Policía y CNI alertan del pacto de Sánchez y separatistas: "Alimenta conspiraciones y frustra nuestra labor"
Las comisiones de investigación por Pegasus y los atentados de Cataluña, junto a las promesas de Sánchez sobre la amnistía, provocan un hondo malestar en cuerpos policiales
La elección de Armengol como presidenta del Congreso y la ruptura de PP y Vox allanan la investidura de Sánchez
Pedro Sánchez aplaude a Francina Armengol tras ser elegida presidenta del CongresoPedro Sánchez aplaude a Francina Armengol tras ser elegida presidenta del Congreso. EFE / JUAN CARLOS HIDALGO.
Gonzalo Araluce
Gonzalo Araluce
Publicado: 18/08/2023 04:45
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Las negociaciones cerradas este jueves en el Congreso de los Diputados no son más que un anticipo de las que están por venir en torno a la investidura, pero ya ha dejado algunos platos fuertes: Pedro Sánchez ha puesto encima de la mesa la amnistía y la inclusión del catalán en las instituciones -en la propia Cámara baja y en la UE- para seducir al independentismo. También una investigación sobre el espionaje con Pegasus a los líderes separatistas y otra sobre el papel del Estado en los atentados de las Ramblas y Cambrils.
Una batería de cesiones que han suscitado, a partes iguales, una honda preocupación y la indignación en el seno del CNI y de los cuerpos policiales, que denuncian la transgresión de las “líneas rojas” y su intranquilidad en torno a futuras negociaciones: “Estos pactos alimentan teorías conspirativas y nos dejan vendidos”, indican en conversación con Vozpópuli.
La jornada de la constitución del Congreso arrancaba marcada por la incertidumbre. ¿Conseguiría el PSOE los apoyos necesarios para que su candidata, Francina Armengol, dirigiera la Cámara? ¿O por el contrario alcanzaría Cuca Gamarra una suma imposible para el PP? ¿Habría un acuerdo para la formación de la Mesa? Preguntas que fueron disipándose desde primera hora: Junts, clave en la nueva aritmética parlamentaria, anunciaba que había alcanzado un acuerdo con socialistas y sus socios. También ERC. Entre ellos, Sumar, EH Bildu, PNV y BNG alcanzaban los votos necesarios para que el PSOE alcanzara sus objetivos.
Las cesiones de Sánchez
Pero todo tiene un precio; particularmente en las negociaciones políticas. No se trataba de una sesión de investidura -Carles Puigdemont, huido en Bélgica, advierte que esto es sólo el principio-, pero los independentistas sumaban algunos tantos especialmente valiosos. Así, ERC anunciaba que el PSOE le había ‘comprado’ tres propuestas: la confección de una Ley orgánica para que el catalán sea lengua plenamente oficial en todas las instituciones del Estado -incluida la Justicia- y de uso desde la primera sesión plenaria en el Congreso y la promesa del Gobierno de llevarlo también a la UE; la creación de una Comisión de investigación por el espionaje con Pegasus a líderes independentistas; y poner fin a la “represión” contra el independentismo por el 1-O.
Junts hacía lo propio y presentaba sus éxitos en la negociación con el PSOE, que también incluían el uso del catalán en el Congreso de los Diputados. Los pactos incorporan además la reapertura de la Comisión de investigación sobre las “cloacas del Estado” y la creación de una nueva sobre los atentados de Barcelona y Cambrils. Cabe recordar que desde ciertos sectores del independentismo se sostiene la teoría de la implicación del CNI en los atentados terroristas bajo una supuesta intención de debilitar al secesionismo catalán.
Reacciones en el CNI
Algunos de estos aspectos han caído como un mazazo en las fuerzas de seguridad del Estado. “El independentismo logra lo que quiere, que es dar alas a teorías de la conspiración en torno al 17-A”, indican fuentes internas de los servicios de Inteligencia a este diario. Consideran que, sólo con la creación de una Comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, como mínimo se consigue echar una sombra de sospecha sobre el papel del Estado en los hechos.
En dicha Comisión, el independentismo expondrá algunos de los elementos que, a su juicio, implican al CNI con los autores de los atentados; principalmente con el líder de la célula yihadista, el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty. Los diputados, además, podrán invitar a declarar a quienes consideren que pueda arrojar algo de luz sobre el caso, desde el entonces director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, o los sucesivos jefes de los servicios de Inteligencia. El excomisario José Manuel Villarejo, que ha participado en otras comisiones del Congreso, ya ha insinuado en ocasiones pasadas que los espías españoles tendrían alguna implicación en los hechos.
Voces internas del CNI indican a este diario que “no ha habido ninguna prueba válida” que respalde todas esas “teorías conspirativas”, si bien la creación de una Comisión en el Congreso supondrá “dar alas” a esos planteamientos, que a su vez quedarán recogidos en los diarios de sesiones. Movimientos que, cuanto menos, “sembrarán dudas” el papel del Estado en los atentados, consideran estas fuentes en conversación con Vozpópuli. Arrojan conclusiones similares en torno a la creación de otra Comisión para investigar el espionaje con Pegasus a líderes separatistas, que a la postre concluyó con la destitución de Paz Esteban al frente del CNI.
Malestar policial
Otro aspecto que ha soliviantado, en esta ocasión a las fuerzas de seguridad, es la posibilidad de establecer una amnistía para los condenados o investigados por su papel en el referéndum ilegal de Cataluña del 1 de octubre de 2017, por el que Carles Puigdemont, entonces presidente de la comunidad autónoma, aún debería rendir cuentas ante la Justicia tras su huida a Waterloo.
Fuentes policiales manifiestan a este diario su “indignación” ante esta posibilidad. “Existe una profunda decepción y desmotivación porque no existe ningún apoyo institucional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, quien nos está utilizando como moneda de cambio en Cataluña”, indica a Vozpópuli Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Y añade: “El pasado 1-O los guardias civiles asumieron con responsabilidad su deber sobre los que querían desestabilizar el orden social y limitar los derechos y libertades de la ciudadanía. Hoy en día los condenados por los actos de sedición y violencia de aquellos días fueron premiados con indultos del Gobierno que ahora nos da la espalda”.
Argumentos similares esgrimen desde la Policía Nacional: “Fue uno de los mayores desafíos al Estado que tuvo graves consecuencias para muchos de los nuestros -indica una fuente interna-. Nuestro trabajo es defender el orden público y que quienes lo alteran se sienten ante la Justicia”. A su juicio, “la amnistía echa por tierra todo el trabajo que hicimos en una situación tan compleja”.
Cesiones que han irritado a servicios de Inteligencia y cuerpos policiales, pero que no son más que el anticipo de las negociaciones de cara a una próxima investidura. “Esto es sólo el principio”, indican los uniformados, que ahora temen la cesión de competencias en País Vasco y Cataluña, o la expulsión de los agentes en espacios tan emblemáticos como la Jefatura Superior de la Policía de Vía Laietana.
