Autor Tema: La señora Presidenta de la CAM  (Leído 444814 veces)

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6700 en: 04 de Julio de 2022, 16:21:31 pm »
Sí, pero consigue, por medio del marketing político, que haya madrileños que voten en contra de sus intereses. . . ese es el gran éxito de la derecha, en general, y de Ayuso, en particular. . .

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6702 en: 05 de Julio de 2022, 14:37:44 pm »
El Gobierno, Feijóo y las ‘becas para ricos’ de Ayuso

https://www.epe.es/es/politica/20220705/gobierno-feijoo-becas-ricos-ayuso-14008318

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6703 en: 05 de Julio de 2022, 14:39:06 pm »
La calle, contra Ayuso: escrache a la presidenta de Madrid en un supermercado - https://www.elplural.com/autonomias/calle-contra-ayuso-escrache-presidenta-madrid-en-supermercado_293301102

https://www.huffingtonpost.es/entry/la-fiscalia-del-supremo-califica-de-puro-sinsentido-las-alegaciones-de-ayuso-para-evitar-una-sancion-electoral_es_62c2eb37e4b0ffe00a14db62

La tienen manía...
Hará de la necesidad virtud y se lo llevará a su terreno, el marketing político hará el resto y al final se volverá en contra de los organizadores. . . ya está MAR trabajando en ello. . .

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6704 en: 05 de Julio de 2022, 14:48:17 pm »
Este MAR?


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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6705 en: 05 de Julio de 2022, 15:20:22 pm »
Ese mismo. . .

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6706 en: 05 de Julio de 2022, 20:55:22 pm »
Este MAR?

Como escuece lo de la Ministra florero y sus vacaciones  :carcaj.


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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6707 en: 07 de Julio de 2022, 06:02:28 am »

Unidas Podemos presenta un recurso contra las becas de Bachillerato de Madrid por un defecto de forma en las bases


La Consejería de Educación no añade en la primera orden la nueva renta per cápita que las familias deben tener en cuenta, algo esencial según el informe de la Abogacía de la Comunidad de Madrid

JESÚS HELLÍN (EUROPA PRESS)
BERTA FERREROJUAN JOSÉ MATEO
Madrid - 07 JUL 2022 - 05:00 CEST
Unidas Podemos ya ha movido ficha en la polémica de los cheques a familias con rentas superiores a 100.000 euros y ha presentado este martes un recurso potestativo de reposición contra las denominadas becas de Bachillerato. La razón, según explica el diputado Agustín Moreno, portavoz de Educación del grupo parlamentario en la Asamblea, es que la Comunidad de Madrid incumple la normativa sobre dónde deben aparecer los requisitos de las ayudas que se refleja en el propio informe de la Abogacía de la Administración madrileña. Es decir, se agarra a la forma para atacar al fondo. En este caso concreto, apunta a que la Consejería de Educación “olvidó” añadir en la orden de base el cambio del nuevo umbral de la renta per cápita (35.913 euros) que las familias deben cumplir a partir del próximo curso para poder pedir la ayuda. Según el informe de los letrados del Gobierno regional, esa información “debe fijarse en las bases”. Sí aparece, sin embargo, en la orden de convocatoria publicada un mes después. Ese mismo “error” de forma existe tanto en las bases de las becas destinadas a los alumnos de la educación infantil y Formación Profesional, por lo que Unidas Podemos ya prepara el resto de recursos.

La Comunidad de Madrid, sin embargo, defiende que “ya se justificó ante la Abogacía de la Comunidad de Madrid y fue aceptada por lo que no hay que hacer ningún cambio”. “De ahí que se hayan publicado las bases reguladoras de las becas con todos los informes positivos”, matiza un portavoz de la Consejería de Educación.

Para Moreno, esa respuesta del Gobierno regional “significa que no lo van a modificar, porque deben tener otro informe de la abogacía que les da la razón a la carta, aunque él ilegalidad se mantenga y la consecuente nulidad”. “Habrá que ir al contencioso-administrativo”, ha advertido.

Los pasos que siguen estos procedimientos están estipulados por ley. Cuando la Comunidad de Madrid anuncia este tipo de becas, lo primero que debe hacer es publicar la nueva orden de las bases reguladoras. Luego, casi un mes después, publica la orden de la convocatoria. Las primeras, referentes a Bachillerato, las publicó el pasado 3 de mayo. Ahí es donde no aparece el límite de la nueva renta per cápita a tener en cuenta por parte de las familias y lo soluciona con esta frase: “La que se determine en la orden de convocatoria”. En las segundas, donde sí aparecen los 35.913 euros, salieron el 2 de junio.

“La orden, que fijaba las bases reguladoras de la concesión de becas, no establecía los requisitos de límite de renta que se fijan en la convocatoria, estableciéndose un reenvío a la convocatoria contrario a derecho”, explica el partido político en su recurso, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Unidas Podemos fundamenta su alegación en la Ley General de Subvenciones, una normativa estatal que tiene carácter de básica, según recoge la Constitución española. “A la vista de esta normativa, la convocatoria (...) incurre en ilegalidad por fijar requisitos que no se establecen en las bases reguladoras de las becas previstas en la orden de la Consejería”, dice el recurso, que añade que “adolece de vicio de nulidad o, subsidiariamente de anulabilidad, al haber pretendido fijar el Consejero en resolución suya de convocatoria los requisitos de las becas, cuando estos deberían fijarse en la orden que fija las bases”.

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En definitiva, los requisitos para obtener las becas deben estar recogidos primero en las bases y después en la convocatoria, y en este caso, el nuevo umbral de la renta per cápita previsto para el curso que viene solo aparece en la convocatoria y no en la orden.

“Sería tremendo que las familias tuvieran que devolver el dinero después, y todo por la chapuza de la Consejería de Educación y del Gobierno de Ayuso”, dice Moreno. “En su obsesión por transferir recursos hacia las rentas altas, han incurrido en una ilegalidad según su propio informe de la abogacía”.

Los servicios jurídicos de CC OO también están trabajando en el recurso de las convocatorias de becas, “por al menos vulnerar derechos fundamentales”.

La polémica ha surgido después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya flexibilizado el criterio de renta familiar con el que se restringía el acceso a las becas que concede para cursar en centros privados Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional, tres etapas educativas no obligatorias. A partir del curso que viene podrán optar a recibir la ayuda aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros, cuando antes el límite era de 30.000 euros para los que optaban a una ayuda para Bachillerato, de 60.000 para los de FP de Grado Superior, o de 75.000 para los de Educación Infantil. Del mismo modo, las parejas con dos niños que tengan unos ingresos globales de 143.652 euros también podrán pedir estas becas; o las que tengan tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6708 en: 07 de Julio de 2022, 08:41:03 am »

Ayuso pagó 600.000 euros en un contrato sanitario en plena pandemia y no hay rastro de su ejecución


El Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa la instalación de sistemas de conteo para limitar los aforos en centros de salud, pero nunca especifó en cuáles y dos años después no hay pruebas de que hayan sido instalados.

 
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la presentación de Hispanidad 2022. — EFE/Emilio Naranjo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la presentación de Hispanidad 2022. — EFE/Emilio Naranjo

MADRID, 06/07/2022 23:21 ACTUALIZADO: 07/07/2022 08:09 JOSE CARMONA
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ejecutó un contrato de emergencia por valor de 600.000 euros en julio de 2020, dos meses después de que el coronavirus irrumpiese en España, para la instalación de 300 sistemas 3D de conteo de personas para el control del aforo en centros de salud de la Comunidad de Madrid. Casi dos años después, no hay rastro ni prueba oficial de que esas instalaciones se llevaran a cabo.

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La escasa documentación pública que hay en torno a este contrato es ambigua e imprecisa. El propio nombre del contrato habla de que la instalación se hará en "varios centros de salud", pero en ningún momento se especifica en cuáles. Tampoco explica qué se instalará y cómo funciona.

La empresa contratista es Mantenimiento Electromédico S.A, que recibió casi 600.000 euros (599.697,78) por un trabajo de ocho días, a realizar entre el 23 y el 30 de diciembre de 2020. Público ha intentado, sin éxito, pedir explicaciones a la empresa sobre el funcionamiento de estos sistemas de conteo.

La Unión Europea concluye que el gas y las nucleares son energías verdes y las equipara a las renovables
Han pasado dos años de esa adjudicación, y pese a las preguntas realizadas por Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, el Gobierno de Ayuso no ha revelado en qué centros se instalaron esos sistemas, ni cómo funcionan, ni ha presentado un gasto desglosado por cada equipo. No hay evidencias en la documentación pública de que estas instalaciones se hayan llevado a cabo.

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Este medio se ha puesto en contacto con tres centros de salud al azar del mapa madrileño y en todos ha obtenido la misma respuesta: no tienen constancia de que haya sistemas de conteo para medir el aforo del recinto. "Ese dinero se lo habrá quedado alguien", dice con ironía una de las sanitarias que ha atendido la consulta.

Ante estas evidencias, este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que asegura que "se llegaron adquirir y a instalar los sistema de control de aforo, estos constan de sensor en la puerta de entrada y pantalla para graficar los datos (ubicada en la Unidad Administrativa)", mientras que aseguran que se hizo "en todos los centros de salud", aunque no ofrecen prueba de ello.

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Imágenes que revelan la saturación del Hospital de La Paz: 33 pacientes para 13 camas
El pasado mes de mayo, Vanessa Lillo, diputada en la Asamblea por Unidas Podemos y portavoz de Izquierda Unida Madrid, preguntó a través de órganos oficiales por este contrato y la respuesta desde el Gobierno de Ayuso fue parca y poco precisa. La diputada fue remitida al Portal de Transparencia, en el que solo hay dos documentos sencillos y que no dan explicaciones.

Vanessa Lillo: "No cuestionamos si es necesario o no, pero nos llama la atencion que no sean capaces de aportar documentación"

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"Cuando nos marean es que hay algo detrás —arguye Vanessa Lillo a Público—. No sabemos ni en qué centros de salud ni en qué consiste el sistema de conteo. No tenemos constancia de nada y hablamos de 600.000 euros. No cuestionamos si es necesario o no, pero nos llama la atencion que no sean capaces de aportar documentación. Nos dicen que miremos el Portal y luego vemos que hay informe que habla de este contrato y que no se nos ha facilitado. Nos generan muchas dudas sobre la opacidad. No conocemos a nadie que nos confirme que ha habido incorporaciones a los centros de salud", asegura la diputada.

Sánchez trata de revertir la crisis de la sanidad pública con el freno a la temporalidad y a las privatizaciones
"En relación a las iniciativas de referencia, se informa que se encuentra publicada en el Portal de la Comunidad de Madrid toda la información requerida por la Ley de Contratos del Sector Público y el resto del ordenamiento jurídico vigene relativa a este expediente", reza la respuesta oficial del Gobierno de Ayuso del pasado 15 de junio a Lillo.

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Sin embargo, en un documento del 3 de marzo, dos meses antes de la respuesta a la pregunta de Lillo, el propio Gobierno aseguraba en un acta de acuerdos del Consejo de Gobierno de Madrid tener un informe en el que se da cuenta de la resolución de este contrato, pero no lo ha facilitado ni a los partidos de la oposición ni a Público, que lo ha solicitado. También lo omite en su respuesta oficial de junio y no lo facilita tras la pregunta oficial de Unidas Podemos.

Contratos de emergencia, el germen de las polémicas
La fórmula para firmar esta licitación fue la de "contratos de emergencia", regla con la que se actuó durante toda la pandemia y que ha traído denuncias desde varios frentes. Por ejemplo, Unidas Podemos ha denunciado en Anticorrupción y en la Fiscalía Europea dos contratos de emergencia del gobierno de Ayuso con dos empresas por valor de 20 millones de euros. Esa es la misma fórmula que el contrato de las mascarillas del hermano de Ayuso.

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Este tipo de contratos son todo un filón de polémicas. Como desvelara Público en exclusiva, la Consejería de Sanidad de Ayuso adjudicó un contrato de 925.000 euros a un socio de la madre de la presidenta.

La situación epidemiológica del momento y la evidencia científica, como recoge el propio contrato, hacía referencia a la necesidad de reducir aforos en interiores para reducir la posibilidad de contagios. "Se estima necesario para la reducción del riesgo de contagio, introducir elementos que monitoricen y mantengan las estancias con el aforo adecuado", reza la licitación.

 

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6709 en: 07 de Julio de 2022, 09:42:34 am »
Panfleto El Público...

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6710 en: 07 de Julio de 2022, 13:57:43 pm »
Los tribunales resolverán llegado el caso. . .

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6712 en: 07 de Julio de 2022, 15:43:49 pm »
El Gobierno, Feijóo y las ‘becas para ricos’ de Ayuso

https://www.epe.es/es/politica/20220705/gobierno-feijoo-becas-ricos-ayuso-14008318


¿Ricos?

108.000 brutos serán 60.000/65.000 netos, que es un buen sueldo pero no es un rico.


Por otra parte.

Citar
Real Decreto 154/2022, de 22 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

También se denegará la beca o ayuda al estudio solicitada cuando se compruebe que la suma de los ingresos que se indican a continuación obtenida por el conjunto de los miembros computables de la familia supere la cantidad de 155.500 euros:

a) Ingresos procedentes de actividades económicas en estimación directa o en estimación objetiva.

b) Ingresos procedentes de una participación de los miembros computables en actividades económicas desarrolladas a través de entidades sin personalidad jurídica o cualquier otra clase de entidad jurídica, una vez aplicado a los ingresos totales de las actividades el porcentaje de participación en las mismas.


Dado en Madrid, el 22 de febrero de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática,

FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-2852


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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6713 en: 08 de Julio de 2022, 01:17:43 am »
Heracles ¿esto lo puede acreditar? ¿le vas a decir algo?



Ayuso pagó 600.000 euros en un contrato sanitario en plena pandemia y no hay rastro de su ejecución


El Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa la instalación de sistemas de conteo para limitar los aforos en centros de salud, pero nunca especifó en cuáles y dos años después no hay pruebas de que hayan sido instalados.

 
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la presentación de Hispanidad 2022. — EFE/Emilio Naranjo
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la presentación de Hispanidad 2022. — EFE/Emilio Naranjo

MADRID, 06/07/2022 23:21 ACTUALIZADO: 07/07/2022 08:09 JOSE CARMONA
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ejecutó un contrato de emergencia por valor de 600.000 euros en julio de 2020, dos meses después de que el coronavirus irrumpiese en España, para la instalación de 300 sistemas 3D de conteo de personas para el control del aforo en centros de salud de la Comunidad de Madrid. Casi dos años después, no hay rastro ni prueba oficial de que esas instalaciones se llevaran a cabo.

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La escasa documentación pública que hay en torno a este contrato es ambigua e imprecisa. El propio nombre del contrato habla de que la instalación se hará en "varios centros de salud", pero en ningún momento se especifica en cuáles. Tampoco explica qué se instalará y cómo funciona.

La empresa contratista es Mantenimiento Electromédico S.A, que recibió casi 600.000 euros (599.697,78) por un trabajo de ocho días, a realizar entre el 23 y el 30 de diciembre de 2020. Público ha intentado, sin éxito, pedir explicaciones a la empresa sobre el funcionamiento de estos sistemas de conteo.

La Unión Europea concluye que el gas y las nucleares son energías verdes y las equipara a las renovables
Han pasado dos años de esa adjudicación, y pese a las preguntas realizadas por Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, el Gobierno de Ayuso no ha revelado en qué centros se instalaron esos sistemas, ni cómo funcionan, ni ha presentado un gasto desglosado por cada equipo. No hay evidencias en la documentación pública de que estas instalaciones se hayan llevado a cabo.

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Este medio se ha puesto en contacto con tres centros de salud al azar del mapa madrileño y en todos ha obtenido la misma respuesta: no tienen constancia de que haya sistemas de conteo para medir el aforo del recinto. "Ese dinero se lo habrá quedado alguien", dice con ironía una de las sanitarias que ha atendido la consulta.

Ante estas evidencias, este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que asegura que "se llegaron adquirir y a instalar los sistema de control de aforo, estos constan de sensor en la puerta de entrada y pantalla para graficar los datos (ubicada en la Unidad Administrativa)", mientras que aseguran que se hizo "en todos los centros de salud", aunque no ofrecen prueba de ello.

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El pasado mes de mayo, Vanessa Lillo, diputada en la Asamblea por Unidas Podemos y portavoz de Izquierda Unida Madrid, preguntó a través de órganos oficiales por este contrato y la respuesta desde el Gobierno de Ayuso fue parca y poco precisa. La diputada fue remitida al Portal de Transparencia, en el que solo hay dos documentos sencillos y que no dan explicaciones.

Vanessa Lillo: "No cuestionamos si es necesario o no, pero nos llama la atencion que no sean capaces de aportar documentación"

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"Cuando nos marean es que hay algo detrás —arguye Vanessa Lillo a Público—. No sabemos ni en qué centros de salud ni en qué consiste el sistema de conteo. No tenemos constancia de nada y hablamos de 600.000 euros. No cuestionamos si es necesario o no, pero nos llama la atencion que no sean capaces de aportar documentación. Nos dicen que miremos el Portal y luego vemos que hay informe que habla de este contrato y que no se nos ha facilitado. Nos generan muchas dudas sobre la opacidad. No conocemos a nadie que nos confirme que ha habido incorporaciones a los centros de salud", asegura la diputada.

Sánchez trata de revertir la crisis de la sanidad pública con el freno a la temporalidad y a las privatizaciones
"En relación a las iniciativas de referencia, se informa que se encuentra publicada en el Portal de la Comunidad de Madrid toda la información requerida por la Ley de Contratos del Sector Público y el resto del ordenamiento jurídico vigene relativa a este expediente", reza la respuesta oficial del Gobierno de Ayuso del pasado 15 de junio a Lillo.

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Sin embargo, en un documento del 3 de marzo, dos meses antes de la respuesta a la pregunta de Lillo, el propio Gobierno aseguraba en un acta de acuerdos del Consejo de Gobierno de Madrid tener un informe en el que se da cuenta de la resolución de este contrato, pero no lo ha facilitado ni a los partidos de la oposición ni a Público, que lo ha solicitado. También lo omite en su respuesta oficial de junio y no lo facilita tras la pregunta oficial de Unidas Podemos.

Contratos de emergencia, el germen de las polémicas
La fórmula para firmar esta licitación fue la de "contratos de emergencia", regla con la que se actuó durante toda la pandemia y que ha traído denuncias desde varios frentes. Por ejemplo, Unidas Podemos ha denunciado en Anticorrupción y en la Fiscalía Europea dos contratos de emergencia del gobierno de Ayuso con dos empresas por valor de 20 millones de euros. Esa es la misma fórmula que el contrato de las mascarillas del hermano de Ayuso.

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Este tipo de contratos son todo un filón de polémicas. Como desvelara Público en exclusiva, la Consejería de Sanidad de Ayuso adjudicó un contrato de 925.000 euros a un socio de la madre de la presidenta.

La situación epidemiológica del momento y la evidencia científica, como recoge el propio contrato, hacía referencia a la necesidad de reducir aforos en interiores para reducir la posibilidad de contagios. "Se estima necesario para la reducción del riesgo de contagio, introducir elementos que monitoricen y mantengan las estancias con el aforo adecuado", reza la licitación.

 

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6714 en: 08 de Julio de 2022, 08:04:35 am »
Madrid pagará 15.500€ a un hombre que atendió la sanidad privada por Covid tras colapsar la pública


El TSJM falla por primera vez en favor de un madrileño que tuvo que ingresar a sus padres en un hospital privado cuando les negaron uno público.
8 julio, 2022 02:33

Jaime Susanna
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha obligado al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a pagar a un madrileño los 15.500 euros que le costó ingresar a su padre en la sanidad privada al comienzo de la pandemia del Covid-19. El tribunal considera probado que el hombre no tuvo más opción que acudir a un hospital privado para salvar la vida de su padre después de que le negaran un ingreso en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

La sentencia a la que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL del TSJM da por bueno el recurso de suplicación interpuesto por la defensa, después de que el Juzgado de lo Social número 23 de Madrid desestimara la demanda en diciembre del año pasado. Todavía queda por resolver la demanda de más de 70.000 euros que el demandante hace al SERMAS por la atención a su madre, que terminó falleciendo por Covid en abril de 2020 ingresada en un hospital privado. El abogado del demandante, Juan Carlos Sánchez Peribáñez, considera que este caso sentará jurisprudencia.

Todo comenzó el 12 de marzo de 2020, cuando el demandante acudió con su madre al Centro de Salud de Pavones, en Madrid, donde le diagnosticaron “sospecha de infección de coronavirus”. Al empeorar la situación de la mujer, el demandante la llevó al Hospital Ramón y Cajal el 14 de marzo, es decir, el día en que el Gobierno decretó el estado de alarma y su consiguiente confinamiento domiciliario por la grave situación sanitaria.

Una vez allí, a la mujer le diagnosticaron una “gastroenteritis aguda sin signos de alarma en el momento actual” y la enviaron a casa. Dos días después, el demandante acudió también con su padre a otro hospital público, el Gregorio Marañón, donde le diagnosticaron con una “sospecha de infección por coronavirus” y también le enviaron a casa. Ese mismo día, el demandante acudió con ambos ancianos al hospital privado Nuestra Señora de América, donde se les diagnosticó la Covid-19 y fueron ingresados en planta.

Ella murió el 7 de abril por Covid. Él permaneció ingresado hasta el alta terapéutica el día 30 de marzo. El hospital Nuestra Señora de América emitió una factura por importe de 15.522,92 euros por los gastos de asistencia sanitaria del superviviente, unos gastos que el demandante fue pagando paulatinamente en los meses siguientes. Asimismo, el demandante pagó 73.156,67 euros por la atención que recibió su fallecida madre. Ese pago está también reclamado y pendiente de resolución en el mismo tribunal.

El demandante formuló una reclamación en la Consejería de Sanidad en noviembre de ese año, exigiendo el pago de los costes del ingreso de su padre. El organismo público se lo negó, igual que negó un diagnóstico adecuado y un ingreso para sus padres meses atrás. Así pues, el hombre acudió a los tribunales.

"Asistencia de carácter vital"
En una primera instancia, el Juzgado de lo Social número 23 de Madrid desestimó la demanda interpuesta contra el Servicio Madrileño de Salud y el Instituto Nacional de Seguridad Social. El TSJM admitió a trámite un recurso de suplicación presentado por la defensa y, finalmente, dio la razón al demandante.

“Consta en los hechos probados que la familia compuesta por padre, hijo (demandantes) y la esposa y madre, que lamentablemente falleció a causa de Covid-19, acudieron al Hospital Ramón y Cajal el 14-3-20, donde se les diagnosticaron patologías diferentes sin signos de alarma, después acudieron mediante parte de interconsulta expedido por su centro de salud, al Hospital Gregorio Marañón donde se diagnosticó al padre ‘sospecha de infección por coronavirus’ el 16-3-20”, recoge la sentencia. “En ese mismo día acudieron al Hospital Nuestra Señora de América, privado, donde se procedió al ingreso hospitalario de los padres”.

Tal y como recoge el Real Decreto 1030/2006, invocado por la defensa, “en esos casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital que hayan sido atendidos fuera del Sistema Nacional de Salud, se reembolsarán los gastos de la misma, una vez comprobado que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios de aquél y que no constituye una utilización desviada o abusiva de esta excepción”.

“Es notoriamente conocida la situación de desbordamiento de la sanidad pública que se produjo en las indicadas fechas en los momentos iniciales de la pandemia de Covid-19 hasta el punto de tener que levantarse en un tiempo muy breve un hospital de campaña en Madrid”, prosigue la sentencia.

“En tal situación las exigencias de prueba tienen que relativizarse. No sería realista requerir a los pacientes una documentación exhaustiva con un rigor impropio e inadecuado en la situación existente. Lo cierto es que en este caso se acredita una voluntad de utilizar la sanidad pública, pues al menos consta que los demandantes acudieron al Hospital Ramón y Cajal, al centro de salud y al Hospital Gregorio Marañón”.


“El mismo día que estuvieron en el Hospital Gregorio Marañón y fueron diagnosticados de coronavirus, el padre y la madre quedaron ingresados en el hospital de la sanidad privada donde se produjeron los gastos reclamados. Razonablemente hay que dar por acreditado que si acudieron al Hospital Nuestra Señora de América fue porque no obtuvieron plaza en el Hospital Gregorio Marañón, pues hasta ese momento no habían abandonado la sanidad pública. En cuanto a la urgencia vital, no cabe cuestionarla, dada la gravedad de las patologías desencadenadas por el Covid-19, que llevó al fallecimiento de la mujer y a la hospitalización durante 14 días de su esposo, aquí demandante”, zanja el escrito. por primera vez en favor de un madrileño que tuvo que ingresar a sus padres en un hospital privado cuando les negaron uno público.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6715 en: 10 de Julio de 2022, 00:37:37 am »
Madrid sigue siendo líder en creación de empresas por delante de Cataluña y Andalucía

Cada día se crean en Madrid 68 nuevas empresas. Lo hacen además con bastante más capital social que en el resto del país, casi el doble

https://www.telemadrid.es/noticias/madrid/Madrid-sigue-siendo-lider-en-creacion-de-empresas-por-delante-de-Cataluna-y-Andalucia-0-2466953290--20220708095342.html

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6716 en: 11 de Julio de 2022, 04:16:09 am »
Madrid pagará 15.500€ a un hombre que atendió la sanidad privada por Covid tras colapsar la pública


El TSJM falla por primera vez en favor de un madrileño que tuvo que ingresar a sus padres en un hospital privado cuando les negaron uno público.
8 julio, 2022 02:33

Jaime Susanna
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha obligado al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) a pagar a un madrileño los 15.500 euros que le costó ingresar a su padre en la sanidad privada al comienzo de la pandemia del Covid-19. El tribunal considera probado que el hombre no tuvo más opción que acudir a un hospital privado para salvar la vida de su padre después de que le negaran un ingreso en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

La sentencia a la que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL del TSJM da por bueno el recurso de suplicación interpuesto por la defensa, después de que el Juzgado de lo Social número 23 de Madrid desestimara la demanda en diciembre del año pasado. Todavía queda por resolver la demanda de más de 70.000 euros que el demandante hace al SERMAS por la atención a su madre, que terminó falleciendo por Covid en abril de 2020 ingresada en un hospital privado. El abogado del demandante, Juan Carlos Sánchez Peribáñez, considera que este caso sentará jurisprudencia.

Todo comenzó el 12 de marzo de 2020, cuando el demandante acudió con su madre al Centro de Salud de Pavones, en Madrid, donde le diagnosticaron “sospecha de infección de coronavirus”. Al empeorar la situación de la mujer, el demandante la llevó al Hospital Ramón y Cajal el 14 de marzo, es decir, el día en que el Gobierno decretó el estado de alarma y su consiguiente confinamiento domiciliario por la grave situación sanitaria.

Una vez allí, a la mujer le diagnosticaron una “gastroenteritis aguda sin signos de alarma en el momento actual” y la enviaron a casa. Dos días después, el demandante acudió también con su padre a otro hospital público, el Gregorio Marañón, donde le diagnosticaron con una “sospecha de infección por coronavirus” y también le enviaron a casa. Ese mismo día, el demandante acudió con ambos ancianos al hospital privado Nuestra Señora de América, donde se les diagnosticó la Covid-19 y fueron ingresados en planta.

Ella murió el 7 de abril por Covid. Él permaneció ingresado hasta el alta terapéutica el día 30 de marzo. El hospital Nuestra Señora de América emitió una factura por importe de 15.522,92 euros por los gastos de asistencia sanitaria del superviviente, unos gastos que el demandante fue pagando paulatinamente en los meses siguientes. Asimismo, el demandante pagó 73.156,67 euros por la atención que recibió su fallecida madre. Ese pago está también reclamado y pendiente de resolución en el mismo tribunal.

El demandante formuló una reclamación en la Consejería de Sanidad en noviembre de ese año, exigiendo el pago de los costes del ingreso de su padre. El organismo público se lo negó, igual que negó un diagnóstico adecuado y un ingreso para sus padres meses atrás. Así pues, el hombre acudió a los tribunales.

"Asistencia de carácter vital"
En una primera instancia, el Juzgado de lo Social número 23 de Madrid desestimó la demanda interpuesta contra el Servicio Madrileño de Salud y el Instituto Nacional de Seguridad Social. El TSJM admitió a trámite un recurso de suplicación presentado por la defensa y, finalmente, dio la razón al demandante.

“Consta en los hechos probados que la familia compuesta por padre, hijo (demandantes) y la esposa y madre, que lamentablemente falleció a causa de Covid-19, acudieron al Hospital Ramón y Cajal el 14-3-20, donde se les diagnosticaron patologías diferentes sin signos de alarma, después acudieron mediante parte de interconsulta expedido por su centro de salud, al Hospital Gregorio Marañón donde se diagnosticó al padre ‘sospecha de infección por coronavirus’ el 16-3-20”, recoge la sentencia. “En ese mismo día acudieron al Hospital Nuestra Señora de América, privado, donde se procedió al ingreso hospitalario de los padres”.

Tal y como recoge el Real Decreto 1030/2006, invocado por la defensa, “en esos casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital que hayan sido atendidos fuera del Sistema Nacional de Salud, se reembolsarán los gastos de la misma, una vez comprobado que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios de aquél y que no constituye una utilización desviada o abusiva de esta excepción”.

“Es notoriamente conocida la situación de desbordamiento de la sanidad pública que se produjo en las indicadas fechas en los momentos iniciales de la pandemia de Covid-19 hasta el punto de tener que levantarse en un tiempo muy breve un hospital de campaña en Madrid”, prosigue la sentencia.

“En tal situación las exigencias de prueba tienen que relativizarse. No sería realista requerir a los pacientes una documentación exhaustiva con un rigor impropio e inadecuado en la situación existente. Lo cierto es que en este caso se acredita una voluntad de utilizar la sanidad pública, pues al menos consta que los demandantes acudieron al Hospital Ramón y Cajal, al centro de salud y al Hospital Gregorio Marañón”.


“El mismo día que estuvieron en el Hospital Gregorio Marañón y fueron diagnosticados de coronavirus, el padre y la madre quedaron ingresados en el hospital de la sanidad privada donde se produjeron los gastos reclamados. Razonablemente hay que dar por acreditado que si acudieron al Hospital Nuestra Señora de América fue porque no obtuvieron plaza en el Hospital Gregorio Marañón, pues hasta ese momento no habían abandonado la sanidad pública. En cuanto a la urgencia vital, no cabe cuestionarla, dada la gravedad de las patologías desencadenadas por el Covid-19, que llevó al fallecimiento de la mujer y a la hospitalización durante 14 días de su esposo, aquí demandante”, zanja el escrito. por primera vez en favor de un madrileño que tuvo que ingresar a sus padres en un hospital privado cuando les negaron uno público.


Lo tenía que pagar Ayuso de su bolsillo

Desconectado Ragnar

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6717 en: 11 de Julio de 2022, 14:42:21 pm »
Entonces también tendrían que pagar otros Presidentes de su bolsillo los gastos de derivar pacientes a la privada.
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Nueve comunidades derivan pacientes a la sanidad privada ante el riesgo de colapso sanitario

La Comunidad de Madrid, Catalunya y Navarra derivan ya pacientes covid a los hospitales privados. Andalucía, Murcia, el País Valencià, La Rioja, Euskadi y Baleares derivan pacientes no covid ante la sobrecarga de los hospitales públicos


https://www.publico.es/sociedad/nueve-comunidades-derivan-pacientes-sanidad.html

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #6719 en: 13 de Julio de 2022, 14:01:30 pm »