Autor Tema: Cárceles, presos y condenas  (Leído 217399 veces)

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Re:Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1940 en: 12 de Julio de 2020, 06:33:16 am »

Los médicos de prisiones, "muy preocupados" por los rebrotes en los centros

Denuncian que Instituciones Penitenciarias deja en manos de cada centro las medidas a adoptar con los internos. Se sienten "abandonados" y piden pruebas diagnósticas

Nieves Salinas

Publicado 12/07/2020 04:45


Los médicos de los 66 centros penitenciarios españoles están "muy, muy preocupados" por los rebrotes de coronavirus que salpican la geografía. "Los permisos salen a todos los sitios y es muy complicado", señala Pedro Antonio Martínez Sánchez, médico en el centro penitenciario Ocaña II (Toledo) y representante de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM)-Prisiones. Critica, además, que no existe un protocolo común en la 'nueva normalidad' de las prisiones -cada centros hace lo que puede y considera- y denuncia el "sentimiento de abandono y dejadez" que padecen.

El pasado mes de febrero, justo antes de que estallara la pandemia, CESM y el Sindicato de Enfermería SATSE denunciaban los "graves problemas" a los que se enfrente desde hace muchos años la sanidad penitenciaria. Entonces no descartaban, incluso, llegar a la huelga para revertir una situación que viene de lejos: 17 años de retraso en la transferencia de las competencias a las Comunidades Autónomas.

Con el coronavirus todavía como una amenaza en ciernes, los sanitarios ponían sobre la mesa un panorama sangrante: en España, unos 220 médicos y 500 enfermeras atienden a los 66 centros penitenciarios; 11 centros reinserción y dos psiquiátricos para una población de entre 50.000 (la fija) y 70.000 (la que va rotando) internos. El 90 % de los facultativos tiene más de 50 años y el 30 %, podría jubilarse ya. Quedan por cubrir otras 220 plazas.

Descoordinación en la 'nueva normalidad'

La situación provocada por la crisis sanitaria desatada por la covid-19 no les resulta ajena. Los rebrotes les inquietan muchísimo ahora que la 'nueva normalidad' ha llegado a los centros penitenciarios. "El resultado es que hay 66 modelos distintos de medidas adoptadas; si sale bien todo, perfecto y si sale mal, la responsabilidad es de los centros, nunca suya (de Instituciones Penitenciarias) por su incapacidad de establecer medidas uniformes. ¿Alguien se imagina que 60 centros de salud de una misma provincia actúen todos de modo distinto?", se pregunta Pedro Antonio Martínez en conversación con Vozpópuli.

El médico de la prisión de Ocaña II se queja de que no tienen la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas fiables -tipo ELISA y CLIA- a los internos "varias veces en semana para agilizar las cuarentenas y ganar seguridad. Dependemos de la buena disposición de las comunidades autónomas. Si estuviera transferida la sanidad penitenciaria, esto no ocurriría". Critican que se nos asigna funciones lógicas, pero "sin medios diagnósticos adecuados, por ejemplo en el caso de los traslados, ingresos, permisos, que nos llevarán a saturar los módulos con aislamientos sanitarios y correr riesgos innecesarios".

Pedro Antonio Martínez alude a la última instrucción de medidas de 'Nueva normalidad' remitida a los centros penitenciarios por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias el pasado 25 de junio y a la que ha tenido accesoVozpópuli. El documento se refiere a las medidas de contención en el ámbito penitenciario con motivo de la emergencia por la covid-19. En la instrucción se deja en manos de la dirección de cada centro la adopción de las medidas que procedan en función de "los recursos y peculiaridades" de cada establecimiento. "Se mueve una vez más en la ambigüedad; lo deja todo a criterio del médico de cada centro", critica el representante de CESM en prisiones.

"Hace unas indicaciones sanitarias generales. Todo pasa por el médico que lo vea. Al final es como siempre: el ejército de Pancho villa. Cada centro hace una cosa. Si un recluso no tiene fiebre y llega de permiso pasa al módulo porque según esa instrucción no tiene que guardar cuarentena. En otros, sí la hacen. En unos son 14 días; en otros 10; en el mío, hemos decidido que siete para los ingresos de libertad y los permisos. Pensamos no se podía pasar de todo a nada. Por tener alguna precaución, porque mirándole a los ojos (al interno) no sabemos y como no tenemos test...", añade.
Pruebas para los internos ante los rebrotes

Es precisamente una de las reclamaciones de los médicos de las prisiones. Disponer de pruebas serológicas fiables para los internos. Algunas prisiones, explica Martínez, compraron test para los reclusos (la mayoría, test rápidos). Otras no. Cada centro, insiste, adopta las medidas que considera convenientes sin directrices claras por parte de Instituciones Penitenciarias más allá de esa circular.

A mediados del pasado mes de junio, los centros penitenciarios comenzaron su particular proceso de 'desescalada'. Aquellos de las provincias que habían superado la fase 0 del plan diseñado por el Gobierno comenzaron a retomar las comunicaciones de los internos con sus familias (actualmente sólo se permitían llamadas y videollamadas) y los reclusos pudieron volver a disfrutar de los permisos ya concedidos. También se autorizaron de nuevo los traslados ordenados por las autoridades judiciales, por razones médicas y por cuestiones de seguridad.

En la circular remitida a los directores el 25 de junio, se indica, en el apartado de permisos de salida, que con el fin de detectar posibles riesgos de coronavirus "se procurará fijar el regreso de los permisos en día laborable y jornada ordinaria de trabajo con la finalidad de posibilitar que, en caso de detectarse o advertirse indicio o síntoma alguno relacionado con tal enfermedad, pueda la persona ser vista por el personal sanitario del centro".
La transmisión, más fácil en recintos cerrados

Se remite nuevamente a la instrucción de medidas de 'Nueva normalidad' de Instituciones Penitenciarias y al capítulo dedicado a las comunicaciones de los internos y critica lo "ridículo" del planteamiento en el caso de los 'vis a vis'. En la parte que habla de las comunicaciones íntimas, además de que la persona autorizada deberá firmar y entregar una 'declaración responsable', ambos comunicantes 'deberán portar mascarilla tanto para la entrada en la sala donde se celebre la comunicación como a la salida'. "¿Y qué si van a tener relaciones íntimas?. No sé qué ganamos con eso", inquiere el médico.

Es verdad, añade, que en el anexo que se firma tienen que decir que no están enfermos. "Nosotros por ahora, en las comunicaciones, no hemos establecido cuarentena en nuestro centros; pensamos que la persona que va a comunicar, si sabe que está enferma, no querrá transmitirlo a su pareja y si son comunicaciones familiares, tampoco. Luego hay casos muy particulares, si hay alguien que es capaz de meter droga, por desgracia, aunque es minoritario, existe y a lo mejor esa persona, bajo determinados efectos, no es muy consciente del peligro", apunta el facultativo.

    "Los rebrotes nos salpican un montón porque las comunicaciones vienen lógicamente del exterior. Nos preocupan también los permisos", señala el médico de Ocaña II

En Ocaña II, como en todos los centros penitenciarios, subraya el médico de la cárcel y pese a no haber registrado casos positivos de la covid-19, están muy preocupados por los rebrotes. "Hay un montón por todas partes; antes, claro, era más fácil. Pero ahora es más complicado. Son centros cerrados y la transmisión es mucho más fácil. Puede afectar a mucha gente que tenemos delicada. Los rebrotes nos salpican un montón porque las comunicaciones vienen lógicamente del exterior. Nos preocupan también los permisos", incide el médico.
83 aislados en la prisión de Zuera

Pedro Antonio Martínez apunta a la prisión de Estremera (Madrid) como el centro penitenciario que ha tenido más casos de coronavirus. Ha llegado a tener ocho módulos cerrados. Ahora, explica Martínez, la situación ha mejorado y el centro que tiene más casos de aislamiento preventivo, 83, es la prisión de Zuera (Zaragoza). El aislamiento se produce tras el contacto con un interno, trasladado ya a la prisión de Ponet (Lérida), donde se concentra uno de los mayores rebrotes de toda España.

    "Deberíamos tener la misma coordinación que otros centros, por ejemplo residencias de mayores, tienen con su comunidad autónoma", dicen desde CESM-Prisiones

Según informa el 'Heraldo de Aragón' funcionarios de este centro han exigido que les hagan los test para ver si han sufrido contagios. El sindicato Acaip-UGT ha pedido que se hagan las pruebas tras la recuperación de la actividad habitual o la normalización del trabajo en los talleres o salidas al exterior.

"Deberíamos tener la misma coordinación que otros centros, por ejemplo residencias de mayores, tienen con su comunidad autónoma. Con nosotros, no es así. Cada uno adquiere test o toma medidas por su cuenta. Lo suyo sería que este protocolarizado oficialmente, no en función de la relación que tengas con cada servicio sanitario de tu comunidad".

Precisamente en Cataluña, donde al igual que en el País Vasco sí están transferidas las competencias en materia sanitaria, el Departamento de Justicia de la Generalitat ha suspendido las visitas en el locutorio y las comunicaciones vis a vis en la cárcel de Ponent. Según ha informado el Gobierno, los familiares tampoco podrán llevar paquetes ni hacer transferencias de manera presencial.
SATSE acusa al Gobierno de seguir echando "balones fuera"

Por su parte, el Sindicato de Enfermería SATSE, recibió esta semana respuesta del Defensor del Pueblo a su reclamación sobre el traspaso de la sanidad penitenciaria y asegura que ha constatado que "tanto el Gobierno central como los de las comunidades autónomas, siguen echando 'balones fuera' para justificar su claro desinterés por mejorar la atención sanitaria que se presta en los centros penitenciarios y las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios".

Tras la carta remitida el pasado mes de febrero al Defensor del Pueblo, junto a CESM, denunciando "el progresivo deterioro de la sanidad penitenciaria" y demandar su traspaso a las comunidades autónomas, SATSE ha sido informado de los contactos mantenidos entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y los gobiernos de distintas comunidades autónomas y "no ha visto ningún avance significativo" a pesar del supuesto interés demostrado públicamente por ambas partes para propiciar el traspaso competencial.

El sindicato cita a Navarra, Castilla y León, Murcia, Baleares, Canarias, Andalucía, Asturias y Aragón como las únicas comunidades que hasta el momento han facilitado información y concluye"que ninguna administración quiere responsabilizarse de la falta del acuerdo que permitiría el traspaso de la sanidad penitenciaria al conjunto de autonomías".

SATSE incide en que "siguen coexistiendo dos sistemas sanitarios públicos" que están desarrollando sus funciones de "forma paralela, duplicando, en ocasiones, recursos", y que no mantienen unos canales de "comunicación y coordinación adecuados".


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Re:Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1941 en: 14 de Julio de 2020, 06:52:24 am »

El preso campeón de muay thai que mató a golpes a otro reo, culpable de asesinato con alevosía
La fiscalía consideraba que fue homicidio, menos grave y con penas inferiores

El País
Madrid - 13 jul 2020 - 13:52 CEST

Un preso murió en 2018 en el centro penitenciario de Madrid V, en la localidad madrileña de Soto del Real, después de que su nuevo compañero de celda, experto luchador de muay thai ―un arte marcial de origen tailandés― y de kikboxing ―deporte de combate de origen japonés―, la emprendiera a golpes con él tras discutir sobre quién iba a dormir en la litera de abajo y quién en la de arriba, según confirmaron entonces a EL PAÍS fuentes penitenciarias. Ahora, un jurado popular de la Audiencia de Madrid lo ha declarado culpable de un delito de asesinato con alevosía.

El juicio se celebró el pasado 29 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid. Tras la deliberación, los miembros del jurado han dado por acreditado que el acusado, Jesús M.R.H., acabó con la vida de su compañero de celda y han calificado los hechos de asesinato frente al homicidio que apreció el fiscal. La diferencia entre ambos delitos es que el asesinato es premeditado y es más grave que el homicidio. El homicidio está penado con entre cuatro y 15 años, mientras que la condena por asesinato va de 15 a 25 años. En este caso, es asesinato con alevosía, porque se considera que en el crimen hubo una forma o medio destinado a privar de defensa a la víctima. En su veredicto, el jurado dictamina no obstante que hay una atenuante por trastorno psíquico. El tribunal dictará sentencia próximamente.

La fiscalía había pedido 12 años y cinco meses de prisión para Jesús M. R. H y una indemnización de 456.500 euros para los familiares la víctima. Los hechos tuvieron lugar el 26 de diciembre de 2018, un día después de que Jesús, que entonces tenía 28 años, ingresara en prisión provisional en Soto del Real tras ser detenido por un intento de homicidio en el Metro de Madrid. En una trifulca, la había emprendido a golpes con un vigilante de seguridad. Le asignaron la celda número 18, dentro del Módulo 1, que iba a compartir con otro interno, un preso de confianza puesto por la dirección del centro para ayudar al ahora condenado a adaptarse a su primer paso por prisión.

Tras regresar de la cena, ambos se pelearon por quién dormiría arriba y quién abajo. Tras una breve discusión, la víctima lanzó un puñetazo que impactó al acusado en la frente, según el relato fiscal. Este se abalanzó sobre el fallecido y, con “claro ánimo” de acabar con la vida del otro recluso, comenzó a darle puñetazos y patadas en la cabeza y al cuerpo sin que la víctima tuviera siquiera opción a reaccionar, llegando a caer al suelo, donde el acusado siguió lanzando golpes a la cara y al tórax hasta causarle la muerte.

La fiscalía destacaba en sus conclusiones provisionales la superioridad física, la diferencia de edad y la contundencia y precisión de los golpes lanzados por el acusado que es experto en técnicas de combate ya que tuvo la licencia federativa de kickboxing y muay thai al menos durante 2016 y 2017. El escrito de acusación subraya que Romero fue diagnosticado con trastorno mixto de personalidad y que este tipo de patologías conllevan “una marcada impulsividad” y una “baja tolerancia a las contrariedades”. Esta patología, a juicio de la Fiscalía, no le impedía ser consciente de su acción.