Un juez vuelve a anular una multa de un radar de semáforo al ser la prueba poco concluyente
Enrique Quilez, ayer, con la sentencia ganada al Consistorio de Madrid. |ÁNGEL NAVARRETE
•El juzgado de lo contencioso-administrativo número 18 de Madrid estima que la fotografía hecha por el radar no demuestra de forma concluyente que el semáforo estaba en rojo
ROBERTO BÉCARES
| Madrid
Actualizado 28/01/201622:14
Enrique Quilez, abogado de una empresa bancaria, iba circulando por la Castellana el 15 de septiembre de 2011. Al llegar a la altura del número 105, y a pocos metros de rebasar el semáforo, éste se puso en ámbar. «En cuestión de décimas de segundo me di cuenta por el retrovisor de que venía una moto. Si hubiera frenado es posible que se hubiera golpeado contra el coche. Es cierto que yo cruzaba en ámbar, y que la normativa dice que debes aminorar en esos casos, pero había posiblidad de que hubiera un accidente», relata el abogado, que un mes después de los hechos recibió una carta certificada del Ayuntamiento de la capital: sanción de 200 euros y pérdida de cuatro puntos de carné, acompañada de una fotografía tomada por el radar situado en el semáforo.
Quilez presentó un recurso administrativo, que perdió, y para más inri, con un argumento bastante peregrino. «En la resolución de la sanción, el Ayuntamiento asegura que el agente se ratifica en la sanción. Es alucinante, ¡pero si no había ningún agente de tráfico allí!», se sigue sorprendiendo. Aquello le terminó de encorajinar y se puso a trabajar, con paciencia, en un recurso contencioso administrativo.
En dicho documento, el afectado argumentó que el Ayuntamiento de Madrid no ha podido acreditar que el semáforo rebasado se encontrase en fase roja (de hecho en la fotografía se aprecia que estaba en ámbar). Además, subrayó que las normas de circulación permiten «rebasar un semáforo en ámbar cuando la detención implique un riesgo de colisión con otro vehículo» y desveló la incoherencia de que se escuden en un agente de la autoridad cuando allí no había ninguno.
«Tampoco se ha aportado prueba de fiabilidad alguna del sistema utilizado, donde se indiquen los márgenes de error correspondientes», precisaba su recurso, que recordaba que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que recuerda que «la presunción de inocencia sólo se destruye cuando un tribunal independiente, imparcial y establecido por la Ley declare la culpabilidad de una persona tras un proceso celebrado con todas las garantías, al cual se aporte una suficiente prueba de cargo».
En ese sentido, Quilez recordó que la fotografía que supuestamente demostraba el delito «estaba recortada», ya que no salía el semáforo en su totalidad, haciendo «imposible comprobar con claridad qué parte del semáforo está iluminado».
En una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 18 de Madrid, dictada el pasado 14 de diciembre de 2015, el afectado quedó libre de la sanción. El juez consideró que no había elementos probatorios suficientes como «para considerar perfeccionada la infracción» y recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una sentencia del 12 de junio de 2015, anulaba una sanción similar ya que «la única prueba practicada al efecto la constituye una foto tomada de noche por las cámaras instaladas en la vía pública, en la que no puede deducirse de forma inequívoca que el semáforo se hallara en su fase roja».
De hecho, en la fotografía remitida en la sanción, y tal y como reconoce el juez, «no se permite comprobar si el semáforo se hallaba en su fase roja o ámbar». «El Ayuntamiento no remitió pruebas consistentes de que el semáforo está en rojo, de hecho recorta el semáforo para que no se pueda ver. Con esas fotografías es imposible probar la comisión de la infracción», destaca Quilez, que se siente resarcido con la sentencia. «Es la alegría que supone que se ha cometido una injusticia y se ha obtenido un resarcimiento, más allá de recuperar los 200 euros y los cuatro puntos de carné», señala.
Al ser abogado, y representarse a sí mismo, el juez no condenó al Ayuntamiento de Madrid a pagar las costas. Para Quilez la sentencia «supone un aviso al Ayuntamiento para que no multe de forma injusta» y cree que miles de conductores podrían ver retiradas las sanciones, pero no contratan un abogado «porque al final te sale más caro el collar que el perro, aun sabiendo que hay muchas posibilidades de ganar. La gente prefiere pagar la mitad de la sanción y no continuar adelante». Aun así, anima a los afectados a hacerlo.
Esta nueva sentencia contra el Consistorio se conoce después de que el Ayuntamiento de Madrid anunciara esta misma semana que va a activar a lo largo de este año 15 nuevos semáforos con radar. Los seis primeros entrarán en funcionamiento la madrugada del 2 de febrero y, al igual que los otros nueve, llevan ya unos días funcionando en pruebas sin aplicar sanciones a los conductores que no frenan cuando el disco pasa a ámbar. La sentencia referida en este artículo demuestra que estas sanciones se pueden recurrir e incluso ganar
