Autor Tema: La señora Presidenta de la CAM  (Leído 548091 veces)

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8200 en: 08 de Enero de 2025, 15:35:14 pm »
El fiscal general se desprendió de su móvil cuando ya era la prueba clave en su operación para "ganar el relato" a Ayuso

https://www.elmundo.es/espana/2025/01/03/6778326bfc6c832c698b456f.html

Desprenderse de un móvil, existiendo un protocolo, no demuestra absolutamente nada....Al jgual que pedir el tráfico de llamadas.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8201 en: 08 de Enero de 2025, 15:39:45 pm »


Miguel Ángel Rodríguez reconoce en el Supremo que filtró uno de los correos del fiscal del caso de la pareja de Ayuso


El jefe de gabinete de la presidenta madrileña afirma tras su testifical ante el juez que difundió a varios periodistas un email del abogado de Alberto González Amador y asegura que Pedro Sánchez y el fiscal general deben ser juzgados
— El juez del Supremo pide el tráfico de llamadas del fiscal general y pregunta si se pueden recuperar los mensajes que borró

Alberto Pozas / Elena Herrera

8 de enero de 2025 11:31 h
Actualizado el 08/01/2025 13:50 h
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Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo que filtró a varios medios de comunicación el contenido de un correo confidencial cruzado entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el fiscal que le investigaba por fraude fiscal, Julián Salto. No obstante, ha negado haber difundido el email concreto que investiga el alto tribunal y ha asegurado que desconocía su contenido.

El PSOE denuncia a Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos personales de dos periodistas que investigaban el caso de la pareja Ayuso

“Ese es el texto que yo difundo [correspondiente a un correo del 12 de marzo de 2024] y había un email anterior [del 2 de febrero, en el que González Amador reconocía el fraude y ofrecía el pacto] que yo desconocía y que el señor Salto tampoco cita”, se ha justificado a la salida, tras declarar durante casi una hora ante el juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Posteriormente, fuentes jurídicas presentes en la declaración han asegurado que Rodríguez también ha reconocido ante el juez Ángel Hurtado que tuvo ese correo porque se lo facilitó el abogado de González Amador. A las puertas del tribunal, el jefe de gabinete ha cambiado su versión y ha afirmado que fue el empresario el que le hizo llegar ese correo en la mañana del 12 de marzo, poco después de que elDiario.es destapase el caso.

Rodríguez fue llamado a declarar después de que la Fiscalía explicara al juez que él fue el primero en difundir comunicaciones confidenciales entre el letrado del empresario y el fiscal Salto en la noche del 13 de marzo. El jefe de gabinete de Ayuso difundió a varios periodistas un mensaje en el que copiaba el texto íntegro de un correo enviado por el fiscal. No obstante, según la versión de Rodríguez, no se lo facilitó a varios periodistas hasta que fue publicado por el diario El Mundo, a quien ha negado habérselo filtrado.

Además, ese correo enviado a los medios de comunicación estaba manipulado para dar a entender que la Fiscalía había ofrecido un pacto al empresario y no al revés, como había sucedido en realidad. El mensaje difundido se encabezaba así: “Mirad la realidad del email que recibe el abogado del señor González”.

A continuación, reproducía el email que el fiscal del caso remitió el 12 de marzo de 2024 a la defensa de González Amador. Y, finalmente, trataba de hacer ver que fue el fiscal el que propuso un acuerdo de conformidad a la defensa del comisionista, pero que lo retiró por “órdenes de arriba”. “Todo sucio”, acababa su mensaje. Una hora después de testificar, Rodríguez ha regresado al Supremo para entregar un “pantallazo” de ese mensaje para poder cotejar la hora a la que lo remitió y su contenido.

Comunicado de la Fiscalía
Las primeras publicaciones que se hicieron eco de esa información falsa fueron las que llevaron a la Fiscalía a recopilar toda la información del caso para emitir un comunicado a la mañana siguiente. Esa mañana, varios medios de comunicación publicaron el texto íntegro del primer email de esa cadena: el correo en el que el abogado de González Amador confesaba haber defraudado 350.000 euros y se ofrecía a aceptar una condena simbólica de cárcel y pagar una multa a cambio de no pisar la prisión. Tal y como ha reconocido esta mañana a las puertas del Supremo, Rodríguez difundió ese segundo correo sin explicar —ha afirmado que lo desconocía— que el abogado del empresario había ofrecido el pacto un mes antes.

El Supremo investiga si el fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, filtraron a la prensa este intercambio de correos. La causa inicialmente analizaba si un comunicado de la Fiscalía sobre el caso incurrió en revelación de secretos pero el alto tribunal desechó esa posibilidad, apuntando en otra dirección: descubrir si el fiscal general está detrás de la filtración de esa cadena de mensajes. Respecto al comunicado, el Supremo determinó que no se reveló ningún secreto porque varios medios ya habían publicado su contenido.

Con la declaración de Rodríguez, la intención del fiscal general es que el juez, en la práctica, lleve la investigación hasta el entorno de González Amador y de Díaz Ayuso porque esas primeras informaciones, además de ser anteriores a su intervención, citaban fuentes cercanas a la defensa del empresario, no de la Fiscalía o de la Agencia Tributaria. Y descubrir si el primero en revelar esas negociaciones entre el acusado y la Fiscalía fue el círculo más cercano del comisionista, aunque fuera para dar una visión sesgada de las conversaciones y decantar a su favor la balanza de la opinión pública.

El jefe de gabinete de la presidenta madrileña ha llegado al Supremo 20 minutos antes de su declaración. “La verdad siempre pa'lante”, ha afirmado a preguntas de los periodistas, tras rechazar la idea de poder ser imputado en esta causa. “No hay datos para eso”, ha afirmado después de explicar que este miércoles estaba obligado a decir la verdad.

Tras su declaración, Rodríguez ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el fiscal general. “Creo que el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado, creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar para que a nadie nunca más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español. Y, con ser esto relevante, creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea, en su familia, en su partido y en su Gobierno, que es el señor Sánchez”, ha afirmado.

El juez del Supremo pide el tráfico de llamadas del fiscal general y pregunta si se pueden recuperar los mensajes que borró

Rodríguez, mano derecha de Díaz Ayuso, ha asumido públicamente la defensa de González Amador desde que elDiario.es publicara en exclusiva que había sido denunciado por la Fiscalía por tres delitos distintos. Desde amenazar con “triturar” al periódico hasta difundir falsamente que periodistas habían intentado asaltar encapuchados el domicilio donde Ayuso vive con su pareja. En paralelo, ha dedicado sus esfuerzos a difundir teorías falsas sobre el caso, como que en realidad es Hacienda la que debe dinero al empresario o que todo responde a una trama gubernamental contra él.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8202 en: 09 de Enero de 2025, 10:34:44 am »
El fiscal general se desprendió de su móvil cuando ya era la prueba clave en su operación para "ganar el relato" a Ayuso

https://www.elmundo.es/espana/2025/01/03/6778326bfc6c832c698b456f.html

Desprenderse de un móvil, existiendo un protocolo, no demuestra absolutamente nada....Al jgual que pedir el tráfico de llamadas.


¿Y quién ha dicho que demuestre algo?

¿Ha usted le parece normal que el FGE haga eso en la situación en la que está?

Le puede su ceguera ideológica señor Ronin..., como salta..., parece que cobra usted del PSOE  :carcaj

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8203 en: 10 de Enero de 2025, 09:12:42 am »
La jueza que investiga a Nacho Cano imputa al dueño del hostal y al director de la escuela de los 'becarios' de Malinche

Entiende que han participado "activamente en la falsedad referente a la simulación de una relación de formación y no una relación laboral".
Julio César Ruiz Aguilar
Publicada
9 enero 2025
15:28h
Actualizada
9 enero 2025
20:07h
 
La jueza que investiga a Nacho Cano ha suspendido la declaración de dos testigos en el caso de los becarios de 'Malinche' porque ha entendido que han participado "activamente en la falsedad referente a la simulación de una relación de formación y no una relación laboral".

Así lo ha explicado el abogado de la acusación, Alfredo Arrién, que ha detallado que los testigos no han llegado a declarar y se les tomará nuevamente declaración, si bien como investigados. Este jueves ha sido el turno para la becaria a favor de Nacho Cano, quien ha declarado en torno a las 10.00 horas en los Juzgados de Plaza Castilla.

Posteriormente, ha sido el turno del administrador del hotel en el que se alojaron los becarios del musical Malinche, David Hatchwell, y del consejero y administrador de la escuela Jana Producciones. También estaban citados como testigos el representante legal de la Fundación Arte Que Alimenta y la representante de la Fundación Casa de México en España, aunque no han acudido ante la jueza.


La Policía declara que los becarios de Nacho Cano estaban "explotados": "Las jornadas eran interminables"

Arrién ha señalado que el administrador del hotel es productor ejecutivo del musical y también accionista de la sociedad de Malinche. "No se puede, es imposible. Se tenía que suspender", ha indicado el letrado. Asimismo, se ha descubierto que la escuela Jana Producciones es la empresa con la que se "intentaba simular" la relación de formación y no la relación laboral, tal y como ha indicado Alfredo Arrién.

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Por su parte, el equipo de abogados que defiende a Nacho Cano denuncia, en un comunicado remitido a EL ESPAÑOL, que se está intentando extender "injustificadamente" el procedimiento y apuntan que la jueza ha seguido la "petición" del Ministerio Fiscal al cambiar "sorpresivamente" la posición de los dos testigos. También consideran que todo estaba "previsto", con el objetivo de "extender más este procedimiento y hacer aún más daño reputacional tanto a Jana como a Malinche".

Nacho Cano durante su llegada a la rueda de prensa convocada tras ser detenido el pasado mes de julio.
Nacho Cano durante su llegada a la rueda de prensa convocada tras ser detenido el pasado mes de julio. Europa Press.

Investigación previa
El pasado mes de septiembre, EL ESPAÑOL adelantó que se estaba investigando el hostal donde se alojaron los supuestos becarios de Nacho Cano. "Se emitieron reservas de un mes aun sabiendo que estarían allí durante casi un año, con el fin de 'engañar' a las autoridades migratorias", sostuvieron fuentes judiciales en aquel entonces.

El alojamiento, Cats Residence, ubicado en el centro de Madrid y propiedad del productor ejecutivo del musical de Malinche, habría sido utilizado por la dirección del mismo musical para realizar reservas "genuinas" con la intención de que los mexicanos pudieran simular ser turistas en el control fronterizo, según las mismas investigaciones.


Nacho Cano llevó al hostal del productor de Malinche a sus 'becarios' para poder simular que eran turistas
Los investigadores aseguraron a este medio el pasado mes de septiembre que la simulación de las reservas en el hostal pone de manifiesto una posible "estrategia" previa por parte de la organización de Malinche para engañar a la Policía Nacional en Migraciones y ocultar que los jóvenes llegaban "con fines laborales o educativos todavía no autorizados".

En junio, la juez instructor ordenó, además, al grupo de investigación de la Policía Nacional a llevar a cabo gestiones en el hostal, donde consiguieron un listado titulado "Becado México Malinche", contando con un total de 20 personas registradas desde el mes de diciembre.

"Estrategia de fango"
El productor ejecutivo de Malinche y administrador del hotel en el que se alojaron los becarios, Hatchwell, apunta ahora al Gobierno, al que califica de "corrupto", por el cambio procesal que vivido este jueves. "Es una verdadera vergüenza ver que una vez más este gobierno corrupto y su entorno utilice la estrategia del fango para generar dudas sobre un caso meridianamente claro", ha denunciado.

"El fiscal archivó el caso días antes de la irrupción de los policías de la comisaría de Leganitos en nuestra escuela de musicales. La inspección laboral ha dictaminado claramente, a pesar de toda la presión en su contra, que los becarios eran efectivamente eso, estudiantes y no trabajadores", ha argumentado.

En cuanto a la acusación de fomento a la inmigración, Hatchwell ha precisado que "no hay delito de ningún tipo", ya que se ha gestionado por profesionales que han seguido el mismo criterio que el 90 por ciento de las solicitudes de visados estudiantiles que indica la normativa europea aplicable desde el 2018.


"La fiscal, CCOO y la jueza demuestran querer mantener este caso vivo durante más tiempo para intentar sembrar dudas y atacar a personas de intachable reputación que se dedican a generar empleo y vivir de su esfuerzo", ha zanjado.


Además, ha reiterado que para estas entidades el "crimen" que ha cometido el personal de 'Malinche' "es la disidencia, la rebeldía frente a su abuso y no obedecer al pensamiento único". "Quieren usar las herramientas del Estado para atacar a los empresarios que no sean de su cuerda. Acudiremos a todas las instancias judiciales necesarias, nacionales o internacionales, hasta que haya justicia", ha advertido.



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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8204 en: 12 de Enero de 2025, 08:02:32 am »
109 familias plantan cara al Gobierno de Ayuso y logran reabrir el caso de las muertes en residencias de mayores


Después de que la mayoría de querellas haya caído en saco roto, una demanda colectiva contra altos cargos de la Comunidad de Madrid por discriminación ha logrado que se inicie una investigación en la Fiscalía. Yedra ya ha sido llamada este jueves a declarar por la muerte de su tía: “Nadie merece ese fin”


Raquel Ejerique

11 de enero de 2025 21:03 h Actualizado el 12/01/2025 05:30 h 46
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El 8 de marzo de 2020, cuando España despertó de golpe a la monstruosidad de la pandemia, la Comunidad de Madrid ordenó confinar a los 44.000 mayores que vivían en residencias públicas, privadas y concertadas. Además, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ordenó no trasladar al hospital a quienes fueran dependientes o tuvieran enfermedades cognitivas en protocolos que fueron enviados desde la Consejería de Sanidad a los altos mandos sanitarios, los llamados “protocolos de la vergüenza”.

La Fiscalía llama a declarar a decenas de familiares de víctimas de las residencias de Madrid durante la pandemia
Se les atendería dentro porque se iban a medicalizar los centros de mayores, como anunció la presidenta en una entrevista en Telecinco y prometió un anuncio oficial de la Comunidad de Madrid. En la práctica ocurrió lo contrario: los mayores quedaron encerrados, con escaso material de protección, con plantillas esquilmadas y sin poder ver a sus familias. La alta concentración de personas infectadas sin medidas mínimas de aislamiento o higiénicas hizo el resto. El resultado: 9.469 residentes fallecidos en los primeros 60 días de pandemia. 7.291 de ellos murieron sin haber sido derivados a hospitales porque no cumplían los requisitos que instauró el Gobierno de Ayuso.


Desde ese momento, centenares de familias han interpuesto querellas por homicidio imprudente, prevaricación o negación del deber de socorro en juzgados de instrucción de Madrid. Algunas causas siguen vivas y a la espera, mientras otras han sido elevadas al Tribunal Constitucional. Pero la gran mayoría han sido archivadas con el plácet de la Fiscalía. El motivo más habitual para cerrar los casos ha sido que no se puede establecer la causalidad entre lo que hizo la administración y la muerte del residente. ¿Se iban a morir igual, como espetó la presidenta de Madrid en la Asamblea? Seguramente no, o no todos, desde luego, pero la justicia no ha encontrado argumentos jurídicos para dar esa respuesta, o para dilucidar cuántos se hubieran salvado si la administración hubiera actuado de otra manera. Según un informe pormenorizado, aunque no oficial, se podrían haber salvado miles.


Un militar de la UME desinfecta las ventanas de una residencia. / David Zorrakino / Europa Press
“Como vimos que este era el principal obstáculo para que se hiciera justicia, buscamos asesoría para poder encontrar un delito en el que no se tuviera que demostrar la causalidad”, cuenta Carmen López, presidenta de la plataforma Marea de Residencias. Y encontraron un tipo penal que encajaba en parte de lo que sucedió en aquellos dos terribles meses. Se trata del “delito continuado de denegación de una prestación por motivos discriminatorios, castigado en el artículo 511 del Código Penal”, como explica la denuncia, presentada en octubre. Tiene asociadas penas de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses e inhabilitación para quienes nieguen un servicio público por motivos, entre otros, “de la enfermedad que padezca o su discapacidad”.

La denuncia va contra altos cargos del Gobierno de Ayuso responsables de la gestión sanitaria, el asesor externo contratado por Ayuso, Antonio Burgueño (autor del malogrado plan contra la pandemia), y los geriatras de enlace de los hospitales, que son quienes aplicaban los protocolos y permitían o no el traslado del mayor.


A partir de ese momento, desde Marea escribieron a su base de datos de familiares y les ofrecieron formar parte de una denuncia colectiva, tanto en el caso en que el residente hubiera fallecido como si no había fallecido. Tendrían que acreditar que se le había discriminado por el mero hecho de tener su domicilio en una residencia de mayores o por tener alguna limitación cognitiva o física. Lograron, junto a la plataforma Verdad y Justicia 7291, que se unieran 109 familias que buscan reparación por la muerte o desatención de 115 mayores. Algunos de ellos no tenían siquiera ninguna enfermedad previa y aun así tampoco fueron derivados a hospitales. Mientras, los mayores que vivían en sus casas, tuvieran o no dependencia o enfermedades, sí pudieron acudir a hospitales en lo peor de la pandemia, así como los que tenían un seguro de salud privado.

La extensa denuncia recoge todos esos casos con detalle, que pintan un escenario desolador y similar en las 72 residencias que se citan: el personal estaba desbordado, muchos de baja, no había a veces ni mascarillas, no había médico por la noche, los mayores empeoraban de manera fulminante, los familiares recibían poca información o era inexistente, se les daba paracetamol o antibióticos, se frenaron las derivaciones al hospital si el paciente no cumplía unos requisitos...

Tampoco se les dio otras alternativas para su tratamiento, como derivarles al macroproyecto de hospital de Ifema, a los hoteles medicalizados ni se les permitió acudir a centros de salud. Tampoco se les enviaron médicos o sanitarios más allá de un centenar para una población de 44.000 personas. Todo ello pese a que la primera epidemióloga que visitó una residencia en pandemia alertó de lo que se venía encima y propuso varias medidas para evitar la muerte sin asistencia de miles de mayores.


Una cuidadora da de comer a una persona anciana en una residencia. EFE
La doble vara de medir para quienes vivían en residencias durante la pandemia queda clara, por ejemplo, en uno de los testimonios recogidos en la denuncia: “X murió el 3 de abril. Padecía una infección respiratoria y, días antes de la pandemia, fue derivado al Hospital del Sureste, se recuperó y regresó a la residencia. Ya en marzo, con los mismos síntomas, le negaron la derivación. El médico de la residencia comunicó a la familia por vía telefónica en varias ocasiones que a su juicio requería atención hospitalaria pero que el departamento de Geriatría le decía que no era candidato a cama, ni UCI, ni respirador”. Lo mismo para otro residente: “El día 14 comunican a la familia que presentaba una infección de orina. El día 15 indican que ha empeorado, tiene fiebre, tos, mocos y la saturación en 88%. El día 23 indican que hizo una desaturación de 82 y como pudieron la remontaron. El día 24 señalan que ha hecho otra desaturación muy importante y que iban a llamar al hospital y pedir ambulancia. El hospital rechaza el ingreso. Muere al día siguiente”.

La Fiscalía de Madrid recibió la denuncia en octubre, incoó el expediente el 6 de noviembre y repartió los casos, según confirman fuentes del propio departamento, que destacan que además hubo una reunión previa con los familiares. Esta semana han llamado a declarar a algunos, que han acudido como testigos para aportar información o documentación sobre lo que le sucedió a sus seres queridos. “Los delitos prescribirán en marzo de este año”, apunta el magistrado José Antonio Martín Pallín, impulsor de la Comisión Ciudadana por la Verdad. “Ahora habrá que ver si el hecho de que la investigación haya comenzado paraliza esos plazos”.

“A mi tía no la llevaron al hospital”
Una de las personas que ha ido este jueves a declarar como testigo es Yedra, una funcionaria que perdió a su tía en la residencia Los Nogales, en el barrio de Pacífico de la capital. “Cuando llegué a declarar, me dijeron que contara qué había vivido y cómo lo había vivido”. Y se parece a un horror: “Mi tía tenía 90 años, pero estaba perfecta de salud, solo tenía una cojera porque había sufrido la polio de joven. Yo iba a verla todas las semanas y jugábamos al parchís”.

Al principio le dijeron que estaba bien, que tenía unas décimas, que había perdido el apetito, “pero cuando hablaba con ella por teléfono la veía abatida, ella que era una mujer tan alegre, que cuando iba a verla antes de la pandemia me recibía saliendo con los brazos abiertos”. En la última videollamada “tenía una mascarilla por debajo de la barbilla. Le dije '¡aguanta, tía, que tenemos que jugar al parchís!', pero la vi muy mal”, relata con la voz quebrada. No podría aguantar, porque además en la residencia no había medios para los casos graves. “A los dos días me dijeron que se había muerto y cuando pregunté indignada por qué no la habían llevado al hospital me dijeron que porque tenían un papel de la Comunidad de Madrid que así lo indicaba. Un papel, lo recuerdo perfectamente, y así se lo dije el jueves a la Fiscalía”.

Isabel declaró este viernes por la muerte de su madre, que tenía alzhéimer, en la Gran Residencia, en Madrid. “Al menos nos están oyendo”, cuenta con alivio. Le ha contado a la fiscal que aquellos días le decían que su madre estaba bien, pero no podía hablar con ella. Finalmente, en su familia encontraron una solución: “Como mi hija es auxiliar de enfermería, pidió trabajo allí y se incorporó el día 6 de abril a la residencia”. Gracias a eso, la madre de Isabel pudo morir acompañada por alguien de su familia: su nieta, a la que avisaron las compañeras de que subiera a verla porque estaba en los últimos minutos de vid. “Yo, dentro de todo, he tenido suerte, porque mi madre murió con alguien de su familia”.


Ayuso, a su llegada al consejo de Gobierno celebrado en Leganés, donde había una protesta por los 7.291 mayores fallecidos EFE
Cuando acaben las declaraciones y la Fiscalía valore lo sucedido se sabrá si el caso se pasa a un juzgado de instrucción si se han visto indicios de delito o si se cierra la investigación, mientras las heridas de miles de familias siguen abiertas. La comisión de investigación en la Asamblea de Madrid se clausuró gracias a la mayoría absoluta del PP, no ha habido ningún acto de desagravio, explicación, reunión y ninguna institución ha pedido perdón por el abandono que sufrieron 44.000 mayores en residencias sin medicalizar pese a lo prometido.

7.291, el número que persigue a Ayuso tras su pandemia de “cañas y libertad”

7.291, el número que persigue a Ayuso tras su pandemia de "cañas y libertad"
“Nadie se merece ese fin inhumano, esa discriminación, y lo que me duele en el alma es que a mucha gente de Madrid esto le resulta ajeno, le da igual”, lamenta Yedra. Ella, como las otras 108 familias, lo tiene claro, tienen que seguir hasta el final: “Aunque estén muertos necesitan que se haga justicia”.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8206 en: 13 de Enero de 2025, 18:29:07 pm »
Yo creo que Nacho Cano, dentro de su estrategia de defensa, está cayendo en la paranoia conspirativa. . .

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8207 en: 13 de Enero de 2025, 22:19:56 pm »
Es idiota

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8208 en: 16 de Enero de 2025, 07:42:04 am »
500.000 euros por una empresa vacía: la Fiscalía ve “corrupción en los negocios” entre la pareja de Ayuso y su jefe en Quirón


Los pagos de González Amador a empresas del ejecutivo de Quirón Fernando Camino suman al menos 525.836,92 euros: medio millón tras el pelotazo de las mascarillas y 26.000 euros en “asesoramiento” o propaganda



Antonio M. Vélez / Pedro Águeda

15 de enero de 2025 22:34 h Actualizado el 16/01/2025 05:30 h 42
La Fiscalía ha movido ficha y pide investigar posible “corrupción en los negocios” entre Alberto González Amador y Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ante “lo que parece ser una comisión encubierta de medio millón de euros” de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid al directivo del gigante sanitario por una empresa sin apenas actividad que le compró a finales de 2020.

La pareja de Ayuso pactó pagar miles de euros a dos empresas creadas por su jefe en Quirón tras crear su consultora

La pareja de Ayuso pactó pagar miles de euros a dos empresas creadas por su jefe en Quirón tras crear su consultora
A esa cifra se suman al menos 26.000 euros que González Amador pagó previamente a dos empresas de Camino por “asesoramiento” o propaganda, según la documentación remitida al juzgado. En total, al menos 525.836,92 euros en 2019 y 2020.


El Ministerio Público apoya la decisión de la jueza de ampliar la causa contra la pareja de Ayuso para indagar en la posible existencia de esa presunta corrupción en los negocios, que está castigada con penas de hasta cuatro años de prisión. La decisión limita la posibilidad de que González Amador vaya a pactar una condena en conformidad por los delitos fiscales y de falsedad documental que reconoció antes de estallar el escándalo. 

El fiscal Diego Lucas no descarta la posible existencia de una organización criminal en la trama de fraude fiscal del empresario. La Fiscalía apunta la posible existencia de “sobornos” y señala que Quirón “sus razones tendrá” para “confirmar todo lo que diga el investigado González Amador”, en referencia a las respuestas que dio el gigante sanitario durante la inspección fiscal que derivó en la denuncia contra la pareja de Ayuso por sus delitos fiscales.

Para la Fiscalía es “muy llamativa la falta de explicación alguna” sobre la compra de la mercantil Círculo Belleza SL, “una empresa que carecía de valor” (no facturaba ni 30.000 euros y no tenía empleados ni activos), y que estaba, como desveló elDiario.es, a nombre de la esposa de Camino, la farmacéutica de León Gloria Carrasco.


Una compra “sin valor” tras cobrar dos millones
González Amador compró esa empresa vacía por 499.836,92 euros el 4 de diciembre de 2020. Acababa de embolsarse dos millones en comisiones por intermediar en lo peor de la pandemia en una operación de venta de mascarillas para Mape, de la que ya era entonces consejero Fernando Camino, el directivo de Quirón con el que la pareja de Ayuso llevaba años tratando. Esta empresa gallega luego vendió parte de ese material sanitario a la Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo, entre otros clientes.

Y gracias a ese pelotazo, la consultora de González Amador, Maxwell Cremona, pasó de facturar poco más de 350.000 euros en certificados de calidad a 2,3 millones en 2020. Pese a ello declaró un pírrico beneficio de 8.425 euros que hizo saltar todas las alarmas en Hacienda.

La pareja de Ayuso sí dio algunas explicaciones a la Agencia Tributaria sobre las razones de la compra de Círculo Belleza, cuyo elevado importe, llamó la atención a la Inspección.

Durante la investigación de Hacienda donde se concluyó que defraudó 350.951 euros al fisco con una trama de facturas falsas y empresas pantalla, González Amador aseguró que esa compra era “una apuesta”; que la empresa “hacía de enlace con las farmacias para implantar el Covid Seguro”; y que tenía un contrato con Mape, la firma de Pontevedra que propició su comisión.

“Se pagó este importe por los acuerdos que tenía Círculo Belleza SL con estas empresas, dado que en ese momento resultaban muy atractivos”, aseguró en noviembre de 2022 el comisionista a preguntas de la inspección.

Semanas antes, González Amador había explicado que “la responsable de la empresa [Socia y Administradora] es una farmacéutica que conoce muy bien el sector de la farmacia hospitalaria, receta electrónica privada y distribución farmacéutica”.

Aseguró que Gloria Carrasco, la esposa de su mentor en Quirón Prevención, les había asesorado sobre “errores de medicación” y “fallos recurrentes en el sistema de suministro farmacéutico en hospitales” y “en el mercado de la distribución sanitaria, ya que Maxwell Cremona tiene clientes como MAPE o Quirón a los que les ha servido de mucha ayuda”. El presidente de Mape, Gumersindo Cachafeiro, ha negado tajantemente tener o haber “tenido ninguna relación con el novio de Ayuso”.

Un portátil y aparatos de depilación
Círculo Belleza SL, como su propio nombre indica, se dedicaba a los tratamientos de estética. Se creó en noviembre de 2008 en una farmacia de Gloria Carrasco en Pola de Gordón (León). Ella tenía inicialmente un 60% de las acciones. Su marido, Fernando Camino, y su hermano, el también farmacéutico Antonio Carrasco, se repartían el 40% restante. Luego ella se convirtió en única accionista.

La empresa nunca tuvo una actividad relevante. Y cuando la compró González Amador, sus activos se limitaban a “un ordenador portátil sin valor (amortizado en 2013) y tres aparatos de depilación y remodelación corporal, amortizados en 2011, 2013 y 2019”, recuerda la Fiscalía en su escrito.

Tras pagar medio millón por ella, González Amador la rebautizó como Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering SL. Y, según la Agencia Tributaria, cuando en 2021 multiplicó sus ingresos de Quirón, el empresario utilizó su nueva adquisición como “mera sociedad interpuesta” para “trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención SL”.

Lo hizo “simulando” que prestaba unos servicios para los que esa empresa no tenía medios, con el objetivo de apuntarse gastos ficticios y rebajar artificialmente la factura fiscal del empresario, que multiplicó por cuatro sus ingresos del gigante sanitario tras iniciar su relación con la presidenta madrileña.

Fernando Camino, el marido de la farmacéutica que le vendió esa empresa sin infraestructura ni negocio a González Amador, es clave en el ascenso profesional de la pareja de Ayuso, que cuando trascendió su relación con la presidenta fue presentado como mero “técnico sanitario”. El empresario, al que Miguel Ángel Rodríguez define ahora como un “brillante” ejecutivo, venía realizando trabajos de consultoría para Camino desde que este era directivo de Fraterprevención, una mutua adquirida por Quirón en 2015. Dos años antes, en 2013, Camino constituyó en el paraíso fiscal de Panamá una sociedad que la pareja de Ayuso administró durante todo su fraude a a Hacienda y que fue liquidada en 2022.

A la extraña compra de Círculo Belleza se sumaron pagos previos por los citados 26.000 euros a Círculo Belleza y a otra empresa de Camino, Inversiones Random SL, a cambio de recibir asesoramiento o ponerle publicidad a un velero. No es descartable que la cifra sea superior, porque González Amador aportó a la Inspección un contrato con Inversiones de Random de 2017, nada más echar a andar Maxwell Cremona.

El supuesto “asesoramiento” de Círculo Belleza SL a González Amador quedó plasmado en un contrato firmado el 1 de enero de 2019. Mientras realizaba auditorías de los hospitales de Quirón, Maxwell Cremona acordó recibir asesoría de la empresa creada por el directivo de Quirón sobre “investigaciones y análisis de evolución de mercados”; planes de formación, “sistemas de gestión empresarial, incluyendo la planificación a corto y largo plazo, planes estratégicos y programas de acción táctica” o “la toma de decisiones de naturaleza gerencial y estratégica”.

Y a esos pagos de más de 525.000 euros se suman, como desveló elDiario.es, los 6.500 euros que González Amador abonó por el renting de un BMW a nombre de la esposa de Fernando Camino durante todo el ejercicio 2021, último investigado por Hacienda. La explicación que ha dado Camino, a través de Quirón, es que “solo es la referencia de la factura del antiguo usuario”, ya que el contrato original era de Círculo Belleza SL. En esas doce facturas de 2021 figura el nombre de Gloria Carrasco.

La Fiscalía ha apoyado la decisión de la jueza de ampliar la investigación sobre González Amador tras la petición del PSOE y Más Madrid de examinar sus vínculos con Camino, cuya relación se extiende al ático de lujo que disfrutan la presidenta madrileña y su pareja. Ambos viven en un piso en Chamberí que el empresario compró tras el pelotazo de las mascarillas. Y disfrutan de un ático en la planta superior que compró al contado en julio de 2023 una empresa, Babia Capital SL, tras recibir un préstamo de 955.000 euros de un tercero no identificado, tal y como adelantó elDiario.es.

La persona que figura como propietario de Babia es Jorge Carlos Pablos Alonso, empresario hostelero de León, la ciudad en la que residen Camino y Carrasco. Y el administrador de Babia es Javier Luis Gómez Fidalgo, el fiscalista que representó a González Amador desde el arranque de la investigación de la Agencia Tributaria. Este abogado, muy conocido en León, donde está su despacho, tiene también como cliente a Camino. En Ponferrada está la contable de Maxwell Cremona, Blanca López.

Ni Isabel Díaz Ayuso ni nadie de la Comunidad de Madrid ha respondido nunca a la pregunta sobre quién paga y por qué el segundo piso, un ático ubicado encima de la vivienda que compró González Amador, en uno de los barrios más caros de la capital.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8209 en: 16 de Enero de 2025, 17:01:21 pm »
Ayuso, como otras tantas ranas de la charca de la Espe. . . está rodeada de corrupción, es más, su casa es fruto de la corrupción, su hermano, lo de Aval Madrid, todo lo que la rodea es corrupción, pero nada más que eso se puede esperar de un PP que, en Madrid, llegó al poder con el Tamayazo y, a partir de ahí, todo han sido ranas. . .

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8210 en: 16 de Enero de 2025, 17:45:53 pm »
Bueno para corrupción la del entorno de Sánchez.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8211 en: 16 de Enero de 2025, 18:53:07 pm »
Pues después de diez meses son mover una coma ya era hora.



La jueza cita a la pareja de Ayuso a declarar como investigado el próximo 7 de febrero

La magistrada cita junto a González Amador a los otros investigados en la trama de fraude fiscal y falsificación de documentos

Pedro Águeda

16 de enero de 2025 16:14 h
Actualizado el 16/01/2025 16:30 h
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La jueza que investiga a Alberto González Amador por dos presuntos fraudes fiscales y falsificación de documentos ha citado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso a declarar como investigado el próximo 7 de febrero. Ese mismo día, a las 10 de la mañana, también serán citados el resto de investigados en los que se apoyó para cometer presuntamente los delitos de los que se le acusa.


La declaración prevista para el 29 de noviembre pasado fue suspendida a petición de la defensa de Alberto González Amador. La defensa del empresario reaccionó así a la decisión de la jueza del caso de abrir una pieza separada para investigar dos nuevos delitos, corrupción en los negocios y administración desleal.

En esa comparecencia estaba previsto alcanzar un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía que incluyese una multa de medio millón de euros y ocho meses de cárcel por dos delitos de fraude fiscal en concurso medial con uno de falsificación de documentos.


La acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, recurrieron la deicisión de la jueza y la Fiscalía se adhirió a dicho recurso el pasado día 10, solicitando la declaración cuanto antes de González Amador. En marzo se cumplirán los doce meses de instrucción, momento en el que vence el plazo de la misma, recuerda la jueza. En ese plazo debería alcanzarse cualquier acuerdo de conformidad.

La Fiscalía pide investigar el posible “soborno” de la pareja de Ayuso a un directivo de Quirón

Fuentes fiscales aseguran que la apertura de una pieza separada para investigar nuevos delitos de González Amador no es obstáculo para alcanzar un acuerdo en la pieza principal que le suponga el pago de la multa y no entrar en prisión por lo reducido de la pena de cárcel. Dependerá de si la defensa del defraudador confeso está dispuesta a alcanzar un pacto con una investigación pendiente. Su recurso contra esa pieza separada debe ser resuelto aún por la Audiencia Provincial, sin que haya fecha aún para la deliberación del tribunal.


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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8212 en: 17 de Enero de 2025, 17:23:02 pm »
Cuándo te protegen tanto fiscalía cómo judicatura, pueden robar con total tranquilidad.

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8213 en: 19 de Enero de 2025, 18:28:27 pm »


El Gobierno de Ayuso asigna más de 300.000 euros de ayudas para conciliación a los Legionarios de Cristo


La Fundación Altius recibió 383.896,64 euros, según el desglose de la resolución de la convocatoria de 2024.

El Plan Corresponsables es una iniciativa aprobada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero para facilitar la conciliación y sensibilizar en el reparto de las tareas de cuidados.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece una rueda de prensa durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid, a 20 de diciembre de 2024, en Madrid (España).
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid.Eduardo Parra / Europa Press

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María Martínez Collado
Madrid
18/01/2025 21:37

La gestión del Plan Corresponsables, una iniciativa aprobada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en 2021 para facilitar la conciliación laboral y familiar, ha levantado asperezas en la Comunidad de Madrid. Paradójicamente, parte del dinero destinado a este programa, pensado para apoyar a las familias más vulnerables y fomentar la sensibilización en el reparto de las tareas de cuidados –las cuales recaen mayoritariamente sobre los hombros de las mujeres–, ha terminado en manos de organizaciones religiosas ultraconservadoras. Desde el PSOE de Madrid critican que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "desvíe" estos recursos hacia entidades afines, en lugar de destinarlos "a quienes más los necesitan".

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Al tratarse de una competencia autonómica, el Ministerio de Igualdad transfiere cada año una partida millonaria a los gobiernos regionales. En el caso de Madrid, una parte de ese dinero se deriva directamente a los ayuntamientos y la otra se incluye como línea adicional en convocatorias para entidades sociales vinculadas al 0,7% del IRPF. Esta última modalidad es la que ha permitido que instituciones como la Fundación Altius, estrechamente ligada a los Legionarios de Cristo y su filial femenina, las Consagradas del Regnum Christi, reciban más de 300.000 euros. En concreto, la organización ha obtenido 383.896,64 euros, según el desglose de la resolución de la convocatoria de 2024. Y no es la única: la Red de Acción Social Evangélica (antigua Diaconía de Madrid) recibió 112.342,67 euros.

Thank you for watching

"Es inadmisible que se prioricen organizaciones afines mientras las familias monoparentales, que son el rostro de la pobreza en Madrid, siguen sin recibir el apoyo que necesitan", ha criticado Lorena Morales, diputada del PSOE-Madrid, en declaraciones para Público. La socialista subraya la contradicción del discurso natalista de Ayuso frente a la falta de recursos materiales reales para las familias: "En una de las regiones más caras para criar, ser madre se convierte en un acto de valentía. Pero Ayuso, en lugar de ayudar, le da un buen pellizco a sus amigos legionarios". El uso de los fondos del 0,7% del IRPF no es una práctica nueva, pero esta resolución ha levantado sospechas sobre la falta de transparencia en el proceso de adjudicación: "Es una práctica rara, incluso desde el punto de vista jurídico", expresa Morales.

La Red de Acción Social Evangélica (antigua Diaconía de Madrid) también recibió 112.342,67 euros del Plan Corresponsables

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, por su parte, se han limitado a explicar que "las bases y los criterios de reparto de las subvenciones del Plan Corresponsables son exactamente las mismas que las que establece el Ministerio de Igualdad, como es obligatorio". Sobre la contradicción e improductividad que puede llegar a entrañar el hecho de que estos fondos –pensados, entre otras cosas, para costear medidas divulgativas y concienciar, principalmente a la población masculina, en el ámbito de la igualdad, conciliación, brecha y estereotipos de género– se destinen a estas organizaciones ultraconservadoras, no se han pronunciado.

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La influencia de Altius en los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, no obstante, va mucho más allá. En 2023, Altius se hizo con el control de buena parte de los comedores sociales, una responsabilidad que afecta directamente a miles de personas en situación de vulnerabilidad, maltrato y discriminación. Además, Altius también ha sido beneficiaria de contratos financiados por el Fondo Social Europeo, como uno de los lotes del programa de orientación, tutorización y acompañamiento al empleo y formación. Sin embargo, como recuerda Lorena Morales, su desempeño en esta iniciativa dejó mucho que desear: la Fundación fue "penalizada por no alcanzar los objetivos mínimos estipulados en el pliego".

Lorena Morales (PSOE): "Es inadmisible que se prioricen organizaciones afines mientras las familias monoparentales siguen sin recibir el apoyo que necesitan"

Con todo, la entidad también tiene bajo su gestión dos Centros de Participación e Integración para Inmigrantes (CEPIs) en Arganzuela y Villaverde, dos distritos de la capital con alta presencia de población migrante. Estas instituciones oficiales tienen la responsabilidad de asesorar y proteger los derechos de los migrantes, por lo que su gestión por una entidad vinculada a los Legionarios de Cristo plantea serias preguntas. "Pienso mucho en si una persona migrante homosexual acude allí para conocer sus derechos... Incluso en alguien que haya tenido que huir de su país por su sexualidad... ¿Qué respuesta va a recibir de un centro, que es el oficial de la Comunidad de Madrid, pero resulta que lo gestionan los Legionarios de Cristo?", lamenta Morales.

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Las familias monomarentales, abandonadas
Como consecuencia, buena parte de las familias monomarentales y monoparentales (las encabezadas por mujeres representan el 83% de este modelo) han sentido la implementación del plan en la Comunidad de Madrid como una decepción. Desde la Asociación Madres Solteras por Elección lamentan que los fondos transferidos no se destinen a mejorar los servicios de cuidado ni a cubrir las necesidades de conciliación de estos hogares. "Para nosotras, la conciliación no es un lujo; es una vía de acceso a otros derechos básicos. Sin ella, tenemos que aceptar trabajos precarios o incluso renunciar a ellos para cuidar a nuestros hijos", cuentan en declaraciones para este medio.

Según las bases del Plan Corresponsables, estos hogares deberían ser prioritarios en la prestación de servicios como guarderías, programas de cuidado infantil y la creación de bolsas de empleo dignas para profesionales del cuidado. Sin embargo, la realidad es que muchas de estas familias no tienen acceso a los beneficios prometidos. "Nos encontramos con políticas de igualdad que nos discriminan porque ni siquiera consideran nuestro modelo familiar", denuncian desde la asociación. La transferencia de estos fondos a entidades religiosas, como Altius, solo evidencia una desconexión con los objetivos originales del proyecto, que buscaba crear servicios inclusivos y equitativos: "Es terrible".

Si bien su exclusión va más allá de la gestión del Plan Corresponsables. Bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, estas madres enfrentan barreras constantes, sobre todo en áreas como la educación. "A la hora de solicitar una beca de comedor, tenemos menos posibilidades de acceder debido a cómo se calcula la renta per cápita", concluyen desde la asociación.


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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8214 en: 19 de Enero de 2025, 19:27:51 pm »
Alguno de sus votantes se puede extrañar de esa subvención?. . .

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8215 en: 20 de Enero de 2025, 00:28:47 am »
A uno de enero, se deberia hacer una auditoria de todas las subvenciones que realizan todos los gobiernos (nacional,autonomico,municipal, etc), y asi tener todos los ciudadanos la informacion, de donde va nuestro dinero que gestionan.
No interesa, que conozcamos donde dilapidan nuestro dinero.
Que estais de acuerdo o no interesa.
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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8216 en: 21 de Enero de 2025, 15:09:33 pm »
Pues después de diez meses son mover una coma ya era hora.





La jueza cita a la pareja de Ayuso a declarar como investigado el próximo 7 de febrero




Se le ve el plumero...


La pareja de Ayuso solicita a la jueza suspender su declaración de febrero al tener un viaje profesional


20 enero 2025 - 17:06 h
Imagen de archivo de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE/ Rodrigo Jiménez

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado a la jueza Inmaculada Iglesias que suspenda la declaración prevista para el próximo 7 de febrero en la causa en la que se investiga la presunta comisión de delitos fiscales, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

En un escrito, adelantado por 'El Mundo', la pareja de la presidenta regional alega a la juez instructora que tiene “un viaje profesional programado previamente al señalamiento entre los días 4 y 12 de febrero a los Estados Unidos y México”. En el texto, critica que la Fiscalía haya cambiado su postura al solicitar que declarase ya al agotarse en marzo la instrucción de la causa, cuyo plazo vence a los doce meses.

La magistrada acordó la semana pasada citar al novio de la presidenta regional ese día para declarar, junto a los otros investigados en el procedimiento judicial, al estimar un recurso de la acusación popular que conforma el PSOE y Más Madrid. La citación se produjo después de que la Fiscalía de Madrid solicitara a la jueza que tomará ya declaración al agotarse la instrucción el próximo mes de marzo.

La misma suspendió el pasado mes de noviembre la declaración prevista para el día 29 de ese mes hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera un recurso interpuesto por su abogado contra la apertura de una pieza separada por la supuesta comisión de otros posibles delitos.

La citación se enmarcaba en el procedimiento en el que se le investiga por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid.


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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8217 en: 23 de Enero de 2025, 11:13:34 am »

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Re: La señora Presidenta de la CAM
« Respuesta #8218 en: 23 de Enero de 2025, 13:32:51 pm »
Difama, que algo queda. . .

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