Autor Tema: De actuaciones y sentencias judiciales  (Leído 604147 veces)

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Re:De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5200 en: 31 de Diciembre de 2019, 07:47:18 am »

El fiscal no ve tentativa de homicidio en un ataque con machete a 2 policías en Zaragoza

El agresor, contra el que tuvieron que disparar los agentes cuando se les echaba encima en un portal de la calle de Ramón Pignatelli, se negó a declarar ayer ante el juez.
ACTUALIZADA 30/12/2019 A LAS 02:00

    M. A. Coloma

El tiroteo se produjo sobre las 4.30 de la madrugada del domingo en este portal del número 76 de la calle de Ramón Pignatelli de Zaragoza.El tiroteo se produjo sobre las 4.30 de la madrugada en este portal del número 76 de la calle de Ramón Pignatelli de Zaragoza.José Miguel Marco

El magistrado que investiga a Jamal E. M., de 37 años, por atacar a dos policías nacionales con un machete de 43 centímetros de hoja en la noche del pasado 29 de junio en la calle de Ramón Pignatelli, ha dado por concluidas las pesquisas. Por ello, ayer citó al encausado para llevar a cabo la declaración indagatoria, en la que, una vez practicadas todas las pruebas, el presunto agresor tenía oportunidad de aclarar lo que considerara oportuno.

Sin embargo, el presunto agresor, al que representa la letrada Olga Oseira y que se encuentra en prisión provisional por esta causa, se acogió a su derecho a no declarar. Por lo tanto, el juez instructor emplazará ahora a la Fiscalía y a la acusación particular para que califiquen los hechos y pidan pena, de cara a dictar el auto de apertura de juicio oral.

Según el auto de procesamiento, aquella noche Jamal E. M. estuvo con varios amigos en su casa tomando alcohol y drogas hasta bien entrada la madrugada, cuando se desató una acalorada discusión que terminó en una pelea dentro del piso, situado en el número 76 de la calle de Pignatelli. La refriega continuó después en la vía pública, donde se enfrentaron con los puños y botellas rotas de vidrio.

Cuando llegó la Policía, todos los implicados salieron corriendo en direcciones distintas. El único que permaneció allí fue el encausado, que al ver a los agentes corrió hacia su portal para refugiarse. De hecho, fue allí donde el fugado se abalanzó con el machete sobre sus perseguidores al grito de: «Putos policías os voy a matar».Ello que hizo que los funcionarios desenfundaran sus armas y disparan contra él hasta once veces para evitar que les alcanzara.

Pese a ello, a través de un informe remitido al juez instructor, la Fiscalía considera que lo sucedido no puede ser calificado como homicidio frustrado, ya que, dice, no está acreditada la voluntad de matar del agresor. De hecho, para la acusación pública solo cabría hablar de amenazas y de un delito de lesiones en grado de tentativa.

No lo considera así el abogado que representa a los policías, para el que, claramente, Jamal E. M. pretendía acabar con la vida de los agentes que trataban de detenerlo. Así lo entendió también finalmente el magistrado al decidir transformar las diligencias en sumario.
11 disparos en un portal sin luz

El informe del Grupo de Homicidios sobre el tiroteo revela hasta qué punto los agentes se jugaron la vida para arrestar a Jamal E. M. Sobre todo, porque este se refugió en un portal sin luz (es un edificio okupado íntegramente) y aguardó la llegada de los policías agazapado en el segundo rellano de la escalera.

Gracias a sus linternas, los policías comprobaron que el marroquí ocultaba uno de sus brazos detrás de la espalda, por lo que supusieron que escondía algún arma y extremaron las precauciones. Le pidieron varias veces que se entregara, pero no lo hizo. Y cuando el delincuente estaba a apenas dos metros de uno de los agentes, sacó el machete y se lanzó sobre él. Los policías se vieron entonces obligados a abrir fuego y el agresor recibió tres disparos.

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Re:De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5201 en: 31 de Diciembre de 2019, 08:17:28 am »

El fiscal no ve tentativa de homicidio en un ataque con machete a 2 policías en Zaragoza

El agresor, contra el que tuvieron que disparar los agentes cuando se les echaba encima en un portal de la calle de Ramón Pignatelli, se negó a declarar ayer ante el juez.
ACTUALIZADA 30/12/2019 A LAS 02:00

    M. A. Coloma

El tiroteo se produjo sobre las 4.30 de la madrugada del domingo en este portal del número 76 de la calle de Ramón Pignatelli de Zaragoza.El tiroteo se produjo sobre las 4.30 de la madrugada en este portal del número 76 de la calle de Ramón Pignatelli de Zaragoza.José Miguel Marco

El magistrado que investiga a Jamal E. M., de 37 años, por atacar a dos policías nacionales con un machete de 43 centímetros de hoja en la noche del pasado 29 de junio en la calle de Ramón Pignatelli, ha dado por concluidas las pesquisas. Por ello, ayer citó al encausado para llevar a cabo la declaración indagatoria, en la que, una vez practicadas todas las pruebas, el presunto agresor tenía oportunidad de aclarar lo que considerara oportuno.

Sin embargo, el presunto agresor, al que representa la letrada Olga Oseira y que se encuentra en prisión provisional por esta causa, se acogió a su derecho a no declarar. Por lo tanto, el juez instructor emplazará ahora a la Fiscalía y a la acusación particular para que califiquen los hechos y pidan pena, de cara a dictar el auto de apertura de juicio oral.

Según el auto de procesamiento, aquella noche Jamal E. M. estuvo con varios amigos en su casa tomando alcohol y drogas hasta bien entrada la madrugada, cuando se desató una acalorada discusión que terminó en una pelea dentro del piso, situado en el número 76 de la calle de Pignatelli. La refriega continuó después en la vía pública, donde se enfrentaron con los puños y botellas rotas de vidrio.

Cuando llegó la Policía, todos los implicados salieron corriendo en direcciones distintas. El único que permaneció allí fue el encausado, que al ver a los agentes corrió hacia su portal para refugiarse. De hecho, fue allí donde el fugado se abalanzó con el machete sobre sus perseguidores al grito de: «Putos policías os voy a matar».Ello que hizo que los funcionarios desenfundaran sus armas y disparan contra él hasta once veces para evitar que les alcanzara.

Pese a ello, a través de un informe remitido al juez instructor, la Fiscalía considera que lo sucedido no puede ser calificado como homicidio frustrado, ya que, dice, no está acreditada la voluntad de matar del agresor. De hecho, para la acusación pública solo cabría hablar de amenazas y de un delito de lesiones en grado de tentativa.

No lo considera así el abogado que representa a los policías, para el que, claramente, Jamal E. M. pretendía acabar con la vida de los agentes que trataban de detenerlo. Así lo entendió también finalmente el magistrado al decidir transformar las diligencias en sumario.
11 disparos en un portal sin luz

El informe del Grupo de Homicidios sobre el tiroteo revela hasta qué punto los agentes se jugaron la vida para arrestar a Jamal E. M. Sobre todo, porque este se refugió en un portal sin luz (es un edificio okupado íntegramente) y aguardó la llegada de los policías agazapado en el segundo rellano de la escalera.

Gracias a sus linternas, los policías comprobaron que el marroquí ocultaba uno de sus brazos detrás de la espalda, por lo que supusieron que escondía algún arma y extremaron las precauciones. Le pidieron varias veces que se entregara, pero no lo hizo. Y cuando el delincuente estaba a apenas dos metros de uno de los agentes, sacó el machete y se lanzó sobre él. Los policías se vieron entonces obligados a abrir fuego y el agresor recibió tres disparos.

Claro,quería hacer unos arañazos...
Esto es España.

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Re:De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5202 en: 01 de Enero de 2020, 10:15:08 am »


Un policía acusa a una mujer de abusos por tocarle los genitales en una intervención



La Fiscalía ha pedido una pena de dos años de cárcel para la presunta agresora, de 64 años, pero la acusación va más lejos y solicita hasta seis.

ACTUALIZADO 29/12/19 A LAS 02:00M. A. COLOMA
El denunciante asegura que estaba de espaldas cuando fue asaltado por la mujer.

Por su condición de agentes de la autoridad, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tienen que lidiar a diario con todo tipo de situaciones, exponiéndose a no pocos riesgos. Máxime, aquellos que forman parte de unidades como la de Seguridad Ciudadana, encargada de patrullar las calles y atender los avisos del 091. Para estos policías, sufrir un delito de atentado o de lesiones se ha convertido en algo hasta rutinario. Lo que no es tan habitual es que un uniformado sea víctima de abusos sexuales. Menos aún, si este es un varón y se encuentra en acto de servicio.


Sin embargo, una mujer de 64 años se sentará próximamente en el banquillo de los acusados precisamente por eso, por someter a tocamientos a un agente del Cuerpo Nacional de Policía durante una intervención. En concreto, por tocarle intencionadamente los genitales y darle después una palmada en las nalgas.


Para la Fiscalía, no se trata de un asunto baladí. Como prueba, los dos años de prisión que solicita para la toledana María F. G. por un delito de atentado y otro de abusos sexuales. Tampoco se trata de una cuestión menor para el policía que sufrió los tocamientos, que no solo dio cuenta de lo ocurrido en el atestado, sino que decidió personarse en el procedimiento penal como acusación particular. Lo hizo a través del abogado Marco Antonio Navarro, quien ya ha anunciado que solicitará en el juicio una condena aún mayor que la del ministerio público: seis años de cárcel.

Una palmada en las nalgas

Los hechos que dieron lugar a esta causa se remontan al pasado 15 de octubre, cuando el denunciante y un compañero acudieron a un altercado que se estaba produciendo en una vivienda de la calle de Reina Felicia de Zaragoza. Al llegar, un hombre les explicó que había tenido problemas con su compañera de piso. Según las acusaciones, cuando los agentes pidieron a esta que se identificara, se mostró «hostil y agresiva», propinándoles golpes y manotazos, pero sin llegar a lesionarlos.

La sorpresa se produjo después, cuando, aprovechando que uno de los policías estaba de espaldas, le metió la mano entre las piernas para tocarle sus partes íntimas y le dio una palmada en las nalgas. Según declaró en el juzgado el funcionario, el abuso sexual sufrido fue «inequívoco, claro y directo». Es más, el policía aseguró que, tras la detención, ya en comisaría, tuvo que apartarse de la mujer, ya que esta seguía tratando de manosearle.

La mujer trató de justificarse diciendo que no ve bien y que tiene una lesión en la mano derecha y no la controla bien
La acusada lo niega todo. Y cuando le preguntaron por lo ocurrido, trató de justificarse diciendo que no ve bien y que tiene una lesión en la mano derecha y no la controla bien. Respecto al atentado, manifestó que nunca ha pegado a nadie y lo único que dijo a los policías fue: «Déjenme». En cuanto a los abusos, mantiene que nunca quiso tocar a nadie de la forma en que le atribuyen.

La abogada de la defensa, Julia Ruiz, pidió un informe forense para conocer el grado de imputabilidad de la encausada. Tras reconocerla, los especialistas llegaron a la conclusión de que, aunque la mujer «posiblemente» padezca problemas neuróticos, no sufre ningún trastorno que afecte a su capacidad volitiva o imputabilidad.

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Re:De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5203 en: 01 de Enero de 2020, 12:17:22 pm »


Un policía acusa a una mujer de abusos por tocarle los genitales en una intervención



La Fiscalía ha pedido una pena de dos años de cárcel para la presunta agresora, de 64 años, pero la acusación va más lejos y solicita hasta seis.

ACTUALIZADO 29/12/19 A LAS 02:00M. A. COLOMA
El denunciante asegura que estaba de espaldas cuando fue asaltado por la mujer.

Por su condición de agentes de la autoridad, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tienen que lidiar a diario con todo tipo de situaciones, exponiéndose a no pocos riesgos. Máxime, aquellos que forman parte de unidades como la de Seguridad Ciudadana, encargada de patrullar las calles y atender los avisos del 091. Para estos policías, sufrir un delito de atentado o de lesiones se ha convertido en algo hasta rutinario. Lo que no es tan habitual es que un uniformado sea víctima de abusos sexuales. Menos aún, si este es un varón y se encuentra en acto de servicio.


Sin embargo, una mujer de 64 años se sentará próximamente en el banquillo de los acusados precisamente por eso, por someter a tocamientos a un agente del Cuerpo Nacional de Policía durante una intervención. En concreto, por tocarle intencionadamente los genitales y darle después una palmada en las nalgas.


Para la Fiscalía, no se trata de un asunto baladí. Como prueba, los dos años de prisión que solicita para la toledana María F. G. por un delito de atentado y otro de abusos sexuales. Tampoco se trata de una cuestión menor para el policía que sufrió los tocamientos, que no solo dio cuenta de lo ocurrido en el atestado, sino que decidió personarse en el procedimiento penal como acusación particular. Lo hizo a través del abogado Marco Antonio Navarro, quien ya ha anunciado que solicitará en el juicio una condena aún mayor que la del ministerio público: seis años de cárcel.

Una palmada en las nalgas

Los hechos que dieron lugar a esta causa se remontan al pasado 15 de octubre, cuando el denunciante y un compañero acudieron a un altercado que se estaba produciendo en una vivienda de la calle de Reina Felicia de Zaragoza. Al llegar, un hombre les explicó que había tenido problemas con su compañera de piso. Según las acusaciones, cuando los agentes pidieron a esta que se identificara, se mostró «hostil y agresiva», propinándoles golpes y manotazos, pero sin llegar a lesionarlos.

La sorpresa se produjo después, cuando, aprovechando que uno de los policías estaba de espaldas, le metió la mano entre las piernas para tocarle sus partes íntimas y le dio una palmada en las nalgas. Según declaró en el juzgado el funcionario, el abuso sexual sufrido fue «inequívoco, claro y directo». Es más, el policía aseguró que, tras la detención, ya en comisaría, tuvo que apartarse de la mujer, ya que esta seguía tratando de manosearle.

La mujer trató de justificarse diciendo que no ve bien y que tiene una lesión en la mano derecha y no la controla bien
La acusada lo niega todo. Y cuando le preguntaron por lo ocurrido, trató de justificarse diciendo que no ve bien y que tiene una lesión en la mano derecha y no la controla bien. Respecto al atentado, manifestó que nunca ha pegado a nadie y lo único que dijo a los policías fue: «Déjenme». En cuanto a los abusos, mantiene que nunca quiso tocar a nadie de la forma en que le atribuyen.

La abogada de la defensa, Julia Ruiz, pidió un informe forense para conocer el grado de imputabilidad de la encausada. Tras reconocerla, los especialistas llegaron a la conclusión de que, aunque la mujer «posiblemente» padezca problemas neuróticos, no sufre ningún trastorno que afecte a su capacidad volitiva o imputabilidad.

Igualdad?si fuera compañera......no habría telediarios....la palabra igualdad es curiosa

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Re:De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5204 en: 08 de Enero de 2020, 06:53:59 am »

Dos policías nacionales serán juzgados por presunto hurto a un conductor en un control

Detuvieron a un cliente habitual del Casino de Madrid, y en el traslado a comisaría por circular bajo los efectos del alcohol, desaparecieron 10.700 euros


08/01/20access_time 1:02

Dos y media de la madrugada, Gran Vía de Madrid. Una patrulla de dos agentes de la Policía Nacional da el alto a un coche que, a su juicio, conduce a gran velocidad y de forma irregular. Los policías nacionales llaman a la Policía Municipal de Madrid, que realizan al conductor una prueba de alcoholemia que da positivo: 0,54 mg por litro de sangre.

Mientras tanto, los dos policías nacionales registran e intervienen los efectos personales del conductor: entre ellos, un pequeño bolso en el que el conductor asegura llevar 15.000 euros, con los que iba a jugar en la Casino de Madrid, en la misma Gran Vía.

Los policías nacionales conducen en su coche patrulla a ese hombre hasta las dependencias de la Policía Municipal de Madrid en la calle del Plomo, donde ingresa en el calabozo como presunto autor de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

El problema surge cuando el policía municipal hace inventario de los efectos personales del detenido y cuenta 4.283,41 euros en efectivo; es decir, 10.716,79 euros menos que los 15.000 que el conductor detenido cuando se dirigía al Casino de Madrid llevaba en su bolso antes de que los policías nacionales le dieran el alto.

Un cliente habitual del Casino de Madrid

Todo ocurrió la noche del 3 de noviembre de 2016, y la descripción de hechos se incluye en el auto con el que la juez del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid da continuidad a los trámites del procedimiento abreviado que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Con ese auto, por tanto, acabó la instrucción sobre este caso, que ya sólo queda pendiente del juicio oral en el que tendrán que comparecer como acusados de un delito de hurto los dos policías nacionales que detuvieron al conductor mencionado.

Durante la instrucción prestaron declaración ante la juez testigos como el jefe de los vigilantes de seguridad del Casino de Madrid y el subdirector del mismo establecimiento, que aseguraron que el jugador detenido en ese control por la Policía Nacional era un cliente habitual y que solía acudir a jugar con entre 10.000 y 30.000 euros.

Esos testimonios sustentarían lo declarado por el denunciante de que se dirigía al Casino esa noche con 15.000 euros, y no con los 4.283,41 que le quedaban en el bolso cuando la Policía Municipal hizo recuento de sus pertenencias en comisaría.

El conductor, al ver que le faltaba tanto dinero, denunció la desaparición de más de 10.000 euros, y acusó de ello a los dos policías nacionales que le habían detenido. Apuntó que sobre todo uno de los policías nacionales mantuvo una actitud sospechosa en las dependencias de la Policía Municipal de Madrid, algo que incluso llamó la atención de un policía municipal.

De acuerdo con la acusación, ese policía nacional “cuando se encontraban en dependencias municipales entró y salió varias veces con el bolso sin motivo aparente, que vio cómo trasteaba las pertenencias del detenido que estaban encima de la mesa, incluso que cogió fichas del casino saliendo fuera con ellas y volviendo a entrar, sin saber si devolvió todas, y que dicho agente se fue antes de terminar la entrega del detenido”.
Hurto “abusando de sus circunstancias personales”

Tras quedar en libertad por su detención, el conductor detenido presentó una denuncia por “indicios de la comisión de un delito de hurto agravado del art. 231.1.6º CP (con abuso de las circunstancias personales de los autores -agentes policiales- y aprovechando la detención del denunciante) por parte de los agentes PN denunciados nº 121638 y 126552”.

Ese agravante del hurto “abusando de sus circunstancias personales” del conductor detenido  elevaría las penas por este delito a entre uno y tres años de prisión.

El conductor entiende que los policías se aprovecharon de su situación por estar detenido, y se concertaron para quitarle gran parte del dinero que llevaba en el bolso gracias a que se lo habían intervenido.

La acusación pide para cada uno de estos dos agentes de la Policía Nacional una pena de tres años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio como policía durante un periodo de tres años, derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años años.

También reclama que los policías nacionales le indemnicen con los 10.716,79 euros que según su testimonio los dos agentes le sustrajeron del bolso en algún momento de su detención, entre la Gran Vía de Madrid y la comisaría de Policía Municipal de la calle del Plomo.

Ahora tiene que ser la Audiencia Provincial de Madrid quien abra juicio oral sobre este caso, en el que se sentarán en el banquillo de los acusados dos policías nacionales de la capital por un presunto delito de hurto a este conductor detenido en un control de alcoholemia.

El juez ha exigido a los acusados la prestación de una fianza por el importe supuestamente sustraído, esos 10.716,79 euros.


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Re:De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5205 en: 10 de Enero de 2020, 15:18:39 pm »
Creo que nos vendieron un "blufff"....



La Audiencia Nacional deja en libertad a los dos CDR que quedaban en prisión


El juez ha ordenado la puesta en libertad de Jordi Ros y Germinal Tomàs Aubeso previo pago de fianzas de 30.000 y 15.000 euros respectivamente


El juez interrogará el jueves a los siete CDR que permanecen detenidos EFE
Por eldiario.es
10 ene 2020 10:49

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha ordenado la puesta en libertad provisional de Jordi Ros y Germinal Tomàs Aubeso este viernes, los dos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que todavía permanecían en prisión, previo pago de fianzas de 30.000 y 15.000 euros respectivamente, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.


En sendas resoluciones, el magistrado Manuel García Castellón les impone como medidas cautelares la obligación de comparecer con carácter semanal ante el juzgado de guardia más cercano a su domicilio, prohibición de salida del territorio nacional, retirada de pasaporte y obligación de señalar un domicilio a efectos de notificaciones y citaciones. Los dos siguen investigados por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos.


El juez García Castellón levantó hace dos meses el secreto de la pieza número dos de la causa, la parte de la investigación que afecta a los denominados Equipos de Respuesta Táctica (ERT). Los registros, pinchazos, seguimientos y confesiones de los detenidos que aparecen en esa documentación constatan la elaboración de explosivos, aunque no está claro cuáles iban a ser sus objetivos.

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Re:De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5206 en: 10 de Enero de 2020, 20:31:00 pm »
Había que vender humo

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Re:De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5207 en: 15 de Enero de 2020, 07:37:01 am »

Cuenta atrás para saber si se repite el juicio a Ana Julia por un "clamoroso error": la fecha clave
El 29 de enero se celebra una vista en la sede del TSJA, en Granada. Tanto acusación particular como defensa solicitan un nuevo proceso.
14 enero, 2020 18:54

A. L.

La vista para estudiar si se repite el juicio de Ana Julia Quezada, asesina de Gabriel Cruz y primera mujer condenada a prisión permanente revisable en España, se celebrará el miércoles 29 de enero en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada. Según distintas fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL, la resolución se podría conocer entre 8 y 10 días después o, como muy tarde, un par de semanas más tarde de la celebración de la vista.

El juicio a Ana Julia Quezada se celebró en septiembre de 2019 en la Audiencia provincial de Almería. El día 30 de dicho mes se conoció la sentencia, tras declararla culpable un jurado popular. El fallo la enviaba a prisión permanente revisable por haber cometido un delito de asesinato con alevosía sobre Gabriel Cruz, dos delitos de lesiones psíquicas y otros dos contra la integridad moral de Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del menor fallecido.

Una vez se conoció la sentencia, las partes personadas en el proceso la recurrieron. Por un lado, la acusación particular, ejercida por el letrado Francisco Torres en representación de los padres de Gabriel Cruz, solicitó la nulidad del juicio y la celebración de uno nuevo.

El letrado, en su recurso de apelación, considera que “la motivación que da el jurado no está argumentada" debido a que, a su entender, y aunque “nunca deliberadamente", la jueza Alejandra Dodero indujo a los nueve miembros con las instrucciones que les dio antes de encerrarse a deliberar.


El recurso de Torres señala que el fallo, además, “contiene un clamoroso error al negar los informes médicos" presentados por los peritos médicos de la acusación particular. Los galenos incidían en el supuesto ensañamiento de la condenada con el niño, algo que no fue tenido en cuenta en el veredicto del jurado.

Francisco Torres también solicita al TSJA la impugnación del recurso de apelación presentado por el letrado de Ana Julia Quezada, Esteban Hernández Thiel. Éste, por su parte, aunque coincide con la postura de Torres acerca de que el jurado pudo ser inducido a condenar por unos delitos concretos a la acusada, reclama la repetición de la vista oral, aunque en este caso sin jurado popular y a cargo de un tribunal profesional.

Esteban Hernández Thiel se refiere a “defectos en la construcción del objeto del veredicto" que junto a la “desmedida presión mediática" "vulneran el derecho a un juicio justo" de su cliente.

“Como puede comprobarse de la lectura del objeto del veredicto y con la videograbación de la última sesión del juicio oral -donde se dan las instrucciones al jurado antes de que se retiren a deliberar- éste se vería, necesariamente, abocado a dar por probada la existencia de la alevosía ‘sorpresiva’ postulada por las acusaciones" (popular y Fiscalía).

A su vez, la Fiscalía de Almería impugnó el recurso de apelación de la defensa de Ana Julia Quezada contra el fallo condenatorio y formuló, de forma paralela, un recurso al entender que el jurado "erró" al declararla culpable de dos delitos contra la integridad moral contra los padres.

La fiscal Elena María Fernández pide la "confirmación íntegra de la resolución", excepto en lo que se refiere a los citados delitos, por los que no formuló acusación y que únicamente eran contemplados por el letrado de Ángel Cruz y Patricia Ramírez. De no haberse contemplado, de todos modos se podría haber condenado a prisión permanente revisable a Ana Julia Quezada.

Una vez se conozca la resolución del TSJA, que puede dar por buena la sentencia, así como la forma de argumentar del jurado y no repetir el juicio ni modificar el fallo, las partes decidirán qué recorrido quieren seguir dándole al caso. Hasta el momento, visto lo visto, ninguna de ellas se da por contenta.

El 19 de septiembre del año pasado, tras día y medio de deliberación, el jurado popular declaró culpable por unanimidad de un delito de asesinato con alevosía a Ana Julia Quezada, tal y como pedía la Fiscalía. No consideró probado el ensañamiento en el crimen de Gabriel Cruz. Así, entendió que la acusada mató al niño de forma intencionada y súbita, lo que se ajustaba al relato de la fiscal Elena María Fernández.



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Re:De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5208 en: 15 de Enero de 2020, 19:02:08 pm »


El Constitucional ordena al Supremo dictar una nueva sentencia contra los asaltantes de Blanquerna


El tribunal de garantías estima parcialmente el recurso de amparo de los asaltantes del centro cultural catalán Blanquerna en una sentencia que ha sido aprobada este martes por unanimidad


Así fue el ataque radical en el centro cultural de Blanquerna en Madrid
El Supremo ve "discriminación ideológica" en el asalto a Blanquerna y manda a los condenados a prisión
El Constitucional suspende cautelarmente la entrada en prisión de los ultras que asaltaron Blanquerna
Ya son 12 los detenidos tras el ataque radical al centro cultural Blanquerna
ÁNGELA MARTIALAY | MADRID
14/01/2020 16:39
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El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado este martes parcialmente el recurso de amparo interpuesto por los asaltantes en la Diada del centro cultural Blanquerna de 2013 y ordena al Tribunal Supremo dictar una nueva sentencia contra los acusados eliminando las agravaciones de discriminación ideológica que fueron añadidas en casación.


Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, el tribunal de garantías, en una sentencia que ha sido aprobada por unanimidad, aplica la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que imposibilita agravar una condena en segunda instancia sin haber escuchado previamente a los condenados de forma directa. La ponencia de la sentencia ha correspondido a la magistrada Encarna Roca.

En enero de 2017, el Supremo endureció las penas impuestas por la Audiencia de Madrid a los asaltantes al centro cultural catalán Blanquerna al aplicar la agravante por motivos de discriminación ideológica. La Sala de lo Penal elevó las condenas de prisión por encima de los dos años cuando la Audiencia impuso penas que iban entre los seis y ocho meses cárcel.

Tras la sentencia del Supremo, los acusados recurrieron en amparo al Constitucional alegando que el tribunal había infringido gravemente el principio acusatorio y el derecho de toda persona a no ser condenada por cosa distinta de la que se le ha acusado inicialmente.

Ahora, el máximo intérprete de la Carta Magna les da de forma parcial la razón al estimar el amparo de los condenados Pedro Chaparro, José Pedro Cruz Sanz, Javier Marcos Aroca, Sergio Reguilón, Manuel Andrino Lobo, Jesús Fernando Fernández Gil, Pablo Pavón, Íñigo Pérez de Herrasti y Miguel Venegas aunque no ordena al Supremo que repita el juicio. El tribunal sí que tendrá que dictar una nueva sentencia al considerar que se han vulnerado sus derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia, indican las fuentes jurídicas consultadas.

Además, se da la circunstancia de que en noviembre de 2017, la Sala Segunda del Constitucional suspendió de forma cautelar el ingreso en prisión de los condenados por el asalto al centro cultural Blanquerna. En la práctica, esta suspensión de la entrada en la cárcel sigue vigente hasta que la Sala de lo Penal del Supremo dicte la nueva resolución.

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Re:De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5209 en: 22 de Enero de 2020, 07:25:56 am »

El acuerdo zanja el juicio por el fallecimiento de Julen: "Quiero pedir perdón a los padres"

David Serrano, propietario de la finca, es condenado a un año de prisión, pero no entrará en la cárcel
Deberá indemnizar a los padres con 179.000 euros y a la Junta de Andalucía con más de 663.000
Néstor Cenizo
21/01/2020 - 11:39h


Un año de prisión por imprudencia para el dueño de la finca donde murió Julen

"Quiero pedirle perdón a los padres por el daño ocasionado. En ningún momento quise que al niño le pasara nada". Con estas palabras de David Serrano, dueño de la finca de Totalán (Málaga) en la que hace ahora un año falleció el niño Julen Rosello al caer en un pozo, se ha cerrado el juicio en el que se se le ha condenado de conformidad por un delito de homicidio por imprudencia grave. Ignacio Navas, juez titular del juzgado de lo penal 9, ha confirmado esta mañana el pacto con los padres del niño que ayer anunció la defensa de Serrano.

A la salida, Jose Rosello, padre de Julen, ha mostrado su dolor por lo que ocurrió hace ahora un año, el 13 de enero de 2019, en la finca de Totalán: "Satisfecho nunca me voy a poder quedar". Por su parte, Serrano se ha declarado aliviado y ha pedido otra vez disculpas "de corazón": "Me he quitado un peso muy grande de encima. La condena la voy a llevar de por vida".
Condena por más de 840.000 euros

Serrano ha sido condenado in voce de conformidad a un año de prisión (en la que no ingresará por carecer de antecedentes) y el pago a los padres de 179.059 euros (89.529,67 euros a cada progenitor) en concepto de responsabilidad civil. La cantidad se ha calculado de acuerdo con el baremo para indemnizaciones por accidentes de tráfico. El abogado de Serrano ha insistido en que no ha sido exigida por los padres y que el acuerdo fue rápido, "en cuestión de horas".

De esa cantidad deben descontarse los 25.000 euros que ya consignó ayer en la cuenta del juzgado. El dinero habría sido ingresado por un cliente de Lawbird, el despacho de Flores, según ha declarado este: "Le parecía que era una injusticia que esto pudiera acabar en una condena mayor". El resto, Serrano debería abonarlo en pagos de 50 euros mensuales, que podrá incrementar si "viene en mejor fortuna".

Además, Serrano ha sido condenado al pago de 663.982,45 euros a la Junta de Andalucía, cantidad en la que ha quedado fijado el coste del operativo de rescate que se desarrolló durante trece días en Totalán.

En total, más de 840.000 euros, a los que podría sumarse la previsible sanción administrativa por la apertura sin licencia de los pozos. El abogado Antonio Flores ha admitido que difícilmente podrá cumplir los pagos. "Ni en varias vidas podrá pagarlo", ha dicho a la salida.

"Esto que aquí ha pasado es firme", ha advertido el juez, que también ha fijado las líneas de ejecución de la sentencia, con el acuerdo de todas las partes. Serrano no ingresará en prisión porque el juez no le considera "una persona peligrosa socialmente" ni alberga un temor razonable de que reincida. "El hecho de que entre en prisión no va a determinar para que usted modifique ningún tipo de conducta", ha comentado.

No obstante, deberá cumplir algunas obligaciones durante los próximos dos años. Como le ha advertido el juez, "esto no significa que la pena de prisión desaparezca, sino que va a quedar aparcada". Entre otras cosas, deberá seguir abonando los 50 euros, una que aumentará si mejora su situación económica.
"Reconocimiento tardío de los hechos"

Antes de recibir la confirmación del juez, el fiscal había modificado su acusación para pedir la pena mínima recogida en el Código Penal, un año de prisión, porque concurren dos atenuantes: que ya ha reparado parcialmente el daño al haber pagado 25.000 euros y el "reconocimiento tardío de los hechos".

Con la confirmación del acuerdo, gestado en los últimos días, se pone fin al juicio antes incluso de que comenzara. Durante la investigación judicial, la defensa de Serrano apuntó sucesivamente al pocero (Antonio Sánchez, que no habría sellado convenientemente el lugar), el equipo de rescate (que podrían haber provocado daños en el niño con una piqueta, según un informe de la defensa) y los padres como posibles corresponsables del fallecimiento del menor, que cayó por un pozo de 28 centímetros de diámetro en una finca de su propiedad, el día que las familias querían preparar allí una paella.

La jueza de instrucción rechazó todos sus intentos, y finalmente Serrano llegó al juicio como único acusado. Para él, la Fiscalía pedía tres años de prisión por homicidio por imprudencia grave, mientras que la acusación particular, ejercida por los padres, solicitaba tres años y medio de prisión.

En el juicio debía decidirse si la caída por un agujero de tan pequeño diámetro era imprevisible, tal y como defendía la defensa, y si Serrano advirtió en todo caso a los padres del menor. La defensa de Serrano esgrimía que advirtió explícitamente de aquel agujero, situado a pocos metros del lugar donde realizaron el fuego para preparar la paella. Por el contrario, la Fiscalía y la acusación particular defendían la tesis de que se trató de una advertencia genérica de la existencia de tres pozos en la finca.
"Satisfechos por evitar un juicio muy doloroso"

El acuerdo, que no podrá ser recurrido, da carpetazo a un juicio que había generado una gran expectación mediática. Por eso, las partes preferían evitarlo. "Estamos satisfechos por evitar un juicio muy doloroso", ha declarado Antonio Flores, abogado de Serrano, que ha recordado que su cliente ha pasado "un infierno".

"Él siempre se sentía culpable, en general, de haber propiciado ese trágico accidente", ha dicho Flores. Los padres de Julen y el acusado, son familiares y eran amigos hasta hace un año. Esta mañana se les ha podido ver hablando con aparente naturalidad a las puertas de la sala de vistas.