La Fiscalía de Madrid explica que 500 personas tenían acceso a la causa contra la pareja de Ayuso
Un informe del teniente fiscal del Ministerio Público reconoce que no puede especificar “el número concreto” de personas que accedieron a las actuaciones pero explica que fueron subidas a determinados buzones al que tenían acceso cientos de trabajadores, así como que un correo al que no llegó la confesión de Alberto González era accesible a seis personas
— La Guardia Civil deduce que la Fiscalía filtró los correos de la pareja de Ayuso e insiste en investigar al fiscal general
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, en una imagen de archivo.
La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, en una imagen de archivo. Diego Radamés - Europa Press - Archivo
Alberto Pozas
5 de diciembre de 2024 14:40 h
Actualizado el 05/12/2024 16:22 h
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La Fiscalía de Madrid ha comunicado al Tribunal Supremo que la documentación sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, estuvo en determinados buzones y carpetas del Ministerio Público al que tenían acceso casi 500 personas. El teniente fiscal reconoce que no puede especificar “el número concreto” de personas que accedieron al expediente, y explica también que uno de los emails de la Fiscalía, aunque no al que su abogado pudo enviar la confesión en febrero era accesible a la fiscal jefe provincial, el teniente fiscal y hasta cuatro funcionarias del departamento.
El juez del Supremo llama como testigo a Miguel Ángel Rodríguez en la causa contra el fiscal general
Un escrito del teniente fiscal José Luis García-Juanes explica, a petición de la Abogacía del Estado, que se desconoce qué personas concretas accedieron a las actuaciones que se desarrollaban contra él por un fraude fiscal de más de 350.000 euros. Una de las cosas que ha pedido investigar la defensa de Alberto González Amador: de dónde salió la información que publicó elDiario.es en primicia sobre la denuncia que la Fiscalía había presentado contra él en marzo. La Guardia Civil dedujo que el origen era la propia Fiscalía.
Según los datos recabados por el Ministerio Público y remitidos al Supremo, la Fiscalía abrió un expediente gubernativo y comprobó que esas diligencias preprocesales contra Alberto González fueron cargadas en una carpeta a la que tenían acceso 12 fiscales y cuatro funcionarios. Más adelante, añade que cuando fueron escaneadas, por su “excesivo volumen”, fueron subidas a una carpeta compartida de la Fiscalía de Madrid “a la que tenían acceso 499 personas entre fiscales y funcionarios”. También en una tercera carpeta a la que tienen acceso “alrededor de 30 personas”.
Sobre la dirección de correo a la que el abogado de Alberto González Amador envió su confesión en febrero, el teniente fiscal se ciñe al email “jefatura.fiscalia@madrid.org”, que no es a la que su letrado envío esa confesión en febrero. En cuanto a esa dirección, explica que tienen acceso tanto la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, como también el teniente fiscal que suscribe el informe y otras cuatro funcionarias más del Ministerio Público.
Se trata de un documento aportado a la causa, remitido por el teniente fiscal del Ministerio Público en Madrid a petición de la Abogacía del Estado, que en este proceso representa tanto al fiscal general como a la fiscal provincial de Madrid, ambos imputados. El juez indaga en si más gente tuvo acceso a esos correos antes de que llegaran a manos del fiscal general en la noche del 13 de marzo. Esta afirmación de la Fiscalía revela que, para entonces y desde hacía un mes, más trabajadores de la Fiscalía habían tenido acceso.
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El Supremo avala la apertura de la causa
En paralelo, el juez Hurtado ha decidido enviar a los juzgados de Madrid las quejas del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid sobre que el informe de la Guardia Civil en torno a sus mensajes se filtró a la prensa cuando el magistrado lo había prohibido expresamente. El instructor de la causa contra Álvaro García Ortiz por la filtración de los correos de Alberto González Amador deja en manos del decanato de la capital estas acusaciones de los dos imputados aunque rechaza hacer precisiones a la Unidad Central Operativa para que no analicen los mensajes privados del fiscal general: “No cabe formular reproche alguno al trabajo realizado por una unidad tan especializada y reconocida como es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil”.
La Guardia Civil deduce que la Fiscalía filtró los correos de la pareja de Ayuso e insiste en investigar al fiscal general
En otro auto, la Sala de lo Penal rechaza el recurso que Pilar Rodríguez, la fiscal provincial, presentó contra la apertura de las diligencias en el Supremo. Los jueces recuerdan a Rodríguez que la Sala se limitó a certificar que el fiscal general está aforado y que también debía asumirse la causa contra ella.
