"Bendita" colaboración y coordinación

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Colaboraqué?

 

La Academia de la Policía Local es el escenario de las XVII Jornadas sobre colaboración de las Policías Locales y las Fuerzas de Seguridad


30/09/2014 | elperiodic.com   


El Director General de la Guardia Civil ha inaugurado el seminario sobre colaboración de las Policías Locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias y por la Guardia Civil.

Al acto han asistido el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino; el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano; el presidente de la Comisión y Seguridad de Convivencia Ciudadana de la FEMP, José López Orozco; el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Valencia, Miguel Domínguez; y el General Jefe de la Zona de la Guardia Civil en Valencia, Fernando Santafé.

El Director General ha comenzado su intervención indicando que en la presente edición se abordarán una serie de materias tales como el tráfico de seres humanos y prostitución, seguridad vial, defensa de la propiedad intelectual e industrial o control de seguridad en eventos y actividades de masas, en las que tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como las Policías Locales actúan día tras día”.

Asimismo, ha manifestado que una característica común en la mayoría de los temas que se van a tratar es la proximidad al ciudadano, una clave en policías locales y una constante histórica en la Guardia Civil.

En cuanto al tráfico de seres humanos, Arsenio Fernández de Mesa ha destacado que “en el caso de niños o en aquel cuya finalidad sea la explotación sexual, es una de las actividades que debe ser combatida con nuestros mayores esfuerzos”, ya que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que es aprovechada por grupos criminales.

En relación a los actos y eventos de asistencia masiva ha manifestado que “requieren protocolos de actuación, rigor en su cumplimiento, y nuevas tecnologías en apoyo a esa labor”.

En materia de Seguridad Vial, el Director General ha indicado que es una de las áreas en las que mejores datos se producen en nuestro país “pero ello no implica que se deba bajar la guardia ni que seamos autocomplacientes”.

Por último, ha tratado la importancia de la tecnología ya que se configura como el gran motor del cambio; “en muchas ocasiones, para bien; en otras muchas, requiriendo un gran esfuerzo de adaptación continua, sea legal o de nuestras técnicas y procedimientos policiales”

Refiriéndose a esta materia ha indicado que en estas Jornadas se abordaran dos temas relacionados: la extensión de sistemas predictivos en la actividad policial y los proyectos de innovación.

En este sentido, Arsenio Fernández de mesa ha manifestado que la Guardia Civil trata de adaptarse a este cambio de manera continua ya que “es una organización puntera y líder en proyectos de innovación de la Unión Europea. Comparte proyectos con multitud de empresas del sector tecnológico nacional y europeo, en áreas relacionadas con la protección de fronteras, con el uso de aviones no tripulados, o con las tecnologías de la información y las comunicaciones. A nivel estratégico y global, monitoriza las tendencias de cambio que puedan tener efectos en la seguridad; y a nivel estratégico interno dispone de un plan con visión a largo plazo: “Guardia Civil 2028”.”

Por último, ha tratado la importancia de la colaboración, cooperación y coordinación de todos los actores del sistema de seguridad. “Es un principio destacado en la Estrategia de Seguridad Nacional”, ya que los cuerpos policiales tienen una serie de responsabilidades adicionales tanto a nivel interno como hacia el exterior.

El Director General ha querido también recordar el cariño y la valoración que nuestra sociedad en general y la valenciana en particular ha mostrado en todo momento hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad en nuestro país. En este sentido, se ha sumado también al agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad, por su ejemplo en estos 36 años de democracia.

En su intervención el director General ha desglosado una serie de datos sobre actuaciones llevadas a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad durante el pasado año:

Trata de seres humanos

En 2013 se registraron 2.555 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, detectándose a 13.159 personas en situación de riesgo. Se desarticularon 96 grupos criminales vinculados a esta actividad, con un total de 753 detenidos.

Propiedad intelectual e industrial

En el año 2013, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías Locales tuvieron conocimiento de 2.434 hechos, y detuvieron o imputaron a 2.155 personas, por infracciones penales contra los derechos de propiedad industrial. Fueron incautados más de 5 millones de objetos, valorados en una cantidad superior a los 812 millones de euros.

Seguridad Vial

En el año 2013, se registró un descenso del 13,3% de personas fallecidas en vías interurbanas, un total de 173 menos que el año anterior. El número de accidentes mortales no llegó a 1000, y el de heridos graves se redujo un 16%.

XVII Jornadas

En estas Jornadas, que se celebrarán entre hoy y mañana en la Central de la Policía Local de Valencia y participarán expertos de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local, así como miembros de la comunidad universitaria y expertos y estudiosos en temas de colaboración en el ámbito de la seguridad.

Están enfocadas a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Policías Locales y de la comunidad universitaria.

Se tratarán diferentes aspectos de la seguridad pública en España, desde la perspectiva de los mecanismos de coordinación y colaboración establecidos entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como nuevas necesidades para afrontarlos.

Se llevarán a cabo varias conferencias y mesas redondas, como: “La colaboración entre Policías Locales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, “Colaboración en materia de Policía Judicial”, “Propiedad Intelectual e Industrial”, “Control de masas en espectáculos y eventos públicos ”, “Trata de seres humanos” Financiación de la innovación policial en el ámbito nacional y europeo”.

Estas Jornadas forman parte de los actos centrales organizados con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil.

Para más información, pueden dirigirse a la Oficina de Comunicación (OPC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, teléfono 963 174 660 ext 379.

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FRAUDE EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN »
Policía y Guardia Civil pugnan por investigar los cursos de formación
Ambos cuerpos porfían por retener las pesquisas que instruyen 12 juzgados
Javier Martín-Arroyo Sevilla 5 OCT 2014 - 17:18 CEST1


La policía y la Guardia Civil pugnan por las 12 investigaciones abiertas sobre los cursos de formación subvencionados por la Junta. La pelea es cada vez más agria, menos soterrada y aflora en paralelo a las disputas judiciales que previsiblemente resolverán los órganos superiores a los jueces de instrucción (Audiencias provinciales y Tribunal Superior de Justicia). Mientras que la juez Mercedes Alaya arropa a la Guardia Civil para que esta acapare la docena de causas y revise el monto global de las ayudas —estimado en más de 3.000 millones en más de una década—, la policía lleva desde hace más de dos años investigando las ayudas concedidas por las delegaciones provinciales, y considera una afrenta intolerable ceder las pesquisas ya iniciadas al otro cuerpo policial.

La herida está aún fresca y escuece. Hace ya tres años que Alaya apartó a la policía del caso ERE, una medida que supuso un enorme agravio comparativo entre ambos Cuerpos de Seguridad, cuyos mandos mantienen un enfrentamiento soterrado pese a que el Ministerio del Interior unificó las dos direcciones generales en 2006. Y como llueve sobre mojado, la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la policía ve cómo el riesgo de ceder las diligencias a la Unidad Central Operativa (UCO) es cada vez más real, ante las peticiones de Alaya para que los agentes a sus órdenes centralicen todos los indicios de fraude contra la Administración autonómica. La policía inició la Operación Edu hace ya dos años y siguió junto a la Fiscalía de Málaga, mientras que la Guardia Civil tomó declaración a un funcionario de la Formación Profesional de la Junta en el verano de 2013. Tras analizar diversos indicios y avanzar en la instrucción, la juez Alaya abrió su nueva macrocausa sobre la formación el marzo pasado.

Los planteamientos están claros y no admiten medias tintas, aunque de manera oficial ambos cuerpos policiales rechazan pronunciarse sobre la polémica. Pero mientras que la Guardia Civil lo ha expresado a través de informes aportados a la macrocausa de la formación de Alaya, los sindicatos policiales ponen el grito en el cielo ante la supuesta injerencia de sus funciones. “Por operatividad policial, es contraproducente retirar a quien ha iniciado las investigaciones porque conocen el origen y las fuentes para canalizar con éxito la investigación. Es ilógico y contraproducente retirar a una Brigada que ha tenido tantos éxitos en investigaciones parecidas”, denuncia Serafín Giraldo, portavoz del sindicato de la policía UFP. Para Giraldo, la investigación de la Guardia Civil incumple la Ley 2/86 de Cuerpos de Seguridad que establece la competencia de la policía para grandes ciudades y de la Guardia Civil para los pueblos “precisamente para evitar conflictos de competencias como este”. Y subraya: “Tanto Alaya como la Guardia Civil, aparte de vulnerar preceptos legales, pueden entorpecer investigaciones ya iniciadas. Es ilógico que la Guardia Civil, un cuerpo destinado a que se cumplan las leyes, vulneren las propias leyes que rigen sus actuaciones”.
Alaya pide copias de todos los procedimientos

La juez Alaya ha reclamado a lo largo del verano copias de los diferentes procedimientos abiertos en Andalucía sobre los cursos de formación de la Junta. En un auto del pasado 25 de julio, la magistrada aclaró por qué considera que debe acaparar su nueva investigación sobre la formación en la que mantiene imputados a los exconsejeros Antonio Fernández —como responsable político— y Ángel Ojeda —como empresario receptor de ayudas—. “Considerándose necesaria para una mejor instrucción de la causa determinar qué asuntos en concreto se están tramitando en otros juzgados de la comunidad andaluza, es procedente (…) solicitar testimonio de las actuaciones a los juzgados de instrucción de Almería y de instrucción 4 de Algeciras”. Lo mismo ha ocurrido con el Juzgado 3 de Instrucción de Cádiz, el Juzgado de Instrucción 8 de Córdoba, y la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén. La magistrada también requirió copia al Juzgado de Instrucción 8 de Málaga, pero la respuesta fue negativa ya que las diligencias permanecen bajo secreto.

En un informe, la Guardia Civil destacó el 9 de agosto ante Alaya la detención de Ojeda por parte de la policía, “así como la práctica de las diligencias de entrada y registro en los distintos inmuebles a él vinculados”. Y es que ante las noticias publicadas en prensa sobre la investigación de Alaya y cómo esta afectaba al exconsejero Ojeda, todo apunta a que la policía precipitó las detenciones en su casa de Sanlúcar de Barrameda. Una de las razones que los investigadores adujeron ante el juez para detener a Ojeda y registrar sus propiedades fue que habían visto a uno de los trabajadores —un hijo del empresario— salir de una sede del grupo empresarial con un ordenador bajo el brazo y esto podría suponer una fuga de información. Finalmente, tras autorizar los registros hace unas semanas el magistrado Miguel Ángel López Marchena se inhibió a favor de Alaya, que ni siquiera había esperado a la inhibición formal para imputar a Ojeda, por lo que la policía se debe desprender de esta investigación para que la asuma la Guardia Civil.

Por su parte, la Guardia Civil lo puso negro sobre blanco en un atestado del pasado 6 de mayo en el que incitaba a la juez Alaya a frenar todas las pesquisas de la policía. “Las citadas investigaciones pudieran extenderse geográficamente a otras provincias, y orgánicamente hacia la presunta responsabilidad de la Administración andaluza en la concesión, gestión y control de estos fondos, pesquisas éstas que coincidirían plenamente con las investigaciones que actualmente está llevando esta unidad en el marco de las diligencias previas 966/2014, dimanantes de las 6344/2013, ambas de ese juzgado”. Los investigadores subrayaron cómo varios procedimientos sobre las mismas subvenciones de la Junta podrían ser perjudicial para la justicia. “Parece ser que se estarían perfilando los informes y/o atestados policiales correspondientes para la inmediata judicialización de dichas investigaciones, hecho que provocarían la existencia de dos procedimientos judiciales abiertos para el esclarecimiento de los mismos hechos, con la consiguiente falta de coordinación y pérdida de eficacia”.

Los ámbitos de investigación están a priori diferenciados porque la policía indaga desde las provincias sobre las concesiones de las ayudas desde las delegaciones de Empleo, la Guardia Civil inició sus pesquisas desde la sede central de la consejería. El problema surge porque la Guardia Civil considera que todas las ayudas pertenecen a la Junta y deben englobarse en una misma investigación. “La investigación se centra por un lado en la responsabilidad de la Administración a la hora de adjudicar y controlar los fondos dedicados a formación, y por otro el destino aplicado por las empresas receptoras de los mismos”, exponen los agentes en un atestado.

Los cuatro sindicatos policiales (SUP, CEP, UFP y SPP) ya denunciaron el pasado mayo ante el Gobierno central el profundo malestar que vivía el cuerpo ante el hecho de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ampare a la Guardia Civil en una “apropiación indebida de funciones”, en una carta conjunta dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría.

Y es que en Andalucía todos los frentes judiciales sobre los cursos están abiertos. A pesar de estar judicializada tras dos años de pesquisas, el sumario de la Operación Edu dirigida por la policía permanece bajo secreto en el Juzgado de Instrucción 8 de Málaga. Ante los supuestos problemas por el hecho de compatibilizar varias investigaciones en paralelo, fuentes de la Fiscalía de Málaga defienden que estas son compatibles y recuerdan que “no hay nada que prohíba conjugar ambos cuerpos. No hay ley que lo prohíba”.

Parte de la solución se esbozará el próximo jueves, cuando los fiscales tracen en Granada la línea que marca la senda para aunar las causas en una sola o mantener varias causas diferenciadas en las provincias. El mapa está abierto y el criterio de la fiscalía puede variar en función de las exposiciones que hagan los fiscales jefes de las ocho provincias, ya que la casuística es muy diversa debido a la naturaleza de las ayudas (con compromiso de contratación, subvenciones excepcionales) y el órgano que las concedió (la Consejería de Empleo o las delegaciones provinciales).

[47ronin]

Gran operación policial
 
Golpe al tráfico de drogas en la frontera de Irún
 
El barrio de Behobia se ha saldado con la detención de 17 personas

Los agentes desplegados han registrados varios locales comerciales fronterizos y pisos



Más fotos...merece la pena verlas

http://www.elmundo.es/album/pais-vasco/2014/10/11/54394fb7ca474163608b457a_1.html

IKER RIOJA ANDUEZA Vitoria 
Actualizado: 11/10/2014 18:12 horas 

La Policía Local de Irún, con el apoyo operativo de la Ertzaintza y del Cuerpo Nacional de Policía, desarrolla a esta hora una amplia operación policial contra el menudeo de droga en la zona fronteriza con Francia, según ha podido saber este periódico.

La operación antidroga en el barrio de Behobia se ha saldado con la detención de 17 personas y el registro de cuatro pisos.Durante estos meses ha habido otras actuaciones, como la de hace unas semanas en la que la policía irunesa se incauto de dos kilos de sustancias estupefacientes y un arma de fuego en el registro de un coche que dejaron abandonado dos sospechosos al intentar ser identificados.

Los agentes desplegados han registrados varios locales comerciales fronterizos y pisos que empleaban los presuntos traficantes. La investigación llevaba varios meses abierta por parte de la Policía Local de Irún, que ha contado con el refuerzo de la Ertzaintza. La Policía Nacional, por su parte, ha establecido controles fronterizos para evitar que algunos de los sospechosos huyese a Francia.

En una nota, el Ayuntamiento ha precisado que esta actuación "se ha prolongado en el tiempo para poder contar con todas las pruebas incriminatorias necesarias a la hora de realizar las detenciones". Los 17 arrestados están siendo a estas horas identificados y en las próximas 24 horas pasarán a disposición judicial, mientras que la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

[escalaejecutiva]

Gran operación policial
 
Golpe al tráfico de drogas en la frontera de Irún
 
El barrio de Behobia se ha saldado con la detención de 17 personas

Los agentes desplegados han registrados varios locales comerciales fronterizos y pisos



Más fotos...merece la pena verlas

http://www.elmundo.es/album/pais-vasco/2014/10/11/54394fb7ca474163608b457a_1.html

IKER RIOJA ANDUEZA Vitoria 
Actualizado: 11/10/2014 18:12 horas 

La Policía Local de Irún, con el apoyo operativo de la Ertzaintza y del Cuerpo Nacional de Policía, desarrolla a esta hora una amplia operación policial contra el menudeo de droga en la zona fronteriza con Francia, según ha podido saber este periódico.

La operación antidroga en el barrio de Behobia se ha saldado con la detención de 17 personas y el registro de cuatro pisos.Durante estos meses ha habido otras actuaciones, como la de hace unas semanas en la que la policía irunesa se incauto de dos kilos de sustancias estupefacientes y un arma de fuego en el registro de un coche que dejaron abandonado dos sospechosos al intentar ser identificados.

Los agentes desplegados han registrados varios locales comerciales fronterizos y pisos que empleaban los presuntos traficantes. La investigación llevaba varios meses abierta por parte de la Policía Local de Irún, que ha contado con el refuerzo de la Ertzaintza. La Policía Nacional, por su parte, ha establecido controles fronterizos para evitar que algunos de los sospechosos huyese a Francia.

En una nota, el Ayuntamiento ha precisado que esta actuación "se ha prolongado en el tiempo para poder contar con todas las pruebas incriminatorias necesarias a la hora de realizar las detenciones". Los 17 arrestados están siendo a estas horas identificados y en las próximas 24 horas pasarán a disposición judicial, mientras que la operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

Hombre bien está, aunque para saber si ha sido un golpe enorme, un golpe o un pequeño pescozón habrá que saber si han intervenido algo de droga, dinero, armas... porque la noticia no dice nada de nada sobre eso.

[prodigos]

Hola ronin parece que han sido mas de 6 meses de trabajo de calle y tronchas.
Un salu2

[47ronin]

Incautados 21 kilos de marihuana en un ático de Puente Vallecas

EFE 
Actualizado: 15/10/2014

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid se han incautado de 21 kilos de marihuana en un ático del distrito de Puente Vallecas en el que se cultivaba y se secaba la droga, en el curso de una operación en la que han sido arrestados dos hombres.

Según han informado a Efe fuentes policiales, los detenidos son dos ciudadanos españoles, uno de los cuales cuenta con cuatro antecedentes policiales.

La operación la han llevado a cabo conjuntamente agentes de las Unidades Centrales de Seguridad (UCS) de la Policía Municipal y del Grupo Operativo de Intervención Zonal de la Policía Nacional (GOIZ) y culminó el viernes con los dos arrestos.

Los policías sospechaban que en una vivienda de la avenida de Pablo Neruda se cultivaba marihuana para su posterior venta en el barrio, y al entrar en el piso encontraron 26 plantas de "cannabis sativa" listas para su recolección, así como cuatro plantas ya recolectadas y en proceso de secado.

En total se intervinieron 21 kilos de marihuana y una escasa cantidad de hachís y cocaína.

Las plantas estaban en una terraza cuyo acceso estaba tapado por un mueble adosado a una falsa pared.

Los agentes también intervinieron una pistola, munición, teléfonos móviles y dinero en efectivo.

[47ronin]

Fuente: Twitter PMM

 https://twitter.com/policiademadrid

[47ronin]

nal - 04:00

EL FRAUDE DE LOS CURSOS PARA PARADOS DE LA JUNTA
Graves fallos de coordinación entre Policía, Guardia Civil y jueces lastran la 'Operación Edu'

Un error del organismo del Ministerio del Interior encargado de poner en común las investigaciones de ambos cuerpos y el intento de la magistrada Alaya de acaparar todas las pesquisas provoca graves roces en un caso cuyas milonarias cifras de fraude apuntan a récord.



La 'Operación Edu', la investigación que ha destapado el millonario fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía, se ha encontrado con un obstáculo inesperado: la descoordinación. Dos cuerpos policiales, 18 juzgados y ocho fiscalías diferentes intervienen en las pesquisas que deben tirar de la manta del que puede ser el mayor fraude conocido hasta ahora en España por las millonarias cifras que se manejan. Demasiados actores en unas actuaciones en las que uno de ellos, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, irrumpió a finales de la semana pasada con una auto que ha levantado ampollas y, sobre todo, sacado a la luz graves errores de coordinación en el Ministerio del Interior y en la propia Administración de Justicia.

    La UDEF investigaba de abajo a arriba. La UCO, de arriba a abajo El primer roce se produjo en agosto, cuando la Policía detuvo a un exconsejero andaluz también seguido por la Guardia Civil

En dicho escrito, la magistrada ordenaba a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía dejar de investigar los cursos de formación de la Junta y la acusaba de haber entorpecido las pesquisas que, bajo su dirección, estaba realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El escrito destacaba explícitamente como epicentro de este 'choque' la detención el pasado agosto del exconsejero de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda Avilés por parte de la UDEF dentro de la 'Operación Óscar', una de las piezas desgajadas del 'caso Edu'. Alaya destacaba que el Instituto armado, bajo su dirección, también seguía la pista a este político, quien con una compleja trama empresarial había acaparado adjudicaciones para impartir cursos de formación para parados y, con ello, millonarios beneficios. La juez aseguraba que aquel arresto había tenido "consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación, y de actuación inadecuada difícilmente recuperable, todo lo cual pone en peligro serio la presente investigación y su éxito".

El escrito cayó como una bomba en el seno de la Policía, donde no se olvida que la juez Alaya la expulsó de la investigación del célebre 'caso de los ERE' para poner éste en manos, precisamente, de la Guardia Civil. Fuentes de la dirección general que encabeza Ignacio Cosidó han reconocido a este diario que pretenden recurrir en los próximos días la decisión de la magistrada para que sea la UDEF la que continúe con unas pesquisas a la que un grupo de esta unidad han dedicado cerca de dos años de trabajo. Entre los argumentos que esgrimirá se encuentra, precisamente, que cuando comunicaron que estaban tras los pasos del exconsejero andaluz Ojeda al Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO, el órgano del Ministerio del Interior encargado de coordinar las pesquisas de los diferentes cuerpos policiales para que no se produzcan, precisamente, situaciones como la actual), en ningún momento se les comunicó que también lo estuviera haciendo la Guardia Civil.

 

Estrategia diferentes

Lo cierto es que hasta la detención de Ojeda el pasado verano, las investigaciones de ambos cuerpos parecían no haberse interferido. De hecho, ambos cuerpos policiales llevaban estrategias tan diferentes que hasta ese momento no habían coincidido. Por un lado, la UDEF había comenzado, literalmente, por la base del fraude: los alumnos que supuestamente habían recibido los cursos y que detallaban numerosas irregularidades cuando eran interrogados. De ahí, habían pasado a los profesores o tutores de estas enseñanzas y, finalmente, al arresto de los empresarios que los impartieron. En la primera fase del operativo, desarrollado únicamente en la provincia de Málaga y sobre una única adjudicación de estos cursos, la Policía había terminado arrestando a 42 personas. Hace dos semanas había iniciado la segunda fase en siete provincias y comenzado a interrogar a más de 3.000 alumnos.

    Las investigaciones de Policía y Guardia Civil eran aireadas por los medios de comunicación pero nadie en Interior ha movido hasta ahora un dedo para coordinar sus esfuerzos

Por su parte, la UCO, de la mano de la juez Alaya, había empezado por la cabeza de la trama, es decir, la localización e identificación de los supuestos funcionarios y responsables políticos de la Junta de Andalucía que durante años habían permitido el fraude. Para ello, había pedido directamente al Gobierno de Susana Díaz toda la información de estos cursos que tuviera en su poder y, más en concreto, los expedientes que habían desembocado en las adjudicaciones de las subvenciones para impartirlos. Millones de folios que habían terminado colapsando los servidores del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cuando se digitalizaron. Sus pesquisas iban dirigidas, claramente, hacia los cargos políticos que habían urdido un sistema que alentaba una corrupción que, a la vista de lo conocido hasta ahora, parece totalmente generalizada. En pocas palabras, la Guardia Civil iba de arriba a abajo. La Policía, de abajo a arriba.

Unas estrategias que antes o después iban a converger y que, además, eran aireadas por los medios de comunicación que en los últimos meses habían informado reiteradamente de los avances de una y otra investigación. Todos sabían lo que hacían UDEF y UCO, salvo en el Ministerio del Interior y en el CICO, donde nadie pareció darse cuenta de que se encontraban en la antesala de un conflicto entre Policía y Guardia Civil. Fuentes de ambos cuerpos policiales reconocían a este diario que concocían lo que estaban haciendo los otros, pero recalcaban que ninguno de los responsables del departamento de Jorge Fernández Díaz que deben coordinar la actuación de ambos se puso en contacto con ellos para ponerlos a trabajar de manera conjunta. "Al final ha pasado lo que nunca debía haber pasado: que parezca que nos enfrentamos los agentes que investigamos cuando el error viene de arriba", señala a este diario uno de los agentes que participa directamente en las pesquisas que insiste que "no es un caso de rivalidad mal entendida, sino de descoordinación". Desde el otro lado se tiene una opinión similar, y añaden que "al final, los únicos que ganan de todo esto son los delincuentes que han cometido el fraude".

 

Diecisiete jueces y Mercedes Alaya

Si la descoordinación en el Ministerio del Interior ha sido manifiesta en este caso, no menos lo ha sido la de la Justicia. En estos momentos, hasta 18 juzgados de Andalucía tienen abiertas diligencias de investigación sobre el fraude en los cursos para parados y con líneas de actuación que, en algunos casos, ya han colisionado. El principal foco de discrepancias lo protagoniza, precisamente, Mercedes Alaya. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla lleva meses intentando acaparar todas las investigaciones en curso en esta comunidad autónoma con el argumento de que fue ella la que abrió la primera causa y que todas están conectadas. A punto de concluir el 'caso de los ERE', la magistrada parece dispuesta a toda costa a protagonizar una nueva macrocausa mediática.

    En los juzgados también hay roces por el 'caso Edu'. Alaya aspira a investigar en exclusiva el fraude. La Fiscalía apuesta por numerosas microcausas antes que un macrosumario

Dos colegas ya han manifestado su intención de inhibirse en favor de ella, a la espera que se resuelvan los recursos interpuestos por imputados en estas causas que se resisten a que sus casos caigan en manos de la polémica magistrada del 'caso de los ERE'. Por el contrario, al menos otro, en este caso el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, José María Escribano, que fue el primero que judicializó la 'Operación Edu', ha manifestado su intención de seguir adelante con sus pesquisas ya que considera que no están relacionadas con las de su colega sevillana.

En medio, la Fiscalía, que es el único órgano judicial que ha hecho ademán de coordinarse en todo este caso con una reunión de los máximos responsables del Ministerio Público en las ocho provincias andaluzas celebrada a principios de octubre en Lanjarón (Granada) para “unificar” criterios de actuación en este caso e impedir que los sumarios se enreden y terminen perpetuándose en los juzgados. El dicho encuentro, los representantes del Ministerio Público, presididos por el fiscal General de Andalucía, Jesús García Calderón, acordaron mantener las investigaciones independientes unas de otras con el principal argumento de que cada una de ellas está en una fase distinta de investigación y acumularlas en una sola perjudicaría al conjunto. De este modo apostaban claramente por numerosas microcausas antes que por un nuevo macrosumario.

Una posición en la que, sin embargo, también parecen tener opositores dentro de la institución. En este caso la del fiscal en Sevilla, Fernando Soto Patiño, claramente alineado con la juez Alaya. Soto Patiño tiene paralizado precisamente en Sevilla el inicio de las pesquisas en esta provincia de la segunda fase de la 'Operación Edu' pese a que ya hay un magistrado encargado de la causa. Eso sí, éste no es la juez del 'caso de los ERE', sino el titular del Juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas. De este modo, Sevilla es la única de las ocho provincias andaluzas en la que aún no se ha iniciado los interrogatorios. Otra descoordinación que añade lastre a la 'Operación Edu'.

[47ronin]

Alaya prefiere a la Benemérita

Interior alienta la guerra entre Policía y Guardia Civil por el caso de la formación

El departamento que dirige Fernández Díaz no ha frenado la resistencia de la Policía Nacional a apartarse del caso.
 
La Fiscalía y la Audiencia de Sevilla apoyan la competencia de Alaya
Pedro de Tena (Sevilla) 2014-11-04

Es lo que se deduce de la continuidad del enfrentamiento que se viene produciendo en la investigación del fraude en los cursos de formación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, algo de lo que informó cumplidamente Libertad Digital el pasado día 24 de octubre. Dado que la Guardia Civil y la Policía Nacional dependen de un mando único, la Secretaría de Estado de Seguridad, es evidente que las tensiones derivan de la decisión de la juez Alaya de apostar por la Guardia Civil en exclusiva y la resistencia de la Policía Nacional a dejar el caso, resistencia que, al parecer, no ha sido cortada desde el Ministerio del Interior.

 Recuérdese que la juez Alaya anunció su propósito de unificar todo el caso de la corrupción en los cursos de formación en otro gigante macrosumario, lo que molestó a la Policía Nacional, descubridora tras una minuciosa investigación, del caso EDE en Málaga.

Poco después, el día 224 de octubre, la juez emitía un auto en el que instaba al director general de la Policía el cese inmediato de toda actividad en torno a los cursos de formación. Sin embargo, se trataba de una investigación que la Comisaría General de Policía Judicial había iniciado a comienzos de 2013, tras la denuncia de la Seguridad Social, trasladada a la Fiscalía Anticorrupción y presentada ante el juez.
La juez Alaya tiene desconfianza en la Policía Nacional y hace dos años, como recuerda El Mundo, en la instrucción de los ERE apartó a la Policía y pasó la investigación a la Guardia Civil.

La juez consideraba que la actual situación, de Policía y Giuardia Civil investigando por su cuenta, pone en peligro serio la presente investigación y su éxito.

La desconfianza procede del inspector de Policía que dirigió la investigación en Mercasevilla hasta que fue relevado por la Guardia Civil por orden de la juez Alaya. Fue este mismo inspector quien esparció dudas sobre la instrucción de la juez Alaya.

El inspector manifestó judicialmente que el caso estaba dirigido por "criterios judiciales" y no "policiales". Según informó El País, el policía, pues,achacó a la juez Mercedes Alaya que la investigación no se culminara como debió haberse hecho, ya que había indicios y él tenía el "convencimiento" de que existía un acuerdo entre los empresarios denunciantes del caso de extorsión de La Raza y los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce para el pago de una comisión ilegal. Los empresarios habían negado cualquier connivencia con los acusados en sus comparecencias.

Fue la juez Alaya quien quitó a este policía la investigación de los ERE fraudulentos en junio de 2011 para entregársela a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Alaya justificó que este cambio de manos se debía a que la UCO tenía más medios que los ocho policías dedicados al caso, lo que fue considerado un agravio comparativo sin precedentes.



El inspector defendía la idea de que los empresarios de La Raza, Pedro Sánchez y José Ignacio de Rojas, habrían aceptado en un principio abonar las comisiones ilegales y que pidieron los 300.000 euros de mordida a un banco. Pero luego, agobiado por el fiscal dijo: "Creo que no era cierto".

Incluso el Juez tuvo que intervenir por la frivolidad del policía. En un momento, éste dijo: "Lo que parecía evidente al principio luego no es tan evidente", dijo sobre la investigación el policía. Y el juez Márquez intervino diciendo: "¿Esta contestación a qué viene? ¿A qué viene decir que no se han dado cuenta de todo lo que verificaron? No parece serio".

[47ronin]

El agricultor murió por un proyectil de la guerra que la Guardia Civil no vio


El artefacto explotó cuando los agentes fueron a avisar a la Policía Nacional por no ser un caso de su demarcación

Lorena Ortega   Castellón   6 NOV 2014 - 17:40 CET
 

El vecino de Onda que falleció ayer en su finca de Vila-real tras explotarle un artefacto llamó a la Guardia Civil para avisar de que en su caseta había aparecido material robado, como enseres de cobre, sin ver que entre el amasijo depositado había un proyectil de la Guerra Civil. La pareja de agentes que acudió al lugar tampoco se dio cuenta de la existencia del artefacto -según ha informado este viernes el subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles- y le comunicaron que se hallaban en una zona cuya competencia correspondía a la Policía Nacional. Fue justo en el momento en el que los guardias civiles se dirigían a su coche para informar al otro cuerpo cuando se produjo la explosión que acabó con la vida de este hombre de 54 años. El lugar no fue acordonado ni se le alertó de que no manipulara nada porque, ha asegurado Barelles, los agentes no se dieron cuenta de la existencia del proyectil.

“Los guardias fueron allí, hablaron con él, no vieron ninguna cosa rara, todo parecía normal (…) y como el señor estaba tranquilo y no había nada anómalo que hiciera pensar que pudiera pasar algo raro, la pareja se fue al vehículo para hacer la llamada pertinente al Cuerpo Nacional de Policía. En ese momento ocurrió la explosión”, ha explicado el subdelegado del Gobierno. Barelles ha indicado que los agentes están investigando ahora de quién provenía aquella mortal mercancía que se abandonó en la caseta de este vecino de Onda.

El suceso ocurrió en el mediodía de ayer junto a una caseta de caza destinada a la captura de aves. Desde la comisaría de la Policía Nacional de Castellón informaron de que en esta estructura no había ningún explosivo o material de caza que pudiera haber sido el causante de la explosión.

[47ronin]

Interceptada en Portugal una hormigonera con 2,1 toneladas de hachís con destino España



 15 de noviembre de 2014. 16:26h larazon.es.  Madrid.

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Polícia Judiciária ha permitido interceptar en Portugal un camión hormigonera con 2,1 toneladas de hachís con destino a España. La cooperación policial internacional ha permitido incautar la droga en el localidad lusa de Tavira, antes de ser trasladada a nuestro país a través de Huelva. Detenidos cinco miembros del grupo de narcotraficantes en Portugal y otros diez en España, entre ellos dos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Las investigaciones se iniciaron a finales del año pasado, cuando se tuvo conocimiento de la implantación en la provincia de Huelva de una organización delictiva originaria de Marruecos. Los integrantes de esta organización tenían previsto crear la infraestructura necesaria para comenzar la importación de hachís procedente del norte de África.

Cooperación policial internacional
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Los agentes pudieron constatar que el grupo criminal había organizado la entrada en España de una importante cantidad de droga a través de la zona sur de nuestra frontera con Portugal. Por ello se solicitó la colaboración de la Polícia Judiciária portuguesa y se estableció un dispositivo policial en la localidad de Tavira (Portugal) y en la localidad española de San Juan del Puerto.

Trampilla secreta para ocultar la droga

Los agentes que conformaban el dispositivo comprobaron cómo un camión tipo hormigonera escoltado por un vehículo ocupado por miembros de la organización de narcotraficantes cruzaba el puente sobre el río Guadiana para entrar en Portugal. Una vez en el país luso, el vehículo se dirigió a un paraje solitario de la zona de Tavira, aparcando junto a una vivienda rural. Es en ese momento cuando los agentes españoles y portugueses deciden intervenir, procediendo a la detención de cinco personas, tres de nacionalidad española, un ciudadano rumano y un ciudadano marroquí. Una vez asegurada la zona, los investigadores reclamaron la presencia de los bomberos de Tavira para poder abrir una trampilla practicada en la hormigonera y que se hallaba oculta con masilla y poliéster. Del interior de la oquedad extrajeron un total de 70 fardos de hachís que arrojaron un peso de 2140 kilos.

Paralelamente, los agentes procedieron a la detención en la localidad onubense de San Juan del Puerto de los tres encargados de recibir el camión con la droga. Además fueron detenidos en Huelva otros siete presuntos miembros de la organización de narcotraficantes, entre ellos un sargento de la Guardia Civil y un policía local. En los tres registros domiciliarios practicados en las viviendas de los máximos responsables de la organización, los agentes se han incautado de 1.300 euros en efectivo y de una pistola.

Las investigaciones han sido llevadas a cabo por agentes del Grupo de Estupefacientes de la comisaría de Cartagena, de la UDYCO de la Comisaría Provincial de Huelva y de la Polícia Judiciária de Portugal.

[47ronin]

Alaya ordena a la Policía que cese su investigación sobre los cursos de formación

La juez Mercedes Alaya ha acordado librar oficio al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que este Cuerpo cese "de inmediato" su investigación en torno a las irregularidades en los cursos de formación y entregue en el Juzgado todas las actuaciones practicadas en torno a este asunto.

24 de octubre de 2014 .

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

La juez Mercedes Alaya  ha acordado librar oficio al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que este Cuerpo cese "de inmediato" su investigación en torno a las irregularidades en los cursos de formación y entregue en el Juzgado todas las actuaciones practicadas en torno a este asunto.

  En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada ordena lo anterior a la Policía "para evitar actuaciones" como la ocurrida el pasado mes de agosto sobre "la concentración de empresas" del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, "sobre las que actuó la Policía parcialmente, cuando el tema era objeto de investigación por parte de este Juzgado".

[47ronin]

Detenido un vecino de Torrelavega con 27 kilos de hachís en su vehículo tras una persecución policial por calles de Lugo
 
24/11/2014  - EUROPA PRESS, SANTANDER/LUGO
 
En su carrera el conductor arrojó a la vía dos paquetes y se empotró contra un muro de hormigón antes de seguir la fuga a pie

Detenido un vecino de Torrelavega con 27 kilos de hachís en su vehículo tras una persecución policial por calles de Lugo

Las Fuerzas de Seguridad ha detenido este lunes a un joven, vecino de Torrelavega, que llevaba más de 27 kilos de hachís en su vehículo, al que además agentes de varios cuerpos han tenido perseguir por las calles de Lugo.

Los agentes han detenido a este joven, ciudadano marroquí de 25 años de edad y vecino de Torrelavega (Cantabria), como presunto autor de un delito de conducción temeraria y contra la seguridad del tráfico y que, tal y como informa la Policía Nacional, transportaba en su vehículo más de 27 kilogramos de hachís.

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil iniciaron este operativo cuando, sobre las 2,00 horas de este lunes, observaron circulando a la altura del kilómetro 488 de la autovía A-6 a un turismo con placas de matrícula de pruebas que abandonó la vía en dirección a Lugo ciudad.

El conductor, al darse cuenta de la presencia del coche patrulla, inició una huida a gran velocidad y "de forma temeraria, invadiendo el sentido contrario, adelantando en curvas y no respetando los semáforos, poniendo así en grave riesgo a las personas que circulaban por la zona", según ha resaltado la Dirección General de la Policía.

CHOQUE

Los agentes de Tráfico dieron aviso a Policía Nacional y Policía Local, que establecieron un dispositivo de localización para interceptar a este vehículo, que llegó incluso a chocar contra otro estacionado en la Avenida de Madrid.

En su carrera, el conductor arrojó a la vía dos paquetes y finalmente se empotró contra un muro de hormigón en la calle Xoan Rico Pérez, en Lugo, según ha relatado la Policía.

En ese momento, el conductor salió del vehículo y, ante los avisos de alto por los agentes de la Guardia Civil, comenzó su huida a pie. Fue entonces perseguido por efectivos de la Policía Nacional, que lo localizaron en una finca en la calle Peña Anda, donde procedieron a su detención.

Efectivos de la Policía Local hallaron, a su vez, en la Ronda das Fontiñas los bultos arrojados desde el coche: una bolsa de deportes con "bellotas de hachís" y otro grupo de ellas esparcidas por la calzada. En total suman un peso aproximado de 27,5 kilogramos.

La Guardia Civil le imputa al detenido un delito de conducción temeraria y contra la seguridad del tráfico, al carecer, además, de permiso de conducción. El joven ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

[47ronin]

Hay varias preguntas sobre el suceso de Vigo que a falta de muchos datos se irán respondiendo poco a poco, quizás... han visto en las imágenes a algún PL de Vigo?

Se les pasó la información o el "aparato" sigue estropeado?


http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2012/07/01/aparato-coordinar-policia-local-nacional-lleva-estropeado-ano/661487.html

[Heracles_Pontor]

Yo creo que si un suceso como ese ocurriera en Madrid tampoco se vería a PMM en las imágenes . . .

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[Celestino]

En prensa dicen que la PL corto los accesos, pero supongo que sería después.

[47ronin]

En prensa dicen que la PL corto los accesos, pero supongo que sería después.

Lo iremos viendo poco a poco...si no se les avisó habrá protesta en 3, 2, 1...

[Heracles_Pontor]

Y tampoco habría aviso . . .

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[47ronin]

Y tampoco habría aviso . . .

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Usted cree que después de todo lo que han vendido sobre la coordinación entre PN y PMM en Madrid no avisarían?

[Heracles_Pontor]

No . . . el otro día en mi distrito y en mi turno hubo un tema de un butrón en una joyería . . . fueron hasta los topos . . . y ni esta boca es mía, teniendo como tenían cortada la calle al tráfico en su totalidad . . . la comunicación no existe . . . o te entra por el 112 o no nos comunican nada de nada . . .

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