Autor Tema: Radares  (Leído 224152 veces)

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Re:Radares
« Respuesta #2160 en: 06 de Noviembre de 2017, 16:30:28 pm »


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Desconectado tixe

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Re:Radares
« Respuesta #2161 en: 06 de Noviembre de 2017, 21:23:05 pm »
Lo tuvimos losAM en pruebas..... Funcionaba muy muy bien


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Re:Radares
« Respuesta #2162 en: 06 de Noviembre de 2017, 23:45:31 pm »
 Ese coche no era de la famosa empresa de Santander que iba a pachas con algunos aytos?

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Re:Radares
« Respuesta #2163 en: 07 de Noviembre de 2017, 11:18:54 am »
ese modelo de radar descartado en pmm a dia de hoy

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Re:Radares
« Respuesta #2164 en: 09 de Noviembre de 2017, 07:44:18 am »
Los motoristas de la Guardia Civil llevarán radares: así son los dispositivos que han costado 860.310 euros a la DGT
Servimedia / Ecomotor.es7/11/2017 - 10:468 comentarios
guardia-civil-moto-efe.jpg

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha comprado 60 nuevos radares móviles para que los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realicen controles de velocidad a los vehículos que circulan por las carreteras. | ¿Cuáles son las Comunidades Autónomas con más radares?



    Así son los radares que le pueden multar

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, anunció en Twitter que la DGT ha aceptado invertir alrededor de 860.000 euros en adquirir "radares láser portátiles para los motoristas" de la Guardia Civil que patrullan por las vías interurbanas y destacó que el año pasado hubo "300 muertos por velocidad".

La propuesta de adjudicación de la DGT indica que la empresa Saima Seguridad es la que aportará los 60 cinemómetros láser portátiles, por lo cual recibirá 860.310 euros, cuando Tráfico había licitado ese servicio por 1.357.620 euros.

El pliego de condiciones técnicas del contrato, al que tuvo acceso Servimedia, indica que cada uno de los 60 equipos debe medir la velocidad de los vehículos en un área de control y disparar su cámara fotográfica si la velocidad media sobrepasa un límite preestablecido, de manera que la imagen del vehículo, la velocidad y otros datos queden registrados en un archivo y su visionado sea realizado en un ordenador o tableta.

Cada equipo de medición de velocidad tiene que ser capaz de captar velocidades de hasta 250 km/h a una distancia de 15 a 40 metros en dos carriles de carretera y con temperaturas de 0 a 50ºC, y la batería deberá tener un mínimo de cinco horas de funcionamiento.

Los equipos deben contar con trípodes con soporte y funda, ordenadores portátiles o tabletas para la gestión de las infracciones, soportes magnéticos y para guardarraíl, maletas de transporte y manuales de funcionamiento y de mantenimiento.

Cabe recordar que estos cinemómetros se sumarán a las avionetas y drones que empleará próximamente Tráfico para multar, como refuerzo a su helicóptero Pegasus.

Desconectado tixe

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Re:Radares
« Respuesta #2165 en: 09 de Noviembre de 2017, 21:37:04 pm »
Tendrán que estar parados y montados para funcionar


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Re:Radares
« Respuesta #2166 en: 09 de Noviembre de 2017, 21:39:45 pm »
Tendrán que estar parados y montados para funcionar

Son trípodes conectados a la moto....eso son los dispositivos.

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Re:Radares
« Respuesta #2167 en: 13 de Diciembre de 2017, 16:44:34 pm »

Detienen a un hombre por arrancar seis radares con un tractor en Alemania

EFE13/12/2017 -

Un hombre de 63 años fue detenido este pasado martes en Gernsheim, en el oeste de Alemania, acusado de haber arrancado de cuajo con su tractor seis radares de tráfico de su localidad, informó la policía local en un comunicado.

Las fuerzas de seguridad consideran que el sospechoso, por motivos que todavía se desconocen, condujo su tractor durante la madrugada por el centro de esta localidad de 10.000 habitantes cerca de Fráncfort, embistiendo los dispositivos con cámara que sacan fotografías de forma automática a los vehículos que sobrepasan los límites de velocidad.

Al amanecer los vecinos de Gernsheim descubrieron las seis columnas metálicas con los radares en el suelo, arrancadas de sus soportes de cemento, y con daños significativos.

Los daños ascienden a cientos de miles de euros, según una estimación de las fuerzas de seguridad.

La policía de Gernsheim confirmó al diario Bild que el detenido no había consumido alcohol y que tampoco era probable que los radares le hubiesen disparado una foto con el tractor, ya que este vehículo apenas puede circular a 6 kilómetros por hora.

El sospechoso quedó en libertad tras ser interrogado por las fuerzas de seguridad, pero su tractor quedó custodiado por los agentes como prueba.

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Re:Radares
« Respuesta #2168 en: 13 de Diciembre de 2017, 18:00:17 pm »
Pues aquí le piden 85000 euros por llevarse un radar con el coche

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Re:Radares
« Respuesta #2169 en: 10 de Enero de 2018, 09:27:43 am »
Así son las motos de la Guardia Civil que multarán con radares portátiles
El año 2018 trae para la DGT un nuevo instrumento más efectivo para multar en carretera: nuevas motos equipadas, por primera vez, con radares portátiles. Te contamos cómo serán.


http://www.autopista.es/radares-dgt/articulo/motos-radares-portatiles-guardia-civil-dgt-trafico-multas-carretera
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Re:Radares
« Respuesta #2170 en: 09 de Febrero de 2018, 16:03:27 pm »

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Re:Radares
« Respuesta #2171 en: 12 de Febrero de 2018, 06:32:19 am »
 El PSOE señala "afán recaudatorio"
El número de radares fijos de la DGT se disparó un 22% en los últimos seis años

La DGT recaudó en 2017 a través de estos medidores fijos un total de 70,6 millones de euros hasta el pasado 21 de noviembre.
La Información
domingo, 11 febrero 2018, 12:31

Las carreteras españolas cuentan con un total de 403 radares fijos repartidos por las diferentes carreteras del territorio nacional -sin contar Cataluña y País Vasco-, lo que supone un aumento del 22% con respecto a los 331 aparatos que se contabilizaban en 2011.

Así se desprende de los datos facilitados por el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria socialista realizada por el diputado Miguel Ángel Heredia, en la que el Ejecutivo desglosa por provincias el número de estos medidores instalados en los últimos seis años.

En este sentido, cabe destacar que desde 2011 Murcia ha visto cómo se doblaba el número de radares en sus vías, pasando de 7 a 14. También sobresalen los aumentos contabilizados en Castilla y León, en donde se pasó de 42 aparatos a 67, o en Galicia, que tenía 29 hace seis años y ahora cuenta con 40. Frente a ellos, Valencia (con 28), Baleares (12) y Canarias (10) han mantenido la misma cifra a lo largo de este periodo.

En general, la cifra de radares se ha incrementado de forma continuada a lo largo de los seis últimos años: de los 331 de 2011 y 332 de 2012, se pasó a los 346 de 2013 y a los 361 del año siguiente. Mientras, en 2015 se contabilizaron 364 aparatos, 18 menos que en 2016, cuando se instalaron 382. El año pasado se superaron por primera vez los 400, tras registrarse 403 en todo el territorio.
Helicóptero de la DGT.
Mira también
La DGT incorpora dos radares fantasma y amenaza con 'hincharse' a poner multas
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Críticas desde el PSOE

El Gobierno también precisa que, de estos 403 medidores fijos, 299 están situados en carreteras nacionales, mientras que los 104 restantes pertenecen a vías autonómicas. La información sobre la situación de estos aparatos se publica en la web de la DGT desde el pasado año.

Para Heredia, detrás de este incremento del número de radares se encuentra "un enorme afán recaudatorio" porque estos aparatos "no están situados en los puntos negros de tráfico, sino en los lugares donde se pueden poner multas". En este sentido, señala que la DGT recaudó en 2017 a través de estos medidores fijos un total de 70,6 millones de euros hasta el pasado 21 de noviembre. "Es decir, una media de casi 220.000 euros al día por multas por exceso de velocidad", apunta el socialista.

Y mientras, apunta Heredia, son "ya dos años de incremento en el número de víctimas en accidentes de tráfico" cuando, en las dos últimas décadas "esto no se producía". A su juicio, este incremento están "la falta de inversiones en materia de carreteras" que permitiría mejores asfaltos y menos puntos negros.

También ha incidido en que "hay más de 20 provincias en España en donde en seis años de Gobierno de Rajoy no ha construido ni un sólo metro de carretera", a lo que ha añadido "el recorte brutal en el número de agentes de la Guardia Civil de Tráfico", cifrando en "230 menos en los últimos dos años".

El diputado socialista avanza el registro de una batería de iniciativas parlamentarias para conocer los motivos de este "fuerte incremento" en el número de radares en los últimos seis años.

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Re:Radares
« Respuesta #2172 en: 16 de Febrero de 2018, 21:42:36 pm »
Pregunta puede un funcionario del ayuntamiento de Madrid que no sea pmm o am firmar denuncias de radar que opinan ustedes

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Re:Radares
« Respuesta #2173 en: 16 de Febrero de 2018, 23:45:41 pm »
Sería una denuncia de particular  y carecería de la presunción de veracidad de la que gozan los agentes encargados del control y la vigilancia del tráfico, pero como la carga de la prueba recae sobre la parte acusadora y junto con la denuncia se aporta la fotografía de la infracción y la verificación del aparato cinemómetro por el Instituto Español de Metrología . . . pues no hace falta ningún tipo de presunción de veracidad puesto que hay prueba fehaciente de la infracción, por lo tanto cualquiera puede firmar la denuncia y dar inicio al expediente sancionador.

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Re:Radares
« Respuesta #2174 en: 17 de Febrero de 2018, 01:02:59 am »
Es la primera vez que un particular tiene un número de identificación que no sea su dni

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Re:Radares
« Respuesta #2175 en: 17 de Febrero de 2018, 07:24:02 am »



Externalización del sistema de control de velocidad mediante radar.

Tipo de actuación: Recomendación

Fecha: 25/05/2015

Administración: Ayuntamiento de Parla (Madrid)

Respuesta de la Administración: Rechazada

Queja número: 15001400
Texto

Esta Institución inició las correspondientes actuaciones tras conocer que ese Ayuntamiento había externalizado el control de velocidad mediante radar a una empresa privada a la que retribuye únicamente a través de un porcentaje de la recaudación obtenida por las multas.

En repuesta a la solicitud de información cursada, ese Ayuntamiento ha explicado que el 27 de marzo de 2014 se adjudicó al contrato a la UTE formada por las empresas BILBOMÁTICA, S.A. y FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U. El objeto del contrato es la gestión de la movilidad en determinadas vías urbanas y el servicio de gestión de sanciones dentro del término municipal de Parla por una duración de cuatro años renovables hasta un máximo de seis.

En el pliego de prescripciones técnicas se detallan las funciones que se atribuyen al adjudicatario entre las que se encuentran, entre otras, las siguientes:

– Iniciar el correspondiente expediente de denuncia.

– Notificar las denuncias de manera telemática.

– Proceder a la sustitución del titular del vehículo inicialmente demandado por el que sea efectivamente responsable de la conducción.

– Realizar notificaciones masivas.

– Recepcionar los acuses de recibo.

– Comprobar si las notificaciones se han cumplimentado correctamente.

– Elaborar y mecanizar informes y propuestas de resolución para su consideración y firma por el instructor de los expedientes.

– Crear y mantener una base de datos de infractores.

– Realizar todas las gestiones necesarias para la averiguación de los datos de los titulares de los vehículos a través de consultas realizadas al padrón municipal de habitantes de Parla.

– Emitir y elaborar los documentos a notificar, desde los actos de trámite hasta las propuestas de resolución que sean necesarias para la correcta tramitación del procedimiento sancionador.

Para la realización de las actividades encomendadas, la empresa adjudicataria deberá contar con personal a tiempo completo y dedicación exclusiva “con la titulación adecuada y conocimientos en materia jurídica, y concretamente sobre procedimiento sancionador de tráfico”.

La retribución a las empresas adjudicatarias se fija en el siguiente importe:

– Para el primer año: en un porcentaje del 64% sobre los ingresos efectuados en concepto de multas o sanciones de tráfico, en período voluntario.

– Para el segundo año y siguientes la empresa se compromete a percibir un porcentaje del 60% sobre los ingresos efectuados en concepto de multas o sanciones de tráfico, en periodo voluntario.

– Para toda la duración del contrato: se comprometen a percibir un porcentaje del 99% sobre los recargos efectuados de los ingresos en periodo ejecutivo en concepto de multas o sanciones de tráfico.

Desde la entrada en vigor del contrato, según los datos facilitados por el Ayuntamiento, se han tramitado 14.614 expedientes, que han dado lugar a unas 3.700 reclamaciones y recursos. El importe medio de la sanción asciende a 82,61 euros con importe reducido (en período de pago voluntario) y a 165,23 euros sin bonificación.

Consideraciones

A juicio de esta Institución, la atribución a una empresa privada de funciones que comportan el ejercicio de autoridad pública plantea problemas de compatibilidad con el artículo 301 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, precepto que prohíbe que sean objeto de un contrato de servicios los “que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos”.

Entre las funciones que implican el ejercicio de autoridad pública figura el ejercicio de la potestad sancionadora. En este sentido, como ha establecido el Informe de la Junta Consultiva de Contratación nº 2/2006 de 24 de marzo, “son funciones públicas que ponen de manifiesto la soberanía de la Administración. Es más, en ellas subyace una potestad jurídica de carácter exorbitante que, en último término, puede dar lugar a la imposición de una sanción, y de todos es sabido que la doctrina unánimemente entiende que la potestad sancionadora implica el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos”.

La potestad sancionadora no es un fin en sí mismo que pueda ser externalizado a una empresa privada, y convertido en un negocio, sino que es un medio al servicio de otros fines superiores de interés general, generalmente de carácter preventivo. En este caso, el control de velocidad es un medio para salvaguardar otros bienes y derechos susceptibles de protección constitucional: la vida y la integridad de las personas.

La garantía de imparcialidad que precisan los ciudadanos en el ejercicio de la potestad sancionadora se ha concretado en varios preceptos legales que reservan el ejercicio de estas potestades a funcionarios de carrera. El artículo 103.3 de la Constitución que dispone que la Ley “regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.

En definitiva, los ciudadanos tienen derecho a que los procedimientos sancionadores sean instruidos por personas independientes que sirvan con objetividad a la ley y al interés general y son varios los preceptos legales que reconocen este derecho.

La Ley 7/2007, de 12 de abril por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 9.2 establece que “en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración pública se establezca”.

En el ámbito local, la Ley de Bases del Régimen Local, en su artículo 92.3 establece que “corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales. Igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función”.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que el contrato reserva al Consistorio el ejercicio de todas las funciones que, por implicar ejercicio de autoridad, corresponden a los funcionarios públicos, como lo demuestra el hecho de que mediante acuerdo del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana y movilidad de 1 de julio de 2014, se nombró a una funcionaria municipal perteneciente al grupo A1 “instructora con carácter general de todos los expedientes que se tramiten en el ejercicio de su potestad sancionadora por el Ayuntamiento de Parla, sin perjuicio de aquellos que por su especificidad o complejidad aconsejen el nombramiento de otro instructor”.

Para esta Institución, difícilmente puede aceptarse que los derechos de los ciudadanos derivados de la reserva del ejercicio de autoridad a un funcionario público vayan a quedar garantizados en una situación como la descrita, en la que a un solo funcionario se responsabiliza de la instrucción de 14.614 expedientes, que han dado lugar a unas 3.700 reclamaciones y recursos, según los datos facilitados por ese Ayuntamiento. Además, como ya se ha indicado, el pliego de condiciones técnicas atribuye a las empresas la función de “elaborar y mecanizar informes y propuestas de resolución para su consideración y firma por el instructor de los expedientes”.

Instruir un expediente sancionador no puede quedar limitado a estampar la firma sobre una propuesta de resolución elaborada por una empresa. Al instructor, como garante del interés general, se le atribuye, entre otras, la misión de velar por la veracidad y exactitud de los datos que contiene el expediente y por el respeto de los derechos de los ciudadanos y está sujeto a la correspondiente responsabilidad.

Además la lectura del pliego de prescripciones técnicas pone de manifiesto como se están atribuyendo a las empresas adjudicatarias funciones que claramente exceden de la colaboración y asistencia técnica y que implican el ejercicio directo de funciones de autoridad. Por ejemplo, las cláusulas incluyen la posibilidad de que la empresa acceda directamente a los datos del padrón municipal, lo cual es una función que implica el ejercicio de autoridad inherente a los funcionarios públicos, según expresa el
Informe 52/09 Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

Decisión

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, procede formular la siguiente:

RECOMENDACIÓN

Encomendar la instrucción de los expedientes sancionadores directamente a los funcionarios públicos.

En espera de la remisión de la preceptiva información, en la que se ponga de manifiesto la aceptación de esta RECOMENDACIÓN, o en su caso, de las razones que se estimen para no aceptarla, de conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, le saluda muy atentamente,

Soledad Becerril

Defensora del Pueblo

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Re:Radares
« Respuesta #2176 en: 17 de Febrero de 2018, 16:09:10 pm »
Pues ahí está la recomendación del Defensor del Pueblo, con que sea funcionario vale . . .

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Re:Radares
« Respuesta #2177 en: 17 de Febrero de 2018, 20:25:53 pm »
Es la primera vez que un particular tiene un número de identificación que no sea su dni
La segunda... los controladores de SER también lo hacen así


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Re:Radares
« Respuesta #2178 en: 23 de Febrero de 2018, 14:36:11 pm »
Pues levanten todos ustedes el pie por que la pestaña delete se va a eliminar de todos los radares móviles de PMM y además las denuncias las firmarán el iam en jefatura

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Re:Radares
« Respuesta #2179 en: 24 de Febrero de 2018, 08:03:32 am »

La DGT utilizará nuevos mini-radares Velolaser tan pequeños que serán difíciles de detectar a simple vista