¿Qué pasó en las residencias de Madrid? "Mi madre no pudo ir a un hospital porque la discriminaron. La tenían presa"
Historia de Javier Escartín • 51 m • 9 minutos de lectura
El día 24 de marzo de 2020, alrededor del mediodía, suena por fin el teléfono: "Juani, tu madre se va". "¿Cómo que mi madre se va? ¡No puede ser!".
Juani no es capaz de entender la situación: había visto a su madre por última vez veinte días antes, el 5 de marzo, cuando la residencia en la que vive su progenitora decidió restringir las visitas para evitar la propagación de ese virus 'chino' del que tanto se habla por televisión. Desde el primer momento, la comunicación con su madre es difícil. Nadie coge el teléfono en la residencia, aunque ella no para de insistir. El día 20, al fin, consigue hablar con la recepcionista. La trabajadora le dice que su madre ha tenido "febrícula", pero que no se preocupe porque está bien. Es la misma idea que le repite el médico del centro, aunque éste le confiesa que realmente ha llegado a tener 38 de fiebre.
Juani no se queda tranquila y llama a Dani, un chico que trabaja en la residencia. Ese día él descansa, pero quedan en hacer una videollamada la siguiente tarde. Sólo así, Juani logra ver a su madre a través de una pantalla de teléfono. Pero la nota rara, porque no para de gruñir y de toser.
- Dani, ¿por qué tose tanto mi madre?
- Porque le he dado un yogur y se ha atragantado.
Juani intenta durante los días siguientes ponerse en contacto con la residencia. Nada. Su sobrina lo consigue milagrosamente el día 24 por la mañana, y es entonces cuando le comentan que su abuela está "malita". Horas después, la directora del centro le dice a Juani que su madre "se va".
- Tenéis que trasladarla ahora mismo a un hospital.
- Es que no se la puede sacar. Hay unos protocolos y no se la puede sacar.
Cinco años después, Juani todavía no es capaz de olvidar el dolor y, sobre todo, la impotencia que sintió aquella tarde. "Estuvimos llamando al 061 y al 112 para pedir una ambulancia y que la trasladaran a un hospital, pero nadie nos hacía caso. A las 19.00h, finalmente, me llamaron para decirme que había muerto. La directora me dijo que lo sentía mucho y que querían mucho a mi madre, que era muy alegre. Desde entonces, no he vuelto a hablar con nadie de la residencia. Ni siquiera fui a por su ropa o a por la silla de ruedas. Pero ellos sí se comunicaron con nosotros para decirnos que teníamos que pagar el mes de marzo completo", rememora.
La madre de Juani es una de las 7.291 personas que fallecieron en las residencias madrileñas sin traslado hospitalario entre marzo y abril de 2020, en plena primera ola de la covid-19. Algunos de los familiares de estos ancianos exigen ahora que se juzguen los denominados 'protocolos de la vergüenza', los cuales habrían impedido en la Comunidad de Madrid derivar a centros hospitalarios a aquellos residentes con problemas cognitivos o de movilidad. "Mi madre no salió porque la discriminaron. La tenían presa", sentencia Juani.
Un lustro después del origen de la pandemia, asociaciones como '7291 Verdad y Justicia', Pladigmare o 'Marea de Residencias' batallan en los tribunales para que se depuren responsabilidades por el abandono y la desatención que - aseguran - sufrieron sus seres queridos. De momento, con infructuoso resultado: más de sesenta denuncias han sido ya archivadas y muchos de los casos podrían ser considerados como prescritos en los próximos días al cumplirse los cinco años. Las familias, sin embargo, no desisten.
"Todavía quedan vivas las querellas de 150 familiares que están en juzgados de instrucción pendientes de resolver. Entre ellas, la mía", asegura a El HuffPost Carmen López, de Marea de Residencias. Su madre dejó un día de atender el teléfono y ella se plantó en la residencia para suplicar que la dejaran llevársela a un hospital. "Ella tenía su móvil y hablábamos mañana y tarde. Pero conforme iban pasando los días, notábamos su voz más apagada. Nos contaba que se pasaba casi todo el día en la cama porque no la levantaban", cuenta.
"Cuando dejó de coger el teléfono, estuve llamando de forma insistente a la residencia para saber qué le estaba pasando a mi madre. Cuatro días después, una doctora atendió mi llamada y me dijo que no me la podía pasar porque estaba muy mal. Es entonces cuando yo me salté el estado de alarma y me planté en la residencia para llevármela", asegura.
A diferencia de Juani, Carmen consiguió el traslado de su madre.... fruto de un error de la doctora. "El geriatra de enlace le preguntó a la médica si mi madre caminaba. Y ella, que era nueva y apenas la conocía, dijo que sí. Ella misma me reconoció después que, gracias a ese fallo, le concedieron el traslado", explica. La madre de Carmen ingresó un 5 de abril con neumonía bilateral y 39 de fiebre. Murió unas semanas después. "En la residencia la abandonaron. Si mi madre hubiera sido ingresada antes, hoy estaría aquí", sentencia.
¿7.291 o 4.100?
Los denominados 'protocolos de la vergüenza' fueron elaborados entre el 18 y 25 de marzo de 2020 - constan hasta cuatro versiones diferentes - y llevaban la firma de Carlos Mur, entonces director de Coordinación Sociosanitaria del gobierno de Ayuso. En 2021, durante la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que acabó cerrándose sin una conclusión por el adelante electoral, el exalto cargo admitió que esos protocolos existieron, pero que no eran de "obligado cumplimiento". "No era una orden de aplicación directa ni pretendió ser una orden administrativa, sino un conjunto de recomendaciones (...) para la toma de decisiones por parte de los profesionales”, aseguró por entonces.
Ayuso y su equipo dijeron en un primer momento que los protocolos fueron meros "borradores" que nunca llegaron a aplicarse. Y esta misma semana, en un documento facilitado por la Comunidad de Madrid, han subrayado que nunca fueron firmados por "políticos". En efecto, Mur era médico. Pero también un alto cargo del su gobierno.
Mur, además, dijo en una ocasión ante un juez que el entonces consejero de Sanidad, Enrique Escudero, estaba informado de esos documentos y que fue él quien decidió la elaboración de un protocolo sobre derivaciones a hospitales. Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales durante la pandemia, igualmente calificó públicamente estos protocolos de "poco éticos y posiblemente ilegales". "Las personas que vivían en residencias quedaron abandonados a su suerte. O el residente va al hospital o el hospital va al residente. Ninguna de las dos cosas se produjo", llegó a decir el exdirigente de Ciudadanos en declaraciones posteriores a su dimisión del cargo.
Es precisamente Reyero a quien la Comunidad de Madrid culpa de dar en 2020 a través del Portal de Transparencia la cifra exacta de 7.291 fallecidos en residencias sin derivación hospitalaria, tras una petición del diario Infolibre. "Fue todo un invento suyo", aseguraban esta semana desde Sol. Los datos del equipo de Ayuso, extraídos del INE, apuntarían a 4.100 los fallecidos entre marzo y junio. Pero hay truco: no computan a los muchos ancianos que murieron por otras enfermedades que no fueran covid-19. Tal como demostraba este jueves la Cadena Ser, "si se suma todas las personas que murieron en las residencias de Madrid durante marzo y abril de 2020, efectivamente, la cifra es 7.269 muertos. Prácticamente, el mismo dato que reconoció su Gobierno hace años: 7.291".
"Se vulneraron varios derechos humanos"
Las familias de los fallecidos también aseguran que Ayuso miente cuando reitera que 232 residencias fueron medicalizadas. "El 12 de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció este medida. Para nosotros fue un alivio, porque suponía que iban a cuidar de nuestros padres y nuestros mayores. Pero luego descubrimos que todo era una mentira", asegura a El HuffPost Carmen Martín, de '7291 Verdad y Justicia'.
Su madre estaba en una residencia y, por fortuna, pasó el virus de forma asintomática. "Eso fue lo que la salvó. Pero cuando pude volver a entrar en la residencia, me encontré con un panorama horroroso. Mi madre estaba con la mirada perdida después de pasar tres meses aislada en una habitación. Los que estábamos fuera nos obligaron al confinamiento, pero podíamos salir a la calle a comprar o acudir al hospital. A los residentes, no. A ellos se les obligó a permanecer encerrados. Se les quitaron todos sus derechos", explica.
En febrero de 2024, la Cadena SER publicó los informes y atestados que la policía municipal redactó durante aquellas trágicas semanas en sus diferentes visitas a las residencias. Dichas actas ponen de manifiesto que los gerentes y trabajadores de las residencias tuvieron que enfrentarse al virus solos, que hubo grandes dificultades para que las funerarias recogieran los cadáveres acumulados y que los empleados trabajaron sin espacios o material de protección que impidiera que el covid se extendiera e hiciera estragos.
En dichos informes también se recogen las quejas por la orden de no derivar pacientes a los centros hospitalarios. "En la residencia de mayores Mirasierra fallecieron 60 personas y su responsable contó, según un acta fechada el 23 de abril, que no se aceptaron derivaciones de pacientes al Hospital de La Paz. Días antes, el 9 de abril, en la residencia Geriasa contaron a los agentes que si hubieran podido contar con esa ayuda, no habrían fallecido las 33 personas que perdieron la vida en el centro", recogía RTVE.es en una información publicada el 12 de febrero de 2024.
Según las familias, a los ancianos de residencias se les privó incluso de poder acudir al hospital de IFEMA que la Comunidad de Madrid improvisó para dar un respiro a los demás centros médicos. "Sólo 23 personas que vivían en residencias fueron trasladadas a Ifema, ninguna de ellas desde residencias públicas", señala a El HuffPost Fernando Flores, de la asociación Pladigmare. "Con este tipo de decisiones se vulneraron varios derechos humanos: a la vida, a la salud, a la vida familiar, a no ser discriminados y el derecho a una muerte digna por el hecho de vivir en una residencia", asegura.
Según los datos que recogió un informe elaborado por la Comisión Ciudadana por la Verdad, del que Flores es firmante, el 65% de los ancianos que sí fueron trasladados a hospitales acabaron salvando la vida. "No podemos aceptar la situación de abandono a la que se vieron abocadas tantas personas, ni su angustia vital por no tener los paliativos mínimos o la falta de humanidad por no haber podido mantener contacto con los seres queridos en sus últimos momentos", lamenta.
"Ha tenido cinco años para pedir perdón"
Parte del trabajo elaborado por la Comisión Ciudadana por la Verdad ha quedado plasmado en el documental "7291", que se emitió este jueves con gran éxito de audiencia en La2 y el Canal 24 horas de RTVE. La película, dirigida por Juanjo Castro, recoge testimonios de los comparecientes de esa comisión que se creó una vez que la oficial de la Asamblea se cerrara de forma abrupta y sin conclusiones con la convocatoria de elecciones en 2021.
A lo largo de sus 120 minutos, se puede ver a una mujer contando cómo imploraba para que llevasen a su padre al Hospital de la Paz para intentar salvarlo. O a trabajadoras de las residencias narrando cómo la falta de mórficos para la sedación abocaba a los ancianos a gastar sus últimos alientos en agarrarse a las barandillas de las camas. Pese a la crudeza de estos relatos, su director asegura que optó por "no apelar al sentimiento". "Mi objetivo eran los datos y la información, porque si apelaba a las emociones estaríamos llorando desde el minuto uno", asegura el cineasta en una conversación telefónica con El HuffPost.
Castro asegura que, al principio, tuvo dudas sobre cómo abordar un asunto tan difícil como el de las residencias madrileñas. "Es un tema tan conflictivo y tan polarizado, que parece que si criticas a uno estás a favor de los otros", asegura. Sus temores se basaban en algo cierto, puesto que hace sólo unos días, en Móstoles, unos individuos cortaron los cables de luz del teatro donde se iba a proyectar el documental. Sin embargo, el director subraya que no ha recibido ningún tipo de llamada o email para presionarle desde el estreno de la película en noviembre del año pasado.
Ayuso declinó participar en su documental, pero Castro sabe muy bien qué pregunta le haría a la presidenta regional en el caso de que algún día decidiera ponerse delante de su cámara. "Primero decidieron medicalizar las residencias y más adelante se llevó la atención primaria a Ifema. Pero los ancianos ni fueron atendidos en sus residencias ni se les derivó al nuevo hospital. Y es ahí donde deberían entrar los jueces, no tanto en los protocolos. La lógica me lleva a pensar que si tú no atiendes a una persona, acaba muriendo. Me gustaría preguntarle por qué se tomaron estas decisiones", razona.
Esta semana, coincidiendo con el quinto aniversario de la pandemia, Ayuso se ha ofrecido a recibir a los familiares de los residentes fallecidos. "Se lo sigo repitiendo una y otra vez. Ahí estaré", dijo la presidenta madrileña en una intervención pública. Una oferta que éstos, por abrumadora mayoría, rechazan. "Ha tenido cinco años para pedir perdón y no lo ha hecho. Es más, lo único que nos ha brindado durante todo este tiempo son exabruptos. Así que los familiares sólo queremos verla en un sitio: en los juzgados", sentencia Carmen Martín.
