Un arma por cada cinco vascos
Euskadi duplica la media española, pero la crisis y las restricciones han hecho caer un 63% las altas en un año. Los fabricantes de armas y los cazadores temen que el nuevo reglamento que prepara Interior «asfixie» aún más a ambos sectores
En Euskadi hay censadas 442.200 armas de fuego; o lo que es lo mismo, una por cada cinco habitantes, una proporción que duplica la media española. La mayor afición a la caza que existe en el País Vasco y la amenaza terrorista, que eleva el número de profesionales de vigilancia y escoltas, explican esta circunstancia; pero la crisis y el cada vez mayor endurecimiento de los requisitos exigidos por las autoridades están animando a muchos titulares de licencias a vaciar sus armeros. Según los datos aportados por la Guardia Civil, el número de armas dadas de alta en el País Vasco ha caído un 63% en solo un año. El desarme, sin embargo, no ha hecho más que empezar: el Gobierno central, alarmado ante el incremento de los hechos delictivos protagonizados por individuos armados, prepara un anteproyecto que se espera muy restrictivo y que ha puesto al sector de fabricantes y a los cazadores en pie de guerra.
En Euskadi, las estadísticas facilitadas por la Guardia civil son reveladoras respecto a la caída del negocio. Desde el 1 de enero al 31 de julio de 2009, el servicio de Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) del instituto armado tramitó 33.638 permisos para el País Vasco. La cifra cayó hasta los 12.541 para el mismo periodo del presente año. La expedición de licencias para disparar, sin embargo, se mantuvo sin apenas variaciones: de 7.793 se pasó a 7.765.
Tres armas por licencia
En la actualidad, 144.633 ciudadanos vascos disponen de un permiso para manejar una arma de fuego, ya sean pistolas, revólveres, rifles de caza mayor, escopetas, carabinas del calibre 22, armas deportivas, de coleccionista... Todos ellos se reparten el medio millón de unidades censadas en Euskadi -entre las que no se incluyen las adjudicadas al Ejército, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al Servicio de Vigilancia Aduanera-, a razón de tres para cada licencia.
Aproximadamente, ocho de cada diez titulares son cazadores. En concreto, el colectivo de aficionados a la práctica cinegética suma algo más de 126.000 personas en Euskadi, que se reparten las 12.540 licencias de tipo D (armas largas rayadas para caza mayor) y las 113.979 del tipo E (armas de las cuatro categorías autorizadas para la caza menor). Un colectivo importante que en España suma 1,4 millones de personas, repartidas en 6.000 clubs y asociaciones de caza, cifra sólo superada por Francia. De hecho, su existencia sostiene en gran medida al sector armero, afincado principalmente en Euskadi, cuya facturación asciende a unos 250 millones de euros anuales y del que viven más de 2.000 familias vascas. La crisis, sin embargo, ha impactado de lleno en su diana.
«Cazar es caro», admite el presidente de la Oficina Nacional de la Caza y de la asociación de aficionados vascos Adecap, Juan Antonio Sarasketa. El coste de acceder a un coto en temporada se mueve en una amplia horquilla que oscila entre 1.500 euros, los más modestos, pero que puede llegar hasta los 12.000 euros de una reserva de caza mayor. A ese gasto fijo hay que sumar los desplazamientos, gasolina, comer, mantener el perro... Un dispendio prescindible para una economía familiar en apuros, como ya se ha puesto de manifiesto en los mostradores de las armerías: la venta de escopetas se ha desplomado en el último año un 30%, porcentaje que se elevó al 40% en el caso de los rifles de caza
mayor. «Sobrevivimos gracias a las exportaciones, que constituyen el 80% de nuestra actividad. Gracias a eso nos medio salvamos», se conforma Marta Gómez, gerente de la Asociación Armera que, desde Eibar, defiende los intereses de las empresas españolas del sector. La recesión se empezó a notar a partir de septiembre de 2008: en esa temporada, las ventas de cartuchos -un fiable termómetro de la actividad cinegética- se desplomaron un 50%.
Cazadores «machacados»
Pero, sobre todo, el sector asiste con preocupación al nuevo reglamento de armas que se está cocinando en la comisión interministerial permanente de Armas y Explosivos (Cipae) con muchas dosis «secretismo» y «sin contar con nuestra opinión», lamentan Gómez y Sarasketa. «Yo he pedido varias veces reunirme con el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y he recibido la callada por respuesta», se queja el representante de los cazadores. «Estamos hartos de pedir que nos escuchen», apostilla Gómez.
Aunque sólo se basan en rumores, suposiciones y alguna filtración, los afectados temen que la nueva ley va a ser «mucho más limitadora» que la actual, a pesar de que «ya tenemos el reglamento más restrictivo de toda Europa». ¿Por dónde van ir los tiros? Todo apunta a un mayor endurecimiento de los requisitos a los titulares y a una reducción del cupo de posesión de armas.
Los cazadores ya notan desde hace meses un mayor celo de las autoridades para hacer cumplir la ley. «Se están denegado muchas más renovaciones de licencias por cuestiones secundarias, se está machacando al cazador con papeleo que no va a ningún sitio», denuncia Sarasketa. Tener antecedentes policiales invalida cualquier posibilidad de acceder a un permiso de armas, pero basta con haber dado positivo en un control de alcoholemia para revocar una licencia. «No tiene sentido», sostienen.
«Muchos cazadores se acaban aburriendo de tanta revista de armas, de tanto psicotécnico y terminan tirando la toalla», asegura Marta Gómez, que confirma que, a nivel empresarial, la situación es similar. España fue uno del medio centenar de países que hace unos años suscribió un protocolo para evitar la proliferación de armas de fuego, que recoge numerosas restricciones y controles. El propósito de esta alianza era limitar su uso con fines bélicos pero, a la hora de redactar el documento, no se diferenció entre éstas y las destinadas al uso civil. Las autoridades españolas aplican su contenido con el mismo rigor, ya se trate de una partida de rifles de caza o de una remesa de tanques. «El problema es que nos exigen los mismos trámites para exportar una escopeta que una bomba», insiste Marta Gómez.
Así las cosas, el endurecimiento de la legislación española puede suponer el tiro de gracia para un sector «cada vez más asfixiado». «¿Es lógico que un taller artesano que fabrica 40 escopetas al año deba mantener un vigilante de seguridad?», se pregunta la representante de un colectivo que, junto al de los cazadores, ya vela armas ante lo que se avecina. «No nos vamos a quedar impasibles», advierte Sarasketa.
