensión cautelar del decreto que oficializó la entrada de la vicepresidenta a pesar de que el TC consideró inconstitucional que se hiciera con Pablo Iglesias
Foto: Yolanda Díaz. (EFE/Fernando Alvarado)
Yolanda Díaz. (EFE/Fernando Alvarado)
Por
Beatriz Parera
10/05/2022 - 16:47 Actualizado: 10/05/2022 - 17:51
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado este martes la petición, planteada por Vox, de suspensión cautelar de los efectos del real decreto por el que se formalizó la inclusión de Yolanda Díaz en las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. En un auto, los magistrados no ven motivos para atender la solicitud, ya que no se han acreditado "daños al interés general" por su permanencia hasta que el alto tribunal dicte sentencia.

De la decisión, que se ha adoptado con la oposición de dos de los cinco magistrados que participaron en la deliberación del asunto, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social tiene, además, en cuenta que el rechazo a la suspensión no afecta a la eficacia de una hipotética sentencia futura en la que se estimaran las pretensiones del partido de Santiago Abascal. El auto cuenta con un voto particular en el que se hace mención de la sentencia que dictó el Tribunal Constitucional sobre el acceso a esta misma comisión de Pablo Iglesias. En mayo de 2021, se declaró inconstitucional el artículo 6.2 de la Ley 11/2002, reguladora del CNI, que permitía integrar en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia a los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno. En opinión de los dos magistrados discrepantes, ese fallo habría permitido estimar que se suspendiera cautelarmente la vigencia de la norma impugnada. Vox recurrió precisamente con base en esta sentencia del TC. Díaz pasó a sustituir a Iglesias cuando este dimitió para concurrir a las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Los motivos del TC
La resolución del tribunal de garantías se dictó también en respuesta a un recurso de Vox. El TC tumbó la entrada de Iglesias en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia argumentando que se hizo un uso abusivo de la figura del real decreto. "La sentencia considera que no concurre en el presente caso este presupuesto inexcusable, la extraordinaria urgencia y necesidad, que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento", explicaba el tribunal. "Acudiendo a una jurisprudencia consolidada en esta materia, se pone de manifiesto que el Gobierno no justificó la extraordinaria urgencia de esta medida en el procedimiento de elaboración de la norma; ni la misma guarda coherencia con los motivos generales que determinaron la aprobación del Real Decreto-ley 8/2020, y que no se discuten". La polémica que se ha alargado con Díaz arrancó el 25 de febrero de 2020, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un primer decreto que, entre otras funciones, regulaba los miembros de la comisión delegada del CNI. El texto incluía como novedad a Iglesias: "Asistirán a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de Defensa; el ministro del Interior; el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, y la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital". Cinco días después, Vox recurrió ante el Supremo ese decreto: argumentaba que el Gobierno había cometido un error jurídico al no cambiar la ley que regula el CNI y que solo prevé que un vicepresidente esté en esa comisión. A la vista de que este razonamiento podía prosperar, el Ejecutivo aprovechó entonces el decreto ley de ayudas contra el coronavirus y, sin anunciarlo al público, incluyó una disposición final con la que cambiaba la ley del CNI para blindar la incorporación de Iglesias. Como respuesta, Vox presentó entonces un recurso de inconstitucionalidad: "El Gobierno no puede aprovechar la declaración de un estado de excepción para introducir modificaciones normativas que nada tienen que ver con esa situación". "Ninguna conexión existe entre tratar de abordar la situación económica, sanitaria y social producida por el covid-19 y colmar la ambición del vicepresidente segundo del Gobierno", sostenía en su escrito.

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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #615 en: 26 de Mayo de 2022, 10:35:18 am »

Pedro Sánchez en el Congreso, en directo | Gamarra, al presidente del Gobierno: “Presiente que pronto estará en la oposición”


El presidente anuncia una nueva ley de secretos oficiales y una reforma legislativa para reforzar el control del CNI. Además contrapone el cumplimiento de la Constitución del Ejecutivo en el ‘caso Pegasus’ con los audios de la corrupción del PP difundidos por EL PAÍS en los últimos días
Pedro Sánchez, en el Congreso, el pasado 27 de abril.
Pedro Sánchez, en el Congreso, el pasado 27 de abril.
CLAUDIO ÁLVAREZ
EL PAÍS
ACTUALIZADO: 26 MAY 2022 - 10:29 CEST
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha arrancado su intervención monográfica para dar explicaciones sobre el caso Pegasus en el Congreso con una defensa del cumplimiento de la Constitución por parte del Ejecutivo actual y un ataque a los casos de corrupción de los gobiernos pasados del PP. “Hemos escuchado audios de vergüenza ajena”, ha manifestado, sobre los audios secretos de la corrupción que viene publicando EL PAÍS en los últimos días. “El Gobierno ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los servicios de inteligencia”, ha manifestado con respecto a la utilización del programa israelí por parte del CNI, que ha terminado provocando la destitución de Paz Esteban después de que confirmara el espionaje legal y autorizado con el programa de espionaje Pegasus a 18 independentistas, incluido Pere Aragonès. Sánchez ha intentado explicar a sus socios parlamentarios y a la oposición las medidas con las que quieren dejar atrás los escándalos del espionaje a líderes independentistas y la brecha de seguridad que supuso el uso de ese mismo programa contra la propia cúpula del Ejecutivo con el hackeo del móvil de Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Recién llegado del Foro de Davos, ha llevado a la sesión como anuncio estrella un cambio profundo en la ley del CNI, de 2002 para aumentar controles judiciales e internos en los servicios de inteligencia españoles. También una nueva ley de información clasificada, que sustituye a la ley de Secretos Oficiales de 1968, y que se desclasifiquen las autorizaciones de espionajes que pida la Audiencia Nacional.



Pleno monográfico sobre el espionaje en el Ejecutivo y a líderes independentistas, en directo.
Foto: JUAN CARLOS HIDALGO (EFE)
Gamarra, a Sánchez sobre el espionaje con Pegasus: “¿Espiaron su teléfono oficial o el personal? ¿Esa información le puede comprometer a usted?”
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, da la réplica a la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cámara baja: “Usted sabe perfectamente que tiene en el PP un apoyo firme para temas sensibles para el Estado”, dice Gamarra, que afirma que Sánchez no puede contar con Podemos para este tipo de asuntos: “No podrán contar con la mitad de su Gobierno: ahí está la guerra de Ucrania y ahí está la cumbre de la OTAN”. Gamarra acusa a Sánchez de “escaso sentido de estado” y “poco respeto por las instituciones”.

Gamarra saca a colación ahora la utilización del programa israelí por parte del CNI, que ha terminado provocando la destitución de Paz Esteban después de que confirmara el espionaje legal y autorizado con el programa de espionaje Pegasus a 18 independentistas, incluido Pere Aragonès. “Comparece esta mañana porque su ministro de Presidencia, en un ejercicio de torpeza sin parangón, hizo público en rueda de prensa que su móvil, el de la ministra de Exteriores, de Defensa y posteriormente el de Interior y el de Agricultura, antiguo embajador en Marruecos, habían sido espiados a través del sistema Pegasus. Es decir, nos comunicó que había sido atacado el Gobierno, que es el responsable político de la seguridad nacional, en mayo y junio de 2021, cuando vivíamos una de las mayores crisis diplomáticas con Marruecos. Esa rueda de prensa del señor Bolaños fue un ejercicio inaudito de debilidad, ante sus socios y ante la comunidad internacional y, además, a escasos dos meses de acoger en Madrid la cumbre de la OTAN. ¿A quién se le ocurrió esa idea? ¿Sigue sentado en el Consejo de Ministros?”, le pregunta Gamarra.

La portavoz del PP le exige al presidente que explique qué tipo de material le fue sustraído del teléfono móvil. “¿Espiaron su teléfono oficial o el personal? ¿Hablamos de documentos, de vídeos, de whatsapps? ¿Puede poner en peligro la seguridad de España el material sustraído? ¿Es información sensible que le puede comprometer a usted? A estas alturas, y por su silencio, los españoles no saben si tienen un presidente libre en sus decisiones o atado de pies y manos”, dice Gamarra, que anuncia que el PP acaba de registrar una solicitud de convocatoria de gastos reservados para que el Gobierno dé más información sobre el hackeo a los móviles.

10:29
Gamarra, a Sánchez: “Ha comenzado su intervención actuando como líder de la oposición. Presiente que pronto estará ya allí”
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, da la réplica a la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cámara baja: “Señor presidente, ha comenzado su intervención actuando más como líder de la oposición que como presidente del Gobierno. Presiente que pronto estará ya allí”, empieza Gamarra, en referencia a las palabras de Sánchez sobre los audios secretos de la corrupción que ha publicado EL PAÍS y que afectan a exdirigentes del PP, como María Dolores de Cospedal.

Gamarra ha acusado a Sánchez de denigrar a los guardias civiles y a los policías nacionales que el Gobierno de Mariano Rajoy envió a Cataluña en 2017 durante la crisis secesionista. La portavoz del PP en el Congreso ha afirmado que el presidente debe pedir perdón a los agentes por llamarlos “piolines”, a pesar de que el Ejecutivo ha afirmado que cuando Sánchez usó esa expresión la semana pasada se refería a los tres barcos que envió el Ejecutivo para alojar a los policías, uno de los cuales tenía un estampado de Piolín.

10:13

El Gobierno anuncia una nueva ley de secretos oficiales y una reforma legislativa para reforzar el control del CNI
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Nuestro servicio de inteligencia requiere que su marco regulatorio evolucione de forma que pueda enfrentarse con éxito a los retos. Les anuncio dos iniciativas legislativas para modernizar el marco regulatorio de los servicios de inteligencia de nuestro país".

"El Gobierno va a aprobar una nueva ley de información clasificada". La anterior norma fue aprobada en 1968, recuerda Sánchez. "Es impostergable que la norma se adapte a los principios democráticos constitucionales, así como a los mayores estándares internacionales".

Sánchez ha anunciado también una reforma legislativa para reforzar el control del CNI.
 

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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #616 en: 02 de Junio de 2022, 09:25:27 am »

El CNI bloquea la concesión del pasaporte español a un marroquí por ser un musulmán extremista contrario a la igualdad de género


Frente a la opinión de dos jueces y un fiscal, el servicio de inteligencia alertó que era afín al movimiento rigorista tabligh
Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
photo_cameraCentro Nacional de Inteligencia (CNI).
A.R.E. chevron_right 02/06/22 access_time 1:02
Una vez difuminada la amenaza de ETA, el terrorismo yihadista se ha convertido en uno de los principales objetivos de las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia. El CNI vigila con atención a los radicales islamistas que viven en España.

En esta misión antiterrorista, el servicio de inteligencia ha conseguido que la Audiencia Nacional avale su recomendación de no conceder la nacionalidad española a un ciudadano marroquí.

Confidencial Digital ha consultado una sentencia reciente de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que confirma la decisión del Ministerio de Justicia de denegarle la nacionalidad a ese hombre.

Los jueces, a favor
El recurrente era, en el momento de solicitar la nacionalidad española por residencia, menor de edad. Su padre, como representante legal, inició los trámites para que se le concediera el pasaporte español.

Tanto un juez de paz, como un fiscal, como el juez encargado del registro civil de Plascencia (donde se hizo la solicitud) informaron favorablemente a favor de la concesión de la nacionalidad, al considerar que el joven acreditaba su integración en España.

En los trámites para acreditar la buena conducta e integración en la sociedad española, interviene en ocasiones el CNI. No es infrecuente que el servicio de inteligencia se oponga a la concesión de la nacionalidad, o del visado para entrar en España, y en ocasiones consiga vetar a extranjeros vinculados al islamismo radical o con conexiones con el espionaje de otros países como Marruecos.

Justicia se la deniega
La Dirección General de los Registros y del Notariado, del Ministerio de Justicia, dictó el 19 de julio de 2019 una resolución por la que denegó la nacionalidad española a este joven marroquí.

En dicha resolución, la Dirección General de los Registros y del Notariado destacó que el solicitante no había justificado la buena conducta cívica que exige el artículo 22.4 del Código Civil para nacionalizarse español.

El CNI: “Es afín a grupos extremistas”
Según el informe (se entiende que del CNI) que manejó esta dirección general del Ministerio de Justicia, el interesado en conseguir el pasaporte español “no vive integrado en la sociedad española y solo se relaciona con personas de origen marroquí y musulmanes”.

 
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Añadía que este joven “es afín al ideario de grupos extremistas tabligh de expansión del islam. Propugna actitudes contrarias a la igualdad de género y favorece e impulsa actividades radicalizadoras y contrarias a la integración de los musulmanes en la sociedad española”.

Un movimiento en el radar de la Policía
El Tabligh es un movimiento transnacional dentro del Islam que apuesta por volver a los orígenes de su religión, a la época de Mahoma. Sus simpatizantes siguen unas estrictas reglas de conducta según la sharia o ley islámica, y son muy activos en el proselitismo.

En los países de mayoría no musulmana, como los occidentales, tratan de vivir de espaldas al modo de vida occidental.

Aunque se declara un movimiento pacifista y apolítico, se han dado casos de detenidos como sospechosos de yihadismo en España que eran seguidores del Tabligh. Además, las Fuerzas de Seguridad siguen muy de cerca los movimientos de esa corriente del Islam, que tiene especial fuerza en las mezquitas de Ceuta y de Cataluña, ya que se teme que el rigorismo de sus seguidores pueda facilitar que den el salto al yihadismo.

El CNI identificó a ese marroquí como “afín al ideario de grupos extremistas tabligh de expansión del islam”, y concretó su actitud: le acusó, como se ha visto, de mantener y extender “actitudes contrarias a la igualdad de género”, y de fomentar que los musulmanes en España se radicalicen y no se integren en la sociedad.

Su novia declaró que no era machista
El joven marroquí denunció que el informe del Centro Nacional de Inteligencia “carece de toda argumentación lógica”. Se defendió diciendo que llevaba residiendo en España desde los 4 años, “que no tiene información sobre un movimiento Tabligh, que no saben quiénes son y a qué se dedican como manifestó en el segundo examen de integración”.

Presentó varios testimonios, de un profesor de su instituto de Cáceres y de una novia, que declararon que no tenía actitudes extrañas contra los españoles, que tenía costumbres españolas, que respetaba a las mujeres, no era machista y sí una persona pacífica, y que era “más español que marroquí”.

“Riesgo para la seguridad nacional”
Por todo ello, y con esos argumentos, presentó un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado que le había denegado conseguir la nacionalidad española.

El abogado del Estado que defendió la posición del Ministerio de Justicia como parte recurrida alegó que en ese expediente de nacionalidad el informe del CNI había acreditado “el riesgo para la seguridad nacional de la concesión de la nacionalidad al recurrente”.

Según el representante legal del ministerio, ese informe tenía valor probatorio suficiente para considerar ese riesgo para la seguridad nacional. Por contra, señaló que el solicitante no había aportado prueba alguna en contra de las revelaciones del Centro Nacional de Inteligencia sobre su cercanía al movimiento Tabligh.

“Contundente informe del CNI”
Los magistrados de la Audiencia Nacional analizaron la jurisprudencia del Tribunal Supremo y llegaron a la conclusión de que el Ministerio de Justicia había denegado la nacionalidad a este marroquí de forma justificada.

“La resolución denegatoria sustenta su motivación en el contundente informe del CNI en el que se exponen los motivos que provocan su recomendación de denegar al recurrente la solicitud de nacionalidad, razones que figuran tanto en el expediente administrativo como en esta vía jurisdiccional y que revisten, a juicio de la Sala entidad suficiente como para confirmar la denegación de nacionalidad al recurrente”, señala la sentencia, que añade que “las pruebas documentales aportadas por el recurrente no desvirtúan los hechos consignados en el informe del CNI”.

A los magistrados no les valieron las declaraciones del profesor y de la novia del solicitante de la nacionalidad española, ya que “se trata de meras manifestaciones que carecen de fuerza probatoria capaz de desvirtuar los datos consignados en el informe del CNI”. Además, “el hecho de haber estudiado, por sí mismo, carece de la transcendencia probatoria pretendida por el recurrente”.

Eso lleva a la Audiencia Nacional a entender que la valoración que hizo el Ministerio de Justicia fue proporcional y conforme a Derecho, “al apreciar la existencia de motivos de orden público y seguridad nacional a los que se refiere el indicado artículo 21.2 del Código Civil”.

Ese artículo establece que “la nacionalidad española también se adquiere por residencia en España, en las condiciones que señala el artículo siguiente y mediante la concesión otorgada por el Ministro de Justicia, que podrá denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional”.


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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #617 en: 07 de Junio de 2022, 08:53:18 am »


Un agente del CNI gana en los tribunales que el centro le permita volver a espiar en Melilla


Paz Esteban firmó una resolución por la que se le limitó de forma indefinida para ocupar puestos de técnico de inteligencia en fuentes humanas. El TSJ de Madrid ha revocado la decisión
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Aurelio Ruiz Enebral    07/06/22 access_time 1:04
Un pulso laboral en el seno del Centro Nacional de Inteligencia llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dio la razón al agente frente a una decisión tomada por los responsables del servicio sobre su capacidad de ejercer como técnico de inteligencia en la ciudad autónoma de Melilla.

Confidencial Digital ha comprobado que la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado el recurso que presentó un agente del CNI contra las resoluciones que firmó en 2019 Paz Esteban -entonces secretaria general, y directora interina- y que le excluyeron del trabajo de campo como espía.

30 años en el CNI
En su recurso contencioso-administrativo, el agente explicó que llevaba trabajando en el servicio de inteligencia tres décadas, desde que ingresó en 1990 como personal estatutario del CNI. Desempeñó distintos puestos de trabajo (que la sentencia no detalla) y recibió varias condecoraciones militares. Incluso la OTAN le premió “por los servicios prestados en una operación llevada a cabo en el periodo de septiembre de 2007 a febrero de 2008”.

Este trabajador del CNI realizó un “Curso de Técnicas HUMINT”, es decir, de obtención de inteligencia a través de fuentes humanas.

Una vez superado el curso, participó en una convocatoria de vacantes y consiguió que en julio de 2017 le adjudicaran un puesto de “Técnico de Inteligencia HUMINT en la Ciudad de Melilla”.

No se va a adaptar por su edad
Un año después de incorporarse a ese puesto, para espiar en Melilla, un jefe de unidad de demarcación territorial del Centro Nacional de Inteligencia elaboró un informe sobre el desempeño laboral del agente.

Su valoración no era satisfactoria: “No ha asimilado la formación HUMINT que haya podido recibir, daría mayor rendimiento en puestos de su anterior especialidad donde ha pasado la práctica totalidad de su vida profesional y no parece que dada su edad y disposición pueda adaptarse al puesto que actualmente ocupa”.

Este informe extraordinario de evaluación llegó a Paz Esteban, secretaria general del CNI cuando el director era Félix Sanz Roldán. Esteban ordenó que se le realizara otra valoración sobre el agente.

El mismo jefe de unidad de demarcación territorial emitió un “Informe de Evaluación Extraordinario” el 2 de mayo de 2019, en el que insistió en las carencias de ese espía: “Se considera que lo observado constituye una falta de idoneidad y de formación [...] para desempeñar el puesto de TI HUMINT [técnico de inteligencia en fuentes humanas] que ocupa”.

 
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Además, señaló que “durante el periodo objeto del informe se han puesto de manifiesto otras carencias como son la falta de sensibilidad informativa, el desconocimiento de las prácticas básicas HUMINT, el desatender consejos e instrucciones y la necesidad de estar supervisando continuamente su actividad para evitar situaciones delicadas o incidencias de seguridad”.

Paz Esteban le impide ser técnico HUMINT
Este segundo informe tuvo consecuencias. Paz Esteban decidió que al agente se le incoara un expediente para determinar si había derivado a una situación de insuficiencia de condiciones profesionales.

Pasado el tiempo, la entonces secretaria general del Centro Nacional de Inteligencia firmó, el 5 de septiembre de 2019, una resolución “por la que se acuerda determinar la limitación indefinida” de ese miembros del servicio de inteligencia “para ocupar puestos de TI HUMINT en el CNI”.

El afectado presentó un recurso de alzada ante el director del CNI. Se dio la circunstancia de que para entonces, el CNI ya no tenía director. Félix Sanz Roldán se había jubilado unos meses antes, así que fue la propio Esteban, ejerciendo interinamente del directora por sustitución, la que desestimó el recurso de alzada, en una nueva resolución del 13 de diciembre de 2019.

Recurso judicial
Este técnico de inteligencia no se rindió, y llevó su caso a los tribunales. Presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y alegó distintos motivos que anularían la decisión de la dirección del CNI.

Criticó “la ilegal incoación” del procedimiento contemplado en el artículo 26.1 del Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia, artículo que regula las evaluaciones para determinar la insuficiencia de condiciones profesionales en la plantilla del servicio de inteligencia.

Además, alegó que se había vulnerado su derecho al secreto de las comunicaciones (artículo 18.3 de la Constitución); la caducidad del procedimiento; “la inmotivada revocación de la medida cautelar de suspensión”; “la insuficiencia de prueba para acordar la limitación, que se juzga desproporcionada; y que la desestimación del recurso de alzada se acuerda por Paz Esteban en sustitución del secretario de Estado director del CNI, confirmando su propia resolución previa.

Su petición era que la justicia anulara las resoluciones firmadas por Paz Esteban y al agente se le restituyera “en sus derechos estatutarios restableciendo su situación al momento anterior a la resolución de 5.9.2019 en la plaza de TI HUMINT en la Ciudad de Melilla a la que accedió mediante convocatoria de vacantes 05/2017 formalizada el 16.7.2017”.

Evaluaciones al agente
Los magistrados que resolvieron el recurso analizar la normativa que regula el régimen de personal de la plantilla del CNI: “La lectura de la exposición de motivos de la norma aplicada pone de relieve cómo se ha de conciliar, en todo lo posible, el interés general del Centro encaminado a la consecución de sus objetivos de Inteligencia con los legítimos intereses profesionales de cada uno de sus miembros en la promoción y mejora de su carrera profesional lo que por otra parte redundará en su mejor servicio al Centro”.

En ese marco, habría que combinar “el análisis del régimen específico aplicable a los funcionarios del CNI, con los principios propios e informadores del procedimiento administrativo común”. Por eso, “si bien la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, no es de aplicación directa al personal del Centro Nacional de Inteligencia, si lo son los principios que inspiran esta normativa y resultan plenamente aplicables con las adaptaciones y peculiaridades propias de un servicio de Inteligencia, cómo acontece con la propia naturaleza de los IPEC”.

Al procedimiento judicial se aportaron certificados de la subdirectora de Personal del CNI, con las evaluaciones del desempeño del agente en su destino HUMINT. Esas evaluaciones “pusieron de manifiesto su falta de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo de TI HUMINT”, según los jueces.

En el Ciclo 2017/2018, los evaluadores de este agente de inteligencia “pusieron de relieve la falta de capacitación y formación para el nuevo puesto de trabajo. Asimismo, resaltaron su escaso interés por realizar un buen desempeño, su deficiente adaptación al equipo de trabajo, así como su falta de disciplina, al haber sido necesario llamarle la atención por incumplimiento de directrices directas en varias ocasiones”.

El agente presentó alegaciones contra el informe de sus calificadores que fueron denegadas por falta de adaptación al ámbito HUMINT, fundamentando la decisión en los incumplimientos de órdenes recibidas, falta de capacidad y habilidad para el ámbito HUMINT y nulos resultados de su actividad profesional.

Al ciclo siguiente, 2018/2019, los evaluadores del CNI “reconocieron el esfuerzo del interesado por mejorar su desempeño profesional, sin embargo, resaltaron que ese esfuerzo no se había traducido en una mejora del rendimiento ni de los resultados. Asimismo, ambos calificadores pusieron de nuevo de manifiesto conductas incompatibles con el desempeño profesional en el ámbito HUMINT”.

“Falta de aptitudes”, según el CNI
Para los jueces del TSJ de Madrid, esas evaluaciones habían analizado “el desempeño de su puesto de trabajo, su actividad, en el ámbito de HUMINT”, pero “no el análisis de causas de pérdida de idoneidad profesional que determinaron el acceso a la condición de personal estatutario permanente, que no la ha perdido”.

Eso tiene su importancia, porque los procesos para evaluar el desempleo, por un lado, y para analizar la pérdida de idoneidad profesional, por otro, son distintos y se articulan con diferentes procedimientos en el Centro Nacional de Inteligencia.

El instructor del expediente interno en ‘La Casa’ utilizó los informes del jefe de demarcación territorial de Melilla, que había elevado esos informes contra el agente; el informe de calificaciones de 2017 a 2018; y la declaración de testigos, que tuvo lugar el 8 de julio de 2019.

El expediente se centró en valorar el papel del agentes como técnico de inteligencia en fuentes humanas, y se concluyó “que queda acreditada una falta de aptitudes para desarrollar las tareas HUMINT habituales en cualquier demarcación del Centro”, es decir, no sólo en su plaza en Melilla.

Se exigían valorar 3 años
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluyó que la resolución de la entonces secretaria general del CNI (y ahora ex directora) Paz Esteban “parte de la aplicación de un procedimiento erróneo”.

El problema fue que se basó “en dos informes unipersonales elaborados en un periodo de siete meses, cuando solo habían transcurrido dos años en el desempeño del puesto”, mientras que “la norma exige un periodo, como mínimo, de tres años, justificándose la medida en IP negativos anuales consecutivos correspondientes o cuatro IP negativos en un periodo de diez años”.

Sobre el proceso que afectó a este agente, “el certificado de la Subdirectora de Personal del CNI recoge los ciclos 2017/2018 y 2018/2019, sobre las evaluaciones del desempeño del recurrente, y añade que ‘el ciclo de evaluación 2019/2020 aún no ha concluido por lo que se carece de datos al respecto’”.

Así que los magistrados dieron la razón al recurrente de que “no se dan los tres consecutivos” que exige el artículo 26 del Real Decreto 240/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia:

-- “1. Cuando del resultado de la evaluación del desempeño se deriven tres calificaciones negativas consecutivas o cuatro calificaciones negativas alternas en un periodo de diez años, el Secretario General podrá acordar la apertura de un expediente para determinar la insuficiencia de condiciones profesionales. Asimismo, el Secretario General podrá ordenar la iniciación del mencionado expediente cuando se aprecien circunstancias que pudieran determinar la pérdida de las condiciones de idoneidad profesional que determinaron el acceso a la condición de personal estatutario permanente”.

-- “2. El expediente podrá concluir en la limitación para ocupar determinados puestos por razón de su grado profesional dentro de la relación de puestos de trabajo del CNI o en la declaración de pérdida de la idoneidad que determinó la adquisición de la condición de personal estatutario permanente, lo que conllevará la pérdida de la condición de personal estatutario sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 109”.

-- “3. El procedimiento para tramitar el expediente de condiciones profesionales será determinado por el Secretario General”.

Aplicando el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (“Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”), los magistrados decidieron estimar el recurso del agente, “revocando la resolución impugnada, sin necesidad de entrar en el resto de las consideraciones expuestas por las partes”.

El fallo del TSJ supone que al agente se le reconoce “su derecho a que se le restituya en sus derechos estatutarios restableciendo su situación al momento anterior a la resolución de 5.9.2019”, cuando se le limitó su función, “en la plaza de TI HUMINT en la Ciudad de Melilla a la que accedió mediante convocatoria de vacantes 05/2017 formalizada el 16.7.2017”.

Melilla, un punto caliente
No cabe duda que Melilla es una plaza relevante para el Centro Nacional de Inteligencia. Desde hace años sus agentes siguen muy de cerca la evolución del islamismo radical en España, para controlar a quienes acaban preparando planes para cometer atentados.

En ese ámbito, Melilla y Ceuta son dos de los puntos de España en los que más preocupa el proselitismo yihadista. De estas ciudades salieron combatientes hacia Siria, para nutrir las filas del Daesh, y se han desarticulado células terroristas.

A esta amenaza se une otra: la que suponen las ansias territoriales de Marruecos sobre Ceuta, Melilla, los peñones e islotes en el norte de África e incluso las Islas Canarias.

Precisamente este lunes el diario El País reveló que informes del CNI señalaron que la avalancha de extranjeros sobre Ceuta, en mayo de 2021, fue parte de la estrategia de “presión” de Marruecos para que España reconociera la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.


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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #618 en: 04 de Octubre de 2022, 08:27:36 am »
Los 'espías' que no se esconden: un millar de policías y guardias civiles en misiones arriesgadas por todo el mundo

Interior cuenta con 375 guardias civiles y 517 policías nacionales en las misiones diplomáticas de España

El 10 de junio de 2021 el buque 'Ángeles Alvariño' halló en el fondo del mar el cadáver de Olivia, de 6 años, la mayor de las hermanas desaparecidas en Tenerife 44 días antes. La búsqueda resultó agónica. Esos días a casi 300 millas, un equipo policial portugués estaba preparado para un abordaje: el de un barco alemán, cuya señal se había cruzado con la de la lancha de Tomás Gimeno, el padre asesino. Si entraba en aguas territoriales, se actuaría; mientras se monitorizó por si hacía alguna parada en cualquier puerto. El coronel Andrés Jiménez, consejero de Interior en Portugal, no perdía ojo del trabajo de sus compañeros de Guardia Civil y hablaba a diario con sus colegas lusos. «Cuando encontraron a la niña, se acabó. Se confirmaron todas las sospechas», explica.

Jiménez es uno de los 892 agentes españoles desplegados por el mundo. Algunos les llaman los 'espías conocidos'. Son policías nacionales (517) y guardias civiles (375) con presencia en cuatro continentes. El coronel representa al Ministerio del Interior en Portugal. Su puesto es el de consejero de Interior, uno de los cinco con que cuenta la Guardia Civil. Los otros cuatro coroneles están en Andorra, Chile, Israel y Turquía, aunque aparte de en esos países están acreditados en Azerbaiyán, Turkmenistán, Tayikistán y Emiratos Árabes Unidos.

«Somos la representación de Interior en el exterior», resume el comisario Daniel Carril, consejero en Senegal, uno de los 20 que tiene Policía Nacional. Él está acreditado también en Gambia y Sierra Leona y, además, el puesto de Dakar ejerce la jefatura del África subsahariana. «El embajador es como el presidente del Gobierno y los consejeros (de Interior, de Economía, de lo que corresponda) como los ministros en países con un gran despliegue», explica el comisario.

Terrorismo e inmigración

Su puesto y el del coronel Jiménez están regulados por un Real Decreto de 2006 que fija la organización y funciones de las consejerías de Interior en las misiones diplomáticas de España. Entre esas funciones deben asesorar al embajador en temas de seguridad, colaborar con los agentes de otros países, relacionarse con las autoridades de Interior del lugar en el que estén, informar a sus jefes sobre los temas de terrorismo, tráfico de drogas o cualquier otro delito (trata de seres humanos, por ejemplo) y tutelar todo lo que tenga que ver con comisiones rogatorias, órdenes de detención, extradiciones... Su trabajo es de 24 horas porque son los ojos de la seguridad de España fuera de nuestras fronteras. Tienen pasaporte diplomático y no pueden ser operativos: ni investigan ni detienen. Si los portugueses hubieran abordado el barco sospechoso, el coronel Jiménez habría tenido que quedarse en segundo plano.

No van pistola o placa en mano pero sí están al lado de las unidades operativas. Un barco cargado de cocaína se dirige a las costas africanas. Hay información de Inteligencia española o de otro país y puede estar balizado o localizado. Al consejero se le pide que se intente abordar el buque con participación de agentes españoles o no. «Yo no me voy a mojar, no puedo, aunque no dejaré de empujar para que el servicio culmine», cuenta Carril.

Los puestos de consejeros (coronel en el caso de Guardia Civil, comisarios principales o comisarios, en el de Policía Nacional) son codiciados. Están bien pagados y acarrean prestigio. Los nombra Interior, previa consulta a Exteriores. Son de libre designación y con convocatoria pública. El candidato ha de estar en activo, llevar mínimo cinco años en el Cuerpo, acreditar conocimientos suficientes del idioma o idiomas necesarios y se pueden exigir otros requisitos. Los títulos universitarios y los destinos ligados a cooperación internacional pesan, así como la idoneidad para el puesto. Un camorrista o un bebedor excesivo no es buen candidato.

«Para estos puestos de consejero o agregado es importante un pequeño barniz de relaciones públicas, una imagen de seriedad. No tenemos que hacer de comerciales, pero sí saber estar, hablar, desenvolverte, ser discreto», disecciona el comisario. El coronel Jiménez coincide: «Eres un diplomático y a la vez un gestor técnico. Mi jefe es mi embajador, pero a quien reporto es a Interior. Las relaciones personales y la captación de fuentes son parte fundamental». Carril añade la prudencia como máxima. «Te puede engañar la situación, tu posición, y llevarte a excesos. No debes perder de vista que eres lo que eres porque España te ha dado un estatus diplomático y económico». Jiménez lo sabe mejor que casi nadie, no en vano fue jefe de la SECI (Secretaría de Cooperación Internacional) de la Guadia Civil durante cuatro años y previamente estuvo desplegado en Rumanía y Francia.

Ambos consejeros, una representación de cada Cuerpo, fueron antes agregados de Interior, la segunda figura en importancia en la estructura exterior. La Guardia Civil cuenta con 19 agregados en 18 países, que van desde Alemania a Emiratos Árabes pasando por Marruecos, Pakistán o Venezuela. Además muchos de ellos están acreditados en otros del entorno como Austria, Dinamarca, Afganistán, Kazajistán o Sierra Leona. En total esas 'antenas' policiales de verde abarcan 39 estados y al frente hay tenientes coroneles o comandantes. Son el segundo escalón de los consejeros a los que reportan por proximidad, sean guardias civiles o policías nacionales.

Es una peculiaridad de las misiones internacionales. La cerrada colaboración entre los Cuerpos. «Mi relación con la Guardia Civil es excelente. Esa rivalidad que se oye, que existe en España, en el exterior se anula. Nos ayudamos. Estamos en territorio ajeno y a veces en territorio hostil», remarca el comisario Carril.

La Policía Nacional tiene 40 agregados de Interior, todos inspectores jefes, en una lista amplísima que ronda los setenta países porque muchos de ellos están acreditados en más de uno. Varios ejemplos. El agregado de Camerún, tienen acreditación en República Democrática del Congo, República del Congo, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé y Príncipe. Cualquiera de las cuestiones de Interior que se produzcan en uno de ellos pasa por sus manos como pasan por las de la inspectora jefa acreditada en Polonia y en otros seis países.

La lista de afganos y el comandante de Islamabad

El 11 de agosto aterrizó en Torrejón un avión procedente de Islamabad (Pakistán) con 294 afganos a bordo. Al contrario de lo que ocurrió el año pasado durante la operación Antígona esta llegada y la del 21 de julio con 63 personas estuvo rodeada de discreción. Fue casi una evacuación en la sombra. Una suma de dificultades donde garantizar la seguridad se convirtió en un reto imposible. Habían cruzado a pie la frontera, escondidos y con penurias de todo tipo; eran colaboradores de España que llevaban un año esperando, con los talibanes pegados a sus vidas. Excolaboradores de Exteriores y Defensa, entre otros, una jueza del Supremo y sus familias. El trabajo discreto y silencioso de muchos fue esencial para la misión. Uno de ellos, nuestro agente en Pakistán, el agregado de Interior: un comandante de la Guardia Civil.

Carril fue agregado en Guinea Bissau. Antes estuvo dos años investigando crímenes de guerra en República Centroafricana en una misión de Naciones Unidas. Era jefe de unidad, el único mando blanco. Lleva doce en África, donde vivió dos golpes de estado, conoció a los pigmeos y evitó que lincharan a un médico español que no pudo salvar a un bebé muy enfermo. Contrajo tres malarias, una cerebral casi mortal, fiebre tifoideas y cólera.

En otros cuerpos

Jiménez fue oficial de enlace en Francia cuatro años, donde vivió atentados terroristas, decenas de operaciones de tráfico de drogas o el accidente aéreo de Germanwing. Cuando sus compañeros iban a viajar hasta allí para la detención del asesino de Eva Blanco, la violación y el crimen de una menor en Algete (Madrid) resuelto al cabo de 18 años, habló con el general de Policía Judicial y con el fiscal. «La Gendarmería va a salir en toda la prensa española», les dijo para abrir el camino a sus colegas. «Con lo que usted hace por nosotros...», le respondió el fiscal. Fue un éxito.

Algo de espías tienen todos estos agentes con currículum envidiable. Pero son además quienes engrasan la maquinaria policial en territorio «ajeno u hostil», más allá de exotismos. La detención de Morate, asesino de dos mujeres, en Rumania; la de los asaltantes de José Luis Moreno; las de decenas de fugitivos, asesinos, pederastas, ladrones, criminales de guerra; las aprehensiones de barcos de droga... La labor silenciosa es su baza.

Ambos Cuerpos tienen también oficiales de enlace (27 la Guardia Civil, 25 la Policía), destacados en otros cuerpos policiales extranjeros (la BKA alemana o la Gendarmería francesa) y agencias (Europol o Interpol, entre otras). El despliegue exterior se completa con agentes que participan en misiones y proyectos internacionales, como puede ser la OTAN, Frontex o la misión en Líbano de Guardia Civil, sin olvidar la protección y seguridad de nuestras embajadas: 111 guardias civiles y 260 policías nacionales. En África la Jefatura Fiscal de la Guardia Civil tiene a 60 funcionarios destacados contra la inmigración irregular. Allí, en el corazón del continente un salesiano le dio al comisario la lección de su vida cuando le dijo: «Sobre las espaldas de estos refugiados estás comiendo tú».

Desconectado Ragnar

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Re: Servicios y unidades de inteligencia
« Respuesta #619 en: 04 de Octubre de 2022, 19:44:55 pm »
Tanto como espías..., los consejeros y agregados de interior tienen de espías lo mismo que yo...