Autor Tema: La ley de extranjería y su aplicación  (Leído 169313 veces)

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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1620 en: 07 de Octubre de 2023, 08:25:42 am »
Devueltos a Senegal tras días hacinados en un barco de la Guardia Civil: ''Dijeron que íbamos a España a encontrar un trabajo''


Una huelga de hambre, disparos y falsas promesas. Aliou y Babacar cuentan desde el pueblo pesquero de Joal cómo terminó su intento de llegar a Canarias al cruzarse con el buque Río Tajo

Alicia Justo / Natalia G. Vargas

6 de octubre de 2023 22:08h

Actualizado el 07/10/2023 05:30h


Llevaban cuatro días en el mar. Su cayuco había salido de Senegal el 21 de agosto con 184 personas a bordo. El destino era Canarias, hasta que un buque de la Guardia Civil se cruzó en su camino. Un agente cogió un micro. “Nos dijo que iban a hablar con su superior para decirnos si podían llevarnos a España o si nos dejaban en Senegal”. Aliou y Babacar recuerdan bien ese día. Desde la localidad pesquera de Joal, cuentan por videollamada a esta redacción cada detalle. Les dijeron que desembarcarían en España, pero no fue así. Todos ellos, incluidos 18 menores, fueron devueltos a Senegal.

Un buque de la Guardia Civil lleva desde el jueves fondeado con 168 migrantes a la espera de desembarcar en Mauritania
Un buque de la Guardia Civil lleva desde el jueves fondeado con 168 migrantes a la espera de desembarcar en Mauritania
Un día después de salir del pueblo costero de Joal avistaron “un avión blanco con un poco de color verde”. Tres días después, el buque Río Tajo de la Guardia Civil los alcanzó. En grupos de diez fueron entrando en el barco español. Una vez dentro, los 18 menores fueron separados de los adultos. Respiraron con alivio, creyendo que su sueño europeo estaba cada vez más cerca. Sin embargo, cuando la tierra comenzó a estar cerca, algunas personas del grupo advirtieron que la costa les resultaba familiar.


Ellos conocían bien Mauritania, y supieron que estaban en la costa de la ciudad de Nuadibú. A la mañana siguiente, según cuentan los jóvenes senegaleses, la Guardia Civil hizo un intento de entrar en la ciudad, pero las autoridades mauritanas rechazaron el desembarco. Así, casi 184 personas se mantuvieron hacinadas en el barco durante cuatro días, fondeadas en los alrededores del país. La cifra que los migrantes manejan es distinta a la ofrecida por el Ministerio del Interior, que aseguró que se trataba de 164 personas.

La negativa de Mauritania sorprendió a las autoridades españolas, ya que ambos países son colaboradores habituales en materia migratoria. Este país africano es un socio clave de España en materia migratoria, donde hay patrullas conjuntas marítimas y terrestres entre la Guardia Civil, la Policía española y la Gendarmería mauritana.

Según informaron fuentes policiales a elDiario.es, las autoridades mauritanas alegaron verbalmente que la Guardia Civil había incumplido el procedimiento en la aplicación de operaciones mixtas de control migratorio, al no haber un gendarme mauritano en la tripulación del Río Tajo.

Tensión y hacinamiento
Aliou y Babacar recuerdan que tras el episodio de Mauritania, los nervios fueron en aumento. “Golpearon a varias personas para darnos miedo y que paráramos de discutir. Nosotros les respondimos que debían parar. Entonces, dispararon al aire”, relatan. El intento de entrar en el puerto de la ciudad mauritana les generó desconcierto. Creían que iban a España. Así que decidieron parar de comer e iniciar una huelga de hambre.

Aún fondeados en las costas de Mauritania, los agentes, según el relato de los supervivientes, mantenían que el barco se dirigía a las costas españolas. “Muchas veces nos dijeron que íbamos a España y que incluso podríamos buscar un trabajo. Jamás nos dijeron que íbamos a Senegal”. Mientras tanto, la versión oficial que el Ministerio del Interior ofrecía a los medios españoles rechazaba la posibilidad de atracar en Canarias.

Aliou recuerda que no fue hasta un día y medio antes de llegar a Senegal cuando ellos pudieron constatar que serían devueltos. “Una vez que el barco tomó su ruta, fue cuando nos dimos cuenta de que íbamos a Senegal. Nosotros en ese momento no hicimos nada. Nos mantuvimos en nuestros sitios desanimados. No podíamos hacer nada”, sostiene.

El regreso
Una vez que el barco emprendió la ruta hacia el norte de Senegal, los jóvenes indican que la comunicación entre las dos partes se cortó: “Ellos se mantuvieron en la parte de arriba del barco. No bajaron nunca más. Algunos de nuestros compañeros entraban para recoger la comida, pero no les decían nada”.

Aliou y Babacar recalcan que únicamente el primer día, una vez entraron en el Río Tajo, la Guardia Civil les ofreció agua embotellada. El resto del trayecto, bebieron agua destinada a la limpieza de la embarcación e hicieron sus necesidades en uno de los bordes donde finalizaba la embarcación, cuenta Aliou.

“Nos dimos cuenta de que cuando comíamos, 10 minutos después, casi todos nos dormíamos; es por eso que decimos que la comida no era buena. Nos dimos cuenta en el último momento. Entonces no comimos, y ya no nos dormimos”, advierten.

Ya en aguas próximas a la ciudad de Saint Louis, descendieron en grupos de 10 a una pequeña embarcación que los transportó al buque Fouladou de la Marina senegalesa. Una vez en tierra, fueron trasladados a una comisaría de Dakar, donde detuvieron a siete jóvenes del grupo acusados de dirigir el cayuco, los cuales permanecen en prisión. El resto, para volver a sus casas, tuvieron que recurrir a la ayuda de amigos, puesto que las autoridades no les ofrecieron ningún tipo de recurso económico ni acompañamiento.

Aliou y Babacar, como cientos de jóvenes que han llegado a Canarias en este último año, comparten la desafección por la situación económica del país. De hecho, el primero de ellos, volvió a intentar una salida a Canarias un poco después del percance con la Guardia Civil. Se embarcó en un cayuco que presentó problemas a la altura de Mauritania, por lo que el grupo se vio en la obligación de regresar a Senegal.

Los dos tienen claro que lo seguirán intentando: “En España hay discriminación por el color de piel, pero aquí hay discriminación económica. El viaje es peligroso, pero la pobreza sí que es peligrosa”, incide Aliou.

Las dudas legales sobre la devolución
Los dos senegaleses afirman que los agentes del instituto armado no les ofrecieron en ningún momento la posibilidad de solicitar protección internacional. Tampoco tuvieron asistencia de un abogado. Por esta razón, la devolución de los migrantes a Senegal ha suscitado importantes dudas legales.

Fuentes jurídicas han explicado a este periódico que podría tratarse de una devolución el caliente. Quienes están dentro de un buque con bandera española “están en territorio español”, por lo que “deberían cumplirse las garantías de la legislación española”. Asimismo, estas fuentes apuntan que si alguno de los migrantes verbalizó en Río Tajo su intención de pedir protección internacional, debería haberse tramitado. Por las condiciones de hacinamiento en la que estuvieron, se refleja que fue imposible que recibieran una asistencia jurídica individualizada y personal.

Los senegaleses protagonizan en la actualidad la ruta canaria. La crisis política que atraviesa el país ha llevado a muchos jóvenes a las calles a protestar, siendo reprimidos con violencia. Según los datos oficiales, al menos 20 personas han muerto en estas manifestaciones desde 2021. Otras muchas han muerto en el mar en su intento de huir.

Por esta razón, cuando las ONG tuvieron conocimiento de que los migrantes iban a ser devueltos a Senegal, solicitaron al Ministerio del Interior que paralizara el traslado. Las entidades especializadas en derechos humanos advirtieron que podría tratarse de una devolución colectiva, incumpliendo así la normativa en materia de protección internacional.

También el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) exigió al departamento de Fernando Grande-Marlaska información sobre el perfil de los náufragos, para detectar posibles vulnerabilidades. Acnur no obtuvo respuesta por parte del Gobierno de España.

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Amnistía Internacional también se pronunció de forma rotunda: “Llevar a cabo una devolución sin que las personas hayan accedido a una adecuada e individualizada asistencia letrada, en la que se le informen de sus derechos, entre ellos, el de pedir asilo y protección internacional, y que esta asistencia se produzca con traductores y en espacios adecuados, es una vulneración de derechos humanos”. 

Aunque su viaje fue frustrado, Aliou y Babacar encuentran razones de sobra para seguir intentándolo, y tienen claro que lo harán. “En España hay discriminación por el color de piel, pero aquí hay discriminación financiera. El viaje es peligroso, pero la pobreza sí que es peligrosa”, incide Aliou.

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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1621 en: 10 de Octubre de 2023, 05:49:22 am »
Interior prepara vuelos de devolución de migrantes llegados a Canarias


9 h
El Ministerio del Interior trabaja en los preparativos para el flete de "una serie" de vuelos de devolución de migrantes a Senegal, confirman a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, fuentes policiales. El primero de estos vuelos tiene prevista su salida "antes de que acabe el mes", aseguran estas mismas fuentes.

Son susceptibles de formar parte de este contingente migrantes de los más de 1.200 y de 3.000 que llegaron a diversos puntos de las islas en julio y agosto respectivamente, pero también de los últimos que han arribado a la isla de El Hierro, todos ellos durante la actual oleada de cayucos.

El 90% de los migrantes llegados a Canarias en esta crisis -en total son más de 14.000 en lo que va de año- son de nacionalidad senegalesa. El primer vuelo de devolución de estos migrantes saldrá con destino Dakar de un aeropuerto canario y no de uno peninsular, indican las fuentes consultadas. Si bien aclaran que partirá de Tenerife o de Gran Canaria -y ese extremo está aún por decidirse-, no cierran aún la cantidad de viajeros -"más de un centenar"- en ese primer paquete de devolución.

Sí ratifican que el viaje se está planificando ya "con arreglo al dispositivo habitual de seguridad", por lo que el avión no irá solo lleno de extranjeros. En los vuelos de devolución de migrantes un 30% del pasaje es dotación policial: viaja un agente de las Unidades de Intervención (UIP) de la Policía por cada dos extranjeros llegados en situación irregular y no aceptados por España.

Más vuelos

El que se prevé para este mes de octubre no será el único vuelo. Una sucesión de fletes aéreos de devolución de migrantes tendrá lugar a lo largo de los meses de otoño, con la implicación confirmada de las unidades policiales afectadas

La crisis migratoria que está viviendo Canarias viene propiciada por las calmas en el Atlántico -en la ruta más peligrosa de acceso a territorio europeo- e impulsada por la situación de inestabilidad política, pobreza y violencia en Senegal. Tiene impacto también en la salida de cayucos desde las costas de Mauritania, su vecino del norte. Con ambos países, entre otros, tiene España acuerdos de devolución de migrantes no autorizados. Son susceptibles de devolución todos aquellos que hayan llegado irregularmente a España y no se les acredite situación de especial vulnerabilidad -niños, ancianos, enfermos...- o cualquier razón para la concesión de asilo o refugio.

Fue en virtud de esos acuerdos de devolución que una patrullera de la Guardia Civil desplegada por Interior en África pudo desembarcar en Senegal el pasado 29 de agosto a 168 migrantes que había rescatado de un cayuco a 80 millas náuticas de la costa mauritana. Nuakchott se negó a recibirlos, y fue Senegal, el país del que habían zarpado, el que aceptó la devolución.

Los migrantes afectados por acuerdos de devolución de las autoridades españolas serán embarcados en los vuelos que se están preparando en menos de 48 horas después de la adopción de cada acuerdo, pues la jurisprudencia resta validez a las devoluciones que se organicen después de ese plazo.

11.000 salidas interceptadas
Los pactos de devolución con países africanos comenzaron a plantearse en 2006 por el gobierno Zapatero, después de la primera gran crisis de los cayucos, que llevó a Canarias a 30.000 migrantes. En la actualidad, en los nueve últimos días Canarias ha recibido 4.531 migrantes, a un ritmo no conocido desde aquella oleada de 2006.

Los contactos del ministerio del Interior con las autoridades senegalesas se han intensificado estos días, según fuentes ministeriales, pese a la imprevisibilidad que afecta a su gobierno en estos momentos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado este lunes desde Bruselas que ha viajado ya en cuatro ocasiones a Mauritania y dos veces a Senegal, y que la acción preventiva del Gobierno en aquellos dos países "ha evitado un 40% de salidas irregulares hacia Canarias". El ministro estima en 11.000 los migrantes a los que se ha impedido este año echarse al Atlántico buscando las islas.

Sobre las gestiones policiales que en la actualidad se llevan a cabo -principalmente en la isla de Tenerife- para identificar y evaluar a los adultos llegados en la actual oleada, Marlaska ha indicado que "se toman medidas para garantizar los derechos de los migrantes y también hacer un trabajo serio en parámetros de humanidad y seguridad".

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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1622 en: 23 de Noviembre de 2023, 06:39:22 am »

La Policía Nacional expulsa a ocho hombres por causar "grave alarma social" en las calles de Bilbao


La Policía Nacional expulsa a ocho hombres por causar "grave alarma social" en las calles de Bilbao
Archivo - Coche de Policía Nacional
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Europa Press País Vasco
Publicado: 22/11/2023 10:39
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@epeuskadi
Todos ellos tenían antecedentes por robos con violencia, lesiones, resistencia y desobediencia, atentado a la autoridad y tráfico de drogasBILBAO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha expulsado en las dos últimas semanas a ocho ciudadanos extranjeros, en situación irregular, por causar "grave alarma social" en Bilbao y todos ellos contaban con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, las personas y el orden público, según ha informado el Ministerio de Interior.


Las expulsiones han sido llevadas a cabo por la Brigada de Extranjería y Fronteras de Bilbao, en aplicación de la Ley de Extranjería, para paliar la "grave alarma social" que habían provocado con sus actos.

De las ocho expulsiones, cinco han sido de ciudadanos marroquíes, una de un tunecino, otra de un paraguayo y una última de un ciudadano rumano.

"DETENIDOS CON ANTERIORIDAD"
Todos ellos habían sido detenidos con anterioridad por la Policía Nacional, la Policía Municipal de Bilbao y la Ertzaintza por la comisión de delitos de tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, falsedad documental, resistencia y desobediencia y atentado a la autoridad perpetrados en Murcia, Vitoria-Gasteiz, Erandio y, sobre todo, en Bilbao.


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Finalmente, tras su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) correspondiente, fueron expulsados después de serles impuesta una prohibición de entrada en nuestro país por tres. Además, se da la circunstancia que algunos de ellos, ya habían burlado las órdenes de expulsión que tenían decretadas.

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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1623 en: 22 de Enero de 2024, 08:06:21 am »
Más de 2.700 extranjeros fueron expulsados en 2023 de España, casi un 25% menos que en pasados años


El 90% de las 101 expulsiones de extranjeros se habían tramitado por "actividades contra la seguridad nacional"
 En los casos en los que el extranjero acredita que lleva más de 10 años residiendo en España, las penas se elevan a cinco años y hay que evaluar la posibilidad de reincidencia


infoLibre

21 de enero de 2024 17:00h
@_infolibre
Un total de 2.760 extranjeros fueron expulsados de España en 2023 por procedimientos iniciados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cumplimiento de la ley de extranjería, incluyendo también los casos de devoluciones al país de origen, según los datos del Ministerio del Interior consultados por Europa Press.

La cifra oficial de 2023 supone un descenso de casi el 25% con respecto a los años precedentes: en 2022 fueron expulsados 3.642 personas y en 2021 otras 3.594, en aplicación de la ley orgánica de extranjería 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.


Se trata de procedimientos abiertos por la Policía, el cuerpo con competencias exclusivas en la materia y que ahora reclama Junts tras el acuerdo con el que el Gobierno de Pedro Sánchez salvó dos decretos anticrisis comprometiéndose a delegar a Cataluña las políticas migratorias a través de una ley orgánica.

Este tipo de expulsiones se pueden llevar a cabo por diferentes razones, según la legislación de extranjería, incluyendo las devoluciones a los países de origen cuando se producen interceptaciones en frontera --como los casos de las vallas de Ceuta y Melilla-- o los que son detectados tratando de regresar a España a pesar de haber sido expulsados con anterioridad.

En una respuesta parlamentaria de marzo de 2023, el Gobierno informó de las expulsiones en la última década en aplicación del artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2000: el 90% de las 101 expulsiones de extranjeros se habían tramitado por "actividades contra la seguridad nacional", incluyendo dos casos justificados por infracciones muy graves de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'.

Diferentes vías para la expulsión
Las expulsiones se tramitan mayoritariamente por la Ley de Extranjería, que contempla en su artículo 57.2 esta posibilidad para los migrantes con sus papeles en regla pero con antecedentes por delitos, si media una condena superior a un año.

Cuando son ciudadanos en situación irregular, se puede iniciar un procedimiento de expulsión que la misma Ley de Extranjería contempla que sea ordinario o preferente, a partir de expedientes tramitados por la Policía Nacional, el cuerpo competente en la materia, en un procedimiento ante el que cabe recurso, por lo que la decisión final dependerá de un juez.

Si la expulsión no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas desde el momento de la detención, se podrá solicitar de la autoridad judicial el ingreso del extranjero en los centros de internamiento (CIE) por el tiempo imprescindible para ejecutarla, que no podrá prolongarse en ningún caso más allá de 60 días o hasta que se constate la imposibilidad de ejecutarla en dicho plazo. La ley no permite acordar un nuevo internamiento sobre la base del mismo expediente de expulsión.

Otra posibilidad es el artículo 89 del Código Penal, que recoge la sustitución de la condena de prisión por la expulsión directa a su país cuando la pena sea superior a un año. En los casos en los que el extranjero acredita que lleva más de 10 años residiendo en España, las penas se elevan a cinco años y hay que evaluar la posibilidad de reincidencia.

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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1624 en: 22 de Enero de 2024, 16:20:16 pm »

lunes, 22 de enero de 2024

El Tribunal Supremo confirma que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal al no seguir el procedimiento previsto en la Ley de Extranjería


Establece que esos retornos deben ajustarse a la legislación española y sus garantías y no puede basarse solo en el Acuerdo hispano-marroquí de vuelta concertada de menores. Resalta que fue además una expulsión colectiva de extranjeros prohibida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos

Autor
Comunicación Poder Judicial
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado que la devolución de menores marroquíes desde Ceuta a Marruecos llevada a cabo por las autoridades españolas en agosto de 2021 fue ilegal por la “absoluta inobservancia” de las prescripciones de la Ley de Extranjería, que exigen un procedimiento administrativo individual, información sobre la situación de cada afectado, audiencia del mismo si tiene madurez e intervención del Ministerio Fiscal.

Asimismo, la Sala, de acuerdo con la Fiscalía, confirma que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos, ya que ello sucede cuando se pone a una persona en serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o psíquico, lo que no puede negarse que ocurriera en este caso, según el tribunal, cuando la Administración no hizo ponderación alguna del interés de los menores ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales.

El Supremo rechaza los recursos de la Abogacía del Estado y de la Ciudad Autónoma de Ceuta contra las sentencias de un Juzgado de Ceuta y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que estimaron las razones de la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Jóvenes y Menores -que actuó en su nombre y en el de ocho menores marroquíes- y establecieron que España incurrió en una vía de hecho al no seguir los procedimientos establecidos en la Ley y el Reglamento de Extranjería en el retorno de los menores.

En su sentencia, el alto tribunal comienza destacando que comprende perfectamente la gravedad de lo acaecido los días 17 y 18 de mayo de 2021 en Ceuta, cuando se produjo la entrada masiva e ilegal de unas 12.000 personas, de ellas unos 1.500 menores, y que ello supuso un extraordinario reto tanto para el Estado como para dicha comunidad autónoma.

Sin embargo, señala que el debate del pleito versa sobre si el Acuerdo entre España y Marruecos de 6 de marzo de 2007 era suficiente por sí solo para fundamentar la decisión de retorno de los menores a Marruecos o si, por el contrario, era preceptivo además seguir los trámites establecidos en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000 y en los artículos 191 y siguientes del Real Decreto 557/2011 (procedimiento administrativo individualizado, información sobre la situación del afectado, audiencia del mismo si tiene madurez e intervención del Ministerio Fiscal).

Y para el Supremo, el Acuerdo de 2007 no constituye por sí solo fundamento normativo suficiente para decidir el retorno de los menores, básicamente porque no contempla ningún trámite ni requisito procedimental, por lo que, como en cualquier otra actuación administrativa, “máxime si puede afectar a los derechos fundamentales de las personas, las autoridades españolas deben encauzar su actuación a través del correspondiente procedimiento administrativo, como garantía de la legalidad y el acierto de su decisión y como salvaguardia de los intereses de los afectados”. En este caso, el regulado en la Ley y el Reglamento de Extranjería.

Además, la sentencia considera que la invocación de circunstancias excepcionales por parte de los recurrentes concurrentes en este caso “resulta abstracta, pues no explica la absoluta pasividad de la Administración: lo que en un primer momento podría resultar comprensible dista de serlo cuando la situación se prolonga en el tiempo. De aquí que no quepa justificar una interpretación laxa de la legalidad, ni menos aún una dispensa de su cumplimiento, invocando circunstancias excepcionales”.     

El Supremo agrega que el argumento de la absoluta inobservancia de trámites procedimentales se ve reforzado por otra consideración, que es lo establecido en el artículo 4 del Protocolo nº 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ‘que establece de manera lapidaria que “quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros”’.

La Sala resalta que esa norma convencional ha sido ratificada por España y forma parte del ordenamiento jurídico español, por lo que la decisión acordando el retorno de un número elevado de menores no acompañados sin haber seguido ningún procedimiento constituyó una expulsión colectiva de extranjeros; “algo que es ilegal con arreglo al citado art. 4 del Protocolo nº 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Por último, los magistrados contestan a la alegación tanto del Abogado del Estado como del Letrado de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre que Marruecos no solo no formuló protesta alguna sobre el modo en que se llevó a cabo el retorno de los menores, sino que al parecer envió un mensaje electrónico a las autoridades españolas diciendo genéricamente que todos estaban bien y de vuelta con sus familias.

La Sala considera que se trata de un dato irrelevante, ya que “la conformidad de Marruecos únicamente significa, en el plano puramente jurídico, que no considera que España haya infringido el Acuerdo de 3 de marzo de 2007”, “pero no significa que la Administración haya actuado con observancia estricta de la legalidad española. La aquiescencia de otro país no dispensa a las autoridades españolas de actuar con sujeción plena a la Constitución y a las leyes”, y “va en ello la respetabilidad de España como Estado de derecho”, concluye la sentencia.


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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1625 en: 04 de Febrero de 2024, 13:13:17 pm »
Y además....vagueria.


La Audiencia Nacional anula una extradición por "la rechazable técnica del corta y pega" del juzgado de García Castellón

La ampliación de los motivos de entrega se validó sin responder a una posible prescripción del delito de fraude en Eslovaquia

 / EPE


Cristina Gallardo
Tono Calleja Flórez
Madrid - Domingo, 04/02/2024 - 06:50
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional afea "la rechazable técnica del corta y pega" en una resolución del Juzgado Central de Instrucción número 6, del que es titular Manuel García-Castellón, y que permitió ampliar los motivos de entrega a Eslovaquia de un reclamado por fraude. Se da la razón a su defensa porque, además, la resolución no respondió sobre una posible prescripción del delito en el país de origen.


La extradición se materializó el pasado mes de mayo, pero más tarde el Juzgado accedió a que se ampliaran las causas por las que esta persona podía ser juzgada en Eslovaquia en atención a una reclamación de las autoridades judiciales del Distrito de Zvolan. Su defensa rechazaba que pudiera ser perseguido por nuevos hechos diferentes de los expuestos inicialmente por el distrito judicial que dictó la euroorden, que eran las de Trencin.


En respuesta a su recurso, el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA apuntó el pasado 12 de enero a las "incongruencias" que aparecen en los párrafos finales del auto, que atribuye al uso de "la rechazable técnica del corta y pega, mezclándose en dicho párrafo, sin ser advertido ni corregido incluso de oficio, alegaciones de la defensa y del Ministerio Fiscal".

La resolución, de la que ha sido ponente el presidente de en funciones de la Sala, Alfonso Guevara, destaca no obstante que lo que en este caso "lo más grave" es que se conculca "el derecho constitucional a obtener la tutela judicial efectiva" porque el juez no dio una respuesta razonada a la alegación de prescripción del delito conforme al derecho de Eslovaquia, limitándose a apuntar el artículo de la norma por la que se deniega que ésta se haya producido conforme al derecho Español. Además, la transcripción que se hace para ello procede de la versión originaria de la Ley de 2014, y no de las novedades introducidas cuatro años más tarde.

Delito ya prescrito
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Según la defensa, los hechos objeto de ampliación de la extradición fueron cometidos en agosto de 2013, por lo que habrían prescrito conforme a la legislación de eslovaca. Acceder a la ampliación de la entrega, por lo tanto, vulnera el principio que garantiza el derecho de todas las personas a obtener la tutela judicial efectiva por parte de jueces y tribunales en España. La Fiscalía, por su parte, interesó acceder a la ampliación de los motivos de entrega alegando que únicamente se había producido un "error de transcripción".

La Sala también incide en la ausencia de una orden de detención nacional en la que se sustente la solicitud de consentimiento o ampliación de los delitos por los que puede ser juzgada esta persona en su país de origen. "Ello sin que el a quo solicitara información complementaria, limitándose a seguir el dictamen, por lo demás erróneo, del Ministerio Fiscal de manera acrítica, además de la falta de indicación de la pena legalmente prevista para el delito de fraude en la legislación eslovaca" reprocha al Juzgado de García Castellón.




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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1626 en: 06 de Febrero de 2024, 07:58:12 am »
Un ex policía ruso retenido en El Prat pide asilo a España: fue torturado y se negó a servir en Ucrania



"He volado a Barcelona para preservar mi vida y salvaguardar mi libertad", reconoce mientras espera una resolución.

6 febrero, 2024 02:25
Ferran Barber  @ferranbarber

Un ex agente del Ministerio del Interior de Rusia llamado Stanislav Y. aguarda desde el viernes en la sala de asilo y rechazados del aeropuerto del Prat de Barcelona a que las autoridades españolas determinen si le dejan entrar en nuestro país. El antiguo oficial de policía —nacido el 12 de junio de 1993— aterrizó poco después del mediodía en un vuelo procedente de Dubai portando un documento donde puede leerse: “He salido huyendo de Rusia debido a las amenazas de torturas y por temor a que me obliguen a servir como oficial de policía en los territorios ucranianos temporalmente ocupados. He volado hacia ustedes para preservar mi vida y salvaguardar mi libertad”.


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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1627 en: 22 de Febrero de 2024, 07:55:50 am »
50 migrantes denuncian en los juzgados agresiones policiales con “puñetazos y patadas en la cabeza” en el CIE de Madrid


Migrantes encerrados en el Centro de Internamiento para Extranjeros han enviado un escrito al juzgado para denunciar presuntas agresiones cometidas por agentes de la Policía Nacional contra varias personas internas. La Policía evita dar información concreta sobre los hechos que tuvieron lugar el 14 de febrero

Gabriela Sánchez

20 de febrero de 2024 22:06h Actualizado el 22/02/2024 00:42h 4

Medio centenar de migrantes encerrados en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid ha enviado un escrito al juzgado de instrucción número 20 de Madrid, con competencias en el control de estos espacios, para denunciar presuntas agresiones cometidas por agentes de la Policía Nacional contra varias personas internas. “Han agredido brutalmente a varios internos con porras, patadas en la cabeza, puñetazos, además de insultarnos y tratarnos como animales”, dice la misiva adjunta en la queja, a la que ha accedido elDiario.es, presentada en el juzgado por varias ONG para solicitar la investigación de los hechos.

Algunos internos aseguran tener diferentes marcas en sus cuerpos a consecuencia de los supuestos golpes de la Policía y, para probarlo, han mandado al juzgado una serie de fotografías a las que no ha accedido este medio. Los internos han añadido también en su carta el número de placa de uno de los agentes que, según su testimonio, les golpeó. Fuentes de la Jefatura General de la Policía aseguran que “en caso de haber algún incidente” en el CIE “se trata de utilizar la fuerza mínima imprescindible”, sin entrar a dar información concreta sobre los hechos denunciados del 14 de febrero.



Los denunciantes aseguran que el pasado 14 de febrero, entre las once y las doce de la noche, irrumpieron en el CIE 11 agentes que “cometieron actos de extrema barbaridad” contra los internos. Según el texto escrito a mano por uno de los migrantes y firmado por medio centenar de ellos desde el interior del centro de internamiento, los policías agredieron a varios internos “con porras, patadas en la cabeza y puñetazos”.

La misiva alerta al juzgado de que varias personas han resultado heridas, entre ellas un hombre del que los denunciantes aseguran desconocer su paradero. “Uno de los heridos ha salido de aquí inconsciente, además de estar sangrando mucho. Ha desaparecido, no tenemos ni idea de donde puede estar esta persona, ya que algunos internos se han puesto en contacto con su familia y su familia dice que no lo encuentra en ningún hospital”, indican en la carta que ha llegado a manos del juzgado encargado del cumplimiento de la normativa en los CIE, los centros donde son privadas de libertad  personas extranjeras durante un máximo de 60 días por su situación irregular (lo que supone una falta administrativa, no un delito) con el objetivo de proceder a su expulsión.

Aunque el CIE cuenta con servicio médico privado, aquella noche los servicios de emergencias sanitarias de Madrid recibieron un aviso desde el centro de internamiento de Madrid a las 23:30 horas. Según confirma una portavoz del Samur, una ambulancia básica fue enviada al centro de internamiento de Aluche para atender a una persona, de la que no consta ningún dato más, con “dolor músculoesquelético”. El paciente fue atendido in situ “sin requerir traslado hospitalario”.

Más allá de lo ocurrido el pasado 14 de febrero, los internos también han denunciado en su misiva una presunta agresión a una mujer ocurrida tres días antes: “Otro hecho atroz ha ocurrido hace tres días: un agente ha estrangulado a una interna hasta dejarla inconsciente”, indica el escrito. Los migrantes cuestionan también los “cacheos” realizados por los agentes en las celdas o supuestas “visitas” de los policías en las habitaciones de los migrantes para “golpear a los internos, aprovechando que en las habitaciones no hay cámaras”.

Las personas firmantes del escrito reconocen el “miedo a represalias” de los internos que han sido testigos de los hechos, por lo que no incluyen sus números identificativos en la denuncia, pero se muestran “dispuestos a declarar lo que han visto a un juez o a cualquier ONG que nos conceda una entrevista en persona”. El escrito fue mandado por los internos por Whatsapp el pasado 15 de febrero a las ONG acreditadas para realizar visitas en el CIE de Aluche: Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, Coordinadora de Barrios y Mundo en Movimiento.

Las ONG han solicitado al juzgado la investigación de los hechos. Entre otras diligencias, las organizaciones piden el reconocimiento por parte de un médico forense de las posibles lesiones que puedan presentar las personas denunciantes, el traslado de la víctima y testigos a dicho juzgado para tomarlas declaración, así como la suspensión de la expulsión de las personas agredidas con el objetivo de evitar la repatriación de los denunciantes. Las organizaciones también han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo.

La Plataforma CIEs No lleva años denunciando la deportación de internos que denuncian posibles irregularidades cometidas por los agentes de la Policía Nacional en el interior de estos centros, así como de los testigos de los hechos, lo que en muchas ocasiones frustra la investigación.

Debido a la frecuente expulsión de denunciantes o testigos de supuestas agresiones policiales en el CIE, en 2020 el Defensor del Pueblo pidió al director general de la Policía la emisión de una instrucción que incluyese “un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos de las personas privadas de libertad” en los CIE. La institución recalcó entonces que el protocolo debería incluir “el principio de realización de una investigación efectiva” y “la no expulsión de un interno o interna mientras determina si existen indicios de que ha sido víctima de un hecho disciplinariamente reprochable o delictivo”. También exigió a la Policía establecer la forma en la que debe ser enviada la “información oportuna a juzgado” que corresponda para investigar debidamente los hechos denunciados.

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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1628 en: 23 de Febrero de 2024, 11:26:04 am »
Un juzgado investiga las presuntas agresiones de la Policía denunciadas por 50 internos del CIE de Madrid


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sostiene que la investigación se encuentra en una fase muy preliminar y la jueza ha solicitado más información acerca de los hechos

EFE/elDiario.es

22 de febrero de 2024 19:37h Actualizado el 22/02/2024 19:46h 0
El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha abierto una investigación tras la denuncia de medio centenar de internos del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid), que aseguran haber sufrido agresiones por parte de varios agentes de la Policía Nacional.

Según han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la investigación se encuentra en una fase muy preliminar y la jueza ha solicitado más información acerca de los hechos y los informes médicos sobre los supuestos daños infringidos a los internos.

La denuncia ha sido interpuesta por las ONG que visitan regularmente el CIE: Coordinadora de Barrios, Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, Pueblos Unidos y Mundo en Movimiento, según ha confirmado a EFE el presidente de la primera entidad, Javier Baeza.

En el escrito en el que se basa la denuncia, firmado por medio centenar de internos y divulgado por la plataforma CIE No Madrid, los migrantes relatan que en la noche del pasado 14 de febrero, entre las once y las doce de la noche, varios agentes de la Policía que parecían estar bajo los efectos del alcohol, entraron en las celdas del centro.

“Han agredido brutalmente a varios internos con porras, patadas en la cabeza, puñetazos, además de insultarnos y tratarnos como animales”, decía la misiva adjunta en la queja, a la que ha accedido elDiario.es, presentada en el juzgado por varias ONG para solicitar la investigación de los hechos.

Algunos internos aseguran tener diferentes marcas en sus cuerpos a consecuencia de los supuestos golpes de la Policía y, para probarlo, han mandado al juzgado una serie de fotografías a las que no ha accedido este medio. Los internos han añadido también en su carta el número de placa de uno de los agentes que, según su testimonio, les golpeó. Fuentes de la Jefatura General de la Policía aseguran que “en caso de haber algún incidente” en el CIE “se trata de utilizar la fuerza mínima imprescindible”, sin entrar a dar información concreta sobre los hechos denunciados del 14 de febrero.

Los denunciantes aseguran que el pasado 14 de febrero, entre las once y las doce de la noche, irrumpieron en el CIE 11 agentes que “cometieron actos de extrema barbaridad” contra los internos. Según el texto escrito a mano por uno de los migrantes y firmado por medio centenar de ellos desde el interior del centro de internamiento, los policías agredieron a varios internos “con porras, patadas en la cabeza y puñetazos”.

La misiva alerta al juzgado de que varias personas han resultado heridas, entre ellas un hombre del que los denunciantes aseguran desconocer su paradero. “Uno de los heridos ha salido de aquí inconsciente, además de estar sangrando mucho. Ha desaparecido, no tenemos ni idea de donde puede estar esta persona, ya que algunos internos se han puesto en contacto con su familia y su familia dice que no lo encuentra en ningún hospital”, indican en la carta que ha llegado a manos del juzgado encargado del cumplimiento de la normativa en los CIE, los centros donde son privadas de libertad personas extranjeras durante un máximo de 60 días por su situación irregular (lo que supone una falta administrativa, no un delito) con el objetivo de proceder a su expulsión.

Aunque el CIE cuenta con servicio médico privado, aquella noche los servicios de emergencias sanitarias de Madrid recibieron un aviso desde el centro de internamiento de Madrid a las 23:30 horas. Según confirma una portavoz del Samur, una ambulancia básica fue enviada al centro de internamiento de Aluche para atender a una persona, de la que no consta ningún dato más, con “dolor músculoesquelético”. El paciente fue atendido in situ “sin requerir traslado hospitalario”.

Más allá de lo ocurrido el pasado 14 de febrero, los internos también han denunciado en su misiva una presunta agresión a una mujer ocurrida tres días antes: “Otro hecho atroz ha ocurrido hace tres días: un agente ha estrangulado a una interna hasta dejarla inconsciente”, indica el escrito. Los migrantes cuestionan también los “cacheos” realizados por los agentes en las celdas o supuestas “visitas” de los policías en las habitaciones de los migrantes para “golpear a los internos, aprovechando que en las habitaciones no hay cámaras”.

Las personas firmantes del escrito reconocen el “miedo a represalias” de los internos que han sido testigos de los hechos, por lo que no incluyen sus números identificativos en la denuncia, pero se muestran “dispuestos a declarar lo que han visto a un juez o a cualquier ONG que nos conceda una entrevista en persona”. El escrito fue mandado por los internos por Whatsapp el pasado 15 de febrero a las ONG acreditadas para realizar visitas en el CIE de Aluche: Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, Coordinadora de Barrios y Mundo en Movimiento.

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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1629 en: 23 de Febrero de 2024, 11:26:36 am »
Acabo de pasar cerca del CIE y en un muro hay un grafiti con la leyenda "EN EL CIE SE DAN PALIZAS".

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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1630 en: 23 de Febrero de 2024, 11:39:02 am »
Y también Valencia.





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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1631 en: 24 de Febrero de 2024, 08:05:46 am »
El menor gambiano que ha acudido a la ONU tras acabar en la calle en España: “Me sentí solo y distinto a los otros”


Después de que la ONU pidiese al Estado su reingreso en un centro de menores, el adolescente habla con elDiario.es mientras espera un cambio de criterio de la Fiscalía, que desconfía de los datos incluidos en su pasaporte gambiano


GambiaMenor
Gabriela Sánchez

23 de febrero de 2024 22:23h Actualizado el 24/02/2024 05:30h 2

Son las 12 del mediodía y Abdou (nombre ficticio) lleva paseando por la calle desde las ocho de la mañana sin saber qué hacer ni adonde ir. Mira con timidez cómo juegan al fútbol otros chavales pero no se atreve a unirse a ellos. Mete sus manos en los bolsillos y tensa sus brazos para tratar de menguar el frío enraizado en su cuerpo tras pasar horas a la intemperie sin el abrigo suficiente. Guarda en su mochila un trozo de pan que cogió en el albergue para personas sin hogar donde solo le dejan pasar la noche: cree que es posible que apenas encuentre nada más que llevarse a la boca durante el día.

El Defensor del Pueblo pide a la Fiscalía que el niño migrante por el que la ONU reprendió a España sea protegido

El Defensor del Pueblo pide a la Fiscalía que el niño migrante por el que la ONU reprendió a España sea protegido
Su pasaporte y su acta de nacimiento dicen que Abdou no tendría que estar así, desamparado por la Administración, durmiendo en un alojamiento para adultos sin techo, sin apenas nada que hacer. Sus documentos oficiales, verificados por la Embajada de Gambia en España, prueban que este chico menudo, de mirada baja y sonrisa amable, tiene 14 años. Pero la Fiscalía le dice que no, que no se fía de los datos incluidos en su pasaporte gambiano.


Y Abdou no entiende nada. “Miran mi documentación y, aunque ven en mis papeles que soy menor, me dicen que no lo soy”, dice el chico en una entrevista con elDiario.es. Su caso ha llegado al Comité de los derechos del Niño de la ONU, que pidió la semana pasada a España el reingreso del adolescente en un centro de menores de la Comunidad de Madrid tras ser declarado mayor de edad por la Fiscalía. Este jueves, el Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio Público que, en cumplimiento con la exigencia de las Naciones Unidas, proteja al chaval.

El adolescente llegó en cayuco a Las Palmas en agosto de 2023 y desde entonces, aunque asegura haber declarado su edad desde el primer momento en su reseña policial, fue tratado como adulto tanto en Canarias como en las diferentes ciudades de la península por donde ha pasado: Granada, Barcelona y Madrid. Su primera reseña policial en España recoge que Abdou tiene 19 años, según fuentes jurídicas. Él niega que declarase tener esa edad: “Siempre dije los años que tenía cuando llegué a Las Palmas. O no me entendieron bien por el idioma o se equivocaron, no sé qué pasó”, lamenta el chico cuyo aspecto encaja con el de un adolescente. En cada uno de los traslados a distintos centros dentro del sistema de atención humanitaria, dependiente del Ministerio de Inclusión, el chico mencionaba su edad. “Lo decía, pero me respondían que si no tenía los papeles que lo demostrase, no podían hacer nada”.

Superado el tiempo máximo en el sistema de acogida para adultos pidió ser trasladado a Madrid donde pensó que podría tener más oportunidades. A su llegada, perdido y sin contactos, Abdou no sabía qué hacer. Le habían dicho que en el barrio madrileño de Lavapiés quizá alguien podría ayudarle. Allí, cuenta Abdou, un chico senegalés le dio la dirección de Sercade, una ONG que apoya a los migrantes africanos en situación de exclusión. Fue entonces cuando Abdou empezó a sentirse escuchado. A través de la intervención de la Fundación Raíces, organización especializada en infancia que le presta asistencia jurídica, el adolescente consiguió expedir a distancia el pasaporte que acreditaba su fecha de nacimiento. Con todos los documentos verificados por la Embajada de Gambia, su letrada activó el procedimiento para enviar a Abdou a un lugar acorde con su edad.

Declarado mayor de edad
En diciembre de 2023 el adolescente logró entrar en un centro de menores, pero no por mucho tiempo. Dos meses después la Fiscalía le comunicó su decisión: Abdou dejaba de ser un niño a ojos de la Administración. “Estábamos con la educadora en el centro y me dijeron que no podía quedarme más allí, que me tenía que buscar la vida”, recuerda el chico. “Si tengo un pasaporte donde dice que soy menor, ¿por qué no me creen? ¿por qué a otros sí los creen? ¿por qué a algunos nos dicen que nos hagamos unas pruebas?”, añade el adolescente

Las pruebas a las que Abdou se refiere son los exámenes médicos para la determinación de la edad, unos test calificados de invasivos e inexactos por organismos como el Defensor del Pueblo o el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. La jurisprudencia del Tribunal Supremo impide el sometimiento de los menores a estas pruebas con un pasaporte válido que acredite su edad.

“Cuando estaba en el centro, la Fiscalía me dijo si quería hacerme las pruebas de la edad pero yo contesté que no quería, porque ya tengo el pasaporte”, cuenta Abdou, que había sido aconsejado por su letrada de la Fundación Raíces, que suele recomendar no someterse a estos exámenes en caso de contar con documentación que pruebe la minoría de edad, atendiendo al criterio del Tribunal Supremo. Ante su negativa, el Ministerio Público concluyó que el joven era mayor de edad dado que no dan por válidos los datos incluidos en su pasaporte, al haber sido expedido en Gambia sin la presencia del chaval, a pesar de la verificación realizada por la Embajada. La desconfianza de la Fiscalía no solo afecta a Abdou, sino que se trata de un criterio generalizado reconocido en un informe policial que siembra dudas sobre los datos incluidos en los pasaportes gambianos, según desliza la Policía Nacional en un informe al que ha accedido elDiario.es.

“Me sentí muy mal. Me sentí solo y distinto a los otros”, lamenta Abdou, en tono serio. Las escasas palabras que a menudo utiliza para responder se multiplican cuando el muchacho habla de su expulsión del centro de menores y la desconfianza de la Administración española hacia su minoría de edad. La rabia al recordarlo deja a un lado por un rato su aparente timidez: “Veo a otros chicos de otras nacionalidades que, cuando cumplen la mayoría de edad, les dejan hacer formaciones, les arreglan la documentación y les llevan a otros centros. Pero a mí y a otros amigos menores no nos ayudan, solo nos dejan ahí hasta que sea la hora de salir y nos dicen que nos vayamos”, se desahoga.

El 12 de febrero volvió a la casilla de salida. Ahora el chaval vive en un albergue para personas sin hogar donde solo puede pasar la noche. Está cansado y se le nota. “Lo único que me preocupa desde que he llegado es que digan que soy mayor de edad cuando no lo soy. Y que también se lo digan a algunos amigos cuando a otros sí les han llevado a un centro”, recalca el chico.

Nunca pensó, reconoce, lo difícil que sería salir adelante en España. Abdou se crió con sus abuelos y sus tíos porque donde vivían sus padres era más complicado acudir a la escuela, según su testimonio. “No me trataban muy bien. Era una convivencia muy difícil porque mis tíos no me hacían mucho caso y mi abuela era mayor y no se podía hacer cargo de mí, así que me tenía que buscar la vida”, detalla sobre su vida en el país que dejó atrás. Cuando no iba al colegio, ayudaba a un amigo a colocar azulejos. “Estuve mucho tiempo ahorrando para poder ir a España”, continúa. El adolescente pasó nueve días en el mar: “Lo pasé muy mal. Se rompió un poco la barca y estaba entrando agua. Pero estuvimos todo el tiempo quitando el agua hasta que por fin nos rescataron”.

Meses después, ya en territorio español, el joven sigue en su lucha por la búsqueda de un futuro: “Está siendo muy difícil, me preocupa mucho que no me crean, pero no me arrepiento de haber venido porque llegamos todos bien. Mientras esté con amigos, no me siento tan solo y estoy bien”, responde Abdou. A su lado, como casi siempre, está Lamin (nombre ficticio). Dice tener 16 años, sus documentos lo acreditan, pero la Fiscalía tampoco le cree.

Sabe que la ONU ha dado un paso a su favor. Su abogada también le ha explicado que el Defensor del Pueblo ha pedido a la Fiscalía que lo devuelva al centro de menores, pero Abdou siente que ha dado tantas vueltas que hay días en los que le cuesta confiar: “No tengo mucha esperanza, pienso que no me van a dejar volver”, dice decepcionado. “Lo único que pido es que me dejen volver al centro con mis amigos”.

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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1632 en: 10 de Marzo de 2024, 08:00:37 am »
Hartos de la falta de citas para pedir asilo: tres huelgas de hambre de migrantes y un centenar de quejas


Un centenar de migrantes han iniciado huelgas de hambre esta semana en tres centros de acogida estatales de Madrid y Cádiz para protestar contra las dificultades para pedir asilo en España. El Defensor del Pueblo registró este martes un centenar de quejas por esta razón


Gabriela Sánchez

9 de marzo de 2024 21:31h Actualizado el 10/03/2024 05:30h 0

Están hartos de que les digan que, para pedir asilo, deben llamar a un número de teléfono al que nadie responde. Cansados de tratar de pedir cita a través de  la web de la Oficina de Asilo, competencia del Ministerio del Interior, para encontrar el mismo mensaje una y otra vez: “En este momento no hay citas disponibles”. Están rabiosos por no tener ni teléfonos disponibles en algunos de los centros de acogida para poder pasarse aún más tiempo en busca de una respuesta. Están temerosos de acabar en la calle antes de poder formalizar su petición de protección.

Están hartos, dicen, y quieren que se note. Decenas de migrantes, tras chocarse durante meses con constantes obstáculos para pedir asilo en España ante la falta de citas para registrar su solicitud, han participado esta semana en distintas protestas para exigir su acceso al derecho al asilo, reconocido en la legislación española e internacional.

Este miércoles, 28 migrantes han iniciado una huelga de hambre en un albergue gestionado por Cruz Roja en San Fernando de Henares, dentro del sistema estatal de atención humanitaria, dependiente del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. Al día siguiente, este jueves, otra veintena de personas alojadas por la misma organización en el municipio madrileño de Mejorada del Campo asegura haber dejado de comer por el mismo motivo. Y en Chicana (Cádiz), medio centenar de jóvenes llegados a Canarias en cayuco también se han declarado también en huelga de hambre. Estos jóvenes protagonizaron una marcha para denunciar los retrasos en el registro de su solicitud.

Esta cascada de protestas se produce la misma semana en que un centenar de migrantes, la gran mayoría personas de origen subsahariano llegadas en patera o cayuco a Canarias, se plantaron en la sede del Defensor del Pueblo para presentar sus quejas contra la falta de acceso al asilo y pedir soluciones al ministerio del Interior. “Citas ya”, gritaban a las puertas en una abarrotada acera, mientras otros de sus compañeros hacían cola para registrar sus escritos en primera persona ante la institución, que ya ha llamado la atención al Gobierno en distintas ocasiones ante los problemas para pedir asilo en España.

En un restaurante de San Francisco de Henares próximo al hostal donde reside desde hace unas semanas, Babukar (nombre ficticio) coge su teléfono y enseña una fotografía tras otra. Las imágenes son exactamente iguales: pantallazos de la respuesta obtenida cuando trata de pedir la primera cita en la Oficina de Asilo para pedir protección en Madrid. “En este momento no hay citas disponibles. En breve, la Oficina pondrá a su disposición nuevas citas”, se lee. También enseña el registro de sus llamadas realizadas al número de teléfono habilitado por Interior para este fin. “¿Ves? Esperas un rato y la llamada se corta”, dice con frustración este hombre, senegalés veinteañero que llegó a Tenerife en cayuco el pasado mes de diciembre y fue trasladado posteriormente a Madrid. Es uno de los líderes de la huelga de hambre iniciada en el hostal gestionado por Cruz Roja.

“Estamos desesperados y hemos decidido dejar de comer. Solo reclamamos nuestro derecho a solicitar asilo”, dice el joven. “Pero desde que llegamos y lo preguntamos en los centros de acogida nos dan un número de teléfono al que nadie responde, nos dicen que está dirigido por el Ministerio del Interior, y no nos ayudan más”, reclama uno de los portavoces de los 28 migrantes que han dejado de comer.

Él, igual que el resto de sus compañeros que quiere pedir asilo, lleva cerca de tres meses en busca de esa primera cita para pedir protección. Pero ni siquiera el primer paso, llamar, es fácil. “Aquí no tenemos familia, aquí no tenemos nada. Ahora mismo vivimos bajo la protección de la Cruz Roja. Si la Cruz Roja no nos deja teléfonos desde los que llamar o no nos da dinero para comprar saldo, ¿cómo podremos arreglárnoslas?”, se pregunta Babukar. “Hacemos todo lo que podemos y a veces incluso mendigamos en la calle y en cuanto una persona nos da algo, lo juntamos hasta tener 5 euros y comprar saldo. Y cuando compramos, llamamos a ese número. Hemos podido haber hecho 5.000 llamadas. Nadie contesta. Y el personal del centro sabe que nadie nos responderá y así estaremos mientras sigamos aquí”.

Según el Ministerio del Interior, la Policía Nacional trabaja “para mejorar el sistema de citación y hacerlo más ágil y seguro”. La cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska señala que en las provincias con mayor demanda “se han habilitado sistemas alternativos de solicitud al de la página web de cita previa, a través de números de teléfono, correos electrónicos o de atención presencial”.  Cruz Roja ha rechazado hacer declaraciones al respecto de la protesta.

Interior recalca el esfuerzo realizado en los últimos años para aumentar el personal de la Oficina de Asilo y Refugio. Desde 2018 hasta la actualidad la plantilla de la institución encargada de la tramitación de las peticiones se ha multiplicado por cinco, pasando de los 60 hasta los 300 empleados.

Sin embargo, el incremento de personal no parece suficiente para atender el fuerte aumento de las cifras de solicitudes de asilo en España. Si en 2017, 8.405 personas pidieron protección; en 2023 lo hicieron 163.000 personas.

Quejas de falta de apoyo
Babukar, que estudió parte de la carrera de Sociología en Saint Louis, también cuestiona que el personal de los centros de acogida, en este caso de Cruz Roja, no les ayuden a conseguir estas citas. “No sabemos por qué a personas de determinadas nacionalidades sí les consiguen una cita y a otros no”, se quejan. “¿Solo pueden pedir asilo los que ellos quieran? Todos tenemos ese derecho de presentarlo, y luego que quien tenga que valorarlo lo valore”.

Umar asiente y pide turno para hablar. Él es nigeriano y tampoco logra iniciar sus trámites de asilo. “Es imposible. No hay nadie al otro lado”, se queja el hombre, que asegura huir de la inseguridad de su país. “Yo ya no puedo vivir allí, no se puede estar tranquilo, y por eso quiero pedir asilo. Pero nadie nos escucha. Llamamos y llamamos, pero nada. No hemos venido a España para dormir y comer, que es lo único que hacemos aquí. Queremos trabajar y para eso no podemos seguir estancados a la espera de una cita”.

Estas son las razones que les han empujado a iniciar su protesta. “No vamos a comer. Algunos de nosotros estamos empezando a debilitarnos mucho, lo juro. Algunos de nosotros estamos débiles. Y algunos de nosotros estábamos enfermos. Creo que si esto continúa, si seguimos firmes, sin comer, irá a peor y no es bueno para nosotros ni para nadie. No queremos estar aquí solo para vivir en un hotel, comer, beber, dormir y tener una vida sin hacer nada. Lo que queremos es pedir protección internacional ya que es nuestro derecho. Y creo que en todos los países del mundo la ley es igual en todas partes”, añade el joven.

Desde el Ministerio de Inclusión confirman tener conocimiento de la huelga de hambre. “Desde el primer momento, el contacto con los trabajadores de estos recursos y las entidades sociales colaboradoras al frente ha sido continuo, compartiendo información y prestando una atención especial a las necesidades de los residentes y de los trabajadores”, defienden fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones. “Las buenas condiciones del hostal están garantizadas y la atención y ayuda que brinda Cruz Roja a estas personas es fundamental”. Sobre los efectos del tapón generado por la falta de citas, la cartera dirigida por Elma Saiz defiende estar “trabajando en colaboración estrecha con el Ministerio del Interior para agilizar en la medida de lo posible el procedimiento”.

Y, mientras pasan el día tratando de obtener una cita que no llega, el reloj sigue corriendo. Se les agota el tiempo en el sistema estatal de acogida y, al no tener redes familiares, podrían quedar en situación de calle, como ya han acabado decenas de migrantes trasladados desde Canarias a distintos puntos de la península. “Nos han dicho que aquí solo nos podemos quedar un mes. Que busquemos contactos para irnos a otro lado. No tenemos tiempo, no sabemos a dónde ir. No tenemos parientes en Almería, ni parientes en Murcia. No tenemos parientes en ninguna parte. Y la Cruz Roja no nos ha dado los medios para luchar y para obtener esos contactos, ni para conseguir una cita en el Ministerio”, explica el senegalés.

Para evitar quedarse en la calle, esa primera cita para pedir asilo es clave. En ella, los solicitantes obtienen un documento que acredita su condición de demandantes de protección. Ese mismo documento es exigido por el Ministerio de Inclusión para acceder a una plaza del sistema de acogida de protección internacional (distinto al de atención humanitaria). La falta de citas, por tanto, empuja de facto a la exclusión a potenciales solicitantes de asilo.

Desde Inclusión, sin embargo, defienden que “no se les va a dar de baja” a estas personas dado que, insisten, no dejan que nadie que se encuentre en el sistema de atención humanitaria se quede en la calle.

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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1633 en: 10 de Marzo de 2024, 11:51:36 am »
Llega toda una nueva generación de vendedores ambulantes, este verano los veremos por todas las zonas turísticas de España. . ..

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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1634 en: 17 de Marzo de 2024, 07:14:13 am »




El Defensor del Pueblo investigará la muerte de un marroquí en huelga de hambre por la falta de citas para pedir asilo


El fallecido vivía en un centro de acogida de San Fernando de Henares

EfeMadrid
Madrid
Actualizado Sábado, 16 marzo 2024 - 15:07
El Defensor del Pueblo ha iniciado este sábado una actuación de oficio tras conocer el fallecimiento del joven marroquí que vivía en un recurso de acogida en la localidad madrileña de San Fernando de Henares y que, al parecer, estaba en huelga de hambre por la falta de citas para solicitar asilo.

El joven migrante, de origen marroquí, llegó a Canarias y fue alojado en un hostal de San Fernando de Henares, un recurso de acogida gestionado por Cruz Roja. La tarde del pasado jueves se empezó a encontrar mal del estómago y entró unas horas después en parada cardiorrespiratoria, falleciendo en el hospital de madrugada.

La institución dirigida por Ángel Gabilondo se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Estado de Migraciones para solicitar información sobre lo ocurrido y concretar las circunstancias que han rodeado al fallecimiento del joven. Además, Gabilondo ha preguntado si se ha procurado informar a la familia del joven, que en principio se cree que no tenía patologías previas.

La falta de citas para solicitar asilo, cuestión sobre la que se reciben numerosas quejas en el Defensor del Pueblo, motivó, al parecer, una huelga de hambre de un grupo de personas migrantes entre los que estaba este joven fallecido, explican las fuentes de la institución.

Según relataron algunos migrantes que vivían con la víctima a Cruz Roja, el joven se encontraba mal, pero les dijeron que no podían atenderlo, por lo que le acompañaron al centro de salud, donde le recetaron omeprazol.

La Cruz Roja es la entidad encargada de gestionar este hostal, adonde llegan algunos migrantes derivados de los Centros de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de Madrid.

Más tarde, el marroquí, nacido en 2001, empeoró y una UVI móvil se desplazó al hostal e intentó reanimarle antes de trasladarle al Hospital 12 de Octubre, donde confirmaron su muerte en torno a las 2.00 de la madrugada.

Los colectivos lamentan que ninguno de los migrantes que vivían con la víctima en ese recurso ha podido pedir todavía asilo para entrar dentro del sistema de protección internacional, a pesar de llevar más de tres meses en España.

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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1635 en: 05 de Abril de 2024, 21:33:13 pm »


Nuevo motín en el CIE de Aluche: los internos arrancan váteres y atacan a las cristaleras


Los implicados siguen denunciando la vulneración de sus derechos por parte del Gobierno

Nuevo motín en el CIE de Aluche: los internos arrancan váteres y atacan a las cristalerasCIE Aluche

Vozpópuli
Vozpópuli

Publicado: 05/04/2024 20:08

Actualizado: 05/04/2024 20:10

El Centro Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid) ha vuelto a vivir un episodio alarmante. Un grupo de interinos ha lanzado un nuevo motín provocando el caos dentro del recinto. El grupo arrancó váteres de las instalaciones y amenazó contra las cristaleras durante varios minutos.

Hasta el lugar, como de costumbre, han acudido agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). La situación fue controlada al poco tiempo, dejando solamente a uno de los implicados con varios cortes debido a cristales rotos del Centro, según fuentes cercanas a este medio.


Esta no es la única vez que los internos amenazan con un motín en el CIE. En 2020, por ejemplo, la Policía Nacional detuve a ocho personas que llevaron a cabo una protesta con cohetes, provocando un incendio en los aledaños de las instalaciones y cortando la calzada. "Ni CIES ni naciones ni fronteras", reprochaban, exigiendo así "solidaridad con presos en huelga de hambre" por aquel entonces.