Un abogado de las familias pedirá imputar al cargo de Ayuso que firmó los “protocolos de la vergüenza”
Carlos Mur, que vive en Andorra, no fue localizado por un juzgado que este jueves escuchó a otros dos responsables en la Comunidad de Madrid durante el período de abandono a los mayores de residencias
FERNANDO SÁNCHEZ (EUROPA PRESS)
Fernando Peinado
FERNANDO PEINADO
Madrid - 15 JUN 2023 - 17:31 CEST
El abogado de siete familias de fallecidos en las residencias de Madrid durante la vigencia de los “protocolos de la vergüenza” durante los primeros meses de la pandemia, en 2020, ha anunciado este jueves que pedirá al juez la imputación de Carlos Mur, el alto cargo madrileño que firmó esas directivas. El letrado, Andrés Ollero, había pedido su comparecencia como testigo, junto a otros dos responsables de la Comunidad de Madrid en la primavera de hace tres años, pero Mur, que vive en Andorra, no fue localizado por el juzgado. Una fuente cercana a Mur dice que “no ha recibido notificación ni llamada alguna”. Hasta ahora, ninguno de los jueces que investigan los hechos de entonces ha citado como investigados a ningún cargo político, a pesar de que las familias querellantes han solicitado esas medidas contra la presidenta de la región madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y otros responsables en su Gobierno.
Ollero hacía su anuncio al término de una vista judicial en la que la mayor expectación residía en saber qué tendría que decir Yolanda Fuentes, la exdirectora de Salud Pública que dimitió en mayo de 2020 por desacuerdo con la desescalada de Ayuso en la primera ola. Fuentes no hizo declaraciones tras salir de la sala de vistas del juzgado de instrucción número cuatro de Madrid, cerrada a la prensa. Según las partes que estuvieron dentro, aseguró que recibió los protocolos que impidieron la hospitalización de miles de enfermos en residencias, pero no aportó mucha información de valor. Antes de su declaración le había dicho a EL PAÍS que no tenía mucho que decir. Las familias de este caso confiaban en que Fuentes manifestara su desacuerdo con los protocolos al tratarse se una medida sanitaria que se dictaba por motivos políticos, igual que la desescalada.
El otro compareciente era Alberto Reyero, ex consejero de Políticas Sociales, cuya opinión sobre la gestión de su Gobierno es bien conocida, puesto que ha escrito incluso un libro (Morirán de forma indigna) criticando el abandono que sufrieron los mayores. Reyero dijo al salir de la vista que ha dicho “lo de siempre”. Su visión es que los protocolos eran vinculantes para residencias y hospitales y que deben ser entendidos de forma conjunta con la falta de refuerzo sanitario a las residencias, la tan cacareada “medicalización” que no se produjo.
El caso de este jueves, uno de muchos que están siendo instruidos por jueces de la región de Madrid, afecta a dos residencias de la capital: la pública Adolfo Suárez (seis familias) y la privada Amavir Arganzuela (una familia). Cuatro trabajadores, médicos y directores, están imputados y declararon este miércoles. Dijeron que los hospitales no les dejaban derivar. El abogado Ollero cree que el juez va a desimputarles.
Reyero cree que es “absolutamente injusta” la situación de estos trabajadores. “Eran parte de una cadena de mando. Lo pasaron muy mal esos días y para colmo están siendo investigados”.
Ollero anunció que pediría la imputación al término de la vista esta misma tarde. Lo dijo mientras atendía a la prensa fuera del juzgado, donde familiares de las víctimas se manifestaban con pancartas. Mur, cesado en mayo de 2020 como director general de coordinación sociosanitaria, trabaja ahora en Andorra como jefe del servicio de Salud Mental de la sanidad pública andorrana. “El juzgado no ha sido capaz de notificarle que hoy tenía que venir a testificar”, ha dicho. “Nosotros intentaremos por todos los medios que venga a declarar y si hace falta que lo haga no como testigo sino como investigado, ya que es su firma la que aparece en los protocolos”.
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SUSCRÍBETE
Hace menos de tres meses, otro juzgado madrileño, el número 9 de instrucción, sí consiguió que Mur declarase como testigo. Entonces se presentó como un subordinado que obedecía órdenes de su superior, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Ese otro caso concierne a tres fallecidos en DomusVi Albufera, un hogar de mayores en Vallecas. Una portavoz de la asociación que patrocina a esos familiares, Marea de Residencias, dice que no se han producido novedades desde la comparecencia, el 23 de marzo.
Día contra el maltrato en la vejez
Los abogados en estas causas buscan escalar en la cadena de mando para que los jueces acaben investigando a los superiores políticos, cuya situación debería ser remitida a las instancias donde están aforados: Escudero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Ayuso ante el Tribunal Supremo.
Las familias concentradas en los juzgados tenían este jueves una doble jornada de protesta porque las citaciones han coincidido con el Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. A las 19.00 estaban citados en la sede de la Consejería de Política Social de la Comunidad, en la calle O’Donnell, 50. También en otras ciudades de toda España, como Barcelona (Cataluña), Córdoba (Andalucía), Santander (Cantabria) o Tenerife (Canarias), se han celebrado manifestaciones por este motivo.
El exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero habla a los medios este jueves a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.
El exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero habla a los medios este jueves a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.
FERNANDO SÁNCHEZ (EUROPA PRESS)
Una de las familiares en Plaza de Castilla era Puri Prieto, hija de Julián, que falleció en la residencia Adolfo Suárez el 2 de abril de 2020. Siete días antes, su padre sufrió el rechazo del hospital Rey Juan Carlos, que dijo seguir el protocolo. Julián, de 89 años, sufría periódicamente unas hemorragias digestivas para las que era preciso su atención en un hospital, donde era tratado con hierro intravenoso. En la residencia no eran capaces de administrarle esas inyecciones. Como consecuencia de un nuevo episodio, su estado empeoró y cayó infectado con el virus.
“La residencia no estaba preparada para curar a mi padre. Sabían perfectamente que iba a morir”, decía la hija del fallecido. “Por eso queremos que los responsables políticos sean responsables de ello. Nuestra señora presidenta está muy orgullosa de Ifema (el hospital de campaña), pero nunca pensó en los mayores. Solo en dejarlos morir”.
Otro caso era el de Ángela Arreba cuyo padre vivía en la residencia Amavir Arganzuela. A esta hija le dolió en el alma escuchar al abogado del grupo Amavir, Jesús Mandri, decirle a los medios que en el único caso que afectaba a su residencia la familia había rechazado el traslado al hospital, la Fundación Jiménez Díaz. Cuando él terminó, Arreba le reprochó lo que había dicho: “No fue así. Yo pregunté al personal de la residencia qué creían que era lo más conveniente y me aconsejaron que dejara a mi padre en la residencia. Tal como lo ha dicho usted parece que nosotros desistimos”.
Las familias, acostumbradas a las decepciones, se marcharon con algo de desilusión. Ahora aguardan a la decisión del juez sobre la imputación a Mur. “La esperanza es lo último que se pierde”, le dijo el presidente de Pladigmare a su abogado.
