Autor Tema: La señora Presidenta de la CAM  (Leído 455516 veces)

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3700 en: 19 de Junio de 2020, 10:55:21 am »
No da para más

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3701 en: 20 de Junio de 2020, 06:42:41 am »
Llevamos ya unos días que si triaje para aqui triaje para allá, pero lo cierto es que los médicos se postulan a favor de ello por que dicen que salva vidas, pero nadie quiere asumir que se diese esa orden, cuando la orden está ahí y lo está desde hace años.

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272010000200008

2010

RESUMEN

El triaje es un proceso que permite una gestión del riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan a los recursos. Actualmente se utilizan sistemas de triaje estructurado con cinco niveles de prioridad que se asignan asumiendo el concepto de que lo urgente no siempre es grave y lo grave no es siempre urgente y hacen posible clasificar a los pacientes a partir del «grado de urgencia», de tal modo que los pacientes más urgentes serán asistidos primero y el resto serán reevaluados hasta ser vistos por el médico. El sistema español de triaje (SET) y el sistema de triaje Manchester (MTS) son los dos sistemas normalizados de mayor implantación en nuestro país, pero analizamos también el sistema de triaje elaborado en Navarra que se integra en la historia clínica informatizada (HCI) y que se utiliza en toda la red pública hospitalaria de Navarra. Todos son sistemas multidisciplinares basados en motivos y en la urgencia de la consulta pero no en diagnósticos y son llevados a cabo por enfermería con apoyo médico puntual. También todos incorporan elementos de monitorización de la calidad del propio servicio de urgencias y cuentan con proyección para poder ser aplicados en el ámbito extrahospitalario.

Palabras clave: Triaje. Servicio de Urgencia Hospitalario. Indicadores de calidad. Sistema de triaje Manchester. Sistema de triaje español.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3702 en: 20 de Junio de 2020, 16:44:01 pm »
El problema es que un sistema de salud rapiñado durante años por un sistema mixto liberal-corrupto lo dejó en la raspa y cuando se presentó "Don Covid" le sacó las vergüenzas de los desalmados que lo han gestionado durante décadas y pretenden hacernos comulgar con ruedas de molino.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3703 en: 21 de Junio de 2020, 01:04:38 am »
El problema es que un sistema de salud rapiñado durante años por un sistema mixto liberal-corrupto lo dejó en la raspa y cuando se presentó "Don Covid" le sacó las vergüenzas de los desalmados que lo han gestionado durante décadas y pretenden hacernos comulgar con ruedas de molino.

¿Lo dices por la socialista Castilla La Mancha, que es la Comunidad con más muertes en relación al número de habitantes?

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3704 en: 21 de Junio de 2020, 17:09:19 pm »
Lo digo por la colaboración público-privada en cualquier parte

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3705 en: 22 de Junio de 2020, 00:12:20 am »
Lo digo por la colaboración público-privada en cualquier parte

En cualquier sitio, pero siempre hablas del mismo...

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3706 en: 22 de Junio de 2020, 07:08:53 am »
El sector del ocio acusa a Ayuso de lanzar el mensaje de que "visitar Madrid es peligroso"
LUIS F. DURAN
Madrid
Viernes, 19 junio 2020 - 18:28

E. M

Los empresarios del sector del ocio nocturno han explotado contra la Comunidad de Madrid al conocer las medidas de "restricción" que se van a imponer en sus establecimientos y discotecas que no podrán abrir hasta el 6 de julio y con muchas limitaciones. La patronal Noche Madrid asegura que se manda un mensaje negativo a estos negocios y al conjunto del Estado sobre "la potencial peligrosidad de la visita a Madrid". Por eso han pedido que se revisen las medidas reguladoras de su actividad, "absolutamente imposibles de aplicar" y que les dejan "en un limbo y sin calendario de recuperación".

Así responden los empresarios al conocer que las discotecas y bares de ocio nocturno permanecerán cerrados hasta el 5 de julio y que las condiciones de reapertura girarán en torno a unas estrictas medidas de seguridad y de higiene, ya que no existirá la posibilidad de habilitar las pistas de baile y se exigirá que se respete la distancia social y que se cumplan todas las indicaciones técnicas de la Consejería de Sanidad.

Los empresarios mandarán hoy mismo una carta a Ayuso solicitando una reunión urgente para analizar las consecuencias del decreto y las alternativas de actuación. Añaden que la Comunidad de Madrid ha tomado estas medidas de regreso a la nueva normalidad sin "tener en cuenta la evolución favorable de la enfermedad en toda España y que va a dar lugar a la apertura de las fronteras y del turismo internacional".

CRITICAN LAS FIESTAS ILEGALES

Además, Noche Madrid lamenta que no se haya tenido en cuenta el trabajo realizado en el sector en la elaboración de la Guía de Medidas de Prevención contra el COVID, validado por el Ministerio de Sanidad y reconocido por la Consejería madrileña de Sanidad.

Los empresarios critican la proliferación de fiestas en casas particulares y de botellones en los que ha debido intervenir la Policía, mientras que se impide "la recuperación de la actividad del ocio y cultural que se desarrolla con garantías y de forma reglada, sometida a los controles e inspección de la administración de los locales de ocio".

Por último, subrayan que "Cataluña ha anunciado que a partir del 25 de junio recupera la normalidad en la actividad del sector del ocio y la cultura, manteniendo la distancia de seguridad del metro y medio". "Resulta inconcebible que en la Comunidad de Madrid se imponga la prohibición de abrir hasta el 5 de julio, sin un calendario que defina las fechas de recuperación de la actividad en condiciones normales impidiendo de hecho que se produzca su reapertura después de 100 días de cierre y suspensión de su actividad", añadieron desde Noche Madrid.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3707 en: 22 de Junio de 2020, 16:57:59 pm »
Lo digo por la colaboración público-privada en cualquier parte

En cualquier sitio, pero siempre hablas del mismo...

Es que vivo en Madrid y es el que conozco y sufro.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3708 en: 23 de Junio de 2020, 00:29:34 am »
Lo digo por la colaboración público-privada en cualquier parte

En cualquier sitio, pero siempre hablas del mismo...

Es que vivo en Madrid y es el que conozco y sufro.

Claro, claro, es eso...

También vives en España y ni una queja del Gobierno de tu país, y no será porque no hay cosas que reprocharles...

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3709 en: 23 de Junio de 2020, 10:52:00 am »
Claro que lo hice, antes del estado de Alarma ya lo critiqué porque pensaba que se estaba actuando tarde.

Después se han debido cometer errores, pero la prioridad es solventar la crisis arrimando el hombro y no poner piedras en el camino como Doña Ayuso que ha sido capaz de cualquier cosa con tal de echar mierda al Gobierno con total deslealtad y como Casado que tiene la desvergüenza de irbanEuropa a poner trabas para las ayudas a España, eso sí es traicionar a los españoles.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3710 en: 23 de Junio de 2020, 13:31:26 pm »
Anda que el Gobierno y sus medios afines no le han echado mierda a Ayuso, en cambio al Gobierno no le han echado ni la mitad de lo que se merece.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3711 en: 26 de Junio de 2020, 06:19:51 am »

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3712 en: 27 de Junio de 2020, 06:55:31 am »
Ayuso cada vez está más cercada por el asunto de las residencias...



Dimite el máximo responsable de las residencias públicas de la Comunidad de Madrid

    MARTA BELVER
    Madrid

Actualizado Viernes, 26 junio 2020 - 20:24

La baja de Óscar Álvarez se suma a las del secretario general técnico y el jefe de gabinete de la Consejería de Políticas Sociales

El gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (Amas), Óscar Álvarez, ha presentado su dimisión este viernes en plena crisis por la gestión de los geriátricos durante la pandemia del coronavirus. El máximo responsable de las residencias de titularidad pública se marcha alegando "motivos de salud", tal y como ha adelantado la Cadena Ser y han confirmado a este periódico fuentes de la Consejería de Políticas Sociales.

Se trata de la tercera baja en el departamento que dirige Alberto Reyero desde el inicio de la pandemia. Este lunes presentó su renuncia el jefe de gabinete, Carlos Reus, por "motivos personales" y, después de que se anunciara su cese, hace un mes y medio también se fue bajo la fórmula de cese "a petición propia" el secretario general técnico, Miguel Ángel Jiménez, por el "error" en la adjudicación de un contrato al empresario del apartahotel al que se mudó la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tras contagiarse.

El desmantelamiento de la Consejería de Políticas Sociales coincide con el inicio de los trámites parlamentarios en la Asamblea de Vallecas para constituir una comisión de investigación sobre la elevada mortalidad registrada en los centros de mayores y de personas con diversidad funcional tanto públicos como privados debido a la expansión del Covid-19 en la región. Desde el 8 de marzo y hasta este martes habían fallecido 5.987 internos contagiados o con síntomas de estarlo.

Con una dilatada experiencia en el ámbito residencial y especialista en enfermería geriátrica, Álvarez se había incorporado a la Amas en septiembre del año pasado. Tenía asignada una retribución anual de 93.855 euros brutos, tal y como consta en la información del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.

Reyero continúa en su puesto aunque este jueves manifestó de forma ostensible su malestar por el hecho de que Ciudadanos le diera la instrucción de votar en contra de la reprobación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), ausentándose del Pleno durante el debate. El diputado naranja no rompió la disciplina de partido, pero sigue manteniendo que "no se medicalizaron las residencias" y que "se excluyó a personas dependientes o con discapacidad de la atención sanitaria".
Brecha entre compañeros

La gestión de la crisis de los geriátricos durante la expansión del Covid-19 ha abierto una enorme brecha entre ambos compañeros en el Gobierno de coalición al frente de la Puerta del Sol. El titular de Políticas Sociales ha llegado afirmar en sede parlamentaria que el protocolo para la no derivación de ancianos a hospitales "no era ético" y probablemente "tampoco legal".

Por su parte, Ruiz Escudero insiste en que las directrices para no realizar traslados a hospitales de internos con un grado determinado de dependencia física o psíquica estaban incluidas en "un borrador" y que no se llegaron a aplicar. Asimismo, defiende que a pesar de la "situación de catástrofe" los profesionales sanitarios han actuado "como siempre con criterios clínicos y no políticos".



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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3713 en: 27 de Junio de 2020, 21:09:21 pm »
Ayuso ha querido convocar elecciones porque las encuestas le son favorables . . . y Casado no le ha dejado. . . porque el PP y VOX no suman, necesitan de C's y parece que Arrimadas se ha salido de la ecuación en Madrid, no quiere saber nada del trifachito que tanto daño le ha hecho.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3714 en: 28 de Junio de 2020, 06:51:14 am »
Decía Sánchez que nadie tiene un manual de instrucciones para enfrentarse a una crisis asi, pero yo he de disentir, y lo he venido repitiendo, los manuales deben existir si quienes tienen esa misión hubiesen hecho su trabajo de recrear situaciones diversas, analizando y diseñando planes estrategicos acompañando los almacenes con material renovable cada cierto tiempo.

Y que hacer con las residencias de mayores en esta crisis?
No era también responsabilidad de las familas haber sacado a los mayores, los que pudiesen, de esos centros?
Creo que no hemos sido conscientes del problema hasta que ha sido demasiado tarde, ya les comenté, que el viernes 13 había personas que esperaban en Madrid a que el transporte de personas mayores a los centros de día recogiese a sus familiares para llevarlos a unos recintos cerrados, junto con más personas y por supuesto sin mantener medida alguna de separación...una auténtica IRRESPONSABILIDAD..y la contestación del familiar cuando le recriminé su actuación fue "perfecto" a mi me da igual".





Ya lo comenté, eso fue asi tanto en Comunidad como en los centros dependientes del Ayuntamiento, NADIE dió orden alguna hasta que se dictó el decreto de confinamiento.

El Gobierno Ayuso permitió entrar y salir de residencias a miles de mayores hasta una semana después del 8M

    En Madrid hay casi 300 centros de día, en muchos casos situados en el mismo edificio que una residencia. Esos centros funcionan de lunes a viernes y el primer día que cerraron fue el 16 de marzo
    Los usuarios de los centros de día están allí de 8 de la mañana a 6 de la tarde y luego van a dormir a sus casas. Comparten con quienes viven en los geriátricos entrada, personal médico y en algunas residencias también zonas comunes
    El 90% de quienes acuden al centro de día lo hacen en pequeñas furgonetas de nueve plazas. Estuvieron usando ese transporte colectivo cuando ya existía en Madrid transmisión comunitaria del virus
    El 9 de marzo, altos cargos del Gobierno Ayuso se reunieron con miembros de tres patronales. Fuentes del sector dicen que se pidió el cierre de los centros de día, en el Ejecutivo niegan que fuera una "petición taxativa"


Manuel Rico
manuelrico@infolibre.es @manuelrico
Publicada el 25/06/2020 a las 06:00 Actualizada el 25/06/2020 a las 17:34

El 13 de marzo, a primera hora de la mañana, miles de mayores de la Comunidad de Madrid fueron recogidos en pequeñas furgonetas para ser trasladados al centro de día donde recibían atención asistencial y pasaban la jornada hasta regresar por la noche a sus casas. Así ocurría a diario de lunes a viernes. Esos mayores son trasladados habitualmente en vehículos de nueve plazas, donde comparten asiento con varios compañeros del centro de día, además del chófer y una gerocultora. En la mayoría de los casos, el destino es un edificio que cumple una doble función: residencia y centro de día. Aquel 13 de marzo, el coronavirus ya había empezado a causar estragos en la Comunidad de Madrid: se tenía conocimiento de 1.990 contagiados por covid-19, 272 personas estaban en la UCI y 81 habían fallecido.

¿Cómo es posible que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mantuviera abiertos los centros de día, con lo que implica de traslados de miles de mayores en transporte colectivo y su presencia en geriátricos donde comparten determinados servicios con los residentes que viven allí?

Gestores de residencias consultados por este periódico entienden que mantener abiertos los centros de día aquella semana fue “una barbaridad”, aunque también indican que no se deben juzgar las decisiones que se tomaron en marzo a partir de los conocimientos que tenemos en junio sobre la pandemia. Pero lo que no depende del momento en que se analicen los hechos es otra cuestión clave: que el 9 de marzo se cerraron los centros de mayores –lo que antes se conocía como “hogar del jubilado” y que nada tienen que ver con los centros de día– y que el 11 se suspendieron las clases en colegios, institutos y universidades, mientras toda esa semana se mantuvieron abiertos los centros de día [la orden de cierre entró en vigor el sábado 14, pero los fines de semana no están abiertos los centros de día, de forma que el primer día efectivo de cierre fue el lunes 16].

Y ello a pesar de afectar a una población especialmente vulnerable, los mayores con algún grado de dependencia, que en muchos casos acuden a un edificio que también alberga una residencia, donde viven personas igual de vulnerables o más.

En Madrid han fallecido casi 6.000 personas que vivían en residencias con covid-19 o con síntomas compatibles. Esa cifra representa el 30,6% del total de residentes muertos en toda España.

La decisión del Gobierno Ayuso de no cerrar los centros de día hasta el 16 de marzo llama aún más la atención si se tiene en cuenta que un eje central de su discurso durante estos últimos meses es que las manifestaciones feministas del 8M tendrían que haberse prohibido porque existían ya datos suficientes que desaconsejaban su celebración. El Gobierno Ayuso llegó a comunicar a la jueza que investigó el 8M que había enviado el 7 de marzo a la Delegación del Gobierno dos correos notificando resoluciones en las que constaba "el riesgo de carácter inminente para la salud pública" por la expansión del covid-19. Una de esas resoluciones hacía referencia precisamente a la suspensión de las actividades en los centros de mayores, cerrados una semana antes que los centros de día.

En alguna de las actas de inspecciones en residencias realizadas por la Policía Municipal de Madrid, desveladas por infoLibre, la directora del geriátrico reseña que el 6 de marzo se “prohibieron visitas de familiares”, mientras que el centro de día que funciona en el mismo edificio se cerró “el 16 de marzo”. Así ocurrió por ejemplo en la residencia de DomusVi Mirasierra, como se recoge en el documento que ilustra esta información.

QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN LOS CENTROS DE DÍA

En primer lugar, es importante distinguir entre los “centros de mayores” y los “centros de día”. Los primeros son centros de ocio y socialización, donde los usuarios juegan a las cartas o participan en actividades como baile o manualidades, pero no se trata de personas en situación de vulnerabilidad. En los segundos se produce un apoyo asistencial y terapéutico a mayores dependientes.

Además del tipo de personas a las que atienden y las actividades que se realizan en ellos, hay una tercera diferencia importante: el lugar donde están las instalaciones. La mayoría de los centros de día están en el mismo edificio que una residencia que pertenece a la misma empresa o entidad.

¿Hasta qué punto comparten servicios o espacios las personas que van al centro de día y los residentes que viven en el geriátrico? infoLibre ha consultado a diferentes grupos de residencias, que gestionan en conjunto decenas de centros en la Comunidad, y la respuesta es la siguiente:

– En todos los geriátricos, los residentes y los usuarios del centro de día comparten la misma entrada al edificio y tienen también los mismos médicos y enfermeras.

– En un número importante de residencias, ambos grupos comparten además zonas comunes, como baños, gimnasio o peluquería. En otras, sin embargo, están separados los espacios para cada grupo.

En torno al 90% de los usuarios de centros de día utilizan un servicio de transporte, que los recoge alrededor de las 8.00 horas. En el centro les dan el desayuno, la comida y la merienda. A las 18.00 horas, la furgoneta les devuelve a sus hogares. En el tiempo que pasan en el centro, realizan rehabilitación física –gimnasia grupal, por ejemplo– o terapia ocupacional.

En definitiva, quienes critican que no se cerraran los centros de día al mismo tiempo que los centros de mayores, entienden que durante esa semana se incrementó el riesgo de contagio al menos en tres situaciones:

1. Durante el transporte de ida al centro y vuelta a sus hogares, donde los mayores compartieron un espacio reducido con otros compañeros, el chófer y la gerocultora.

2. Al ser atendidos los usuarios de un centro de día y los residentes del geriátrico anejo por el mismo médico y las mismas enfermeras.

3. Al compartir espacios comunes ambos grupos, especialmente en aquellas instalaciones donde no existe una separación total entre residencia y centro de día.

De acuerdo con los últimos datos del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), a 1 de enero de 2019 existían en Madrid 291 centros de día, que disponían de 14.235 plazas. La Consejería de Políticas Sociales indica que hay 18 centros con 614 plazas que gestiona la AMAS (Agencia Madrileña de Atención Social), es decir, que son de titularidad y gestión pública. Y otros 134 centros con 4.128 plazas que están concertadas, es decir, que la Comunidad paga una cantidad a la empresa propietaria para enviar allí a personas con derecho a recibir la prestación. El resto son centros de día privados y sin financiación pública.

El esquema de propiedad, gestión y financiación de los centros de día es el mismo que el de las residencias. Como explicó infoLibre, doce grandes grupos se embolsan en Madrid el 64% del dinero público con el que se financian geriátricos privados. Buena parte de los centros de día están en manos de esos mismos grupos.

LA REUNIÓN DEL 9 DE MARZO

Todas las fuentes consultadas por este periódico coinciden en que el asunto de qué hacer con los centros de día se trató en una reunión que se celebró el lunes 9 de marzo, en la Consejería de Políticas Sociales.

Por parte del Gobierno madrileño estuvieron el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero; el viceconsejero, Javier Luengo, y el entonces director de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur, dependiente de la Consejería de Sanidad. Mur es el alto cargo que firmó el Protocolo que fijaba “criterios de exclusión” que impedían el traslado de determinados mayores enfermos desde la residencias a los hospitales, tal y como desveló infoLibre.

Por parte de las empresas estuvieron representantes de tres de las cuatro patronales: Aeste, que reúne a los principales grupos del sector; Amade, que es la asociación madrileña de la estatal CEAPs, y Lares, que agrupa a las entidades de carácter religioso.

Fuentes de diversas empresas indicaron a este periódico que en aquella reunión del día 9 pidieron al Gobierno madrileño "que se cerraran los centros de día" de forma inmediata. Por su parte, en la Consejería de Políticas Sociales indican que las patronales "es cierto que abordaron el tema, pero no fue una petición taxativa. Mostraron su preocupación por la situación de esos centros, pero al mismo tiempo señalaron que cerrarlos podría dejar desprotegidos a muchos mayores".

Las fuentes empresariales añaden que la misma petición de cierre la reiteraron el día 11, llamando especialmente la atención sobre el hecho de que el Gobierno madrileño ya había anunciado hasta el cierre de los centros para discapacitados, pero mantenía abiertos los centros de día. En Políticas Sociales señalan que "desde el día 10 ya se empieza a elaborar la orden que se publica el día 13 [y entra en vigor el sábado 14]".

EL “RIESGO INMINENTE” PARA LA SALUD DEL DÍA 6

Lo cierto es que el sábado 7 de marzo se cerraron “los centros de mayores, en las tipologías de hogares y clubes y servicios de convivencia familiar y social”. Es decir, lo que antiguamente se llamaba el “hogar del jubilado” y donde acuden personas que no son dependientes y que funcionan realmente como espacios de socialización.

La resolución de la Dirección General de Salud Pública lleva fecha del 6 de marzo, aunque se publicó en el Boletín Oficial al día siguiente, que fue cuando entró en vigor. En el fundamento quinto se indica lo siguiente: “Existen razones objetivas para la suspensión de la actividad de los citados centros como medida preventiva y de contención de la transmisión del covid-19, debido a que la actividad de los centros de mayores en la situación de alerta sanitaria actual supone un grave riesgo de carácter inminente para la salud pública”.

En este caso la orden de cierre fue efectiva el mismo sábado 7 de marzo, porque los centros de mayores permanecen abiertos todos los días del año – salvo 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero–, al contrario que los centros de día que cierran los fines de semana.

infoLibre le preguntó a las Consejerías de Políticas Sociales y de Sanidad cuál fue el criterio para cerrar los centros de mayores el 7 de marzo y mantener abiertos los centros de día durante una semana más. La portavoz de la consejería que dirige Alberto Reyero indicó lo siguiente: “Cerrar los centros de día suponía una situación de desprotección para los mayores dependientes que reciben allí apoyo asistencial y terapéutico. Por ello, en los primeros momentos se fue más conservador. No obstante, el criterio de cierre de centros lo determina Salud Pública”.

El departamento de Sanidad, por su parte, ofreció la siguiente respuesta: la decisión de cerrar los centros de mayores y mantener abiertos los centros de día se adoptó “por un criterio asistencial dado el perfil de los usuarios que utilizan estos recursos y siempre en coordinación y por consenso con la Consejería de Políticas Sociales”.

Aquel 6 de marzo, Políticas Sociales envió a los centros que dependen de la Consejería unas instrucciones de actuación frente al coronavirus, donde se indicaba que en caso de existir la sospecha de que una persona podía estar contagiada, “deberá separarse” de las demás y se le “pondrá una mascarilla quirúrgica siempre que sea posible”.

El lunes 9 de marzo, la Consejería de Sanidad dicta otra orden con medidas preventivas, que incluyen la suspensión de las actividades educativas. Esas medidas se adoptan “con motivo de la situación y evolución del coronavirus y ante el riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población causada por este patógeno”. La orden se publicó en el Diario Oficial el día 10 y entró en vigor el miércoles 11.

El día 12 de marzo, Políticas Sociales envió un documento titulado "Información general para los conductores y trabajadores de transporte y rutas en los centros residenciales, centros de día y pisos tutelados financiados con fondos públicos". Son dos páginas donde se enumeran una serie de "medidas higiénico sanitarias generales", como el lavado de manos, no tocarse con las manos los ojos, nariz, boca y oídos, o cubrirse la boca o la nariz con el codo flexionado al estornudar. También se pide realizar "una limpieza y desinfección general del habitáculo de los vehículos" tras finalizar cada ruta y al final de cada día.

Este periódico preguntó a las Consejerías de Reyero y Escudero si habían valorado el riesgo que para las personas mayores supuso "utilizar hasta el viernes 13 de marzo, incluido, ese servicio de transporte colectivo" que les llevaba al centro de día y les devolvía a su hogar. Políticas Sociales no aclaró si habían valorado ese riesgo, pero explicó que se habían dictado esas recomendaciones e instrucciones a los conductores. Sanidad no respondió a la pregunta.

La situación en las comunidades aquel 13 de marzo

El coronavirus terminó afectando con fuerza a los residentes de diversas comunidades, especialmente Madrid, pero también Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Pero, en aquel momento, Madrid era el único territorio con una situación crítica desde el punto de vista de la transmisión comunitaria y que empezaba a ser preocupante en cuanto a ingresos en la UCI y fallecidos.

Los datos oficiales del Ministerio de Sanidad indican que, el 13 de marzo, se localizaban en Madrid 81 de 120 fallecidos de toda España (67,5% del total), 180 de los 272 ingresados en la UCI (66,1%) y 1.990 de los 4.209 casos de covid-19 detectados (47,3%)

En seis comunidades no se había producido ni un solo fallecimiento por covid-19: Andalucía, Canarias, Cantabria, Galicia, Murcia y Navarra. Otras cinco comunidades sólo contaban con una muerte por el virus: Asturias, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura. En La Rioja se habían producido dos decesos, en Cataluña cuatro, en Castilla-La Mancha cinco y en Aragón siete.

Pese al levísimo impacto que entonces tenía el virus en sus territorios, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja ya no abrieron los centros de día el 13 de marzo. Ese mismo viernes, a mediodía, Pedro Sánchez realizó una declaración institucional en la que explicó que al día siguiente se declararía el estado de alarma en toda España.

En las horas siguientes, las doce comunidades que no habían cerrado sus centros de día fueron aprobando resoluciones para adoptar esa decisión, que fue efectiva el 16 de marzo. Entre ellas estaba Madrid, que aquel lunes ya no abrió los centros de día. Pero el virus ya se transmitía desbocado en las residencias de la comunidad que gobierna Isabel Díaz Ayuso: el 19 de marzo habían fallecido 138 residentes, el 25 eran 1.101 los muertos y el 30 de marzo ascendían a 2,465. El 80% ni siquiera fue trasladado al hospital para recibir atención allí, siguiendo las instrucciones del Protocolo aprobado por la Consejería de Sanidad del PP.
LAS RESPUESTAS DEL GOBIERNO AYUSO

infoLibre envió este miércoles idénticas preguntas a la Consejerías de Políticas Sociales y de Sanidad del Gobierno Ayuso. Fueron las siguientes:
 

1. El sábado 7 de marzo se cerraron los centros de mayores (resolución publicada en el BOCM del 7 de marzo) y el lunes 16 de marzo se cerraron los centros de día (resolución publicada en el BOCM del 14 de marzo). ¿Cuál fue el criterio para cerrar los centros de mayores y mantener abiertos los centros de día durante una semana más?

2. La mayoría de los casi 300 centros de día de la Comunidad de Madrid están en las mismas instalaciones que las residencias de mayores. ¿En qué medida considera la Consejería que pudo contribuir a la expansión del virus en las residencias la entrada y salida diaria de las miles de personas que iban a los centros de día situados en los propios geriátricos?

3. Las personas usuarias de los centros de día comparten con las personas que viven en las residencias los baños y todas las zonas comunes. ¿No considera la Consejería que ese hecho era un riesgo evidente al multiplicar las posibilidades de contagio entre los usuarios de los centros de día y los residentes, especialmente cuando el virus ya se estaba contagiando de forma comunitaria fuera de las residencias?

4. ¿Se realizó algún tipo de prueba a las personas usuarias de centros de día instalados en residencias, en la semana del lunes 9 al viernes 13 de marzo, para comprobar que no tenían el coronavirus o sintomatología compatible antes de dejarles entrar en las instalaciones de las residencias?

5. Además de compartir zonas comunes en las residencias, el 90% de las personas usuarias de centros de día utilizan también un servicio de transporte colectivo (furgonetas habitualmente de nueve plazas). ¿Valoró la Consejería el riesgo para esas personas de utilizar hasta el viernes 13 de marzo, incluido, ese servicio de transporte colectivo?

6. Además de cerrar los centros de mayores el 9 de marzo, la Comunidad de Madrid también suspendió las actividades educativas en todos los niveles el 11 de ese mes. Sin embargo, el día 13 miles de personas aún acudieron normalmente a los centros de día que funcionan dentro de las residencias. ¿Por qué motivo fueron esos centros de día existentes en las residencias los últimos en cerrarse?

7. ¿Ninguna de las residencias que tiene centros de día en sus instalaciones se dirigió a la Consejería para advertirle del riesgo que suponía mantener abiertos estos centros?

La Consejería de Políticas Sociales respondió a todas las preguntas. Las respuestas más relevantes se recogen en el texto y, en todo lo referente a la posible expansión del virus, su portavoz indicó que no les correspondía juzgarlo a ellos al ser una "cuestión epidemiológica que tendrá que valorar Sanidad".

La Consejería de Sanidad, por su parte, sólo respondió de forma escueta a la primera pregunta, indicando que se habían guiado "por un criterio asistencial dado el perfil de los usuarios que utilizan estos recursos y siempre en coordinación y por consenso con la Consejería de Políticas Sociales". Sobre las otras seis preguntas no dijo absolutamente nada.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3715 en: 28 de Junio de 2020, 11:37:31 am »
Cómo explicar que cerrase colegios e institutos y mantuviese abiertos los centros de día y las Residencias.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3716 en: 28 de Junio de 2020, 12:32:35 pm »
Cómo explicar que cerrase colegios e institutos y mantuviese abiertos los centros de día y las Residencias.

Exactamente, esa es la pregunta del millón, como es posible que decretase el cierre de colegios el dia 10, y a la par, siendo población.de máximo riesgo, mantuviese los centros de dia abiertos hasta el.sabado 14?

Conteste señora Ayuso.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3717 en: 29 de Junio de 2020, 06:37:19 am »
Uyyuyuy, que el fuego cruzado continúia a pesar del "buen rollito" de cara a la galería.

El 'whatsapp' de Políticas Sociales cuando ya habían muerto 1.065 ancianos en residencias de Madrid: "Hay que empezar a actuar dentro"


Un mensaje del jefe de gabinete del consejero, Alberto Reyero, refleja que hasta el 26 de marzo no tomó medidas drásticas

    FERRAN BOIZA
    Madrid

Actualizado Domingo, 28 junio 2020 - 22:22

«Hay que empezar a actuar dentro». Era 26 de marzo, arreciaban las denuncias de familiares por la muerte de ancianos en las residencias madrileñas -se calculaba que 1.065 mayores habían fallecido ya- y la Consejería de Políticas Sociales que dirige Alberto Reyero, de Ciudadanos, anunciaba: «Empezamos a intervenir de manera urgente». Así lo indica el whatsapp que el jefe de gabinete de Reyero, Carlos Reus, remitió a los portavoces de asuntos sociales de los grupos con representación en la Asamblea de Madrid. Un whatsapp que hoy publica EL MUNDO en exclusiva y que demuestra tres cosas: que la consejería de Reyero desconocía la situación real de



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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3718 en: 29 de Junio de 2020, 16:46:09 pm »
Cómo explicar que cerrase colegios e institutos y mantuviese abiertos los centros de día y las Residencias.

Exactamente, esa es la pregunta del millón, como es posible que decretase el cierre de colegios el dia 10, y a la par, siendo población.de máximo riesgo, mantuviese los centros de dia abiertos hasta el.sabado 14?

Conteste señora Ayuso.

Y pensemos que tras sacar a todos los niños del colegio de un día para otro, qué hicieron sus padres?
Pues llevarlos con los abuelos para poder ir a trabajar, es decir que con sus ideas luminosas Ayuso ha debido infectar a la gran mayoría de población mayor de 65 años.

Bravo.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #3719 en: 29 de Junio de 2020, 16:50:39 pm »
Colaboración Público-Privada

La "medicalización" de las residencias de la Comunidad de Madrid se hizo con sanitarios venezolanos sin contrato
La empresa Transamed, contratada por el Gobierno de Ayuso, empleó a tres médicos extranjeros para realizar las visitas a los geriátricos. Cuando estos profesionales pidieron ser pagados, el dueño de la empresa les planteó que había más sanitarios que querían trabajar y a los que no tenía "por qué hacer ningún contrato"Cronología del desastre en las residencias de Madrid: 7.600 fallecidos, crisis en el Gobierno e investigación judicial


Un militar de la UME desinfecta las ventanas de una residencia. / David Zorrakino / Europa Press
Por Laura Galaup
29 jun 2020 06:29

La "Operación Bicho", que es como bautizó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso su plan para "medicalizar las residencias" durante los días críticos de la pandemia en los que murieron más de 7.000 ancianos, consistió en contratar a una empresa sin apenas estructura que reclutó a tres médicos venezolanos residentes en España con una visa de estudiante y a los que no se dio de alta en la Seguridad Social. Pese a que el cometido de estos facultativos era el de inspeccionar geriátricos donde el coronavirus había multiplicado la tasa de mortalidad de los ancianos, parte del personal que acudió a las residencias entre el 26 de marzo y el 6 de abril, y que firmó las actas describiendo lo que se encontró dentro, no tenía contrato ni seguro. Cuando los trabajadores se quejaron, el gerente de la sociedad, Eduardo Aragonés, amenazó con prescindir de ellos para reclutar a médicos sin contrato que tuvieran más necesidad de trabajar.


La documentación en poder de eldiario.es y los testimonios de cuatro trabajadores que participaron en el dispositivo describen un sinfín de irregularidades, falta de coordinación y descontrol por parte del Gobierno regional y la subcontrata que eligió para esta misión. El importe todavía se desconoce porque la operación se llevó a cabo mediante los trámites simplificados para dar respuesta a la crisis de la COVID-19. La emergencia sanitaria impactó duramente en los centros de mayores, especialmente en autonomías como Madrid, en las que las residencias se convirtieron en focos de brotes e infecciones. El balance de víctimas actualmente alcanza los 8.236 ancianos fallecidos, de ellos 5.987 eran casos confirmados o con sospechas de coronavirus.



El rosario de irregularidades que describe el personal sanitario reclutado por Transamed es interminable: ausencia de contratos, retrasos en los pagos y salarios por debajo de lo que inicialmente les prometieron.

Cuando el personal hizo ver a la empresa que estaba incumpliendo las condiciones pactadas, su gerente, Eduardo Aragonés, amenazó a los tres médicos venezolanos con prescindir de ellos para emplear a otros facultativos en negro que necesitasen más el trabajo. "Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena", llega a decir en un mensaje de audio remitido a un grupo de WhatsApp en el que se encontraba parte de su plantilla, al que ha tenido acceso esta redacción y que se reproduce más abajo.


El empresario, en una larga conversación con este medio, no ha sido capaz de explicar por qué no registró en la Seguridad Social los contratos del personal que mandó a las residencias en los días más duros de la pandemia y sin estar cubiertos por un seguro.

Aspiraban a ser "reyes" de la gestión sociosanitaria
Transamed y GTM, empresas de Aragonés que se encargan de gestionar ambulancias privadas, llegaron a las residencias de la Comunidad de Madrid de la mano de la firma Cardio Líder, dirigida por Encarnación Burgueño, hija del arquitecto de la privatización sanitaria de Madrid y asesor de la Consejería durante la COVID-19. Se trata de una de las contrataciones más polémicas de la administración regional durante la pandemia.

En unos mensajes publicados por El País, Encarnación Burgueño, sin experiencia anterior en la gestión de residencias, envía un audio a Aragonés: "Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿El curro que habéis hecho? En una semana... Flipo colorines. Como sigamos así nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid comunidad autónoma. ¿Vale? Flipo. Sois geniales. Vais a hacer que mi sueño se consiga, que es trabajar en el mundo sociosanitario. Tener mi propia empresa".


Según ese mismo periódico, Burgueño llegó a enviar a Aragonés un contrato remunerado "para la gestión integral de la crisis del Covid-19 en los centros sociosanitarios de la Comunidad de Madrid", que iba firmado por Carlos Mur de Víu, director de Coordinación Sociosanitaria cesado por Ayuso el 13 de mayo.

El relato de los trabajadores de Transamed no solo habla de las irregularidades laborales, también desmonta las afirmaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la medicalización de los geriátricos. La misión de este personal en Transamed, según los testimonios recabados por eldiario.es, fue levantar acta de la situación en que se encontraba cada centro y señalar las necesidades de personal en informes que iban firmados con el correspondiente número de colegiado de cada uno de los sanitarios.

Los médicos con los que ha contactado esta redacción y que participaron en este proyecto, operativo entre el 26 de marzo y el 6 de abril, todos venezolanos, advirtieron al empresario antes de iniciar la relación laboral que vivían en España con visados de estudiante. Documentos a los que ha accedido eldiario.es corroboran esa versión.

El contacto del gerente de Transamed con los facultativos se produce a través de WhatsApp. "¿Tienes trabajo? Ahora tienes". Así empezó la relación laboral por la que el gerente de la empresa les prometió alrededor de 2.000 euros –siempre según las fuentes consultadas– con un contrato de 40 horas semanales. Finalmente, cada médico recibió 1.000 euros a través de una transferencia bancaria, según exponen las fuentes consultadas.

En conversación con eldiario.es, el administrador de la compañía, Eduardo Aragonés, es incapaz de explicar en qué momento y cómo dio de alta a los sanitarios en la Seguridad Social. Según la documentación a la que ha accedido eldiario.es, entre el 20 y el 21 de abril distribuyó a varios de estos profesionales un documento en PDF titulado "precontrato" y el nombre de cada trabajador al que estaba dirigido. Aragonés desmiente que en esa fecha, tras dos semanas del final del proyecto de las residencias, enviase esos archivos.

Cinco días después, el 25 de abril, mandó un mensaje a un grupo en el que estaban estos tres profesionales: "Entended que no se van a realizar contratos ni pre contrato". E hizo llegar su amenaza a través de un mensaje de audio (que se reproduce más abajo): "Hay más gente, más médicos que quieren trabajar, hay más gente que quiere trabajar ilegales, que no les tengo por qué hacer ningún contrato. Vosotros mismos, de verdad. Es una pena".

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Los médicos empleados por la subcontrata de las ambulancias se sienten estafados. "Él siempre jugó con nuestra necesidad. De hecho, un día que no nos estaba pagando lo que nos había comentado, se lo planteé. Le comenté que estábamos aquí viviendo sin familia, que necesitábamos pagar la comida y el alquiler. Estuvimos en las residencias arriesgando la vida", cuenta uno de los facultativos sobre su conversación con el jefe.

Durante la peor época de la pandemia, con centenares de muertes y profesionales superados por las consecuencias de la emergencia sanitaria, estos profesionales entraron en estos centros amparados por el Gobierno regional para certificar la situación en la que se encontraban y emitieron unos informes dejando constancia de las necesidades de personal y los usuarios firmando con su número de colegiado esos documentos.

A eso es a lo que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, llama "medicalización de las residencias", en contra del criterio del consejero de Servicios Sociales de su Gobierno, Alberto Reyero, de Ciudadanos, quien siempre ha defendido que los geriátricos nunca se medicalizaron.

Estos profesionales aseguran que la empresa no les ha dado de alta en la Seguridad Social y que desde el principio tuvieron dificultades para cobrar lo pactado con Aragonés. Ante esta situación, el 25 de abril se plantaron. A través de un grupo de WhatsApp, al que ha accedido eldiario.es, los sanitarios expusieron que habían decidido "no continuar" con "los servicios hasta que no se abone el importe pendiente igual que a otros compañeros de la empresa". "Al final somos nosotros quienes hemos dado la cara colocando nuestro número de colegiado en las condiciones laborales que son las que son. Y hay límites", planteó uno de estos trabajadores, en representación de los tres sanitarios venezolanos.

La respuesta de Aragonés fue clara: "Entended que no se van a realizar contratos, ni pre contrato y que ya no me creáis confianza por lo cual no tengo mucho más que decir". "Devolver (sic) los uniformes y que os vaya muy bien", añadió.

Aragonés carga contra sus trabajadores
Consultado por el contenido del audio reproducido por esta redacción, el gerente de Transamed se limita a apuntar que ese mensaje "está sacado de contexto" y opta por cargar contra los trabajadores que le ayudaron a desarrollar el proyecto, asegurando que uno de estos médicos "no tiene la nacionalidad española, no tiene los papeles de trabajo y está trabajando". "Igual que los otros dos médicos que tenemos", incide. Asimismo, añade que va a "denunciar" a uno de los profesionales citados "porque [actualmente] está trabajando de forma ilegal" en un centro de mayores. Los sanitarios con los que ha contactado esta redacción han pedido que no se revelen sus nombres por temor a las consecuencias que pueda provocar esta información sobre su estatus migratorio.


Madrid refuerza el control diario en residencias de mayores públicas y privadas EFE
La respuesta del empresario al que se le ha adjudicado la gestión de estas ambulancias es contradictoria: Aragonés asegura que la relación laboral terminó cuando finalizó el proyecto de las residencias. Las fuentes consultadas por esta redacción lo desmienten y el nombre y apellidos de dos médicos figuran en el cuadrante de horarios del mes de abril de las ambulancias. Este documento fue generado un día después de que la intervención impulsada por Burgueño en los geriátricos fracasase. Las fuentes consultadas aseguran que estos profesionales continuaron vinculados a la empresa realizando visitas médicas a domicilio.

Sobre la situación legal en la que se encontraban los médicos que realizaron las visitas a las residencias y sellaron los informes, el gerente de la empresa aporta varias versiones. En un principio asegura que se contrató a todos. Pero posteriormente plantea que les aportó unos precontratos, que los sanitarios "no le han devuelto firmado en ningún momento". Preguntado si al no recibirlos de vuelta no pudo darles de alta, responde: "Exactamente". Conforme avanza la conversación con eldiario.es, reconoce, sin embargo, que recibió un contrato firmado por estos trabajadores el 20 de abril.

El empresario insiste en responsabilizar a los sanitarios de su situación, al reseñar que "ellos deberían ir a extranjería con ese precontrato, según estipula la normativa en España", para ser "homologado". Además, asegura que durante el estado de alarma "no había forma de dar de alta a nadie porque no había funcionarios ni nada". Fuentes legales consultadas por esta redacción desmontan la primera afirmación, recuerdan que dar de alta es "siempre" una obligación del empleador. Asimismo, explican que el precontrato sirve como promesa de contrato y es un trámite previo para que la población extranjera suscriba un contrato ordinario. "Mientras no se formalice este documento no pueden prestar servicios", insisten. Por su parte, fuentes oficiales de la Seguridad Social desmienten la segunda afirmación y aseguran que "no ha habido ningún problema con los trámites de los trabajadores" durante el estado del alarma.

La Consejería de Sanidad, que encargó a Burgueño este proyecto, se desmarca de estas contrataciones y se limita a responder que la relación con Transamed "fue un apoyo puntual y no ha habido transacción comercial del Sermas". La directora de Cardio Líder no ha atendido a las peticiones de información realizadas por eldiario.es.

Respaldados por la asociación de médicos venezolanos
Viendo la situación en la que se encontraban, los sanitarios contactaron con la asociación de médicos venezolanos, AMEVESP. El 21 de abril, este colectivo publicó en Twitter que "la empresa Transamed sigue estafando a médicos venezolanos ya que tarda en pagar e incluso les paga menos de lo acordado. Cuidado con estos estafadores".


Su vicepresidente, Giovanni Provenza, asegura que esta situación no es un caso aislado. "Hemos recibido por parte de más de diez médicos venezolanos quejas y denuncias alertando de que esta empresa incumple con las condiciones laborales, con las condiciones de pago y que amenaza e intimida a los médicos con su situación legal", apunta.

Dos de los tres médicos llegaron a la empresa ya durante el estado de alarma. Un tercero mantenía una relación laboral con Aragonés desde días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarase esta situación de excepcionalidad y tampoco fue dado de alta. En este caso, en el que el trabajo comenzó antes de que el Gobierno decretase el confinamiento de la población y cuando las oficinas estaban abiertas con normalidad, Aragonés se limita a responder que él no considera eso una relación laboral: "Si usted le dice trabajar a estar en casa esperando a que yo le llame, ya le digo que no es un trabajo".

Sin explicación sobre el proceso de contratación
Los sanitarios consultados aseguran que siguieron todas las instrucciones planteadas por la empresa sobre las contrataciones. "Siempre nos aplazaba la firma del precontrato, nos decía que nos lo iba a suscribir. Al principio lo mandó mal redactado, luego un abogado tuvo que arreglar unas cláusulas y pasaron varios días en los que no firmaba nada ni nos pagaba", cuenta uno de los médicos. Según la documentación a la que ha accedido esta redacción, al menos en uno de los casos se precisaba solo de la ratificación de Aragonés para que el documento estuviese listo.

No todos los sanitarios que participaron en este proyecto trabajaron en las mismas condiciones que lo médicos venezolanos. eldiario.es ha accedido al contrato firmado por otro de los profesionales que formó parte de esta intervención y que también asegura sentirse "estafado". En un principio él iba a formar parte del ERTE que impulsó Transamed, aunque finalmente fue despedido a principios de mayo. En conversación con este medio, este sanitario aseguró que el empresario no había recibido finiquito y le debía dinero. Después de que este medio contactase con Aragonés, este sanitario asegura que recibió un documento el viernes a las ocho de la tarde con el finiquito.

No es el único extrabajador de esta compañía que cita problemas para cobrar su salario, una quinta fuente que estuvo a sueldo de Aragonés antes de que comenzase la pandemia incide en esta misma demanda. El gerente vuelve a dar respuestas contradictorias, en un primer momento niega que tenga problemas para pagar a trabajadores, posteriormente reconoce esta situación y la achaca a impagos de empresas privadas. En relación al profesional despedido, la compañía plantea que se realizó de forma disciplinaria por "reiteradas faltas de respeto" a otros dos miembros de la plantilla. El director de la empresa de ambulancias también carga contra uno de los médicos, asegurando que le está pidiendo dinero a cambio de facilitarle las fichas originales que sellaba con su número de colegiado en las visitas de las residencias.

CCOO también constató quejas
Las quejas sobre la gestión de Aragonés también han llegado al sindicato Comisiones Obreras. Blanca Alonso, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía en Ávila, provincia en la que tiene el domicilio social la empresa, explica que al contactar con profesionales de Transamed en la petición de ERTE impulsada por el empresario, los entrevistados le transmitieron que "no estaban cobrando" y "que habían tenido médicos trabajando para ellos sin contrato".

Alonso asegura que la empresa de ambulancias propuso incluir a dos personas en un Expediente de Regulación de Empleo Temporal por causas objetivas, técnicas o productivas, "una de ellas, que era una enfermera, ni siquiera estaba en la empresa". "Un fraude a Trabajo y a la Seguridad Social", añade la portavoz de CCOO, que cuenta que se le desestimó tanto esta petición, como la de ERTE de fuerza mayor. Aragonés desmiente las irregularidades apuntadas por Alonso. Ante la desestimación del expediente laboral, el gerente de Transamed añade: "Si no tenemos trabajo, ¿cómo vamos a mantener a los trabajadores?".


5.972 personas han muerto en las residencias por COVID-19 desde el 8 de marzo. EFE
Los sanitarios consultados por eldiario.es aseguran que se han sentido abandonados durante los momentos más duros de la pandemia. "Me he sentido solo. Como trabajador, porque no tenía contrato. Como persona me sentía solo completamente, sin ningún tipo de ayuda, sin nadie a quien acudir, porque los que eran jefes son lo que son", inciden estas fuentes, que cuentan que diariamente veían "entre siete u ocho residencias al día".

Sin la familia cerca, reconocen que su trabajo diario les ha "desbordado" emocionalmente. "Estoy solo en este país, y yo llegaba a mi casa sin consuelo a llorar", recuerdan ahora aquella pesadilla. Durante los doce días en los que se desarrolló la "Operación Bicho" el registro de muertes en los centros de mayores se disparó, pasó de 1.065 a 4.750 entre el 25 de marzo y el 8 de abril, según las cifras aportadas por la Comunidad.

La llegada de estos profesionales a las residencias se produjo en plena crisis política autonómica. El inicio de la colaboración de Burgueño y Aragonés coincidió con la creación de un "mando único" y la retirada de las competencias de residencias a la Consejería de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos, por parte de Isabel Díaz Ayuso.

El 12 de marzo, dos semanas antes de que los sanitarios venezolanos comenzaran a visitar centros de mayores, la presidenta y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunciaron que iban a medicalizar las residencias y que los mayores contagiados iban a ser "atendidos allí mismo". Esto nunca se llegó a producir, como vienen denunciando familiares y trabajadores y ahora confirman profesionales encargados de esta misión, que aseguran que no contaban con recursos para atender a los ancianos.