7.291: ¡Pero qué invento es esto!
No es novedad que el Gobierno de Ayuso mienta sobre las residencias. Lo lleva haciendo desde 2020, pero estos días hemos vivido un episodio más, por la emisión del documental ‘7291′ en RTVE
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El exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, saluda al presidente de la asociación de derechos en residencias de mayores Pladigmare en noviembre de 2023.
Alberto Reyero
16 MAR 2025 - 05:30 CET
El 12 de marzo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid envió a los medios una nota titulada: “La Comunidad de Madrid da los datos exactos”. En ella, además de autoproclamarse dueños de la verdad, me señalaban como el maléfico inventor de la cifra de 7.291 fallecidos en residencias, que, según ellos, la izquierda y ultraizquierda utilizan para retorcer la realidad: “El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100″.
No voy a extenderme en explicar cómo se llegó a la cifra de 7.291 en 2020. Lo he explicado cientos de veces. Su origen está en la contestación a una solicitud de transparencia y se llegó a ese número mediante el trabajo serio y excepcional de funcionarios de mi Consejería, que en los peores momentos de la pandemia se comunicaban diariamente con cada una de las residencias para apoyarles y recopilar una información que era imprescindible para poder actuar de manera efectiva y que entre otras cosas recogía la evolución diaria de los fallecidos.
Esa información se publicó en los momentos más difíciles de la pandemia, no cinco años después y, sobre todo, un día antes de la emisión de un documental ―como así ocurrió con esos 4.100 tan “reales” de la Comunidad―. En cualquier caso, es necesario subrayar que esa cifra, 7.291, se refería únicamente a los meses de marzo y abril de 2020, el periodo acerca del que se solicitó información.
Como es habitual en Sol, a pesar de la pomposidad de los adjetivos que acompañaban a sus datos, ya fueran “exactos” o “reales”, en esa nota no daban ninguna explicación acerca de cómo llegaban a esa cifra o a qué periodo concreto del año se referían. Son sus datos y punto, no vaya a ser que alguien se ponga a mirar y los rebata punto por punto. Opacidad frente a transparencia.
Durante esos mismos días, el exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, salió de su mutismo habitual para aclarar que su número procedía de los datos de Sanidad Mortuoria, un departamento de la propia Comunidad de Madrid; esa información situaba ahora la cifra en 4.143 fallecidos entre enero y junio de 2020. Un margen de error de 43 personas sobre la cifra “exacta” que decía la nota de Sol. Una minucia comparada con el infame exconsejero “inventor”.
Para terminar con esto, es también curioso que, en julio de 2020, Sanidad Mortuoria publicara otra cifra distinta en su informe diario: 4.816 fallecidos en el mismo periodo y de la cual se hizo eco El Mundo a instancias del Ejecutivo regional. Un pequeño detalle sin importancia: casi 700 muertos más entonces. Pero ¿qué son 700 fallecidos arriba o abajo cuando el objetivo es maquillar la realidad?
Así, en la Asamblea de Madrid, el pasado jueves, toda la bancada popular celebró con entusiasmo que “solo” hubieran muerto 4.100, o 4.143 personas, qué más daba. Lo importante era que la cifra de 7.291 ―esa malvada cifra que supuestamente yo “inventé”― quedaba desacreditada y como consecuencia, pasaba lo mismo con el documental 7291 que se emitía esa misma noche. Porque claro, 4.100 muertos importan menos que 7.291.
El truco
No acaba aquí la cosa. Como siempre ocurre en la tierra de la libertad y de los familiares comisionistas, en la cifra que da la Comunidad de Madrid había manipulación. Ante la pregunta de dónde la extraían, no decían ni mú y remitían al INE. Como si quisieran dar un barniz de oficialidad a su información y no un ejercicio de trilerismo más.
Según reveló InfoLibre en un esclarecedor artículo, la Comunidad de Madrid solo parecía haber contabilizado los fallecidos que recogía el INE en centros sociosanitarios que entraban en las categorías de “Covid-19 virus identificado” o “Covid-19 virus no identificado (sospechoso)”. Eso encajaba con las declaraciones del exconsejero de Sanidad.
¿Y qué pasaba con una tercera categoría, muy numerosa durante ese periodo, que aparece también en el INE, y que se denomina “otras causas”? Pues que la habían eliminado de su cómputo, al no constar la palabra “covid” en el certificado de defunción. En enero y febrero de 2020, murieron dentro de esa categoría unas 550 personas al mes; en marzo, esa cifra se disparó a 1.805, quedándose en 1.584 en abril, para volver en mayo a su nivel habitual.
¿Qué explicación tiene ese incremento producido en marzo y abril? Hay dos posibles explicaciones: la primera es que hubiera una epidemia de infartos y cáncer fulminante en las residencias de Madrid, y la segunda, que muchas de esas muertes lo fueran por covid-19 o con covid-19 y que no se registraran como tales por la saturación de los sistemas sanitarios y la ausencia de tests diagnósticos. Adivinen cuál de las dos opciones es la más factible.
Lo que hay que hacer es, precisamente, lo contrario: incluir a esos fallecidos en el cómputo general porque, además, todos ellos sufrieron discriminación. Es lo que hicimos al publicar la cifra de 7.291 fallecidos en el portal de transparencia en 2020, donde se incluía a todos los fallecimientos en residencias, independientemente de su causa. Porque, recordemos, los Protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid no solo negaban la derivación hospitalaria a quienes tenían covid, sino también a quienes padecían cualquier otra enfermedad. La discriminación no era por enfermedad, sino por dependencia o discapacidad. Daba igual si se trataba de problemas de corazón o covid, deterioro cognitivo o problemas de movilidad, quedabas excluido de derivación hospitalaria. No había ambulancia para llevarte al hospital, salvo que tuvieras una póliza privada, que siempre ha habido clases.
¿Qué pasa al sumar todo?
Aquí viene la mejor parte: si sumamos todos los fallecidos en centros sociosanitarios y las tres categorías que aparecen en el INE, sin excluir ninguna ―Covid-19 virus identificado, Covid-19 virus no identificado (sospechoso), y Otras Causas―, el resultado es de 7.269. Una cifra sospechosamente parecida a los 7.291 “inventados” por mí. Como dice la misma nota, soy “ineficaz”, ni siquiera valgo para inventar.
Aún hay más. El INE no distingue entre residencias de mayores y centros para personas con discapacidad, donde también hubo fallecidos, no lo olvidemos nunca. Todos quedan englobados bajo el título de Centros sociosanitarios.
Además, hay un apartado más, una especie de cajón de sastre denominado “No consta”, y que recoge el número de personas de los que se desconoce su lugar del fallecimiento (hospital, domicilio particular o residencia). En marzo y abril de 2020, esta categoría sumó una nada despreciable cifra de 578 personas, que no computa en ningún sitio y que habría que tener en cuenta de alguna manera.
Todo esto nos lleva a una conclusión bastante sencilla: la cifra de 7.291 fallecidos en residencias que se facilitó en 2020 vía transparencia no solo era correcta, sino que probablemente fuera conservadora y se quedara corta. Lo contrario a lo que difunde ahora la Comunidad de Madrid en su nota y, por supuesto, muy lejos de su pomposo enunciado: “El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100″.
Otra mentira de Ayuso. Una más. No será la última. En este caso, fruto de una manipulación muy burda e interesada para minimizar ese escalofriante número de personas que vieron cómo se les negó la posibilidad de ir a un hospital.
Aquí dejo el enlace al INE, para que aquellos que desconfíen de este aprendiz de brujo puedan comprobar, punto por punto, todo lo que digo.
Alberto Reyero es abogado y consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid (Ciudadanos) durante los peores meses de la pandemia. También es autor del libro Morirán de forma indigna (editorial Libros del K.O.).
