Autor Tema: Los límites de la publicidad y la información  (Leído 89368 veces)

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #780 en: 06 de Julio de 2021, 15:54:54 pm »
Hay que recordar que el Juez Urbano además de doctor en derecho es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. . .

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Ah, ya...entiendo.




El ponente del fallo que avala el cartel xenófobo de Vox permitió volver a circular al autobús tránsfobo de Hazte Oír

    En ambos casos, Eduardo de Urbano apela a la libertad de expresión para permitir los mensajes del partido de extrema derecha y de la organización ultracatólica
    Los tribunales, que tenían en común al magistrado que redactaba la resolución, descartaron el delito de odio en el autobús tránsfobo y ahora en el cartel sobre los menores extranjeros no acompañados

Ana Moreno
amoreno@infolibre.es @anamorenv
Publicada el 06/07/2021 a las 06:00

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #781 en: 06 de Julio de 2021, 18:39:26 pm »
Hay que recordar que el Juez Urbano además de doctor en derecho es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. . .

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Ah, ya...entiendo.




El ponente del fallo que avala el cartel xenófobo de Vox permitió volver a circular al autobús tránsfobo de Hazte Oír

    En ambos casos, Eduardo de Urbano apela a la libertad de expresión para permitir los mensajes del partido de extrema derecha y de la organización ultracatólica
    Los tribunales, que tenían en común al magistrado que redactaba la resolución, descartaron el delito de odio en el autobús tránsfobo y ahora en el cartel sobre los menores extranjeros no acompañados

Ana Moreno
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Publicada el 06/07/2021 a las 06:00

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« Última modificación: 07 de Julio de 2021, 07:26:27 am por 47ronin »

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #783 en: 06 de Julio de 2021, 23:49:10 pm »
No hay que ser licenciado en política y sociología, como ese Magistrado, para saber que hay un problema social y político con los MENAS.

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #784 en: 07 de Julio de 2021, 00:56:06 am »
https://www.eljueves.es/vinetas/descubre-a-asquerosa-pandilla-voxura-completo_5679/10

Hay que ser muy hijos de puta para mofarse de alguien que estuvo 532 días secuestrado en un zulo por una banda terrorista de extrema izquierda como ETA.

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #785 en: 12 de Julio de 2021, 07:17:12 am »

Cuando la ultraderecha atentó contra la revista satírica 'El Papus' (e hizo pedazos a un conserje)




En 1977, como hoy con 'El Jueves', la extrema derecha española demostró no estar muy sobrada de sentido del humor

Contra la ultraderecha.
Por Julio Martín Alarcón
11/07/2021 - 05:00

El 20 de septiembre de 1977 se demostró que la ultraderecha no andaba sobrada de sentido del humor cuando una bomba dirigida a la revista satírica 'El Papus' estalló en la escalera mientras la llevaba en las manos el conserje del edificio Juan Peñalver. Le provocó la muerte en el acto y destrozó la redacción por completo a pesar de que no había llegado más que a la entrada. Los dibujantes y redactores que pasaron por el pasillo tuvieron que contemplar los restos del pobre portero desperdigados por la escalera.

De haber estallado dentro, tal y como pretendían los autores del crimen, "habría sido una matanza como la de Atocha", declararía su entonces director Javier Fernández Castro: "Querían acabar con todos nosotros". Después del atentado y con toda la redacción ubicada en el edificio de 'La Vanguardia', 'El Papus', que siguió saliendo, publicó la siguiente viñeta:

Policía: Usted no ‘sasuste’, acaban de poner una bomba en 'er Papu…'

Viandante: Ah ya... y están interrogando a los terroristas que la han puesto

Policía: No señor, que va, estamos rematando a los supervivientes...

Fiel a su estilo gamberro y descerebrado, 'El Papus' seguía en sus trece atizando con su humor irreverente y crítico hacia prácticamente todo, en el contexto más difícil de toda la Transición, el año 1977, en el que se sucedieron atentados, asesinatos, amenazas... Una revista chabacana y soez según reconocen los propios dibujantes que participaron en ella como Alfonso Usero, Carlos Giménez u Oscar Nebreda y que recoge el documental que dirigió en 2011 David Fernández Castro, hijo del director de la revista en el momento del atentado Javier Fernández Castro.
placeholder Viñeta de 'El Papus'.
Viñeta de 'El Papus'.

Se dice que, justo después del atentado, el conde de Godó, dueño del grupo del mismo nombre que editaba la revista así como el periódico 'La Vanguardia' solo preguntó tras conocer que había estallado una bomba: "¿Ha habido muchos desperfectos?".

El atentado demostró que la ultraderecha se había tomado demasiado en serio el humor chabacano

La revista 'El Papus' precedió a 'El Jueves' —fundada entre otros por Óscar Nebreda, también creador de 'El Papus'— con la que convivió una década —1977-1987— hasta el cierre de la primera. Fue así la revista decana del cómic para adultos del tardofranquismo y la transición y el referente nacional en cuanto a la sátira tras el declive de 'La Codorniz', que había hecho lo propio en el franquismo con un estilo muy diferente.
placeholder Redacción de la revista 'El Papus' tras el atentado.
Redacción de la revista 'El Papus' tras el atentado.

El salvaje atentado venía a demostrar la tensión en esos años por un sector que no soportaba bajo ningún concepto la chabacanería, el humor grueso o la burla de todo lo que había sido venerable en el franquismo. Como se ha comprobado después, el contexto daría igual, puesto que 'El Jueves' ha seguido durante toda la democracia en la misma línea y su portada fue secuestrada en XX por una sátira del ahora rey Felipe VI y la princesa Leticia.
La Pandilla Voxura

Ahora ha sido VOX quien ha cargado tintas contra la redacción heredera de 'El Papus' por la sección denominada Pandilla Voxura en referencia a la pandilla basura y en la que ridiculizan salvajemente a los miembros de la formación política. Aunque estamos muy lejos del contexto de violencia e intransigencia de 1977, la realidad es que recuerda por los mismos motivos y actitudes al clima de tensión que se vivió desde muchos sectores con la revista satírica.

Al conde de Godó se le pedía explicaciones de por qué editaba esa "guarrada": daba mucho dinero

De hecho, 'El Papus' sufría una persecución desde prácticamente su fundación con multas, cierres y demás durante años, que se sufragaban en cambio sin problema, porque estaba dentro del paraguas del poderoso grupo Godó con su buque insignia 'La Vanguardia' y porque era un éxito. El que fuera gerente Carlos Navarro recuerda que al conde de Godó se le pedía explicaciones a menudo de por qué editaba esa "guarrada" y lo cierto es que 'El Papus' era tan popular y vendía tantos ejemplares —unos 280.000 en el momento del atentado— que daba mucho dinero.
placeholder Portada de 'El Papus'.
Portada de 'El Papus'.

Significó el comienzo de un tipo de revista satírica que no había existido entonces y en un momento en el que comenzó a despegar la prensa libre de las garras del franquismo. En esos años 1975-197, se fundaron 'El País' y 'Diario 16', que convivían con diarios de ultraderecha como el católico 'Ya' o el falangista 'El Alcázar', que en ese año gozaba de una excelente salud al pasar de 13.000 a 98.000 ejemplares.
'Fuerza Nueva', 'Ya' y 'El Alcázar'

Había subido tras la muerte del dictador Francisco Franco y convivía con otras revistas como 'Fuerza Nueva' —del partido de Blas Piñar—, que, en cambio, tenía carta blanca para criticar el revisionismo del Gobierno de Arias Navarro. Existía un cabreo y una bronca constante y los periodistas corrían peligro, especialmente —como siempre— los críticos con ETA, que asesinó por ejemplo a José María Portell el 28 de junio de 1978. El grupo terrorista aumentaría los asesinatos a periodistas con la consolidación de la democracia.

Hubo también en esa Transición amenazas por parte de los ultras e incluso secuestros como el de José Antonio Martínez Soler, director de la revista 'Doblón'. Soler había publicado un artículo sobre la Guardia Civil que sentó mal en el cuerpo y fue secuestrado y torturado durante varios días antes de ser puesto en libertad. Además, la prensa libre no se había quitado de encima todavía las garras del franquismo. Hubo otros 60 secuestros de periodistas en el periodo y tanto Juan Luis Cebrián, director de 'El País', como Miguel Ángel Aguilar, director de 'Diario 16' o Xavier Vinader reportero de 'Interviú' sufrieron las iras y presiones de las viejas y renqueantes instituciones del franquismo.

Lo peor era la sensación de que detrás de los grupos ultra estaban las fuerzas del orden

El primero, condenado a tres meses de prisión por desacato; el segundo, procesado por un tribunal militar en 1980, y, el tercero, condenado a siete años por un artículo contra los grupos ultra publicado en 'Interviú' —J. F. Fuentes, J. Fernández Sebastián 'Historia del Periodismo Español' (Síntesis)—. Lo peor, sin embargo, era la sensación, como en otros casos de violencia ultraderechista, el más célebre de ellos el asesinato de Yolanda González por parte de miembros de Fuerza Nueva, de que detrás de esos grupos de jóvenes ultraderechistas estaban en realidad las fuerzas del orden y seguridad del Estado. Las cloacas.
placeholder Bosch y Gómez Benet.
Bosch y Gómez Benet.

Fue una constante y en el caso de 'El Papus' no lo fue menos. Se entiende así la viñeta que atizaba a la Policía de Barcelona, porque sencillamente no se investigaba con ningún celo la autoría del atentado. Lo cierto es que jamás se pudo probar la autoría material a pesar de que se acusó a ultraderechistas del grupo Juventud Española en Pie como Juan Bosch Tapiés, y especialmente a Juan Gómez Benet, que pertenecía a la guardia de Franco de Lérida. Al final solo se les condenó por pertenecer a una banda y de posesión ilegal de explosivos. Carlos Navarro, editor de la revista, comentaba en 2010 que su abogado les contó que el juez, que era de su misma promoción, le había dicho que no se podía llegar más lejos: "¿Tú que quieres que me tenga que ir a Sudamérica?".
Bombazo y cierre

Algunos de los conocidos ultras de la época en Barcelona, que no estaban relacionados con el caso, como Ernesto Milá, han reconocido, sin embargo, que era conocido cuando estos grupos tenían explosivos y que eran del tipo T4, los utilizados por la Policía y el Ejército. Es una vieja historia de la Transición: miembros de las fuerzas de seguridad que se infiltraban en grupos de jóvenes cachorros adoctrinados en las ideas ultras y que perpetraban crímenes azuzados por ellos. El caso de Yolanda González es quizás el más relevante junto a la matanza de los abogados de Atocha.

El atentado significó su cierre 10 años después tras los gastos en abogados e investigadores

Milá apuntó también a las cloacas del Estado. Lo cierto es que no se supo nunca de verdad quién lo había cometido y el caso quedó enterrado. Ni siquiera ganó 'El Papus' una indemnización porque el conserje "no había tomado las medidas adecuadas". Al final, la bomba contra la revista significó su cierre 10 años después tras los enormes gastos de los abogados y los investigadores privados para esclarecer la verdad.

El grupo Godó había salido, además, del accionariado y muchos de sus dibujantes se pasaron precisamente a 'El Jueves' que ya había recogido el testigo. Así, los que atentaron contra las revistas se puede decir que consiguieron su objetivo. "¿Qué puede más la pluma o la pistola?", explicaba el dibujante Carlos Giménez de 'El Papus', "uno podría decir que es la pluma..., pero no, es la pistola, nosotros solo decíamos eso para tener un poco de ánimo contra el adversario...".
« Última modificación: 12 de Julio de 2021, 11:14:51 am por 47ronin »

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #786 en: 12 de Julio de 2021, 11:10:26 am »
Yo recuerdo la fotografía del atentado, era especialmente dura. . .

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #787 en: 18 de Julio de 2021, 07:30:11 am »

La fiscal superior de Madrid: “Entendemos que hay delito en el cartel electoral de Vox”


Almudena Lastra asegura que están analizando “caso a caso” las responsabilidades penales por la gestión de las residencias en la pandemia
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, durante la entrevista en su despacho en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, durante la entrevista en su despacho en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.VÍCTOR SAINZ
J. J. GÁLVEZ
|
PATRICIA PEIRÓ
Madrid - 18 JUL 2021 - 05:00 CEST
Almudena Lastra (Madrid, 55 años) asumió el cargo de fiscal superior de la Comunidad de Madrid hace apenas dos meses. Con 30 años de carrera a la espalda, es la primera mujer que lo ostenta. “Ya es hora”, subraya, de que el alto porcentaje de mujeres en la justicia se refleje en puestos de responsabilidad. La institución tiene numerosos retos por delante: como la persecución de responsabilidades penales derivadas de la gestión de la pandemia y de los delitos de odio. Como sus predecesores, pide más recursos y personal para una comunidad con una tasa de litigiosidad “muy alta”.


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Pregunta. ¿Cómo se afronta la época post pandemia?

Respuesta. Hay que recuperar el tiempo perdido. La pandemia dejó sin efecto muchos señalamientos judiciales y, una vez salimos del confinamiento, estos se distanciaron por medidas higiénicas. Hay que volver a conseguir la normalidad y eso va a suponer intentar llegar a acuerdos. La consigna para los fiscales en la jurisdicción penal, que es el grueso de nuestra Fiscalía, es intentar llegar al mayor número de conformidades que eviten la celebración de juicios con testigos para poder agilizar el trabajo. Además, lo presumible es que a partir de este momento tengamos un repunte de delincuencia que nos coloque en los parámetros de 2019.

P. ¿Cómo se trabaja en la persecución penal en la gestión de las residencias? Hasta ahora se han distinguido dos planos: gestores y el área de toma de decisiones políticas.

R. Se está analizando caso por caso, porque hay que depurar responsabilidades. El último escalón es la responsabilidad política y ha habido antes de eso muchas responsabilidades intermedias. Hasta ahora hay nueve denuncias y solo se ha archivado una. Se ha hecho un trabajo exhaustivo para determinar dónde estaba el problema: unas veces ha recaído en el responsable médico, otras en el gerente… Si de cada caso deriva algún otro tipo de responsabilidad, ya se verá. Cada residencia es un mundo.


P. Sin una regulación clara, muchas decisiones han acabado en los tribunales. ¿Se ha dejado en manos de la justicia decisiones meramente políticas?

R. Al final, todo termina en nosotros. Hacemos el control de la Administración y, en el momento que afecta a derechos fundamentales, tiene que intervenir la justicia.

P. Se ven resoluciones en un sentido u otro que confunden a la ciudadanía.

R. Hemos hecho frente a una pandemia con una legislación que no estaba pensada para ello. Hemos tomado decisiones políticas y judiciales en función de cómo se desarrollaban los acontecimientos. Esto no es blanco ni negro. En justicia hay una gama de grises enorme y la interpretación siempre da juego.


P. La intención es legislar para que los fiscales instruyan los casos (ahora lo hacen los jueces). Una denuncia histórica es la falta de recursos y personal en la Fiscalía. ¿Cómo se afronta esta transformación, que previsiblemente aumentará la carga de trabajo?

R. Es un cambio de modelo que no sé si llegará porque requiere unos consensos que no sé si veremos. No podemos estar aislados en el entorno europeo, en el resto de países los fiscales sí pueden instruir. Harán falta muchos medios. La plantilla en España es de 2.553 fiscales y ya, con las funciones actuales, es deficitaria. Nos faltan casi 400 fiscales.

P. ¿Qué otras necesidades tiene la Fiscalía de cara a este cambio?

R. Hay que hacer un cambio cultural dentro de la propia Fiscalía. Los fiscales tienen que aprender las técnicas de investigación más ágiles y eficaces. Madrid siempre es deficitario porque, en proporción a la población de habitantes, tiene muchos órganos judiciales y la tasa de litigiosidad es muy alta. Madrid siempre va por detrás de las necesidades. Eso nos obliga a recurrir a fiscales interinos y eso no es deseable.

Hemos hecho frente a una pandemia con una legislación que no estaba pensada para ello
P. La Audiencia Provincial archivó el recurso de medidas cautelares contra el cartel electoral de Vox sobre los menores extranjeros. ¿Qué se puede hacer?

R. La Fiscalía entiende que hay delito y ese procedimiento está abierto. La Audiencia ha resuelto solo sobre las medidas cautelares, que pedía que durante la campaña se retiraran los carteles. Ahora queda todo el procedimiento para convencer al juez de instrucción y posteriormente al órgano de enjuiciamiento de que se ha cometido un delito.

P. ¿Cómo valora las valoraciones del auto que rechazó el recurso ―calificaba a los menores como un “evidente problema político y social”―?

R. Yo solo veo un auto que confirma la denegación de una medida cautelar. Las valoraciones que han deslizado, se quedan ahí. Eso no va a ningún sitio. Donde tenemos que dar la batalla es en el seno del procedimiento. Ellos construyen un argumento que sitúan en el contexto electoral y entienden que, en ese momento, la libertad de expresión lo permite durante la campaña. Que todo es discutible, pero nosotros no vamos más allá.

P. ¿Han aumentado los delitos de odio?

R. El delito de odio permanecía oculto, como pasó en su día con la violencia machista. A la hora de realizar los atestados no se clasificaba como delito de odio. Se ha hecho una labor importante para aflorar los datos. Pero, en una sociedad crispada como tenemos, hay más delitos de odio .


P. Una de las dificultades es que es un delito muy abierto a interpretaciones

R. Es complicado porque no hay que acreditar el hecho objetivo —por ejemplo, una lesión—, sino el subjetivo, que es la intención del que causa la lesión. Lo más difícil para probar es siempre la intencionalidad. Y en estos delitos es la clave. Ojalá que se vaya creando una conciencia social. Hace 25 años, la violencia sobre la mujer quedaba absolutamente soterrada, y se hizo aflorar. Estamos en ese mismo proceso.

El delito de odio ha permanecido oculto, como pasó en su día con la violencia machista
P. El ministerio público no recurrió el archivo de la causa por la falsificación de documentos de la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio ¿Cómo explica el cambio de criterio?

R. La Fiscalía denunció una falsedad ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y este entendió que efectivamente se incorporó documentación manipulada a un expediente administrativo. Una vez más, la explicación es técnica. Los hechos se habían producido en tres periodos distintos: 2005, 2011 y 2016. La Sala reconoce una manipulación, que no atribuye a nadie, que se produce en 2011, hechos que están prescritos. Y la realidad es que en 2016, aparte de burda, [esa falsificación] es inocua porque cambió la normativa y no era necesario que esa documentación se aportase. La jurisprudencia entiende que las alteraciones burdas o inocuas no constituyen el tipo penal.

P. Pero, pasaron de iniciar la acción a aceptar el criterio del TSJ.

R. Como pasa muchas veces. Donde hay que discutirlo es ahí. La Fiscalía analiza unos hechos, presenta una denuncia o una querella ante el órgano de enjuiciamiento, que es el que tiene que hacer esa valoración. El TSJ lo ha motivado y argumentado razonadamente, y nosotros poco más tenemos que añadir. Como tantas otras veces que asumimos la resolución judicial siempre que es motivada y razonada.

La fiscal superior de Madrid Almudena Lastra.
La fiscal superior de Madrid Almudena Lastra.VÍCTOR SAINZ
P. ¿Han recurrido al Supremo la absolución de la expresidenta autonómica Cristina Cifuentes por el caso Máster?

R. No, también por una cuestión técnica. Hemos construido una acusación que ha sido vista dos veces, en instancia y se ha revisado en el TSJ. Hemos tenido nuestra oportunidad. Hemos intentado acreditar unos hechos, pero no lo ha visto el tribunal de instancia y el tribunal de apelación ha entendido que no había ninguna irregularidad en la resolución.

P. ¿La Fiscalía se siente decepcionada por ese caso, que resultó finalmente con penas mínimas solo para dos personas que no implican entrar en prisión?

R. La Fiscalía no se decepciona. La Fiscalía hace su trabajo. A veces tenemos el convencimiento de que unos hechos son constitutivos de delito y no podemos articular una acusación porque no tenemos los medios de prueba. Son las reglas del juego.

P. Podemos, tras la petición de Fiscalía de dos imputaciones en el caso Niñera, habló de una “judicatura patriótica”. ¿Se siente la Fiscalía señalada?

R. No nos sentimos señalados por nadie porque trabajamos ajenos a las interferencias exteriores. Este procedimiento está en fase de instrucción y nuestra función es recopilar el material probatorio haciendo abstracción de todo lo que se hace alrededor. Lo que hagan otros, a nosotros no debe afectarnos.


P. ¿Se ha iniciado alguna investigación por la brecha de seguridad en la vacunación con la filtración de datos del Rey incluido?

R. Se denunciaron los hechos en esta Fiscalía y se han remitido a la Fiscalía Provincial, que es la competente y es la que tendrá que investigar qué es lo que ha ocurrido. No sé si es una brecha de seguridad. Ahora mismo estamos en la fase de investigación. Veremos si hay detrás una conducta delictiva o no, porque puede ser simplemente una actualización que se carga y hay un fallo en la plataforma.

P. La Asociación de Fiscales ha criticado los nombramientos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por primar a la Unión Progresista de Fiscales, ¿se siente usted cuestionada?

R. Yo solicité esta plaza y he recibido el respaldo unánime del Consejo Fiscal. A mí me han apoyado expresamente los cinco vocales de la Asociación de Fiscales. Por lo tanto, estoy absolutamente tranquila y satisfecha de que vengo con todo el respaldo del Consejo Fiscal. Pertenezco a la UPF, sí; pero no creo que haya sido determinante en mi nombramiento.

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #788 en: 19 de Julio de 2021, 00:10:02 am »
Y por aquí alguno sigue diciendo que la Fiscalía de Madrid es derechona...


La fiscal superior de Madrid: “Entendemos que hay delito en el cartel electoral de Vox”


Almudena Lastra asegura que están analizando “caso a caso” las responsabilidades penales por la gestión de las residencias en la pandemia
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, durante la entrevista en su despacho en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, durante la entrevista en su despacho en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.VÍCTOR SAINZ
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Almudena Lastra (Madrid, 55 años) asumió el cargo de fiscal superior de la Comunidad de Madrid hace apenas dos meses. Con 30 años de carrera a la espalda, es la primera mujer que lo ostenta. “Ya es hora”, subraya, de que el alto porcentaje de mujeres en la justicia se refleje en puestos de responsabilidad. La institución tiene numerosos retos por delante: como la persecución de responsabilidades penales derivadas de la gestión de la pandemia y de los delitos de odio. Como sus predecesores, pide más recursos y personal para una comunidad con una tasa de litigiosidad “muy alta”.


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Pregunta. ¿Cómo se afronta la época post pandemia?

Respuesta. Hay que recuperar el tiempo perdido. La pandemia dejó sin efecto muchos señalamientos judiciales y, una vez salimos del confinamiento, estos se distanciaron por medidas higiénicas. Hay que volver a conseguir la normalidad y eso va a suponer intentar llegar a acuerdos. La consigna para los fiscales en la jurisdicción penal, que es el grueso de nuestra Fiscalía, es intentar llegar al mayor número de conformidades que eviten la celebración de juicios con testigos para poder agilizar el trabajo. Además, lo presumible es que a partir de este momento tengamos un repunte de delincuencia que nos coloque en los parámetros de 2019.

P. ¿Cómo se trabaja en la persecución penal en la gestión de las residencias? Hasta ahora se han distinguido dos planos: gestores y el área de toma de decisiones políticas.

R. Se está analizando caso por caso, porque hay que depurar responsabilidades. El último escalón es la responsabilidad política y ha habido antes de eso muchas responsabilidades intermedias. Hasta ahora hay nueve denuncias y solo se ha archivado una. Se ha hecho un trabajo exhaustivo para determinar dónde estaba el problema: unas veces ha recaído en el responsable médico, otras en el gerente… Si de cada caso deriva algún otro tipo de responsabilidad, ya se verá. Cada residencia es un mundo.


P. Sin una regulación clara, muchas decisiones han acabado en los tribunales. ¿Se ha dejado en manos de la justicia decisiones meramente políticas?

R. Al final, todo termina en nosotros. Hacemos el control de la Administración y, en el momento que afecta a derechos fundamentales, tiene que intervenir la justicia.

P. Se ven resoluciones en un sentido u otro que confunden a la ciudadanía.

R. Hemos hecho frente a una pandemia con una legislación que no estaba pensada para ello. Hemos tomado decisiones políticas y judiciales en función de cómo se desarrollaban los acontecimientos. Esto no es blanco ni negro. En justicia hay una gama de grises enorme y la interpretación siempre da juego.


P. La intención es legislar para que los fiscales instruyan los casos (ahora lo hacen los jueces). Una denuncia histórica es la falta de recursos y personal en la Fiscalía. ¿Cómo se afronta esta transformación, que previsiblemente aumentará la carga de trabajo?

R. Es un cambio de modelo que no sé si llegará porque requiere unos consensos que no sé si veremos. No podemos estar aislados en el entorno europeo, en el resto de países los fiscales sí pueden instruir. Harán falta muchos medios. La plantilla en España es de 2.553 fiscales y ya, con las funciones actuales, es deficitaria. Nos faltan casi 400 fiscales.

P. ¿Qué otras necesidades tiene la Fiscalía de cara a este cambio?

R. Hay que hacer un cambio cultural dentro de la propia Fiscalía. Los fiscales tienen que aprender las técnicas de investigación más ágiles y eficaces. Madrid siempre es deficitario porque, en proporción a la población de habitantes, tiene muchos órganos judiciales y la tasa de litigiosidad es muy alta. Madrid siempre va por detrás de las necesidades. Eso nos obliga a recurrir a fiscales interinos y eso no es deseable.

Hemos hecho frente a una pandemia con una legislación que no estaba pensada para ello
P. La Audiencia Provincial archivó el recurso de medidas cautelares contra el cartel electoral de Vox sobre los menores extranjeros. ¿Qué se puede hacer?

R. La Fiscalía entiende que hay delito y ese procedimiento está abierto. La Audiencia ha resuelto solo sobre las medidas cautelares, que pedía que durante la campaña se retiraran los carteles. Ahora queda todo el procedimiento para convencer al juez de instrucción y posteriormente al órgano de enjuiciamiento de que se ha cometido un delito.

P. ¿Cómo valora las valoraciones del auto que rechazó el recurso ―calificaba a los menores como un “evidente problema político y social”―?

R. Yo solo veo un auto que confirma la denegación de una medida cautelar. Las valoraciones que han deslizado, se quedan ahí. Eso no va a ningún sitio. Donde tenemos que dar la batalla es en el seno del procedimiento. Ellos construyen un argumento que sitúan en el contexto electoral y entienden que, en ese momento, la libertad de expresión lo permite durante la campaña. Que todo es discutible, pero nosotros no vamos más allá.

P. ¿Han aumentado los delitos de odio?

R. El delito de odio permanecía oculto, como pasó en su día con la violencia machista. A la hora de realizar los atestados no se clasificaba como delito de odio. Se ha hecho una labor importante para aflorar los datos. Pero, en una sociedad crispada como tenemos, hay más delitos de odio .


P. Una de las dificultades es que es un delito muy abierto a interpretaciones

R. Es complicado porque no hay que acreditar el hecho objetivo —por ejemplo, una lesión—, sino el subjetivo, que es la intención del que causa la lesión. Lo más difícil para probar es siempre la intencionalidad. Y en estos delitos es la clave. Ojalá que se vaya creando una conciencia social. Hace 25 años, la violencia sobre la mujer quedaba absolutamente soterrada, y se hizo aflorar. Estamos en ese mismo proceso.

El delito de odio ha permanecido oculto, como pasó en su día con la violencia machista
P. El ministerio público no recurrió el archivo de la causa por la falsificación de documentos de la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio ¿Cómo explica el cambio de criterio?

R. La Fiscalía denunció una falsedad ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y este entendió que efectivamente se incorporó documentación manipulada a un expediente administrativo. Una vez más, la explicación es técnica. Los hechos se habían producido en tres periodos distintos: 2005, 2011 y 2016. La Sala reconoce una manipulación, que no atribuye a nadie, que se produce en 2011, hechos que están prescritos. Y la realidad es que en 2016, aparte de burda, [esa falsificación] es inocua porque cambió la normativa y no era necesario que esa documentación se aportase. La jurisprudencia entiende que las alteraciones burdas o inocuas no constituyen el tipo penal.

P. Pero, pasaron de iniciar la acción a aceptar el criterio del TSJ.

R. Como pasa muchas veces. Donde hay que discutirlo es ahí. La Fiscalía analiza unos hechos, presenta una denuncia o una querella ante el órgano de enjuiciamiento, que es el que tiene que hacer esa valoración. El TSJ lo ha motivado y argumentado razonadamente, y nosotros poco más tenemos que añadir. Como tantas otras veces que asumimos la resolución judicial siempre que es motivada y razonada.

La fiscal superior de Madrid Almudena Lastra.
La fiscal superior de Madrid Almudena Lastra.VÍCTOR SAINZ
P. ¿Han recurrido al Supremo la absolución de la expresidenta autonómica Cristina Cifuentes por el caso Máster?

R. No, también por una cuestión técnica. Hemos construido una acusación que ha sido vista dos veces, en instancia y se ha revisado en el TSJ. Hemos tenido nuestra oportunidad. Hemos intentado acreditar unos hechos, pero no lo ha visto el tribunal de instancia y el tribunal de apelación ha entendido que no había ninguna irregularidad en la resolución.

P. ¿La Fiscalía se siente decepcionada por ese caso, que resultó finalmente con penas mínimas solo para dos personas que no implican entrar en prisión?

R. La Fiscalía no se decepciona. La Fiscalía hace su trabajo. A veces tenemos el convencimiento de que unos hechos son constitutivos de delito y no podemos articular una acusación porque no tenemos los medios de prueba. Son las reglas del juego.

P. Podemos, tras la petición de Fiscalía de dos imputaciones en el caso Niñera, habló de una “judicatura patriótica”. ¿Se siente la Fiscalía señalada?

R. No nos sentimos señalados por nadie porque trabajamos ajenos a las interferencias exteriores. Este procedimiento está en fase de instrucción y nuestra función es recopilar el material probatorio haciendo abstracción de todo lo que se hace alrededor. Lo que hagan otros, a nosotros no debe afectarnos.


P. ¿Se ha iniciado alguna investigación por la brecha de seguridad en la vacunación con la filtración de datos del Rey incluido?

R. Se denunciaron los hechos en esta Fiscalía y se han remitido a la Fiscalía Provincial, que es la competente y es la que tendrá que investigar qué es lo que ha ocurrido. No sé si es una brecha de seguridad. Ahora mismo estamos en la fase de investigación. Veremos si hay detrás una conducta delictiva o no, porque puede ser simplemente una actualización que se carga y hay un fallo en la plataforma.

P. La Asociación de Fiscales ha criticado los nombramientos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por primar a la Unión Progresista de Fiscales, ¿se siente usted cuestionada?

R. Yo solicité esta plaza y he recibido el respaldo unánime del Consejo Fiscal. A mí me han apoyado expresamente los cinco vocales de la Asociación de Fiscales. Por lo tanto, estoy absolutamente tranquila y satisfecha de que vengo con todo el respaldo del Consejo Fiscal. Pertenezco a la UPF, sí; pero no creo que haya sido determinante en mi nombramiento.

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #789 en: 19 de Julio de 2021, 00:14:45 am »
Pero algún ignorante seguirá negando lo evidente, y lo peor, lo que dicen las normas...

Citar
Delgado 'revoluciona' la Fiscalía con 20 nombramientos el día de las elecciones

Muchas de las designaciones previstas se saltan el escalafón y pueden provocar un rechazo entre la carrera fiscal que quedara eclipsado ante la opinión publica por los resultados de Madrid.

https://www.lainformacion.com/espana/delgado-revoluciona-la-fiscalia-con-20-nombramientos-el-dia-de-las-elecciones-de-madrid/2836828/


Dolores Delgado "se adueña" de la cúpula de la Fiscalía: los 7 fiscales de Sala nombrados en 1 año son de la UPF

https://www.libertaddigital.com/espana/2021-05-06/dolores-delgado-se-aduena-de-la-cupula-de-la-fiscalia-los-7-fiscales-de-sala-nombrados-en-1-ano-son-de-la-upf-6752346/

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #790 en: 19 de Julio de 2021, 14:16:58 pm »

La Audiencia de Madrid confirma el archivo de la causa del cartel de Vox y lo sitúa en la "legítima lucha ideológica"


Son "excesos verbales" con el fin de "exponer unas ideas de una forma visual y de indudable impacto", indica Defiende que "no todo mensaje inaceptable" ha de ser "tratado como delito"
 

19.07.2021
RTVE.ES
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La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo del caso abierto por el cartel electoral de Vox sobre menores extranjeros no acompañados, un asunto que enmarca en "la legítima lucha ideológica-partidista" en el contexto de unas elecciones e interpreta como "un mensaje electoral".

La sección segunda de la Audiencia ha desestimado los recursos formulados por la Fiscalía, la Asociación Ciudadana Progresista 'Progresa', el PSOE, Podemos, Izquierda Unida y la coalición electoral de Unidas Podemos contra la decisión de una jueza de Madrid de archivar el caso al no ver indicios de delito de odio.

El tribunal da así carpetazo al caso en una resolución en la que afirma que el asunto se incardina en "la legítima lucha ideológica-partidista en el marco de una contienda electoral donde constituye una máxima de la experiencia los excesos verbales que se cometen por unos y otros actores políticos", y añade que el cartel objeto de controversia debe "interpretarse como un mensaje electoral dirigido a un colectivo mucho más numeroso que el de los menas".

En el cartel de Vox, expuesto en una estación de Cercanías de Madrid, se veía en un lado a una anciana y en otro a un joven migrante con el texto "Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes" con el lema "Protege Madrid, vota seguro". Unas cifras que, como ya confirmó Verifica RTVE, son engañosas.

Los niños migrantes solos no disponen de 4.700 euros al mes en Madrid
Los niños migrantes solos no disponen de 4.700 euros al mes en Madrid
VERIFICARTVE
La resolución señala que el objetivo de Vox con este mensaje no era otro sino el de "exponer unas ideas de una forma visual y de indudable impacto... en el que se destaca la importancia de la seguridad de los ciudadanos en general y la protección económica de los mayores".

"No todo mensaje inaceptable ha de ser tratado como delito"
Sobre la consideración como posible delito de odio, cita a una sentencia en la que se subraya que "no todo mensaje inaceptable o que ocasione el rechazo de la inmensa mayoría de la ciudadanía ha de ser tratado como delito".

Así, el tribunal de la Audiencia de Madrid, que ya se pronunció en este mismo sentido en un auto del pasado 1 de julio (cuando dijo que esos menores son un "evidente problema social y político), expone que el delito de odio es "circunstancial", por lo que debe ser interpretado "en su contexto". "No puede ser un mero transgresor de la libertad de expresión", añade.

En este sentido, asegura que desestima los diversos recursos de apelación con el respaldo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y otras audiencias provinciales.

Pese a reconocer que se trata de un mensaje en contra del colectivo de menores extranjeros no acompañados, afirma que no solo está dirigido a ellos, sino que también es un mensaje electoral que apela a los pensionistas.

En cuanto al resto de proclamas que Vox realizó durante sus mitines de campaña y publicó en sus perfiles en redes sociales, la resolución aclara que en el marco de una contienda electoral se constituye una "máxima de la experiencia" relacionada con los "excesos verbales" cometidos por los distintos actores políticos.

Belarra: "El odio nunca será una oferta política legítima"
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha reaccionado en Twitter al auto asegurando que "el odio contra los niños/as más vulnerables nunca será una oferta política por mucho que lo diga la Audiencia de Madrid

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #791 en: 22 de Julio de 2021, 07:34:26 am »

por un delito de revelación de secretos
Dos paparazis, a juicio por fotografiar desnuda a Mariló Montero en su habitación de hotel
La Audiencia Provincial de Barcelona indica el camino del banquillo a los reporteros Diego Arrabal y Gustavo López por tomar imágenes de Mariló Montero cuando estaba en un hotel de Bora Bora en marzo de 2015

Por José María Olmo
22/07/2021 - 05:00

La Audiencia Provincial de Barcelona ha dejado a un paso del banquillo a dos paparazis por fotografiar a Mariló Montero en 'topless' cuando se encontraba en la habitación de su hotel. El órgano judicial considera que los hechos son constitutivos de un presunto delito de revelación de secretos porque los fotógrafos conculcaron el derecho a la intimidad de la periodista y, además, tomaron imágenes sin “justificación, porque la información contenida en ellas es absolutamente irrelevante para la comunidad y solo sirve para conocer aspectos privados de la vida humana”, fija la resolución, a la que ha tenido acceso El Confidencial.





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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #792 en: 22 de Julio de 2021, 07:48:13 am »

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #793 en: 22 de Julio de 2021, 13:55:45 pm »
Todavía se vende ese panfleto comunista?

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #794 en: 22 de Julio de 2021, 20:33:59 pm »
Se ve que entre los podemitas y sanchistas no hay hijos de puta, porque no ponen a ninguno..., y no será porque no tienen donde elegir...

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #795 en: 22 de Julio de 2021, 21:47:38 pm »
Será porque Felipe González es de VOX. . . jajajaja. . . grande el Jueves. . .

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #796 en: 23 de Julio de 2021, 00:21:20 am »
Y por aquí alguno sigue diciendo que la Fiscalía de Madrid es derechona...


La fiscal superior de Madrid: “Entendemos que hay delito en el cartel electoral de Vox”


Almudena Lastra asegura que están analizando “caso a caso” las responsabilidades penales por la gestión de las residencias en la pandemia
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, durante la entrevista en su despacho en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, durante la entrevista en su despacho en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.VÍCTOR SAINZ
J. J. GÁLVEZ
|
PATRICIA PEIRÓ
Madrid - 18 JUL 2021 - 05:00 CEST
Almudena Lastra (Madrid, 55 años) asumió el cargo de fiscal superior de la Comunidad de Madrid hace apenas dos meses. Con 30 años de carrera a la espalda, es la primera mujer que lo ostenta. “Ya es hora”, subraya, de que el alto porcentaje de mujeres en la justicia se refleje en puestos de responsabilidad. La institución tiene numerosos retos por delante: como la persecución de responsabilidades penales derivadas de la gestión de la pandemia y de los delitos de odio. Como sus predecesores, pide más recursos y personal para una comunidad con una tasa de litigiosidad “muy alta”.


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Cartel electoral de Vox, en una estación de Cercanías en Madrid.
La justicia avala el cartel electoral de Vox contra los menores extranjeros: “Son un evidente problema social y político”
Cartel electoral de Vox en la estación de tren de Sol.
El difuso límite entre el delito de odio y la libertad de expresión que enreda a la Audiencia de Madrid

Pregunta. ¿Cómo se afronta la época post pandemia?

Respuesta. Hay que recuperar el tiempo perdido. La pandemia dejó sin efecto muchos señalamientos judiciales y, una vez salimos del confinamiento, estos se distanciaron por medidas higiénicas. Hay que volver a conseguir la normalidad y eso va a suponer intentar llegar a acuerdos. La consigna para los fiscales en la jurisdicción penal, que es el grueso de nuestra Fiscalía, es intentar llegar al mayor número de conformidades que eviten la celebración de juicios con testigos para poder agilizar el trabajo. Además, lo presumible es que a partir de este momento tengamos un repunte de delincuencia que nos coloque en los parámetros de 2019.

P. ¿Cómo se trabaja en la persecución penal en la gestión de las residencias? Hasta ahora se han distinguido dos planos: gestores y el área de toma de decisiones políticas.

R. Se está analizando caso por caso, porque hay que depurar responsabilidades. El último escalón es la responsabilidad política y ha habido antes de eso muchas responsabilidades intermedias. Hasta ahora hay nueve denuncias y solo se ha archivado una. Se ha hecho un trabajo exhaustivo para determinar dónde estaba el problema: unas veces ha recaído en el responsable médico, otras en el gerente… Si de cada caso deriva algún otro tipo de responsabilidad, ya se verá. Cada residencia es un mundo.


P. Sin una regulación clara, muchas decisiones han acabado en los tribunales. ¿Se ha dejado en manos de la justicia decisiones meramente políticas?

R. Al final, todo termina en nosotros. Hacemos el control de la Administración y, en el momento que afecta a derechos fundamentales, tiene que intervenir la justicia.

P. Se ven resoluciones en un sentido u otro que confunden a la ciudadanía.

R. Hemos hecho frente a una pandemia con una legislación que no estaba pensada para ello. Hemos tomado decisiones políticas y judiciales en función de cómo se desarrollaban los acontecimientos. Esto no es blanco ni negro. En justicia hay una gama de grises enorme y la interpretación siempre da juego.


P. La intención es legislar para que los fiscales instruyan los casos (ahora lo hacen los jueces). Una denuncia histórica es la falta de recursos y personal en la Fiscalía. ¿Cómo se afronta esta transformación, que previsiblemente aumentará la carga de trabajo?

R. Es un cambio de modelo que no sé si llegará porque requiere unos consensos que no sé si veremos. No podemos estar aislados en el entorno europeo, en el resto de países los fiscales sí pueden instruir. Harán falta muchos medios. La plantilla en España es de 2.553 fiscales y ya, con las funciones actuales, es deficitaria. Nos faltan casi 400 fiscales.

P. ¿Qué otras necesidades tiene la Fiscalía de cara a este cambio?

R. Hay que hacer un cambio cultural dentro de la propia Fiscalía. Los fiscales tienen que aprender las técnicas de investigación más ágiles y eficaces. Madrid siempre es deficitario porque, en proporción a la población de habitantes, tiene muchos órganos judiciales y la tasa de litigiosidad es muy alta. Madrid siempre va por detrás de las necesidades. Eso nos obliga a recurrir a fiscales interinos y eso no es deseable.

Hemos hecho frente a una pandemia con una legislación que no estaba pensada para ello
P. La Audiencia Provincial archivó el recurso de medidas cautelares contra el cartel electoral de Vox sobre los menores extranjeros. ¿Qué se puede hacer?

R. La Fiscalía entiende que hay delito y ese procedimiento está abierto. La Audiencia ha resuelto solo sobre las medidas cautelares, que pedía que durante la campaña se retiraran los carteles. Ahora queda todo el procedimiento para convencer al juez de instrucción y posteriormente al órgano de enjuiciamiento de que se ha cometido un delito.

P. ¿Cómo valora las valoraciones del auto que rechazó el recurso ―calificaba a los menores como un “evidente problema político y social”―?

R. Yo solo veo un auto que confirma la denegación de una medida cautelar. Las valoraciones que han deslizado, se quedan ahí. Eso no va a ningún sitio. Donde tenemos que dar la batalla es en el seno del procedimiento. Ellos construyen un argumento que sitúan en el contexto electoral y entienden que, en ese momento, la libertad de expresión lo permite durante la campaña. Que todo es discutible, pero nosotros no vamos más allá.

P. ¿Han aumentado los delitos de odio?

R. El delito de odio permanecía oculto, como pasó en su día con la violencia machista. A la hora de realizar los atestados no se clasificaba como delito de odio. Se ha hecho una labor importante para aflorar los datos. Pero, en una sociedad crispada como tenemos, hay más delitos de odio .


P. Una de las dificultades es que es un delito muy abierto a interpretaciones

R. Es complicado porque no hay que acreditar el hecho objetivo —por ejemplo, una lesión—, sino el subjetivo, que es la intención del que causa la lesión. Lo más difícil para probar es siempre la intencionalidad. Y en estos delitos es la clave. Ojalá que se vaya creando una conciencia social. Hace 25 años, la violencia sobre la mujer quedaba absolutamente soterrada, y se hizo aflorar. Estamos en ese mismo proceso.

El delito de odio ha permanecido oculto, como pasó en su día con la violencia machista
P. El ministerio público no recurrió el archivo de la causa por la falsificación de documentos de la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio ¿Cómo explica el cambio de criterio?

R. La Fiscalía denunció una falsedad ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y este entendió que efectivamente se incorporó documentación manipulada a un expediente administrativo. Una vez más, la explicación es técnica. Los hechos se habían producido en tres periodos distintos: 2005, 2011 y 2016. La Sala reconoce una manipulación, que no atribuye a nadie, que se produce en 2011, hechos que están prescritos. Y la realidad es que en 2016, aparte de burda, [esa falsificación] es inocua porque cambió la normativa y no era necesario que esa documentación se aportase. La jurisprudencia entiende que las alteraciones burdas o inocuas no constituyen el tipo penal.

P. Pero, pasaron de iniciar la acción a aceptar el criterio del TSJ.

R. Como pasa muchas veces. Donde hay que discutirlo es ahí. La Fiscalía analiza unos hechos, presenta una denuncia o una querella ante el órgano de enjuiciamiento, que es el que tiene que hacer esa valoración. El TSJ lo ha motivado y argumentado razonadamente, y nosotros poco más tenemos que añadir. Como tantas otras veces que asumimos la resolución judicial siempre que es motivada y razonada.

La fiscal superior de Madrid Almudena Lastra.
La fiscal superior de Madrid Almudena Lastra.VÍCTOR SAINZ
P. ¿Han recurrido al Supremo la absolución de la expresidenta autonómica Cristina Cifuentes por el caso Máster?

R. No, también por una cuestión técnica. Hemos construido una acusación que ha sido vista dos veces, en instancia y se ha revisado en el TSJ. Hemos tenido nuestra oportunidad. Hemos intentado acreditar unos hechos, pero no lo ha visto el tribunal de instancia y el tribunal de apelación ha entendido que no había ninguna irregularidad en la resolución.

P. ¿La Fiscalía se siente decepcionada por ese caso, que resultó finalmente con penas mínimas solo para dos personas que no implican entrar en prisión?

R. La Fiscalía no se decepciona. La Fiscalía hace su trabajo. A veces tenemos el convencimiento de que unos hechos son constitutivos de delito y no podemos articular una acusación porque no tenemos los medios de prueba. Son las reglas del juego.

P. Podemos, tras la petición de Fiscalía de dos imputaciones en el caso Niñera, habló de una “judicatura patriótica”. ¿Se siente la Fiscalía señalada?

R. No nos sentimos señalados por nadie porque trabajamos ajenos a las interferencias exteriores. Este procedimiento está en fase de instrucción y nuestra función es recopilar el material probatorio haciendo abstracción de todo lo que se hace alrededor. Lo que hagan otros, a nosotros no debe afectarnos.


P. ¿Se ha iniciado alguna investigación por la brecha de seguridad en la vacunación con la filtración de datos del Rey incluido?

R. Se denunciaron los hechos en esta Fiscalía y se han remitido a la Fiscalía Provincial, que es la competente y es la que tendrá que investigar qué es lo que ha ocurrido. No sé si es una brecha de seguridad. Ahora mismo estamos en la fase de investigación. Veremos si hay detrás una conducta delictiva o no, porque puede ser simplemente una actualización que se carga y hay un fallo en la plataforma.

P. La Asociación de Fiscales ha criticado los nombramientos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por primar a la Unión Progresista de Fiscales, ¿se siente usted cuestionada?

R. Yo solicité esta plaza y he recibido el respaldo unánime del Consejo Fiscal. A mí me han apoyado expresamente los cinco vocales de la Asociación de Fiscales. Por lo tanto, estoy absolutamente tranquila y satisfecha de que vengo con todo el respaldo del Consejo Fiscal. Pertenezco a la UPF, sí; pero no creo que haya sido determinante en mi nombramiento.


Del PP de Ayuso, concretamente

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #797 en: 23 de Julio de 2021, 01:33:01 am »
Será porque Felipe González es de VOX. . . jajajaja. . . grande el Jueves. . .

Veo que no has pillado porque pongo sanchistas..., jajaja..., porque he puesto sanchistas, no socialistas..., pero te lo explico,  y es porque Felipe González es socialista pero no es sanchista, cosa de la que te habrás dado cuenta...

Así que repito, no ponen a  ningún sanchista y a ningún podemita, y no será porque no los hay hijos de puta...


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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #798 en: 23 de Julio de 2021, 01:48:06 am »
Y por aquí alguno sigue diciendo que la Fiscalía de Madrid es derechona...


La fiscal superior de Madrid: “Entendemos que hay delito en el cartel electoral de Vox”


Almudena Lastra asegura que están analizando “caso a caso” las responsabilidades penales por la gestión de las residencias en la pandemia
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, durante la entrevista en su despacho en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, durante la entrevista en su despacho en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.VÍCTOR SAINZ
J. J. GÁLVEZ
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Madrid - 18 JUL 2021 - 05:00 CEST
Almudena Lastra (Madrid, 55 años) asumió el cargo de fiscal superior de la Comunidad de Madrid hace apenas dos meses. Con 30 años de carrera a la espalda, es la primera mujer que lo ostenta. “Ya es hora”, subraya, de que el alto porcentaje de mujeres en la justicia se refleje en puestos de responsabilidad. La institución tiene numerosos retos por delante: como la persecución de responsabilidades penales derivadas de la gestión de la pandemia y de los delitos de odio. Como sus predecesores, pide más recursos y personal para una comunidad con una tasa de litigiosidad “muy alta”.


MÁS INFORMACIÓN
Cartel electoral de Vox, en una estación de Cercanías en Madrid.
La justicia avala el cartel electoral de Vox contra los menores extranjeros: “Son un evidente problema social y político”
Cartel electoral de Vox en la estación de tren de Sol.
El difuso límite entre el delito de odio y la libertad de expresión que enreda a la Audiencia de Madrid

Pregunta. ¿Cómo se afronta la época post pandemia?

Respuesta. Hay que recuperar el tiempo perdido. La pandemia dejó sin efecto muchos señalamientos judiciales y, una vez salimos del confinamiento, estos se distanciaron por medidas higiénicas. Hay que volver a conseguir la normalidad y eso va a suponer intentar llegar a acuerdos. La consigna para los fiscales en la jurisdicción penal, que es el grueso de nuestra Fiscalía, es intentar llegar al mayor número de conformidades que eviten la celebración de juicios con testigos para poder agilizar el trabajo. Además, lo presumible es que a partir de este momento tengamos un repunte de delincuencia que nos coloque en los parámetros de 2019.

P. ¿Cómo se trabaja en la persecución penal en la gestión de las residencias? Hasta ahora se han distinguido dos planos: gestores y el área de toma de decisiones políticas.

R. Se está analizando caso por caso, porque hay que depurar responsabilidades. El último escalón es la responsabilidad política y ha habido antes de eso muchas responsabilidades intermedias. Hasta ahora hay nueve denuncias y solo se ha archivado una. Se ha hecho un trabajo exhaustivo para determinar dónde estaba el problema: unas veces ha recaído en el responsable médico, otras en el gerente… Si de cada caso deriva algún otro tipo de responsabilidad, ya se verá. Cada residencia es un mundo.


P. Sin una regulación clara, muchas decisiones han acabado en los tribunales. ¿Se ha dejado en manos de la justicia decisiones meramente políticas?

R. Al final, todo termina en nosotros. Hacemos el control de la Administración y, en el momento que afecta a derechos fundamentales, tiene que intervenir la justicia.

P. Se ven resoluciones en un sentido u otro que confunden a la ciudadanía.

R. Hemos hecho frente a una pandemia con una legislación que no estaba pensada para ello. Hemos tomado decisiones políticas y judiciales en función de cómo se desarrollaban los acontecimientos. Esto no es blanco ni negro. En justicia hay una gama de grises enorme y la interpretación siempre da juego.


P. La intención es legislar para que los fiscales instruyan los casos (ahora lo hacen los jueces). Una denuncia histórica es la falta de recursos y personal en la Fiscalía. ¿Cómo se afronta esta transformación, que previsiblemente aumentará la carga de trabajo?

R. Es un cambio de modelo que no sé si llegará porque requiere unos consensos que no sé si veremos. No podemos estar aislados en el entorno europeo, en el resto de países los fiscales sí pueden instruir. Harán falta muchos medios. La plantilla en España es de 2.553 fiscales y ya, con las funciones actuales, es deficitaria. Nos faltan casi 400 fiscales.

P. ¿Qué otras necesidades tiene la Fiscalía de cara a este cambio?

R. Hay que hacer un cambio cultural dentro de la propia Fiscalía. Los fiscales tienen que aprender las técnicas de investigación más ágiles y eficaces. Madrid siempre es deficitario porque, en proporción a la población de habitantes, tiene muchos órganos judiciales y la tasa de litigiosidad es muy alta. Madrid siempre va por detrás de las necesidades. Eso nos obliga a recurrir a fiscales interinos y eso no es deseable.

Hemos hecho frente a una pandemia con una legislación que no estaba pensada para ello
P. La Audiencia Provincial archivó el recurso de medidas cautelares contra el cartel electoral de Vox sobre los menores extranjeros. ¿Qué se puede hacer?

R. La Fiscalía entiende que hay delito y ese procedimiento está abierto. La Audiencia ha resuelto solo sobre las medidas cautelares, que pedía que durante la campaña se retiraran los carteles. Ahora queda todo el procedimiento para convencer al juez de instrucción y posteriormente al órgano de enjuiciamiento de que se ha cometido un delito.

P. ¿Cómo valora las valoraciones del auto que rechazó el recurso ―calificaba a los menores como un “evidente problema político y social”―?

R. Yo solo veo un auto que confirma la denegación de una medida cautelar. Las valoraciones que han deslizado, se quedan ahí. Eso no va a ningún sitio. Donde tenemos que dar la batalla es en el seno del procedimiento. Ellos construyen un argumento que sitúan en el contexto electoral y entienden que, en ese momento, la libertad de expresión lo permite durante la campaña. Que todo es discutible, pero nosotros no vamos más allá.

P. ¿Han aumentado los delitos de odio?

R. El delito de odio permanecía oculto, como pasó en su día con la violencia machista. A la hora de realizar los atestados no se clasificaba como delito de odio. Se ha hecho una labor importante para aflorar los datos. Pero, en una sociedad crispada como tenemos, hay más delitos de odio .


P. Una de las dificultades es que es un delito muy abierto a interpretaciones

R. Es complicado porque no hay que acreditar el hecho objetivo —por ejemplo, una lesión—, sino el subjetivo, que es la intención del que causa la lesión. Lo más difícil para probar es siempre la intencionalidad. Y en estos delitos es la clave. Ojalá que se vaya creando una conciencia social. Hace 25 años, la violencia sobre la mujer quedaba absolutamente soterrada, y se hizo aflorar. Estamos en ese mismo proceso.

El delito de odio ha permanecido oculto, como pasó en su día con la violencia machista
P. El ministerio público no recurrió el archivo de la causa por la falsificación de documentos de la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio ¿Cómo explica el cambio de criterio?

R. La Fiscalía denunció una falsedad ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y este entendió que efectivamente se incorporó documentación manipulada a un expediente administrativo. Una vez más, la explicación es técnica. Los hechos se habían producido en tres periodos distintos: 2005, 2011 y 2016. La Sala reconoce una manipulación, que no atribuye a nadie, que se produce en 2011, hechos que están prescritos. Y la realidad es que en 2016, aparte de burda, [esa falsificación] es inocua porque cambió la normativa y no era necesario que esa documentación se aportase. La jurisprudencia entiende que las alteraciones burdas o inocuas no constituyen el tipo penal.

P. Pero, pasaron de iniciar la acción a aceptar el criterio del TSJ.

R. Como pasa muchas veces. Donde hay que discutirlo es ahí. La Fiscalía analiza unos hechos, presenta una denuncia o una querella ante el órgano de enjuiciamiento, que es el que tiene que hacer esa valoración. El TSJ lo ha motivado y argumentado razonadamente, y nosotros poco más tenemos que añadir. Como tantas otras veces que asumimos la resolución judicial siempre que es motivada y razonada.

La fiscal superior de Madrid Almudena Lastra.
La fiscal superior de Madrid Almudena Lastra.VÍCTOR SAINZ
P. ¿Han recurrido al Supremo la absolución de la expresidenta autonómica Cristina Cifuentes por el caso Máster?

R. No, también por una cuestión técnica. Hemos construido una acusación que ha sido vista dos veces, en instancia y se ha revisado en el TSJ. Hemos tenido nuestra oportunidad. Hemos intentado acreditar unos hechos, pero no lo ha visto el tribunal de instancia y el tribunal de apelación ha entendido que no había ninguna irregularidad en la resolución.

P. ¿La Fiscalía se siente decepcionada por ese caso, que resultó finalmente con penas mínimas solo para dos personas que no implican entrar en prisión?

R. La Fiscalía no se decepciona. La Fiscalía hace su trabajo. A veces tenemos el convencimiento de que unos hechos son constitutivos de delito y no podemos articular una acusación porque no tenemos los medios de prueba. Son las reglas del juego.

P. Podemos, tras la petición de Fiscalía de dos imputaciones en el caso Niñera, habló de una “judicatura patriótica”. ¿Se siente la Fiscalía señalada?

R. No nos sentimos señalados por nadie porque trabajamos ajenos a las interferencias exteriores. Este procedimiento está en fase de instrucción y nuestra función es recopilar el material probatorio haciendo abstracción de todo lo que se hace alrededor. Lo que hagan otros, a nosotros no debe afectarnos.


P. ¿Se ha iniciado alguna investigación por la brecha de seguridad en la vacunación con la filtración de datos del Rey incluido?

R. Se denunciaron los hechos en esta Fiscalía y se han remitido a la Fiscalía Provincial, que es la competente y es la que tendrá que investigar qué es lo que ha ocurrido. No sé si es una brecha de seguridad. Ahora mismo estamos en la fase de investigación. Veremos si hay detrás una conducta delictiva o no, porque puede ser simplemente una actualización que se carga y hay un fallo en la plataforma.

P. La Asociación de Fiscales ha criticado los nombramientos de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por primar a la Unión Progresista de Fiscales, ¿se siente usted cuestionada?

R. Yo solicité esta plaza y he recibido el respaldo unánime del Consejo Fiscal. A mí me han apoyado expresamente los cinco vocales de la Asociación de Fiscales. Por lo tanto, estoy absolutamente tranquila y satisfecha de que vengo con todo el respaldo del Consejo Fiscal. Pertenezco a la UPF, sí; pero no creo que haya sido determinante en mi nombramiento.


Del PP de Ayuso, concretamente


Definitivamente o no das para más o niegas lo evidente debido a tu enfermedad ideológica, ya que aparte de que está regulado,  hay hechos que son indiscutibles.

Pero algún ignorante seguirá negando lo evidente, y lo peor, lo que dicen las normas...

Citar
Delgado 'revoluciona' la Fiscalía con 20 nombramientos el día de las elecciones

Muchas de las designaciones previstas se saltan el escalafón y pueden provocar un rechazo entre la carrera fiscal que quedara eclipsado ante la opinión publica por los resultados de Madrid.

Jesús Caballero Klink opta a continuar en ese lugar cinco años más con su puesto 160 del escalafón, pero se enfrenta a otra de las fiscales de UPF y cercanas a Delgado, Almudena Lastra, que es teniente fiscal y está en el lugar 578.


https://www.lainformacion.com/espana/delgado-revoluciona-la-fiscalia-con-20-nombramientos-el-dia-de-las-elecciones-de-madrid/2836828/


Dolores Delgado "se adueña" de la cúpula de la Fiscalía: los 7 fiscales de Sala nombrados en 1 año son de la UPF

https://www.libertaddigital.com/espana/2021-05-06/dolores-delgado-se-aduena-de-la-cupula-de-la-fiscalia-los-7-fiscales-de-sala-nombrados-en-1-ano-son-de-la-upf-6752346/

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Re: Los límites de la publicidad y la información
« Respuesta #799 en: 10 de Agosto de 2021, 08:02:08 am »
Ya hay polémica con el cartel...pues como es bien sabido las mujeres no tienen peones.

https://twitter.com/JavierJaenB/status/1424679356702642179?s=19