Autor Tema: La señora Presidenta de la CAM  (Leído 491073 veces)

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7940 en: 16 de Abril de 2024, 07:41:11 am »

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7941 en: 23 de Abril de 2024, 19:13:42 pm »
Qie mala suerte tuvo eligiendo novio...


La pareja de Ayuso aceptó ocho meses de cárcel en el correo en el que reconocía su doble fraude fiscal


El escrito con el que el abogado de Alberto González Amador asumió “íntegramente” su fraude fiscal de 350.000 euros propone una pena de cuatro meses de prisión por cada delito además de pagar más de medio millón de euros pero a cambio de que no se ejecute y no tenga que entrar en la cárcel
— “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”: la confesión por escrito de la pareja de Ayuso
Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso, en una imagen del pasado octubre.
Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso, en una imagen del pasado octubre. Lagencia Press
Alberto Pozas

23 de abril de 2024 18:12 h
Actualizado el 23/04/2024 19:00 h
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Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconoció por escrito ante la Fiscalía los dos delitos fiscales de los que estaba acusado y propuso ser condenado a ocho meses de prisión. El escrito fechado a principios de febrero, al que ha tenido acceso elDiario.es, refleja que la defensa del empresario reconoce “íntegramente” que cometió dos delitos fiscales entre 2020 y 2021, que según la Agencia Tributaria suman más de 350.000 euros, en el Impuesto de Sociedades después de ganar varios millones de euros en comisiones salidas de la venta de mascarillas durante la pandemia.

La propuesta, que ha podido examinar este periódico y que ha adelantado la Cadena SER, explica que González Amador “asume íntegramente los hechos” y propone una condena que no implique su entrada en prisión: cuatro meses de cárcel por cada uno de los dos delitos fiscales de los que está acusado, una multa de aproximadamente 140.000 euros y que se le impida obtener subvenciones o ayudas públicas durante nueve meses. Todo condicionado a que, en cualquier caso, se suspenda la pena de prisión y, por tanto, no entre en la cárcel.

El propio escrito detalla y reconoce que defraudó 350.951,41 euros a los que suma otros 24.685,51 euros de intereses de demora y la multa, que se corresponde con el 40% de la cuota defraudada. El documento no hace alusión al tercer delito del que está acusado por la Fiscalía: la falsedad documental en la que, según el Ministerio Público, incurrió a la hora de falsificar hasta 15 facturas por valor de 1,7 millones de euros para imputar gastos a sus empresas de forma irregular y, en la práctica, reducir su factura del Impuesto de Sociedades en 2020 y 2021 mientras sus ingresos crecían exponencialmente por el dinero que cobró intermediando en la compra de mascarillas.

En total, la pareja de Isabel Díaz Ayuso se ofreció a pagar más de medio millón de euros. Los casi 351.000 euros del fraude fiscal, los casi 25.000 euros de intereses y los 140.000 euros de multa. En su escrito también reconoce que el dinero que intentó pagar por adelantado en 2023 para saldar su deuda con Hacienda, cuando ya sabía que estaba siendo investigado, no le hubieran servido en ningún caso para evitar la acusación penal a la que se enfrenta: “Estamos completamente de acuerdo”, dice, con la afirmación de Hacienda de que ese pago “no puede operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad”. Insiste, sin embargo, en que “ya en la AEAT las cuotas defraudadas a través de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 2022”.

Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, intentó que este ofrecimiento de González Amador a la Fiscalía se convirtiera, de cara a la opinión pública, en todo lo contrario: en que fue la Fiscalía la que le ofreció un acuerdo pero que fue frenado “desde arriba”. Así lo difundió en la red social X y así lo reflejaron diversos medios de comunicación. Fue entonces cuando la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado detallando el desarrollo de los hechos para desmentirlo, comunicado que ha sido denunciado tanto por el propio González Amador como por el Colegio de Abogados de Madrid como un posible delito de revelación de secretos.

El documento ya obra en poder de todos los integrantes de la Junta de Fiscales que en los próximos días tendrá que resolver una de las derivadas del caso: la intención de una fiscal de poner en marcha diligencias y examinar las comunicaciones del fiscal general del Estado para investigar la filtración. Todo en contra del criterio exhibido por la misma Fiscalía en otro proceso sobre la misma filtración, criterio defendido por la teniente fiscal.

Un fraude de 350.000 euros con facturas falsas
Tal y como destapó en exclusiva elDiario.es el pasado mes de marzo, la Fiscalía llevó a los tribunales a Alberto González Amador, sus empresas y varias personas más por, supuestamente, urdir un entramado de facturas falsas para pagar de menos en el Impuesto de Sociedades en 2020 y 2021. Los años de la pandemia en los que la hoy pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hizo fortuna intermediando en la compraventa de mascarillas, tapabocas que las administraciones públicas buscaban con desesperación en el mercado persa internacional del material sanitario.

Los ingresos de González Amador, presentado ante la opinión pública por el entorno de Ayuso como un “técnico sanitario” cuando se supo que mantenía una relación, se dispararon con estas comisiones: dos millones de euros. A partir de ahí, según la Agencia Tributaria y la Fiscalía, la estrategia de González Amador fue buscar la manera de optimizar sus ganancias y pagar lo menos posible por el Impuesto de Sociedades a través de su empresa Maxwell Cremona. La solución fue presentar facturas falsas para hacer creer a Hacienda que su sociedad había incurrido en gastos millonarios y reducir la factura de ese tributo cuando, en realidad, esos gastos no habían existido.

Fueron 15 facturas por un valor de 1,7 millones de euros que, según la imputación que pesa sobre él, no se correspondían con ningún trabajo real. Según ha reconocido él mismo a través de su abogado, el resultado fue 155.000 euros pagados de menos en 2020 y 195.951,41 euros más en 2021, superando en ambos cursos el límite del delito fiscal.

La Agencia Tributaria empezó a sospechar cuando sus ingresos se multiplicaron pero sin que su factura del Impuesto de Sociedades lo hiciera de forma proporcional. Trasladó sus acusaciones a la Fiscalía, que terminó por denunciarle ante los tribunales y ha sido el juzgado de instrucción 19 de Madrid el que ha decidido imputar a González Amador y sus colaboradores, llamándole a declarar el próximo 20 de mayo.

Desde que elDiario.es destapara las irregularidades fiscales de González Amador, sus negocios y las incógnitas que rodean el piso en el que vive con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, la estrategia del gobierno regional ha pasado por atribuir todo a una persecución de Hacienda y de la Fiscalía mientras, en paralelo, el empresario reconocía los delitos y proponía un pacto a la Fiscalía mucho antes de lo que suele hacerse en estos casos, sin que ni siquiera hubiera sido denunciado. Además de la difusión de bulos y mentiras por parte de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso en la Comunidad de Madrid, sobre redactores de este periódico y amenazas a una de sus periodistas.

Un posible pacto como el que busca la pareja de Isabel Díaz Ayuso, habitual en los delitos de fraude fiscal, evitaría su entrada en prisión si cumple con todos los términos económicos del acuerdo, pero no evitaría ni la fase de instrucción ni la apertura de juicio oral. El propio fiscal del caso, en las comunicaciones previas a la apertura de la investigación judicial, comunicó al abogado de González Amador que la negativa de otros imputados a pactar no obstaculizaría un posible acuerdo con él para evitar la prisión a cambio de reconocer, en palabras de su letrado, que “ciertamente” cometió dos delitos fiscales.



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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7942 en: 23 de Abril de 2024, 19:38:09 pm »
La charca, la culpa es de la charca. . . que rápidamente se llena de ranas. . .

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7943 en: 27 de Abril de 2024, 18:11:39 pm »

Marlaska rechaza las 81 viviendas que Ayuso quería ceder para policías y guardias civiles porque Interior

“no tiene competencias” para gestionar alquileres de pisos
Ayuso quería así incentivar la llegada de agentes a la región, pero tras varios años de negociaciones no se ha logrado firmar ningún acuerdo. El Ministerio del Interior señala que no cuenta con “procedimientos para la gestión de viviendas en régimen de alquiler”
David Fernández
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David Fernández

26 Abr, 2024 11:00 p.m. EST

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Isabel Díaz Ayuso y Fernando Grande-Marlaska
Isabel Díaz Ayuso y Fernando Grande-Marlaska
Al final no ha habido acuerdo. En noviembre de 2019, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció una batería de medidas para “apoyar” a la Policía Nacional y a la Guardia Civil e incentivar que los agentes pidiesen el traslado a una región que generalmente no suele ser muy atractiva por los altos precios de la vivienda. De hecho, según el último catálogo de puestos de trabajo, el déficit en ambos cuerpos es destacable en Madrid. Debería haber 15.188 policías y solo hay 13.866. En cuanto a guardias, solo se han cubierto 7.064 de los 7.246 puestos previstos.

Estas iniciativas despertaron las críticas de parte de la oposición por discriminatorias y electoralistas, ya que aunque Ayuso había ganado los comicios autonómicos hace unos meses, buscaban ganarse a un colectivo que suma 21.000 miembros en toda la región, además de a sus familias. “El propósito es mejorar si cabe la seguridad en la Comunidad de Madrid y también reconocer la labor de los agentes a los que tanto debemos por poner en riesgo sus vidas”, afirmó Ayuso.

Te puede interesar: Ayuso reclama a Marlaska 13.200 facturas que suman 35 millones de euros por la atención sanitaria que Madrid presta a los presos

Una de esas medidas consistía en ceder 81 casas de la Agencia de Vivienda Social (AVS), dependiente del Ejecutivo autonómico, al ministerio del Interior. Un portavoz de la Consejería de Vivienda y Transportes señala a Infobae España que “se ofreció a la Policía Nacional 48 pisos de alquiler en el centro de Madrid, en el barrio de Lavapiés, y otros 33 inmuebles a la Guardia Civil en la localidad de Ciempozuelos, para hacer más atractivo su desplazamiento a la capital. Eran pisos de dos dormitorios con una superficie de entre 70 y 80 metros cuadrados”. El alquiler estaba en torno a los 280 euros al mes, muy económico, teniendo en cuenta que el alquiler en el distrito Centro está hoy a 23,3 euros el metro cuadrado y en Ciempozuelos, a 10 euros.

El convenio que debían firmar Ejecutivo autonómico y Ministerio del Interior se fue cociendo a fuego lento. La reunión definitiva se produjo en febrero de 2021. “Del contenido del acuerdo de colaboración propuesto por la Comunidad de Madrid se desprendían una serie de compromisos, exigiendo a la Dirección General de la Policía actuar como garante del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Agencia de Vivienda Social, lo que supondría asumir y gestionar competencias que no son propias de la Policía Nacional”, señala el ministerio en una reciente respuesta parlamentaria del mes de marzo. Interior rechazaba así la gestión de las primeras 48 viviendas.

Varios agentes de la Guardia Civil y de Policía Nacional junto a un autobús de la Benemérita (Gustavo Valiente - Europa Press)
Varios agentes de la Guardia Civil y de Policía Nacional junto a un autobús de la Benemérita (Gustavo Valiente - Europa Press)
¿Por qué? “Porque dicha actividad no está contemplada en la normativa interna de la Dirección General de la Policía, ni tampoco la Policía Nacional cuenta con órganos o procedimientos para la gestión de viviendas en régimen de alquiler”, señala Interior. “Todo lo anterior se expuso a los representantes de la Comunidad de Madrid, sin que se hayan recibido posteriores comunicaciones. Por ello, actualmente no hay ningún convenio en vigor, ni existe ninguna previsión al respecto”, insisten desde el Gobierno central. “Tanto la Delegación del Gobierno como el Ministerio del Interior rechazaron el convenio, alegando que no tenían departamentos que les permitiesen gestionar las viviendas recibidas”, explican por su parte desde la Comunidad. En el caso de las 33 viviendas destinadas a la Benemérita, “no consta que la Comunidad de Madrid haya remitido borrador alguno en relación a este asunto”, sentencian desde Interior.

“Falta de voluntad”
Desde el sindicato policial SUP veían muy positivamente la firma de este convenio, aunque 48 viviendas fueran solo un gesto, una cifra simbólica. “Falta voluntad política, porque si Interior no tiene competencias, seguramente otro ministerio sí las podría tener. Todo era cuestión de ponerse de acuerdo. Las trabas burocráticas no deben ser un obstáculo”. Desde el SUP recuerdan que Madrid no es un destino atractivo para los policías y hay mucha rotación. “En el último concurso de méritos, el de traslados, se han quedado vacantes más de 1.000 plazas en la región. Porque en Madrid hay mucha carga de trabajo y la vivienda está por las nubes”. Esta organización sindical recuerda que el complemento de capitalidad, cercano a los 200 euros, lleva muchos años congelados. “No hay incentivos para trabajar en Madrid”.

Te puede interesar: Ayuso compra viviendas a propietarios privados para ofrecerlas luego en alquiler asequible: paga de media 142.000 euros por piso

La Comunidad de Madrid también anunció en 2019 que iba a reservar para policías nacionales y guardias civiles un cupo de viviendas que está promoviendo dentro de su Plan VIVE, por el que el Gobierno regional cede el suelo y promotores privados construyen y alquilan luego a precios asequibles. Pero desde la consejería no han especificado qué porcentajes de inmuebles del VIVE se están reservando para los agentes. Ayuso también les prometió diseñar un baremo propio que les beneficiara a la hora de acceder a las ayudas al alquiler; “prioridad” a sus hijos en la obtención de becas comedor; ayudas sociales específicas para que atiendan a sus dependientes o mayores a cargo; y tarifas especiales en el transporte público. ¿La explicación? Que el coste de vida en la capital y la región es alto, por lo que había que facilitar el traslado de los agentes.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7944 en: 06 de Mayo de 2024, 08:06:08 am »

Siete familias de ancianos muertos en residencias de Madrid vuelven al juzgado que investiga los protocolos de Ayuso


El magistrado que analiza la muerte de ancianos en la residencia privada Amavir de Arganzuela y la pública Adolfo Suárez de San Blas llama a declarar a siete familiares de ancianos fallecidos después de tomar declaración, entre otros, al exconsejero Alberto Reyero y al ex alto cargo sanitario de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur
— 7.291, el número que persigue a Ayuso tras su pandemia de “cañas y libertad”





Plataformas de familiares de ancianos fallecidos en residencias se manifestándose en la puerta de los juzgados
Plataformas de familiares de ancianos fallecidos en residencias se manifestándose en la puerta de los juzgados Alberto Pozas
Alberto Pozas

5 de mayo de 2024 21:45h
Actualizado el 06/05/2024 05:30h
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Múltiples juzgados de instrucción de la Comunidad de Madrid investigan las muertes de miles de ancianos en residencias de toda la región durante lo peor de la pandemia de coronavirus. En los próximos días uno de ellos, que analiza el fallecimiento de varias personas en las residencias Amavir Arganzuela y Adolfo Suárez de la capital, tomará declaración a representantes de siete familias de ancianos fallecidos en ambos centros. Un juzgado en el que ya han declarado antiguos altos cargos de la Comunidad de Madrid así como personal sanitario y las directoras de ambas residencias.

Ayuso evita dar explicaciones sobre las muertes en las residencias en pandemia y vuelve a atacar a Catalunya por la sequía

Miles de ancianos fallecieron en las residencias públicas y privadas de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de coronavirus. Unos meses en los que el ejecutivo regional puso en marcha los protocolos de no derivación, bautizados por las familias afectadas como “protocolos de la vergüenza”: los criterios “de exclusión” para no trasladar a ancianos enfermos desde residencias no medicalizadas a hospitales.

El juzgado de instrucción número 4 de la Plaza de Castilla de Madrid es uno de los que investiga no solo la puesta en marcha de los protocolos sino su aplicación concreta en varias residencias de la capital. Una de ellas es la Adolfo Suárez, residencia pública en San Blas, y la otra es Amavir Arganzuela, centro privado con plazas concertadas. En la primera, los familiares denuncian que fallecieron hasta 85 personas.

Fuentes del caso explican a este periódico que el juzgado ha llamado a declarar a familiares de siete de las personas fallecidas para el próximo jueves. Desde hace más de un año, la Fiscalía ya pidió a sus delegados territoriales que obtuvieran “información de mayor calidad” sobre lo sucedido en las residencias durante la pandemia, apoyándose sobre todo en una diligencia que considera esencial: escuchar a los familiares de los fallecidos, considerados “víctimas indirectas” por el Ministerio Público.

Se trata de una causa que lleva abierta más de un año y en la que han declarado ya varias personas con cargos de responsabilidad tanto en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso como en las residencias. Testimonios que han girado en torno a la creación e implantación de los protocolos de no derivación como, también, en torno a su aplicación efectiva en estas dos residencias, una privada y otra pública.

Declararon, como en otras diligencias abiertas en juzgados de toda la región, Alberto Reyero y Carlos Mur. El primero fue Consejero de Políticas Sociales en el gobierno madrileño que el PP de Ayuso compartió con Ciudadanos. Responsable de las residencias en ese momento, Reyero ha sido muy explícito a la hora de criticar la puesta en marcha de los protocolos, tanto dentro como fuera del juzgado.

Tanto él como Mur, director general de coordinación sociosanitaria en la administración regional madrileña en 2020, han testificado en varios juzgados a lo largo del último año. Juzgados que investigan por lo penal si la implantación y aplicación de estos protocolos fue delictiva. Si Reyero ha repetido en varias ocasiones que advirtió a la Comunidad en contra de su puesta en marcha, Mur ha dado detalles sobre por qué se crearon: eran, según su versión, voluntarios y fueron redactados para que los sanitarios y responsables de las residencias tuvieran un criterio al que agarrarse en pleno escenario de guerra.

Una versión distinta a la que han dado, en esta y en otras causas, las personas que aplicaron de forma directa los protocolos en casos concretos: directoras de las residencias, geriatras de referencia y personal sanitario. Según han dicho en esta y en otras causas, los protocolos se aplicaron, y fueron recibidos como algo de obligado cumplimiento procedente de la autoridad sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Causas reabiertas contra la Comunidad
Durante el primer año de pandemia, la Fiscalía llegó a contabilizar más de un centenar de diligencias de investigación y causas penales en todo el país, con distintos juzgados de la Comunidad de Madrid acaparando la mayoría de ellas. Muchas de ellas acabaron en el archivo y otros pleitos, impulsados por la vía contencioso-administrativa, han rechazado reclamaciones de indemnización por parte de familiares. Pero en varios casos la Audiencia Provincial ha ordenado la reapertura de diligencias con el objetivo de analizar la actuación de la Comunidad de Madrid y sus dirigentes.

Es el caso de un juzgado de la localidad de Collado Villalba, que a instancias de este tribunal investiga las muertes de ancianos en una residencia de un municipio cercano del norte de Madrid. Una causa en la que también han testificado Reyero y Mur y en la que una sanitaria confirmó que los protocolos impidieron la hospitalización de un anciano que falleció en Torrelodones.

Más de 7.000 ancianos fallecieron en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. La Comisión Ciudadana por la Verdad, presidida por el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, emitió recientemente un informe en el que, según sus cálculos, más del 20% de los mayores que vivían en estos centros fallecieron por la mala atención y por no haber sido derivados a hospitales.


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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7945 en: 06 de Mayo de 2024, 13:47:51 pm »
Juez Pepero

El juez que investiga a Begoña Gómez archiva una denuncia que involucra a Ayuso y Almeida
Aparte de no practicar diligencia alguna, Juan Carlos Peinado no menciona ninguna norma legal que permita el archivo de la denuncia

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7946 en: 08 de Mayo de 2024, 21:29:47 pm »

Un doctor de atención primaria jubilado se niega a asistir a un homenaje organizado por la Comunidad de Madrid

El trabajador sanitario y exdelegado sindical de AMYTS, que se retiró en agosto de 2021, denuncia la precarización de los servicios públicos que ha sufrido durante sus 46 años de ejercicio profesional.

 
MADRID, 08/05/2024 14:43 PÚBLICO
"Estimada Rosario, he recibido una carta tuya invitándome a un homenaje por mi jubilación y la de otros compañeros, el 22 de mayo. Quiero que sepas que no pienso acudir". Con esta contundencia arranca la carta que ha escrito el médico jubilado Alfonso López García de Viedma a su gerente y que ha publicado este martes El País.

Son miles los profesionales del sector sanitario que llevan años protestando enérgicamente contra la creciente precarización que sufren los hospitales públicos en toda la Comunidad de Madrid bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, algo que se agravó durante la pandemia. García de Viedma en su misiva relata cómo, por esta situación de profundo desprecio institucional que vive la sanidad pública, se niega a estar presente durante la jornada de conmemoración a la labor de los sanitarios organizada por la CAM.


"La administración nos ha maltratado, incumpliendo acuerdos firmados en desconvocatoria de huelgas. Está desmantelando y abandonando la Atención Primaria, permitiendo que haya equipos con solo un 50% de la plantilla, que no haya médicos de tarde o en las urgencias extrahospitalarias", denuncia el doctor en Atención Primaria.

Ya en 2023, el exdelegado sindical de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) había participado en el encierro de los médicos de familia y pediatras de la Atención Primaria madrileña para exigir al Gobierno regional soluciones para evitar la "destrucción" de la sanidad pública.

Otro de los motivos que han impulsado al médico a rechazar acudir al evento conmemorativo ha sido, en palabras suyas, que "esta carta llega muy tarde". "Yo me jubilé en agosto de 2021 y lo que carece de justificación es que la Gerencia de Atención Primaria no tuviese el detalle de ponerse en contacto conmigo a lo largo de 2021, 2022 y 2023, felicitándome por mis 46 años en activo y agradeciendo mis servicios", ha recriminado García de Viedma.

El sanitario ha cargado duramente contra "la deshumanización tan brutal que existe en la Gerencia" de esta falta de valorización institucional hacia quienes se jugaron la salud en los peores momentos de la covid-19.

Falta de recursos en la sanidad pública madrileña
En este sentido, los datos corroboran esta falta de recursos en la sanidad pública madrileña. Según el último informe de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), tres de cada diez médicos en ejercicio (sin contar a los residentes) trabajan únicamente para aseguradoras debido a las deficientes condiciones laborales en las que trabajan los sanitarios de la pública.

Precisamente, este desamparo que sufren a diario los facultativos de la Atención Primaria en Madrid se ha manifestado, en su caso, a través de una despreocupación absoluta hacia su salud física y mental. En este sentido, critica que nunca le realizaron analíticas u otras pruebas para valorar su capacidad cognitiva.

"Nunca os habéis preocupado por si tenía alguna enfermedad contagiosa y más en mi caso que por mi especialidad como cirujano infantil desarrollé un programa de Cirugía Menor como creo no se ha hecho en ningún equipo de Atención Primaria en Madrid", añade el facultativo, que confiesa haber realizado cerca de 6.000 intervenciones quirúrgicas a lo largo de su carrera profesional.

Ante la preocupante situación que expone a lo largo de la carta, García de Viedma cierra la misiva apelando directamente a las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid y pregunta: ¿No os importa el sufrimiento de la gente? ¿Podéis dormir con la conciencia tranquila?


 
« Última modificación: 08 de Mayo de 2024, 22:08:50 pm por 47ronin »

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« Respuesta #7947 en: 09 de Mayo de 2024, 18:44:34 pm »

La Justicia vuelve a dar la razón a Ayuso con las residencias: dos nuevas resoluciones elevan hoy a 21 los archivos


La Audiencia Provincial de Madrid desestima en un contundente auto el recurso de familiares de uno de los fallecidos.
Isabel Díaz Ayuso este jueves en la Asamblea. | <span>Europa Press</span>
Isabel Díaz Ayuso este jueves en la Asamblea. | Europa Press
Olivia Moya Seguir a oliviamoya 2024-05-09
Un nuevo auto judicial vuelve a dar la razón al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre la gestión de las residencias de ancianos y "ya van 20 las denuncias archivadas", destacan fuentes próximas a la presidenta. En este caso se trata de la Audiencia Provincial de Madrid que desestima de manera contundente el recurso de apelación interpuesto por familiares de uno de los fallecidos en estos centros durante la pandemia, con la adhesión de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmanere), afín a Más Madrid.


La denuncia había sido interpuesta en un primer momento por la Fiscalía Provincial de Madrid contra la directora y médicos de la residencia Adolfo Suárez pero fue sobreseída provisionalmente al no quedar justificada la perpetración del delito de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. El recurrente vio falta de rigor y errores en la apreciación de la prueba y consideró que las diligencias no sólo debieron archivarse sino que se debería ampliarlas a los responsables políticos que elaboraron el protocolo de no derivación a los hospitales, algo que Isabel Díaz Ayuso siempre ha sostenido que se trató de un borrador que nunca llegó a aprobarse.

Pero la Audiencia, visto el informe del médico forense, no lo entiende así y señala que, "si bien es cierto que en los dos anteriores episodios de broncoaspiración se procedió al traslado del residente al hospital Ramón y Cajal con resultado satisfactorio, resulta claramente aventurado pensar que se hubiera salvado la vida del enfermo si se le hubiera trasladado, olvidando que en este caso, además de la broncoaspiración, el fallecido padecía de una infeccion por el virus Covid 19, de altísima mortalidad en enfermos con las patologías del fallecido, y los protocolos que en esos momentos recomendaban el tratamiento en la propia residencia".

Subraya el auto que "de haberse indicado la derivación e ingreso hospitalario es posible que el resultado hubiera sido el mismo a tenor de la alta tasa de mortalidad del Covid 19 en personas mayores con comorbilidades asociadas en las fechas que nos ocupan" y afirma que puede considerarse un "juicio temerario" considerar que "el traslado al hospital hubiera evitado el fallecimiento". "Tampoco existe el menor indicio de que de haberse llevado a cabo una interconsulta con el Hospital de referencia el resultado hubiera sido distinto", añade.

"El recurrente obvia que la pandemia afectó no (sólo) a la Comunidad de Madrid sino a gran parte del planeta, con consecuencias muy similares en numerosos países, en las que todos los responsables de los servicios sanitarios tuvieron que afrontar una crisis de una gravedad no conocida hasta el momento. Es posible que alguna decisión concreta pudiera haber constituido una emergencia penalmente relevante, pero en el caso de autos únicamente debemos decidir si alguna decisión de la responsable de la residencia y médicos denunciados en esta causa constituyó imprudencia penalmente relevante que causara eficazmente la muerte" de esta persona.

Por último, los magistrados apuntan que "no es cierto que no se le aplicara el mismo tratamiento que recibió en el hospital en episodios anteriores y que sólo conste en la historia clínica el tratamiento con morfina a partir del día 28 de marzo de 2020. Basta leer la descripción de la historia clínica para comprobar que de forma inmediata se contactó con el médico telefónicamente y se inició tratamiento según su indicación consistente en antibioterapia y concentrador de oxígeno a 2 litros por minuto, similar al que había recibido en las dos ocasiones anteriores en el hospital".

Por todo ello, la Audiencia Provincial considera que el sobreseimiento por el delito de homicidio es "procedente". También el de omisión de socorro pues "del informe de la médico forense no es posible extraer indicio alguno de que abandono de enfermo sin tratamiento ni seguimiento médico o sin intento alguno de salvarle la vida".

"Archivo firme"
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, tras la práctica de numerosas diligencias de investigación en sede de instrucción, y a instancias de la propia Fiscalía de Madrid, ha dictado un oficio de sobreseimiento definitivo de la denuncia formulada el 22 de marzo de 2020, ante la ausencia de indicios de delito, que permitan continuar con el procedimiento penal.

La causa partía de una denuncia interpuesta por varios familiares de un residente de la Residencia Monte Hermoso, del distrito de Latina. Y en el oficio dictado el pasado 29 de abril, y conocido este jueves, el Juzgado aclara a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid que el pasado 4 de abril de 2023 se dictó un auto "acordando el sobreseimiento provisional y el archivo el cual es firme".

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« Respuesta #7948 en: 10 de Mayo de 2024, 13:05:13 pm »
La justicia Pepera

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« Respuesta #7949 en: 11 de Mayo de 2024, 08:53:02 am »

La Junta Electoral ordena la retirada ya de la lona con el número de muertos que Ayuso no quiere que veas


 Más Madrid reprocha a la presidenta y al alcalde su "ofensiva censora" y les avisan de que "las 7.291 muertes sin asistencia hospitalaria" les perseguirán al ser "una decisión política"
 La Junta Electoral Provincial se alinea con el PP y ordena quitar las pancartas al estimar que sí "integran una actividad prohibida" porque "están dirigidas a persuadir al ciudadano"
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Noelia Acedo

10 de mayo de 2024 09:59h
Actualizado el 10/05/2024 16:35h
@noeliAcedo
"Es el resultado de la ofensiva censora de Ayuso y de Almeida [presidenta de la comunidad y alcalde de la capital madrileña]. Acatamos la orden". Así ha reaccionado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Manuela Bergerot, después de que la Junta Electoral Provincial de Madrid (JEC) se alineara con la Junta Electoral de Zona (JEZ) y con el PP y urgiera a la formación a retirar las dos lonas en las que se podía leer “7291. No. No se iban a morir igual. 1.500 días desde los protocolos de la vergüenza. 7291 personas fallecidas en residencias. 0 explicaciones”, en referencia al número de quienes perdieron la vida en la pandemia en centros de mayores de la comunidad. Para añadir luego: "Lo lleva claro Ayuso, si cree que va a poder silenciar a Más Madrid y a la sociedad civil madrileña".

Bergerot ha afeado a la presidenta de la región que no quiera que se "hable en sede parlamentaria de las residencias, ni del mejor cliente de su novio, el grupo Quirón, ni de Palestina", pero ha avisado de que seguirán haciéndolo. En un tono similar, Rita Maestre, portavoz del partido en el Ayuntamiento de la capital, ha reprochado a ambas instituciones y al PP el haber pretendido "ocultar" las pancartas y les ha advertido de que han conseguido "el efecto contrario", que "ese número, 7.291, les vaya a perseguir durante todos los años que sigan en política, que se amplifique más y más".

"Por mucho que intenten callarnos -ha proclamado Maestre-, que intenten censurar las palabras de la verdad, ésta se va abriendo camino. Cada vez más madrileños exigen verdad, justicia y reparación por las responsabilidades de esas 7.291 muertes sin asistencia hospitalaria, que se produjeron por una decisión política del PP de Madrid". Y ha concluido: "7.291 veces más, 7.291 lonas tendremos que poner, para que el mensaje no sea silenciado y los responsables de esas decisiones criminales acaben teniendo consecuencias".

Los carteles ya no se pueden ver en las dos localizaciones en las que se encontraban: la Avenida de la Albufera, Puente de Vallecas, y en la incorporación M-30 desde la prolongación de O´Donnell, en el Parque de la Elipa y Moratalaz. Para la JEC, su colocación “sí integra una actividad prohibida” en el artículo 53.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) al “estar dirigidas a persuadir al ciudadano para que no vote a un concreto partido político, siendo por ello que del mensaje contenido en las lonas se evidencia su clara ‘connotación electoralista’”. Así consta en el texto del acuerdo al que ha llegado el ente, fechado el 9 de mayo y al que ha tenido acceso este periódico, en el que hurga en el conflicto entre partidos, para acabar posicionándose con la Junta Electoral de Zona y los populares.

No es la libertad de expresión, según la JEC
Más Madrid ha defendido durante todo el proceso que las lonas constituían una manifestación del derecho a la libertad de expresión recogido en el artículo 20 de la Constitución española y por ello invocó en su recurso el primer párrafo del artículo 53 de la LOREG, que fija “una excepción a una prohibición distinta a la que se estima infringida” en este caso, según refleja la propia JEC. “Prohibición -se asevera en el acuerdo- que se establece en el párrafo segundo del reiterado artículo 53, que prohíbe desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campana la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales, o inserciones en prensa, radio y otros medios digitales, no pudiendo justificarse dichas actuaciones por el ejercicio de las actividades ordinarias de los partidos, coaliciones o federaciones reconocidas en el apartado anterior”.

Pero la Junta Electoral Provincial sostiene que “sobre la citada distinción y el ámbito de la prohibición prescrita en el artículo 53.2” de la mencionada ley “desligado de la referencia al artículo 20” de la Constitución “contenida en el artículo 53.1”, ya se han pronunciado en un acuerdo de abril de 2021. ¿En qué sentido? “Subrayando que en el supuesto del artículo 53.2 LOREG no está en juego la libertad de expresión, sino la prohibición de difundir propaganda electoral antes del comienzo de la campaña”. Esto es, juzga que Más Madrid no tiene razón. Y remarca luego: “La propaganda electoral que se realiza con la colocación de las aludidas lonas afecta a cualquier convocatoria electoral y, por lo tanto, a las elecciones al Parlamento europeo”, que se celebrarán el próximo 9 de junio. Entiende que no es “admisible” el “argumento que parece esgrimir el recurrente” en cuanto a que “sólo afectarían a unas elecciones municipales”.

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Tras lo expuesto, la Junta ha acordado desestimar el recurso articulado por Más Madrid, en su empeño en que no caiga en el olvido la memoria de todas las personas que murieron en las residencias por la ausencia de derivación hospitalaria.


Vista del edificio en el que antes estaba colocada una de las lonas de Más Madrid
Abanico de consecuencias
Lo marcado por las juntas electorales abarca no sólo la retirada de las pancartas, en las que no se hacía alusión directa a ningún partido ni responsable político, de los dos edificios que las soportan “de forma inmediata”. Instan igualmente a la supresión igual de urgente de “cualquier tuit o referencia a la imagen de dichas lonas, ya sea en formato papel, en publicaciones, folletos, etc… o que se encuentre alojada en cualquier red social controlada” por Más Madrid.

En julio de 2020, infoLibre tuvo acceso a los datos oficiales del propio Gobierno madrileño e indicaban que los residentes fallecidos en los geriátricos sin recibir atención hospitalaria en marzo y abril ascendieron a los ya conocidos 7.291. El exdirector de este periódico, Manuel Rico, fue, asimismo, quien destapó los ‘Protocolos de la Vergüenza’ y sus consecuencias para los ancianos y sus familiares que comparten un dolor latente.


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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7950 en: 13 de Mayo de 2024, 23:51:51 pm »
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MADRID
ALPEDRETE RECTIFICA
Mantendrá el nombre de Paco Rabal y Asunción Balaguer tras la bronca de Ayuso
LA LIGA
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20MINUTOS
NOTICIA
13.05.2024 - 21:37h
Alpedrete rectifica y mantendrá el nombre de Paco Rabal y Asunción Balaguer a una plaza y la casa de la cultura tras la bronca de Ayuso
La corporación municipal asegura que "entienden la cultura como base de la libertad y la pluralidad".
El Consistorio recalca "su respeto y cariño" a ambas figuras y que "no pretendían menoscabar".
La presidenta de la Comunidad de Madrid no ha dudado en decir que el gesto del Consistorio ha sido un "error".
Teresa Rabal recibe las placas con los nombres de sus padres retiradas del callejero de Alpedrete.Teresa Rabal recibe las placas con los nombres de sus padres retiradas del callejero de Alpedrete.Juan Lobato / Twitter

El equipo de Gobierno de Alpedrete, formado por PP y Vox, se ha reunido de urgencia este lunes por la tarde y ha decidido rectificar su decisión de retirar los nombres de Paco Rabal y Asunción Balaguer a una plaza y a la Casa de la Cultura del municipio. La decisión llega después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya afeado el gesto al alcalde de la localidad, Juan Rodríguez, y haya pedido una rectificación "ante tamaño error".


"Desde la corporación municipal habíamos recogido la voluntad de los vecinos de nombrar como Plaza de España a un espacio viario del municipio, así como Las Canteras a algún espacio municipal", ha apuntado el Ayuntamiento a 20minutos. "Desde el máximo respeto a dos figuras ilustres de nuestro municipio, se pensó en trasladar el nombre de Paco Rabal y Asunción Balaguer al Teatro Municipal. También se anunció la creación del Grupo de Teatro Asunción Balaguer para cumplir un compromiso abandonado por el anterior gobierno socialista", han agregado.




Además, el Consistorio hace hincapié en que "entienden la cultura como la base de la libertad y la pluralidad". Finalmente, la corporación asegura que es un Ayuntamiento "que escucha, que atiende a sus vecinos y que está al pie de la calle", por lo que reiteran su "respeto y cariño" a ambas figuras culturales y anuncian la restitución de las placas.



La polémica
La decisión del Ayuntamiento de Alpedrete, que se produjo el 25 de abril, había provocado gran polémica en el mundo de la cultura en los últimos días. Además, este sábado, vecinos y rostros conocidos del sector se manifestaron en la localidad madrileña para pedir al Consistorio mantener los nombres en el callejero municipal bajo el lema Este pueblo son Francisco y Asunción. Entre los participantes a la protesta se pudo ver a figuras como Jorge Sanz, Pepe Viyuela o el presidente de la Academia de Cine, Fernando Martínez-Leite.



Thank you for watching

La protesta fue convocada por Teresa Rabal, hija de los artistas, que hace unos días calificó la decisión de "ataque a la cultura". "Esto es una sinrazón. No solamente es un ataque a mis padres, que es una falta de respeto, sino que es un ataque a la cultura que no nos parece justo ni bien. Mis padres eran amigos de mucha gente de colores políticos diferentes", dijo en televisión.

Teresa Rabal habla con 'En boca de todos'.
Teresa Rabal, sobre el alcalde de Alpedrete: "Me engañó, cuando hablé con él ya había quitado las placas de mis padres"
Desde partidos como Más Madrid o PSOE-M, habían reclamado a la presidenta madrileña en la Asamblea regional que se obligara al Consistorio del municipio a dar un paso atrás.

Los nombres del cineasta Paco Rabal y de la actriz Asunción Balaguer se asignaron a la plaza y al centro cultural en 2001 y 2015, respectivamente.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7951 en: 14 de Mayo de 2024, 07:28:23 am »

El expediente del Ayuntamiento sobre el piso donde vive Ayuso prueba las obras ilegales de su pareja


Alberto González Amador multiplicó por diez el coste declarado de la obra después de que un funcionario del Ayuntamiento de Madrid rechazase su primera declaración responsable. La reforma llevó a cabo importantes demoliciones en el inmueble pese a los informes contrarios de los técnicos
Investigación — La pareja de Ayuso admite que la obra de la casa donde viven es ilegal y trata de regularizarla





AYUSO Reforma DeclaraciónResponsable
Diego Casado

Madrid —
14 de mayo de 2024 07:01h
Actualizado el 14/05/2024 07:09h
1

SEGUIR AL AUTOR/A
Alberto González Amador ejecutó importantes demoliciones sin permiso del Ayuntamiento de Madrid en el piso que comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Así lo refleja el expediente abierto por el consistorio de la capital sobre las actuaciones en este inmueble, al que ha tenido acceso este periódico y que se inició en agosto de 2022 a raíz de una declaración responsable presentada por la pareja de Ayuso para ejecutar unas obras de reforma en el piso que acababa de adquirir en el céntrico barrio de Chamberí.


El Ayuntamiento de Madrid, sobre las obras ilegales en el piso donde vive Ayuso: “Vamos a hacer la inspección”

González Amador tramitó las obras en el inmueble solo unas semanas después de su adquisición, que tuvo lugar en julio de 2022, después de su fraude a Hacienda. El 4 de agosto pidió permiso para iniciar obras, que fueron rechazadas al día siguiente por un funcionario municipal, y a mediados de octubre reconoció en otro escrito presentado ante el Ayuntamiento de Madrid haber ejecutado varias demoliciones de tabiques e instalaciones de lo que pretendía ser una reforma integral, según los datos del expediente a los que ha tenido acceso este periódico. Fue entonces cuando la pareja de Ayuso amplió el alcance de los trabajos y elevó su coste: de los 9.816,73 euros que declaró que iban a costar inicialmente a los 94.289,48 euros que acabó fijando como presupuesto, casi diez veces más. Los trabajos descritos incluían demoler tabiques, suelos, falsos techos, alicatados y todo el mobiliario de la cocina. También la renovación completa de la electricidad, la fontanería y el saneamiento de la propiedad.

Ninguno de los trabajos comunicados por González Amador contaba con la licencia pertinente del Ayuntamiento de Madrid, que analizó la documentación presentada inicialmente con una inusual celeridad: al día siguiente de presentarla, el viernes 5 de agosto de 2022. Con fecha de ese día, un informe del arquitecto técnico del distrito asegura que la declaración responsable para las obras presentada un día antes es “ineficaz” y no puede llevarse a cabo. En esta respuesta, adelantada por Somos Madrid, se informa que una declaración responsable no se puede ampliar -como acabó haciendo el afectado en octubre- y que los trabajos descritos necesitan de una licencia ordinaria. También añade ese informe que es obligatorio contemplar la recogida de los residuos procedentes de la demolición, que habían sido omitidos.

Pese a la contundente respuesta municipal, ningún técnico del Ayuntamiento de Madrid visitó el inmueble donde se habían producido las obras para comprobar in situ si la reforma estaba ejecutada y si se adecuó a los permisos. Sí que respondieron en otoño a la ampliación de obras pedida en octubre: los funcionarios de la Junta de Chamberí, entidad encargada de toda la tramitación, resolvieron el día 2 de noviembre de 2022 que volvía a haber “inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial” en la documentación presentada y reclamaban a Alberto González el cese inmediato de la actuación. Además le recordaban que, de haberse producido obras, era obligatorio revertirlas y devolver el inmueble a su situación anterior a ellas. El informe lo validaba la coordinadora general de Chamberí, María Cristina Goncer, a través de una resolución en la que decreta la ineficacia de la declaración responsable.

Sin notificaciones oficiales hasta diciembre
Ninguno de los informes y resoluciones hasta ahora citados en esta cronología fueron comunicados oficialmente por el Ayuntamiento de Madrid a Alberto González Amador. Si se hizo, no constan en el expediente ninguna prueba de ello. Por razones que se desconocen, la primera notificación oficial del proceso llega el 14 de diciembre de 2022, cuando la coordinadora de Chamberí volvió a emitir una nueva resolución, idéntica a la anterior, en la que anulaba la declaración responsable. El representante de González Amador abrió esta comunicación el 22 de diciembre.

Para esa fecha, ya se habían producido varias actuaciones sin respaldo municipal: las demoliciones declaradas en octubre y también (en agosto) la inundación con aguas fecales de un restaurante, a consecuencia de la reforma del piso donde vive Ayuso, según informó El País. Además se había producido la solicitud de ocupación de vía pública por parte de una empresa de cristalería, que preveía subir con una grúa todo el material para la reforma del piso el 20 de diciembre, que luego retrasaba al 27 de ese mismo mes.

El 23 de diciembre un decreto del propio concejal de distrito, Javier Ramírez, prohibió esta última ocupación en vía pública, que incluía aparcar sobre cinco estacionamientos un camión de 26 toneladas para hacer la descarga. La notificación esta vez sí que fue comunicada de forma inmediata por la Junta de Chamberí y leída por el interesado esa misma jornada, justo antes de las fiestas de Navidad.

Pese a las notificaciones que llegaron casi a finales del año, las obras siguieron adelante según un informe pericial citado por El País, que constata que continuaron hasta al menos el 29 de diciembre de 2022 y ocasionaron una nueva inundación en el restaurante al que ya habían vertido aguas cuatro meses antes.


Extracto de la denegación del Ayuntamiento de Madrid a la declaración responsable de Alberto Somos Madrid
El piso comprado por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que constituye su actual residencia, está tasado para subasta en 837.893,61 euros, si bien el precio de mercado en la exclusiva zona donde está situado es mayor. La valoración que el portal Idealista hace de las viviendas en ese mismo edificio llega hasta 1.194.000 euros. Sobre el inmueble, como informó elDiario.es, pesa una hipoteca por un valor muy inferior, de 500.000 euros, que está a nombre del empresario. La vivienda, construida en el año 1970, se compone de vestíbulo, distribuidor, despacho, cocina, aseo y dormitorio de servicio, cuarto de aseo, cuarto de baño principal, dormitorio principal, tres dormitorios y un pequeño vestíbulo de servicio. También dispone de garaje.

Desde que elDiario.es desveló el fraude fiscal confeso de su pareja, la presidenta madrileña se ha negado a responder cómo se había financiado ese inmueble, uno de los dos que disfruta la pareja en el mismo edificio.

González Amador adquirió el primero de los pisos que comparte con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en julio del año 2022. En julio de 2023, justo un año después, la sociedad Babia Capital compró el ático situado justo encima del inmueble. El administrador de esta empresa es Javier Luis Gómez Fidalgo, abogado de González Amador. Ayuso y su pareja disfrutan también de esta segunda propiedad, según ha podido saber elDiario.es. La mudanza de ambos a este edificio se anunció a los medios de comunicación en otoño de 2023. Ayuso llegó a declarar a distintos medios que estaba planificando la compra de la vivienda por los altos precios del alquiler en la capital.

Dos relevos municipales y una promesa de inspección
La presentación de una declaración responsable como la que hizo ante el Ayuntamiento Alberto González Amador es algo habitual a la hora de iniciar actividades económicas u obras en Madrid. Se trata de una figura legal por la que la persona que la presenta asegura contar con todos los permisos para ejercer la actividad. La entidad responsable de la supervisión –en este caso la Junta de Chamberí– ha de revisar con posterioridad los documentos y, en el caso de que sean correctos, otorga su visto bueno a la operación. O niega la actuación, como ha ocurrido en este caso.

Las dos resoluciones negando las obras fueron firmadas por la citada María Cristina Goncer, entonces coordinadora general de Chamberí. Como contó este medio, fue cesada en su puesto después de la reelección de Almeida como alcalde. Como el concejal de Chamberí del momento en el que se tramitó la denegación de la obra, Javier Ramírez, ha acabado lejos de este distrito. Actualmente es  subdirectora de la Oficina del Nuevo Plan General Ordenación Urbana Madrid. El Ayuntamiento de Madrid asegura que el cese fue voluntario porque la coordinadora “quiso volver a su plaza”. Fuentes internas del PP consultadas por este periódico aseguran que la salida de Ramírez de las listas –fue hundido al puesto 33– se debió a una “represalia” por haber puesto reparos a las obras en el piso en el que actualmente reside la presidenta de Madrid.

El equipo del alcalde Almeida mantiene un cerrojazo informativo sobre el expediente abierto por las obras ilegales de Alberto González Amador. El delegado de Urbanismo, Borja Carabante aseguró que no iba a ofrecer “datos particulares” sobre este caso. “Estaríamos vulnerando el principio de protección”, dijo, aunque también aseguró que “los servicios técnicos municipales harán el mismo trámite con la pareja de Ayuso que con cualquier otra persona”, algo que también defendió el actual concejal de Chamberí, Jaime González-Taboada, en uno de los últimos plenos del distrito: “Vamos a hacer la inspección”, aseguró en respuesta a preguntas de PSOE y Más Madrid.

La fecha en la que los funcionarios municipales visitarán el piso es todavía una incógnita. El consistorio indica que está en la lista de actuaciones desde que Más Madrid denunciara la ilegalidad de las obras, el pasado 20 de marzo. Tampoco consta que se haya iniciado ningún proceso sancionador, pese a que la infracción urbanística está documentada.

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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
 

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7952 en: 14 de Mayo de 2024, 10:15:49 am »
Almeida lo arreglará todo, aquí no hay dónde rascar.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7953 en: 14 de Mayo de 2024, 12:30:13 pm »
No se creen por encima de la Ley. Lo están

Política
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Adrián Prado

Radio Madrid
14/05/2024 - 05:00 UTC
El punto de partida es el registro de una solicitud de declaración responsable que Alberto González presenta el 4 de agosto de 2022 para unas obras de “acondicionamiento puntual de vivienda”. Los trabajos consisten en la demolición de tabiques, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, alicatados y sanitarios de los baños, mobiliario de cocina y falsos techos. El presupuesto asciende a 9.816, 73 euros y se especifica que son “obras para cambios de distribución y acabados, sin afectar a la estructura, sin afectar a la vía pública, ni generar escombros”.En esa misma solicitud Alberto González reconoce que “el estado reformado no cumple con las características de la vivienda mínima según las normas urbanísticas” pero se compromete a ampliar las características de las obras “para que se ajusten a la citada normativa mediante una ampliación de la Declaración Responsable antes del comienzo de las mismas”.


Sólo un día después de esa solicitud, el 5 de agosto de 2022, tanto el arquitecto técnico del distrito como el jefe del servicio urbanístico elaboran un informe declarando la ineficacia de la Declaración Responsable. Dejan claro que las obras no se pueden realizar porque la solicitud no cuenta con la documentación necesaria, especialmente en lo que tiene que ver con los residuos de construcción. Sin embargo, no consta que esa resolución de los técnicos se notificara ni a Alberto González, ni a su representante.


A pesar del rechazo de los técnicos a que las obras se puedan realizar, esos trabajos se ejecutan. Lo reconoce el propio Alberto González en un escrito remitido por su representante al distrito, el 14 de octubre de 2022. Se aporta documentación adicional respecto a las demoliciones y se actualiza el presupuesto de las obras.Se pasa de los 9.816,73 euros iniciales a 94.289,48 euros. Se fija el plazo de ejecución en 6 meses y se señala que la demolición de la tabiquería e instalaciones ya se ha hecho.

Un nuevo informe de los técnicos de la junta, éste del 2 de noviembre de 2022, vuelve a declarar la ineficacia de la Declaración Responsable y ordena la paralización y el cese inmediato de las obras, y en su caso, la obligación de restituir los trabajos realizados. El motivo vuelve a ser “la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial” de la documentación aportada.


Llega el mes de noviembre de 2022 yel día 2, la Coordinadora del distrito emite una resolución declarando la ineficacia de la Declaración Responsable, aunque no consta que se comunique al interesado. Esa resolución se repite el 13 de diciembre, aunque la pareja de la presidenta Ayuso no accede a la misma hasta el día 22.

Además del expediente sobre la Declaración Responsable Residencial se abre otro relativo a la autorización para la ocupación de la vía pública para ejecución de parte de las obras, en concreto, para la subida de material a través de una grúa. Es la empresa Iberlum Aluminio SL quien hace la solicitud el 23 de noviembre de 2022. Se solicita la ocupación temporal de la vía pública por un camión de 26 toneladas y 3 ejes en 5 plazas de aparcamiento S.E.R para subir material ante la imposibilidad de hacerlo por las escaleras de la finca.Desde la junta de distrito se elaboran dos requerimientos pidiendo que se identifique la licencia de obra, orden de ejecución o declaración responsable que ampare estas obras y se aporte la documentación correspondiente. Nuevamente no consta notificación de estos requerimientos.

Posteriormente, tras un nuevo informe de los servicios técnicos del distrito en el que se recuerda que la declaración responsable es ineficaz y una propuesta de resolución de Secretaría del distrito, denegando la solicitud de ocupación de la vía, el concejal presidente firma un decreto el 23 de diciembre de 2022 denegando a Iberlum Aluminios el permiso.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7954 en: 16 de Mayo de 2024, 11:38:18 am »
La votan los pobres, trabaja para los ricos.

Las verdaderas cuentas de la política fiscal de Ayuso: el 4,5% de los contribuyentes madrileños se lleva el 73% de las rebajas de impuestos
Entre 2024 y 2023 los madrileños se han ahorrado 74.883 millones de euros, pero la mayoría de estas rebajas han ido a dos impuestos: Sucesiones y Donaciones, y Patrimonio, que en 2023 llegó a 148.000 contribuyentes de un total de 3,5 millones

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7955 en: 16 de Mayo de 2024, 11:42:49 am »
Almeida lo arreglará todo, aquí no hay dónde rascar.

El Ayuntamiento de Madrid amputa el expediente abierto por las obras ilegales en el piso donde vive Ayuso
El PSOE denuncia este jueves que el consistorio ha “mutilado” el documento, cubriendo de negro planos, cifras y textos en la documentación que les ha entregado

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7957 en: 16 de Mayo de 2024, 17:30:31 pm »

Grúa de 26 toneladas y demoliciones: así fueron las obras ilegales del piso del novio de Ayuso


Quedan al descubierto nuevos datos sobre el operativo que se desarrolló en el inmueble de Alberto González Amador al margen de la ley ante la pasividad del Consistorio
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RUBÉN ROZAS
14/05/2024 - 11:05
Actualizado: 14/05/2024 - 12:52
   
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Salen a la luz nuevos datos sobre las obras ilegales que se acometieron en el piso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ante la inacción del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. En concreto, tienen que ver con la subida de material a través de una grúa de 26 toneladas y varias demoliciones, según apuntala la Cadena Ser.


La solicitud para el desarrollo de los trabajos le corresponde a la empresa Iberlum Aluminio SL y data del 23 de noviembre de 2022. En la misma, se requiere la ocupación temporal de la vía pública por el mencionado vehículo y 3 ejes en 5 plazas de aparcamiento regulados para ascender material de la reforma ante la imposibilidad de hacerlo por las escaleras del edificio.

En el mismo orden de cosas, la junta de distrito también prepara dos nuevos requerimientos para solicitar la identificación de la licencia de obra, orden y ejecución o declaración responsable que justifique los trabajos y disponga de la documentación necesaria. Otra vez, desde Cibeles no se dio parte al interesado de las peticiones. No obstante, después de un nuevo informe de los servicios técnicos en el que se ahonda en la ineficiencia de la declaración responsable de Gonzáles y la propuesta de resolución de Secretaría del distrito que deniega la solicitud para ocupar la vía, el concejal puso su firma en un decreto fechado a 23 de diciembre de 2022, rechazando así el permiso a Iberlum Aluminios.


Las obras ilegales en el piso de González Amador
La solicitud de las obras ilegales de las que se hizo eco ElPlural.com por parte de González Amador data de agosto de 2022, cuando el novio de Ayuso registró una solicitud de declaración responsable para acometer unas obras de “acondicionamiento puntual de vivienda”. Dichas reformas, que tendrían consecuencia en inmuebles de alrededor, se basaban en la demolición de tabiques, instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, alicatados, sanitarios, mobiliario de cocina y falsos techos.

El presupuesto del operativo fue de 9.186,73 euros y estaba destinado, marca el concepto, a “obras para cambios de distribución y acabado” que, en un principio, se iba a acometer “sin afectar a la estructura, a la vía pública, ni generar escombros”. Ahora, el compañero sentimental de Ayuso reconoce deficiencias en el “estado reformado” en su declaración responsable y se compromete a adecuarlas con arreglo a las “normas urbanísticas”, previo comienzo de las mismas a través de una ampliación de la pertinente declaración.

Estos nuevos datos se conocen después de la declaración responsable de la pareja de la presidenta que responderían a posteriori tanto el arquitecto técnico del distrito como el jefe del servicio urbanístico. En el informe hacen constar deficiencias en la declaración responsable y queda patente que las obras no se pueden llevar a cabo dado que la solicitud del novio de Ayuso no dispone de la documentación pertinente. Según la Cadena Ser, el Ayuntamiento -a quien competía comunicar la resolución a González o sus representantes- no hizo nada al respecto y no avisó a los principales responsables.

Con ello, los trabajos en la infraestructura terminaron por llevarse a cabo -así lo reconoce la propia pareja de la presidenta en un escrito remitido a fecha 14 de octubre-. El presupuesto pasaría de 9.816,73 a los 94.289,48 euros. Asimismo, en el escrito se fija el plazo de ejecución de los trabajos por medio año y se indica que los trabajos de demolición de tabiques e instalaciones ya se han acometido.

Ya en un nuevo informe emitido por los técnicos de la junta de distrito fechado a 2 de noviembre de 2022 vuelva a quedar clara la ineficiencia de la declaración de González, que vuelve a estar plagado de “inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial”. Como resultado, se ordena el cese inmediato de las reformas y la obligación de restituir los trabajos ya finalizados. Tan solo 20 días más tarde, la Coordinadora del distrito emite una resolución incidiendo en la ineficiencia de la solicitud, sin que figure, eso sí, una comunicación al interesado. El dictamen se emite nuevamente el 13 de diciembre, aunque el novio de Ayuso no puede acceder a él hasta el día 22 de ese mes.


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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7958 en: 16 de Mayo de 2024, 19:03:32 pm »
Sino le pasó nada con el asunto de Aval Madrid, con un alzamiento de bienes de manual, de ahí en adelante. . . todo el monte es orégano. . .

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #7959 en: 17 de Mayo de 2024, 14:26:57 pm »


El juez abre diligencias previas contra la fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos del novio de Ayuso


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado citar a las partes personadas como acusación particular y popular a partir del próximo 24 de mayo, a las 12:00 horas, para ratificar las querellas
Ramiro Fdez Chillón
Ramiro Fdez-Chillón
María Jamardo
María Jamardo
Madrid 16/05/2024 Actualizada 14:15

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El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena, encargado de la querella presentada por el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la Fiscalía, ha acordado abrir diligencias previas contra María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid; y, Julián Salto Torres, fiscal de la Sección de Delitos Económicos del mismo organismo, por un presunto delito de revelación de secretos.

En el auto dictado por el instructor, al que ha tenido acceso El Debate en primicia, se ha acordado citar a todas las partes personadas en la causa penal, incluidas las acusaciones particular y popular, a partir del próximo 24 de mayo a las 12:00 horas, con el objetivo de que se ratifiquen en las querellas presentadas para esclarecer lo ocurrido con la nota de prensa que divulgó, públicamente, datos confidenciales del empresario madrileño.
DOBLE VARAPALO JUDICIAL AL GOBIERNO

El TSJM admite la querella del novio de Ayuso contra los fiscales de Madrid por la filtración de sus datos
María Jamardo

Además, el magistrado Goyena ha pedido a la Fiscalía Provincial de Madrid que «identifique quién o quienes fueron la personas físicas concretas» que participaron en la redacción de la nota; que, en un plazo máximo de 15 días, «indique quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión» de hacerlo publico; así, como el «máximo responsable (en rango) de la Carrera Fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado» en su versión definitiva. Esto es, con el «contenido finalmente remitido» a los medios de comunicación que se hicieron eco del mismo por la oficina de prensa del Departamento que dirige la fiscal Rodríguez.
Una cuestión, esta última que podría complicar, y mucho, al titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, quien hasta la fecha había tratado de esquivar el avance de las pesquisas judiciales llegando a asumir, incluso, su «reponsabilidad» institucional «última» en la polémica filtración.
Copia de todos los mails confidenciales
Además, el magistrado Goyena ha pedido a la Fiscalía Provincial que le remita «relación y copia del soporte original de todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal (emails recibidos y enviados) con el abogado de D. Alberto González Amador, con ocasión de la defensa del mismo antes y después de hacerse público» el comunicado.
Igualmente, el juez quiere que el Departamento de la fiscal formalmente investigada, Pilar Rodríguez, confirme «a qué personas y miembros del Ministerio Fiscal» se ha dado acceso «o han dispuesto de copia del soporte» de dichas comunicaciones confidenciales, antes y después de la divulgación de la nota.
Asimismo, el juez Goyena ha pedido que se le detalle qué previsiones legales se han adoptado por parte de la Fiscalía, dirigidas a sus miembros y a la «plantilla de funcionarios con el fin de impedir que queden a la vista, a disposición o sean entregados a personal no autorizado documentos y soportes qué contengan datos personales» de un particular. Un aspecto, en el que se requiere, «en su caso de la intervención del Delegado de Protección de Datos» del Ministerio Fiscal.
El magistrado instructor entiende, en el auto, que debieron desarrollarse «actuaciones», por parte del Ministerio Fiscal «como Responsable del Tratamiento de los datos personales de D. Alberto González Amador como consecuencia de la violación de seguridad consistente en la distribución pública» de los soportes físicos y telemáticos que contenían el detalle de su expediente tributario.
JUSTICIA

La fiscal superior de Madrid se negó a firmar la nota con la que García Ortiz autorizó revelar datos del novio de Ayuso
María Jamardo

No en vano, en la nota remitida por la oficina de prensa de la Fiscalía Provincial, a la que se negó, con caracter previo, la fiscal Jefe Superior de Madrid, Almudena Lastra, aparecían capturas «de los emails contenedores de las comunicaciones mantenidas entre el abogado» del novio de Díaz Ayuso y el fiscal Salto, también investigado; referencias explícitas a «la denuncia del Ministerio Fiscal»; datos archivados en el «CD adjunto a la denuncia, contenedor de todas las actuaciones tributarias» que pesaban sobre González Amador, antes de que saltase el escándalo.
Que los medios y periodistas «cesen»
Por todo ello, el juez Goyena quiere aclarar si «en cumplimiento de la obligación contenida en el art. 33 del Reglamento (UE) 2016/679, 30 de la Directiva (UE) 2016/680 y 38 de la LO 7/2021« el Ministerio Fiscal, como Responsable del tratamiento de dichas informaciones», ha comunicado «a la Autoridad de control de datos», y al propio empresario afectado, «la anterior violación de seguridad y, en caso afirmativo, remita copia de dicha comunicación».
También ha preguntado el juez a la Fiscalía Provincial si, en algún momento, desde la filtración «se ha dirigido a los medios de comunicación y periodistas que han procedido a la publicación de los anteriores datos personales procedentes de la violación de seguridad padecida por el Ministerio Fiscal como responsable del tratamiento, para que cesen en el tratamiento no permitido de dichos datos personales».
Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitió a trámite tanto la querella presentada por la pareja de la presidenta madrileña como la exposición razonada elevada por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 18 de Madrid, correspondiente a la denuncia presentada por los mismos hechos por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
Y ello, en contra del criterio de la número dos de la Carrera Fiscal, Ángeles Sánchez Conde, que provocó un cisma con la fiscal María de la O Silva, inicialmente encargada del caso -y, ya apartada del mismo- atendiendo a la interpretación de más de quince fiscales y dos magistrados que consideraron, en todo momento, que el comunicado emitido por la Fiscalía Provincial de Madrid, sobre la investigación tributaria al novio de Díaz Ayuso, contiene «indicios delictivos» suficientes para abrir una investigación exahustiva.