Autor Tema: El Estatut y el independentismo catalán  (Leído 476499 veces)

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Re: El Estatut y el independentismo catalán
« Respuesta #8480 en: 06 de Marzo de 2024, 11:03:21 am »
Cada movimiento que hace Castellón obliga a mover ficha en este tablero...



Sánchez asume nuevos cambios en la Ley de Amnistía para dar más garantías a Puigdemont


El pacto entre el PSOE y Junts se anunciará en las próximas horas. El presidente del Gobierno no era partidario de cambiar la norma, pero las dudas de los independentistas obligaron a ello

Pedro Sánchez, a su llegada este martes a Brasilia.
Pedro Sánchez, a su llegada este martes a Brasilia. André Coelho
RAÚL PIÑA | BRASILIA (BRASIL)
06/03/2024 08:00
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En los calendarios de La Moncloa, hace tiempo que los días se tachan con rotulador según pasan, a modo de conteo. Un día menos. Redondeado en rojo, el 7 de marzo. Fecha en la que se vota de nuevo la Ley de Amnistía en la Comisión de Justicia del Congreso. La fecha. En el Gobierno hay convicción de que ahora sí, la norma será aprobada. Desde hace semanas PSOE y Junts han intensificado una negociación que deriva en nuevos cambios en el texto. Pedro Sánchez asume estos nuevos retoques a fin de trasladar más garantías a Carles Puigdemont de que será amnistiado. Una decisión que viene motivada por la necesidad del Gobierno de contar con los votos de Junts para que el texto pueda ser validado. El anuncio del acuerdo es cuestión de horas. Se quiere hacer antes de la votación de este jueves.

PARA SABER MÁS
Pilar Alegría.
Política. El viaje del Gobierno hacia la amnistía: de negar su existencia a indignarse con el PP por no hablar de ella
Redacción:MARTA BELVER Madrid
El viaje del Gobierno hacia la amnistía: de negar su existencia a indignarse con el PP por no hablar de ella
El alcance del perdón ha sido el gran melón de la negociación entre ambos partidos. Un diálogo que en las últimas fechas se ha llevado a cabo sobre todo a través de videoconferencias y que experimentó una intensificación en días pasados, sobre todo el fin de semana. Desde hace unos 10 días tanto PSOE como Junts han trabajado con documentos de ambas partes para cerrar un redactado final. El resultado del tira y afloja es una ley que de nuevo sufrirá "cambios" como ha informado EL MUNDO, pero que será, así lo dan por hecho en el Gobierno, respaldada por Junts tras dejar satisfecho a Puigdemont en lo relativo al terrorismo y la alta traición. Ninguna de las dos parte anticipa el calado de los cambios, sus términos, y a qué afectan.

Nadie confirma ni desmiente que los "retoques" afecten a los delitos de terrorismo. En las últimas horas, todos los miembros del Gobierno preguntados al respecto han esquivado la pregunta. Han optado por no contestar. Todo apunta a que los "cambios" serán una entente que permita al Gobierno agarrarse a su discurso de que se trata de "ajustes técnicos", mientras que a Junts le valdrá para exhibir que ha logrado nuevamente incorporar sus demandas. Pero la amnistía es una partida a tres y todo debe hacerse en connivencia también con ERC.

El presidente del Gobierno está convencido, pese decisiones como la del Tribunal Supremo de abrir causa a Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami, de que "todas las personas vinculadas al procés van a estar cubiertas por esta ley", ha reflexionado en conversación informal con los periodistas que lo acompañan en una gira que lo lleva a visitar Brasil y Chile. Eso sí, admite que esa no era la visión de otros partidos, como Junts, que mostraban dudas o reticencias en este sentido y exigían más garantías para asegurar que la Justicia no tuviera margen de actuación contra los amnistiados. De ahí los "cambios".

"REFORZAR ESAS GARANTÍAS"
"Algunos grupos parlamentarios tenían alguna duda, yo nunca la he tenido. Pero si tenemos que forzar esas garantías...", ha anticipado Sánchez en alusión al perímetro y alcance de la amnistía. "El planteamiento que tiene la ley es clarísimo: cubrir todos los supuestos vinculados con el procés". Esta nueva versión del texto, considera Sánchez que mantiene las "garantías" constitucionales para superar los filtros de la Justicia española y europea.

Uno de los principales temores de Puigdemont es que una vez aprobada la amnistía, en caso de regresar a España, pudiera haber una actuación judicial que decretase prisión preventiva contra él. O que tuviera que demorar su vuelta precisamente porque no estuvieran concluidos los procesos judiciales en los que está implicado. Como ha informado este periódico, en La Moncloa dan por seguro su regreso una vez esté en vigor el perdón, pero no aseguran cuándo podrá ser. Es decir, contemplan un escenario en el que Puigdemont no pueda pisar suelo español al día siguiente y deba esperar unos meses.

En el Gobierno mantenían la tesis de que el texto que tumbó Junts a finales de enero en el Congreso ya amparaba a todos los implicados en el procés, incluidos Carles Puigdemont, líder de Junts, y que está implicado en dos causas judiciales -el caso Tsunami, aquí imputado por terrorismo, y el caso Volhoh, que investiga alta traición por los nexos con Rusia- y Marta Rovira, líder de ERC, ambos prófugos de la Justicia.

Pero los independentistas, sobre todo Junts, aducen el trabajo de los jueces para exigir una "amnistía total". De hecho, en estos últimos compases de la negociación, los independentistas también ha exigido que se incluya en el perdón los casos de lawfare, pero fuentes de la negociación señalan que los socialistas se han negado.

Los socialistas habían mantenido que su posición pasaba por no hacer modificaciones en la norma porque señalaban que era "impecable" desde el punto de vista constitucional, aportaba seguridad jurídica y era conforme al derecho europeo. Pero han ido modulando su discurso hasta admitir que incluirían "cambios" y que se mantendría la "filosofía" de la norma, no que se mantendría el texto íntegro. La Ley de Amnistíaya sufrió variaciones cuando el Gobierno aceptó establecer una graduación del terrorismo y situar fuera de la amnistía únicamente el que supusiera una violación de los Derechos Humanos.

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Re: El Estatut y el independentismo catalán
« Respuesta #8481 en: 06 de Marzo de 2024, 23:53:57 pm »
Curiosamente el PP ya no habla de la amnistía, sabe que el PSOE ha construido un relato en torno a ella y el coste político lo tiene más que amortizado. . . el caso Koldo será el que se lleve por delante el Gobierno de Sánchez. . . y el PP ha pillado bocado ahí y no va a soltar la presa. . .

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Re: El Estatut y el independentismo catalán
« Respuesta #8482 en: 09 de Marzo de 2024, 08:02:41 am »

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Re: El Estatut y el independentismo catalán
« Respuesta #8483 en: 13 de Marzo de 2024, 18:22:23 pm »

Dimiten los tres jueces que debían validar la nueva ley independentista en el Parlament


Los tres magistrados del alto tribunal han hecho llegar su renuncia a la Mesa de la Cámara catalana

En el centro, la presidenta Anna Erra (Junts) junto a Alba Vergés (ERC
En el centro, la presidenta Anna Erra (Junts) junto a Alba Vergés (ERC) y Assumpta Escarp (PSC)
El Parlament tramita una ley para declarar unilateralmente la independencia pese a que los letrados la ven "inadmisible"
El Parlament tramita una ley para declarar unilateralmente la independencia pese a que los letrados la ven "inadmisible"
CRISTINA RUBIO | BARCELONA
12/03/2024 19:08
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Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) encargados de controlar y supervisar las iniciativas legislativas populares (ILP) que se impulsan en el Parlament han dimitido en bloque de la comisión a la que pertenecen en la Cámara catalana.

Una renuncia al unísono, que el TSJC admitió la semana pasada, y que llega apenas unos días después de la polémica tramitación de la nuevaley de desconexión independentista pese a la opinión en contra de los letrados de la institución. De hecho, este órgano debe validar el proceso de recogida de firmas de la iniciativa legislativa que está en marcha en el Parlament para proclamar la independencia de forma unilateral.

Los jueces que han renunciado son el presidente de la comisión y magistrado de a sala de lo Contencioso-administrativo, Francisco José Sospedra; el magistrado de la misma sala Xavier Bonet, y la magistrada de la sala de lo Social del TSJC Amparo Illán.


Según la Ley 1/2006 que regula las ILP a falta de norma electoral propia en Cataluña, los miembros de la comisón de control del Parlament actúan de forma similar a una Junta Electoral y la forman "tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que deben elegir entre ellos el presidente o presidenta de la Comisión de Control"; "tres catedráticos de derecho constitucional o de ciencia política de prestigio reconocido, designados por la Mesa del Parlamento a propuesta conjunta de los grupos parlamentarios", y tres juristas "de prestigio reconocido, designados por la Mesa del Parlamento a propuesta conjunta de los grupos parlamentarios".

De estos nueve, los tres magistrados del TSJC han dimitido en bloque de sus responsabilidades.

Este martes, la Mesa del Parlament -formada por los partidos independentistas y el PSC- ha recibido su renuncia y la Cámara ha pedido al TSJC que se designe a otros tres miembros para la comisión, que se encarga de los procedimientos sobre las ILP.

Según fuentes parlamentarias, los magistrados que han presentado la dimisión no han dado a conocer a la Cámara sus motivos, pero la renuncia coincide en el tiempo con la admisión a trámite de la ILP sobre la independencia de Cataluña, por lo que podría deberse a su negativa a validar esta propuesta.

En paralelo, el TSJC ha confirmado que en la reunión del 5 de marzo -el martes de la semana pasada-, la sala de gobierno admitió y aceptó su renuncia, solicitada por los tres magistrados "en base a los argumentos que se contienen en los escritos presentados", sin más información al respecto. Ahora está por ver qué hará el tribunal en la Cámara catalana.

La dimisión al unísono de estos tres jueces irrumpe después de que Mesa del Parlament admitiera a trámite el 20 de febrero (apenas 15 días antes de su renuncia) una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama a la Cámara catalana declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. La tramitación del proyecto legislativo, presentado por el partido extraparlamentario Solidaritat Catalana per la Independència, prosperó con el respaldo de la CUP y de Junts, la abstención de ERC y el voto en contra del PSC.

De hecho, el acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJC deja constancia que la magistrada Maria Eugènia Alegret se abstiene del debate sobre el caso de los tres magistrados para que no sea recusada en el estudio de la querella presentada por Vox en el TSJC contra la Mesa por haber admitido tramitar la nueva DUI.

Eso sí, la ley independentista fue rechazada por los abogados de la Cámara. El documento, firmado por el letrado Xavier Muro, subraya que la ley "no se ciñe al ámbito estricto de las competencias de la Generalitat" y "no busca la fundamentación en la Constitución" ya que "pretende aprobar una declaración de independencia estableciendo un procedimiento a tal efecto".

"Este objeto supone una modificación sustancial de la forma de Estado y de Gobierno establecida y definida en la Constitución", "además de repercutir en la definición del sujeto de soberanía", añade el informe, que precisa: "Cualquier regulación que altere o contradiga el diseño constitucional requiere de una previa reforma constitucional".


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Re: El Estatut y el independentismo catalán
« Respuesta #8484 en: 20 de Marzo de 2024, 07:50:33 am »
El PP se equivoca al llevar la amnistía al TC antes de tiempo

20 marzo, 2024

Por primera vez en 45 años de democracia, el Senado va a plantear un conflicto entre órganos constitucionales contra el Congreso de los Diputados.

Según adelantaron fuentes de la institución a EL ESPAÑOL y confirmó en la tarde del martes la portavoz del PP en el Senado, la Mesa de la Cámara Alta, a instancias de los populares, requerirá a la Cámara Baja que retire la Proposición de Ley de Amnistía.

En una segunda fase, solicitará la suspensión cautelar de su tramitación ante el Tribunal Constitucional.


Es cierto que el PP se ha apoyado para ello en la recomendación del informe de los letrados del Senado del lunes, que alertaba de la "clara inconstitucionalidad" de la norma y abría la puerta a plantear un conflicto entre órganos constitucionales.

Pero la naturaleza excepcional de este mecanismo obliga a evitar servirse de él a la ligera, como está haciendo el PP. El conflicto institucional es un instrumento de defensa completamente inusual al que un órgano como el Senado sólo debe acudir como último recurso si puede demostrar que la otra Cámara legislativa ha vulnerado sus atribuciones constitucionales.

La Ley de Amnistía, es cierto, plantea dudas políticas y jurídicas de la suficiente gravedad como para que sus opositores utilicen todos los recursos legales a su alcance para dilucidar si la norma tiene encaje en la Constitución y en la normativa europea.

Pero el empleo de instrumentos que van más allá del mero filibusterismo parlamentario, y que tienen unas implicaciones políticas altamente perturbadoras, sólo puede invocarse con argumentos jurídicos fundamentados y razonables, y no puede responder a una reacción de última hora.


La única justificación que podría encontrar este choque es que el Senado lograse probar que el Congreso invadió sus competencias al votar la Ley de Amnistía. Pero se antoja inverosímil que la Cámara Baja se corrija a sí misma y decida acometer una reforma constitucional que la incluya en su articulado, como plantea el PP.

Además, desde el punto de vista estratégico, el movimiento del PP carece de lógica. Porque, tal y como reconoce el informe de los letrados de la Cámara Alta, en ningún caso esta acción suspenderá la tramitación de la proposición de ley de forma automática, por lo que no servirá para impedir la continuación del procedimiento legislativo en el Senado.

La acción es doblemente absurda por su incoherencia con el propio planteamiento político del PP. Porque los populares también se arriesgan (con una alta probabilidad de que así acabe siendo) a que el TC desestime su requerimiento, recibiendo así un importante varapalo a sus tesis contrarias a la amnistía.

¿Qué sentido tiene entonces para los populares, que reiteradamente han cargado contra el tribunal de garantías por su sesgo mayoritario a favor del Gobierno, recurrir ante él para un asunto que probablemente será resuelto en su contra?


La única explicación que cabe encontrar al empleo de este mecanismo es que el PP haya querido mimetizarse con la política de oposición maximalista y sin cuartel de Vox, temiendo recibir acusaciones de pusilanimidad si no opta por esa vía de confrontación.

Pero el principal partido del país no puede, en una cuestión de tanta envergadura como un choque entre órganos constitucionales, actuar mediante ocurrencias y al dictado de la necesidad de contrarrestar a Vox. No podrá haber una oposición efectiva y fecunda a la Ley de Amnistía sin una estrategia sólida y realmente funcional.

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Re: El Estatut y el independentismo catalán
« Respuesta #8485 en: 09 de Abril de 2024, 14:34:26 pm »
El Fiscal General lo nombrará el Gobierno, pero la Fiscalía trabaja para el PP.


Seis vocales del Consejo Fiscal se rebelan contra García Ortiz y presentan un informe sobre la amnistía como solicitó el Senado


El borrador rechaza el encaje de la ley de amnistía en la Constitución y en el Derecho europeo.
La Asociación de Fiscales exige la dimisión del fiscal general por filtraciones en el caso de la pareja de Ayuso
Álvaro García Ortiz toma posesión como nuevo fiscal general del EstadoÁlvaro García Ortiz en una imagen de archivo.EP

Seis vocales del Consejo Fiscal se han rebelado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que rechazó dos solicitudes del Senado para elaborar un informe sobre la proposición de ley de amnistía y no informó a los vocales de estas peticiones. Los miembros del Consejo Fiscal pertenecientes a la Asociación de Fiscales, de corte conservador, han presentado un borrador de 160 folios sobre la ley de amnistía y esperan debatirlo en el próximo pleno del órgano.


Adjunto al informe, la asociación ha publicado un comunicado que tilda de "inconcebible" la actuación por parte de García Ortiz. El documento denuncia la "ocultación" al Consejo Fiscal de las peticiones del Senado y rechaza de lleno los argumentos utilizados por el fiscal general para negarse a elaborar el informe. Según García Ortiz, la proposición de ley "no afecta a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal", pero la Asociación de Fiscales cree que la norma tendrá "una evidente afectación" en el ámbito funcional de la Fiscalía.


En el informe, los vocales exponen toda una serie de razones por las que la amnistía es inconstitucional: supone la quiebra del principio de separación de poderes, vulnera el principio de igualdad, implica el incumplimiento de los principios de seguridad jurídica y no cumple los requisitos constitucionales para tener validez como norma de carácter singular.

El borrador tampoco da el visto bueno a la medida de gracia en lo que respecta a su compatibilidad con el derecho europeo. Tal y como expone, la norma entra en conflicto con los compromisos internacionales adoptados por España en la lucha contra la corrupción. "El delito de malversación no puede ser objeto de una amnistía", apunta el texto. Exactamente lo mismo ocurre, según la asociación, con los delitos de terrorismo.


La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una sesión plenaria.
El PP presenta en el Senado un veto a la ley de amnistía por "inconstitucional" y tramitarse de forma "fraudulenta" en el Congreso
La pretensión de los seis vocales que han presentado este informe es someterlo a votación en el Consejo Fiscal, compuesto por 12 miembros, entre ellos García Ortiz, que preside el órgano. En el propio borrador se recuerda que la amnistía se impulsó "para obtener el apoyo favorable a la investidura" de Pedro Sánchez y se denuncia su tramitación como proposición de ley, y no como proyecto de ley, "con la consiguiente omisión de los informes de los órganos consultivos correspondientes".

"El consenso social y político mayoritario existente hasta el pasado 23 de julio en torno a la inconstitucionalidad de la figura de la amnistía ha sido sustituido por un repentino cambio de opinión", subraya el informe, un "quiebro radical" que "no se ha justificado como producto de una reflexión jurídico política". Los vocales conservadores, en definitiva, se oponen frontalmente a la viabilidad jurídica de la ley de amnistía, y expresan por otro lado su enfado con Álvaro García Ortiz, punta de lanza del Ministerio Público.

Relatan en un breve comunicado como se enteraron de que el Senado había solicitado un informe a la Fiscalía a través de los medios. El presidente de la Cámara Alta envió una misiva a García Ortiz el 7 de diciembre en el que pedía por primera vez el pronunciamiento del Consejo Fiscal. "Dicha petición fue sustraída al conocimiento de los vocales", explican.

El 23 de enero, ante el silencio de Ortiz, el Senado se volvió a dirigir al fiscal general y reiteró su solicitud. Al día siguiente fueron los propios vocales de la Asociación de Fiscales quienes remitieron un escrito a García Ortiz: "Mostramos nuestra más profunda estupefacción y rechazo por el hecho de que una petición de esta naturaleza y relevancia, procedente de un órgano constitucional, no sólo no hubiera sido atendida, sino que se hubiera sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas".

En el mismo escrito pidieron que se diera curso a la petición del Senado, comenzando por designar un ponente y elaborar el informe. La petición de los fiscales, como la del presidente del Senado, no fue atendida por García Ortiz, que se limitó a reenviar a los vocales una copia de la carta que había enviado a la Cámara Alta. Los fiscales lo intentaron de nuevo el 30 de enero, con el mismo resultado que en la ocasión anterior.

La semana pasada, gracias a las informaciones de los medios de comunicación, la Asociación de Fiscales supo que el Senado había dirigido una última petición a García Ortiz, una solicitud de la que tampoco se informó al Consejo Fiscal. Esta fue la gota que colmó el vaso y ha llevado a los fiscales a enviar a Álvaro García Ortiz su propio borrador de informe sobre la ley de amnistía y solicitar un debate en el Consejo Fiscal.

« Última modificación: 09 de Abril de 2024, 15:25:20 pm por 47ronin »