Abolicionistas y regulacionistas piden al Gobierno que vaya más allá de la renta mínima y acabe con la alegalidad de la prostitución
El Ministerio de Igualdad ha ampliado su plan de contingencia contra la violencia de género para incluir protección a víctimas de trata y prostitución: el objetivo es que "ninguna mujer quede desprotegida", subraya el departamento
Sara Vicente, miembro de la Comisión contra los Malos Tratos a Mujeres, estima que "este plan no va a servir para acabar con las redes de proxenetas"
"Lo que se nos está ofreciendo es una limosna, se nos está tratando como si fuésemos mendigas, pero somos trabajadoras", defiende Conxa Borrell, secretaria de la Organización de Trabajadoras Sexuales
Sabela Rodríguez Álvarez
srodriguez@infolibre.es @SabelaRulinha
Publicada el 25/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 24/04/2020 a las 21:51
La crisis del coronavirus se ha demostrado especialmente devastadora para los sectores más vulnerables de la población. Las prostitutas y víctimas de trata han dado un paso al frente, reclamando medidas urgentes para evitar caer en una situación de mayor desamparo. El Ministerio de Igualdad ha atendido a la llamada de las víctimas y ha desplegado una serie de herramientas específicas que, sin embargo, no contentan a todas las partes. La profunda división entre abolicionistas y regulacionistas vuelve a copar el debate, no sólo en el plano de lo teórico sino también en cuanto a las ayudas materiales. Sin resolver la alegalidad de la prostitución, dicen, cualquier medida caerá en saco roto.
¿Qué dice el plan?
Este martes, el ministerio dirigido por Irene Montero anunció una serie de medidas para reforzar el plan de contingencia contra la violencia de género, trazado el pasado 17 de marzo. La intención es "ampliar la protección de las víctimas de trata, las víctimas de explotación sexual y las mujeres en contexto de prostitución, durante el estado de alarma". El plan se articula en torno a una serie de medidas que buscan "garantizar los derechos de las víctimas", además de la prestación de "los servicios y recursos para la atención a sus necesidades específicas".
Entre las acciones a ejecutar, la cartera prevé blindar el derecho a la información para las víctimas. Información que, destaca el plan, debe ser "apropiada y accesible, disponible las 24 horas, en una lengua que puedan comprender". Para reforzar este derecho, el Ministerio de Igualdad trabajará por mejorar la difusión de los teléfonos de entidades especializadas –con las que se han reunido este viernes–, así como del teléfono y correo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implicados en la lucha contra la trata. Fuentes del Ministerio de Igualdad indican a infoLibre que su objetivo pasa por que las víctimas tengan "más cauces e información" para pedir ayuda. "Se está haciendo un gran esfuerzo" para la difusión de las líneas telefónicas, declaradas esenciales, y se está preprarando "una breve guía con información básica que se distribuirá a las entidades".
El departamento de Irene Montero también se compromete a "garantizar la detección e identificación de las víctimas", mediante la implicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que realizarán labores de "inspección durante el cierre de hostales, hoteles y clubes". En este punto también será fundamental la coordinación con las organizaciones especializadas. Este es uno de los puntos que las fuentes consultadas señalan como clave del plan. "Hasta este momento la identificación de las víctimas la realizaban las unidades especializadas en trata de la Policía Nacional", mientras que el nuevo protocolo busca "ampliar los mecanismos de identificación". Se hará, por un lado, formando a las autoridades implicadas en el cierre de los locales para que "presten especial atención a la identificación de víctimas cuando acudan a los locales". Una vez se produzca dicha identificación, "se coordinan con las entidades especializadas para ponerlo en su conocimiento". En añadido, se falicitará "la identificación a efectos socioasistenciales por parte de las entidades y servicios especializados".
El plan incluye, entre sus bases, la garantía de una asistencia integral capaz de esquivar las trabas impuestas por el estado de alarma. En ese sentido, el Gobierno mantendrá los servicios ambulatorios de asistencia integral, tanto para las mujeres que ya hayan accedido a los mismos, como para aquellas que hayan iniciado su proceso de salida y recuperación. La forma de garantizar este tipo de recursos es declarándolos servicios esenciales. También lo será el alojamiento temporal seguro.
Finalmente, una de las herramientas que más éxito ha cosechado es el ingreso mínimo vital a las mujeres que lo necesiten. Además, "se asegurará que las mujeres en situación administrativa irregular, que son en la mayoría de los casos las principales víctimas de explotación sexual y trata, pueden acceder a este derecho".
Acabar con el sistema prostitucional
Las asociaciones y expertas, sin embargo, critican que el protocolo no resuelva el debate en torno a la prostitución. Sin una respuesta clara al respecto, las partes implicadas creen imposible solucionar los muchos problemas que atraviesan a las víctimas.
Rosario Luque, portavoz de la Plataforma Estatal por la Abolición de la Prostitución, echa en falta ambición en las medidas. El Gobierno, sentencia su organización mediante un comunicado, "se sigue negando a considerar que la prostitución precede a la trata, pues ésta existe porque existe demanda de prostitución, siendo indisolubles ambas violencias contra las mujeres". En ese sentido, estiman que las medidas trazadas no sirven para "dar respuesta a las mujeres en prostitución" en estos momentos, pero tampoco con posterioridad a la pandemia del coronavirus. "Lo que necesitamos y demandamos es la abolición del sistema prostitucional y, por tanto, acabar con la violencia que representa para todas las mujeres el mantenimiento de relaciones de sumisión y de poder por parte de los hombres que demandan prostitución", reza el escrito.
Para Luque se trata de "un mero plan sin medidas ejecutivas, una especie de brindis al sol que establece fundamentalmente una pretensión de protección hacia las mujeres en situación de trata". Para la activista, la inclusión de la prostitución en el documento flaquea: cuando se habla de "mujeres en escenarios de prostitución, el lenguaje se debilita".
Por otro lado, recuerda que las medidas articuladas "son ya obligaciones del Estado", plasmadas en tratados internacionales como el Convenio de Varsovia y el Protocolo de Palermo. Las actuaciones propuestas, clama la activista, vienen siendo abordadas de manera habitual por las ONG sociales y de mujeres. "Creemos que las medidas durante el confinamiento deberían comportar acciones contra los zulos y los clubes, acompañadas por una batería de medidas para las mujeres", detalla.
También Sara Vicente, miembro de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, estima que el plan "es un poco más de lo mismo" y reproduce el trabajo de las organizaciones habituadas a trabajar con las víctimas de trata. "No trae nada nuevo que no se venga ya haciendo por las organizaciones que atendemos a las mujeres", sostiene. Vicente recalca igualmente que el plan carece de recursos y estrategias sólidas contra la prostitución: "Este plan no va a servir para acabar con las redes de proxenetas, para disminuir la demanda de prostitución". Este extremo sólo sería posible, coincide, "cerrando clubes, pisos, sacando a las mujeres de la prostitución y destinando recursos habitacionales".
Sí se detienen ambas voces en elogiar al ingreso mínimo vital, una medida que consideran positiva y que aguardan ver en funcionamiento de manera temprana.
Medidas laborales
Si el sector abolicionista pide ambición en las medidas, la otra parte implicada manifiesta también su disconformidad. Aunque en un sentido contrario. "Incluir en el mismo paquete a víctimas de trata y prostitución es el primer error". Habla Conxa Borrell, secretaria general de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). A su entender, las mujeres víctimas de trata "deberían tener un tratamiento que de hecho ya existe", pero aquellas que ejercen la prostitución requieren de otras medidas específicas.
Lo que está sucediendo, relata, es que las mujeres en los clubes o pisos que "no tienen donde vivir, siguen en esos espacios y contraen una deuda con los dueños de esos pisos". Las que están en la calle, agrega, "pueden a priori no tener un problema habitacional, pero no tienen que comer, acuden a comedores sociales o a Cruz Roja". En ese sentido, Borrell considera necesaria una "ley para proteger a las trabajadoras sexuales", como población vulnerable.
Borrell recupera un debate no resuelto entre movimiento feminista e instituciones, para recordar que las prostitutas "tienen un jefe pero no un contrato", de manera que no pueden acogerse a las medidas laborales perfiladas por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Lo que se nos está ofreciendo es una limosna, se nos está tratando como si fuésemos mendigas. Pero somos trabajadoras, vamos todos los días a cumplir con un horario y con las condiciones laborales que nos marcan los empleadores", denuncia.
La principal demanda de la organización pasa por un tratamiento de las prostitutas acorde con las medidas laborales acordadas. "Que nos traten como trabajadoras", reclama y mira con escepticismo al futuro: "Cuando se termine el confinamiento, las mujeres van a salir y a seguir ejerciendo en las mismas condiciones".
Las fuentes del Ministerio de Igualdad consultadas recalcan que el objetivo del plan es "que ninguna mujer quede desprotegida en el contexto de emergencia". En ese sentido, subrayan, "todas las mujeres, ya sean víctimas de trata, víctimas de explotación sexual o mujeres en contexto de prostitución pueden acudir a las entidades especializadas, organizaciones y servicios públicos especializados (también servicios sociales) para tener acceso a las medidas de atención socioasistencial". La cartera recalca que, si bien "cada realidad de estas mujeres y víctimas tiene sus especificidades", las instituciones trabajarán porque "ninguna quede desprotegida".
